I.Introducción

El Estado de Honduras se complace en presentar el Noveno Informe ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, conforme al Artículo 18, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Nota Orientativa sobre la preparación de informes.

El informe comprende el período 2016-2020 y expone las medidas adoptadas, avances y desafíos en la implementación de la Convención y las recomendaciones aprobadas por el Comité en su 65º período de sesiones (CEDAW/C/HND/CO/7-8), como parte del compromiso del Estado en erradicar la discriminación y todas las formas de violencia contra la mujer.

El proceso de elaboración estuvo a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) como ente encargado de la elaboración de informes ante los Órganos de Derechos Humanos del Sistema Universal y Regional, en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) como institución rectora de las políticas públicas en materia de derechos de las mujeres en Honduras y el Grupo Especial de Respuesta en Derechos Humanos (GERDH) conformado por los enlaces del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones en Derechos Humanos Honduras (SIMOREH).

II.Aspectos Generales Relativos a la Aplicación

A.Marco Normativo Aprobado

Normativa Internacional

El Estado tiene a bien informar al Comité la ratificación de los siguientes instrumentos:

a)Tratado sobre el Comercio de Armas;

b)Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

c)Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares que entrará en vigor en enero de 2021; y,

d)Adopción de la Agenda Nacional 2030 para los Objetivos del Desarrollo Sostenible (AN-ODS).

Leyes, Reglamentos y Otra Normativa Interna

Legislación aprobada para la protección de los derechos de la mujer y población en general:

a)Ley de Inspección General del Trabajo;

b)Ley de Alimentación Escolar;

c)Ley de la Carrera Policial y su Reglamento;

d)Código Penal;

e)Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados;

f)Ley Especial de Adopciones de Honduras;

g)Ley de Igualdad Salarial;

h)Ley y Reglamento de Crédito para la Mujer Rural;

i)Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales;

j)Reglamento Especial de Organización y Funcionamiento de la Dirección General de Fiscalías;

k)Reglamento Interno para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos Gubernamentales de Honduras;

l)Reglamento de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios;

m)Reglamento de Ascenso de la Policía Nacional;

n)Protocolo para la Selección y Nombramiento de Magistrados de Corte de Apelaciones, Jueces de Letras, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz II;

o)Medidas Especiales de Difusión, Prevención, y Atención de la Violencia Contra la Mujer y Acciones para Garantizar la Igualdad de Género, durante la Vigencia de la Emergencia Nacional Declarada a raíz de la Pandemia COVID-19;

p)Reforma al Código de Familia;

q)Reforma a la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable (MAPA) y su Reglamento;

r)Creación de la Secretaría de Derechos Humanos; y,

s)Creación del Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).

Políticas, Planes y Programas

Durante el período informado se aprobaron las siguientes Políticas:

a)Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva;

b)Política Pública Contra el Racismo y la Discriminación Racial para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños;

c)Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2030 y su Plan de Acción para la Nutrición (2019-2023);

d)Política Pública de Educación Inclusiva;

e)Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible;

f)Plan Estratégico Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (2016-2022);

g)Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022;

h)Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030;

i)Programa Presidencial Ciudad Mujer y elevado a Política Nacional de Estado;

j)Programa Presidencial Honduras para Todos;

k)Creación de la Comisión Nacional de la Agenda 2030;

l)Creación Servicios de Emprendimiento y Pequeños Negocios y,

m)Creación del Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras.

B.Medidas Legislativas Aplicadas

Recomendación del párrafo 7, sobre las medidas adoptadas por el Congreso Nacional se informa que, anualmente se aprueban las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República de Ingresos y Egresos, en las cuales se incluye el Enfoque de Género como una acción afirmativa para cerrar la brecha de discriminación entre hombres y mujeres e implementar las disposiciones de la Convención.

A través de la Comisión de Equidad de Género, se abordan temas de género en alianzas con instancias claves del Poder Ejecutivo como INAM y SEDH, Organizaciones Internacionales y Organizaciones de Mujeres. Estas alianzas han permitido la creación de iniciativas concretas como ser la Ley de Emergencia para la Mujer en tiempos de COVID-19, presentada por todas las diputadas y aprobada por el Congreso Nacional para beneficiar a las mujeres, jóvenes y niñas a nivel nacional.

Además, las diputadas y diputados participan en intercambios con otros parlamentos, que les permite identificar buenas prácticas a través de las cuales se han creado planes, como ser el Plan Anual de la Comisión de Equidad de Género; y el fortalecimiento de capacidades de las diputadas para la identificación de iniciativas de impacto, la forma de presentarlas en el Congreso y los medios para su difusión eficaz.

Es importante mencionar que se cuenta con la Academia de Parlamentarias, que busca la formación en legislación con perspectiva de género, enfocada en el fortalecimiento de una agenda interpartidaria de mujeres e intercambios de buenas prácticas en participación política. Esta es una iniciativa coordinada por la Comisión de Equidad de Género, el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el Instituto Nacional Demócrata, OACNUDH, ONU Mujeres, OXFAM Honduras y PNUD.

El Congreso Nacional, a través de los miembros de la Junta Directiva, ha colaborado con los diferentes Comités de la ONU, Grupos de Trabajo y Relatores Especiales durante las visitas al país. Destacando que la Comisión de Equidad de Género recibió en noviembre de 2018, al Grupo de Trabajo sobre la Discriminación Contra la Mujer en la Legislación y en la Práctica, en su primera visita a Honduras donde intercambiaron los avances en materia de reformas legislativas, la implementación de políticas y su impacto en la promoción de los derechos la mujer, su participación en la vida pública y política, salud sexual y reproductiva, acceso a la justicia y la igualdad de género en el ámbito educativo y laboral.

C.Divulgación de la Convención

Recomendación del párrafo 9, sobre la divulgación de la Convención y las recomendaciones, el INAM publicó el documento de recomendaciones formuladas por el Comité, las cuales se socializan y distribuyen en los procesos de fortalecimiento de las capacidades a los funcionarios públicos en materia de género y derechos humanos. De igual manera, éstas se encuentran públicas en el SIMOREH.

Asimismo, se realizó una compilación de bolsillo de los 9 instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Honduras.

En 2016, la Unidad de Género y la Escuela Judicial del Poder Judicial impartieron un Seminario-Taller sobre Normativa Internacional con Énfasis en Violencia Sexual Contra la Mujer dirigido a Jueces de Paz e Inspectores para la implementación de las Reglas Regionales de Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia de Género con Énfasis en Violencia Sexual y a los derechos contenidos en la Convención, Belém Do Pará y las 100 Reglas de Brasilia.

En alianza estratégica entre el INAM, la Escuela Judicial y la Organización Ayuda en Acción, en 2018 se desarrolló el Curso de Género y Derechos Humanos, dirigido a Jueces, Magistrados y Fiscales del Ministerio Público. Implementando su pilotaje en 4 municipios priorizados y presentado para la adopción como una propuesta base para su institucionalización por parte de la Escuela Judicial a nivel nacional en 2019.

En 2019, el INAM desarrolló el Diplomado sobre Derechos Humanos de las Mujeres, Violencias de Género y Trata de Personas, que incluyó un módulo temático orientado a socializar el marco normativo internacional y nacional en materia de derechos humanos de las mujeres, con énfasis en el marco protector y garante de los derechos a una vida libre de violencia para las mujeres, con la finalidad de formar y fortalecer las capacidades de los operadores de justicia.

En atención a las iniciativas de la divulgación de la Convención, la Dirección de Control de Convencionalidad Jurídica adscrita a la SEDH, desde 2019 ha capacitado a 120 servidores públicos sobre la Doctrina de Control de Convencionalidad y su Relación con los Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos.

Igualmente, publicó el Compendio de Instrumentos Internacionales Ratificados y Adoptados por Honduras en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Marco Normativo Hondureño en Materia de Derechos Humanos.

La SEDH impartió el Curso Especializado en Derechos Humanos para Servidoras/es Estatales, mediante el cual certificó a 35 enlaces que integran la red de puntos focales del GERDH y el SIMOREH. El curso incorporó en su currícula un módulo específico sobre Derechos de las mujeres y violencia de género: Estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres, la trata, violencia contra las mujeres y feminicidio.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad (SEDS) entre 2016-2020, ha desarrollado 170 capacitaciones a 37,104 policías en los diferentes Centros de Educación Policial, sobre derechos humanos y derechos de la mujer. Adicionalmente, la Unidad de Género de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional realiza acciones para homologar los conocimientos sobre violencia contra la mujer y su abordaje, entre las instituciones que la conforman.

El INAM elaboró en coordinación con la SEDS, una propuesta curricular para la homologación de criterios institucionales, especialmente en relación al abordaje y atención a la violencia doméstica e intrafamiliar, la violencia sexual, con criterios de contenidos esenciales, como ser: derechos humanos de las mujeres, revictimización, espiral de la violencia, indefensión aprendida, comprensión causal del Síndrome de Estocolmo, garantía del debido proceso, debida diligencia y otros temas de especial relevancia para el actuar policial. Certificándose en el módulo básico 315 agentes de la policía, del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Con el propósito de implementar buenas prácticas en el abordaje de la violencia hacia las mujeres, se ha iniciado la propuesta piloto con la Escuela de Investigación Criminal, para implementar la Política Institucional de Género de la Policía Nacional, encontrándose en proceso de elaboración del diagnóstico de las Unidades Metropolitanas.

III.Parte I

A.Definición de Discriminación

Artículo 1 y 2

Recomendación del párrafo 11, en relación a la adopción de una definición amplia en la legislación sobre la discriminación contra las mujeres de conformidad con la Convención, se informa que en 2020 entró en vigencia el nuevo Código Penal, el cual tipifica el delito de Discriminación por razones de ideología, religión, creencias, lengua, pertenencia a una etnia o raza, origen nacional, pueblo indígena o afrodescendiente, sexo, orientación sexual o identidad de género, razones de género, estado civil, situación familiar o económica, edad, enfermedad o discapacidad, estableciendo penas y multas al funcionario público y persona natural o jurídica que en el ejercicio de sus actividades empresariales cometan este delito. Asimismo, se sanciona con penas de prisión de 1 a 2 años y multas de 100 a 500 días a quienes inciten a la discriminación de manera directa o pública o a través de medios de comunicación o difusión.

Adicionalmente, en el Título V: Violencia Contra la Mujer del Código Penal, en el artículo 210 contentivo de las disposiciones comunes, define el término razones desiguales de poder entre hombres y mujeres basados en el género, vinculando la muerte o la violencia como una manifestación de discriminación hacia la mujer por el hecho de serlo, haya o no una relación previa entre agresor y víctima y con independencia de que se produzca en un contexto público o privado.

Por otra parte, la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, en su artículo 3, se encuentra armonizada con el artículo 1 de la Convención, estableciéndose que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de la Mujer, velará y ejecutará las acciones para el correcto cumplimiento de esta Ley, con el apoyo del INAM y demás instituciones del Estado.

Respecto a la discriminación que afecta a las mujeres de los pueblos indígenas y afrohondureños (PIAH), la Fiscalía Especial de Protección de Etnias y Patrimonio Cultural, conoce de estos casos cuando el delito se comete en razón de pertenecer a una población PIAH, aplicando la ley especial al respecto. Por otra parte, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos también conoce de denuncias e investiga los casos de discriminación.

B.Acceso a la Justicia

Recomendación del párrafo 13, inciso a), para el fortalecimiento del Poder Judicial, el presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2020 es de L. 2,742,409,235.00 el cual se incrementó en un 41.73 % respecto al Ejercicio Fiscal de 2016 que fue de L. 1,934,954,800.00.

Respecto al recurso humano que dispone, al 2019 el Poder Judicial contaba con 905 jueces y magistrados a nivel nacional, incluyendo jueces de ejecución, de los cuales 472 son mujeres y 433 son hombres; en cuanto a los defensores públicos, contaba con 275 a nivel nacional, 181 mujeres y 94 hombres; y, al 2019 se han nombrado 2,930 facilitadores judiciales.

Respecto al inciso b), el Plan Estratégico Institucional 2017-2021 del Poder Judicial implementa acciones para brindar servicios de justicia transparentes, imparciales, modernos y efectivos que fomenten la seguridad y confianza. Este Plan incorpora entre sus ejes transversales la equidad de género y derechos humanos.

Para la selección y nombramiento de magistrados y jueces, el Poder Judicial cuenta con un Protocolo que establece las reglas específicas a seguir para su selección, conforme a las prácticas nacionales e internacionales. La elaboración del Protocolo contó con la colaboración de la Asociación para una Sociedad Más Justa.

La selección de los candidatos/as está a cargo de una Comisión de Selección de Personal, conformada por representantes del Poder Judicial, OSC, un comité de veedores de las diferentes asociaciones del Poder Judicial y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), con el propósito que los procesos sean transparentes, públicos, participativos, con credibilidad y rendición de cuentas, de conformidad con su Reglamento Interno.

El proceso de selección de candidatos/as elegibles se desarrolló bajo la modalidad de Concurso Abierto comprendiendo las siguientes etapas: 1) Convocatoria, 2) Inscripción de postulantes, 3) Admisión de las carpetas de postulación, 4) Selección de candidatos, y 5) Nombramiento de candidatos seleccionados.

Por otra parte, la nueva Ley de la Carrera Policial y su Reglamento, establecen el proceso de selección de personal para ingresar a la Policía Nacional, a cargo de la Dirección Nacional de Educación Policial y cuenta con las siguientes etapas: 1) Convocatoria y Evaluación, 2) Selección, 3) Formación y 4) Nombramiento.

Asimismo, los aspirantes a nuevos policías deberán cumplir una serie de requisitos, tener entre 18-35 años y pasar por un proceso de profesionalización destacando que, con la nueva Ley este proceso pasó de 3 meses a 1 año. Formando durante el período 9,823 policías.

Sobre los avances del proceso de depuración y sanciones a policías, el Congreso Nacional decretó en 2016 situación de emergencia y creó la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y fortalecimiento integral de la Policía Nacional, que resultó en la cancelación de más de 6,000 policías y oficiales de sus cargos. A partir de 2018 se creó la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales, encargada de investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los miembros de la policía.

Respecto al inciso c), sobre la investigación pronta y efectiva de los casos de violencia contra la mujer por motivos de género, el enjuiciamiento y castigo de los responsables, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) del Ministerio Público, de 2016 a octubre de 2020 registra 1,066 levantamientos cadavéricos por casos de muerte violentas de mujeres a nivel nacional y de acuerdo al tipo de delito reporta lo siguiente:

Descripción	Requerimientos fiscales	Total de Imputados	Sentencias a condenatorias
Femicidio	123	148	94
Asesinato	7	8	44
Parricidio	3	3	3
Homicidio	116	148	8
Total	249	307	149

Fuente: FEDCV.

