La asistencia jurídica a cargo del Estado permite a los pobres emprender acciones legales o defenderse judicialmente contra otros en procedimientos civiles, penales, administrativos, contables y fiscales, de forma gratuita (Ley 217/1990 modificada por la Ley 134/2001 y, actualmente, en virtud de la parte III del Decreto Presidencial 115/2002).

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

La Ley 105/2012 introdujo cambios relevantes en el control de las exportaciones de armamento (Ley 185/1990), para los que también se tuvo en cuenta la legislación europea, en particular la Posición Común 20087944/PESC del Consejo.

En consecuencia, la Autoridad Nacional de Exportación de Armamento ha pasado a centralizar los controles de todas las transferencias de armas militares, manteniendo el principio de que cualquier persona o entidad, ya sea privada o pública, debe solicitar y recibir autorización antes de realizar una transferencia de artículos incluidos en la lista de control nacional.

También se revisaron los procedimientos de autorización de las exportaciones, para aumentar los controles y el cumplimiento de la legislación internacional. Eso incluye la evaluación sobre el respeto de los derechos humanos en el país de destino final, tal como exigen el criterio 2 del artículo 2 de la Posición Común 2008/944 y, desde 2014, el artículo 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas. Según esos procedimientos, se ha establecido el intercambio regular de información entre la Autoridad Nacional de Exportación de Armamento y los departamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores encargados de evaluar el respeto de los derechos humanos, el respeto de las mujeres y los niños, el desarme y la no proliferación. En consecuencia, se estableció una lista de países de destino para las exportaciones de armas, que incluye las siguientes categorías: a) con especial atención; b) en riesgo. La lista, que se actualiza cada cuatro meses, incluye actualmente a 84 países, 22 de los cuales están clasificados como “en riesgo”. Para cada uno de ellos, se elabora un perfil de país que deja constancia de su accionar en el ámbito de los derechos humanos, además de su fiabilidad política y militar. Los perfiles de los países recogen información también de asociados internacionales, fuentes de inteligencia abiertas e institutos de investigación.

De acuerdo con los procedimientos establecidos desde 2012, cualquier solicitud de exportación de armas hacia un país incluido en la lista se presenta a los departamentos pertinentes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que realicen una evaluación del riesgo más profunda. Los datos de los usuarios finales y otra información también se presentan para su verificación a las embajadas y oficinas en el extranjero. Además, la Autoridad Nacional de Exportación de Armamento tiene en cuenta el comportamiento de los asociados de la Unión Europea a través del sistema en línea COARM (Grupo de Trabajo del Consejo Europeo sobre Exportaciones de Armas Convencionales).

Tal como se solicita en el artículo 7.4 del Tratado sobre el Comercio de Armas, la evaluación mencionada toma en consideración el riesgo de que las armas convencionales se utilicen para cometer o facilitar actos graves de violencia de género o actos graves de violencia contra las mujeres y los niños.

También se evalúa específicamente el riesgo de desvío, descrito en el artículo 11 del Tratado. Italia es consciente de que el desvío afecta principalmente a las armas pequeñas y armas ligeras, que es la categoría más implicada en las violaciones de los derechos humanos, lo que tiene un efecto multiplicador en la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Se han denegado diversas licencias por los motivos mencionados.

Para evitar el desvío, el sistema legislativo italiano hace hincapié en las medidas preventivas, como la evaluación de la capacidad política y militar del país receptor; la evaluación del historial de derechos humanos y la magnitud del desvío interno en el país; y la verificación de la exactitud de la información proporcionada por la empresa exportadora italiana, particularmente la legalización y los controles por vía diplomática de la firma del usuario final declarado.

Otra medida para prevenir los riesgos de violencia de género y de violencia contra las mujeres es la consulta periódica de las fuentes de información que advierten sobre riesgos específicos en los países de destino. Las principales fuentes de información son la red de embajadas y oficinas en el extranjero; otras entidades nacionales pertinentes, como el Ministerio de Defensa; las organizaciones internacionales, especialmente la Unión Europea, y la red de institutos de investigación vinculados a ellas; y las organizaciones de la sociedad civil.

Los próximos pasos para mejorar nuestra evaluación del riesgo de violencia de género y violencia contra las mujeres pueden incluir la mejora de las comunicaciones y del intercambio de información y una cooperación más estrecha entre las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales que luchan contra la violencia de género en el extranjero. Por ejemplo, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, que opera desde 2016 como entidad independiente, tiene una larga experiencia con respecto al tema.

La Unión Europea también ha apoyado muchos proyectos de desarme, desmovilización y reintegración. Un mayor intercambio de experiencias entre los diferentes actores puede contribuir a crear más conciencia y fomentar el desarrollo de un enfoque más amplio en términos de control de la exportación de armas, dentro del ámbito del artículo 7.4 del Tratado sobre el Comercio de Armas.

Con vistas a la elaboración del cuarto Plan de Acción Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 2020-2024, junto con el Grupo de Trabajo específico de composición abierta para la implementación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad, establecido con un enfoque interministerial, inclusivo y participativo, hemos trabajado intensamente para optimizar el Plan anterior a la luz de la primera y la segunda ediciones, así como de todas las normas e instancias internacionales y regionales pertinentes, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos 5 y 16, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la recomendación general núm. 30 del Comité de la Convención. Teniendo en cuenta los tres ejes de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (participación, protección y prevención), este nuevo Plan de Acción también presta atención específica a los niños, y especialmente a las niñas, para protegerlos durante los conflictos armados y los períodos posteriores al conflicto, a la luz de la promesa abierta hecha por Italia en la 33ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (diciembre de 2019) (www.cidu.esteri.it).

El artículo 1 de la Ley 125/2014 sobre la cooperación internacional para el desarrollo incluye explícitamente la igualdad de género entre los principios y fines fundamentales de la cooperación para el desarrollo.

El plan trienal de programación y orientación política de la Cooperación Italiana para el período 2019-2021 también confirma el compromiso con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

La estrategia de la Cooperación Italiana se basa en los cinco pilares de la Agenda 2030. En 2020, Italia aprobó las directrices sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, las niñas y los niños en la cooperación internacional (2020-2024), con el fin de lograr una transformación cultural institucional que involucre a todos los actores del sistema italiano, poniendo en práctica mecanismos de incorporación de la perspectiva de género.

Cabe mencionar el uso sistemático de indicadores cualitativos (el llamado marcador de política de género del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)); la integración del análisis de género en todos los documentos de planificación; la recopilación de datos estadísticos desglosados por sexo y la construcción de un sólido sistema de gestión basada en los resultados y con perspectiva de género.

En la fase de programación, Italia garantizará un enfoque doble para asignar al menos el 10 % de la financiación a iniciativas específicas destinadas a la promoción de la igualdad de género y para garantizar la integración de la perspectiva de género en otras iniciativas. Las directrices para la integración de la discapacidad y la inclusión social en los proyectos de asistencia (2018) destacan la necesidad de tener en cuenta la discriminación múltiple.

Recordando la pregunta 2, la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el Feminicidio, encargada de supervisar la aplicación concreta del Convenio de Estambul, aprobó, en su sesión del 17 de junio de 2021, el informe titulado “La violencia de género y la violencia doméstica en la realidad judicial”, que reproduce el análisis de las investigaciones realizadas en las fiscalías, los juzgados ordinarios, los juzgados de supervisión, el Consejo Superior de la Magistratura, la Escuela Superior de la Magistratura, el Colegio de Abogados, así como evaluaciones hechas por psicólogos.

El ISTAT indica que los homicidios de mujeres se han mantenido estables a lo largo del tiempo, a diferencia de los homicidios de hombres, que disminuyen constantemente desde 1990. En 2019 hubo 315 homicidios (345 en 2018): 204 hombres y 111 mujeres; el 19,7 % de las víctimas (específicamente, el 17,6% de los hombres y el 23,4 % de las mujeres) eran extranjeras. En 2020, hubo 116 asesinatos de mujeres y 170 de hombres. El número de homicidios relacionados con la familia y la pareja está en aumento: 150 en 2019 (47,5 %); 93 víctimas fueron mujeres (lo que constituye el 83,8 % del total de homicidios de mujeres). Las diferencias de género son marcadas: los homicidios relacionados con la familia o la pareja representan el 27,9 % del total de homicidios de hombres y el 83,8 % de los homicidios de mujeres (hace 15 años, las cifras eran del 12,0 % y el 59,1 %, respectivamente).

Las armas de fuego no son las armas más utilizadas en los homicidios de mujeres: de los 116 casos ocurridos en 2020, el 34,5 % involucraron un arma blanca, el 25,9 % un arma de fuego, y también existe un alto porcentaje de mujeres asesinadas a golpes, exclusivamente con las manos (12,9 %) o con un arma improvisada (8,6 %). El 18,1 % de las mujeres son asesinadas de otras formas, por ejemplo, por asfixia y sofocación; son poco frecuentes los casos de envenenamiento. Por el contrario, los hombres son asesinados más frecuentemente con armas de fuego: 42,4 % (72 casos de 170).

En los procesos judiciales, están aumentando los imputados por homicidio en “contextos relacionales” (246 en 2010, 271 en 2018) (anexo 5.1 y ss.).

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

Recordando el ciclo de presentación de informes anterior, el Departamento para la Igualdad de Oportunidades de la Presidencia del Consejo de Ministros es responsable desde 1997 de la orientación, las propuestas y la coordinación de las iniciativas normativas y administrativas para apoyar los derechos humanos de las mujeres; y prevenir y eliminar todas las formas de discriminación, combatir la violencia contra las mujeres, la explotación y la trata, así como todas las violaciones de los derechos fundamentales a la integridad de la persona y a la salud de las mujeres y las niñas.

El Departamento para la Igualdad de Oportunidades desempeña una función de orientación y apoyo a las políticas en materia de igualdad de género, sobre la base de una planificación anual con objetivos, plazos, líneas de actuación, criterios de aplicación y sistemas de seguimiento y evaluación definidos por la autoridad política competente, a través de la correspondiente directiva de orientación anual. Ese instrumento, dentro de un marco estratégico coherente, permite sistematizar las distintas iniciativas legislativas y políticas intersectoriales e interinstitucionales para la promoción de la igualdad de género y poner en marcha los consiguientes procesos sistemáticos de seguimiento y evaluación, en colaboración con las Administraciones centrales y locales competentes: seguimiento y supervisión del acceso en condiciones de igualdad a los órganos de administración y control de las empresas de titularidad pública conforme al Decreto Legislativo 175/2016; y seguimiento y evaluación con perspectiva de género de los Presupuestos Generales del Estado, y elaboración del informe anual al Parlamento con respecto a su ejecución. Esta herramienta permite evaluar el diferente impacto que tienen las políticas financiadas por el Estado en las mujeres y los hombres en términos de dinero, servicios, tiempo y trabajo no remunerado. El informe al Parlamento ofrece un análisis del nivel de incorporación de la perspectiva de género en el presupuesto del Estado y de la conexión entre las carencias, las acciones y las respuestas políticas, mediante una encuesta anual y la presentación de informes; un informe anual sobre la aplicación del Código Rojo en materia de lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, tras la adopción de medidas legislativas específicas destinadas a reforzar el sistema de gobernanza nacional para la prevención y represión de ese fenómeno; un resumen de las comparecencias de las autoridades políticas competentes o de los representantes del sistema público y privado ante los órganos parlamentarios competentes, como la Comisión Parlamentaria sobre el Feminicidio; un informe anual al Parlamento y al Tribunal de Cuentas sobre la igualdad de género, elaborado por la autoridad política competente y el Departamento para la Igualdad de Oportunidades. El artículo 10 del Decreto 150/2009 prevé que el informe anual de desempeño debe mostrar los resultados finales a nivel organizacional e individual alcanzados en relación con los objetivos y recursos específicos programados, con un registro de cualquier discrepancia, y el equilibrio de género alcanzado.

En 2016 se intentó por primera vez la presupuestación con perspectiva de género. La metodología adoptada sigue las indicaciones de un decreto emitido en junio de 2017, así como los criterios más detallados señalados en posteriores circulares de la Oficina General de Contabilidad (la más reciente de las cuales es la circular 7/2020, titulada “Presupuestación con perspectiva de género. Directrices e inicio de actividades relativas a las Cuentas Generales del Estado, 2019”).

El Decreto Legislativo 116/2018 reforzó la función de presupuestación con perspectiva de género y enfatizó la oportunidad de que se la utilice como base informativa para promover la igualdad de género a través de políticas públicas, redefiniendo y reasignando los recursos en consecuencia, y teniendo a la vez en cuenta el desempeño de los indicadores de bienestar equitativo y sostenible incluidos en el Documento Económico y Financiero.

La reconstrucción mencionada constituye, dentro de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021-2026, la base del sistema de gobernanza de las políticas de igualdad de género, que se reforzará con un Comité Directivo interinstitucional y un Observatorio Nacional para la integración de las políticas de género.

El Comité Directivo, dirigido por el Presidente del Consejo de Ministros o por la autoridad política delegada, servirá de enlace entre las diferentes administraciones. El Observatorio técnico mencionado, que apoya al Comité Directivo, se estableció dentro del Departamento para la Igualdad de Oportunidades en virtud de un Decreto Ministerial de fecha 4 de febrero de 2022 para implementar y monitorear esta Estrategia.

El Departamento para la Igualdad de Oportunidades obtendrá la información sobre el seguimiento de la aplicación de la Estrategia mediante un sistema de información en línea desarrollado a tal fin. El sistema prestará especial atención a la función y la contribución de las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

El Departamento de Políticas Familiares inició en 2020 un proceso inclusivo y participativo que culminará en el nuevo Plan Nacional de la Familia 2022-2027 (probablemente en julio de 2022). El proceso se inició con el apoyo del Observatorio Nacional de la Familia. Restablecido por el Decreto de la Ministra para la Igualdad de Oportunidades y la Familia de 24 de enero de 2020, este Observatorio ha trabajado en cuatro grupos para examinar a fondo cuatro temas principales relacionados con la familia, que representarán las principales esferas de intervención del nuevo Plan también en línea con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: la cuestión demográfica; la relación entre los géneros y entre las generaciones; la cuestión de la desigualdad; y el empleo desde una perspectiva de género. Este Plan pretende ser un documento compartido que recoja las diferentes necesidades del tejido social de nuestro país, particularmente mediante la organización de la Conferencia Nacional sobre la Familia cada dos años.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2021, el citado Departamento organizó la Cuarta Conferencia Nacional sobre la Familia. Aprovechando el trabajo del Observatorio mencionado, entre julio y septiembre de 2021 el Departamento organizó seminarios web preliminares para debatir las cuestiones más significativas planteadas en los grupos de trabajo. Esas cuestiones también fueron objeto de consulta pública en la plataforma gubernamental “ParteciPA”.

