contra la Mujer
Grupo de trabajo anterior al período de sesiones
39° período de sesiones
23 de julio a 10 de agosto de 2007
Respuestas a la lista de cuestiones y preguntas relativas al examen de los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados
*El presente informe se publica sin revisión editorial.
Honduras*
Honduras
Instituto Nacional de la Mujer (INAM)
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Respuesta a la lista de cuestiones y preguntas relativas al examen de los informes periódicos
El grupo de trabajo anterior al período de sesiones examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Honduras (CEDAW/C/HON/6).
Aspectos generales
Resumen del proceso realizado en la elaboración del informe en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer realizado por el INAM
Sírvanse proporcionar información sobre el proceso de preparación de los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados. La información debe indicar los departamentos gubernamentales que participaron en esa tarea y el carácter y alcance de tal participación, si se celebraron consultas con organizaciones no gubernamentales y si el Gobierno aprobó el informe y lo presentó al Parlamento.
Para la realización del informe se contrato un equipo de consultoras para la búsqueda de la información requerida no obstante se realizó un proceso de coordinación interinstitucional bajo la coordinación del INAM.
a)Se convoca a Secretarios/as de Estado y Directores/as de instituciones a un desayuno y se les informa sobre el proceso de elaboración del informe;
b)En ese desayuno se logra obtener un compromiso de que cada institución nombre personal de enlace;
c)Se integra un equipo con cada una de las contrapartes;
d)Se realiza un taller de formación con las contrapartes para orientarlas en relación a la información solicitada por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
e)Consultas con la sociedad civil y el movimiento amplio de mujeres.
Las instituciones que participaron en el proceso fueron: Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA); Instituto Nacional Agrario (INA); Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes; Secretaría de Estado en el Despacho de Salud; Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG); Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS); Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores; Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional; Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas; Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio (SIC); Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales (SERNA); Ministerio Público; Instituto Hondureño de Turismo (IHT); Corte Suprema de Justicia – Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ); Instituto Nacional de la Mujer (INAM).
Al haber trabajado cada una de las instituciones como contrapartes, se realiza entonces una aprobación tácita del informe y el cual no fue presentado ante el Congreso Nacional.
Se integraron funcionarios(as) de las diferentes instituciones del Estado y oficinas de género los cuales se incorporaron en el proceso de elaboración del informe aportando información solicitada de acuerdo a la competencia de cada una de las instituciones participantes.
Sírvanse proporcionar información sobre los sistemas de recopilación de datos en el país en general, e indicar en qué medida esos datos se desglosan por sexo. Sírvanse explicar cómo el Gobierno recopila información relativa a diferentes cláusulas de la Convención y cómo se utilizan esos datos para elaborar políticas y programas y para vigilar los progresos que se registran en el logro de la igualdad de hecho entre las mujeres y los hombres.
Los principales sistemas de información los manejan las Secretarías de Salud, Educación y Seguridad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Poder Judicial.
La información recopilada en estos sistemas se encuentra desagregada por sexo, aunque la información que maneja el INE es la única que se publica periódicamente.
El INE a través de un convenio con el UNICEF ha desarrollado el Sistema de Indicadores Sociales para la Niñez, Adolescencia y la Mujer (SISNAM). Este sistema que originalmente se orientó a dar seguimiento a los indicadores diseñados para los objetivos de desarrollo del Milenio, también incorpora indicadores para el seguimiento de las convenciones, el cual esta funcionando y existe una instancia de coordinación interinstitucional que se reúne mensualmente para dar seguimiento y evaluar los avances del sistema.
En el Poder Judicial de Honduras se ha incluido en los formatos de recolección estadística de las diferentes materias en especial la de violencia doméstica, indicadores desagregados por sexo y edad de las partes, visualizando las necesidades, tendencias para realizar proyecciones de creación de nuevos juzgados, modificación de las jurisdicciones que están en funcionamiento.
También se cuenta con un Sistema de Seguimiento de Denuncias de Violencia Doméstica, que sirve como herramienta a los jueces para la captura, seguimiento y consulta de denuncias en dicha materia (actualmente instalado en San Pedro Sula y Tegucigalpa). Este sistema brinda datos estadísticos que son facilitados a las diferentes instituciones que los soliciten, la cual es utilizada para el desarrollo de proyectos, identificación de áreas de especial preocupación y para la ejecución de programas dirigidos a promover la equidad e igualdad de género y políticas gubernamentales para el mejoramiento social y humano.
Es necesario realizar acciones orientadas al fortalecimiento del sistema de estadística del país, para contar con información que se oriente a la focalización de políticas públicas.
Marco constitucional y legislativo
Sírvanse indicar si las disposiciones de la Convención se han invocado ante tribunales nacionales y citar ejemplos de la jurisprudencia en ese sentido. Sírvanse indicar, asimismo, qué medidas ha tomado el Gobierno para proporcionar información y capacitación suficiente a los profesionales del derecho y otras personas encargadas de dar cumplimiento a la Convención, incluidos abogados, jueces y fiscales, sobre las obligaciones jurídicas internacionales asumidas por el Estado Parte en virtud de la Convención.
La Fiscalía Especial de la Mujer, en sus actuaciones ante el Poder Judicial invoca regularmente los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Dentro del Poder Judicial se ha desarrollado una serie de capacitaciones dirigidas a los diferentes operadores de justicia en las distintas zonas en el ámbito nacional, haciendo conciencia en la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la administración de la justicia, y que a su vez se vea reflejado en las sentencias que dictan, comprometiéndose a establecer la protección jurídica de los derechos de los hombres y mujeres sobre una base de igualdad y garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos de la mujer contra todo acto de discriminación.
Se ha sensibilizado sobre la facilitación del acceso a la justicia de la mujer en las demandas planteadas, alejada de cualquier prejuicio discriminatorio. Quedando permanentemente incorporado el enfoque de género en los planes, programas y proyectos de capacitación de la Escuela Judicial. Asimismo, se ha capacitado sobre la legislación nacional e internacional relacionada con la igualdad de género y derechos de la mujer.
Estos esfuerzos se realizan a través de la firma de convenios que se suscriben con diferentes instituciones entre las cuales podemos mencionar: el INAM y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). En este marco una experiencia exitosa ha sido la conformación del Comité Interinstitucional de Género y Justicia compuesto por el Poder Judicial y el INAM quienes dan seguimiento a estos acuerdos.
En el informe se señala que el Código Penal se enmendó a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, otras leyes, códigos de procedimiento, reglamentos e instrumentos todavía contienen cláusulas discriminatorias. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se hayan adoptado o se prevean adoptar para eliminar todas las cláusulas discriminatorias del marco jurídico nacional y especificar un plazo para ello.
Existe una iniciativa de homologación y consolidación del sistema jurídico que tiene como objetivo la revisión de todas las leyes del ordenamiento jurídico del país. Uno de los elementos a considerar es el tema de género.
Con relación a las medidas, se ha avanzado puntualmente en la presentación de una propuesta de creación de la Unidad de Género dentro del Poder Judicial (sujeta a aprobación), la cual cumpliría un papel protagónico en este tipo de temas, por otro lado se han realizado discusiones interinstitucionales sobre el tema de feminicidios y la Fiscalía cuenta con una propuesta de creación de la Unidad de crímenes violentos contra mujeres.