En relación a la investigación de las muertes de mujeres y femicidios, en 2016 se crearon: la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC); y la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios esta última integrada por el Ministerio Público a través de la ATIC y FEDCV, SEDS, SEDH, INAM, CONADEH y tres representantes de organizaciones de mujeres vinculadas al tema de femicidios en el país.

La Comisión Interinstitucional para el Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, trabaja en la creación del Sistema de Información Unificado Sobre Violencia Contra la Mujer, para identificar varios aspectos e información de las víctimas de violencia, fortalecer la generación de políticas públicas basadas en evidencia para prevenir, atender y erradicar las muertes violentas de mujeres, femicidios y todo tipo de violencia contra la mujer. Asimismo, se destaca la asignación de L. 40 millones para la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios.

De acuerdo al Sistema Nacional de Emergencia del 911, entre 2017 a julio de 2020, se recibieron 276,271 denuncias por violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Señalando que, de enero a mayo de 2020 se recibieron 39,469 denuncias por delitos contra la mujer de las cuales, 20,858 corresponden a denuncias por violencia doméstica y 15,164 denuncias por violencia intrafamiliar, con un aumento del 20 % en las denuncias en comparación a las recibidas antes que comenzaran las medidas de aislamiento social para prevenir la propagación de la COVID-19. Los departamentos que registran más denuncias por abuso doméstico son: Cortés con 8,650 denuncias, Francisco Morazán con 7,847, seguido de Yoro con 3,184.

Entre las medidas para prevenir la violencia de género, en 2018 el Poder Judicial implementó la Campaña No Calles, Denuncia, la Justicia está de tu Lado, Úsala es tu Derecho, financiada por Euro Justicia y dirigida a mujeres en todas sus etapas de vida, que mostraba las formas de violencia de la cual podían ser víctimas las mujeres y las niñas, asimismo, indicaba los teléfonos o lugares a donde acudir para denunciar.

El INAM y la Fiscalía Especial de la Mujer, coordinan medidas con el fin de proteger la identidad de las mujeres que denuncian al 911, para garantizar su integridad física y emocional, canalizando de forma oportuna cada caso. Asimismo, coordinan con el Programa Ciudad Mujer, SEDS y el 911, el diseño de estrategias encaminadas a brindar respuestas oportunas para asistir y brindar protección a las mujeres.

Referente al inciso d), sobre el acceso de mujeres y las niñas a asistencia diferenciada para víctimas y testigos, el Ministerio Público dentro de su Plan Estratégico, contempla como objetivo asegurar la atención y protección a testigos y víctimas, a fin de generar una política que promueva y facilite su participación en el proceso mediante una efectiva prestación de servicios de orientación, protección, apoyo y otorga medidas de protección.

Desde el inicio de las investigaciones, se identifican las necesidades individuales de testigos y víctimas con el objetivo de orientarlas y apoyarlas efectivamente. En los casos de las mujeres víctimas de violencia doméstica, se imponen al agresor medidas de seguridad para proteger la vida de la mujer y la de sus hijos; en el resto de casos por denuncia por otros delitos, igualmente se interponen medidas, se valora el riesgo y se ejecuta un plan de seguridad para las víctimas.

Sobre la ampliación e institucionalización del Módulo de Atención Integral Especializada (MAIE), del Ministerio Público, para brindar atención integral a mujeres y niñas víctimas, durante el período informado se amplió su cobertura, creándose 23 MAIE a nivel nacional, que reciben denuncias por distintos delitos, para lo cual, cuentan con equipos interdisciplinarios conformados por fiscales, trabajadores sociales y psicólogos, que brindan servicios de atención integral bajo principios fundamentales como respeto a la dignidad humana, la no revictimización, la debida diligencia, la aplicación del interés superior del niño, y la valoración de los casos con perspectiva de género, entre otros, a fin de garantizar el acceso a la justicia, buscando proteger en todo momento la integridad física y psicológica de las víctimas.

Los MAIE imponen medidas de seguridad para la protección de mujeres y niñas víctimas de las diversas formas de violencia y remiten a las mujeres y niñas víctimas a lugares seguros, como casas refugio; brindando el acompañamiento respectivo a las víctimas que acuden a otras instituciones o instancias para el seguimiento del proceso y así asegurarse que no abandonen el mismo.

De 2016 a diciembre de 2018, han recibido 15,870 denuncias en perjuicio de mujeres por razones de género y otros grupos vulnerables, de las cuales 7,896 son denuncias por violencia doméstica y 7,974 por otros delitos. Del total de denuncias recibidas por violencia doméstica, se impusieron 3,939 medidas de seguridad a los agresores, para evitar daños a la integridad física, psicológica de las víctimas.

Los Juzgados Especiales Contra la Violencia Doméstica, entre 2016 y julio 2020 emitieron 76,895 resoluciones contra autores del delito de violencia doméstica; ingresaron 81,928 denuncias. En las zonas del país que no cuentan con juzgados especializados, los Juzgados de Paz se encargan de conocer estos casos.

En articulación con la Unidad de Género del Poder Judicial participó en las reuniones del Equipo Técnico Operativo del Ministerio Público con el propósito de viabilizar las actividades del Manual de los MAIE logrando en 2017, el Plan de Sensibilización sobre Victimología y Violencia Doméstica.

Respecto al inciso e), con el fin de formar al personal del Poder Judicial en temas de género, la Escuela Judicial en 2017 elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación de Operadores de Justicia en los temas de género y violencia. Como parte de la profesionalización de los operadores de justicia, entre 2016-2019 impartió las siguientes capacitaciones:

a)Seminario-Taller Reglas Regionales Sobre Atención Integral a la Mujer Víctima de Violencia de Género;

b)Diplomado Prevención de la Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Femicidios en Centroamérica, auspiciado por el Sistema de Integración Centroamericana (SICA);

c)Capacitación en Género y Violencia, Reglas de Atención Integral y 100 Reglas de Brasilia dirigida a 200 Jueces de Paz de las regiones centro, sur y occidente;

d)Formación a Formadores en Materia de Niñez con Enfoque de Género;

e)Modelo de Protocolo Latinoamericano de la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género;

f)Reglas Regionales de Atención Integral a la Mujer Víctima de Violencia de Género, con Énfasis en Violencia Sexual;

g)Uso de las TICs en la Prevención de la Revictimización de las Víctimas de Violencia de Género;

h)Tecnologías para la Prevención e Investigación en Casos de Violencia Contra las Mujeres;

i)Incorporación de la Perspectiva de Género en las Decisiones judiciales;

j)Conversatorios Sobre las 100 Reglas de Brasilia;

k)Capacitaciones en Derechos Humanos dirigidas a 296 magistrados y asistentes, y capacitaciones en Temas de género dirigidas a 396 funcionarios administrativos del Poder Judicial y 100 docentes y servidores municipales en la zona sur-oriental;

l)Taller de Sensibilización de Género, denominado Mujeres y Hombres que tan Diferentes Somos;

m)Taller Acoso Laboral y Sexual dirigido a empleados de seguridad;

n)Curso Formación a Formadores en Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas y Afrohondureños con Enfoque en Derechos Humanos y Género;

o)Taller Sexo, Género y Derechos Humanos dirigido a Jueces de Paz;

p)Coloquio denominado un Análisis al Derecho a la Vida de Mujeres y Niñas Libres de Discriminación y Violencia;

q)Conversatorio sobre Acceso a la Justicia de Grupos LGTBI;

r)Conversatorio sobre Estándares de Derechos Humanos de Personas LGTBI dirigido a funcionarios de la Sala Constitucional, facilitado por el OACNUDH;

s)Conversatorio sobre Violencia por Prejuicios dirigido a jueces, fiscales y policías;

t)Curso sobre Derechos Humanos y Masculinidad;

u)Foro Derechos a la Salud sin Discriminación: Experiencias y Buenas Prácticas sobre la Violencia Ginecobstetra, Secreto Profesional e Interrupción del Embarazo;

v)Foro Fortaleciendo Familias, Transformando Comunidades en el marco de USAID; y,

w)Video-conferencia sobre Acciones para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Niñas.

Adicionalmente, el Poder Judicial capacitó a facilitadores judiciales, impartiendo 1,152 talleres en 2017, 812 talleres en 2018 y 791 en 2019.

Respecto al inciso f), sobre las campañas de sensibilización para informar a las mujeres y las niñas sobre sus derechos, desarrolladas en conjunto por instituciones públicas, agencias de cooperación y OSC, destacan las siguientes campañas desarrolladas entre 2016-2019:

a)Soy Mujer y Vivir sin Violencia es mi Derecho, para la prevención de trata de personas, violencia doméstica, intrafamiliar y femicidio;

b)Una Vida sin Violencia es Indispensable para una Vida Mejor, con apoyo de ONU-Mujeres, que abordó la violencia callejera y acoso contra las mujeres y la necesidad de acercamiento de la justicia para las mujeres en casos de violencia doméstica;

c)Ante la Violencia, No te Quedes Callada. Denuncia;

d)Erradicar la Violencia en el Mundo del Trabajo, una Responsabilidad Compartida;

e)Métele un Gol al Machismo;

f)Métele un Gol a la Trata, Denuncia la Trata de eso se Trata y Corazón Azul, contra la trata de personas;

g)Convivencia Sin Violencia, en respuesta al incremento de la violencia en el hogar durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, en articulación con Organizaciones de Mujeres, la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de las Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y el CONADEH;

h)+Unión-Discriminación y Estigmatización, desarrollada con la Unión Europea;

i)Mujer, estar en Casa sin Violencia y sin Miedo es tu Derecho. No estás sola, por iniciativa del movimiento de mujeres, en casos de emergencia llama al 911, para promover una convivencia sana en el confinamiento y en caso de emergencia, hacer saber a las mujeres que cuentan con redes institucionales que apoyan las mujeres contra la violencia; y

j)INAM te Acompaña, prevención de violencia ante la emergencia de la COVID-19.

En el marco de la campaña Mujer No estás Sola, el Programa Ciudad Mujer e INAM implementaron la Plataforma Conecta que brinda apoyo y asistencia psicosocial y legal a mujeres víctimas de violencia.

Para dar a conocer la información sobre los recursos jurídicos disponibles y los derechos de las mujeres víctimas a presentar denuncias, el Poder Judicial reformó el Prontuario de la Ley Contra la Violencia Doméstica, el cual constituye una herramienta que facilita a las personas despejar dudas o que necesiten hacer consultas sobre el proceso de aplicación de la Ley, recopilando las respuestas a preguntas frecuentes de operadores de justicia y personal de las OSC.

C.Mecanismo Nacional Encargado del Adelanto de la Mujer

Artículo 3

Recomendación del párrafo 15, para hacer efectivos de manera progresiva los derechos de la mujer, el INAM implementa el II Plan de Igualdad y Equidad de Género 2010-2022 (II PIEGH), y a nivel local es promovida y verificada por las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM).

Respecto al fortalecimiento y los recursos financieros del INAM, el presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2020 fue de L. 45,356,400.00 el cual se incrementó en un 101.40 % respecto al Ejercicio Fiscal de 2016 que fue de L. 22,519,584.00.

Respecto al inciso a), sobre la asignación de presupuesto para la aplicación del II PIEGH, desde 2015 se han incorporado en las Disposiciones Generales del Presupuesto, instrucciones para la incorporación de perspectiva de género y asignar recursos, medir e informar a través de la aplicación del índice de inversión en género y de audiencias públicas.

Para el cumplimiento del II PIEGH, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG) y el INAM instalaron una Mesa Temática (Diálogos de Gestión) como mecanismo participativo, transparente y de rendición de cuentas, así como la construcción de valor público en el proceso de monitoreo y evaluación de la gestión pública, mediante el cual se han adoptado acuerdos de trabajo conjunto, como la elaboración de una estrategia estructurada y sostenible dirigida a incorporar el enfoque de género en el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo; el Plan de Acción para implementar la Estrategia; y los Lineamientos metodológicos para transversalizar la perspectiva de género; asistencia técnica en proceso bajo el apoyo del Programa Medidas de Apoyo al Desarrollo Institucional y a la Gestión Pública.

Para evaluar la importancia que prestan las entidades a la reducción de las brechas de género y la construcción de la equidad de género, el INAM ha elaborado el Índice de Inversión en la Equidad de Género, que estructura los gastos en categorías de inversión. En 2019, el Gabinete Sectorial que registró mayor inversión en género es el Gabinete Social con el 28 %, destacándose los recursos etiquetados para Ciudad Mujer, que constituye uno de los programas operativos relevantes para avanzar en la implementación de las políticas públicas de género.

Los recursos reportados para el financiamiento de la equidad de género para el 2019 ascendió a un monto total de L. 17,049,189,606.90, destacándose la inversión de la Secretaría de Salud (SESAL), INAM, Ciudad Mujer y Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), de los cuales el 98.2 % en la promoción de una cultura de igualdad; 2.35 % inversión focalizada en mujeres; y, el 0.43 % en la corresponsabilidad social y el cuidado de la familia, registrándose la inversión de la Dirección de Parques y Recreación y la de los Centros de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de trabajadores y trabajadoras que funcionan en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STSS).

El presupuesto aprobado para el Programa Ciudad Mujer en 2019 fue por L. 147,638,830.00, aportado por 15 instituciones, para el funcionamiento de los cinco centros: Ciudad Mujer Kennedy, Ciudad Mujer Choloma, Ciudad Mujer San Pedro Sula, Ciudad Mujer Ceiba y Ciudad Mujer Juticalpa, y en construcción Ciudad Mujer Choluteca. Entre 2016-2019 atendieron a 917,385 usuarias, que recibieron 1,980,026 servicios mediante esta concurrencia interinstitucional.

Para implementar el índice de inversión en género, en 2017 se incluyeron audiencias focalizadas para los Gabinetes de Conducción y Regulación Económica, Protección Social, Seguridad y Defensa, Gobernabilidad y Descentralización, así como para el Ministerio Público y Poder Judicial. Además, se incluye la coordinación del INAM con las SCGG a través de la Dirección Presidencial de Planificación Estratégica, Presupuesto e Inversión y la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

El INAM implementa la Política a través de las Unidades de Género y las OMM. Para visibilizar los avances a nivel local se creó la Unidad Ejecutora de Gestión Local dentro del Sistema de Administración Financiera Integrada, con la actividad obra denominada Fortalecer la Institucionalidad de Género en el Ámbito Local, con una asignación presupuestaria de L. 2,436,232.00 en 2019 y L. 2,503,165.00 en 2020.

También se avanzó en la regulación de las transferencias municipales asignando el 5 % del presupuesto para los programas y proyectos de desarrollo económico y social y combate a la violencia contra la mujer. Además, cuentan con la Guía para la Elaboración de Política Local con Enfoque de Género y Veeduría Social, el Manual para Incorporar la Perspectiva de Género en el Presupuesto Municipal y los Manuales sobre Presupuestos Sensibles al Género.