Las medidas de apoyo a las familias y a las personas con discapacidad incluyen lo siguiente:

•La Prestación Única y Universal, que es una ayuda económica a las familias, asignada por cada hijo a cargo hasta los 21 años (si se cumplen determinadas condiciones) y sin límite de edad para los hijos con discapacidad (P. 17);

•La bonificación para hogares monoparentales sin ingresos o desempleados. La Ley 178/2020 crea un Fondo para las familias monoparentales en las que el progenitor a cargo está desempleado o tiene un solo ingreso. El subsidio, de hasta 500 euros, es una contribución mensual para los hogares en los que hay niños con discapacidad;

•El Fondo nacional para la no autosuficiencia, que fortalece la asistencia, los servicios y los proyectos de vida independiente para las personas con discapacidades graves y no autosuficientes y para el apoyo de quienes se ocupan de ellas. En virtud de la Ley 234/2021, este Fondo se complementa con 100 millones de euros para 2022; 200 millones de euros para 2023; 250 millones de euros para 2024; y 300 millones de euros a partir de 2025;

•El Fondo de ayuda a las personas con discapacidades graves sin apoyo familiar (Fondo “Dopo di noi”), que refuerza las vías de acompañamiento para la salida de la unidad familiar de origen y para la desinstitucionalización de las personas con discapacidades muy graves. Ese Fondo también financia intervenciones de apoyo a la atención domiciliaria y programas de sensibilización, capacitación y desarrollo de habilidades para la gestión de la vida diaria y para el logro del mayor nivel de autonomía posible. En virtud de la Ley 178/2020, para cada uno de los años 2021, 2022 y 2023, el Fondo se incrementa en 20 millones de euros, lo que representa un total de 76 millones para cada uno de esos tres años;

•El Fondo para los cuidadores familiares, que financia intervenciones legislativas destinadas a reconocer el valor social y económico de los cuidados no profesionales prestados por los cuidadores familiares. En virtud de la Ley 178/2020, se establece el Fondo para los cuidadores familiares por un total de 90 millones de euros, de 2021 a 2023;

•En cuanto a las políticas de inclusión, hay que mencionar el Fondo para las políticas en favor de las personas con discapacidad para la implementación de intervenciones legislativas que reorganicen las políticas de apoyo a la discapacidad. En virtud de la Ley 234/2021, este Fondo se incrementa en 50 millones de euros anuales, desde 2023 hasta 2026;

•El Fondo contra la discriminación, que se utilizará para financiar actividades de promoción de la libertad de las mujeres y de los géneros y de actividades para prevenir y combatir las formas de violencia y discriminación contra las personas con discapacidad. En virtud de la Ley 178/2020, se creó el Fondo contra la discriminación y la violencia de género, con una asignación de 6 millones de euros en total desde 2021 hasta 2023;

•El 19 de marzo de 2021, se creó mediante un Decreto Ley un Fondo para la inclusión de las personas con discapacidad, con una asignación de 100 millones de euros. En virtud de la Ley 234/2021, este Fondo se capitalizó con 50 millones de euros para 2022 y 2023; y entre las esferas de intervención se incluyen iniciativas dedicadas a las personas con trastorno del espectro autista.

En todas las administraciones públicas centrales y locales, se han creado Organismos Únicos de Garantías (véanse los ciclos de presentación de informes anteriores).

El artículo 48 del Decreto Legislativo 198/2006 obliga a las dependencias públicas a elaborar cada tres años un plan en el que se describa la situación del personal en términos de género (la dotación femenina no debe ser inferior a un tercio) y en el que se indiquen, entre otras cosas, las acciones propuestas para eliminar los obstáculos que impiden la plena realización de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En este contexto también encontramos información sobre las herramientas que ponen en práctica las dependencias públicas para la conciliación de la vida familiar y laboral (lo cual ofrece información indirecta sobre cómo se aplican las políticas familiares).

Como se mencionó en los ciclos de información anteriores, los Consejeros para la Igualdad supervisan la aplicación de este requisito, mediante la formulación de un dictamen; si no presentan el plan mencionado ante la Consejería, las dependencias públicas no pueden contratar nuevo personal (artículo 6.6, Decreto Legislativo 165/2001).

En el Ministerio de Cultura se creó el Observatorio para la Igualdad de Género, que cumple funciones de asesoramiento y apoyo en las esferas de competencia del Ministerio, además de encontrar las mejores prácticas, promover la investigación pertinente y realizar tareas de seguimiento. Por otra parte, el Decreto Ministerial 296/2021 prevé, en su Prioridad III, el apoyo al entretenimiento, el cine y las disciplinas audiovisuales, destinado a promover la planificación para las generaciones más jóvenes y a reforzar los instrumentos para garantizar la igualdad de género.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

Recordando los ciclos de presentación de informes anteriores, la situación general de la representación de las mujeres en los puestos directivos a nivel político, económico y social ha mejorado significativamente, sobre todo gracias a los avances relativos a la participación femenina en las juntas directivas.

Para promover una representación de las mujeres más extensa y más justa en las funciones de liderazgo económico, la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021-2026, adopta, entre otras, las siguientes medidas:

•Porcentaje de mujeres en las juntas directivas de las empresas que cotizan en bolsa (actualmente, 38,8 %);

•Porcentaje de mujeres en puestos de dirección y gestión (actualmente en torno al 24 %).

La participación en los máximos órganos de la administración pública a nivel nacional está cerca de la media europea (alrededor del 35 % en el Gobierno y el Parlamento). En cambio, la brecha a nivel de las autoridades regionales y locales sigue siendo mayor (por debajo del 20 %), en parte debido a la falta de normas y a la menor atención de los medios de comunicación. Para garantizar una representación equitativa de hombres y mujeres en los diferentes niveles institucionales y de gobierno mediante la promoción de la igualdad de acceso a la representación política, se mide:

•La proporción de mujeres nombradas en entidades públicas, autoridades independientes y órganos judiciales;

•La proporción de mujeres en los Consejos regionales (sobre el total de miembros elegidos, actualmente con una media de alrededor del 21 %);

•El número de leyes electorales regionales que incluyen principios de igualdad de género, tanto en las listas electorales (es decir, requisitos de género en la composición de las listas) como en las votaciones (por ejemplo, preferencia de género o doble preferencia), tal y como se define en la Ley 165/2004 (según la información del Senado italiano en la Nota 220/2020, hasta la fecha, solo 15 Consejos regionales aplican estos principios);

•La proporción de mujeres en los consejos y órganos de gobierno de las administraciones municipales y provinciales, así como en las empresas e instituciones que dependen de ellas.

Las iniciativas relacionadas con la prioridad estratégica con respecto al poder son:

•Aumentar las cuotas en virtud de la Ley Golfo-Mosca (Ley 120/2011), con posible extensión a otras empresas;

•Establecer la obligatoriedad de transparencia y publicación con respecto a las listas de preseleccionados (es decir, las listas de candidatos que se tienen en cuenta para la fase final de selección) para los altos funcionarios administrativos, así como las listas de espera para las empresas que cotizan en bolsa;

•Aplicar la legislación sobre igualdad de género en las leyes electorales regionales;

•Establecer cuotas de género en los órganos de gobierno de la administración pública y organismos afines.

Recordando los ciclos de presentación informes anteriores, los Consejeros para la Igualdad de Género trabajan de acuerdo con los artículos 12 a 20 del Decreto Legislativo 198/2006 y ss. En cuanto a la vida política, estos tienen el mandato de supervisar, entre otras cosas, los gobiernos locales de los municipios de más de 3.000 habitantes (Ley 56/2014), cuya cuota de género no puede ser inferior al 40 %. En caso contrario, los Consejeros pueden iniciar acciones para completar esos organismos con la cuota necesaria.

Recordando el ciclo de presentación de informes anterior, la Ley 68/1999 sobre trabajadores con discapacidad se aplica tanto a las mujeres como a los hombres. Durante la pandemia de COVID-19 no se adoptaron medidas temporales especiales, pero se veló por preservar el funcionamiento del sistema ordinario pertinente para la inclusión laboral específica de las personas con discapacidad.

En nuestro sistema, existen incentivos para la contratación de personas con discapacidades más graves, aunque no tienen una orientación de género, ya que se desprenden del Fondo para el derecho al trabajo de las personas con discapacidad (anexo 6).

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

En el apartado de Prevención del nuevo Plan Estratégico Nacional contra la Violencia Masculina 2021-2023, se han definido algunas prioridades y objetivos relacionados con la prevención sistémica e integrada: prevención primaria, secundaria y terciaria.

La prevención primaria se entiende como la planificación de acciones de sensibilización y comunicación, así como de intervenciones educativas, destinadas a prevenir la violencia de género mediante la lucha contra los estereotipos de género, la promoción de una cultura de respeto entre los hombres y las mujeres y la estigmatización de la violencia de género con referencia a los modelos sociales. La prevención primaria se dirige principalmente a la juventud.

Sobre la base de las numerosas iniciativas llevadas a cabo en los últimos años, la dimensión preventiva y cultural de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021-2026 incluye los estereotipos de género, de acuerdo con un enfoque inclusivo.

Como parte del memorando de entendimiento entre el Departamento para la Igualdad de Oportunidades y el ISTAT, este último elaboró en 2018 un módulo específico que recoge estereotipos sobre los roles de género y, por primera vez, opiniones sobre el concepto de aceptabilidad de la violencia contra las mujeres, su extensión y sus causas, así como los estereotipos sobre la violencia sexual. La encuesta se repetirá en 2022 para hacer un seguimiento y un análisis y así contribuir a erradicar estos modelos culturales. El ISTAT también se propone realizar una encuesta sobre los estereotipos de género relativos a los roles tradicionales de las mujeres y los hombres dirigida a los estudiantes de las escuelas secundarias inferiores y superiores.

Los datos confirman que es fundamental invertir en educación y en las nuevas generaciones (Anexos 3, 6, A).

Los estereotipos sobre los roles de género y los que asignan responsabilidad a la mujer que sufre violencia sexual son menos comunes entre las personas más educadas y la juventud. Sin distinción entre hombres y mujeres, el 58,8 % de la población (de 18 a 74 años) expresa al menos un estereotipo sobre los roles de género (por ejemplo, “para el hombre, más que para la mujer, es muy importante tener éxito en el trabajo”; “los hombres son menos aptos para las tareas domésticas”; “es el hombre el que debe cubrir las necesidades económicas de la familia”).

A lo largo de los años, el Ministerio del Interior ha adoptado líneas estratégicas de intervención integral para proteger a las víctimas, centrándose en la represión, la investigación y, sobre todo, la prevención.

Todas las fuerzas del orden participan en la formación pertinente. A modo de ejemplo, en el Instituto Superior de Técnicas de Investigación (en Velletri) se han formado 300 oficiales del Cuerpo de Carabineros desde 2014, todos ellos procedentes de unidades provinciales de investigación incluidas en la Red Nacional de Seguimiento de la Violencia de Género.

Se han elaborado módulos de aprendizaje electrónico sobre la violencia contra las mujeres y su prevención.

A raíz del memorando de entendimiento con el Departamento para la Igualdad de Oportunidades, se ha encomendado a RaCIS (los laboratorios de ciencias forenses del Cuerpo de Carabineros, que cuentan con un sector dedicado a delitos relacionados con el acoso) la investigación y los servicios de asesoramiento para elaborar las estrategias pertinentes.

De acuerdo con el Código Rojo, la Dirección Central de Lucha contra la Delincuencia emitió en septiembre de 2019 una circular titulada “Violencia contra las mujeres: Nuevas prácticas operativas”.

Se han puesto en marcha numerosas campañas de sensibilización, como el proyecto EVA (“Examen de los actos violentos”) y la campaña “Esto no es amor” (que incluye un folleto), que han hecho aumentar el número de denuncias.

El artículo 3.9 de la resolución relativa a la Comisión Parlamentaria sobre el Feminicidio le permite cumplir funciones a través de los grupos de trabajo. El primer grupo de trabajo, dedicado a la prevención, estuvo dedicado a la comunicación con perspectiva de género, la cultura y la necesidad de superar todos los estereotipos y formas de discursos de odio, así como a la formación en el ámbito académico de los operadores que asisten a las víctimas de la violencia y a la formación escolar de los educadores que deberán promover y construir modelos culturales y educativos orientados a una gestión correcta y sana de las relaciones y al reconocimiento y respeto de las diferencias. Se publicó una primera encuesta en la que se reconocía el creciente interés de las universidades en la lucha contra la violencia de género.

El Ministerio de Educación organiza iniciativas específicas, como competencias escolares, para promover y poner en marcha actividades de lucha contra todas las formas de violencia y discriminación. Para fomentar la reflexión entre las generaciones más jóvenes con respecto a la violencia contra las mujeres, es esencial comprender la igualdad y el respeto mutuo mediante la lucha contra los estereotipos y la violencia de género.

Dentro de la llamada Alternancia Escuela-Trabajo, el Ministerio de Educación promovió un proyecto con la ONG Teléfono Rosa centrado en la formación de estudiantes, sobre las actividades de esa organización.

El objetivo del proyecto “Pari si cresce, 8 marzo in rete”, resultante del memorando de entendimiento firmado el 8 de marzo de 2021 por el Ministerio de la Administración Pública, el Ministerio para la Igualdad de Oportunidades y la Familia, el Ministerio de Educación y la Red Nacional de Organismos Únicos de Garantías, es poner a disposición de las escuelas primarias y secundarias las mejores destrezas y prácticas adquiridas en la administración pública con el fin de formar a los estudiantes en la cultura del respeto a los demás y la igualdad de oportunidades. El acuerdo establece que aproximadamente 200 Organismos Únicos de Garantías establecidos en las administraciones públicas proporcionarán apoyo, información y formación, para realizar intervenciones de carácter cultural en las escuelas en colaboración con el personal de las instituciones, destinadas a fomentar el crecimiento educativo y la educación a favor del respeto y en contra de todas las formas de discriminación. El Departamento para la Igualdad de Oportunidades pondrá en marcha varias campañas de información para dar a conocer los proyectos que se llevarán a cabo.

La Autoridad de Comunicaciones siempre ha buscado promover una representación positiva y no estereotipada de las mujeres en los medios de comunicación.

En 2017, esa Autoridad adoptó la recomendación sobre la correcta representación de las mujeres en los programas de información y entretenimiento (Resolución 442/17/CONS). La medida establece que las noticias que tienen a las mujeres como protagonistas deben retratarlas de forma equilibrada y adecuada a la realidad del universo femenino y no estar condicionadas por estereotipos y prejuicios, ofensivos a su dignidad. Recomienda que los prestadores de servicios audiovisuales y de radiocomunicación garanticen el respeto efectivo de los derechos fundamentales cuando traten cuestiones de acoso sexual.

La presencia femenina en la programación de los medios de comunicación públicos es del 37 %. Se pide a las mujeres que principalmente representen y narren sus experiencias personales, y con mucha menor frecuencia que muestren sus conocimientos. Las mujeres solo representan el 22,3 % de los expertos que aparecen en los programas de la RAI.

La iniciativa “Sin mujeres, no hay panel”, iniciada por la Comisión Europea, fue adoptada en 2020 por Radio RaiUno. Instituciones y organizaciones de toda Italia se han ido adhiriendo progresivamente a ella, y ha recibido también el respaldo del Jefe de Estado. En los últimos meses se ha elaborado un memorando de entendimiento para que esa empresa se comprometa a incluir, en la medida de lo posible, a mujeres y hombres en los debates. En 2021, el Presidente de la RAI y las instituciones interesadas firmaron ese documento en presencia de la Sra. Bonetti, Ministra para la Igualdad de Oportunidades y la Familia.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

En julio de 2019, el Parlamento aprobó la Ley del Código Rojo.