Sírvanse indicar si se han adoptado medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general No. 25 del Comité, y qué resultados se han alcanzado con su aplicación.
Con las reformas a la Ley contra la Violencia Doméstica, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de marzo de 2006, se han creado los Juzgados Especializados contra la Violencia Doméstica en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los que conocerán de los asuntos especiales contemplados en la Ley, encontrándonos en un proceso de dotación de nuevos espacios físicos adecuados para el nuevo modelo de gestión del despacho, además de personal auxiliar adecuado como trabajadoras(es) sociales y psicólogas(os), espacios para atención a menores que acompañan a las y los denunciantes. Asimismo, se crea el cargo de Juez de Ejecución, que será encargado de la vigilancia, control y seguimiento de la ejecución de los mecanismos de protección, prórroga de medidas y sanciones que deban imponer en cumplimiento de la Ley Contra la Violencia Doméstica.
La Corte Suprema de Justicia ha fusionado en un solo despacho los Juzgados de Letras 1 y 2 de Familia de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, teniendo jurisdicción en asuntos contenciosos y voluntarios en materia de familia para proporcionar un servicio de mejor calidad de acuerdo a nuevos estándares de gestión y centralizar en una sola oficina los servicios que éstos prestan a la ciudadanía.
De igual forma se procedió a la creación de una sala especializada dentro de la Corte Segunda de Apelaciones que conocerá de las materias de familia y violencia doméstica.
Marco institucional
En el informe se reconoce que la institucionalidad de la perspectiva de género es débil. Ello obedece fundamentalmente a la falta de recursos, mecanismos de coordinación, conocimiento de los derechos de la mujer y voluntad política, así como a las actitudes patriarcales que existen, todo lo cual impide promover la igualdad de la mujer. En el informe se señala también que las limitaciones de recursos afectan la labor del Instituto Nacional de la Mujer. ¿Cómo y cuándo contempla remediar esta situación el Estado Parte?
Uno de los logros recientes encaminados al fortalecimiento de la institucionalidad del INAM es la incorporación de éste ante el gabinete social, lo cual le facilita hacer la incidencia necesaria ante las Secretarías de Finanzas y la Comisión de Finanzas del Congreso Nacional que por primera vez el Instituto Nacional de la Mujer realiza una presentación rindiendo informe y fundamentando la necesidad de ampliación de presupuesto basándose en los resultados esperados ante la implementación de la Política Nacional de la Mujer y los compromisos suscritos por el Estado de Honduras.
También se ha realizado incidencia ante la sociedad civil y organismos cooperantes sobre el limitado presupuesto del INAM, lo cual repercute en el cumplimiento efectivo de los resultados esperados.
A pesar de que en 1994 se creó la Fiscalía Especial de la Mujer, en el informe se indica que, en la práctica, en “la aplicabilidad de la justicia se tropieza con una serie de obstáculos que directamente tienen que ver con las personas que están tomando las decisiones en los diferentes poderes del Estado”. ¿Cuáles son esos obstáculos y qué medidas concretas está adoptando el Gobierno para eliminarlos en un plazo determinado?
a)Modificación de patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres que administran justicia.
Si bien es cierto que los cambios de la Ley en Honduras se produjeron en el año de 1997, al haber reconocido la violencia en los hogares como un problema público y no privado al haberse aprobado los artículos 179-A y 179-B en el Código Penal que establece sanción penal por el delito de violencia intrafamiliar. Estos cambios no se dieron de un solo en los operadores de justicia, que seguían viendo los casos de violencia intrafamiliar como un asunto privado. Con ello se demostró que existía la persistencia de prejuicios y de las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Es por ello, que esto afectó en alguna medida las decisiones judiciales.
Capacitación:
•La Fiscalía Especial de la Mujer, ha realizado jornadas de capacitación en el ámbito nacional (Fiscales, Jueces, Policía) en género y justicia, violencia doméstica e intrafamiliar, delitos sexuales.
•El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial de la Mujer en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, en el año de 2006 realizaron 1.020 capacitaciones a fin de dar a conocer el Manual de Procedimientos sobre las Reformas de la Ley Contra la Violencia Doméstica a los operadores de justicia, a fin de que se pusiera en marcha el nuevo procedimiento y atención de las denuncias de violencia doméstica que establecen el Decreto No.250-2005.
•El Ministerio Público junto con la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interinstitucional para el Seguimiento y Aplicación de la Ley Contra la Violencia Doméstica, realiza constantemente encuentros entre los operadores de justicia y sociedad civil, a fin de identificar las buenas prácticas que conlleve a erradicar la violencia contra la mujer.
b)El Presupuesto al Ministerio Público, que es de 400 millones, el cual en los últimos años ha sido el mismo asignado y no permite el crecimiento de la institución en la medida que crece la demanda. Es por ello, que la Fiscalía de la Mujer solamente tiene asignado 4.366.285,00 para el ejercicio fiscal de cada año. Siendo esta Fiscalía la que más demanda de la ciudadanía recibe alrededor de 10.000 denuncias anuales por violencia contra la mujer.
El Congreso Nacional el 20 de diciembre de 2006 establece una partida presupuestaria para el fortalecimiento del Ministerio Público y específicamente en la Fiscalía Especial de la Mujer, para la atención y combate de la violencia contra la mujer, a fin de que se creen las Unidades Especializadas para investigación de Muerte Violenta de la Mujer.
c)Adoptar medidas de carácter legislativo para modificar, derogar o crear leyes.
•Mediante Decreto No. 250-2005, fueron aprobadas por el Congreso Nacional las reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica, las cuales entraron en vigencia el 11 de marzo de 2006.
•Decreto No. 234-2005 Reformas del Título II. Del Libro Segundo parte Especial del Código Penal, cambiando su título que era “Delitos contra la Libertad Sexual” por “Delitos contra la Libertad e Integridad Física, Psicológica y Sexual de las Personas”.
•La Ley de Protección de Testigos, Víctimas y demás Intervinientes en el Proceso Penal, que fue recientemente aprobada en el Congreso Nacional y está por publicarse.
•Leyes que se encuentran en discusión y/o que fueron y que el Ministerio Público ha tenido una participación activa:
•Ley contra la Violencia Doméstica
•Reformas de la Ley contra la Violencia Doméstica
•Ley orgánica de la policía
•Ley de Protección de Testigos, Víctimas y demás Intervinientes en el Proceso Penal
•Ley de Enfermedades Terminales
•Ley de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.
d)Creación de instancias y enlaces de atención de la violencia contra la mujer.
Uno de los obstáculos más profundos era la falta de tribunales especializados para atender la violencia doméstica, lo que en este momento es superado ya que la Corte Suprema de Justicia ha creado la Jurisdicción Especializada de los Juzgados contra la Violencia Doméstica en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, con Jueces y personal jurisdiccional especializado en el tema que viene a fortalecer el sistema de justicia en esta materia. Así como un Juez de Ejecución de la sentencia como lo establecen las reformas que fueron aprobadas en el año 2005.
