Empleo
Respuesta a la pregunta Núm. 18
La Ley de Creación de Empleo, más conocida como Ley Ómnibus, se inscribe en el marco de la reactivación de la economía nacional, en particular mediante el fomento de la transformación económica, encaminada a crear nuevos empleos para la comunidad. Esa ley se preparó dando prioridad a las necesidades de la comunidad en general, brindando facilidades para la apertura de nuevas empresas y la ampliación de las existentes, incluidas las pymes y las cooperativas. La Ley Ómnibus garantiza un buen régimen de jornada laboral, salarios mínimos, indemnizaciones por separación del servicio y prestaciones a los trabajadores. Además, esa ley apoya los esfuerzos del Gobierno para erradicar la corrupción simplificando, reduciendo e integrando el sistema de licencias electrónicas, con el fin de eliminar los gravámenes ilegales.
El Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia, junto con las partes interesadas pertinentes, se comprometió a supervisar y garantizar la protección de los derechos de las trabajadoras en virtud de esta Ley Omnibus. La ley no modifica ni revoca los derechos de las trabajadoras reconocidos en la Ley Núm. 13/2003 de Mano de Obra, que comprende:
•El derecho a licencia por parto, embarazo, menstruación, aborto espontáneo y lactancia;
•Alimentos y bebidas nutritivos, trabajo decente y protección en el trabajo, transporte para las trabajadoras que hacen horas extras, la prohibición de emplear a mujeres embarazadas que, debido a su embarazo, pongan en riesgo su propia vida y la de sus fetos;
•La prohibición de despedir a las trabajadoras que no acudan al trabajo por motivos de embarazo, parto, aborto espontáneo o lactancia;
•Los derechos de las trabajadoras que amamantan y disponen de instalaciones especiales en el lugar de trabajo o de salas de lactancia;
•La obligación de proteger a las trabajadoras en relación con los exámenes médicos, el embarazo y los gastos de parto a través del registro en el programa de seguro de salud de la Seguridad Social.
Además, el Ministerio de Cooperativas y Pymes ha impartido formación empresarial y conocimientos financieros básicos en diversas regiones de todo el país desde 2015 hasta 2019. Se han beneficiado de esta formación 31.260 empresarios, de los cuales 15.442 (el 49,3 %) son mujeres. En Indonesia occidental, 12.405 empresarios y 11.654 empresarias recibieron esa formación; en Indonesia central la recibieron 2.997 empresarios y 3.141 empresarias; en Indonesia oriental, 90 empresarios y 134 empresarias. Concretamente, en la región de Papua Occidental, la recibieron 315 empresarios y 215 empresarias; en la región de Papua hay 24 empresarias y 11 empresarios.
Respuesta a la pregunta Núm. 19
Para proteger a las trabajadoras domésticas, el Ministerio de Trabajo ha emitido el Reglamento Núm. 2/2015 sobre la protección de los trabajadores y trabajadoras domésticos para establecer los requisitos previos a la aprobación del proyecto de ley sobre su protección. Además, el Ministerio de Trabajo aprobó el Reglamento Núm. 18/2018 sobre la Protección Social de los Trabajadores Migrantes, que abarca la protección, el seguro de vida y los daños personales en accidentes.
Para reforzar aún más el marco normativo y proteger mejor a los trabajadores y trabajadoras domésticos, se está debatiendo en el Parlamento el proyecto de ley correspondiente. Los principales aspectos del proyecto de ley son:
•El reconocimiento de la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticos de acuerdo con la normativa aplicable y en referencia a diversos convenios internacionales de derechos humanos y de la OIT;
•La garantía de su bienestar como trabajadores y ciudadanos, incluido el derecho a la educación y la formación; y
•La protección y el equilibrio de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores domésticos para evitar la explotación.
Respecto del trabajo infantil, la Ley Núm. 13/2003 de Mano de Obra prohíbe claramente a los empleadores o a las empresas contratar niños (todos los menores de 18 años). Como Estado parte del Convenio Núm. 182/1999 de la OIT, Indonesia también se ha comprometido a eliminar todas las formas de esclavitud o prácticas análogas, incluido el caso de los niños que trabajan en el sector doméstico. Además, la Ley Núm. 35/2014 prohíbe claramente permitir, realizar u ordenar la explotación económica o sexual de los niños o participar en ella. Quienes infrinjan esa ley serán condenados a una pena máxima de 10 años de prisión o a una multa máxima de 200.000.000,00 rupias (doscientos millones de rupias).
Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
Respuesta a la pregunta Núm. 20
Indonesia garantiza las libertades fundamentales y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal y como establece la Constitución, incluidos los derechos de las comunidades “adat” remotas (Komunitas Adat Terpencil – KAT) y sus derechos tradicionales.
La protección y el empoderamiento de los KAT en Indonesia están regulados en el Decreto Presidencial Núm. 186/2014 sobre el empoderamiento social de los KAT. El objetivo del programa de empoderamiento de los KAT es proteger sus derechos como ciudadanos, satisfacer sus necesidades básicas, integrarlos en el sistema social más amplio y lograr su independencia. El programa incluye el desarrollo de capacidades, como la formación en competencias para la vida, la satisfacción de las necesidades básicas, la mentoría, la orientación y la promoción, la facilitación del ejercicio de los derechos civiles, la implementación y el desarrollo de medios de vida alternativos, el fortalecimiento de la armonía social y la accesibilidad a otros servicios sociales básicos.
Esos programas de empoderamiento se llevan a cabo sobre la base del reconocimiento, el respeto, la promoción y la consideración de los valores de la sabiduría local. Los valores tradicionales vigentes deben ser la perspectiva y la base de la planificación y la ejecución de los programas.
Las políticas del Programa Nawa Cita del Presidente incluyen la aceleración de la reforma agraria para garantizar los derechos a la tierra y abordar muchos problemas planteados por los conflictos agrarios. Esa política tiene por objetivo reducir la pobreza, crear puestos de trabajo, mejorar el acceso a los recursos económicos, especialmente a las tierras, reestructurar la desigualdad en el control de la propiedad, el uso y la utilización de la tierra y los recursos agrarios, reducir los conflictos y disputas sobre la tierra y la agricultura, mejorar y mantener la calidad del medio ambiente y aumentar la seguridad alimentaria y energética de la comunidad, incluidas las mujeres.
En 2015, el Decreto Presidencial Núm. 17/2015 estableció el Ministerio de Asuntos Agrarios y Ordenación del Territorio para formular y aplicar políticas en materia de asuntos agrarios y ordenación del territorio, incluidas la propiedad y la utilización de la tierra. El Ministerio ha emitido el Reglamento Núm. 11/2016 sobre la solución de conflictos territoriales. Hasta 2019, se presentaron 22.424 casos y se resolvieron 11.967 (53,36 %).
El Reglamento Gubernamental Núm. 88/2017 establece que cuando una comunidad ya ha vivido durante 20 años consecutivos en un bosque, puede acogerse a un Programa de Reforma Agraria (TORA). La comunidad también puede acogerse al Programa de Silvicultura Social (PS), que se rige por el Reglamento del Ministro de Silvicultura Núm. 83/MenLHK/2016 relativo a la Silvicultura Social. A través de esa normativa, las agricultoras y los agricultores tienen los mismos derechos de acceso a la certificación, con la garantía de acceder a la tierra y gestionarla durante un período de 35 años prorrogable. Además, la normativa ofrece garantías sobre la facilitación de la mentoría, el desarrollo empresarial y el desarrollo institucional, en atención a los principios de justicia, participación, sostenibilidad, seguridad jurídica y rendición de cuentas.
Salud
Respuesta a la pregunta Núm. 21
Salud reproductiva en el medio rural
En un esfuerzo por ampliar los servicios de maternidad en las zonas remotas, se establece una política de Casas de Espera de Maternidad (Rumah Tunggu Kelahiran – RTK) para brindar a las embarazadas un acceso más cercano a los centros de servicios sanitarios. Las embarazadas y sus asistentes pueden esperar en el RTK, situado a 30 minutos del centro. Los RTK se financian con el seguro de maternidad.
El Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia, en colaboración con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Aldeas, Desarrollo de las Zonas Desfavorecidas y Transmigración, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agencia Nacional de Población y Planificación Familiar, ha emitido un Decreto Conjunto sobre la Sinergia de Programas y Actividades para Proteger a las Mujeres y los Niños durante la Pandemia de Enfermedad por Coronavirus (COVID-19). El Decreto se instrumenta en colaboración con las oficinas de planificación familiar, voluntarios y movimientos comunitarios que implican a la red o foro de mujeres y niños del pueblo o distrito.
El Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia ha elaborado materiales de información, educación y comunicaciones relacionados con la salud maternoinfantil, especialmente sobre las embarazadas y las parturientas. El Ministerio también proporciona educación pública a través de anuncios de interés público en colaboración con la Red Comunitaria de Radio de Indonesia, que llega a 50 distritos o ciudades de 20 provincias, así como diversas actividades de seminarios web que son ampliamente accesibles para la comunidad.
Tasa de mortalidad materna
Mediante el Programa de Seguro de Parto/Jaminan Persalinan (Jampersal) se procura reducir las tasas de mortalidad materna e infantil. Está dirigido a los miembros de la comunidad que no tienen un seguro médico. En 2019 el Programa cubría, en 33 provincias y 497 regencias o ciudades, servicios tales como la financiación de los servicios prenatales, la asistencia en el parto por personal sanitario, los servicios posparto y los servicios de planificación familiar. El Gobierno también ha mejorado el servicio de divulgación desde los centros de atención sanitaria aumentando la calidad y el número de puskesmas comunitarios en los que se prestan servicios básicos y servicios integrales de atención obstétrica y neonatal de urgencia.
En 2016, 2.707 pukesmas habían implementado los servicios básicos y 650 hospitales de toda Indonesia habían implementado los servicios integrados. La distribución de médicos de cabecera, especialistas, matronas y paramédicos se ha incrementado a través de formación previa al empleo y en el empleo. La Planificación Estratégica 2020-2024 del Ministerio de Salud promueve el uso de un sistema de remisión entre el Puesto de Salud Comunitario y el Hospital, incluyendo a los que disponen de recursos humanos competentes para los servicios de maternidad y fortaleciendo el papel de los servicios de emergencia, tanto del sistema básico como del integrado.
El Programa de Planificación de la Maternidad y el Programa de Prevención de Complicaciones (P4K) es uno de los esfuerzos de Indonesia para acelerar los avances en la reducción de la mortalidad materna y neonatal. En el programa P4K se identifica a todas las embarazadas en cuanto a su fecha y lugar de parto, sus asistentes, posibles donantes de sangre, la ambulancia o vehículo para la remisión y los ahorros para la maternidad. Esas medidas se adoptan para evitar cualquier retraso en la toma de decisiones y la remisión en caso de emergencia. La Oficina Regional de Salud, los puskesmas, los hospitales y las Unidades de Transfusión de Sangre están coordinados para hacer transfusiones de sangre a las parturientas en caso necesario.
Además, todos los puskesmas deben capacitar a su personal sanitario, incluidos los médicos, las comadronas y las enfermeras, para responder a las emergencias maternas y neonatales. También es esencial aumentar la capacidad de los médicos de cabecera en servicios de maternidad, en particular para la detección temprana de los riesgos del embarazo desde el primer trimestre y las respuestas correspondientes.
De 2018 a 2020, en un esfuerzo por concienciar sobre la tasa de mortalidad materna, el Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia ejecuta diversos programas, como:
•El Movimiento de Atención a las Madres (Gerakan Sayang Ibu – GSI) se integró con otros programas de desarrollo en el ámbito sanitario para aumentar la participación de la comunidad (2018);
•Se emprendieron actividades con perspectiva de género implicando a los hombres en su preparación para asistir a sus esposas en el trabajo de parto y la lactancia (SIAGA y movimiento de maridos en pro de la lactancia) y desarrollando directrices para aumentar el papel de los hombres en la reducción de la tasa de mortalidad materna a través del enfoque HeForShe, implicando también a diversas organizaciones y grupos comunitarios (2018);
•Se impartió orientación técnica al personal y a los líderes de las dependencias de trabajo regionales sobre la planificación y el presupuesto con perspectiva de género para aumentar la participación de los hombres en la reducción de la tasa de mortalidad materna, y se ejecutaron programas de divulgación a través de diversas instancias de IEC y anuncios de interés público (2019-2020);
•Surgió el Movimiento “Berjarak” para atender las necesidades de nutrición de las embarazadas y desarrollar módulos alternativos de ingesta nutricional equilibrada para ellas, los bebés, los adolescentes y los ancianos durante la pandemia de COVID-19 (2020).