Entre los nuevos delitos, el artículo 558 bis del Código Penal se refiere a la coacción o inducción al matrimonio. Castiga las conductas relacionadas con el matrimonio y la unión civil forzados, en las que la coacción se refiere también al maltrato psicológico. Este artículo también se aplica cuando el hecho es cometido en el extranjero por un ciudadano italiano o un extranjero residente en Italia o en perjuicio de un ciudadano italiano o un extranjero residente en Italia.

Este delito se castiga con penas de prisión de uno a cinco años, que se agravan en el caso de conducta contra personas especialmente vulnerables, incluidos los menores de 18 años. Se agrava aún más si se comete contra menores de 14 años.

La Ley 7/2006 sobre la mutilación genital femenina (MGF) se opone fuertemente a ese fenómeno y establece un fondo para formar a los operadores de los servicios.

De acuerdo con las directrices emitidas por el Decreto Ministerial de 17 de diciembre de 2007, el Ministerio de Salud proporciona anualmente a las autoridades regionales recursos para actividades de prevención, asistencia y rehabilitación para las mujeres y niñas que hayan sido víctimas de prácticas de MGF.

En 2020, el Ministerio de Salud y el Instituto Superior de Salud impartieron una formación sobre la violencia contra la mujer, centrada en la MGF. Muchos trabajadores sanitarios, sociales y de seguridad pública participaron en esta formación (P. 20).

En cuanto a los datos del ISTAT sobre la práctica de la mutilación genital femenina, en 2018 hubo cuatro procedimientos, en tres de los cuales se iniciaron acciones penales. Cuatro personas, todos hombres, están bajo proceso judicial.

El Ministerio del Interior ha pedido recientemente a las prefecturas que compartan lo siguiente con los centros de acogida y los organismos e instituciones clave:

•Guía operativa sobre la violencia de género, titulada “Cómo prestar el primer apoyo a los supervivientes de la violencia de género para los profesionales que trabajan con víctimas de violencia”, elaborada conjuntamente por el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el UNICEF;

•Formación en línea sobre las vulnerabilidades y la derivación, preparada en colaboración con el ACNUR, el UNICEF y la OIM, para quienes trabajan en el sistema de acogida e integración;

•Se están evaluando otras iniciativas.

Entre las acciones llevadas a cabo por el Departamento para la Igualdad de Oportunidades, cabe mencionar los memorandos de entendimiento pertinentes. A lo largo de los años los han firmado 13 regiones, con el objetivo de definir la duración y las modalidades de ejecución de los proyectos de prevención y lucha contra la MGF, gracias a la financiación provista por el Departamento (tres millones de euros).

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

En el ámbito del derecho penal, es importante la Ley 134/2021, titulada “Delegación de facultades al Gobierno para la eficacia del proceso de justicia penal, así como en el ámbito de la justicia restaurativa, y disposiciones para la rápida resolución de los procedimientos judiciales”, aprobada por el Senado en septiembre de 2021.

Las novedades penales incluyen la detención por delito flagrante en caso de violación de la orden de alejamiento, y la exclusión de la atenuante de levedad de la infracción en estos procedimientos (artículo 2.15).

Los principales cambios en materia de derecho civil, a punto de ser introducidos por una ley que delega al Gobierno la eficiencia del proceso civil y la revisión de los instrumentos de resolución alternativa de conflictos (aprobada por el Senado y a punto de ser aprobada por la Cámara de Diputados) establecen que, en los casos en los que la mujer alegue hechos que demuestren que es víctima de violencia, por ejemplo en una sentencia de separación, los jueces deberán adoptar medidas cautelares (artículo 342 bis); acortar los tiempos para la toma de decisiones; y dotarse de poderes de evaluación sumaria. En esos casos, los jueces no deberán proponer la conciliación, en cumplimiento del Convenio de Estambul.

En octubre de 2021, la Sra. Stefani, Ministra para la Discapacidad, se presentó ante la Comisión Parlamentaria sobre los Feminicidios; surgieron varios elementos destacados.

En Italia hay cerca de dos millones de mujeres y niñas que viven con discapacidad y que se enfrentan a discriminaciones múltiples y desafíos derivados de la intersección de género y discapacidad. Esa discriminación crea barreras para la participación en todos los ámbitos de la vida.

Disponer de datos desglosados por sexo en el ámbito de la discapacidad, particularmente sobre ciertos aspectos concretos, es importante para planificar y aplicar políticas e intervenciones ad hoc. Esta es una de las principales cuestiones críticas. Por otro lado, existen datos del ISTAT sobre la violencia contra las mujeres que incluyen datos específicos sobre la violencia sufrida por las mujeres con discapacidad: mientras que el 31,5 % de las mujeres (entre 16 y 70 años) han sufrido alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de su vida, la situación es aún más crítica en el caso de las mujeres con discapacidad, ya que oscila entre el 36,7 % y el 36,2 % en función de la gravedad de la discapacidad.

A través del Observatorio para las Personas con Discapacidad, y en respuesta a esa necesidad de datos, se inició, mediante el inicio de la investigación pertinente, el trayecto para aplicar plenamente el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, relativo a la recopilación de datos y estadísticas, sobre la base de los cuales formular y aplicar políticas.

A partir de diciembre de 2020, el ISTAT fue autorizado por la Autoridad Nacional para la Protección de los Datos Personales para crear el Registro sobre la discapacidad, basado en la integración de los archivos administrativos.

Otra cuestión importante surge de las observaciones que la Ministra para la Discapacidad ha propuesto al Plan Nacional sobre la Violencia Masculina contra las Mujeres 2021-2023: un enfoque específico, con una mayor participación de la Oficina de Discapacidad, en el modelo de gobernanza y en el seguimiento de las intervenciones sobre las mujeres y las niñas con discapacidad.

Entre las medidas legislativas adoptadas para contrarrestar las formas de violencia de género se encuentra la Ley Consolidada de Servicios de Comunicación Audiovisual (Decreto Legislativo 208/2021), mediante la cual se aplica la nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (UE) 2018/1808. Esta Ley Consolidada estableció disposiciones para garantizar acciones más firmes contra la incitación a la violencia o al odio contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por motivos de sexo, raza, color u origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o por cualquier otro motivo, además de reforzar las competencias de la Autoridad de Comunicaciones en relación con las denominadas plataformas de intercambio de videos.

Incluso antes de la aprobación de dicha Ley, la Autoridad de Comunicaciones prestaba especial atención a garantizar el respeto de los derechos fundamentales en el sector de las comunicaciones, adoptando iniciativas para garantizar la lucha contra todas las formas de discriminación. En 2019 se adoptó un reglamento sobre el respeto a la dignidad humana, la no discriminación y la lucha contra la incitación al odio (resolución 157/19/CONS), en respuesta a la creciente difusión de expresiones discriminatorias y de incitación al odio.

La Autoridad de Comunicaciones ha intervenido en varios casos de discriminación por medio de orientaciones y advertencias. La actividad de control ha permitido constatar algunas infracciones de la normativa de lucha contra el discurso de odio: en el período 2019-2021, la Autoridad emitió cinco avisos y tres comunicaciones de infracción episódica de las disposiciones pertinentes contra emisoras de televisión y radio.

En el marco de la nueva planificación sistémica del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia Masculina 2021-2023, la Ley 234/2021 prevé una dotación económica especial de 5 millones de euros anuales del fondo para las políticas relacionadas con los derechos y la igualdad de oportunidades, a partir de 2022.

En cuanto a las medidas adoptadas para implementar las recomendaciones del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, el Plan Estratégico Nacional contra la Violencia Masculina hacia las Mujeres 2017-2020 ha sido clave para promover e implementar intervenciones sistémicas relativas a la promoción y apoyo del modelo de toma de responsabilidades.

Como se mencionó anteriormente, también cabe destacar el trabajo de la Comisión Parlamentaria relativa a los Feminicidios (establecida por la resolución del Senado de fecha 16 de octubre de 2018, prorrogada por la resolución de fecha 5 de febrero de 2020).

Recordando informaciones anteriores (por ejemplo, el Portal Re-Agire, la inminente entrada en vigor del memorando de entendimiento entre el Ministerio de Justicia y el ISTAT), cabe mencionar la reciente aprobación de la delegación legislativa para reformar el juicio civil por la que se optimizan las garantías para las víctimas de la violencia doméstica, por ejemplo, el principio de la necesidad de coordinación inmediata entre las autoridades judiciales.

En consonancia con el Plan Operativo del Plan Estratégico Nacional sobre la Violencia Masculina contra las Mujeres 2017-2020, el Ministerio de Salud financió una formación específica que fue ejecutada por el Instituto Superior de Salud. El proyecto “Implementación de un programa de formación a distancia para los trabajadores sociales y sanitarios de las salas de emergencia italianas, destinado a prevenir y combatir la violencia de género”, llegó a más de 26.000 operadores de todos los servicios implicados en el ámbito sanitario y no sanitario, incluidos los trabajadores sociales y el personal de las fuerzas de seguridad, para garantizar que los profesionales adquieran conocimientos y habilidades que les permitan recibir y atender mejor a las mujeres víctimas de la violencia y para asegurar la plena difusión de las directrices nacionales para las autoridades sanitarias y los hospitales relativas al socorro y la asistencia sociosanitaria a las mujeres que sufren violencia (2017). El proyecto contó con la colaboración de referentes y puntos de contacto designados por los departamentos de salud locales, a petición del Ministerio de Salud. Los referentes desempeñaron un papel estratégico en el fomento de la más amplia difusión del programa de formación a distancia, particularmente en la promoción del establecimiento de redes locales. La presencia en cada sala de urgencias de un referente (profesional de la medicina o la enfermería) garantizó un seguimiento constante de la evolución del curso, a nivel local.

Las estrategias de intervención en materia de violencia de género adoptadas a lo largo de los años por el Departamento de Orden Público del Ministerio del Interior han dado lugar a numerosas iniciativas, tanto de prevención como de respuesta, que han repercutido positivamente en la estructura organizativa de la Policía del Estado.

El decreto interministerial de 19 de abril de 2017 confirmó las competencias pertinentes de la Dirección Central de Lucha contra la Delincuencia de la Policía Estatal en materia de coordinación:

•El Servicio Operativo Central tiene una sección dedicada a combatir la violencia contra las mujeres;

•El Servicio de Control Territorial, encargado de la gestión de la prevención general y del control territorial, coordina herramientas de denuncia innovadoras, entre ellas la aplicación YOUPOL;

•El Servicio de Policía Científica apoya las investigaciones gracias a sus expertos en biología, química, física, huellas dactilares, medicina forense, etcétera. Opera en toda Italia, a través de sus oficinas interregionales, regionales y provinciales;

•El Servicio Central de Lucha contra la Delincuencia, creado en 2017, se encarga de elaborar medidas preventivas y análisis de los fenómenos delictivos, incluidos los relacionados con la violencia de género y las víctimas vulnerables, y es el punto de referencia de las Divisiones de Lucha contra la Delincuencia de la Jefatura de Policía para apoyar la acción preventiva, emprendida mediante intervenciones que tienen en cuenta la peligrosidad social de los individuos. Este Servicio se encarga de las iniciativas de cooperación interinstitucional e internacional en materia de prevención y lucha contra la delincuencia (en marzo de 2021, se activó la aplicación interinstitucional SCUDO para facilitar la consulta de datos y reconstruir y vincular durante las intervenciones sobre el terreno los distintos episodios en los que estén implicados presuntos autores y víctimas).

A lo largo de los años, la Policía del Estado ha profundizado en la creación de herramientas operativas eficaces para la aparición de casos de violencia en el marco de las actividades de “primera intervención”. A partir de 2018, se difundieron a nivel nacional los primeros procedimientos de intervención en casos de violencia de género, descritos en una “ficha de tramitación”, y se los actualizó en 2019, tras la adopción del Código Rojo. Esas intervenciones se gestionan a través de instrucciones para las Salas de Operaciones de la Jefatura de Policía destinadas a estandarizar las actividades correspondientes. El modelo se implementa a través de módulos de formación específicos, básicos y de especialización en control territorial. A mediano y largo plazo, se espera luchar más eficazmente contra la reincidencia y lograr que las mujeres confíen en la Policía para denunciar los casos de violencia.

La Policía del Estado ha desarrollado su propia campaña de información y sensibilización sobre la violencia de género, junto con iniciativas educativas que se llevan a cabo regularmente en las escuelas. La campaña “Esto no es amor”, puesta en marcha en 2016, se ha convertido desde 2017 en una iniciativa permanente aplicada por la Jefatura de Policía para informar y, sobre todo, para poner freno al surgimiento de casos de violencia. Además, con el tiempo, se han creado varias salas de escucha protegidas en la Jefatura de Policía, también en colaboración con las ONG.

Tras la aprobación del Código Rojo, la Dirección Central de Lucha contra la Delincuencia dio un nuevo impulso a la formación oportuna del personal mediante la organización de cursos específicos obligatorios para el personal que desempeña funciones de mantenimiento del orden público y policía judicial. En enero de 2020, se definieron módulos de aprendizaje electrónico sobre la violencia de género, en colaboración con la Dirección Central de Institutos Educativos, para la actualización general de la Policía del Estado, disponibles en la plataforma SISFOR. En enero de 2021 también se revisó el módulo de aprendizaje electrónico sobre la violencia de género, que había sido redactado en 2018 para los cursos de actualización impartidos para la reorganización de las carreras.

Tras una reunión celebrada en marzo de 2021 con organizaciones de la sociedad civil con respecto a la elaboración de una hoja de ruta hacia el nuevo plan estratégico sobre la violencia contra las mujeres, la Ministra Bonetti convocó, el 28 de abril de 2021, la Sala de Control, establecida dentro del anterior plan para el período 2017‑2020, a fin de ilustrar la citada hoja de ruta, incluidos los recursos de 2021 para los centros de lucha contra la violencia y los refugios (30 millones de euros). Teniendo en cuenta el informe conjunto de ISTAT y el Departamento para la Igualdad de Oportunidades sobre la violencia de género durante la pandemia de COVID-19, la Sala de Control inició el debate sobre el nuevo plan estratégico sobre la violencia masculina contra las mujeres, que refleja los pilares del Convenio de Estambul, y que se vinculará con la Estrategia Nacional sobre la Igualdad de Género; el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia; y todas las acciones que ya están en marcha para promover el empoderamiento de las mujeres.