La creación de las Oficinas Municipales de la Mujer, que son centros de atención e información a la mujer, en las cuales la Fiscalía Especial mantiene contacto para la atención de casos de su competencia, en coordinación con el Instituto Nacional de la Mujer, así como la Oficina de Gerencia Social, que es la que vigila el cumplimiento de la sanción que se impone a los agresores en las sentencias de violencia doméstica.
Sírvanse hacer un resumen breve de la Política Nacional de la Mujer – Primer Plan de Igualdad de Oportunidades, 2002-2007, en el que se incluya información sobre los recursos asignados para su aplicación, los mecanismos y procedimientos existentes para observar y evaluar periódicamente sus efectos y los resultados alcanzados hasta la fecha.
La Política Nacional de la Mujer: Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades fue elaborada a través de un proceso participativo que involucró 36 instituciones gubernamentales y 62 organizaciones de la sociedad civil. También, se consultó la opinión de más de 300 mujeres representantes de diversas organizaciones regionales.
El Plan Nacional define cinco ejes prioritarios: Salud, Educación y Medios de Comunicación, Participación Social y Política, Economía y Pobreza, y Violencia. Éstos fueron seleccionados con base en las necesidades y desigualdades que afectan en forma significativa a las mujeres hondureñas, detectadas por el Instituto Nacional de la Mujer; como en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y en los compromisos asumidos por el Gobierno de Honduras en la IV Conferencia Mundial de la Mujer.
En la selección de estos ejes se consideró también la Política de Equidad de Género en el Agro, impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Política de Equidad de Género de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), las Políticas de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, la Incorporación del Enfoque de Género en los presupuestos de las instituciones públicas que realiza la Secretaría de Finanzas, las propuestas planteadas por las unidades de género de algunas dependencias del Estado y la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).
Este Primer Plan de Igualdad de Oportunidades 2002-2007 está por concluir; es así que por primera vez el Estado de Honduras realizará una evaluación sobre los resultados de la Implementación del Primer Plan de Igualdad y el impacto del mismo en la vida de las mujeres.
Sírvanse proporcionar información sobre el mandato, el alcance de las actividades y los recursos a disposición de la Asociación de Comunicadores Sociales por una Cultura de Equidad de Género, que apoya la participación política de la mujer con arreglo a la Política Nacional de la Mujer.
La Asociación de Comunicadores Sociales por una Cultura de Equidad: asociación de carácter público, sin fines de lucro, con duración indefinida, tiene el propósito de contribuir al fortalecimiento de la democracia a través de la promoción de la participación efectiva de la mujer en la toma de decisiones, de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana.
El patrimonio de la Asociación procede de las cuotas de sus integrantes, de otros ingresos derivados de la actividad propia de la misma, de aportaciones voluntarias, está también constituido por bienes muebles e inmuebles que en el futuro pertenezcan a la Asociación; así como por aportaciones voluntarias en numerario o en especie, herencias, legados y donaciones que reciba.
Para el período 2008-2009, el Instituto ha formulado dos Proyectos cuyo objetivo es: “Contribuir a crear las condiciones para que las estructuras estatales, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil cumplan con la normativa nacional e internacional encaminada a garantizar la participación política de las mujeres en forma paritaria con los hombres”, proyecto en el cual se ha considerado a los Comunicadores Sociales como actores clave en el proceso de promoción de las mujeres a cargos de elección popular, definiendo acciones encaminadas a la consolidación y fortalecimiento de estas estructuras.
Estereotipos y educación
Cuando examinó el informe inicial y los informes periódicos segundo y tercero combinados de Honduras, el Comité expresó la esperanza de que el Estado Parte adoptara medidas enérgicas para eliminar los estereotipos e incluir tanto a los hombres como a las mujeres en sus medidas de concienciación dirigidas a eliminar la discriminación de la mujer. Sírvanse proporcionar más información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir los estereotipos negativos generalizados y las actitudes culturales que discriminan contra las mujeres y las niñas, incluidas las mujeres con discapacidad, las indígenas y las de ascendencia africana, y sobre los resultados alcanzados a lo largo del tiempo.
En el marco de la inclusión del enfoque de equidad de género en el desarrollo de Honduras, el Estado mediante procesos educativos de concientización dirigida a eliminar la discriminación de la mujer, está generando acciones afirmativas a través de la Secretaría de Educación en coordinación articulada con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM).
En el avance de la instrumentalización de las propuestas realizadas por el INAM ante la incorporación del enfoque de equidad de género en el Currículo Nacional Básico, específicamente en los diseños curriculares de los niveles de pre-básica, básica y media; tanto en las opciones de la educación formal como en algunas opciones de la educación alternativa no formal y la formación profesional, impulsando desde allí una educación no sexista, para combatir los estereotipos negativos generalizados y las actitudes culturales que discriminan contra la mujer.
En la actualidad están en marcha tres maestrías en las universidades nacionales del país, abordando en la currícula el tema de género.
En el informe se dan pocos datos sobre las políticas y los objetivos en el ámbito de la educación y se dice que “el tema de género no constituye una prioridad para las instituciones” (párr. 137). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que el Gobierno haya adoptado o prevea adoptar a fin de priorizar la igualdad entre los hombres y las mujeres y entre las niñas y los niños en materia de educación y garantizar que todas las mujeres y niñas tengan igualdad de acceso a la educación y la capacitación y que se alcancen altas tasas de retención escolar y finalización de estudios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención.
El tema de género se ha incluido en el Currículo Nacional Básico, específicamente en los diseños curriculares de los niveles de pre-básica, básica y media.
Existen actualmente programas educativos que facilitan el acceso a la educación en igualdad de oportunidades a niñas y niños de las áreas rurales entre los cuales podemos mencionar: Educatodos y PRALEBAH, así como otras opciones alternativas no formales que impulsan el mejoramiento de las tasas de retención escolar y finalización de los estudios a través de centros educativos oficiales y no oficiales.
Existen iniciativas orientadas a promover la incorporación de mujeres y hombres a programas de formación no tradicionales impulsadas a través de un espacio de coordinación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no Formal (CONEANFO) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM).
Sírvanse proporcionar información estadística, desglosada por edad, grupo étnico y zonas urbanas y rurales, que muestre las tendencias y los resultados obtenidos en la educación de las mujeres y las niñas hondureñas en el período que abarca el informe.
Existe información estadística sobre el tema, pero no se ha realizado un estudio y análisis sobre la tendencia de acceso a la educación sobre niñas y mujeres considerando variables étnicas, ubicación geográfica y edad.
Sírvanse proporcionar información sobre la incidencia de embarazos de adolescentes en Honduras y sus efectos en los logros de las niñas en materia de educación. Sírvanse informar también sobre el apoyo que se presta a las adolescentes embarazadas o a las madres jóvenes para que continúen sus estudios. En este sentido, sírvanse incluir información sobre la aplicación del artículo 35 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, que permite conceder licencias de maternidad a estudiantes embarazadas.