Aborto
La Ley Núm. 36/2009 de Salud (artículo 75) estipula que el aborto puede practicarse en las siguientes condiciones:
•Emergencias sanitarias detectadas durante las primeras etapas del embarazo que puedan poner en peligro la vida de la madre y del feto, y dar lugar a enfermedades genéticas irreversibles o a discapacidades que afectarán a la vida del bebé tras su nacimiento;
•Embarazo por violación, que supone un trauma psicológico para la víctima.
El artículo se desarrolla en el Reglamento Gubernamental Núm. 61/2014 sobre la salud reproductiva en los artículos 31 a 39.
El Ministerio de Salud también ha emitido el Reglamento Núm. 3/2016 sobre la formación y la prestación de servicios de aborto a causa de emergencia médica o embarazo por violación. Además, la Sociedad Indonesia de Obstetricia Ginecológica Social sigue elaborando una Guía de Conducta, así como Directrices Académicas Revisadas sobre la Indicación de Emergencia Médica o Violación para Eximir de la Prohibición del Aborto.
En 2021 se elaborará un módulo curricular sobre la formación y designación de los centros de servicios sanitarios que prestan servicios de aborto en caso de emergencia médica o embarazo por violación.
Las mujeres y el VIH en Papua y Papua Occidental
Según el Reglamento del Ministerio de Salud Núm. 21/2013 sobre la erradicación del VIH/sida, artículo 24 1), se recomienda la realización de la prueba del VIH en las zonas epidémicas a todas las personas que visiten los centros de servicios sanitarios como parte de las normas de servicio, lo cual también es aplicable en las provincias de Papua y Papua Occidental.
La provincia de Papua también siguió esta recomendación mediante la emisión de la Carta Circular del Jefe de la Oficina Central Regional Núm. 800/0751 el 29 de enero de 2019, relativa al inicio del tratamiento antirretrovírico.
Salud mental
Indonesia regula específicamente la salud mental en la Ley Núm. 18/2014 para proteger y garantizar servicios de salud mental basados en derechos y proporcionar servicios de salud integrados, completos y sostenibles mediante esfuerzos de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Esos servicios forman parte de los servicios que proporciona la Cobertura Sanitaria Universal, tanto en la atención primaria como en la especializada, a la ciudadanía indonesia, incluidas las mujeres.
Como parte de los servicios de atención de la salud primaria, se imparten módulos de formación para los médicos y el personal sanitario de los puskesmas, de acuerdo con la Guía de Intervención de la OMS para los trastornos mentales en entornos sanitarios no especializados. La Guía establece principios rectores sobre las prestaciones de servicios de salud mental basados en los derechos.
El Gobierno ha hecho una campaña activa para eliminar el estigma de las personas con discapacidad, en particular los problemas de salud mental, mediante la formación y educación de 9.000 funcionarios sanitarios de las 12 provincias que registran el mayor número de pacientes de salud mental.
Salud de las mujeres con discapacidad
Ley Núm. 8/2016 de Personas con Discapacidad: el artículo 12 garantiza los derechos de las personas con discapacidad a la salud. Además, el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos 2020-2024 de Indonesia presta especial atención a la promoción y protección de los derechos de los grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. Uno de los enfoques que se aplican para abordar los derechos de las personas con discapacidad es la prestación de servicios sanitarios a través de una hoja de ruta sobre la inclusión.
El Ministerio de Salud ha desarrollado un programa de estimulación, detección e intervención temprana para el crecimiento y el desarrollo (SDIDTK) destinado a niños menores de cinco años, con el fin de detectar los trastornos tempranos del crecimiento y el desarrollo de los niños. Además, también está desarrollando los hospitales como centros de referencia para los trastornos del desarrollo de los niños. Actualmente, 7.331 pukesmas han implantado el programa y 27 hospitales han recibido formación como centros de referencia para los trastornos del crecimiento y el desarrollo.
El Ministerio de Salud también ha publicado:
a)Directrices sobre los servicios de salud para niños con discapacidad dirigidas a las familias (2015);
b)Directrices sobre los servicios de salud para niños con discapacidad dirigidas al personal sanitario (2015);
c)Directriz sobre la implementación de servicios de salud reproductiva para personas adultas con discapacidad en 2017; el proyecto piloto comenzó en el distrito de Kulon Progo (Yogyakarta) y se replicará gradualmente durante el período 2021‑2025 en 34 provincias.
