Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Italia
Adición
Información proporcionada por Italia en seguimiento de las observaciones finales *
[Fecha de recepción: 5 de julio de 2019]
En relación con las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Italia (CEDAW/C/ITA/CO/7) aprobadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 24 de julio de 2017, las autoridades italianas están en condiciones de proporcionar la siguiente información con respecto a “las recomendaciones que figuran en los párrafos 15 a) y b), 21 b) y 23” de ese documento.
I.Observaciones introductorias
La Constitución italiana, de carácter rígido y contemporánea de la Declaración Universal de Derechos Humanos, determina el marco político de la acción y organización del Estado.
El ordenamiento jurídico italiano tiene por objeto garantizar un marco efectivo de garantías, a fin de proteger de manera plena y amplia los derechos fundamentales de la persona. En efecto, contamos con un marco sólido de normas, principalmente de carácter constitucional, entre cuyos pilares se cuentan el principio de igualdad formal y sustantiva y el respeto de los derechos humanos (se puede obtener información adicional en el documento básico común de Italia que forma parte integrante de los informes de los Estados partes, documento de las Naciones Unidas HRI/CORE/ITA/2016).
II.Cuestiones concretas
Con respecto a lo expresado en los párrafos 15 a) y b) de las observaciones finales a que se hace referencia, en el marco del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) se financia el proyecto ADITUS, por el que la Organización Internacional para las Migraciones brinda información sobre la pronta identificación de las víctimas de la trata y la explotación laboral a los migrantes y solicitantes de asilo que llegan por mar en los puertos de desembarco, las zonas de alto riesgo y los centros de acogida, además de ocuparse de determinar los riesgos vinculados a la migración irregular.
La Comisión Nacional para el Derecho de Asilo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han publicado directrices específicas para las comisiones territoriales sobre la identificación de las víctimas de la trata entre los solicitantes de asilo y sobre los mecanismos de remisión.
Se garantizan condiciones de acogida adecuadas a las personas que tienen necesidades específicas, dada su vulnerabilidad, de conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo núm. 142/2015.
También se aprobaron directrices específicas mediante un decreto del Ministerio de Salud, de fecha 3 de abril de 2017, en relación con la asistencia, la rehabilitación y el tratamiento de los problemas de salud mental que afectan a los refugiados y las víctimas de tortura, acoso sexual y otras formas de violencia psicológica, física y sexual. Las directrices, que incluyen programas de capacitación para el personal médico, se aplican también a los solicitantes de asilo que se alojan en centros de acogida.
De conformidad con el artículo 10 del Decreto Legislativo núm. 142/2015, se han puesto en marcha medidas apropiadas para prevenir todas las formas de violencia, incluida la violencia por razón de género, y garantizar la seguridad de los solicitantes de asilo. En este contexto, cabe destacar el Plan Estratégico Nacional sobre la violencia masculina contra la mujer 2017-2020, aprobado por el Consejo de Ministros, que contiene todas las medidas que se aplicarán en todos los niveles de gobierno a favor de las mujeres migrantes y las refugiadas que son víctimas de violencia, incluida la violencia sexual y por razón de género,explotación laboral, matrimonio forzado, etc.
También cabe mencionar que, en el marco del proyecto plurianual del FAMI 2017-2020 (línea núm. 3, Necesidades específicas), el ACNUR, en cooperación con el Ministerio del Interior, está elaborando algunas propuestas técnicas para promover procedimientos estándar con el fin de identificar y dar asistencia a las personas con necesidades especiales y facilitarles mecanismos de remisión. En este contexto, el ACNUR elaboró una propuesta de cursos de capacitación dirigidos especialmente a los agentes de recepción que están dedicados a la identificación y remisión de las personas con necesidades específicas. Esas actividades de capacitación se llevarán a cabo en las prefecturas de Udine, Gorizia y Venecia, para el personal de los órganos de gestión de esas provincias.
Por último, en lo que respecta a la preocupación planteada sobre “el número insuficiente de centros de acogida y el hacinamiento y las condiciones deficientes en los centros existentes a causa del creciente número de refugiados y solicitantes de asilo que entran en el país”, se deberá prestar especial atención a la disminución de las corrientes de migración en 2018, como se ha destacado desde el segundo semestre de 2017. Por consiguiente, también han disminuido las necesidades de alojamiento. De manera más general, en lo que respecta a los estándares y las condiciones de acogida, las prefecturas se encargan de vigilar que los órganos de gestión presten los servicios correctamente en los centros de acogida.
El Departamento para las Libertades Civiles y la Inmigración asegura la unidad del sistema de acogida mediante acciones de coordinación y apoyo, elaborando directrices y metodologías estructuradas, también basadas en el uso de mecanismos especiales de seguimiento y con el apoyo de los funcionarios del Departamento en la actividad de inspección, a fin de asegurar la necesaria distribución de los mecanismos de seguimiento entre los niveles territoriales centrales y periféricos.