Para la correcta implementación de estos instrumentos, el INAM realizó procesos de socialización y capacitación para el Abordaje de Género en la Gestión Pública a 23 funcionarios de la Asociación de Municipios de Honduras en 2018.

En cuanto a un mecanismo de evaluación para el seguimiento del II PIEGH, en 2019 se implementó el Observatorio de Género como mecanismo para la verificación de la implementación de la transversalización de género en las instituciones del Estado.

Respecto al inciso b), sobre la creación de capacidad sobre los derechos humanos de la mujer y las dependencias de género y su continuidad, a partir de 2019, se conformaron Redes Departamentales de OMM en 16 departamentos de las zonas Centro-Sur-Oriental, Norte y Occidente. Asimismo, para el fortalecimiento de las OMM se elaboraron el Plan de Formación y el Plan Integral Departamental, a los cuales el INAM da seguimiento bimensual.

Entre 2016-2020, el INAM capacitó al 90 % de las OMM en temas de derechos humanos, género y gestión pública. Además, impartió capacitaciones en género, políticas públicas locales, sensibilización en salud sexual y reproductiva, prevención del embarazo y empoderamiento de la mujer, participación ciudadana, y también desarrolla el Diplomado Género y Derechos Humanos de las Mujeres, impartido en 3 módulos y dirigido a las coordinadoras de las OMM, capacitando en 2019 a 42 coordinadoras.

Las OMM difunden campañas abordando diferentes temáticas y desarrollan Encuentros de Coordinadoras de OMM, participando 94 coordinadoras de las Redes Locales en 2019.

Relativo al inciso c), respecto al funcionamiento, composición y división de responsabilidades de las OMM y las dependencias de género se informa que, a la fecha están en funcionamiento 274 OMM y 36 Unidades de Género en las instituciones estatales.

Las OMM son dependencias adscritas a los gobiernos locales, que buscan posicionar a las mujeres del Municipio en un plano de equidad e igualdad de género, que promueven la implementación del II PIEGH a través de: Incidencia en los planes operativos municipales para que incorporen los intereses y necesidades de las mujeres y favorezcan la atención integral; la promoción de temas de derechos y la equidad de género con actores a nivel local, la participación, organización, el liderazgo y toma de decisiones de las mujeres.

Las OMM desarrollan procesos de sensibilización y formación orientados a la transformación de patrones socioculturales que reduzcan las relaciones de dominación y discriminación; elaborar y gestionar proyectos que integren los intereses y necesidades de las mujeres y orientados a favor del desarrollo local con perspectiva de género, brindar información a las mujeres sobre sus derechos, servicios existentes en distintas instituciones, refiriéndolas a los distintos servicios y programas estatales y no estatales.

Por su parte las Unidades de Género cuentan con partidas presupuestarias para incorporar el enfoque de género en las acciones, programas, servicios y proyectos que ejecuta las instituciones estatales.

D.Comisionado Nacional de Derechos Humanos

Recomendación del párrafo 17, relativa a las medidas para aplicar las recomendaciones de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, en 2019, reconoció al CONADEH como institución nacional de derechos humanos Clase A por sus esfuerzos en la promoción y protección de los derechos humanos de los/as habitantes, en particular, en lo que respecta a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas.

Para fortalecer su mandato, el presupuesto asignado en 2020 es de L. 83,975,158.00, el cual se incrementó en un 14.63 % en relación al presupuesto de 2016 de L. 73,255,474.00. El recurso humano al 2020, es de 167 funcionarios permanentes de los cuales, 98 son mujeres y 69 son hombres; asimismo, 55 mujeres realizan labores de defensoría, ejerciendo cargos como coordinadoras de defensorías nacionales, delegadas regionales y departamentales, investigadoras de quejas y promotoras educadoras; de estas, 6 mujeres están en puestos de dirección superior o gerenciales.

La Defensoría Nacional de la Mujer, en coordinación central, oficinas regionales y departamentales, impulsan la promoción, divulgación, prevención, defensa y protección de los derechos de las mujeres, priorizando el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, derecho al medioambiente y al desarrollo de las mujeres, de conformidad al Plan de Acción 2014-2020 Vanguardia de la Dignidad Humana y a la Estrategia de Municipios de Bienestar Solidario.

De 2014 a noviembre de 2020, atendió 24,830 quejas interpuestas por mujeres, brindándoles atención integral, destacando que, en 2019 de las quejas recibidas el 69 % se concluyeron.

E.Medidas Especiales de Carácter Temporal

Artículo 4

Recomendación del párrafo 19, sobre medidas especiales de carácter temporal, se informa que mediante Decreto Legislativo 99-2020 sobre las medidas especiales de Difusión, Prevención y Atención de la Violencia Contra la Mujer y acciones para garantizar la igualdad de género durante la vigencia de la emergencia producto de la COVID-19, se crea una campaña permanente y obligatoria de información masiva a través de los medios de comunicación, a fin de educar e informar a la población sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer.

En cuanto a la participación política de la mujer se cuenta con la Ley y el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales, con la que se busca garantizar la participación política-electoral de mujeres y hombres, en la conformación de las fórmulas, nóminas y planillas de candidatas para cargos de elección popular y autoridades de los partidos políticos. Este tema se desarrolla ampliamente en el contenido de la recomendación del párrafo 27 de este informe.

F.Estereotipos y Prácticas Nocivas

Artículo 5

Recomendación del párrafo 21, respecto a las medidas implementadas para eliminar actitudes patriarcales y discriminatorias, se informa que el Estado ha centrado sus esfuerzos en procesos de formación y capacitaciones, como los que se desarrollan en el presente informe.

G.Violencia de Género

Recomendación del párrafo 23, inciso a), referente a la aplicación de leyes que penalicen todas las formas de violencia contra la mujer se informa que, el nuevo Código Penal en el Título V sobre Violencia contra la Mujer, contempla una gama de delitos entre ellos: Femicidio, contra la libertad sexual y como una novedad incorpora en el artículo 209 una nueva figura penal que establece el delito de Violencia Contra la Mujer, el cual contempla penas de 1 a 4 años de prisión, pudiendo ahora subsumirse en delitos algunas conductas antes consideradas de menor gravedad.

El común denominador entre los delitos de femicidio y violencia contra la mujer es que, al ser cometidos, deben realizarse en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género.

En cuanto a la investigación y judicialización de los casos de violencia contra la mujer, ver el contenido de la recomendación 13, inciso c).

Respecto al inciso b), sobre la protección de las mujeres y las niñas víctimas de violencia, los MAIE otorgan medidas de seguridad para la protección de las mujeres víctimas de alguna forma de violencia.

Igualmente, cada centro Ciudad Mujer, cuenta con un Módulo de Atención a la Violencia Contra la Mujer, donde se brindan atenciones integrales a mujeres víctimas de las diversas formas de violencia, acompañamientos, derivaciones, grupos de ayuda y apoyo, así como el seguimiento de casos mediante una integralidad de servicios que buscan el empoderamiento de la mujer. En 2018, este módulo brindó 6,291 atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia y 306 asesorías para la elaboración e implementación de planes de vida y seguridad con base en las fortalezas de las mujeres, identificando los factores que favorecen la prevención de la violencia contra la mujer, así como la recuperación y el ejercicio de los derechos, en 2019 brindó 13,887 atenciones psicológicas, 866 planes de vida y 47 jornadas de planes de vida.

Por otro lado, en 2018, el Módulo de Educación Comunitaria realizo 11 jornadas formativas en el ABC de Género y Derechos Humanos de las Mujeres con resultado multiplicador, 7 diagnósticos en 5 municipios para conocer las características de los territorios, previo al desarrollo de procesos educativos y capacitó a 127 usuarias sobre el delito de omisión relacionado con el abuso sexual infantil.

Sobre el establecimiento de Casas Refugio, actualmente se cuenta con 7 en las principales ciudades, que brindan atención psicosocial y legal a mujeres víctimas. Cada casa con un modelo de sostenibilidad diverso y el INAM brinda financiamiento a 2 casas.

Se cuenta con el Protocolo de Atención y Actuación de las Casas Refugio, que ha sido socializado y distribuido, en coordinación con las OMM; para garantizar la atención integral de las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. Además, se impulsa la creación de la Ley de Casas Refugio.

Respecto al inciso c), sobre reforzar el marco legislativo relativo a la posesión de armas de fuego, en 2018 el Congreso Nacional aprobó mediante Decreto, la nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales, implementando diferentes medidas para prevenir la violencia y la criminalidad, contribuir a la paz y la seguridad en el país; asimismo, sobre el Proyecto de Ley Integral para el Acceso a una Vida Libre de Violencia, este se encuentra en un proceso de consultas interinstitucionales.

En cuanto al inciso d), respecto a las capacitaciones al personal de las fuerzas del orden, la Universidad Nacional de la Policía de Honduras, capacita en equidad de género en las Maestrías de Seguridad Humana y la capacitación en violencia de género en los Cursos Especiales: Formación para Oficiales de los Servicios; y, Formación para Oficiales Regulares. Y en las Licenciaturas: Ciencias Policiales; Investigación Criminal; y, Administración Policial.

Igualmente, la Dirección de Derecho Humanitario de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Defensa Nacional, con el apoyo de la SEDH, de 2016 a julio de 2020 han capacitado más de 7,000 militares en prevención de violencia de género. Asimismo, la SEDH desarrolla programas de formación que incluyen temas de derechos de la mujer y prevención de la violencia doméstica y acoso sexual; capacitando a julio de 2020 a 6,262 miembros de las Fuerzas del Orden.

Por su parte, la Escuela de Formación del Ministerio Público, entre 2019-2020, realizó 14 cursos de capacitación y sensibilización en temas de género y justicia penal juvenil, dirigido a funcionarios y servidores públicos.

En lo relativo al inciso e), sobre la definición del delito de femicidio, el nuevo Código Penal lo tipifica en el Artículo 208, el cual se ajusta a las normas internacionales, enmarcándolo en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en el género, y lo sanciona con pena de prisión de 20 a 25 pudiéndose agravar a 30 años, cuando concurra alguna circunstancia que se establece expresamente como agravantes, en aplicación de otros preceptos que se contemplan en el mismo Código.

De acuerdo a la nueva normativa, el delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, trata de personas y formas degradantes de explotación humana o en el cadáver de la mujer o contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos.

Asimismo, se aplican las penas respectivamente previstas en los delitos de femicidio, cuando se dé muerte a una persona que haya salido en defensa de la víctima de este delito.

Tal y como lo establecen las normas internacionales, específicamente la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio), el femicidio como se encuentra tipificado en el nuevo Código Penal debe entenderse que se da por razón de género; asimismo, dentro de las circunstancias agravantes establecidas se contempla entre otras la que el agresor femicida inflija señales de humillación o desprecio en el cuerpo de las mujeres, que buscan deshonrar a la víctima; atacando las características físicas que se ha considerado socialmente que debe poseer una mujer.

Entre las acciones implementadas para la investigación de desaparición de personas incluidas las mujeres, en junio de 2018 se presentó en el Congreso Nacional el Proyecto de Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual contempla un registro de la información de la persona extraviada o desaparecida, que indicará la clasificación por sexo, edad, nacionalidad, lugar del extravío o desaparición, origen étnico, si se trata de una persona con discapacidad, el historial de violencia de género y cualquier otra cuya relevancia sea necesaria. Para localizar y proteger a NNA desaparecidos o secuestrados, se cuenta con la Ley de Alerta Temprana “AMBER”.

El Ministerio Público cuenta con el Manual de Investigación de Muerte Violenta de Mujeres, el cual se tiene previsto su adecuación con los lineamientos establecidos en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violenta de Mujeres por razones de Género (Femicidios).

Respecto al inciso f), sobre protocolos para unificar los procedimientos de denuncia de casos de violencia contra la mujer, el Poder Judicial cuenta con el Protocolo de Atención a Víctimas de la Violencia Contra la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y de Violencia Intrafamiliar y la Guía de Adecuación Técnica para su Aplicación.

Por su parte, el Ministerio Público aplica el Protocolo de atención a la violencia doméstica e intrafamiliar y la Policía Nacional el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica; y en coordinación con el INAM, se capacitaron a 240 policías durante las jornadas de socialización sobre la Ruta Crítica de la Denuncia sobre Violencia Doméstica realizadas en 2018.

H.Trata y Explotación Sexual

Artículo 6

Recomendación del párrafo 25, inciso a), referente a la aplicación efectiva de la Ley para combatir la trata de personas se informa que, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, incorpora en el artículo 219 el delito de trata de personas, derogando el artículo 52 de la Ley Especial Contra la Trata de Personas, manteniendo vigente los principios de la referida Ley, con el nuevo Código Penal, se han incoado procesos penales ante los Juzgados de lo Penal, producto de investigaciones contra tratantes por denuncia de las víctimas o de oficio, obteniendo Sentencias Condenatorias con penas de prisión de 5 a 11 años y multas de 168.75 salarios mínimos.

La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), entre 2016-2020, recibió un total de 457 denuncias de las cuales, 392 son por el delito de trata de personas en las modalidades de servidumbre, adopción irregular, explotación sexual comercial regulado en la Ley especial, trabajo forzado y reclutamiento de personas menores de 18 años para actividades criminales; y 65 denuncias fueron por el delito de explotación sexual comercial, proxenetismo, relaciones sexuales remuneradas y pornografía infantil, regulados en el Código Penal derogado. De estas denuncias, 248 causas fueron judicializados (127 por el delito de trata de personas y 121 por el delito de explotación sexual comercial). Se obtuvieron 98 sentencias por ambos delitos, de las cuales 95 fueron condenatorias y 3 absolutorias.

La CICESCT es el ente coordinador integrado por más de 30 instituciones estatales y OSC, y cuenta con el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), instancia conformada por el Equipo Técnico Interinstitucional (ETI), como órgano ejecutor y los 24 Comités Locales.

Respecto al inciso b) sobre la atención integral que se brinda a las víctimas de trata, entre 2016-2020, la CICESCT identificó 490 nuevas víctimas (292 son mujeres y 152 son niñas) quienes recibieron servicios directos de protección y atención integral teniendo en cuenta sus necesidades a corto mediano y largo plazo. Además, se brindó seguimiento a 605 víctimas.

El ERI y el ETI, con el apoyo de OSC, entre 2016-2020 brindaron más de 400,000 servicios directos e indirectos a las víctimas y sus familiares, desde el momento de su identificación, rescate, protección, asistencia, hasta su reinserción social. Las víctimas fueron beneficiadas con acceso a microcréditos, educación formal y no formal, acompañamientos, asistencia psicológica, social, legal, médica, documentación, asilo, alojamiento, recreación, alimentación, vestuario, transporte, tratamiento para adicciones, asistencia a la familia.