El enfoque adoptado a nivel nacional en los últimos años (preservado también en el próximo ciclo de programación) se inspira en los puntos clave para combatir la violencia masculina contra las mujeres, particularmente la mejora de la experiencia producida por el plan anterior; y la adaptación de las acciones estratégicas del Plan anterior a la luz de los cambios y actualizaciones del marco legislativo. En cuanto a los aspectos financieros del Plan Estratégico Nacional contra la Violencia Masculina 2021-2023, hay que mencionar las siguientes medidas financieras adicionales:

•Protección de las víctimas y prevención de la violencia doméstica y de género, específicamente para contrarrestar el fenómeno mediante la rehabilitación de los hombres autores de violencia: se incrementa el fondo para las políticas relacionadas con los derechos y la igualdad de oportunidades en dos millones de euros para 2022;

•Vías de tratamiento psicológico para la reinserción social de los condenados por delitos sexuales, maltrato a familiares o convivientes y acoso: se autoriza un gasto de dos millones de euros para 2022;

•Acciones para centros de lucha contra la violencia y refugios: se incrementa el fondo en cinco millones de euros para 2022; este monto se hará permanente por un importe de 30 millones por año;

•Rehabilitación de los hombres autores de violencia: se incrementa el fondo en cinco millones de euros para 2022;

•Promoción, a través de la independencia económica, de las vías de autonomía de las mujeres víctimas de la violencia en situación de pobreza: se incrementa el fondo en 5 millones de euros para 2022.

Recordando el ciclo de presentación informes anterior, el Decreto Legislativo 80/2015 introdujo una licencia con goce de sueldo, de hasta un máximo de tres meses, para las mujeres víctimas de la violencia de género que sean empleadas de empresas públicas o privadas. La Ley 232/2016 amplió la citada medida a las mujeres autónomas. En cuanto a los datos pertinentes (anexo 7), las encuestas del ISTAT de 2006 y 2014, recordadas en el anterior ciclo de presentación de informes, están siendo actualizadas por una nueva encuesta, actualmente en curso.

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

En 2018 existían 257 centros de lucha contra la violencia activos y, en 2018, 281, imprescindibles tanto para las 49.394 mujeres derivadas a ellos como para las 30.056 mujeres atendidas en virtud de las vías de salida de la violencia. De las mujeres que iniciaron ese camino, el 63,7 % tienen hijos (de los cuales el 72,8 % son menores de edad), mientras que el 27 % son mujeres extranjeras.

Además de ofrecer un servicio presencial, ya que están abiertos una media de 5,2 días a la semana durante unas siete horas al día, los centros de lucha contra la violencia permiten el acceso remoto en el 68,5 % de los casos. El 22,6 % de los centros cuentan con un número de teléfono gratuito. En cuanto a su proximidad a las mujeres, el 49,4 % de los centros disponen de mesas de atención y ofrecen múltiples servicios, entre los que destacan la escucha y la acogida, la orientación y el acompañamiento a otros servicios de la red territorial (96,5 %), el apoyo jurídico (93,8 %), el apoyo psicológico y el asesoramiento (92,2 %), el apoyo a la autonomía (87,5 %), la vía de extracción del hogar (84,0 %) y la orientación profesional (80,5 %). Los servicios que prestan los centros también incluyen actividades de prevención, como la formación de otros operadores y la sensibilización en las escuelas. La mayoría de los centros realizan actividades de formación externa (81,7 %). Los principales destinatarios son los trabajadores sociales (82,9 %) y el personal sanitario (77,1 %), pero también las fuerzas del orden (57,1 %) y los abogados (47,6 %).

El 89,1 % de los centros de lucha contra la violencia realizan actividades de información en las escuelas; el 96,5 % organiza eventos de prevención cultural; y el 86,8 % realiza tareas de recopilación de datos.

Las mujeres víctimas de la violencia de género y doméstica también pueden encontrar alojamiento y seguridad en los 222 centros de acogida que funcionan en todo el país (257 en 2019). En 2018, acogieron a 1.940 mujeres víctimas de maltrato, cuya estancia media fue de 259 días (el 62,1 % de las mujeres eran extranjeras).

Los refugios están disponibles todos los días, a toda hora, en el 90,1 % de los casos. Los servicios que se ofrecen con mayor frecuencia son servicios de orientación y acompañamiento (96,4 %); planes de seguridad individuales basados en la evaluación de riesgos (93,7 %); apoyo y asesoramiento psicológico a las mujeres (90,1 %); orientación sobre la autonomía de vivienda (90,1 %); autonomía laboral (87,8 %); apoyo y asesoramiento jurídico (89,2 %); y asistencia para la crianza de los hijos (80,6 %).

Los servicios sociales territoriales representan el principal canal a través del cual las mujeres se acercan a los refugios (el 30 % de los casos), seguidos por los centros de lucha contra la violencia (el 26,1 % de los casos). Sin embargo, también hay mujeres que acuden a los refugios de forma independiente (6,2 %). En 2018, la mitad de las mujeres que se fueron de los centros de acogida (50,8 %) lo hicieron por haber completado la vía de salida de la violencia; y el 7,8 % por haber concluido la vía del alojamiento, lo que sugiere un resultado positivo para aproximadamente 6 de cada 10 mujeres.

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

Recordando el ciclo de presentación de informes anterior, el Departamento para la Igualdad de Oportunidades indica que las víctimas que solicitaron alojamiento en refugios mediante los programas de protección social y se beneficiaron de las medidas de asistencia, a través de la convocatoria única (refugio en instalaciones específicas), se redujeron a 691 en 2020, de 812 en 2019. Sin embargo, en 2020 hubo 2.038 “personas asistidas”, es decir, aquellas que se beneficiaron de programas de inclusión social centrados en la alfabetización, la formación profesional, la inserción laboral, la regularización, el apoyo jurídico y la búsqueda de vivienda.

Las cifras que se presentan a continuación ponen de manifiesto el compromiso constante del Gobierno con la prevención y la protección, particularmente la adaptación progresiva a las condiciones sociales y económicas cambiantes derivadas de la pandemia.

	2018	2019	2020	2021
Nueva evaluación	3 624	3 802	2 168	2 294
Número de personas recibidas	820	930	724	695
Personas asistidas	1 914	2 177	2 038	1 905

Para 2020, el Departamento para la Igualdad de Oportunidades confió al Ayuntamiento de Venecia, a través de un acuerdo institucional, la gestión de la Línea Nacional de Ayuda contra la Trata. En 2021, esas competencias se transfirieron a la región del Véneto.

Los datos facilitados por esa línea de ayuda con respecto a 2020 muestran un aumento de las llamadas entrantes (5.510 en 2020, frente a 3.802 en 2019):

•Los operadores de los números gratuitos explican el aumento en términos absolutos de las llamadas entrantes como consecuencia de las solicitudes de ayuda u orientación debidas a la pandemia. Los operadores dieron asesoramiento sobre los servicios más adecuados a cada caso;

•Sin embargo, un análisis atento muestra que se ha producido un descenso (si se compara con el año anterior) de las llamadas entrantes que denuncian casos de posibles víctimas de trata o explotación grave.

Durante 2020, la Línea de Ayuda contra la Trata de Personas recibió 1.226 llamadas, cifra probablemente influenciada por el confinamiento. Las medidas de confinamiento redujeron la prostitución, la mendicidad forzada y la economía callejera ilegal (principales fuentes de explotación), y se hicieron menos visibles los fenómenos de explotación potencial. En cualquier caso, el confinamiento vació las calles de la ciudad, lo que aumentó la vulnerabilidad de ciertas categorías de personas. Esto convenció al Departamento para la Igualdad de Oportunidades de que debía modificar las acciones planificadas para garantizar los servicios y la acogida a distancia, además de establecer formas de ayuda primaria para las víctimas y sus hijos.

La Línea Nacional de Ayuda contra la Trata de Personas también es responsable de la gestión y aplicación del Sistema Informatizado de Recopilación de Información contra la Trata (SIRIT). Este sistema es esencial para el seguimiento de los casos pertinentes y permite a Italia cumplir plenamente con la recopilación y el análisis de datos en virtud de la Directiva 36/2011 de la Unión Europea. Los datos recogidos y procesados por el SIRIT se nutren de la información periódica de 21 proyectos nacionales de lucha contra la trata, que resumen la compleja actividad de aparición, acogida e integración social de las víctimas de trata asistidas.

La última asignación financiera tuvo lugar tras la Convocatoria de Propuestas 3/2018, a través de la cual se financiaron 21 proyectos: 11 de entidades públicas (regiones y municipios) y 10 de organizaciones no gubernamentales sectoriales, por 24 millones de euros, para el período comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de mayo de 2020. Dada la persistencia de la COVID-19, mediante una disposición ad hoc de 28 de mayo de 2020, el Departamento para la Igualdad de Oportunidades prorrogó esos proyectos hasta el 31 de diciembre de 2020, con un aporte de más de 11 millones de euros (posteriormente se prorrogaron hasta el 30 de junio de 2021, con una asignación de más de 10 millones de euros). En 2021, el Departamento publicó la Convocatoria 4/2021 (que abarca el período del 1 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2022), para financiar 21 proyectos: 12 de entidades públicas y 9 organizaciones no gubernamentales, por 24 millones de euros.

En marzo de 2020, la Ministra Bonetti convocó a la Sala de Control para la prevención y la lucha contra la trata de personas, entre otras cosas para planificar el nuevo Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Trata y adecuarlo a la estrategia de la Unión Europea, las recomendaciones del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) y otras normas, además de centrarlo en las siguientes prioridades: mejorar el sistema de datos; intensificar las acciones para hacer frente a la trata con fines de explotación sexual, el matrimonio forzado, la mendicidad, la delincuencia forzada, el tráfico de órganos y piel de origen humano, la venta de bebés de mujeres embarazadas, centrándose en la explotación laboral; afrontar la trata en el nuevo contexto de la crisis migratoria; mejorar la formación; combatir la impunidad; reforzar la prevención de la trata de niños; poner en marcha otras medidas para mejorar la detección de las víctimas de la trata; garantizar el acceso a la indemnización para las víctimas de la trata; aplicar medidas continuas para garantizar que el retorno de las víctimas de trata se realice respetando sus derechos, su seguridad y su dignidad y, en relación con los niños, respetando plenamente el interés superior del niño; mejorar la eficiencia y la eficacia de las actividades relacionadas con la investigación y el enjuiciamiento.

Se va a elaborar un manual para promover un modelo de gobernanza que refuerce la atención a las personas vulnerables durante todas las fases de la acogida, empezando por la detección temprana. En 2021, se creó un grupo de trabajo interinstitucional con ese fin, que incluye, entre otros, al ACNUR, la OIM, el UNICEF, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y Médicos sin Fronteras. A nivel local, diversas prefecturas han puesto en marcha iniciativas de apoyo a las víctimas de trata, entre ellas las de Ancona, Matera, Potenza, Milán, Turín y Venecia.

Para aumentar las plazas en los centros de acogida de menores no acompañados, en el marco del Sistema de Acogida e Integración (SAI, anteriormente SIPROIMI), el Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF) financia un proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad de acogida, inclusión y acompañamiento hacia la autonomía de los menores no acompañados en la red SIPROIMI”. En el verano de 2021, se publicó el decreto por el que se aprueba la financiación de 96 nuevos proyectos del SAI para incorporar un total de 1.532 nuevas plazas, así como el decreto por el que se aprueban recursos para incorporar 797 nuevas plazas en 37 proyectos del SAI para menores no acompañados que ya están en funcionamiento, y para incorporar 174 nuevas plazas en 14 proyectos de SAI para personas con trastornos mentales y sociales que ya están en funcionamiento. En total, la red alcanzó 6.692 plazas para los menores no acompañados y 783 para las personas con trastornos mentales y sociales.

En cuanto a las medidas para proteger a los grupos más vulnerables entre los migrantes y refugiados, el Departamento de Libertades Civiles e Inmigración del Ministerio del Interior está evaluando actualmente algunas iniciativas, financiadas a través del AMIF, que incluyen formaciones con perspectiva de edad, género y diversidades.

El 20 de diciembre de 2021, el Ministerio del Interior renovó la colaboración, de forma gratuita, con Save the Children, para garantizar la protección, el apoyo y la orientación jurídica e informativa a los menores no acompañados hasta el 31 de diciembre de 2022. El 8 de junio de 2021 también se firmó un acuerdo con Terres des Hommes para ofrecer, de forma gratuita, apoyo psicológico y psicosocial a los menores no acompañados hasta el 31 de diciembre de 2022 (en 2021, dos víctimas de trata regresaron a su país de origen a través de proyectos de retorno voluntario asistido cofinanciados por el Ministerio del Interior).

No hay otras actualizaciones de las que informar tras la publicación de las directrices de 2020 sobre la detección de víctimas de trata entre los solicitantes de protección internacional y procedimientos de remisión. Para aplicar esas directrices, algunas Comisiones Territoriales para el reconocimiento de la protección internacional han actualizado sus memorandos de entendimiento con los organismos locales de lucha contra la trata. Se realizaron varias formaciones de actualización para los miembros de las Comisiones que están al frente del proceso de detección previa. Las formaciones realizadas en el marco del proyecto Em.As (Empowerment Asylum Commission), iniciadas en 2020 (cofinanciadas por la Comisión Europea y ejecutadas conjuntamente con la Comisión Nacional de Asilo y el ACNUR), siguen en curso, con la participación de los miembros de las Comisiones Territoriales y los operadores de la lucha contra la trata.

Para garantizar la protección de las madres y los niños extranjeros catalogados como víctimas de trata y deportados a otro Estado parte en virtud del Reglamento Dublín III, los Estados Miembros aplican varios mecanismos de intercambio de información basados en la colaboración bilateral.

Tras una evaluación exhaustiva, las principales medidas son las siguientes: determinación de un lugar de llegada seguro e información oportuna a las Autoridades pertinentes, para garantizar la correcta recepción del solicitante.

En el marco de los procedimientos de asilo, la Comisión Nacional de Asilo y el ACNUR impulsaron en 2016 el proyecto titulado “Mecanismo de coordinación para las víctimas de trata” con el fin de mejorar la coordinación entre los sistemas de protección social y protección internacional, de acuerdo con el Decreto Legislativo 24/2014. La puesta en marcha de ese proyecto se sustentó con la publicación de las mencionadas directrices para apoyar a las Comisiones Territoriales en la detección de las víctimas mediante indicadores de trata, cuya versión actualizada se publicó en enero de 2021. Las directrices prevén el fortalecimiento de algunas modalidades de cooperación entre las Comisiones Territoriales y las Fiscalías competentes. La subacción 6 tiene por objeto reproducir las actividades de protección de las víctimas de la violencia sexual y de género (anexo 8).

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

En cuanto a la trata con fines de explotación de la prostitución, las investigaciones realizadas en los últimos años han permitido poner de manifiesto que ese tipo de tráfico afecta casi exclusivamente a mujeres procedentes de países africanos, en particular de Nigeria.

Tras llegar a Libia, las víctimas son llevadas de forma clandestina a Italia y obligadas, mediante amenazas y violencia física y psicológica, a menudo consistente en ritos vudú juju, a ejercer la prostitución callejera, bajo el estricto control de los miembros de las organizaciones criminales.

En cuanto a la trata con fines de explotación laboral, las formas detectadas con mayor frecuencia se relacionan con la contratación ilegal por parte de los empleadores. Las acciones de aplicación de la ley emprendidas, incluida la colaboración con las Inspecciones de Trabajo, ponen de manifiesto las irregularidades, sobre todo en el empleo de trabajadores agrícolas. Durante 2021, se controlaron 224 empresas y se impusieron multas administrativas por un monto de 1.316.165 de euros (Anexo B).