Grupos de mujeres desfavorecidas
Respuesta a la pregunta Núm. 22
Mujeres de centros penitenciarios
El Ministerio del Derecho y los Derechos Humanos estableció el Reglamento Núm. 27/2018 sobre el servicio público basado en los derechos humanos como directriz para que sus dependencias de servicios técnicos (UPT) mejoren la prestación de servicios que respeten, protejan, cumplan y promuevan los derechos humanos, incluso de las mujeres de centros penitenciarios.
El principal criterio establecido en ese reglamento es proveer en esas dependencias infraestructuras básicas para los grupos vulnerables, como principios de accesibilidad, una sala de lactancia, servicios sanitarios y agua no contaminada. Se presta especial atención a los centros penitenciarios, que requieren servicios especiales para los reclusos de edad avanzada, las embarazadas y las personas con discapacidad.
El número de centros penitenciarios de mujeres ha llegado a 33 (en 2016 eran apenas 3). Con ese esfuerzo se aspira a resolver el problema del hacinamiento en los centros penitenciarios.
Además, en lo que respecta a las necesidades especiales de las mujeres de los centros penitenciarios y de detención, estos proporcionan toallas sanitarias, como se indica en la explicación del artículo 7, párrafo 1)B, del PP Núm. 32/1999 relativo a las condiciones y procedimientos para el ejercicio de los derechos de los reclusos.
Las mujeres en Papua y Papua Occidental
El Gobierno, en su Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo de 2020-2024, se compromete a cerrar las brechas de disparidad entre las regiones mediante la transformación y la aceleración del desarrollo en el este de Indonesia, incluidas Papua y Papua Occidental. Se presta especial atención a la ampliación de los servicios básicos, como la educación y la sanidad, las instalaciones e infraestructuras de vivienda, el agua limpia y el saneamiento, y la electricidad. La conectividad a través de las infraestructuras de transporte y TIC es también un aspecto crucial como base de la economía digital.
Para acelerar el desarrollo de Papua y Papua Occidental, se ha establecido un plan regional de acción específico para mejorar los servicios educativos y sanitarios, el desarrollo de la economía local y la conectividad con las zonas montañosas centrales y otras zonas aisladas. El Índice de Desarrollo Humano de Papua aumentó de 57 en 2014 a 60 en 2018 y en Papua Occidental de 61 en 2014 a 64 en 2018.
En la actualidad, el Ministerio del Derecho y los Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, cuenta con puestos de comunicación para servicios comunitarios (yankomas) establecidos teniendo en cuenta las costumbres locales, en 427 distritos o ciudades como acceso para denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos. Por ejemplo, en Papua Occidental las denuncias se formulan en la iglesia, porque la mayoría de los habitantes de Papua Occidental son cristianos.
Los gobiernos provinciales de Papua y Papua Occidental han establecido más mercados para las mujeres papúes “Pasar Mama” para aumentar el acceso de las papúes al mercado y a las instalaciones y servicios económicos. Se han desarrollado mercados “Pasar Mama” en Jayapura y Manokwari, y se prevé establecer más servicios de esa índole en otras localidades.
Las mujeres y el VIH/sida
Las personas con VIH/sida tienen garantizado el acceso a los centros de salud. El tratamiento del VIH/sida se encuentra entre los cubiertos por el Seguro Nacional de Salud de acuerdo con las normas de los servicios médicos. El Decreto Presidencial Núm. 82/2018 sobre el Seguro de Salud garantiza el derecho de sus afiliados a obtener servicios de atención médica individual que incluyen servicios de promoción, prevención, curación y rehabilitación, así como el acceso a medicamentos, equipos de salud y material fungible de acuerdo a los requerimientos médicos individuales, incluidos los de las personas con VIH/sida.
Además, el Reglamento del Gobierno Núm. 40/2019 prevé la rendición de cuentas sobre los servicios públicos, incluida la salud, estableciendo el uso del Número Único de Identidad para los servicios públicos domiciliarios, tal como se regula en el Reglamento del Ministerio del Interior Núm. 137/2017.
Indonesia dispensa tratamiento antirretrovírico gratuito, tal y como se regula en la Decisión del Ministerio de Salud Núm. 1190/Menkes/SK/X/2004 sobre medicamentos antituberculosos y tratamiento antirretrovírico gratuito contra el VIH/sida.