La actividad de vigilancia de las prefecturas está a cargo de equipos de inspección creados especialmente, en los que participan agentes del orden, bomberos y, en términos más generales, representantes de las demás administraciones interesadas (por ejemplo, autoridades sanitarias locales, entidades locales, inspectores de trabajo), a fin de garantizar una colaboración interinstitucional más apropiada para evaluar completamente los diferentes sectores en las actividades de vigilancia.
Con respecto a lo expresado en el apartado b) del párrafo 21 de las observaciones finales a que se hace referencia, el Departamento de Igualdad de Oportunidades, subordinado a la Presidencia del Consejo de Ministros, se encarga desde 1997 de orientar, proponer y coordinar iniciativas normativas y administrativas en apoyo de los derechos humanos de la mujer; prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, y combatir la violencia contra la mujer, la explotación y la trata de personas, así como todas las violaciones de los derechos fundamentales a la integridad de la persona y la salud de las mujeres y las niñas.
En particular, el Departamento se encarga de promover medidas legislativas relativas a la elaboración y aplicación de políticas relacionadas con el género; recopilar y analizar datos e información sobre la igualdad entre los géneros y la igualdad de oportunidades; proponer, definir, implementar y coordinar, junto con otras administraciones centrales y autoridades locales, intervenciones en el ámbito de la igualdad de género; y dialogar y cooperar con la Unión Europea y los sistemas y mecanismos internacionales sobre cuestiones relacionadas con el género (por ejemplo, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa).
La Directiva General sobre la adopción de medidas administrativas y de gestión del Departamento para el año 2019 puede considerarse el texto básico de referencia que orienta la política nacional sobre igualdad de género.
La primera prioridad es promover el empleo de la mujer y su desarrollo profesional en todos los sectores aplicando medidas eficaces para lograr un equilibrio adecuado entre la vida laboral y la vida familiar y un reparto más justo de las responsabilidades de cuidado en el seno de la familia, especialmente en el caso de las familias con hijos. A este respecto, el objetivo de la política es mejorar la reorganización de este sector favoreciendo las opciones laborales flexibles, que no obstaculizan el avance profesional de las mujeres y les permiten conciliar la vida laboral, personal y familiar.
•Entre las intervenciones más importantes, cabe mencionar las oportunidades de trabajo inteligentes en los sectores público y privado, orientadas a la obtención de resultados independientemente del lugar físico donde se trabaja.
La baja representación de las mujeres en los ámbitos de la ciencia y la investigación, especialmente en los puestos de responsabilidad, limita el potencial de investigación y desarrollo y se percibe como un obstáculo para el crecimiento económico. Por esta razón, como se explica en la Directiva para el año 2019, se ampliarán las intervenciones específicas con el fin de fomentar campañas de sensibilización contra los estereotipos de género en la educación preescolar. Estas acciones están dirigidas especialmente a mejorar el acceso de las estudiantes a los estudios de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, con el objetivo adicional de aumentar las oportunidades de empleo en esos ámbitos y, de ese modo, corregir la baja representación fáctica del componente de género.
En cuanto al liderazgo de las mujeres, la aplicación de la Ley núm. 120/2011 sobre la igualdad de acceso a los órganos de administración y control de las empresas que cotizan en los mercados regulados es una prioridad política permanente en nuestro país. En la ley se estipula que, dentro de los órganos de las empresas que cotizan en bolsa y de las empresas públicas, el género menos representado debía obtener al menos el 33 % de los directores elegidos para el año 2015 y fija un objetivo del 20 % para el período de transición. Con la entrada en vigor de la ley, el porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos en empresas que cotizan en bolsa ha aumentado considerablemente y en la actualidad es superior al 33 %, en comparación con alrededor del 6 % en 2010. Como se indica en la mencionada Directiva para el año 2019, la política en la materia tiene por objeto consolidar esta legislación a lo largo del tiempo, dados los resultados obtenidos hasta la fecha, además de apoyar el empleo y el espíritu empresarial de las mujeres (especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en las empresas emergentes puestas en marcha por mujeres jóvenes) y reducir las diferencias cuantitativas y cualitativas, como la desigualdad remunerativa entre hombres y mujeres.
Además, en lo que respecta a las políticas relacionadas con el género, cabe mencionar dos medidas integrales relacionadas con la planificación.
El 23 de noviembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico Nacional sobre la violencia del hombre contra la mujer para el período 2017-2020.
La estructura del Plan se basa en los cuatro pilares del Convenio de Estambul: prevención; servicios de protección y apoyo; enjuiciamiento y castigo, y políticas integradas. Ese documento estratégico promueve una gobernanza a múltiples niveles basada en la interacción y la responsabilidad de cada administración en los planos central, regional y local. Se ha encomendado a dos órganos principales el objetivo de elaborar un plan operativo de las acciones mencionadas:
a)La Sala de Control, encargada de definir la estrategia gubernamental; y
b)El Comité Técnico, establecido mediante Decreto del Primer Ministro de fecha 25 de octubre de 2018 y encargado de formular las propuestas del Plan Operativo, con la orientación de la Sala de Control.