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

Recordando la información anterior y la provista en el ciclo de presentación de informes previo, en 2018 se estableció un Observatorio interinstitucional para supervisar la aplicación de la Ley 120/2011, dentro de un memorando de entendimiento de cinco años entre el Departamento para la Igualdad de Oportunidades, la Comisión Nacional de las Sociedades y la Bolsa (CONSOB) y la Asociación Bancaria Italiana (ABI). Como órgano de supervisión de la participación femenina, el Departamento inició 391 procedimientos administrativos contra empresas en las que la composición de las juntas directivas o de auditores no respetaba el equilibrio de género. Esta Ley se actualizó en 2019 dentro de la Ley de Presupuesto 2020 con el objetivo de alcanzar una tasa del 40 % de mujeres en las juntas directivas de las empresas.

En las juntas directivas de las grandes empresas que cotizan en bolsa, continúa la tendencia positiva iniciada en 2013 y 2014 gracias a la Ley Golfo-Mosca, prorrogada seis veces consecutivas, y el porcentaje de mujeres ha aumentado del 33 % al 40 %. En 2020, las mujeres representaban el 38,8 % de los miembros de las juntas directivas. Hasta la fecha, el porcentaje de mujeres en las juntas directivas de las empresas que cotizan en bolsa es del 33,5 % (frente al 6 % antes de la adopción de la legislación pertinente), lo que supera la proporción (una mujer cada tres miembros) exigida por la ley; la presencia de mujeres en las juntas directivas de las empresas públicas (que ahora es del 32,1 %) ha aumentado un 75 % en alrededor de cinco años.

La presencia de las mujeres en las instituciones políticas y de toma de decisiones a nivel nacional aumenta de forma lenta pero constante. En parte gracias a la legislación sobre la composición de las listas y las preferencias expresadas durante la votación, se ha superado la cuota de una mujer cada tres delegados en el Parlamento nacional. Sin embargo, la presencia de las mujeres en los Consejos Regionales sigue siendo escasa y desigual, a nivel nacional: los Consejos Regionales, renovados en 2020, situaron el porcentaje de mujeres elegidas en el 22 %, mientras que el de Consejeras solo aumentó un punto porcentual por año.

En instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo Superior de la Magistratura, diversas Autoridades (sobre Privacidad, Comunicaciones, Competencia y Mercado) y el cuerpo diplomático, la representación femenina es escasa, aunque va en aumento. En 2021, en esas instituciones en su conjunto, las mujeres que ocupaban cargos de responsabilidad constituían solo el 19,5 %.

En lo que respecta a las mujeres en puestos directivos, el grupo de trabajo “Mujeres para un nuevo Renacimiento” también elaboró un informe en el contexto de la pandemia. Entre las propuestas, destacan la de aumentar la proporción de mujeres en todas las esferas de trabajo; superar las barreras que impiden avanzar en las trayectorias profesionales, especialmente en los campos de mayor crecimiento (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), ciencias de la computación, computación en la nube, datos e inteligencia artificial); y contrarrestar los estereotipos de género (P. 2.).

Recordando la ratificación del Convenio 190 de la OIT, cabe destacar la presencia de dos acciones específicas contra el sexismo en la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021-2026.

Además, mediante la encuesta de Seguridad Ciudadana (2022), el ISTAT estimará la magnitud del acoso en línea. En la encuesta de 2016, se señalaron solo dos formas de acoso perpetradas a través de la web: el 6,8 % de las mujeres recibieron propuestas inapropiadas o comentarios obscenos o maliciosos en sus cuentas de redes sociales; y el 5 % sufrió el uso no autorizado de sus cuentas (robo de identidad) para enviar mensajes vergonzosos, amenazantes u ofensivos a otras personas. Los datos relativos a los hombres no son muy diferentes (2,2 % y 1,9 %, respectivamente).

Las mujeres siguen yendo a la zaga con respecto al uso de Internet: en 2020, el 69 % de la población de 11 años o más había utilizado Internet al menos una vez a la semana en los tres meses anteriores a la entrevista. En el período de 2019 a 2020 se observó el mayor aumento anual en siete años, impulsado por la crisis pandémica.

El uso de Internet sigue manifestando una diferencia de género (72,7 % de los hombres frente al 65,6 % de las mujeres). Sin embargo, entre los jóvenes de entre 15 y 19 años hay una ventaja femenina; en el grupo de edad de 20 a 59 años, las diferencias son muy pequeñas, mientras que aumentan entre las personas mayores, llegando a 12 puntos porcentuales a favor de los hombres en el grupo de edad de 65 a 74 años.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

Para el reconocimiento de la apatridia, existen dos procedimientos: el judicial y el administrativo. En 2015, Italia también ratificó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, de 1961.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

El Ministerio de Educación ha dictado varias medidas en el marco de la coyuntura planteada por la pandemia de COVID-19. En el Plan Escolar 2020-2021 (Decreto Ministerial 39/2020) y las Directrices para la Enseñanza Digital Integrada (Decreto Ministerial 89/2020) se estipuló que las actividades docentes y educativas para los centros de educación infantil, primaria y secundaria de primer grado se desarrollaran de forma presencial, y se reservara únicamente para los centros de secundaria de segundo nivel la adopción de la enseñanza digital integrada, como enfoque complementario a la enseñanza presencial. El objetivo de la medida fue, entre otras cosas, permitir a las madres organizar su jornada laboral contando también con el tiempo que sus hijos e hijas pasan en la escuela. En ese contexto, cabe mencionar las medidas siguientes:

a)Garantizar la enseñanza presencial, siempre y en todos los casos, al alumnado con discapacidad (Plan Escolar 2020-2021);

b)Establecer, hasta el 30 de junio de 2021, el derecho de los progenitores que sean trabajadores del sector privado y tengan al menos un hijo con una discapacidad grave reconocida de acuerdo con la Ley 104/1992 a acceder al trabajo remoto, siempre que no haya otro progenitor no empleado en el hogar y que la actividad laboral no requiera necesariamente la presencia física;

c)Poner en marcha el Fondo 0-6 para aumentar los servicios de educación infantil, también como herramienta de conciliación de la vida laboral y familiar;

d)Definir las orientaciones pedagógicas para el sistema integrado 0-6 (31 de marzo de 2021);

e)Apoyar económicamente a las escuelas, incluidas las públicas (con un apoyo de 165 millones de euros para compensar la reducción o pérdida de pagos durante la pandemia de COVID-19);

f)Prever la recuperación relacional, social y educativa del alumnado (Plan de Escuelas de Verano 2021, Circular 643/2021, financiado con 510 millones de euros);

g)Establecer la enseñanza presencial (Plan Escolar 2021-2022, Decreto Ministerial 257);

h)Establecer condiciones seguras para el regreso a las escuelas (Decreto-Ley 111/2021);

i)Financiar acciones específicas para hacer frente a la emergencia de la pandemia:

•Proyecto en colaboración con Maestri di Strada ONLUS para realizar una intervención en una zona con alta pobreza educativa (región de Campania, especialmente Nápoles), para prevenir y contrarrestar el abandono escolar;

•Proyecto en colaboración con la ONG Jupiter APS Giovanile para apoyar la continuidad educativa a través de la creación de una red de escuelas, a nivel local y regional;

•Proyecto en colaboración con la asociación Libera – Associations, Names and Numbers Against Mafia Organizations para combatir el abandono escolar, especialmente en las zonas del país con mayor riesgo, a través de actividades que puedan seguir fomentando las vías de educación cívica;

•Proyecto en colaboración con Binaria – Società Cooperativa Sociale sobre educación digital y aprendizaje a distancia;

•Proyecto en colaboración con Save the Children para desarrollar la resiliencia en la infancia y adolescencia mediante el apoyo en la formación a distancia y el enfoque en la ciudadanía activa, la solidaridad y la lucha contra los temores;

•Proyecto en colaboración con el Istituto Cottolengo de acciones para garantizar el derecho al estudio de los estudiantes con discapacidad mediante el desarrollo del uso de herramientas electrónicas;

•Proyecto en colaboración con el UNICEF para crear servicios de escucha para los estudiantes y las familias mediante la detección de nuevas perspectivas comunitarias.

Este Ministerio también trabaja históricamente en la eliminación de los estereotipos que sugieren que las niñas son mejores en las materias sociales y humanísticas y los niños en las técnicas y científicas. Un buen proceso de integración de la perspectiva de género garantiza que todas las personas puedan elegir qué estudiar, independientemente de su género. Esto significa también, y sobre todo, evitar la segregación en el mercado laboral. En ese contexto, el Ministerio de Educación ha puesto en marcha iniciativas en el marco de la Educación para el Respeto y la estrategia de aplicación del artículo 16 de la Ley 107/2015.

En colaboración con el Departamento para la Igualdad de Oportunidades, en marzo de cada año el Ministerio pone en marcha la iniciativa “El mes de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas” para promover las disciplinas pertinentes en las escuelas de todos los niveles. La competencia “CTIM: Femenino Plural” se convoca anualmente para animar a los estudiantes a desarrollar una lectura crítica de los prejuicios y estereotipos de género respecto a esas materias, así como para animar a las alumnas a estudiarlas. La competencia propone la realización de un proyecto a elección entre dos esferas temáticas, que para los cursos escolares 2017-2019 y 2018‑2019 fueron: 1. Científicas de ayer y de hoy; 2. Talentos ocultos. Para el año 2019-2020, los dos temas previstos, suspendidos debido a la COVID-19, eran: Un juego de chicas; 2. Acceso abierto a las CTIM. En 2020-2021, el Ministerio de Educación también apoyó la ampliación de la oferta educativa de las instituciones educativas que propusieron proyectos relevantes (anexo 9).

Además, desde 2014 está activo el Observatorio Nacional para la integración de los alumnos extranjeros y para la interculturalidad. Al ser un órgano consultivo que hace propuestas e indica soluciones a partir de las buenas prácticas de las escuelas, funciona mediante cinco grupos temáticos: enseñanza del italiano como segunda lengua y plurilingüismo; atención y propuestas para la reanudación escolar (mayo de 2020); formación del personal y educación de adultos; currículo escolar y perspectiva intercultural que puso en marcha la investigación y la formación en línea “Más allá de las distancias. La inclusión en tiempos de la COVID-19” (abril a junio de 2020), centrada especialmente en los alumnos extranjeros con discapacidades o necesidades educativas especiales; ciudadanía y nuevas generaciones, que interactuó con el ACNUR en temas de apatridia y ciudadanía; y escuelas y periferias multiculturales, con atención a los niños y niñas romaníes y sus familias en los asentamientos de las periferias urbanas.

Dentro de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021-2026, se presta una atención específica a la educación y a las mujeres, de acuerdo con el informe final del grupo de trabajo “Mujeres para un nuevo Renacimiento”. En cuanto al ámbito de competencias, la Estrategia indica que se debe garantizar la igualdad de acceso y el desarrollo equitativo de las competencias matemáticas y científicas como medio para reducir la brecha de género en la educación. Para ello, se mide lo siguiente: porcentaje de mujeres en el último año de secundaria que aún no tienen un nivel mínimo de competencias en matemáticas (en torno al 50 %, frente al 36 % de los varones); porcentaje de alumnas que se matriculan en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (actualmente es del 27 % respecto del total de alumnos matriculados); aumento de la participación femenina en el mundo académico: porcentaje de profesoras titulares en relación con el total (actualmente en el 25 %). Asimismo, la medición abarca las competencias digitales y de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de las mujeres con vistas a su mejora: porcentaje de mujeres con competencias digitales “superiores a la media” sobre el total de la población femenina (hoy en día, solo el 19 % está “por encima de la media”, lo que las sitúa por debajo de sus homólogos masculinos y de la media femenina europea).

En cuanto a los estudiantes con discapacidad (P. 2), cabe mencionar el fondo para la asistencia a la independencia y la comunicación de los estudiantes con discapacidad, establecido para reforzar los servicios en las escuelas de todos los niveles. Este fondo se creó en virtud de la Ley 234/2021 y tiene una dotación de 100 millones de euros anuales a partir de 2022.

En mayo de 2019 se constituyó la Comisión Mixta para la Protección del Derecho a la Salud, al Estudio y a la Inclusión, tras el memorando de entendimiento de febrero de 2019 entre el Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, con el objetivo de garantizar la integración de las intervenciones para la protección y promoción de la salud y el bienestar psicofísico, mediante la promoción de iniciativas de información y sensibilización sobre algunas esferas de interés prioritario para el alumnado, las familias y el profesorado, así como para la inclusión escolar en casos de discapacidades y trastornos específicos del desarrollo y, en particular, para realizar actividades de interés común. La Comisión señaló esferas prioritarias de intervención, pero las actividades se interrumpieron debido a la pandemia de COVID-19. Se ha planificado la reanudación de las labores; y los contenidos se actualizarán, entre otras cosas, en relación con los efectos de la COVID-19 en los adolescentes. Las directrices, elaboradas por un pequeño subgrupo, son una adaptación del documento “Estándares de Educación Sexual para Europa”, redactado por la Organización Mundial de la Salud y el Centro Federal de Educación para la Salud (BZgA) de Alemania.

Asimismo, el Ministerio de Salud preparó directrices para la certificación de la discapacidad con respecto a la edad de desarrollo y del perfil de funcionamiento para fines de la inclusión escolar, teniendo en cuenta la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS. El Ministerio inició el proceso de adopción de las directrices elaboradas para el acuerdo con el resto de las administraciones afectadas, tras haber recabado las opiniones del Observatorio Permanente para la inclusión escolar (en el Ministerio de Educación) y el dictamen de la Conferencia Unificada (art. 5.6 del Decreto Legislativo 66/2017).

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

Dentro de las políticas de cohesión europeas, si bien las intervenciones se dirigen directamente a mejorar la situación laboral y social de las mujeres, la igualdad de género es un principio transversal que debe tenerse en cuenta en la planificación, ejecución y evaluación de todas las intervenciones. Dado su carácter transversal, no es automáticamente señalable en todas las intervenciones y en el esfuerzo financiero global correspondiente.

Para ofrecer una estimación de los programas cofinanciados por los fondos estructurales en el período 2014-2020, se ha realizado una selección de proyectos entre los que están en ejecución (www.opencoesione.gov.it), dentro de la iniciativa dedicada a la transparencia y participación ciudadana coordinada por el Departamento de Políticas de Cohesión y ejecutada en colaboración con la Agencia de Cohesión Territorial.

Los proyectos destacados tienen como objetivo el empleo de las mujeres, el emprendimiento, la inserción laboral y los servicios de conciliación de la vida laboral y familiar, incluidos los centros de enseñanza preescolar y otros. Los datos se refieren a unos 103.000 proyectos hasta 2020, por un costo público total de alrededor de 489.900 millones de euros (frente a un costo total de 49.000 millones de euros para más de 473.000 proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE) en el ciclo 2014-2020).

Entre los 103.000 proyectos mencionados, se presta mayor atención a las políticas de género en las intervenciones financiadas por el FSE: 102.504 intervenciones frente a las 264 financiadas por el FEDER, correspondientes a 398,9 millones de euros y 91,0 millones de euros, respectivamente.