Es importante destacar que la atención legal comprende el acompañamiento en sede fiscal y judicial, asesorías legales con trámites en juzgados de familia por falta de cumplimiento de pensión alimenticia de los menores hijos; documentación de terrenos y casas; acreditación de las víctimas mediante resolución administrativa; coordinaciones con los consulados de Honduras en el extranjero para solicitar una condición migratoria temporal o permanente de las víctimas en otros países; y, solicitud de expedición de certificaciones de nacimiento para documentación de las víctimas.

En coordinación con la SEDIS, se incorporaron al Programa Vida Mejor, gestionando alimento solidario y microcréditos para nuevos emprendimientos, donde las sobrevivientes elaboran sus productos generando ingresos económicos personales, que sirven de sustento para sus familias; igualmente, la gestión con OSC para crear grupos terapéuticos y autoapoyo donde las sobrevivientes recibieron atención psicológica individual y grupal.

Respecto al inciso c), en 2017, la CICESCT y el Centro Nacional de Investigación de Opinión NORC, de la Universidad de Chicago, con el financiamiento de USAID realizaron un estudio Evaluación del tráfico de personas en Honduras, donde se levantó la Encuesta de Conocimientos, Percepción e Identificación de Víctimas de Trata de Personas en Honduras, además capacitaron a OSC que trabajan con mujeres y NNA en situaciones de vulnerabilidad.

El estudio reveló que mensualmente al menos 14 personas son víctimas de trata de personas, la mayoría entre 14-16 años de edad, el 81 % de las mujeres son traficadas para explotación sexual, particularmente, en regiones turísticas, 70 % de las víctimas son amenazadas y 51 % agredidas físicamente. El reclutamiento generalmente es perpetrado por familiares o amigos de las víctimas, en su mayoría, ocurre en sus hogares. Mientras que las personas LGBTI, el 52 % de las víctimas han sufrido algún tipo de trata, aumentando la probabilidad de ser víctima de tráfico sexual por su condición de vulnerabilidad.

Respecto a los datos sobre su magnitud entre las mujeres y las niñas a fin de abordar sus causas fundamentales, los hallazgos del estudio permitieron tener información de la población hondureña vulnerable al delito de trata de personas y ampliar conocimientos en la materia para el trabajo de prevención, el abordaje y la protección de las víctimas y las personas vulnerables al delito.

En respuesta al Inciso d), para combatir la delincuencia organizada vinculada con la trata, la Unidad Transnacional de Investigación Criminal adscrita a la DPI actúa bajo el direccionamiento técnico-jurídico de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual, Comercial y Tráfico de Personas del Ministerio Público y trabajan de manera articulada con otras unidades de trata a nivel regional y la INTERPOL.

Para fomentar el intercambio de información y buenas prácticas, se realizan jornadas de capacitación y sensibilización sobre trata de personas dirigidas a policías, fiscales y operadores de justicia, en 2018 se capacitó 37 participantes de la Red Local Contra la Violencia de la OMM de San Pedro Sula a través del Taller para Prevenir la Trata de Personas y Delitos Sexuales.

En cuanto al inciso e), se promueven espacios para informar sobre los peligros a que están expuestas las mujeres que se dedican a la prostitución por cuenta propia, en otros casos, la CICESCT informa a la población en general cómo evitar caer ante el fenómeno de la trata de personas a través de campañas de prevención, material informativo, espacios radiales, foros, capacitaciones, información en la página Web e información transmitida a través de redes sociales.

IV.Parte II

A.Participación en la Vida Política y Pública

Artículo 7 y 8

Recomendación del párrafo 27, inciso a), sobre el aumento de la participación política efectiva de las mujeres, como resultado del proceso electoral realizado en 2017, de los 128 escaños del Congreso Nacional con sus respectivas suplencias resultaron electas diputadas 79 mujeres, (28 propietarias y 51 suplentes), de estas 9 son mujeres pertenecientes a los PIAH.

Para el período 2018-2022, se eligieron 2 mujeres para ocupar el cargo de designadas presidenciales, asimismo, a nivel de gobierno local, resultaron electas 22 alcaldesas, 266 vice alcaldesas y 628 regidoras.

Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia está conformado por 15 magistrados, de los cuales 5 son mujeres.

Hasta 2019 el aparato estatal contaba con 201,439 servidores públicos de los cuales el 51 % de los puestos estaban ocupados por mujeres, de estos 26,016 son empleados del Poder Ejecutivo, donde el 63 % de los cargos son mujeres, de estas 298 se desempeñan en cargos de toma de decisión.

Respecto al inciso b), para aplicar la cuota del 50 % establecida por la Ley y garantizar el proceso de elecciones realizado en 2017, se aprobó el Reglamento de Aplicación del Principio de Paridad y del Mecanismo de Alternancia en la Participación Política de Mujeres y Hombres en los Procesos Electorales.

Es de destacar que, como parte de la participación efectiva de las mujeres PIAH, el Tribunal Supremo Electoral firmó en 2017 una Carta de Entendimiento con la Red de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas, que contemplaba su participación en el proceso electoral en las capacitaciones y como observadoras del proceso.

Para implementar un modelo electoral que separara las funciones administrativas, técnicas y logísticas, por un lado, y las jurisdiccionales por otro, ejecutadas por el Tribunal Supremo Electoral, se crean el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con autonomía e independencia, sin relaciones de subordinación y competencia a nivel nacional. El TJE es la máxima autoridad en materia de Justicia Electoral, integrado por 3 Magistrados propietarios, ocupando 2 mujeres el cargo de Magistradas. El CNE está integrado por 3 Consejeros propietarios, ocupando 2 mujeres el cargo de Consejeras.

Actualmente, se encuentra en debate en el Congreso Nacional la nueva Ley Electoral, destacándose entre los avances la aprobación de los Artículos 72 al 75 mediante los cuales se deja plasmado el principio de paridad y alternancia en la participación política de la mujer.

Sobre el inciso d), para garantizar la participación política de la mujer y la toma de decisiones, entre 2016-2019, se realizaron más de 1,000 brigadas de identificación a nivel nacional, para documentar a la población para los procesos electorales, donde se repusieron más de 450,000 tarjetas de identidad a mujeres y se tramitaron más de 273,000 solicitudes de documentos de identidad por primera vez, para jóvenes mujeres mayores de 17 años.

En 2020 en el marco del proyecto Identifícate desarrollado con apoyo del PNUD, el RNP por medio del Sistema de Identificación Nacional (SIN) ha realizado más de 700 brigadas de enrolamiento a nivel nacional para la obtención del nuevo Documento Nacional de Identificación, a la fecha se han enrolado 4,228,159 personas, de las cuales, 2,246,247 son mujeres (53.1 %).

En relación al cumplimiento de las leyes sobre la igualdad de género y la prohibición de la violencia y la discriminación contra la mujer, el porcentaje de cumplimiento de marcos legales para promover, cumplir y monitorear la igualdad y la no discriminación por razón de sexo ha mejorado en relación con 2015, pasando de 75 % a 80 % en 2019, debido a los esfuerzos implementados en materia remuneración salarial, violencia de género, entre otros.

B.Defensoras de Derechos Humanos

Recomendación del párrafo 29, inciso a) entre las medidas efectivas adoptadas para brindar protección a las defensoras de los derechos humanos, la Dirección General del Sistema de Protección (DGSP), en aplicación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y con el apoyo de la asistencia técnica de la Unión Europea (2016) y de USAID (2017-2019), estructuró y fortaleció la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Inmediata, la Unidad de Análisis de Riesgo y la Unidad de Implementación y Seguimiento, además, en mayo de 2018 estructuró la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto.

En atención de la Ley y el Reglamento de la Ley de defensores, el Consejo Nacional de Protección, de 2016 a julio de 2020, ha realizado 36 reuniones ordinarias y 11 reuniones extraordinarias. Entre las medidas implementadas para proteger a las defensoras de cualquier acto de intimidación y amenaza, así como asegurar que continúen en libre y pleno ejercicio de su función de defensoría, de su libertad de expresión y tengan acceso a la justicia, la SEDH a través de la DGSP, ha emprendido acciones dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la importancia de la labor que desempeñan las y los defensores de derechos humanos para lo cual ha emitido varios comunicados sobre diversos temas reconociendo su labor y en contra de la discriminación, además, ha realizado 31 jornadas de socialización y capacitación dirigidas a los servidores públicos responsables del cumplimiento de la Ley, capacitando a 900 personas entre defensores, comunidades indígenas, garífunas, sindicales, periodistas, comunicadores y operadores de justicia.

Para poder identificar los escenarios y patrones de riesgo en los que desarrollan las actividades las y los defensores, desde 2018 a agosto de 2020 la Unidad de Prevención y Análisis de Contexto ha elaborado 11 planes de prevención con la activa participación de la OSC. Asimismo, elaboró la Metodología de Análisis de Contexto del Riesgo y la Formulación de Planes de Prevención y Alerta Temprana.

En cuanto al inciso b) para lograr la aplicación de la Ley de Defensores se han fortalecido las capacidades técnicas de las Unidades de la DGSP, entre 2017-2019 la Organización Freedom House brindó asistencia técnica para la elaboración del Formato de Estudio de Evaluación para la Acción Inmediata; los Instrumentos Técnicos de Valoración del Riesgo, para casos colectivos e individuales en los cuales se aplica el análisis interseccional, y en los casos de análisis de riesgo individual, se aplican los enfoques diferenciados de género para mujeres y para personas LGBTI.

Respecto al protocolo con perspectiva de género, el marco de la Carta de Entendimiento entre la OACNUDH y la SEDH, se elaboró el Manual para la Aplicación de los Enfoques de Género e Interseccional en la atención que brinda el Sistema Nacional de Protección, que permite reforzar el enfoque de género en las acciones de las distintas unidades que integran la DGSP, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Protección en la 39° sesión ordinaria, el 29 de octubre del 2020.

Desde 2015 al 31 de octubre de 2020, la DGSP ha atendido 549 solicitudes de medidas de protección de las cuales, 187 casos permanecen activos, distribuidos en 114 casos individuales y 73 casos colectivos. De los casos activos, 137 (73.26 %) son casos de defensores y defensoras de derechos humanos, 19 (10.16 %) casos de periodistas, 20 (10.69 %) de comunicadores sociales y 11 (5.88 %) de operadores de justicia. De estos, 31 casos corresponden a medidas cautelares ordenadas por la CIDH, 21 casos colectivos y 10 individuales.

Del total de casos individuales admitidos durante el período, 32 casos corresponden a medidas de protección en favor de mujeres y 5 casos corresponden a mujeres trans. Además, de los 35 casos admitidos de poblaciones PIAH, 3 corresponden a medidas en favor de mujeres indígenas, 4 en favor mujeres afrohondureñas, 10 en favor de hombres PIAH y 18 corresponden a casos colectivos. En lo que respecta a los casos de defensores/as de derechos humanos, 7 casos se activan en defensa de los derechos de la mujer, 14 casos en defensa de los derechos de las personas LGBTI, 13 casos en defensa de derechos ancestrales y 38 casos en defensa del medio ambiente.

En cuanto a los recursos financieros con los que cuenta la DGSP, entre 2016-2020 se ha aumentado su presupuesto en un 355 %, pasando de L. 4,979,350 en 2016 a L. 22,699,750 en 2020 provenientes de fondos del Tesoro Nacional y la Tasa de Seguridad Poblacional.

En cuanto al inciso c), relativo a la investigación y judicialización de los casos de violencia contra personas defensoras de los derechos humanos y derechos a la tierra se informa que, la Unidad Especial de Grupos Vulnerables, adscrita a la FEDCV, investiga de manera diferenciada las muertes de defensoras de derechos humanos y a lo establecido en la Ley de Defensores, entendiendo que la participación de la mujer en nuestras sociedades no se da en las mismas condiciones que el hombre, lo que implica que las investigaciones deben realizarse con enfoque de género a fin que las mismas, sean imparciales y efectivas.

Respecto al inciso d), sobre la despenalización de la protesta social y la reunión pacífica, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 79 de la Constitución de la República, toda persona tiene derecho de reunirse con otras, pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial.

C.Nacionalidad

Artículo 9

Recomendación del párrafo 31, sobre la adopción de medidas para asegurar la inscripción de todos los NNA, el Registro Nacional de las Personas (RNP) para garantizar derechos de la población ha realizado brigadas de inscripción e identificación focalizando a comunidades donde habitan pueblos indígenas como ser Tolupán, Misquito, Tawahka, Garífuna y Lenca. Además, ha firmado convenios y establecido alianzas estratégicas con instituciones y ONGs para fortalecer el Sistema de Registro Civil.

El RNP se encuentra en un proceso de fortalecimiento del Sistema de Inscripción de Nacimientos, en ese sentido, mediante la reforma del artículo 53 de la Ley del RNP para garantizar la inscripción oportuna, universal y gratuita de la niñez, reduciéndose el plazo de inscripción de un año hasta febrero de 2018, pasando a 6 meses a partir de 2019. Además, se firmaron convenios para establecer alianzas con Organismos Internacionales e Instituciones Gubernamentales dedicadas a los temas de niñez y adolescentes.

Por medio del convenio suscrito entre el RNP, OPS, SESAL y la Organización Ayuda en Acción, se fortaleció el Sistema de Inscripciones del RNP, contando a la fecha con 298 oficinas de registro a nivel nacional. Además, se cuenta 13 oficinas de registro en las zonas fronterizas y aduanas, reportando en las aduanas del El Amatillo y Agua Caliente más de 520 inscripciones de nacimiento y la extensión de 4,500 certificaciones de nacimiento; 5 ubicadas en lugares donde predomina población PIAH; se habilitaron 19 Ventanillas Auxiliares en diferentes centros hospitalarios a nivel nacional, lo que ha permitido mantener el subregistro de nacimiento debajo del 3 %.

Para facilitar la inscripción de niños y niñas de padres hondureños nacidos en Guatemala y en El Salvador, que viven en zonas fronterizas, el RNP firmó una carta de entendimiento con los Registros Civiles de esos países y estableció en el reglamento de la Ley el Artículo 133 un plazo de gracia de 90 días para las inscripciones de nacimiento sin necesidad de que la documentación sea autenticada y apostillada.

En 2019, se comenzó con un proyecto piloto para inscribir niños y niñas nacidos en Estados Unidos, de padres hondureños en los consulados de Nueva York y Miami, proceso que se inició con la capacitación como Registradores Civiles Municipales Auxiliares de los Cónsules de Honduras en Estados Unidos, México, Centro y Sur América, inscribiéndose más de 20 niños en la prueba piloto, proceso que fue interrumpido por la problemática de la pandemia, esperando retomar las inscripciones en 2021. Igualmente, se han habilitado en todos los Consulados de Honduras en el exterior, el Sistema Automatizado del Registro Civil para la emisión de partidas de nacimiento.

En cumplimiento de derechos y acceso a servicios de Género, el RNP habilitó una oficina de Registro Civil en las instalaciones de Ciudad Mujer Kennedy, emitiendo 14,356 Certificaciones de Nacimiento, y 1,239 Tarjetas de Identidad entre 2017-2019.