A este respecto, la primera intervención del Departamento de Igualdad de Oportunidades consistió en elaborar directrices nacionales para capacitar a los operadores que interactúan con mujeres víctimas de la violencia. Se han establecido siete grupos de trabajo temáticos: 1. Fuerzas de policía; 2. Trabajadores sanitarios y sociales; 3. Trabajadores públicos y privados; 4. Profesionales del derecho; 5. Personal de escuelas y universidades; 6. Profesionales de la comunicación; 7. Fuerzas armadas.
El Plan Operativo, de naturaleza flexible y dinámica, establece medidas concretas para aplicar los objetivos contenidos en el Plan Estratégico. Asimismo, indica los recursos financieros que el Gobierno central y las administraciones locales han anunciado que asignarán a esos efectos, haciéndolos así responsables de ellos.
Se está llevando a cabo una evaluación sobre la creación de nuevas instalaciones de emergencia; en particular, albergues para la asistencia rápida y oportuna a las mujeres víctimas de la violencia.
Además, se ha creado un grupo ad hoc sobre propuestas y modificaciones de la legislación vigente en el que se examinan las propuestas y sugerencias de nuevas intervenciones o cambios normativos.
El Consejo de Ministros aprobó, el 26 de febrero de 2016, el primer Plan de Acción Nacional contra la Trata y Explotación Grave de Personas, de conformidad con el Decreto Legislativo núm. 24/2014, que transpone la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. El objetivo de este Plan consiste en definir estrategias de intervención plurianuales para prevenir y combatir estos fenómenos, además de medidas encaminadas a mejorar la sensibilización pública, la prevención social, la identificación y la integración social de las víctimas. En este marco, se estableció una Sala de Control político e institucional, presidida por la Subsecretaría de Estado encargada de la igualdad de género.
•En la Sala de Control se han creado cuatro grupos de trabajo ad hoc para trabajar en las dimensiones tradicionales de la trata de seres humanos, a saber, la prevención, la protección y la cooperación, además de la relación con el sistema de protección de los refugiados y los solicitantes de asilo.
La ejecución del Plan y los resultados alcanzados a nivel nacional, regional y local estarán sujetos a un sistema de seguimiento y verificación. El Plan refleja un enfoque de gobernanza a múltiples niveles que abarca el nivel nacional, representado por el Departamento de Igualdad de Oportunidades en la Presidencia del Consejo de Ministros, y las acciones operativas proyectadas, realizadas y gestionadas tanto a nivel regional como local.
De hecho, muchas regiones han participado como líderes o asociadas en el marco de los “programas de asistencia del artículo 18” financiados por el Departamento de Igualdad de Oportunidades, de acuerdo con los planes operativos regionales del Fondo Social Europeo (por ejemplo, Piamonte, Friuli-Venecia Giulia, Emilia-Romaña, Toscana, Liguria, Marche, Umbría, Lacio, Campania, Calabria, Apulia, Trentino Alto-Adige). A este respecto, se prestó un importante apoyo a la asistencia a las víctimas, implementando acciones en materia de formación profesional, integración social y laboral, e inclusión social según un enfoque de “acciones sistémicas” con la participación directa de instancias institucionales y de las administraciones públicas (prefecturas, comisarías de policía, cuerpos de carabineros y jefaturas provinciales de policía financiera, autoridades sanitarias, fiscalías de distrito) e instituciones educativas, asociaciones profesionales, sindicatos y actores privados.
•El Comité Técnico, nombrado por decreto del Presidente del Consejo de Ministros de fecha 10 de abril de 2019, sirve de apoyo a la Sala de Control y está integrado por representantes de las administraciones centrales y locales, las fuerzas del orden y organismos pertinentes del tercer sector y de los sindicatos.
•Este Comité deberá apoyar a la Sala de Control en todas sus funciones, principalmente colaborando en la elaboración del nuevo Plan de Acción Nacional contra la Trata, 2019-2021.
Con respecto a lo expresado en el párrafo 23 de las observaciones finales a las que se hace referencia, en relación con el establecimiento de una institución nacional independiente de derechos humanos, en Italia se está celebrando un importante debate en todos los niveles del sistema. Constantemente se recuerda a los parlamentarios la necesidad de un órgano de ese tipo. En la Cámara de Diputados (Comisión de Asuntos Constitucionales) se debatió un texto pertinente inmediatamente antes de que finalizara la XVII legislatura.
Al inicio de la actual XVIII legislatura, en julio de 2018, se presentó un nuevo proyecto de ley (A.C.1323) que la Cámara de Diputados (Comisión de Asuntos Constitucionales) viene examinando desde noviembre de 2018. Además, los días 5 y 6 de noviembre de 2018 se celebró en Trento un importante evento bajo la rúbrica “Una institución nacional de derechos humanos para Italia: desafíos y el camino a seguir”, organizado conjuntamente por el Comité Interministerial para los Derechos Humanos y la Universidad de Trento, al que siguió un importante seminario organizado por el Centro de Estudios de Política Internacional (CeSPI) que se celebró en Roma, en la Cámara de Diputados, el 31 de enero de 2019.
III.Conclusión
Tras la (última) presentación oral del séptimo informe periódico (2017), aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento al CEDAW por sus observaciones finales y, en general, por nuestro diálogo constructivo.