El conjunto de los proyectos seleccionados se centra en el mercado laboral (73,1 %); la educación y formación (25,9 %); la conciliación de la vida privada y profesional, como las intervenciones para financiar guarderías, servicios complementarios para los niños, niñeras y atención extraescolar (menos del 1 %, para un valor global de aproximadamente el 22,3 % del valor del universo detectado).

Si tenemos en cuenta los distintos programas operativos (nacionales o regionales) en los que se ejecutan los proyectos, más del 76,9 % de los recursos se han asignado como parte del programa regional del FSE, considerando también el FSE financiado por los programas regionales multifondos de las regiones de Calabria, Molise y Apulia. La distribución territorial del valor financiero de los proyectos refleja las diferentes estrategias regionales y la respuesta de las mujeres a las diferentes oportunidades en esos territorios (figura 1).

Figura 1

Contribución de las políticas de cohesión europeas 2014-2020 a las políticas de género en las regiones italianas: costo público total* de los proyectos en ejecución al 31 de diciembre de 2020; visualización por cuartiles.

La Ley 162/2021 de Modificación del Código de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Trabajo tiene como objetivo acabar con la brecha salarial o la discriminación salarial entre hombres y mujeres. El texto fue aprobado por unanimidad en el Parlamento. La reforma contempla importantes novedades en cuanto a la ampliación del ámbito de los casos de discriminación por razón de género y una mayor transparencia para las empresas obligadas a adoptar el informe sobre la remuneración del personal, además de la introducción de un sistema de primas que incentive a los empresarios a prevenir posibles diferencias salariales y a promover una cultura de igualdad de oportunidades.

Mediante la Ley de Presupuesto de 2022, el fondo de apoyo a la igualdad salarial entre hombres y mujeres se incrementa en 50 millones de euros, ampliando así la participación de las mujeres en el mercado laboral, también gracias a la disposición de incentivos para las empresas que garanticen la igualdad de género. Este fondo permitirá financiar mecanismos de estímulo para las empresas, incluidas las de menos de 50 empleados, de acuerdo con la Ley de Igualdad Salarial (Ley 162/2021), que introdujo la certificación de la igualdad de género. Además, se ha creado un fondo en el Ministerio de Trabajo para actividades de formación, que son preparatorias para obtener la certificación de igualdad de género (tres millones de euros para 2022).

Según Eurostat, la brecha salarial de género sin ajustar representa la diferencia entre los ingresos brutos medios por hora de los empleados remunerados varones y mujeres como porcentaje de los ingresos brutos medios por hora de los empleados remunerados varones. Italia informa de que su brecha salarial de género es baja en comparación con otros Estados miembros de la Unión Europea: 4,7 % en 2019 y 5,5 % en 2018, con una ligera disminución en comparación con 2014 (6,1 %).

Si se tienen en cuenta tanto el sector privado como el público, en 2019 la brecha salarial de género para el sector público era del 3,8 % mientras que la estimación para el sector privado era del 17 %. En el sector público, predomina la participación de las mujeres en los servicios de Educación y Sanidad, con ingresos por hora relativamente altos. La brecha salarial de género no debe considerarse una medida de la incidencia de la discriminación en el mercado laboral. Se la define como “sin ajustar”, ya que es sensible a efectos compuestos: sector de actividad económica, tamaño de la empresa, ocupación, nivel de estudios, edad del trabajador, antigüedad en la empresa, etc.

Los datos relativos al riesgo de pobreza figuran en el anexo 10.

El 30 de diciembre de 2021 se publicó un Decreto del Presidente del Consejo de Ministros que contiene las directrices para promover la igualdad de oportunidades de género y generacional, y la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los contratos públicos financiados con los recursos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia y del Plan Nacional de Inversiones Complementarias.

Recordando el ciclo de presentación de informes anterior y la pregunta 7, la Ley 68/1999 es la principal medida para promover el acceso al trabajo y la inclusión de las personas con discapacidad a través de servicios de apoyo para la colocación laboral selectiva.

Para cumplir con los requisitos de recopilación y seguimiento de la ley mencionada, el Ministro de Trabajo y Políticas Sociales presenta al Parlamento, cada dos años, un informe basado en los datos enviados por las regiones.

Las regiones y las provincias autónomas tienen el mandato de llevar a cabo la gestión operativa de los servicios para la integración de las personas con discapacidad, mientras que la coordinación de la gestión se confía a la Agencia Nacional para las Políticas Activas de Empleo a nivel nacional.

El Ministerio de Trabajo cumple, entre otras, tareas de orientación general e interpretación legislativa. El 9o Informe al Parlamento (llevado a cabo como excepción durante el trienio 2016-2017-2018 y elaborado en colaboración con el Instituto Nacional de Análisis de Políticas Públicas) muestra datos relativos a la participación en el mercado laboral de las personas con discapacidad que señalan un crecimiento del empleo en todo el país, junto a las lagunas infraestructurales que aún son generalizadas. Sin embargo, los sistemas de gobernanza obtienen buenos resultados cuando abordan el problema con modelos de integración de servicios y recursos financieros.

En cuanto a los resultados de la encuesta, las personas con discapacidad inscritas en la lista de colocación laboral selectiva ascendieron a 733.708 en 2018. El 94 % son civiles con discapacidad, y más del 60 % son del sur del país y de las islas.

Si se tiene en cuenta 2018 como el año de referencia principal, la condición de empleo de las personas inscritas en la lista es predominantemente de desempleo: más de la mitad tienen disponibilidad inmediata para participar en medidas de trabajo de política activa.

El acuerdo de servicio personalizado previsto en el Decreto Legislativo 150/2015 se ha implementado en su totalidad a lo largo del trienio: desde 2016 se han ido incrementando las actividades, y en 2018 todas las administraciones cumplían con la norma.

Las personas extranjeras registradas son más de 150.000 para cada uno de los tres años.

Más del 50 % de las personas matriculadas concluyen la enseñanza obligatoria y obtienen un título de enseñanza media o profesional.

Las personas con discapacidad empleadas en el sector público y privado eran 28.412 en 2016; 34.613 en 2017; y 39.229 en 2018.

El sector privado acogió al 96 % del total en ese período de tres años.

Entre otras cosas, la reforma introducida por el Decreto Legislativo 151/2015 obliga a los empresarios privados que empleen entre 15 y 35 trabajadores a contratar a un trabajador con discapacidad.

Las directrices específicas sobre la colocación laboral selectiva de las personas con discapacidad prevén promover, entre otras cosas, una red territorial integrada; acuerdos territoriales con los sindicatos; evaluación biopsicosocial de la discapacidad; análisis del puesto de trabajo y ajustes razonables; e institución de una persona responsable de la inserción laboral.

Además, existen incentivos para los empresarios que contraten a trabajadores con discapacidad, financiados con el Fondo para el Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad, establecido en el Ministerio de Trabajo.

El Decreto Legislativo 151 prevé aportaciones a los fondos regionales correspondientes para el reembolso parcial de los gastos necesarios para los ajustes razonables que se hagan en favor de trabajadores que tengan una reducción de la capacidad laboral superior al 50 %, incluidas las tecnologías de teletrabajo o la eliminación de las barreras arquitectónicas; y para el establecimiento de una persona responsable de la inserción laboral en el lugar de trabajo.

Es pertinente mencionar la labor de la Oficina de coordinación de las acciones del Gobierno en favor de las personas con discapacidad y sus familias, creada en 2019. El Observatorio nacional correspondiente también fue creado por la Ley 18/2009 y funciona dentro de esta Oficina.

La Consejera Nacional para la Igualdad podrá realizar investigaciones independientes sobre la discriminación en el lugar de trabajo y podrá publicar informes y recomendaciones independientes sobre la discriminación en el trabajo.

Según la legislación vigente, los Consejeros para Igualdad actúan en el seno de las administraciones locales, que deben proporcionarles el equipamiento necesario para el ejercicio de sus funciones.

El Ministerio de Trabajo creó una plataforma informática adecuada y puso a disposición de los Consejeros una plataforma de intercambio de buenas prácticas.

Las Consejeros para la Igualdad participan en el Plan Nacional de Lucha contra el caporalato (anexo B).

Los Consejeros nacionales y regionales de Apulia, Calabria y Basilicata promovieron un memorando de entendimiento con Action Aid International, para su colaboración, también gratuita, en el proyecto Bright, con el fin de fomentar la cooperación entre los trabajadores agrícolas migrantes (especialmente de Europa Oriental) y las instituciones y alianzas locales, para la acogida y la estancia de los trabajadores migrantes (P.19.).

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

La Ley 199/2016 de lucha contra el caporalato (explotación laboral) en la agricultura ha dado muy buenos resultados. El 16 de octubre de 2019 se constituyó el grupo de trabajo interinstitucional sobre el caporalato, cuya producción dio lugar al Plan Trienal que desarrolla la correspondiente Estrategia Nacional (Anexo B).

Durante el año 2020, la Inspección Nacional del Trabajo luchó de forma significativa contra el caporalato y la explotación laboral, entre otras cosas mediante la aplicación de la acción 8 del citado Plan Trienal.

Aunque la prevención de las formas contemporáneas de esclavitud y la protección de las víctimas no pueden soslayar la lucha contra los fenómenos ilegales y el restablecimiento de la legalidad, el mayor desafío se refiere a la participación directa de los trabajadores. Si, durante las actividades de supervisión, se comprueba la presencia de trabajadores extranjeros empleados ilegalmente y cuya estancia es irregular, el personal de inspección está obligado a rellenar y entregar un formulario que permite informar a los trabajadores extranjeros de su derecho al salario, al seguro y a los aportes a la seguridad social.

El objetivo del Gobierno es aplicar plenamente la línea de trabajo de prevención en virtud de la ley, particularmente mediante el fortalecimiento de la red de trabajo agrícola de calidad.

El 7 de octubre, la Conferencia Unificada confirmó el acuerdo para las nuevas directrices nacionales de detección, protección y asistencia de las víctimas de la explotación laboral en la agricultura, en las que se tienen en cuenta la dimensión de género y la vulnerabilidad específica correspondiente.

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2021-2026 ilustra las prioridades relacionadas con el trabajo y las medidas de aplicación correspondientes, a las que hay que añadir el apoyo a las personas vulnerables, la incorporación de la perspectiva de género asociada a las vulnerabilidades (discapacidad, dificultades sociales y económicas, violencia, explotación laboral y caporalato) en el diseño de las medidas de la Estrategia, y la adopción de medidas específicas para los destinatarios vulnerables.

El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia presenta también medidas programáticas destinadas a fomentar la participación femenina en el mercado laboral y la promoción profesional, en consonancia con el pilar de la Unión Europea sobre derechos sociales, además de corregir los desequilibrios que dificultan la igualdad de oportunidades desde la edad escolar.

Para no poner a las mujeres en la situación de elegir entre la maternidad y la carrera profesional, se prevén medidas para reforzar el bienestar y permitir también un reparto más equitativo de las cargas vinculadas a la crianza, no solo desde el punto de vista económico.

Entre 2017 y 2019, el número de mujeres empleadas pasó de 9.674.000 a 9.872.000.

La crisis de 2020, que afectó en mayor medida a las mujeres, hizo que el empleo, tanto de mujeres como de hombres, cayera por debajo de los valores de 2017.

Entre 2017 y 2020, el desempleo se redujo tanto en hombres como en mujeres (20,8 y 20,2 %, respectivamente).

El descenso fue más fuerte en el último año, especialmente para las mujeres (‑1,4 %; para los hombres, fue de -9,7 %).

La tasa de empleo de las mujeres de entre 15 y 64 años, que en 2019 había superado el 50 % por primera vez en Italia, bajó al 49 % en 2020.

La brecha de género se elevó a 18,2 puntos y es mayor en el grupo etario de 35 a 54 años (22,4 puntos).

El descenso, consecuencia del aumento anómalo de la inactividad debido a la pandemia de 2020, también afectó a los hombres, aunque en menor medida (del 75,0 % al 73,5 %).

La participación en el mercado laboral es especialmente baja para las mujeres del Sur: en 2020, la tasa de actividad femenina era del 39,8 %, que representa 26,4 puntos porcentuales menos que los hombres de la misma zona.

En el Sur, las diferencias de género en el empleo son especialmente elevadas en el caso de las mujeres de entre 35 y 54 años: la tasa de empleo femenina en ese grupo etario es del 41,5 %, más de 30 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a los hombres.

La tasa de desempleo femenino es especialmente alta en el Sur: 17,9 %, frente al 7,0 % en el Norte y el 8,9 % en el Centro.

En 2020, la tasa de actividad de las mujeres extranjeras se situó por primera vez por debajo de la de las italianas (52,8 % frente al 54,9 %). La crisis de 2020 tuvo un mayor impacto en las mujeres extranjeras, empleadas en su mayoría en los sectores más afectados (servicios familiares, hotelería y restaurantes): la tasa de empleo pasó del 49,5 % al 44,6 %, mientras que para las italianas pasó del 50,2 % al 49,6 %. La brecha entre las mujeres extranjeras y las italianas para ese indicador en 2020 es de 5 puntos porcentuales y es especialmente alta en el grupo etario de 25 a 34 años (más de 20 puntos). A las mujeres extranjeras también se les dificulta más encontrar trabajo, y tienen una tasa de desempleo del 15,5 %.

Recordando la información presentada anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico estableció la licencia de paternidad obligatoria mediante la Ley 92/2012. La Ley 178/2020 prevé su extensión para 2021, y aumenta la duración a diez días hábiles. Además, la licencia parental está prevista en el Decreto Legislativo 151/200: ambos progenitores pueden disfrutarla, durante diez meses, hasta los 12 años de vida del niño.

Las plazas disponibles en los servicios para la primera infancia se sitúan en torno al 26,9 %. Sigue existiendo una importante variabilidad en el país: solo el 14,5 % de los niños del Sur asisten a centros de enseñanza preescolar.

La Reforma Escolar de 2015 (Ley 107/2015), junto con el sistema integrado de educación y formación desde el nacimiento hasta los 6 años (Decreto Legislativo 65/2017), pretenden aumentar la cobertura y reducir las diferencias territoriales.

En cuanto a la accesibilidad, el Gobierno, dentro de la nueva reforma de las políticas familiares (la llamada Ley de Familia), aprobada por el Consejo de Ministros núm. 51 el 11 de junio de 2020, puso en marcha la prestación única y universal por cada hijo a cargo (prestación por hijo a cargo). Como ya se ha recordado, se trata de una contribución económica que el Estado ofrecerá a partir del 1 de enero de 2022 a las familias por cada hijo a cargo, calibrada en función del Indicador de la Situación Económica Equivalente del Hogar (ISEE): la prestación será mayor cuanto menor sea el ISEE, de modo que ofrecerá una contribución más sustancial para aquellas familias con mayores dificultades económicas, con el fin de reducir la pobreza infantil (P. 7).