Según la Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar (ENESF) 1995-1996, cerca del 45% de las mujeres de 18 años ya han iniciado relaciones sexuales, y la mitad de ellas ya tienen a esa edad el primer embarazo; 8,5% de las mujeres de 15 años y cerca del 40% de las de 18 años ya han tenido una unión marital, y a los 20 años, 50% de las mujeres son madres.
Con relación al cumplimiento del artículo 35 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer referente a conceder licencia por maternidad a estudiantes embarazadas, se han presentado denuncias por las adolescentes afectadas ante la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público.
Salud
Sírvanse presentar datos, desglosados por edad, grupo étnico y zonas rurales y urbanas, sobre las tendencias de la salud de la mujer hondureña, incluida la salud sexual y reproductiva. Inclúyanse datos sobre las tendencias de la mortalidad materna, incluida la causada por abortos practicados en condiciones de riesgo.
Datos estadísticos año 2006
Incidencia diagnóstica de violencia en población general por regiones departamentales
Incidencia de diferentes tipos de violencia atendida en población general según grupos de edad y sexo, año 2006
|
Grupos de edades |
F |
M |
Proporción |
|
1-9 |
195 |
139 |
1,4 |
|
10-14 |
220 |
100 |
2,2 |
|
15-19 |
206 |
186 |
1,1 |
|
20-24 |
295 |
221 |
1,3 |
|
25-39 |
795 |
132 |
6,0 |
|
40-59 |
405 |
200 |
2,0 |
|
60+ |
95 |
58 |
1,6 |
El grupo de edad de 25 a 39 es donde las mujeres acuden más a los servicios por la causa de ser violentadas.
Violencia y maltrato se presenta como la sexta causa de atención en los servicios de salud mental.
Las acciones de las Consejerías de Familia, están más focalizadas en la capital del país.
En el informe se reconoce que ha habido un aumento de la infección por VIH/SIDA entre algunos grupos de mujeres, incluidas las casadas, las indígenas y las de ascendencia africana (párrs. 281 y 282). Sírvanse explicar qué medidas está adoptando o prevé adoptar el Gobierno para aumentar los programas de prevención del VIH/SIDA y los servicios de apoyo conexos y en qué grado esos programas y servicios están destinados a las mujeres. En los casos en que hay políticas, programas y servicios en ese sentido, sírvanse proporcionar información sobre su eficacia.
Honduras está desarrollando un proceso de construcción del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra el VIH/SIDA III para el período 2008-2012, y para este plan, la temática de género se ha definido como un eje transversal; se ha incluido un análisis de las condiciones de vulnerabilidad de la mujer al VIH/SIDA y se han planteado estrategias de intervención dirigidas a reducir esta vulnerabilidad, incluyendo la definición de una política de prevención y atención dirigida a la mujer. En este proceso han participado representantes de organizaciones que trabajan en la temática de las mujeres. Se han propiciado alianzas estratégicas entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de mujer y VIH y se han desarrollado intervenciones interprogramáticas de coordinación entre los programas de atención integral de la mujer y programa de ITS/VIH/SIDA dirigidas a la definición e implementación de normas nacionales para la prevención y atención del VIH e ITS en mujeres; entre estas intervenciones, están la coordinación para definir intervenciones en salud sexual y reproductiva y VIH, promoción de las pruebas diagnósticas del VIH y de ITS en los servicios de atención a la mujer con el objetivo de que las mujeres conozcan su estado serológico al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.
La Secretaría de Salud con el apoyo de organizaciones no gubernamentales nacionales están desarrollando la estrategia para mejorar el acceso a las pruebas diagnósticas del VIH y de ITS a través de la “Iniciativa Hazte la Prueba”, con el propósito de mejorar la prevención primaria y la captación temprana de las personas con VIH. Esta iniciativa busca disminuir el estigma y los temores que rodean a la realización de la prueba de VIH. A la par de esta iniciativa, se está desarrollando la estrategia de búsqueda activa de menores de 15 años VIH positivos.
La Secretaría de Salud está desarrollando diferentes estrategias de prevención y atención del VIH/SIDA en la población femenina incluida las casadas, de origen africano e indígenas. Para la prevención en mujeres de la etnia garífuna se han desarrollado estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC) con énfasis en la mujer y en los jóvenes. Como parte de esta estrategia, se ha capacitado a mujeres líderes y hombres de la comunidad, se ha ubicado vallas con información de prevención a lo largo de la carretera de las comunidades garífunas y se ha difundido tres radionovelas.
En los servicios de salud se ha desarrollado una estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC) para mejorar el acceso de las mujeres a dichos servicios; esto incluye intervenciones para que las mujeres acudan a servicios de atención y prevención y para las mujeres embarazadas se promueven los servicios de control prenatal para la atención integral y la prevención de la transmisión del VIH de madre a hijo.
Esta estrategia se ha extendido en áreas geográficas postergadas y de difícil acceso, donde se encuentran distintas etnias (garífunas, misquitos, lencas, entre otros). Para los próximos cinco años, la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Mujer contempla la extensión de cobertura al área rural y de difícil acceso.
En la red de servicios de salud, se ofertan servicios especializados para la atención de personas, incluyendo las mujeres con VIH en 16 hospitales públicos, 3clínicas episcopales y 3 CESAMOS en 12 de las 20 regiones sanitarias departamentales. Estos servicios serán extendidos a 10 hospitales más al finalizar abril de 2008, cubriendo así el 100% de las regiones sanitarias del país.
En estas unidades se ofrecen los servicios de prevención primaria, secundaria y positiva, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, infecciones oportunistas, terapia antirretroviral y pruebas laboratoriales para seguimiento terapéutico, reforzamiento de la adherencia y apoyo psicosocial, y servicios de hospitalización. De las 6.674 personas atendidas regularmente en estos servicios de atención integral, el 60% son mujeres.
Se ha desarrollado un estudio exploratorio sobre violencia y VIH en mujeres de 18 a 49 años. (No se han publicado los datos.)
Este estudio surge del proyecto “Redes de atención a la violencia doméstica y sexual como punto de entrada para el tratamiento y prevención del VIH/SIDA”.
Los datos que este estudio refleje servirán como insumos para un análisis sustancial interprogramático, objetivo, colectivo y amplio, desde la raíz del problema y en el marco de las relaciones de género y derechos humanos más elementales; desafiar la epidemia del VIH/SIDA con fundamentos de género y derechos humanos en el marco de una sexualidad humana libremente informada y capaz de eliminar la vulnerabilidad de las y los niños y las mujeres; replantear un enfoque interprogramático y de consejería como actividad toral del abordaje del problema del VIH/SIDA.
En el informe se dice que la población adolescente no es prioritaria para la Secretaría de Salud y que, en la práctica, puede suceder que se deniegue el acceso de los adolescentes a los servicios de salud (párrs. 319 y 312). En particular, se afirma que hay una contradicción entre el Código de la Niñez y el Programa de Atención Integral a Adolescentes de la Secretaría de Salud en relación con el acceso de los adolescentes a los servicios de salud. Además, se señala que el Acuerdo No. 0966/SS (1999) autoriza el suministro de anticonceptivos a las mujeres adultas, pero parece excluir a las adolescentes. ¿Qué se está haciendo para garantizar que las adolescentes tengan acceso a servicios de salud satisfactorios y adecuados para su edad, incluidos servicios de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, y a información sobre planificación familiar?