El total de inscripciones durante el período 2016-2019 es de 766,062, tal como se detalla a continuación:

Cuadro de total de inscripciones de nacimiento desagregadas por sexo.

Año	Niñas	Niños	Total
2016	99,477	102,802	202,279
2017	89,886	94,147	184,033
2018	96,720	99,687	196,407
2019	89,955	93,388	183,343
Total	376,038	390,024	766,062

Fuente: Datos del RNP

Entre las medidas realizadas entre 2016-2020, para garantizar el derecho a la inscripción de las zonas rurales y fronterizas destacan:

a)Campañas de Inscripción de Nacimiento e Identificación, en el marco del Programa Mejoramiento de las Tasas de Registro e Identificación de las Personas en las zonas fronterizas del Triángulo Norte, con el apoyo del Programa Universal de Identidad Civil en las Américas de la OEA;

b)Campaña Inscripción de Nacimiento, Un Derecho de Todos, mediante la cual se realizaron brigadas móviles en aldeas y municipios, para informar a la población sobre la importancia de la inscripción de los NNA y sus derechos;

c)Campaña 100 días por la Niñez Hondureña, desarrollada en colaboración con la DINAF, por medio de la cual se realizó la grabación de una serie de espacios radiales y televisivos dirigidos a concientizar a la población sobre la importancia de la inscripción y se realizaron visitas a centros educativos del área rural de Francisco Morazán y Cortés para promover la inscripción oportuna;

d)Capacitación a los registradores civiles de las zonas fronterizas y los registradores de comunidades PIAH sobre: Organización de la Red de Inscripción Oportuna; en fortalecimiento del Sistema Estadístico Registral desagregado por género; en la aplicación de la Ley MAPA; en el uso del Sistema Automatizado de Registro Civil (SARC-2016) para nuevo orden del uso de apellidos; y en el nuevo Reglamento de la Ley del RNP e implementación del artículo 133 que facilita la inscripción de nacimientos en todos los municipios fronterizos de Honduras;

e)Proyecto de Inscripción implementado en dos etapas, mediante las cuales se desarrollaron brigadas de inscripción, ejecutando en su segunda etapa 21,320 trámites (inscripción de nacimiento, defunciones, identificación de ciudadanos y reposiciones de tarjetas de identidad), con apoyo del PNUD;

f)Programa Protección de la Niñez entre el RNP y UNICEF, para fortalecer las capacidades de registro de nacimientos de NNA PIAH y de zonas rurales;

g)Proyectos: Soy Hondureño, Sembrando el Sentido de Pertenencia e Identidad; y, Promotorado Registral Colegial, los cuales enseñaron a los NNA la importancia del Registro Civil como una cultura apropiada para la inscripción oportuna y el reconocimiento de sus derechos, impartido en escuelas a nivel nacional, capacitando a 1.387 personas;

h)Implementación del SIN para la emisión de partidas de nacimiento en línea; y,

i)En 2020 se implementó el nuevo formato de constancia de nacimientos, en el marco del convenio suscrito entre el RNP, el INE y la SESAL.

Entre 2017-2020, se realizaron brigadas en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), logrando: más de 40 inscripciones de nacimiento de niños y niñas de madres privadas de libertad; más de 200 consultas sobre problemática registral; y, emisión de 2.804 certificaciones de nacimiento.

V.Parte III

A.Educación

Artículo 10

Recomendación del párrafo 33, inciso a), para garantizar el acceso universal a la educación de los NNA, la Ley Fundamental de Educación y el Plan Estratégico del Sector Educativo, garantiza la educación gratuita desde los 5 años hasta la educación media, ampliando la escolaridad promedio de 9-13 años.

Para fortalecer a la Secretaría de Educación (SEDUC), se incrementó su presupuesto en 21 % entre 2016-2019, dotándola de recursos humanos y financieros para satisfacer las necesidades educativas de la población. Actualmente, cuenta con 61.564 mujeres docentes a nivel nacional (48.558 a nivel Gubernamental y 13.006 a nivel No Gubernamental).

Sobre el acceso a educación de calidad de los NNA PIAH en igualdad de condiciones, en el marco del Modelo Educativo Intercultural Bilingüe (EIB), se estableció un Consejo Nacional y 150 Comités Departamentales y se creó la Comisión Técnica para el seguimiento de la implementación y ruta crítica, con la participación de los pueblos y organizaciones de los PIAH.

A 2020 se registró una matrícula de 107.282 estudiantes PIAH, (8.072 en educación Pre-básica, 88.597 en Básica y 10.613 en Media), atendidos por 5.342 docentes en 1.118 centros educativos. La EIB se consolida progresivamente, en 15 de los 18 departamentos del país; contando con: Bachillerato en Ciencias y Humanidades para el pueblo Tawahka; Licenciatura en Educación Básica Intercultural Bilingüe; Diplomado en Gestión de la Calidad Educativa para la EIB y en la segunda promoción del Diplomado en Técnicas Multiculturales para la EIB capacitando a 400 docentes.

Para prevenir la deserción escolar de los NNA del Sistema Educativo, se cuenta con el programa Bono Vida Mejor, entregando desde 2016, un bono de transferencia condicionada equivalente en US $ 160 a familias en condiciones de pobreza. También, el Programa de Alimentación Escolar, fomenta la permanencia escolar, beneficiando con dotaciones de raciones alimentarias a 1.300.915 estudiantes del sistema educativo público, adicionalmente, se brindó una ración complementaria a 300.000 escolares en zonas vulnerables como el Corredor Seco y la Moskitia. Y en 2020, ante la emergencia del COVID-19, se benefició con dos remesas de alimentación escolar a 940.363 estudiantes.

Mediante la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa, implementada en el marco del COVID-19, se orientó la atención a los educandos, se priorizaron los contenidos curriculares y distribuyeron cuadernos de trabajo para atender las zonas rurales y que no cuentan con acceso a internet u otros medios de comunicación. Además, cuenta con una estrategia de monitoreo para la toma de decisiones sobre cobertura y calidad educativa.

El Programa Ciudad Mujer, SEDUC y el Programa de Becas Honduras 20/20, desarrollan programas de educación formal en los centros de Ciudad Mujer de Tegucigalpa, Choloma y Juticalpa, destacando la matrícula de 700 mujeres durante el 2020.

Respecto al inciso b), sobre los mecanismos de denuncias efectivos para enjuiciar y castigar a los culpables de acoso y abuso sexual contra las niñas en las escuelas, a través del MAIE del Ministerio Público, reciben denuncias e investigan los delitos contra los NNA, de manera oficiosa o por denuncias directas de familiares, terceros o en coordinación con los centros educativos y/o centros de salud. Además, el MAIE Central cuenta con una línea directa (+504 2221-3534) donde recibe denuncias a nivel nacional y coordina la canalización de los casos de otra ciudad de manera inmediata y directa con los fiscales de las MAIE regionales, para garantizar la respuesta y la atención de las víctimas.

Respecto a los casos denunciados en el período de 2016-2020, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez registra 6.951 casos por el delito de abuso sexual contra NNA en 29 ciudades.

Adicionalmente, el 911 recepciona y canaliza todo tipo de denuncias a nivel nacional, contando con enlaces de las diferentes instituciones para brindar una respuesta a las víctimas. Esta línea coordinada con la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y la Policía Nacional para su atención inmediata.

La SEDUC cuenta con la línea 104, para interponer denuncias por abuso o situaciones que afectan a los NNA del sistema educativo, procediendo a investigar los casos denunciados.

En el marco de la Estrategia Nacional de Prevención y Seguridad Escolar se impulsan los temas de derechos de los NNA, como la participación, equidad e inclusión, la convivencia, mediación y resolución de conflictos y actualmente se trabaja en el enfoque restaurativo. A través de prácticas innovadoras, los docentes en el aula, en el centro educativo, la familia y la comunidad, se busca cambiar comportamientos, creencias, hábitos y costumbres arraigadas en relación al tema de la violencia. Los centros educativos promueven buenas prácticas, que inciden en lograr el bienestar integral y desarrollo humano en los educandos, impulsadas a través de aliados estratégicos a nivel local.

A través de la Guía de Inclusión de Género en el Aula, se incorpora nuevas prácticas de género en la gestión pedagógica en los centros educativos, mediante el desarrollo de foros, talleres para personal técnico, directores de Redes Educativas en ocho departamentos del país, 301 redes educativas y 643 directivos de centros educativos. Se distribuyeron 280 guías en Francisco Morazán y 25 set de afiches con temática de género e inclusión educativa y se encuentran en proceso de certificación en ABC de género 1.240 docentes de 10 departamentos y personal técnico de ocho unidades de línea del nivel central, a fin de mejorar las capacidades del Sistema de Educación y disminuir las brechas de inequidad de género.

Sobre el inciso c), para garantizar la permanencia escolar de adolescentes en condiciones de embarazo y maternidad, el Plan Multisectorial de Prevención de Embarazo en Adolescentes permite que las niñas estén integradas en todas las jornadas educativas.

Entre 2015-2019 se ha logrado la reducción del embarazo de adolescentes, reportándose 6.207 partos institucionales en menores de edad y una reducción del 37 % menos de embarazos en adolescentes estudiantes de educación secundaria.

Respecto al inciso d), sobre educación en salud y derechos sexuales y reproductivos dirigidos a los NNA en los programas escolares de todos los niveles educativos, en el marco de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la SEDUC elaboró las Guías: Cuidando mi Salud y mi Vida; y, Escuelas para Padres en Educación Integral de la Sexualidad, para el desarrollo de actividades de formación en educación Pre-básica, Básica y Media, dirigidas a docentes, estudiantes y padres de familia, abordando temas: Sexualidad, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Embarazo en Adolescente, Paternidad y Maternidad Responsable y Métodos Anticonceptivos.

Sobre la capacitación a docentes, en 2019 se certificaron 22.750 en el Curso de Educación Integral de las Guías, de 1.055 centros educativos del nivel básico y se capacitó a 17.672 estudiantes a nivel nacional.

La educación sexual integral, se ofrece a niños y niñas dentro del plan de estudios, se cuenta con programas para las mujeres afrohondureñas con el fin de mejorar su acceso a la educación.

El Ministerio Público, SEDS y la SEDUC han firmado acuerdos para realizar capacitaciones a docentes a nivel nacional acerca de la prevención de la intimidación (acoso escolar) y de conductas sexuales abusivas en estudiantes de escuelas y colegios.

Para abordar la discriminación múltiple contra las mujeres, la SEDUC conformó la Comisión para el Tema de Género, con asistencia técnica del INAM y de OSC, que desarrolla procesos de formación y sensibilización en género e inclusión, a través de campañas y foros en 12 departamentos.

Los Módulos de Atención a Adolescentes (MAA) del Programa Ciudad Mujer, brindan atención y capacitaciones sobre: Prevención de violencia en el noviazgo, acoso escolar y ciber-acoso, suicidio, educación sexual y reproductiva, prevención del embarazo y servicios integrales a mujeres embarazadas y madres adolescentes entre 12-18 años, para que continúen sus estudios y en casos de violencia se brinda asesoría legal y acompañamiento a las víctimas. Asimismo, se trabaja con un sistema de referencia y contrarreferencia con las diferentes instituciones para lograr la atención integral.

De 2018 a agosto de 2020, el MAA brindó las siguientes atenciones:

Categorías	2018	2019	2020
Atenciones interinstitucionales brindadas	7 352	14 638	5 567
Adolescentes atendidas	–	10 153	4 074

Fuente: DINAF

El módulo MAA, incluye atención psicológica, y se aplica bajo consentimiento informado, la ficha de tamizaje de violencia para detectar casos de vulneración de derechos; incluyendo los casos de matrimonio infantil, precoz y forzado; y brindar asistencia biopsicosocial individualizada en caso de la depresión (estrés, embarazo precoz, presiones conyugales y familiares), violencia intrafamiliar, ansiedad (baja autoestima, estrés, inseguridad) y abuso sexual.

Respecto al inciso e), en el marco de la Ley Fundamental de Educación, se ratifica el compromiso de garantizar un Sistema Nacional de Educación equitativo e inclusivo, en ese sentido, en 2019 se aprobó la Política Pública de Educación Inclusiva, para asegurar a todas las personas con discapacidad, el acceso al derecho a la educación con calidad, equidad, pertinencia y eficacia, a lo largo del ciclo de vida, eliminando las barreras que los excluyen de este derecho.

Esta Política, tiene como objetivo estratégico 3 garantizar la accesibilidad universal a la Educación Inclusiva mediante la adaptación, optimización y ajuste razonable de infraestructura requerida en el Sistema Nacional de Educación, a 2020 la SEDUC formó: 699 docentes sobre organización y funcionamiento de los equipos psicopedagógicos a nivel departamental para la educación de los NNA con discapacidad; 162 docentes mediante el curso denominado Las TICS y la Discapacidad; y, 90 docentes en atención a la diversidad. Además, se adecuaron seis Manuales Curriculares.

Para garantizar la matrícula de los NNA con discapacidad en escuelas ordinarias, se realizó el diagnóstico de accesibilidad en 9,285 centros educativos a nivel nacional, registrándose en 2020 la matrícula de 15,495 educandos con discapacidad: 7,864 con problemas de aprendizaje, 3,322 con problemas visuales, 2,605 con problemas de audición y lenguaje, y 1,704 con discapacidad física.

Mediante la firma de ocho convenios se asigna presupuesto a instituciones que atienden a NNA con discapacidad y se capacitaron a docentes de 22 centros educativos sobre el abordaje de personas con discapacidad.

Además, se implementa programas para la inclusión como ser: Educación en Casa; Educación Hondureña por Radio; Programa Hondureño de Educación Comunitaria; y Programas para la Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Talentos Especiales.

BEmpleo

Artículo 11

Recomendación del párrafo 35, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anualmente realiza la Encuesta Permanente de Hogares con Propósitos Múltiples, que recoge datos desagregados con el objeto de producir indicadores del mercado laboral y condiciones socioeconómicas de la población e incorporando información sobre demografía, migración, educación, composición del hogar, vivienda, ingresos, mercado laboral por género, personas con problemas de empleo, trabajo infantil y juvenil y pobreza. A partir de esta encuesta se elabora un documento anual sobre las Características de las Mujeres Hondureñas. La encuesta es de acceso público y está disponible para consulta en la página web del INE.

Respecto al inciso a), para garantizar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el mercado laboral, el Instituto Nacional de Formación Profesional desarrolla programas y acciones educativas para la formación y capacitaciones a personas de diferentes grupos poblacionales incluyendo mujeres de áreas rurales, urbanas, PIAH y con discapacidad, etc.

Durante 2019, formó 26.881 mujeres en alfabetización digital y a octubre de 2020 se han formado 140.398 mujeres en cursos que incluyen financiero, tecnologías de la información y la comunicación, operador de paquetes bajo Microsoft Office, Excel básico, contabilidad, base de datos y Adobe.