En lo que respecta al Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, bajo la iniciativa del Fondo de Recuperación y Resiliencia-NextGenerationEU, el plan de inversión para el grupo de edad de 0 a 6 años (Misión 4) tiene como objetivo construir, mejorar y garantizar los centros de enseñanza preescolar para aumentar la oferta educativa y las plazas disponibles; superar la dicotomía entre los servicios de educación preprimaria y los destinados al grupo de edad de 3 a 6 años, mediante la creación de guarderías; y aumentar la presencia de las mujeres en el mercado laboral, especialmente tras el nacimiento de los hijos. Se calcula que con este plan de inversiones se podrán crear unas 228.000 plazas antes de 2026, de las cuales unas 152.000 serán para niños de 0 a 3 años y unas 76.000 serán para el tramo de 3 a 6 años.

En 2020, el Gobierno también puso en marcha el proyecto REFLEX ‑ “Conciliación y flexibilidad: conciliar el nuevo trabajo y las necesidades de atención”, cofinanciado por la Comisión Europea. Se centra en las diferencias de género a lo largo del ciclo vital, la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres, especialmente mediante un mejor reparto de los cuidados, y en particular el apoyo a hombres y mujeres para que tomen decisiones informadas a lo largo de su vida y el fomento de buenas prácticas en las empresas. Entre las acciones principales, cabe mencionar las siguientes:

•Cotejar los servicios y medidas directos e indirectos existentes que apuntan a conciliar la vida laboral y familiar, y clasificarlos en áreas temáticas de intervención;

•Recoger datos sobre las medidas aplicadas para aumentar la comprensión de su eficacia y posible transferibilidad;

•Establecer una comunidad nacional de empresas sobre temas relacionados con la conciliación de la vida laboral y familiar;

•Apoyar a las empresas en su toma de decisiones sobre la adopción o el refuerzo de medidas de bienestar empresarial para aumentar la conciliación de la vida laboral y familiar, implementando así un sistema de predicción y evaluación de las acciones de las empresas en función de sus características específicas.

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

Recordando el anterior ciclo de presentación de informes, en virtud del Decreto del Presidente del Consejo de Ministros con fecha 12 de enero de 2017 se actualizaron los nuevos Niveles Esenciales de Atención, para aumentar la prestación de servicios de apoyo a la crianza y a los niños, incluso en circunstancias particulares (dificultades o maltrato y abuso).

Los niveles incluyen lo siguiente:

•Ámbitos de actividad de prevención colectiva y salud pública (vacunaciones, promoción de estilos de vida saludables, vigilancia de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas, prevención nutricional);

•Asistencia sanitaria primaria (atención en el primer mes de vida: asistencia, tratamiento, rehabilitación);

•Asistencia social y sanitaria para niños, mujeres, parejas y familias (asesoramiento previo a la concepción, cursos de acompañamiento al parto);

•Atención ambulatoria especializada para mujeres embarazadas y protección de la maternidad;

•Ciudadanos de países no comunitarios que no tengan un permiso de residencia válido (todos los niños se inscriben en el Sistema Nacional de Salud).

En cuanto al acceso a los servicios sanitarios por parte de las mujeres migrantes y solicitantes de asilo en programas de recuperación e integración social, cabe señalar que, para garantizar un acceso más uniforme e igualitario a los servicios, se están llevando a cabo actividades coordinadas por el Ministerio del Interior a fin de preparar un nuevo Plan Nacional de Integración para los titulares del derecho de protección internacional, en las que participa el Ministerio de Salud.

En 2018, el Ministerio de Salud financió el proyecto “VIH e infecciones de transmisión sexual: intervenciones dirigidas a mujeres italianas y extranjeras, en contextos de especial vulnerabilidad, para garantizar la atención y la continuidad de los cuidados”, encargado a la Universidad de Milán.

Las directrices consolidadas sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que viven con VIH, publicadas en 2017 por la OMS, recomiendan un enfoque centrado en la mujer. Este proyecto tiene como objetivo acompañar a los pacientes y a las parejas en riesgo de las personas seropositivas en los itinerarios de prevención y diagnóstico precoz, teniendo en cuenta sus necesidades y deseos clínicos y humanos, y rompiendo las barreras organizativas, a través de diversas acciones:

•Puesta en marcha de proyectos piloto de atención interdisciplinaria para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento en el contexto de un sistema organizativo centrado en los pacientes seropositivos para el VIH;

•Optimización del proceso de atención, organizando las visitas con antelación y programándolas en el mismo día para aprovechar mejor el tiempo y el personal, y con la intención de que los pacientes no pierdan horas de trabajo;

•Recopilación de datos clínicos, dentro de un sistema informático específico;

•Creación de un espacio ambulatorio dedicado al asesoramiento de las parejas de personas positivas que estén en riesgo o tengan dificultades, en colaboración con las ONG, para la aplicación de los objetivos del Plan Nacional del Sida para las personas seropositivas que forman parte de parejas serodiscordantes (anexo 11).

Para supervisar la aplicación de la Ley 194/1978, el Ministerio de Salud ha activado una Mesa Técnica permanente, con la participación de los Departamentos Regionales desde 2013, con el fin de supervisar los hospitales individuales y los Centros de Asesoramiento Familiar en relación con la objeción de conciencia. Para ello, se han establecido varios indicadores de seguimiento, resumidos en dos parámetros, con el fin de verificar la adecuada aplicación de esta ley a nivel local y de detectar cualquier cuestión crítica que no se desprenda del panorama general a nivel regional:

•Parámetro 1: Oferta de servicios para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en términos de instalaciones disponibles;

•Parámetro 2: Oferta de servicios de IVE y derecho a la objeción de conciencia de los operadores, número medio semanal de servicios de IVE realizados por cada ginecólogo no objetor.

El análisis de los datos relativos a cada parámetro se incluye anualmente como parte integrante del informe que el Ministerio de Salud presenta al Parlamento.

El Ministerio de Salud realiza una evaluación constante de los métodos de trabajo, con vistas a garantizar la prestación de servicios sociales y sanitarios a todos los ciudadanos.

El acceso gratuito y directo a la atención está garantizado a través de los Centros de Asesoramiento Familiar.

Además de controlar la evolución de la interrupción voluntaria del embarazo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la IVE, activo en Italia desde 1980, proporciona datos y análisis relacionados para el informe anual del Ministro de Salud al Parlamento.

Hasta la fecha, el nivel de objeción de conciencia en Italia no parece afectar al derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. El fenómeno también se ve equilibrado por diversos factores, como la movilidad del personal; los contratos especiales con especialistas en obstetricia y ginecología; y la introducción del aborto farmacológico en los centros ambulatorios y las clínicas de planificación familiar, de acuerdo con las directrices emitidas tras el dictamen técnico positivo del Consejo Superior de Salud en 2020. El análisis de la carga de trabajo semanal media de cada ginecólogo no objetor por centro de internación individual en 2019 muestra que en algunas regiones hay centros en los que la carga de trabajo es de más de diez IVE a la semana. La evaluación de este parámetro incluye la capacidad organizativa regional para garantizar el servicio mediante la movilidad temporal del personal no objetor a otras instalaciones.

Además, en el contexto de la COVID-19, el Ministerio de Salud publicó directrices organizativas para los hospitales y los servicios territoriales destinadas a remodelar los servicios relacionados con la IVE entre los servicios sanitarios inaplazables en el ámbito ginecológico.

Para mejorar el seguimiento de las directrices sobre la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo con mifepristona y prostaglandinas, se invitó a las regiones, a través de una nota conjunta del Ministerio de Salud, el Instituto Superior de Salud y el Instituto Nacional de Estadística dirigida el 23 de junio de 2021 a los Departamentos Regionales y Referentes de la Ley 194/1978, a completar un breve cuestionario en línea, destinado a adquirir información más detallada sobre la IVE farmacológica, a nivel regional, para los años 2020 y 2021. El análisis de los resultados de esta segunda encuesta está actualmente en proceso (anexo 12).

La situación epidemiológica de las personas con limitaciones graves es significativamente peor que la del resto de la población; en particular, sufren con mayor frecuencia una o más enfermedades crónicas. El porcentaje de esas personas que declaran estar en malas condiciones de salud es del 61 % (62,8 % entre las mujeres), frente al 0,6 % del resto de la población. Si se tiene en cuenta la población de edad avanzada, las diferencias son aún más pronunciadas: 68,7 % frente a 1,6 %. Las mujeres con limitaciones graves presentan peores condiciones de salud: el 56,4 % de las menores de 64 años padecen al menos tres patologías crónicas graves, frente al 47,4 % de los varones en su misma situación.

Entre las personas de edad, las diferencias de género son menos pronunciadas: 83,4 % entre las mujeres y 80,4 % entre los hombres. Datos sobre las personas con discapacidad en las preguntas 2 y 7.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

Recordando la información anterior, en cuanto a la acogida de mujeres refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, los últimos datos públicos muestran una creciente presencia de mujeres y niñas dentro del Sistema de Acogida e Integración. Esta ha sido la tendencia constante desde 2016 (aumento de 1,3 puntos porcentuales entre 2019 y 2020). En 2020, casi la mitad de esas mujeres eran nigerianas. Son las principales víctimas de la trata y la violencia.

En general, las principales vulnerabilidades entre los beneficiarios de la acogida se registran en las víctimas de trata y las víctimas de tortura o violencia, que son principalmente mujeres y niñas, seguidas de las mujeres y niñas embarazadas. Para responder a estas necesidades, el Sistema de Acogida e Integración cuenta con plazas dedicadas a las mujeres, incluidas las madres solteras. Además, el Sistema acoge a mujeres que necesitan asistencia sanitaria especializada y prolongada, así como a mujeres con trastornos mentales.

En cuanto a las menores no acompañadas, recordando la Ley Zampa de 2017 (presentada al Comité de la CEDAW en julio de 2017), la red del Sistema de Acogida e Integración cuenta con plazas dedicadas a las menores embarazadas y con hijos.

Se va a elaborar un manual para promover un modelo de gobernanza que refuerce la atención a las personas vulnerables durante todas las fases de la acogida, empezando por la detección temprana tras su entrada en el territorio nacional. En 2021, se creó un grupo de trabajo interinstitucional.

La violencia de género que sufren las mujeres migrantes se enmarca en el contexto más amplio de las vulnerabilidades de la población migrante: una reciente medida legislativa (Decreto Legislativo 142/2015, modificado por la Ley 173/2020) exige verificar la existencia de necesidades especiales y situaciones específicas de vulnerabilidad de acuerdo con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, en colaboración con el Ministerio del Interior y otras administraciones interesadas.

En el marco del procedimiento de protección internacional, para facilitar la detección precoz de las posibles víctimas de violencia de género, la Comisión Nacional de Asilo elaboró, junto con el ACNUR, procedimientos operativos estándar para la detección de supervivientes vulnerables por motivos de género y su derivación (finalizado en diciembre de 2021, este texto fue cofinanciado con fondos europeos de emergencia y está actualmente en fase de publicación).

A modo de ejemplo, para mejorar la protección de las familias afganas, especialmente de las mujeres, a finales de 2021 el Ministerio del Interior estableció 3.000 nuevas plazas en el Sistema de Acogida e Integración, que se asignarán a los afganos evacuados a Italia tras la caída de Kabul mediante llegadas ad hoc y gracias a los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. El 4 de noviembre de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio del Interior, el ACNUR, la OIM y varias organizaciones de la sociedad civil firmaron un memorando de entendimiento a fin de establecer corredores humanitarios para los ciudadanos afganos (incluidas las mujeres y niñas vulnerables) desde el Pakistán y el Irán.

La actividad de la Guardia Costera italiana (dependiente del Ministerio de Infraestructuras y Movilidad Sostenibles), y en particular las actividades de búsqueda y salvamento en el mar, se lleva a cabo de conformidad con el marco legislativo internacional y nacional.

La zona de búsqueda y salvamento italiana se estableció en el Decreto Presidencial 662/1994, en virtud del cual se prestan los servicios de búsqueda y salvamento, según lo dispuesto en el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR). Esta zona de responsabilidad no se extiende a todo el mar Mediterráneo central, ya que existen otros Estados ribereños en esa región marítima que han declarado su propia zona de responsabilidad.

En cualquier caso, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Italia (IMRCC), en cumplimiento de las disposiciones del Convenio SAR (capítulo III y párr. 4.2.3 del Anexo), coopera con los correspondientes centros de coordinación de salvamento marítimo de los otros Estados ribereños, en particular con los vecinos, para proporcionar rápidamente información sobre posibles unidades o personas en peligro de perderse dentro de sus respectivas zonas de responsabilidad y para permitir la coordinación oportuna de la operación de búsqueda y rescate por parte del centro de coordinación competente.

En cumplimiento de los Convenios mencionados, las actividades de búsqueda y salvamento marítimo realizadas fuera de la zona de responsabilidad italiana y coordinadas por el centro de coordinación de salvamento marítimo competente para la zona son responsabilidad directa y exclusiva de los Estados que coordinan dichas operaciones de rescate y de los Estados de abanderamiento de las unidades que participan en dichas operaciones, también en lo que respecta a posibles cuestiones relacionadas con el respeto de los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Cabe señalar que, en cualquier caso, las actividades de rescate coordinadas por el IMRCC o llevadas a cabo por las unidades que enarbolan la bandera italiana se llevan a cabo respetando plenamente las normas de derecho internacional y nacional antes mencionadas, particularmente en lo que respecta a los derechos humanos, sin ninguna discriminación por motivos de edad, sexo, nacionalidad, religión, opiniones políticas o cualquier otra característica de las personas que necesitan asistencia. Estas actividades también se llevan a cabo en colaboración con las instituciones nacionales competentes, sobre la base del ordenamiento jurídico nacional, y en particular con el Ministerio del Interior (anexo 13).

Respuesta a los párrafos 22 y 23 de la lista de cuestiones

La iniciativa empresarial y el empoderamiento de las mujeres han ocupado un lugar central en la labor de la Presidencia italiana del G20 y, con este fin, se celebró el 26 de agosto de 2021 en Santa Margherita Ligure, la primera conferencia dedicada al empoderamiento de las mujeres en el contexto del G20, con el objetivo de llamar la atención, entre otras cosas, sobre la aplicación de políticas para aumentar la participación de las mujeres en la esfera pública y privada y la protección de sus derechos, y también para abordar la violencia de género.

Aunque el empoderamiento de las mujeres es sin duda una cuestión transversal, para fomentar un debate cohesionado y participativo, se han propuesto dos grandes esferas temáticas:

•CTIM, habilidades financieras y digitales, medio ambiente y sostenibilidad;

•Trabajo y empoderamiento económico y conciliación de la vida personal y laboral.

Los resultados de este ejercicio figuran en el documento final de la Presidencia. Esto ocupa un lugar destacado en la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género. Además, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia prevé una inversión específica (de unos 400 millones de euros) para apoyar el emprendimiento femenino.

Recientemente, se han puesto en marcha numerosas medidas para apoyar los procesos de igualdad de género y empoderamiento de la mujer. Durante el actual período legislativo se han reforzado las medidas tradicionales establecidas en apoyo de la iniciativa empresarial femenina.

Para hacer frente a la crisis económica generada por la pandemia y vigorizar la cultura de la igualdad de género, el Gobierno está poniendo en marcha ayudas crediticias y otras formas de apoyo directo, junto con acciones de difusión de la cultura empresarial entre las mujeres.