La Secretaría de Salud en su Política Nacional 2006-2010 establece dentro de sus objetivos la atención a grupos vulnerables dentro de los cuales se encuentran la población adolescente.
Para el abordaje de esta población se identifican:
a.Garantizar a toda la población el acceso a los servicios de promoción, prevención curativa y rehabilitación en forma integral con equidad de género a lo largo de su ciclo de vida con énfasis a los grupos vulnerables.
b.Mejorar la prevención y control de enfermedades transmisibles en hombres y mujeres en su ciclo de vida.
c.Mejorar la calidad de la atención a las mujeres y hombres en su ciclo de vida y de la situación en salud.
d.Implementar progresivamente un nuevo modelo de provisión de servicios de salud que sea coherente con el perfil epidemiológico y las necesidades de hombres y mujeres en su ciclo de vida.
Con el apoyo de diferentes cooperantes (UNFPA, OPS, USAID, JICA, Fondo global, ASDI) se están fortaleciendo las Clínicas de Atención Diferenciada para los y las Adolescentes, las cuales están distribuidas en todo el territorio nacional haciendo un total de 26 clínicas.
Dicha cooperación ha consistido en:
a.Capacitación del recurso humano proveedor de servicios de salud en: manejo de normas, consejería, salud sexual y reproductiva, además: elaboración de material educativo y bases programáticas.
b.Adecuación de espacios físicos.
c.Equipamiento médico, mobiliario e informática.
d.Reproducción de material educativo: rotafolios, trifolios, afiches.
e.Campos educativos en radio y televisión en prevención del VIH/SIDA.
f.Capacitación a grupos juveniles, redes de jóvenes padres de familia y maestros en el componente de salud sexual y reproductiva.
g.Coordinación intergerencial e interinstitucional, organizaciones no gubernamentales, alcaldías; etc.
Con el apoyo de la cooperación canadiense se está capacitando al personal institucional proveedores de servicios de salud, a jóvenes líderes adolescentes y padres de familia en el componente de Salud Sexual y Reproductiva, utilizando los manuales “Nadie Como Yo”, “Una Canción Para Ti” y “Sueños Compartidos”, los cuales tienen un fuerte contenido en los temas de planificación familiar, prevención de embarazo y prevención de ITS/VIH/SIDA.
El Manual de Normas de Atención Integral a la Mujer define la atención en planificación familiar como “la atención integral proporcionada en forma oportuna a la mujer y/o la pareja en edad fértil que desea espaciar su fecundidad”.
Si tomamos en cuenta que el rango de edad de la mujer en edad fértil comprende el grupo de 12 a 49 años es obvio pensar, y así lo establecen las Normas del Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA) 2005, que las adolescentes no son excluidas de estos servicios previa consejería. La decisión de aceptar los métodos propuestos es opción de ellas.
El único método de planificación familiar restringido para las adolescentes es la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) el cual está regulado por el Acuerdo No. 0966/SS (1999) y que en el numeral 5 textualmente dice: “Podrá practicarse anticoncepción quirúrgica voluntaria a: hombres y mujeres mayores de edad cuando lo soliciten, porque consideren que han satisfecho sus expectativas o porque consideren que tiene factores de riesgo”.
En Honduras se alcanza la mayoría de edad a los 21 años. Hasta la fecha este acuerdo no ha sido objeto de modificaciones.
Con respecto a la contradicción entre el Código de la Niñez y el Programa de Atención Integral a la Adolescencia (PAIA).
Las Normas del PAIA establecen:
Sección VI. Disposiciones generales
1.Todo y toda adolescente tiene derecho a ser atendido en los servicios de salud (por cualquier causa en los días y horas hábiles, sin calendarización y horario fijo) por el personal institucional.
Sección VIII. Lineamientos generales para la atención de los y las adolescentes en las unidades de salud, la Norma 5 establece: El personal institucional (médico/a, enfermera/o profesional, auxiliar de enfermería), hará el examen físico del o la adolescente posponiendo la evaluación genital para la próxima consulta si es solicitado por el/la paciente y registrará en la historia clínica los hallazgos.
El Procedimiento 5.2 define: De preferencia hará el examen con la participación de un/a acompañante de salud o familiar del adolescente.
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece:
Derecho a la salud
Artículo 18. En los establecimientos médicos asistenciales, públicos y privados, se permitirá la permanencia del padre, de la madre o del representante legal del niño y se les ofrecerán las comodidades que las circunstancias permitan.
Artículo 22. Los centros de atención de la salud y los hospitales públicos están obligados a prestarle atención inmediata a los niños que la requieran en caso de emergencia, aún sin el consentimiento de sus padres o representantes legales. Ninguna excusa será válida para no darle cumplimiento a esta disposición. Dicha atención en caso alguno, podrá tener como propósito la ejecución de un acto considerado por el Decreto vigente como doloso o culposo.
Como podrá observarse en ambos documentos (Normas y Código) aunque con diferentes palabras se habla de lo mismo. Conforme a lo anterior no existe contradicción entre el Código de la Niñez y las Normas del Programa de Atención al Adolescente.
Violencia contra la mujer
En el informe se dice que se cuenta con un sistema de recopilación de información sobre violencia contra la mujer, pero que no forma parte del sistema de registros oficiales de la Secretaría de Salud. Por otra parte, en el informe no hay un cuadro claro de la incidencia de todas las formas de violencia contra la mujer en Honduras. Sírvanse proporcionar información que permita que el Comité comprenda las causas, el alcance y la incidencia de todas las formas de violencia contra la mujer en Honduras, incluidos los resultados de las encuestas que se hayan hecho entre la población sobre la violencia contra la mujer o cualquier otra información estadística de que se disponga, desglosada por grupo étnico, edad y zona rural o urbana, en la medida de lo posible. Sírvanse indicar también cómo prevé el Gobierno mejorar el acceso y el uso de los datos existentes, en particular para la formulación de políticas y la prestación de servicios.
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Año |
Denuncias por violencia doméstica |
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2002 |
4 383 |
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2003 |
6 694 |
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2004 |
9 900 |
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2005 |
9 382 |
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2006 |
9 946 |
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Año |
Denuncias por delito según la Fiscalía de la Mujer Tegucigalpa y San Pedro Sula* |
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2002 |
326 |
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2003 |
350 |
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2004 |
477 |
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2005 |
754 |
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2006 |
872 |
*Parricidio, homicidio, tentativa de homicidio, violación, tentativa de violencia, hostigamiento sexual, violencia intrafamiliar, lesiones, etc.
El Estado de Honduras a través del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de la Mujer (INAM), la Corte Suprema de Justicia y la Asociación de Municipios de Honduras, han firmado convenios y se está en el proceso de revisión de los indicadores, a fin de incluir las variables que identifiquen la violencia contra la mujer, las causas y consecuencias.