Además, imparte formación técnico-profesional en áreas como mecánica industrial, mecánica automotriz, pintura automotriz, electricidad, construcción civil, biomédica, electrónica, construcciones metálicas, ebanistería y tapicería, profesionalizando en 2019 a 1.527 mujeres (16 %) y a octubre de 2020, 472 (21 %).

Mediante la Estrategia Ventana de Oportunidades para la Mujer se han realizado jornadas de Empoderamiento Económico para la Mujer en el marco del II PIEGH, para acceso a la oferta de servicios de programas institucionales, a través de jornadas de socialización de programas y proyectos emblemáticas para el empoderamiento económico de las mujeres.

Sobre el inciso b), para reducir la desigualdad salarial por razón de género, se cuenta con la Ley de Igualdad Salarial que establece disposiciones que regulan la remuneración del trabajo entre hombres y mujeres.

En lo que respecta a la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil, se reactivó la Comisión Nacional para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil para articular, monitorear, evaluar y garantizar la implementación del Plan Nacional, la Política Pública y la Hoja de Ruta para hacer de Honduras un País Libre de Trabajo Infantil.

Entre las medidas implementadas durante el período informado destacan:

a)Aprobación de la Ley de Inspección General del Trabajo, que establece como infracción administrativa el trabajo infantil, ordena el retiro de los NNA de lugares de trabajo; cuando estos no cuentan con la edad mínima de 14-17 años autorizada para el empleo, o cuando peligra su salud y seguridad en el lugar de trabajo;

b)Reformas: Reglamento de Protección a la Infancia; Lista de Trabajos Peligrosos; y, Reglamento sobre Trabajo Infantil en Honduras: ahora Reglamento del Trabajo Adolescente Protegido;

c)Elaboración del Protocolo de Derivación de Niñez Trabajadora a Programas Sociales de Gobierno;

d)Protocolo de Actuación de la Inspección General de Trabajo en Materia de Trabajo Infantil;

e)Elaboración de Planes Sectoriales de Trabajo de Café, Melón y Langosta;

f)Programas Prevención del Trabajo Infantil en el Sector Café, que contempla tres fases (Actividades Preventivas; Verificación; y, Prevención y Verificación en Cosecha);

g)En construcción el documento de Categorización de las Actividades Permitidas para Trabajo Adolescente Protegido, que medirá el riesgo de los trabajos autorizados; y

h)Reapertura de los Servicios de Medicina Ocupacional, Mujer y Menor Trabajador, que brinda servicios de evaluaciones médicas y autorización para trabajo de adolescentes.

En el marco del Proyecto Futuros Brillantes, la STSS y World Vision juramentaron 87 Comités de Prevención de Trabajo Infantil en 5 departamentos y se encuentra en elaboración el Protocolo de Creación y Funcionamiento de dichos Comités.

En aplicación de la Ley de Inspección del Trabajo, la STSS realizó 126 inspecciones relacionadas al trabajo infantil y 177 inspecciones en las embarcaciones de pesca por buceo, entre 2016-2017.

La STSS, la Fiscalía de Protección de la Niñez, CONADEH, Cuerpo de Bomberos, Comité Permanente de Contingencias (COPECO), entre otros, realizan inspecciones municipales a diferentes empresas de: agroindustria, servicios comunitarios, comercio, hoteles, restaurantes, electricidad, gas, agua, transporte, almacenamiento, comunicación, pesca, manufactura, construcción, minería, entre otros. A través de los Consejos Municipales se desarrollan acciones para la prevención del trabajo infantil en sus diferentes manifestaciones.

Respecto al inciso c), sobre medidas para promover el trabajo de las mujeres empleadas en el sector informal y las trabajadoras domésticas, el Poder Ejecutivo presentó el 29 de enero de 2018, al Congreso Nacional, un proyecto de Decreto para la aprobación de la Ley del Trabajo Doméstico, mismo que fue trasladado para el análisis a una Comisión Especial, quien dictaminó favorable el Proyecto.

En cuanto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, se informa que, Honduras es suscriptor del Convenio y su recomendación 201, no obstante, hasta a la fecha no ha sido ratificado.

En cuanto al inciso d), respecto a los recursos disponibles para inspeccionar el trabajo y vigilar que se respeten las condiciones de trabajo y los derechos laborales de las mujeres, la STSS cuenta con 150 inspectores de trabajo a nivel nacional, con una tasa de 3,5 inspectores por cada 100.000 habitantes, quienes realizan inspecciones para la verificación del cumplimiento de la normativa laboral con el fin de evitar la existencia de infracciones cuantificables o cualificables, para verificar y restablecer las condiciones laborales en los distintos sectores económicos.

La STSS implementa la Estrategia Nacional de Inspección en los distintos sectores priorizados de la economía a nivel nacional, asimismo, en los sectores donde se encuentran población PIAH, realiza periódicamente inspecciones ordinarias, con el fin de detectar violaciones a los derechos laborales a los PIAH.

Actualmente la clasificación de la tabla de salario mínimo que se negoció con los sectores, con aplicación igualitaria a ambos géneros, se divide en los distintos sectores de la economía determinando la cantidad de salario según el número de trabajadores que contenga la empresa.

Respecto al inciso e), sobre medidas en materia de salud y los riesgos laborales, en particular de las mujeres que trabajan en el sector agroindustrial, la SESAL, a través de sus establecimientos en las diferentes Regiones Departamentales, brinda atención integral a todas las mujeres trabajadoras del sector formal e informal. La atención de las trabajadoras del sector agroindustrial es abordada de manera activa a través de brigadas médicas, ferias de la salud y campañas educativas.

Además, se cuenta con el Plan Nacional de Salud de los Trabajadores y Trabajadoras de Honduras como herramienta para contribuir a su seguridad, salud y prevenir los riesgos laborales, coordinado por la Comisión Nacional de la Salud de los Trabajadores y Trabajadoras de Honduras.

C.Acceso a la Salud

Artículo 12

Recomendación párrafo 37, en cuanto al inciso b), sobre los efectos que tiene en las mujeres y niñas la penalización del aborto y la prohibición de los anticonceptivos de emergencia, el INAM junto a las municipalidades, han elaborado cuatro Diagnósticos Situacionales sobre la Situación de la Violencia Contra la Mujer y Embarazos en Adolescentes a nivel Municipal, con la finalidad de plantear acciones a nivel local que permitan realizar un ejercicio de pilotaje en la reducción de índices de violencia y embarazo en adolescentes.

Respecto al inciso c) sobre el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 de la SESAL, entre sus estrategias incorpora la Perspectiva de Equidad de Género e Interculturalidad en todos los procesos de gestión en salud (rectoría, atención y provisión de servicios de salud).

La Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de 2016, aborda de manera general, lineamientos en materia de salud, salud sexual reproductiva y equidad de género, asimismo, en los diferentes protocolos de atención de salud integral de la mujer, niñas y adolescentes, entre ellos el Protocolo de atención Integral a los y las adolescentes.

Respecto a la prevención del embarazo adolescente, la SESAL cuenta desde 2012, con la Estrategia de Prevención de Embarazo en Adolescentes en Honduras, la cual se evaluó en el 2019, identificando un número importante de adolescentes que se están quedando atrás entre ellas: adolescentes de áreas rurales y PIAH, de estratos socioeconómicos bajos, baja escolaridad y privadas de libertad. Actualmente, se está elaborando el rediseño de la nueva estrategia y el Plan de Acción en Salud de Adolescentes 2020-2024 que incorpora las necesidades de los adolescentes.

El Plan Multisectorial de Prevención del Embarazo en Adolescente, es una iniciativa de carácter integral, orientada hacia la mejora en las condiciones de vida de las adolescentes y sus familias, la cual está enfocada principalmente en apoyo de los municipios de seis departamentos que constituyen el corredor seco hondureño, región donde están ubicados gran parte de grupos étnicos y altos índices de pobreza, esta iniciativa ha fortalecido la constitución de un programa de prevención de embarazo adolescente en el marco de la SEDIS.

Respecto a la oferta de servicios de planificación familiar y salud materna, la Red de Servicios de Salud de la SESAL, cuenta con 1.648 establecimientos de primer nivel y 28 de segundo nivel, que brindan cobertura gratuita a la población. Las atenciones de salud materna brindadas en el primer y segundo nivel de atención incluyen atenciones prenatales, parto, puerperio y atenciones por morbilidad general, y el segundo nivel incluyen además las emergencias obstétricas.

En cuanto a la asistencia obstétrica completa, esta se brinda en 27 hospitales de la Red Hospitalaria, tanto básicos, generales y de especialidades; además se cuenta con 74 Servicios Materno Infantiles en 16 Regiones Sanitarias que brindan asistencia obstétrica básica.

Como parte de las estrategias de la SESAL, se ha fortalecido la Red de Servicios de Salud mediante la aplicación de las normas, estrategias y lineamientos de atención, así como la construcción de capacidades del personal proveedor de servicios de salud en el nivel ambulatorio y hospitalario, centralizados y descentralizados como ser el Manual de Estrategia Metodológica de los Servicios de Planificación Familiar, elaborados para el primer y segundo nivel de atención; la Guía operativa gerencial de los Servicios de Planificación Familiar y el Protocolo para la atención en Planificación Familiar, ambos aprobados en 2019.

Asimismo, se fortaleció el componente de la Atención Primaria en Salud a través, de la implementación conjunta de las estrategias comunitarias: Individuo, Familia y Comunidad; Hogares Maternos y Planificación Familiar Rural, que incorpora a la comunidad y gobiernos locales como entes activos en la participación de la promoción de la salud materna y la prevención de mortalidad materno neonatal.

Es de destacar que, en el marco del COVID-19, se desarrollaron los Lineamientos para la Atención de Mujeres Embarazadas en Trabajo de Parto y Puerperio.

La planificación familiar y la salud materna son los pilares fundamentales abordados por las estrategias y las políticas nacionales de salud para el logro de la disminución de la mortalidad materna en las últimas tres décadas.

De acuerdo al estudio Actualización de la Razón de Mortalidad Materna y la tasa de mortalidad en mujeres en edad fértil, en 2015, la Razón de Mortalidad Materna (RMM) pasó de 73 a 60 muertes maternas por 100,000 Nacidos Vivos (NV). En el área urbana la RMM pasó de 86 a 38 muertes maternas y en el área rural pasó de 85 a 58 muertes maternas por 100,000 NV.

La hemorragia durante el embarazo, parto y puerperio es la principal causa de mortalidad materna con un 32 %; seguidos con los trastornos hipertensivos con un 26 %; y, la Sepsis Puerperal 8 %.

El número de muertes infantiles por grupo de edad:

Grupo de Edad	2016	2017	2018	2019*	2020**
Neonatal Temprana (0-7 días)	1,500	1,187	1,192	1,187	1,100
Neonatal Tardía (8-28 días)	403	312	300	290	270
Post Neonatal (29 días-11meses)	879	667	573	476	167
Total	2,782	2,166	2,065	*1,953	**1,537

Fuente: UVS/SESAL

*Datos 2019 provienen del Boletín epidemiológico, UVS/SESAL. Honduras 2019.

**Datos 2020 Boletín epidemiológico hasta la semana 45, UVS/SESAL. Honduras 2020.

Como parte del abordaje del Cáncer cérvico-uterino, la SESAL desarrolló el Proyecto Scale-Up (2015-2019), para la introducción del tamizaje con Virus del Papiloma Humanos (VPH), se tamizaron 80,000 mujeres en 3 regiones del país, 12,000 mujeres resultaron positivas a los serotipos de mayor riesgo, detectando lesiones en 6 de cada 15 mujeres y se brindó tratamiento al 70 % de estas.

Sobre las atenciones a la población en riesgo de enfermedad oncológica priorizada se cuenta con 16 establecimientos para el tratamiento del cáncer cérvico-uterino, 10 en el primer nivel, que anualmente realizan citologías vaginales para la detección de este tipo de cáncer; durante el 2017 se realizaron 189.864 citologías que representan el 92 % de la meta programada, en 2018 se realizaron 188.837 y en 2019 se realizaron 180.884, las cuales representan una ejecución del alrededor del 80 % de la meta programada en ambos años. En los establecimientos del segundo nivel de atención que son 6 a nivel nacional, se registraron 1.460 egresos por cáncer cérvico-uterino durante el 2019.

Respecto a la prevención, la SESAL a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones, introdujo en 2016, la vacuna contra VPH al esquema nacional de vacunación, debido a la alta incidencia del cáncer cérvico-uterino asociado. La población objeto son niñas de 11 años y la vacuna se aplica en 2 dosis, de manera sostenida. Durante el período 2016-2019 la cobertura de vacunación con primera dosis ha variado de 75 % a 94 % y para segundas dosis de 55 % a 65 % respectivamente.

Por otra parte, el Módulo de Salud Sexual y Reproductiva del Programa Ciudad Mujer, brinda servicios de prevención, detección temprana y tratamiento oportuno de cáncer de mama y de cérvix. Desde 2014 realiza brigadas de salud que brindan servicios de mamografías móviles de manera gratuita, priorizando a mujeres en edad de riesgo (entre 40-65 años), a través de las Ferias de la Salud realizadas en 163 de los 298 municipios del país, para que las mujeres puedan realizarse exámenes y revisión médica de manera inmediata para la detección temprana del cáncer y controles mamarios.

Anualmente, las brigadas atienden a más de 4.000 mujeres con examen de mamografía y más de 160.000 personas han recibido atenciones generales de salud en los últimos seis años. Durante el periodo de emergencia por el COVID-19, de marzo a septiembre de 2020, se han brindado más de 32,000 atenciones y más de 88,000 servicios.

Como parte de las acciones de prevención del cáncer de mama, el Programa Ciudad Mujer en conjunto con la OPS/OMS, lanzaron la campaña Tócate para que no te Toque, iniciativa que se realiza para crear conciencia sobre la importancia de prevenir, diagnosticar a tiempo y tener acceso a un tratamiento oportuno del cáncer.

Respecto al inciso d), sobre el acceso a información precisa en salud y derechos sexuales y reproductivos de los NNA, ver contenido de la recomendación párrafo 33 inciso d) en el tema de Educación de este informe.

Adicionalmente, se ha elaborado material educativo e informativo sobre: prevención de diferentes cánceres (mama, útero, estómago, pulmón, abdomen, próstata), sobre autoestima, salud sexual reproductiva, género y salud, prevención de violencia, abuso sexual y VIH en mujeres.