El Ministerio de Desarrollo Económico gestiona diversas medidas:

•El Comité para el Emprendimiento Femenino, creado, entre otras cosas, para formular las recomendaciones legislativas pertinentes y desarrollar la participación de las mujeres en la empresa y la economía;

•El Fondo para el Emprendimiento Femenino, para desarrollar el espíritu empresarial de las mujeres;

•La Ley de Presupuesto de 2021, que asigna 40 millones de euros al Ministerio de Desarrollo Económico, para apoyar la inversión de las mujeres en la creación de empresas y financiar la estructura de capital de las empresas de mujeres, específicamente en los sectores de alta tecnología;

•Programas de formación y orientación dirigidos a personas y a las profesiones en los que la presencia de mujeres debe ajustarse a las indicaciones proporcionadas a nivel europeo y nacional y deben incluir iniciativas para promover el valor de las empresas de mujeres en las escuelas y universidades;

•Cultura del emprendimiento entre las mujeres;

•Orientación y formación con respecto a los estudios en CTIM y a las profesiones propias de la economía digital;

•Comunicaciones para difundir la cultura empresarial de las mujeres y promover los programas financiados.

Como ya se ha mencionado, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia prevé que se dediquen 400 millones de euros al emprendimiento femenino. Además, el emprendimiento femenino cuenta con dos medidas específicas del Fondo de Garantía para las pequeñas empresas: ON (Oltre Nuove, que financia a las empresas femeninas a tasa 0), dedicada a los jóvenes emprendedores y a las mujeres (de todas las edades); y SMART&START (financiación amplia para startups establecidas por mujeres). La información sobre estas medidas está disponible en el sitio web de Invitalia.

Aproximadamente el 70 % de la población italiana vive en zonas rurales: son en total 41,3 millones de habitantes. Las mujeres representan el 51 % de la población rural italiana (anexo 14).

Una mirada a la principal actividad que caracteriza a los territorios rurales, es decir, el sector agrícola, muestra cómo se ha ido reduciendo progresivamente la incidencia del trabajo a lo largo de los años y cómo esa reducción ha afectado principalmente a las mujeres, cuya tasa de participación en el sector ha pasado del 30,8 % en 2008 al 25,9 % en 2019 (datos del ISTAT).

La reducción de las empresas agrícolas dirigidas por mujeres en el período 2014-2020 se registró, sobre todo, en el Norte (-11,9 %) y en el Centro (-7,1 %), mientras que en el Sur del país, donde están presentes el 51,5 % de las empresas, el descenso fue mínimo (-0,7 %).

Cabe destacar que el descenso de la mano de obra femenina en la agricultura no ha afectado a los sectores en los que más han invertido las mujeres en los últimos años. Por el contrario, se observa una diversificación de actividades agrícolas, como las siguientes:

•El agroturismo: la tasa de crecimiento de la participación femenina en la gestión del sector fue tres puntos mayor que la de la masculina (+25,1 % frente al 22 %) entre 2010 y 2019;

•Las actividades educativas: más del 40 % se ejerce en explotaciones femeninas;

•La agricultura social: el 54 % de las explotaciones en las que se la practica está en manos de mujeres.

Aunque la creciente participación de las mujeres en la diversificación de las explotaciones se debe principalmente al fuerte deseo de estas de abrirse paso y desempeñar un papel activo dentro de la agricultura, también es el resultado del apoyo de las alianzas agrícolas de mujeres, que acompañan a sus miembros en las vías de crecimiento profesional, así como de las políticas públicas, que, dentro de los Programas de Desarrollo Rural, han reforzado las intervenciones de apoyo a la diversificación empresarial, aumentando también los recursos financieros pertinentes.

En cuanto al emprendimiento femenino en la agricultura, mediante la Ley de Presupuesto de 2020 (que incluyó una dotación inicial de 15 millones de euros), el Gobierno introdujo la medida denominada “Mujeres en el campo” para fomentar el desarrollo y la consolidación de las explotaciones agrícolas dirigidas y gestionadas por mujeres. Esta medida fue refinanciada en 2021 con 15 millones de euros adicionales.

En cuanto al empleo relevante, en 2018, el número de contratos de plazo fijo en la agricultura fue de más de 986.000 y un poco más de una tercera parte de ellos correspondieron a mujeres (datos del Instituto Nacional de Previsión Social, 2018).

Las estadísticas del ISTAT sobre el número de trabajadores indican que el número de trabajadoras migrantes extracomunitarias en la agricultura ha crecido más de un 20 % en los últimos diez años, mientras que se ha producido un descenso gradual de las trabajadoras extranjeras provenientes de la Unión Europea (-14,5 %).

Los trabajadores extracomunitarios están empleados en su mayoría con contratos de temporada de menos de 51 días de trabajo. Eso contribuye a aumentar su nivel de vulnerabilidad, ya que tienen menores protecciones (anexo B).

Desde septiembre de 2015 está activa la Red de Trabajo Agrario de Calidad (creada por el Decreto Ley 91/2014), que, entre otras cosas, recompensa con visibilidad a las empresas que destaquen por el cumplimiento de las normas laborales.

En julio de 2019, participaban unas 3.800 explotaciones, que representaban aproximadamente el 2 % de las explotaciones del país. Lo más probable es que este porcentaje aumente considerablemente en los próximos cinco años gracias a la introducción, en la futura Política Agrícola Común, de la dimensión social en la condicionalidad, que condiciona las ayudas de la Unión Europea al pleno cumplimiento de las normas de salvaguarda y protección de los trabajadores. Italia ha apoyado firmemente esta dimensión, que prevé la reducción de las ayudas a las empresas que no cumplan las normas pertinentes.

Los Consejeros para la Igualdad se organizan con el fin de garantizar la protección contra la discriminación por razón de género en todos los ámbitos. No solo operan a nivel nacional, sino también a nivel provincial y regional.

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

Recordando el ciclo de presentación de informes anterior, el Ministerio de Salud aclaró que el llamado “síndrome de alienación parental”, es decir, la manipulación de la voluntad del niño para distanciarlo del otro progenitor, no está reconocido como trastorno psicopatológico por la mayoría de los científicos y ni siquiera está incluido en ninguna de las clasificaciones en uso, como la Clasificación Internacional de Enfermedades, dada la falta de datos que lo respalden (nota del 29 de mayo de 2020 del Sr. Speranza, Ministro de Salud).

En cuanto a la jurisprudencia, en virtud de su función nomofiláctica, el Tribunal Supremo ha sostenido sistemáticamente que el Tribunal está obligado a comprobar la conducta de hecho de las partes, utilizando los medios de prueba comunes, para verificar si uno de los progenitores excluye efectivamente al otro de la vida del niño o está obstaculizando las relaciones con él (Auto 13217/2021 y Tribunal de Casación, Civ., 6919/2016); así se evita que las teorías asumidas en su carácter absoluto, a fortiori cuando se carece de pruebas científicas, como en el caso del síndrome de alienación parental, puedan constituir, incluso si son detectadas por el consultor designado por el juez, la base exclusiva de decisiones delicadas, particularmente las relativas a la relación entre padres e hijos.

Por otra parte, la delegación legislativa para la reforma del proceso civil (Ley de la Cámara A.C.3289, y Ley del Senado A.S. 1662), que acaba de ser aprobada por el Parlamento, prevé que el juez de familia podrá realizar investigaciones sumarias para averiguar, con inmediatez, las causas de la negativa del niño a ver a uno de sus padres y evaluar la posibilidad de que haya existido violencia, además de adoptar posibles medidas de salvaguardia y protección.

Además, esta misma legislación obliga a los consultores técnicos nombrados por el tribunal a seguir los protocolos y metodologías reconocidos por la comunidad científica, sin hacer evaluaciones basadas en características y perfiles de personalidad ajenos a estos. El refuerzo del diálogo entre las autoridades civiles y penales permitirá al tribunal civil tener un conocimiento cabal de la violencia existente en el entorno familiar para determinar mejor las medidas que deben adoptarse en cada caso.

Desde 2015, los divorcios han experimentado un fuerte aumento (+57,5 % en solo un año) tras la entrada en vigor de dos leyes que han establecido importantes cambios en las normas que regulan la disolución y la terminación de los efectos civiles del matrimonio:

•El Decreto Ley 132/2014 para acelerar los procedimientos consensuados sin acudir a los Tribunales;

•La Ley 55/2015 (el llamado “divorcio rápido”), que reduce en gran medida el intervalo entre la separación y el divorcio: doce meses para las separaciones judiciales y seis meses para las de mutuo acuerdo, respectivamente.

En 2019, el 85,0 % de las separaciones fueron de mutuo acuerdo: un porcentaje estable con ligeras fluctuaciones en la última década. Por otro lado, la proporción de divorcios de mutuo acuerdo parece ser menor (70,1 % en 2019).

Tras el pico de 2016 (78,2 %), la proporción de divorcios de mutuo acuerdo disminuyó hasta volver al nivel de principios de la década (72,4 % en 2010).

En cuanto a las separaciones concedidas por un tribunal civil, en ocho separaciones de cada diez, la causa es la convivencia intolerable; otras causas mencionadas son que el marido sea responsable del fracaso del matrimonio (13,7 % en 2018) y que la esposa sea responsable del fracaso del matrimonio (3,5 %).

Teniendo en cuenta los divorcios, desglosados por el cónyuge que presentó la petición de divorcio con procedimiento judicial, aproximadamente en la mitad de los casos había sido presentada por el marido y, en la otra mitad, por la esposa.

En cuanto al tipo de custodia, desde 2016 se ha producido un claro cambio de tendencia, tanto en las separaciones como en los divorcios, a raíz de la Ley 54/2006 de custodia compartida de los hijos entre los dos cónyuges. A partir de 2006, el porcentaje de casos en los que la custodia se concede a la madre se ha reducido considerablemente en beneficio de la custodia compartida.

El verdadero salto se produjo en 2007 (72,1 % de las separaciones en las que se concedió custodia compartida, frente al 25,6 % que en las que se concedió la custodia exclusiva a la madre), y luego se consolidó aún más.

Hoy en día, los hijos en custodia compartida en las separaciones ascienden a cerca del 95 %, y en los divorcios a cerca del 92 %. La proporción de casos en los que se concede la custodia solo al padre sigue siendo muy baja.

Considerando solo el componente judicial, tanto las separaciones como los divorcios en los que se otorga la custodia compartida (o mixta si se consideran más hijos) superan el 85 %. Ese porcentaje también se ha mantenido bastante estable a lo largo del tiempo (anexo 15).

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

Un proyecto de ley destinado a seguir luchando contra la discriminación por razón de sexo, género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad modifica el Código Penal para ampliar el alcance de los delitos contra la igualdad (contenidos en los artículos 604 bisy 604 ter), a fin de castigar las conductas discriminatorias y de instigación a la discriminación, violentas y de incitación a la violencia. El texto unificado aprobado por la Cámara de Diputados debe ser examinado por el Senado.

Publicada en el Boletín Oficial, la legislación delegada sobre discapacidades entró en vigor el 31 de diciembre de 2021 para servir como marco a un nuevo enfoque que se centra en las personas con discapacidad y todos los aspectos de su vida, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La medicina de género parte de la idea de que las diferencias entre hombres y mujeres en términos de salud están vinculadas no solo a su caracterización biológica y a su función reproductiva, sino también a factores ambientales, sociales culturales y relacionales definidos por la OMS. Este nuevo punto de vista debe incorporarse en todas las especialidades médicas, aplicando desde un enfoque centrado en las etapas de la vida, con el objetivo final de garantizar a cada persona la mejor atención, además de reforzar aún más los conceptos de “enfoque centrado en el paciente” y “personalización de los tratamientos”.

La Ley 3/2018 establece que el Ministerio de Salud, previa consulta a la Conferencia Unificada y haciendo uso del Centro Nacional de Referencia de Medicina de Género del Instituto Superior de Salud, adoptará un plan específico para la aplicación y difusión de la medicina de género. El plan se aprobó por Decreto Ministerial el 13 de junio de 2019.

Mediante el Decreto del Ministerio de Salud de 22 de septiembre de 2020, se creó el Observatorio de Medicina de Género en el Instituto Superior de Salud para supervisar la aplicación de las acciones pertinentes.

Mediante el Decreto Legislativo 123/2018, en el marco del artículo 19 de la ley del reglamento penitenciario, se introdujo el siguiente apartado núm. 3: “Mediante la planificación de iniciativas específicas, se garantiza la igualdad de acceso de las mujeres reclusas a la formación cultural y profesional”. Aunque los proyectos de formación profesional han sufrido altibajos, siguen en funcionamiento algunas prácticas significativas, como las granjas de los institutos penitenciarios femeninos de Rebibbia y de Venezia, así como la planta de tostado de café Lazzarelle en Pozzuoli y la producción de jabón y cosméticos naturales organizada por la cooperativa Rio Terà dei Pensieri en las instituciones venecianas.

El artículo 24 de la circular 0308268-2008 prevé, entre otras cosas, servicios de peluquería para las reclusas.

Dentro de los institutos de custodia atenuada para detenidas madres, la Ley 62/2011 prevé la posible inclusión de las mujeres embarazadas y de los progenitores (madres y padres en caso de ausencia o imposibilidad de la madre) con hijos menores de 6 años en prisión preventiva, así como de los progenitores de hijos de hasta diez años en fase de cumplimiento de la condena firme, incluso a la espera de ingresar en el denominado arresto domiciliario especial previsto en el artículo 47 quinquies, siempre que no estén detenidos por alguno de los delitos señalados en el artículo 4 bis, Orden Penitenciaria.

La Administración Penitenciaria ha dedicado recursos financieros y esfuerzos de planificación a la creación de instalaciones dedicadas en las que se propone una organización de la vida compatible con las necesidades y requerimientos de los niños.

El número de madres y niños acogidos en centros de detención ha disminuido considerablemente en el último año, como resultado del creciente recurso por parte de las autoridades judiciales a medidas alternativas para evitar a los niños el impacto traumático de la vida diaria en prisión. Al 22 de febrero de 2022, había en los institutos de custodia atenuada 16 madres y 17 niños.

Para que las reclusas con hijos menores de edad que conviven y carecen de referencias familiares y de vivienda puedan cumplir penas alternativas, la Ley 62/2011, como se mencionó en el ciclo de presentación de informes anterior, ha establecido hogares familiares protegidos. Mediante la Ley de Presupuesto 178/2020, el poder legislativo financió el sistema de acogida y asignó 1,5 millones de euros al año, para 2021, 2022 y 2023, respectivamente, al Ministerio de Justicia.

En noviembre de 2021, se publicó el Decreto del Ministerio de Justicia sobre el reparto entre las regiones del fondo para acoger a los padres detenidos con hijos en los hogares familiares protegidos y en los hogares de acogida de madres con hijos.

En otro orden de cosas, el plan trienal de formación de la Inspección Nacional del Trabajo 2020-2022 prevé una formación específica en materia de igualdad de oportunidades y prevención del acoso laboral, que se llevará a cabo en colaboración con la Consejera Nacional para Igualdad y la correspondiente Red de Consejeros para la Igualdad.