El Ministerio Público a través del Instituto Nacional de Estadísticas con fondos del UNICEF está negociando una consultoría para que realice un diagnóstico de todo el Sistema Estadístico del Ministerio, a fin de organizar un observatorio estadístico que contendrá los indicadores de sexo, edad, tipo de violencia entre otros.
El Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (a través del CEDIJ) y la Secretaría de Seguridad, están implementando el sistema de expediente digital interinstitucional. Este expediente:
a.Será utilizado por los operadores de justicia, en la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
b.Abarca el ciclo completo del expediente, pasando por todas las diligencias administrativas y los posibles actos procesales previstos en el Código Procesal Penal.
c.La información está organizada en expedientes, utilizando un número único en el ámbito nacional para cada expediente.
d.Tiene módulos de consulta para actores externos: defensores públicos, privados y ciudadanos en general.
Con lo cual se llevará un mejor control de la incidencia de violencia, incluida las mujeres.
Se cuenta con un sistema de recopilación de información sobre violencia contra la mujer el cual fue actualizado incorporando la información de los diagnósticos en los que establecen los tipos de maltrato según la Ley Contra la Violencia Doméstica.
En el informe se reconoce que existen obstáculos para combatir la violencia contra la mujer, incluido el incumplimiento de políticas, leyes y planes (párr. 263) y la poca sensibilización de los encargados de adoptar decisiones (párr. 264). ¿Qué medidas está tomando el Gobierno para eliminar estos obstáculos en un plazo determinado?
Dentro de las medidas adoptadas para combatir la violencia contra la mujer tenemos:
a.La coordinación permanente y alianzas estratégicas e interinstitucionales promoviendo conversatorios y foros a diferentes grupos de población e instituciones.
b.El proceso de sensibilización a los docentes de la Facultad de Medicina en áreas básicas y psiquiatría; y el postgrado de salud pública en coordinación con el INAM, para incorporar equidad de género en la currícula.
c.Capacitación en 2007 a 20 médicos generales en la Región Departamental Metropolitana de Tegucigalpa, para la red de Salud Mental y Capacitación a Médicos y personal de la Región Departamental de Ocotepeque.
d.Implementado el Servicio de Salud Mental en el Hospital General San Felipe, medida que será adoptada por otros hospitales generales.
e.Capacitación del personal de salud en equidad de género y violencia.
f.Implementar, fortalecer redes locales y municipales en Comayagua, Choluteca y Juticalpa, además de implementar hoja de tamizaje en los servicios de salud sexual y reproductiva.
g.Socialización de la Política de Salud Mental y sus ejes transversales: Derechos Humanos y Equidad de Género.
h.Para el año 2010, estará implementado un programa exitoso para reducir el uso de contenidos de lenguaje y símbolos que enfatizan desigualdades sociales de género, enfermedad, etnia, clase social y de conductas violentas.
i.Se cuenta con el Manual de Normas y Procedimientos para el abordaje de la violencia doméstica e intrafamiliar del año 2004.
•Brinda lineamientos básicos para la atención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
j.Revisión del Manual de Normas y Procedimientos para la atención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
•Brinda lineamientos básicos para la atención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
k.Se desarrolla e implementa la Política Nacional de Salud 2006-2010.
Trata de personas y explotación de la prostitución
En el informe se señala que se han realizado estudios sobre la explotación sexual y comercial de que son objeto las niñas y jóvenes adolescentes, principalmente en los lugares fronterizos (párr. 108), pero no se informa sobre los resultados de esos estudios. Sírvanse proporcionar información sobre la explotación comercial y sexual de las mujeres, las niñas y las adolescentes, incluso por medio de la trata, y sobre su incidencia, sus causas y sus consecuencias. Sírvanse también dar información sobre los programas para erradicar ese problema.
En Honduras, se da la trata de personas para los diferentes fines, siendo la más denunciada la trata con fines de explotación sexual comercial. La trata tiende a ser hacia fuera y no se constituye tanto como, un receptor de la trata regional. Sin embargo, es en menor escala, un país de “tránsito” hacia Guatemala y México.
El Gobierno de Honduras ha implementado diferentes iniciativas para la erradicación de la explotación sexual y comercial. Entre ellas podemos acentuar:
a)La creación del Comité de alto nivel para la erradicación de la explotación sexual comercial en mujeres, niños y niñas en el ámbito nacional (2001);
b)La aprobación del Plan de Acción contra la Explotación Sexual y Comercial, y la Trata y Tráfico de Personas, suscrito por el Gobierno y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (2002);
c)La creación de la Unidad de Investigación de Delitos de Explotación sexual y comercial y abuso sexual en general en Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán y San Pedro Sula, departamento de Cortes;
d)La aprobación de la Reforma Penal vigente desde febrero del año 2006, habiéndose presentado casos importantes en los Tribunales de Justicia relacionados con posesión de pornografía infantil; asimismo se ha logrado sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado por relaciones sexuales remuneradas con una persona menor de 18 años;
e)Se ha coordinado con Casa Alianza, para dar respuesta inmediata y efectiva a problemas planteados por la Fiscalía. El apoyo de esta organización ha permitido la protección integral a niños (víctimas de explotación sexual comercial) remitidos por la Fiscalía en sus diferentes programas hasta el apoyo para la práctica de ciertas diligencias de investigación;
f)El funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de Migrantes, la cual tiene entre sus objetivos el traslado y acogida de las personas que han sido víctimas de explotación en otros países;
g)Asimismo, Honduras es partícipe de iniciativas regionales para la erradicación de la trata de personas, entre ellas cabe destacar el proyecto regional Mujeres Adolescentes en Riesgo Social (MARS) impulsado por el UNIFEM en los departamentos de Ocotepeque y Valle. Este proyecto inicia en Honduras a partir del 2006, y está orientado a fortalecer alianzas de coordinación de actividades y campañas en el ámbito local para la prevención de la violencia en contra de las mujeres y la explotación sexual.
Participación en la vida política y pública y en la adopción de decisiones
En el informe se observa que en las elecciones más recientes, el número de mujeres que fueron elegidas se redujo. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar el verdadero cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas? Sírvanse indicar además qué otras medidas especiales de carácter temporal se han adoptado, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y las recomendaciones generales No. 23 y No. 25 del Comité, para acelerar la participación plena y equitativa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y en la adopción de decisiones.
La información estadística presentada en el informe comprende hasta el año 2003, por lo que todavía no contemplan el efecto de las reformas a la Ley Electoral aprobada en 2004. Estas reformas establecen mecanismos para la igualdad de oportunidades en la participación política, artículos 103, 104 y 105.
Debido a estas reformas, en el último proceso electoral se dio un incremento en el número de mujeres electas para representar al Estado de Honduras en el Congreso Nacional. El aumento fue de un 7% a 24% respectivamente para las diputadas propietarias y de un 17% a 21%, para las diputadas suplentes (en comparación a las elecciones para el período 2002-2005).
Participación de la Mujer en el Congreso Nacional
(Porcentaje)
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2002-2005 |
2006-2009 |
Incremento |
Disminución |
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Diputadas propietarias |
7 |
24 |
17 |
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Diputadas suplentes |
17 |
21 |
14 |
No obstante, la participación en el ámbito local tiene resultados mixtos, en vista que disminuye levemente el número de alcaldesas electas, y aumenta el número de vicealcaldesas y regidoras en los 298 municipios del país.