D.Atención al VIH/SIDA

Recomendación del párrafo 39, inciso a) para garantizar la atención y el acceso a tratamientos de ITS, especialmente el VIH/SIDA, en condiciones de igualdad, la SESAL ha implementado las siguientes medidas:

a)Extensión del Plan Estratégico Nacional de Respuesta al VIH y SIDA (PENSIDA IV 2020-2024) orientado a fortalecer las acciones de prevención del VIH con énfasis en las poblaciones clave y poblaciones más vulnerables; intensificar las acciones para ampliar la cobertura y calidad de los servicios de atención, tratamiento y apoyo psicosocial para las personas con VIH en un entorno libre de estigma y discriminación y orientar a los diferentes actores institucionales que trabajan en la respuesta a la epidemia del VIH, incluyendo a la cooperación internacional;

b)Plan de Monitoreo y Evaluación 2020-2024 de la Epidemia del SIDA;

c)Programa de Prevención de la Transmisión del VIH de Madre a hijo/hija; y

d)Reinstalación de la Comisión Nacional del SIDA (CONASIDA) para dar respuesta a iniciativas para la prevención y tratamiento del VIH, en febrero de 2020.

El INAM firmó un convenio con la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH para impulsar el empoderamiento y participación activa de las mujeres con VIH en espacios de decisión política y el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos.

Para la atención a las personas que viven con VIH, la SESAL cuenta con 57 Servicios de Atención Integral a nivel nacional, que brindan abastecimiento de medicamentos, captación de personas que requieren tratamiento antirretroviral, el seguimiento de casos, estabilización de la epidemia de VIH, entre otros. Se han adecuado 54 servicios para adolescentes al interior de establecimientos de salud, 12 en escuelas de mayor concentración de población escolar procedentes de zonas de mayor pobreza. Asimismo, se cuenta con 11 Clínicas Vigilancia Centinela de ITS.

De acuerdo al Informe de Monitoreo Global del SIDA (GAM-2019), se reportaron que el 55 % (156 de 285) embarazadas con VIH reciben Tratamiento Antirretroviral, de las cuales 58 % iniciaron su tratamiento durante el embarazo y el 42 % se encontraban en tratamiento. Respecto a la positividad de los niños perinatalmente expuestos al VIH, estos presentan 1,46 % de positividad.

Además, para la atención integral de la niñez con VIH, 22 SAI cuentan con infectólogos-pediatras que brindan atención especializada a los NNA que viven con VIH.

La SESAL implementa la Guía para proveer servicios de salud libres de estigma y discriminación a personas trans e intersexuales, trabajadores y trabajadoras sexuales, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y personas con VIH.

Un logro importante a señalar es que en los últimos cinco años no se han reportado casos atribuidos a vía de transmisión sanguínea.

En cuanto al inciso b) relativo a las pruebas del VIH y la sensibilización de mujeres y hombres, incluidas las personas con VIH y las que tienen un comportamiento sexual de riesgo, sobre su responsabilidad en la reducción de la transmisión del VIH, anualmente se realizan campañas con el fin de generar conciencia acerca de esta enfermedad y sobre la importancia de hacerse la prueba del VIH, principalmente por aquellas personas de mayor riesgo. En 2018, durante la conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra el SIDA, se lanzó la campaña Hazte la Prueba, Conoce tu Estado, realizada en conjunto con la OPS/OMS en Honduras, OSC y personas viviendo con VIH.

Durante la semana conmemorativa, las autoridades y representantes realizan actos públicos, brindan charlas educativas e informativas, campañas en redes sociales, se realizan pruebas gratuitas, se reparten condones entre la población y, junto a estudiantes universitarios, se ha realizado un festival de cine, entre otras actividades.

El INAM y la OMM de la Moskitia, en 2018 brindaron charlas sobre prevención y protección del VIH-SIDA a mujeres de la zona.

Respecto al inciso c) sobre estudios de prevalencia del VIH se informa que el último fue realizado en el 2012 con fondos de Centro para el Control y Prevención de Enfermedad.

E.Vida Económica y Social y Empoderamiento de la Mujer

Artículo 13

Recomendación del párrafo 41, para garantizar programas de protección social, se cuenta con la Ley Marco Políticas Públicas en Materia Social que tiene por objeto crear políticas públicas en materia social, con énfasis en la población en condiciones de pobreza y grupos en condición de vulnerabilidad; en concordancia con las estrategias del Estado e instrumentos internacionales.

En el mismo marco se crea el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) para recopilar datos sobre los beneficiarios de los programas y proyectos sociales, que implementa la oferta social del Estado. A través de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), que se levanta cada 5 años y recopila información sobre las condiciones de vida de la población, ubicación geográfica, productividad agropecuaria, seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, datos demográficos, educación, ocupación, salud entre otros. Adicionalmente permite la caracterización de hogares de acuerdo a: ciclo de vida, género, multiculturalidad, zona geográfica, condiciones de la vivienda y condiciones socioeconómicas.

De acuerdo a datos de la FSU levantada en 2019, en el Registro Único de Participantes existen 3,537,071personas registradas para los beneficios de los programas y proyectos sociales, de las cuales 1,950,557 son mujeres (55 %), del total de las mujeres beneficiadas el 67.62 % son mujeres de zonas rurales y el 32,38 % son mujeres de zonas urbanas, 384,705 (19,72 %) son mujeres PIAH, el 4,48 % son mujeres con discapacidad y por ciclo de vida el 16,42 % son niñas de primera infancia, 13,25 % son niñas, 13,79 % son adolescentes, 19,24 % son mujeres jóvenes, 29,33 % son mujeres adultas y 7,95 % mujeres adultas mayores.

Respecto al empoderamiento económico de la mujer, se han implementado medidas políticas orientadas a fomentar el crecimiento económico e impactar positivamente en la generación de empleo e inclusión laboral como ser:

a)Aprobación en 2017 de la Política Nacional de Empleo, mediante la ejecución de diversos programas que han contribuido a la inserción laboral de 229,618 hondureños, entre 2016-2019, siendo el 55 % mujeres;

b)El Banco Hondureño de la Producción y Vivienda (BANHPROVI) ha destinado el 36 % de los créditos a mujeres, beneficiado a 60,290 a familias, generado 55,080 empleos y 1.5 millones de personas beneficiadas indirectamente; y

c)El Programa Presidencial Crédito Solidario ha otorgado 176,652 créditos y generado 152,535 empleos. El 80 % de esos créditos se otorgaron a mujeres (50 % son jefas de familia; el 8 % pertenecen a los PIAH y el 2 % son mujeres con discapacidad).

En 2018 SEDIS e INAM socializaron: la Estrategia Credimovil; la propuesta para legalización de MIPYMES; la instalación de ferias locales de mercadeo para impulsar empoderamiento económico de las mujeres en el marco de plataforma de Vida Mejor; y la propuesta de Transversalización de Género en programas de vivienda solidaria, emprendimiento y empleabilidad.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, lanzó el Plan de Inclusión Financiera para la Mujeres, que tiene como objetivo ejercer una supervisión que cuente con la recopilación de datos separados por sexo a nivel nacional, así como buscar la apertura y el uso de servicios y productos financieros por parte de las mujeres.

Específicamente, sobre el empoderamiento de las mujeres rurales y PIAH, se aprobó la Ley y el Reglamento de Crédito para la Mujer Rural a través de BANHPROVI, se crea la Ventanilla de Atención Especial para la Mujer; y, la Línea de Crédito Microempresarial: Mujer Capital de Trabajo.

En el marco del Convenio entre el INAM y SOCODEVI-CAHOVA, se realizan acciones para fortalecer a las mujeres en diferentes zonas del país a fin de empoderarse en temas de emprendimiento económico tanto de la mujer como del núcleo familiar. Con afiliación a 44 empresas asociativas agroforestales de cinco departamentos, fomentando el desarrollo de las cadenas de valor.

F.Mujeres Rurales y PIAH

Artículo 14

En relación a la recomendación del párrafo 43, inciso a), para la implementación del Convenio 169 de la OIT se informa que, el 23 de mayo de 2018, se presentó al Congreso Nacional el proyecto de Decreto de la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada, que se encuentra en proceso de estudio para Dictamen por una Comisión Especial, realizando las siguientes acciones:

a)Socialización del proyecto de Ley con instituciones de la empresa privada, OSC, defensores de los derechos humanos y la cooperación internacional, para dar a conocer su objetivo y contenido, obtener las opiniones técnicas y gestionar la cooperación, asistencia y financiamiento de cooperantes para los procesos de socialización, consulta y aprobación del mismo;

b)Se elabora el mapeo de instituciones que deben participar en el proceso de consultas que debe realizarse para dar legitimidad al proceso;

c)Se solicitó el asesoramiento y apoyo en el diseño de la Estrategia de Consulta a la OACNUDH y a la OIT en Honduras, además, la Comisión de Dictamen solicitó la opinión técnica como organización, en ese sentido el representante de la OIT sobre Asuntos Indígenas acordó brindar su opinión técnica sobre el referido proyecto de Ley;

d)A fin de garantizar la apertura e inclusión de los sectores involucrados, la OACNUDH ha colaborado y acompañado el proceso y, en noviembre de 2019, remitió, la propuesta técnica y cronograma de actividades, que se encuentra en análisis por ese Poder del Estado; y

e)Se solicitó el apoyo para el desarrollo de procesos de capacitación de funcionarios y diputados del Congreso Nacional participes en el proceso de discusión y aprobación de la Ley; en la revisión del proyecto y el proceso de reestructuración del mismo, en consulta con todos los PIAH; y en el diseño de la metodología adecuada para la elaboración y aprobación de este proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, se destaca como una buena práctica para hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, el proceso de consulta en el Concejo Territorial Miskitu de DIUNAT en Brus Laguna, sobre la implementación del Proyecto de Energía Fotovoltaica. También, se realizó el proceso de Consulta al pueblo Miskito sobre el proyecto de explotación petrolera en las costas de la Moskitia con los Consejos Territoriales de la Moskitia, amparado en el Protocolo Bio-cultural del Pueblo Miskito.

En cuanto a la inclusión activa de las mujeres en la formulación y aplicación de políticas y planes sobre el cambio climático, a través de la Escuela de Igualdad y Empoderamiento de las Mujeres Rurales, se brinda asesoría y acompañamiento en la iniciativa de empoderamiento de género a mujeres rurales, con duración de un año, para potenciar las capacidades para la formación de agentes de cambio y la promoción de condiciones de igualdad y equidad, en el uso, conservación y preservación del ambiente y de recursos naturales, espacio de formación y conocimiento con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las mujeres rurales e incrementar su participación social, cultural y política, iniciativa promovida por MiAmbiente+, OSC y cooperación internacional, beneficiando a 30 mujeres representantes de diferentes organizaciones agroforestales y PIAH.

En 2019, el INAM brindó asesoría a MiAmbiente+ para la construcción de la Estrategia de Equidad de Género y Medio Ambiente, con miras a eliminar las desigualdades de género relacionadas con el medioambiente y fomentar la participación de mujeres en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas y programas medioambientales para un desarrollo sostenible. Además, brindó asesoría en la elaboración e implementación de la Guía para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Desarrollo de Proyectos Medioambientales.

El INAM en coordinación con el Instituto Hondureño de Geología y Minas, MiAmbiente+, Instituto de Conservación Forestal, Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y COPECO, elaboraron los Planes de Acción para avanzar en la transversalización de equidad de género, que faciliten el acceso equitativo de los recursos y promover una cultura de género, en cumplimiento del II PIEGH.

Para la formación de la mujer rural para el riesgo y toma de decisiones basadas en su cultura, se cuenta con la primera Escuela de Igualdad y Empoderamiento de la Mujer Rural, centro de referencia a nivel nacional.

Respecto al acceso de las mujeres rurales a la tierra, de acuerdo al Instituto Nacional de Agrario (INA), de 2016-2020 se han beneficiado con títulos de tierras 7,133 mujeres dedicadas al rubro del café y el cacao, titulándose un área de 9,921.361203 hectáreas.

Asimismo, en 2018 se entregaron 1,020 títulos definitivos de propiedad en favor de madres solteras, se constituyeron 38 empresas asociativas campesinas de mujeres, beneficiándose a 172 mujeres.

Sobre la perspectiva de género en las políticas y programas para fomentar las actividades agrícolas, en particular para mujeres PIAH, se cuenta con una Agenda Política de la Mujer PIAH, con miras a una política pública de las mujeres PIAH, que garantice el acceso y plena participación en las estructuras institucionales locales y nacionales, así como en la efectiva participación en la toma de decisiones.

En cuanto a la asignación presupuestaria del INA, para el Ejercicio Fiscal 2015 se asignó un presupuesto de L. 256,668,985.00 y para el Ejercicio Fiscal 2020 se asignó L. 367,201,446.00 significando un aumento del 43 % entre 2015-2020.

Sobre el inciso c), la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural registra denuncias e investiga casos de controversias de tierras y recursos naturales en las zonas en donde históricamente se encuentran asentadas las comunidades PIAH, incluida la violación a los derechos.

Respecto al inciso d), a través del CENISS se focaliza la atención a la mujer en situaciones de vulnerabilidad para beneficiarlas mediante los Programas de Protección Social.

G.Mujeres en Situación de Vulnerabilidad

Desplazadas internas, refugiadas y solicitantes de asilo

Recomendación párrafo 45, inciso b) sobre los esfuerzos para prevenir las causas del desplazamiento y responder a las necesidades de protección y asistencia a las personas desplazadas internas, desde 2018 se cuenta con la Dirección de Protección de Personas Desplazadas Internamente por la Violencia adscrita a la SEDH, la cual en coordinación con la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), conformada por las instituciones públicas y OSC, trabajan en promover políticas y medidas de respuesta en prevención, atención y protección frente al desplazamiento interno, entre ellas:

a)Publicación del II Estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno por Violencia en Honduras 2004-2018;

b)Desarrollo del Manual del Mecanismo de Asistencia Humanitaria en Emergencia;

c)Realización de la Guía Práctica para la Aplicación de Criterios de Atención Diferenciada con Enfoque Psicosocial para las Personas Desplazadas Internamente por Violencia en Honduras;

d)Principios para la aplicación de las políticas de atención a la población desplazada a nivel local, con el objetivo de establecer los criterios básicos para orientar a las autoridades nacionales y locales sobre sus roles y competencias en el marco de la respuesta al desplazamiento interno;

e)Coordinación con las municipalidades para la elaboración e implementación de tres Planes Municipales de Respuesta al Desplazamiento Interno en tres municipios priorizados, con estrategia de soluciones duraderas lo que ha permitido instalar mecanismos locales de coordinación y respuesta; y

f)Curso Especializado en Desplazamiento Interno, capacitando a 40 servidores públicos de 27 instituciones.

Para brindar atención integral a las víctimas del desplazamiento, la SEDH implementa el Programa Piloto CONEXAHMIF a través del cual atiende y da seguimiento a 21 casos, brindando asistencia humanitaria a 59 personas víctimas del desplazamiento (16 son mujeres y 29 NNA), con fondos públicos.

Respecto al inciso c) sobre la adopción de medidas urgentes y duraderas para combatir el fenómeno del desplazamiento, el 27 de marzo de 2019, la CIPPDV presentó al Congreso Nacional el proyecto de Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Forzosamente, que se encuentra pendiente de dictamen. Con el objetivo de agilizar su discusión y aprobación, se lanzó la campaña 247,000 Razones.