La asistencia a las personas con VIH/sida se regula en el Reglamento Núm. 6/2018 del Ministerio de Salud sobre la Norma Nacional para la Rehabilitación Social de las Personas con VIH/sida.
Mujeres con discapacidad
Además de la Ley Núm. 8/2016 sobre las personas con discapacidad, que reconoce la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad a múltiples discriminaciones, lo cual requiere un esfuerzo continuo para afrontar la cuestión (párr. 175 CEDAW/C/IDN/8), el Gobierno de Indonesia promulgó varias normas derivadas para garantizar su acceso a los servicios básicos:
a)Reglamento Gubernamental Núm. 52/2019 sobre el bienestar social de las personas con discapacidad;
b)Reglamento Gubernamental Núm. 70/2019 sobre la planificación, ejecución y evaluación para el respeto, la protección y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad;
c)Reglamento Gubernamental Núm. 13/2020 sobre adaptaciones decentes para los estudiantes con discapacidad;
d)Reglamento Gubernamental Núm. 42/2020 sobre el acceso a la vivienda, los servicios públicos y la protección contra las catástrofes para las personas con discapacidad;
e)Reglamento Gubernamental Núm. 39/2020 sobre el alojamiento digno de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales;
f)Reglamento Núm. 21/2017 del Ministerio de Asuntos Sociales sobre la expedición de la tarjeta de identificación de personas con discapacidad (actualmente en revisión para dar cabida a las aportaciones de organizaciones de personas con discapacidad).
El Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia también está elaborando un PNA que trata específicamente de las mujeres con discapacidad como víctimas de la violencia. Los esfuerzos de concienciación sobre la importancia de la protección de las mujeres con discapacidad también forman parte de los programas estatales, así como la creación de un centro de información y consulta para mujeres con discapacidad. El Gobierno también está creando una comisión nacional sobre discapacidades.
Matrimonio y relaciones familiares
Respuesta a la pregunta Núm. 23
Las relaciones familiares están reguladas por la Ley Núm. 1/1974 sobre el matrimonio. La ley se revisó por primera vez mediante la Ley Núm. 16/2019, que modificó la disposición del artículo 7 relativa a la edad mínima para contraer matrimonio. Era 19 años para los hombres y 16 años para las mujeres y paso a ser 19 años para ambos sexos. La revisión tiene por objeto proteger a los niños, especialmente a las niñas, lograr la equidad de género y eliminar la discriminación contra las niñas, así como prevenir el matrimonio infantil.
Este cambio también ajusta la norma a la Ley Núm. 23/2002 de Protección de la Infancia, que contiene la definición de niño como persona menor de 18 años.
El Gobierno también está haciendo un esfuerzo más sistemático mediante la redacción del Reglamento Gubernamental sobre Procedimientos de Dispensa para explicar más técnicamente cómo debe llevarse a cabo la dispensa del matrimonio. Se prevé así garantizar el máximo esfuerzo en la definición de la finalidad del matrimonio. La Comisión Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres informó del aumento de las dispensas durante la pandemia de COVID-19, debido a la pobreza. El Ministerio de Empoderamiento de las Mujeres y Protección de la Infancia supervisa la aplicación de la dispensa matrimonial de manera que el interés superior de los niños y su opinión sean la base principal de las consideraciones.
Para comprender mejor el matrimonio precoz y el matrimonio no registrado desde la perspectiva religiosa, el Ministerio de Asuntos Religiosos llevó a cabo una investigación en siete provincias, en colaboración con ONG locales, sobre la aplicación de la Ley de Matrimonio, para definir las medidas que adoptará para abordar esos problemas. El Ministerio se dedica activamente a concienciar sobre el impacto negativo del matrimonio religioso. La Junta Nacional de Planificación Familiar también lanzó el programa Generación de Planificación (Genre), que tiene por objeto ayudar a comprender la madurez inherente a la edad de matrimonio para que los contrayentes sean capaces de alcanzar los niveles de educación deseados de una manera planificada, tener carreras en el trabajo planificado, y casarse con una planificación completa de acuerdo con el ciclo de salud reproductiva. Se prevé que el programa forme el carácter de la nación alejando a la juventud del matrimonio precoz, las relaciones sexuales prematrimoniales y las drogas.