Participación de la Mujer en el Gobierno Local
(Porcentaje)
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2002-2005 |
2006-2009 |
Incremento |
Disminución |
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Alcaldesas |
9 |
8 |
1 |
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Vicealcaldesas |
12 |
17 |
5 |
|
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Regidoras |
17 |
18 |
1 |
Cabe destacar, el esfuerzo desarrollado por el Instituto Nacional de la Mujer para promover la aprobación de las reformas a la Ley Electoral, y sensibilizar a la población de la importancia de la participación de las mujeres en los procesos electorales para el fortalecimiento de su liderazgo. Dicho esfuerzo fue realizado en coordinación con distintas organizaciones de la sociedad civil, que trabajan permanentemente el tema del fortalecimiento de las mujeres en el ámbito local.
Si bien en el informe se afirma que es importante establecer una proporción mínima de participación de la mujer en cargos electivos de conformidad con el artículo 105 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, también se sostiene que dicho artículo “contradice y violenta” el artículo 104 de esa misma Ley y la Ley de Igualdad de Oportunidades (párr. 115). Sírvanse explicar en mayor detalle qué medidas ha adoptado el Estado Parte para debatir y resolver esta posible contradicción.
Se reconoce que existe una contradicción en el planteamiento de los artículos 105 y 104 de la Ley Electoral, pero en vista de las limitadas oportunidades para que las mujeres accedan a espacios de poder político se promovió una acción afirmativa como punto de partida y base la cual será progresiva hasta llegar a un 50% para una negociación entre los partidos políticos y así ejercer una medida coercitiva para facilitar la incorporación de las mujeres en las planillas a cargo de elección popular.
Empleo y beneficios sociales y económicos
En el informe se reconoce que los programas orientados a eliminar la discriminación en el empleo tienen poco impacto y que el marco legislativo no es adecuado. Sírvanse indicar si se ha establecido un plazo para enmendar el Código de Trabajo a fin de lograr el cumplimiento de derecho con lo dispuesto en el artículo 11 de la Convención. Además, sírvanse decir cómo y en qué medida la propuesta de “Empleo con equidad de género”, elaborada por el Instituto Nacional de la Mujer en 2004, se ha tenido en cuenta en la reforma de la legislación nacional y en la elaboración de políticas y programas.
No se han realizado reformas al Código de Trabajo, por lo tanto la propuesta elaborada por el INAM con relación al empleo con “equidad de género” no ha sido incorporada para ese fin. Actualmente, se están incorporando algunos de los planteamientos de esta propuesta, dentro del Plan de Empleo Digno de Honduras (PNEDH) promovido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), en alianza con la Secretaría de Economía y Comercio (SIC) con la asistencia técnica de la Unión Europea y la Unidad de Análisis Técnico de Honduras (UE/UNAT). El PNEDH contempla una serie de productos sobre la base de los programas o proyectos priorizados en el mismo, los cuales a la fecha presentan distintos grados de avance, mientras se concretiza el proceso de Alineamiento y Armonización (A & A) que se está desarrollando. Este plan fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo 005-2007.
Según el informe, se considera como población femenina en edad de trabajar la comprendida en el grupo de “10 años o más” (párr. 349), y el 64,4% de las niñas y jóvenes adolescentes trabajadoras domésticas se incorporan a ese sector antes de los 14 años. Sírvanse indicar qué medidas concretas está adoptando el Gobierno para proteger a las jóvenes de la explotación económica y las peores formas de trabajo infantil y para garantizar que las jóvenes que trabajan en el servicio doméstico sigan recibiendo educación.
La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) por medio de la Comisión Nacional de Erradicación Gradual y Progresiva de Trabajo Infantil estudia la aprobación del Reglamento de las Peores Formas de Trabajo Infantil donde se determinarán las formas de control, vigilancia y sanciones a los infractores, en tal sentido el sector privado, por intermedio del COHEP ha sido consultado al respecto. (Fuente COHEP).
El COHEP emitió el 10 de septiembre de 2000 la Declaración Empresarial para la Erradicación Gradual y Progresiva del Trabajo Infantil en Honduras, documento orientador para el sector privado nacional, el cual ha servido para no contratar menores de 16 años en el sector privado organizado y formal.
Asimismo, el Estado de Honduras ha adoptado medidas legislativas conducentes a la prohibición y sanción de los delitos de explotación sexual comercial, mediante las reformas al Título II, del Libro Segundo, Parte Especial del Código Penal, en adición a la suscripción de los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sírvanse proporcionar información sobre las condiciones de trabajo de la mujer en el sector de las maquilas. También se pide información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer valer los derechos de las mujeres que trabajan en ese sector, incluido su derecho a un salario mínimo, y para garantizar que las mujeres reciban información y puedan reivindicar sus derechos.
El mayor número de la población obrera en las maquilas son mujeres jóvenes entre los 17 y 25 años que empiezan a trabajar a los 12 ó 13 años de edad.
Según datos del Banco Central de Honduras para 1995, el 95% de la fuerza laboral en la industria de la confección son mujeres. Para el mismo año, el presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladoras señalaba que las mujeres representaban aproximadamente el 87% de los trabajadores en las maquilas.
Las principales críticas señalan que las maquilas violan los derechos laborales de los(as) trabajadores(as), no pagan impuestos, se benefician de la baja remuneración de los recursos humanos a causa de la gran pobreza existente y mantienen el carácter de empresas “golondrinas” (en el largo plazo no contribuyen a la riqueza del país: crean poco valor agregado y no invierten de manera permanente). Asimismo, se señala que las maquilas emplean baja tecnología y procesos industriales simples y que los costos de las instalaciones industriales, al igual que el desarrollo de la infraestructura física, las pone el país.
El Estado de Honduras ha adoptado las siguientes medidas para proteger los derechos de los y las trabajadoras:
a)El proyecto “Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales”, tiene por objetivos:
•Incrementar el cumplimiento de los derechos laborales, por medio de la divulgación de la legislación laboral y el fortalecimiento de los sistemas de inspección laboral y de resolución alterna de conflictos en materia laboral;
•Aumentar y mejorar el uso de la mediación y conciliación en conflictos laborales por parte del Ministerio de Trabajo;
•Aumentar el conocimiento de la mediación y conciliación por parte de los trabajadores, empleadores y sus organizaciones;
•Fortalecer los mecanismos de promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres con enfoque de género;
b)El proyecto “Movilización de recursos para la prevención de las ITS/SIDA en mujeres trabajadoras de la maquila”. Desde su concepción, el proyecto identificó establecer una alianza con la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) para facilitar el acceso en las empresas en la entrega de servicios en VIH/SIDA. La estrategia se orientó en dos líneas de acción: 1) abogacía para movilizar recursos dentro de las empresas y 2) asistencia técnica, capacitación y seguimiento;
c)Los y las trabajadoras del sector maquilador gozan de un salario mínimo legal o convencional más elevado en comparación a otros establecidos dentro del sector productivo nacional;
d)La creación del Departamento de Servicios Laborales bajo la Dirección Técnica de Servicios, por la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) en el mes de marzo de 2006. Este departamento tiene entre sus funciones promover un programa de sensibilización hacia el cumplimiento de la ley y de sus reglamentos en materia laboral que conlleve a la generación de buenas prácticas y al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial con la colaboración de programas e instituciones como son: el Proyecto Cumple y Gana: Fortalecimiento de los Derechos Laborales, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS), la Cámara de Comercio Hondureño-Americana (AMCHAM), Fair Labor Association (FLA) y la Agrupación Española de Género de Punto;
e)Se cuenta con el Programa PROCINCO, diseñado para satisfacer las necesidades de capacitación, asesoría y servicios relacionados en las áreas productivas y de seguridad y salud ocupacional de la industria de la confección. Esta iniciativa de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) se desarrolla desde el año 2001, mediante convenio con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Los objetivos del Programa son, entre otros, contribuir al mejoramiento de la competitividad de la industria de la confección del país, al mejoramiento de las condiciones laborales en lo relacionado con los aspectos de seguridad y salud ocupacional y al fortalecimiento de las relaciones entre empleadores y trabajadores.