Es importante destacar que las acciones implementadas para atender el desplazamiento, han tomado como base los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y las recomendaciones emitidas en 2016 por el Relator Especial para los Derechos Humanos de los Desplazados Internos durante su visita a Honduras, mismas que han sido adaptadas en el referido Proyecto de Ley.

En cuanto al Inciso d), se adoptó el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, a través del cual se busca dar una respuesta solidaria, coordinada e integral al fenómeno del desplazamiento forzado en la región en países de origen, tránsito y destino, protegiendo a personas refugiadas, solicitantes de refugio, desplazadas internamente y retornadas con necesidades de protección, iniciativa promovida por ACNUR, la OEA y el SICA.

Mujeres Privadas de Libertad

A noviembre del 2020, se registraban 1,188 mujeres privadas de libertad (MPL) que representan el 4,64 % del total de personas privadas de libertad (PPL), 414 se encuentran sentenciadas y 774 están en proceso judicial.

Recomendación del párrafo 47, el nuevo Código Penal contempla las siguientes formas sustitutivas a la prisión:

a)La suspensión del fallo;

b)El reemplazo de la pena que incluye el arresto domiciliario, pena de detención de fin de semana, localización permanente, y la expulsión del territorio nacional;

c)Suspensión condicional de la ejecución de la pena; y

d)La libertad condicional, destacando que este beneficio se aplicará cuando se haya cumplido un 1/2 de la pena en casos de prisión con pena de hasta 15 años y haber cumplido 2/3 de la pena en aquellas condenas de 15 a 30 años, el Código Penal anterior concedía el beneficio de libertad condicional al cumplir las 3/4 partes de la pena.

Por otra parte, el Congreso Nacional reformó el artículo 184 del Código Procesal Penal vigente, referente al catálogo de delitos que no aceptan medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Asimismo, establece la revisión de oficio de las medidas cautelares de prisión preventiva de las PPL procesadas con enfermedades de base que los incluya en la población de mayor riesgo a contraer el virus del COVID-19, procediendo a sustituir la medida cautelar por la de arresto domiciliario.

Adicionalmente, el Estado implementó el Plan de Descongestionamiento de los Centros Penitenciarios, de marzo al 30 de octubre de 2020, se otorgaron 2,773 beneficios a PPL como ser: Libertad condicional y conmuta de pena, cumplimiento de la pena, revisión de medida y liberación de personas por enfermedad terminal. De igual manera, el INP ha otorgado beneficios de preliberación a 216 MPL.

Para velar por las mejores condiciones de las PPL incluidas las MPL, desde 2017 el Sistema Nacional Penitenciario (SNP) ha reducido la sobrepoblación penitenciaria en un 46 % y ha mejorado sus condiciones de vida.

Además, para lograr la reinserción social de las PPL, se cuenta con diferentes programas de capacitación impartidos a 1,400 PPL de 12 centros penitenciarios beneficiándose a 160 MPL en temas agrícolas, valores y estimulación al desarrollo, entre otros.

Para garantizar que las MPL gocen de condiciones de salud e higiene, en el marco de la Política Pública en Salud y el Plan Nacional de Salud 2021, el INP mantiene abastecidas las clínicas médicas de los centros penitenciarios a nivel nacional, incluyendo la PNFAS, con medicamentos suministrados por la SESAL y otros adquiridos con presupuesto del INP.

Al ingresar las mujeres al SNP, se les realiza un examen médico, para determinar cualquier tipo de abuso sexual y otras formas de violencia que pudiera haber sucedido antes de la admisión, según lo requerido por las Reglas de Bangkok; brindando atención psicosocial permanente.

En el caso de las MPL embarazadas, se refieren a un centro hospitalario para la atención durante y después del parto. En el período de posparto y lactancia tienen acceso a atención médica diaria, en las áreas de ginecología y obstetricia y sus hijos a servicios de pediatría. Las MPL embarazadas y aquellas con hijas e hijos de hasta cuatro años, se encuentran ubicadas en el Módulo Hogar Sala Cuna, separado del resto de la población de MPL.

En el marco de la pandemia del COVID-19, se realizan brigadas en PNFAS para identificar casos positivos a fin de proporcionarles el tratamiento y kit de aseo.

La SESAL brinda atenciones a la mujer con un enfoque integral y estableciendo interrelación en los aspectos de información, promoción, prevención y atención, considerando las etapas de la vida de las mujeres y no solo su función reproductiva.

En agosto de 2018, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional sobre Atención de Salud Integral a la PPL, entre SCGG, SEDH, SESAL y el INP; teniendo como objetivo principal, especificar el marco de cooperación, técnico y financiero, uniendo esfuerzos y recursos para la prestación de servicios integrales de salud a las PPL que tiene el SNP.

Asimismo, se elaboró el Plan de Ejecución del Convenio que incorpora los compromisos institucionales para mejorar el proceso de protección a la salud de las PPL y se crea la Mesa de Salud Penitenciaria para el acompañamiento de los 37 acuerdos suscritos en el Adendum al Convenio, entre ellos:

a)Licenciamiento de los servicios;

b)Integración de los Servicios de Salud del INP a las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS);

c)La SESAL complementará los insumos, medicamentos y reactivos a nivel nacional, que se limitará a la lista aprobada por RISS para el primer y segundo nivel, para los problemas de salud priorizados como ser vacunas y otros que especifique la lista;

d)Asesoría técnica sobre las buenas prácticas de almacenamiento; y

e)Proporcionará el listado de medicamentos del cuadro básico nacional de acuerdo al nivel de atención para la priorización dentro de las compras del INP a efecto de proporcionar una guía base.

Con el fin de inspeccionar el estado de las MPL y brindar asistencia humanitaria, la Unidad de Género del Poder Judicial realiza visitas anuales al PNFAS.

Además, el INAM en alianza con IDLO-Honduras, abordan la problemática de las MPL, con el fin de establecer acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida y el acceso a la justicia.

VI.Parte IV

A.Matrimonio y Relaciones Familiares

Artículo 16

Recomendación 49 inciso a), sobre los efectos del régimen de comunidad de bienes económicos sobre la mujer, de acuerdo a la normativa vigente, antes de celebrar el matrimonio, los futuros cónyuges pueden acordar en lo que se refiera a sus bienes presentes y futuros; para tal fin, deben celebrarse capitulaciones matrimoniales, las que pueden modificarse después de celebrado el matrimonio.

En cuanto al inciso b), se informa que, el artículo 21 del Código de Familia prohíbe el matrimonio de los niños y niñas menores de edad, asimismo, mediante Decreto Legislativo 44-2017 del 12 de julio de 2017, se derogó el último párrafo del artículo 16 del Código referido, que permitía el matrimonio de niñas de 16 años con la autorización de sus padres. En ese sentido, actualmente solo pueden contraer matrimonio las personas mayores de 21 años, y queda unificado los 18 años como la edad mínima permitida para contraer matrimonio de mujeres y hombres siempre con autorización de los padres o tutores.

Respecto al inciso e), sobre la aprobación del Reglamento de la Ley MAPA, este fue aprobado en 2019.

VII.Recomendaciones y Disposiciones Finales

A.Reunión y Análisis de Datos

Recomendación del párrafo 51, sobre administrar, mejorar y analizar datos desglosados, el INE cuenta con un mecanismo de recopilación de datos denominado Sistema de Indicadores Sociales sobre Niñez, Adolescencia y Mujer (SISNAM), alimentado permanentemente por el Comité Técnico Interinstitucional de la Niñez, Adolescencia y Mujer.

El SISNAM recopila más de 80 indicadores socio-económicos, consensuados, que contribuyen en los procesos de diseño y ejecución de políticas de Estado y a la elaboración anual de documentos y trifolios temáticos especializados en mujer y niñez.

Además, el INE en coordinación con la SESAL, la asistencia de la Unión Europea y el apoyo técnico y financiero de UNICEF, actualmente levantan la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDESA/MICS) con el objetivo de recopilar información sobre la situación de salud y sus determinantes sociales de grupos de mujeres de 15-49 años y hombres de 15-59 años; datos sobre fecundidad, salud reproductiva y salud en general; de niñez menor de cinco años y NNA de 5-17 años; el estado nutricional de la niñez y mortalidad infantil; violencia intrafamiliar; morbilidad; VIH/SIDA; indicadores de vivienda; utilización de servicios, y gastos de salud e indicadores demográficos de la población hondureña. Además, por primera vez se valorará la calidad del agua para consumo y la yodación de sal.

La ENDESA/MICS 2019, guarda especial interés por el alcance que tiene en la medición de los avances de los ODS y de los indicadores propuestos en Plan de Nación y Visión de País.

La ENDESA se ejecuta con la metodología de Indicadores Múltiples por Conglomerados, que es un programa internacional de Encuestas de Hogares elaborado por UNICEF. Esta encuesta incluye un módulo de Violencia Doméstica e Intrafamiliar y un módulo de victimización y percepción de la seguridad.

Por otra parte, la Plataforma de Monitoreo de la AN-ODS proporciona información cuantitativa y cualitativa relevante relacionada a los indicadores priorizados AN-ODS, siendo una fuente de información y un espacio de colaboración tanto para OSC, Academia, organismos internacionales, instituciones públicas y la población en general.

B.Protocolo Facultativo y Enmienda al Artículo 20, Párrafo 1, de la Convención

Recomendación párrafo 52, sobre la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, el INAM promueve la ratificación del mismo, a través de su socialización con la participación plena de las mujeres.

C.Avance en la Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

En 2019 el Estado de Honduras presentó su Informe de Evaluación sobre el progreso alcanzado y los desafíos encontrados para su implementación ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, destacándose entre los logros:

a)Atención, prevención y reducción de la Violencia en todas sus manifestaciones, como una reducción del 27 % de las muertes violentas de mujeres en 2018 respecto al 2014, el aumento del 52 % de la cultura de denuncia por violencia doméstica y nuevas metodologías para el abordaje de la violencia;

b)Inclusión de la mujer y promoción del empoderamiento a través de programas y servicios enfocados en la atención de las mujeres especialmente de las zonas rurales;

c)Cambios de normativa en materia de planificación y presupuestos para asegurar financiamiento a la igualdad, por medio de la incorporación del enfoque de género y derechos humanos de las Mujeres en las Disposiciones Presupuestarias, así como el Índice de Inversión en Equidad de Género; y

d)Nuevas estrategias y mecanismos para institucionalizar el género, mediante el fortalecimiento de las Unidades de Género en las instituciones públicas y las OMM.

D.Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

En 2015 Honduras adoptó la Agenda 2030, como parte de su compromiso inició acciones estratégicas orientadas a establecer el marco nacional para el logro de los ODS, bajo el liderazgo de la SCGG, con el apoyo de la ONU, diversas organizaciones de cooperación externa y actores de la sociedad. En 2018 se creó la Comisión Nacional de la Agenda 2030.

En 2019 se aprobó la AN-ODS, priorizando 68 metas y 99 indicadores nacionales, definidos con base a su alineamiento con los principales instrumentos del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo (SNPD) como ser: la Visión de País al 2038, el Plan de Nación al 2022 y el Plan Estratégico de Gobierno 2018-2022; así como las capacidades de medición del Sistema Nacional de Estadísticas. Por lo que, complementa los instrumentos de planificación, seguimiento y monitoreo del desarrollo, fortaleciendo el abordaje inclusivo y participativo de las políticas públicas que promueve la Agenda 2030, como un aspecto fundamental para la planificación del país.

En julio de 2017, se presentó el primer Examen Nacional Voluntario denominado Sentando las Bases para implementar la Agenda 2030 de los ODS y en 2020 su segundo informe denominado del Crecimiento Económico al Desarrollo Sostenible.

La AN-ODS se constituye en un proceso abierto, dirigido a lograr que la misma sea consistente con los principales instrumentos del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo, manteniendo inalterable el contenido fundamental de la AN-ODS, con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible que se derivan de la AN-ODS.

En la aplicación de la AN-ODS para el Desarrollo Sostenible de Honduras y de conformidad con el ODS 5, el Estado cuenta con las siguientes metas:

a)Disminuir la discriminación contra las mujeres y las niñas;

b)Eliminar las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas; y

c)Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica y pública

Indicadores:

a)5.1.1 Porcentaje de cumplimiento de marcos legales para promover, hacer cumplir y monitorear la igualdad y la no discriminación por razón de sexo;

b)5.2.1 Porcentaje de mujeres de 15-49 años que han experimentado violencia a manos de su pareja íntima;

c)5.3.1 Porcentaje de mujeres que ocupan un escaño en el Congreso Nacional;

d)5.3.2 Porcentaje de mujeres que ocupan cargos en gobiernos locales; y

e)5.3.3 Porcentaje de mujeres en cargos directivos y gerenciales.

E.Asistencia Técnica

En la aplicación de la Agenda 2030 y de conformidad con el ODS-17, el Estado con el fin de fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, ha establecido como metas:

a)Aumentar el apoyo internacional para los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de los ODS;

b)Fomentar la constitución de alianzas eficaces público, privada y de la sociedad civil, para obtención de recursos al desarrollo; y

c)Apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

Indicadores:

a)17.6.1 Número de nuevos proyectos de Cooperación no tradicional gestionada (Cooperación Privada y CSS y Triangular);

b)17.7.1 Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo incorporados al sistema de cooperación; y

c)17.8.1 US$MM de cooperación internacional para fortalecer la capacidad estadística del país.

A la vez, se aprobó la Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo Sostenible que tiene como objetivo general Asegurar la eficacia de la cooperación para el desarrollo sostenible e inclusivo de Honduras, con la participación de todos los actores y socios al desarrollo, públicos y privados, nacionales e internacionales.

Con el propósito de articular la Agenda de Derechos Humanos y la Agenda de Desarrollo, la SEDH con la asistencia técnica del OACNUDH, vinculó las Recomendaciones Internacionales de todos los Órganos de Tratados y el Examen Periódico Universal, las Acciones de la Política Pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con los ODS el cual es de acceso público.

F.Ratificación de Otros Tratados

Recomendación párrafo 57, sobre la ratificación del Protocolo relativo al procedimiento de comunicaciones se informa que, el Estado de Honduras se mantiene en permanente revisión y evaluación de sus instrumentos internacionales, sin embargo, aún no ha tomado la decisión de ratificarlo. Cabe mencionar que a las víctimas les asiste el recurso internacional de presentar sus denuncias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una vez agotado los recursos internos.

El Estado de Honduras tiene a bien informar que, se ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

G.Seguimiento de las Observaciones Finales

Finalmente, en cumplimiento de la recomendación del párrafo 58, el 10 de diciembre de 2018, Honduras presentó al Comité su informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones 13 a) y d), y 29 a) y b) en la fecha estipulada.