La pobreza y las mujeres de las zonas rurales
Sírvanse proporcionar información sobre la migración de mujeres y niñas, dentro del país y en el plano internacional, incluido el número y las características de las mujeres y las niñas migrantes y sobre las medidas que se están adoptando para proteger a esas mujeres y niñas del abuso, la explotación y la violencia.
Según los datos estadísticos de la Secretaría de Gobernación y Justicia, la migración femenina hondureña ha ido aumentando. Esto se ve reflejado en el aumento anual de los flujos de deportación femenina tanto terrestre como aérea. Para 2004, 8.746 mujeres deportadas vía terrestre y entre 2005-2006, 18.348 mujeres. En 2005, se recibieron 2.084 mujeres deportadas vía aérea y en 2006, 1.567 mujeres.
Cada vez más, las mujeres salen en busca de trabajo por los efectos de la pobreza debido a sus condiciones de vida, lo cual las motiva a la búsqueda de oportunidades a través de la migración.
Según el informe (párrs. 103 y 105), se considera que los derechos de las mujeres del sector agrícola son “satisfactorios”, pero no se garantizan porque los recursos no son suficientes y no se distribuyen de forma equitativa y porque la inequidad de las relaciones de intercambio aumenta la vulnerabilidad de la mujer a la pobreza. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar la participación activa de la mujer en la elaboración y aplicación de programas en el sector agrícola y en programas de lucha contra la pobreza en general, incluso en la asignación de la ayuda internacional?
La incorporación del enfoque de género en los programas y proyectos del sector agrícola es un mandato por lo tanto se han ejecutado programas como:
a)“Apoyo a la ejecución de la Política de Igualdad de Oportunidades en el Área Rural”, que tuvo como componente principal, el fomento e incremento de la participación social y productiva de las mujeres en el área rural;
b)“Apoyo a la Mujer Rural para incrementar la producción de alimentos”, que consistió básicamente en transferencias fiscales como capital semilla para conformar cajas rurales con grupos de mujeres;
c)“Programa de Apoyo a la Microempresa Rural”, incorpora el criterio de igualdad de oportunidades, sobresaliendo el apoyo financiero y comercialización, para propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de ellas principalmente las jefas de hogar;
d)Proyecto Bosques y Productividad Rural; este proyecto contribuye directamente a tres de los cuatro pilares descritos en la Estrategia de Reducción de la Pobreza del Gobierno de Honduras:
•Acelerando el crecimiento económico equitativo sostenible, a través del incremento en la producción, el mercadeo y la generación de valor agregado de los productos agrícolas y forestales. Asimismo, mejorando la tenencia de tierra y la seguridad alimentaria en el acceso equitativo de los recursos naturales;
•Reducción de la pobreza en zonas rurales, a través del financiamiento en áreas de inversión como capacitación y transferencia de tecnología, manejo de las áreas protegidas y proyectos productivos, generación de empleo, promoviendo microempresas rurales;
•Garantizando la sostenibilidad de la estrategia, a través de la promoción del manejo comunitario de los recursos naturales, incentivando el comanejo de las áreas protegidas, el fortalecimiento de las instituciones locales, apoyo a las estrategias de descentralización y transparencia institucional;
Uno de los indicadores claves del proyecto es el aumento en la participación de las mujeres (30% de las participaciones directas son mujeres);
e)Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADEL). Este programa contribuye con la estrategia del combate a la pobreza, mediante la generación de ingresos y empleo en el medio rural, y el manejo apropiado de los recursos naturales. Está orientado a apoyar el desarrollo de la capacidad de gestión local, a través del financiamiento de iniciativas productivas y de otros servicios relacionados a la ejecución de proyectos rentables y sostenibles en el área rural. Asimismo, este programa busca la incorporación de las mujeres a las organizaciones económicas de productores y sus dirigencias;
f)Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). Este programa busca promover la participación activa de los hombres y mujeres en las actividades del proyecto en igualdad de condiciones y oportunidades. Es así, que desde la política de focalización del proyecto, existen criterios para la incorporación de la mujer a las actividades promovidas por el proyecto, como el que se lee a continuación: “Grupos de hogares con mujeres como jefa de familia diseminada en áreas del PESA. Trabajan sólo pequeñas parcelas, en el entorno de las casas con huertos, crían aves de corral y cerdos. Dependen del clima y bajos insumos, su fuerza de trabajo es familiar con actividades de comercio menor”.
Matrimonio y relaciones familiares
En el informe se reconoce que el Código de la Familia tiene deficiencias y problemas que afectan su eficacia en relación con las mujeres y los niños. Concretamente se hace referencia a “los mecanismos de aplicación de la justicia que existen en el país” y a cuestiones sociales, culturales y económicas que pueden impedir el acceso de las mujeres a la justicia (párrs. 383 y 384). Sírvanse indicar qué medidas está adoptando el Estado Parte para hacer posible que las mujeres conozcan mejor sus derechos, y reforzar su capacidad para recurrir a la justicia en todos los asuntos relacionados con la familia.
Se cuenta con programas educativos para la socialización de la normativa jurídica en relación con los derechos de familia, los cuales han sido promovidos a través de alianzas estratégicas entre el Instituto Nacional de la Mujer, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y la sociedad civil, enfatizando la participación del movimiento amplio de mujeres, entre otros.
Como parte de esta alianza se han publicado afiches, trifolios, y una Guía Práctica para el abordaje de la Violencia Doméstica y la Violencia Sexual, en un lenguaje sencillo para que sea comprensible por toda la población.
Protocolo Facultativo y enmienda al párrafo 1 del artículo 20
Sírvanse indicar si se han registrado progresos en relación con la ratificación o adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención. Indíquese qué se ha conseguido en relación con la aceptación de la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.
El Instituto Nacional de la Mujer esta realizando acciones de incidencia para la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención, ya que este mecanismo permitirá el cumplimiento efectivo de los postulados de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por ello se promueve un diálogo constante, entre el Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil para el abordaje del proceso de aprobación.