Comité de Derechos Humanos
Octavo informe periódico que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte debía presentar en 2021 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes *
[Fecha de recepción: 28 de junio de 2021]
Índice
Página
I.Información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, coninclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto4
A.Protocolo facultativo4
B.Denuncia de la Carta de los Derechos Fundamentales4
C.Financiación5
II.Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto5
A.Reforma de la Ley de Derechos Humanos5
B.Carta de Derechos de Irlanda del Norte5
C.Referencias al Pacto en los tribunales nacionales y otras instituciones encargadas deaplicar la ley6
D.Toma de conciencia6
E.Extraterritorialidad7
F.Retirada de la reserva a los artículos 10, 14 y 247
III.Rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado7
A.Irlanda del Norte7
B.Investigación de la Comisión de Inteligencia y Seguridad acerca del trato dado a losdetenidos en el extranjero y la entrega de detenidos8
C.Iraq8
IV.No discriminación9
A.Gitanos, romaníes y nómadas9
B.Discriminación racial10
C.Elaboración de perfiles11
D.Delito de odio12
V.Derechos sexuales y reproductivos en Irlanda del Norte13
VI.Prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derechoa la libertad y la seguridad, lucha contra el terrorismo13
A.Ley de Justicia Penal13
B.Ley de Lucha contra el Terrorismo y legislación antiterrorista14
C.Entrega17
D.Orientación unificada para los agentes de los servicios de inteligencia y el personalmilitar sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envíoy la recepción de información relacionada con los detenidos18
VII.Derecho a la vida y condiciones de reclusión19
A.Condiciones de reclusión y suicidio en los establecimientos penitenciarios19
B.Desastre de la Torre de Grenfell21
VIII.Eliminación de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas25
IX.Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los migrantes, los refugiados y los solicitantesde asilo29
A.Expulsión con garantías29
B.Apatridia30
C.Privación de la ciudadanía31
D.Detención de inmigrantes32
X.Acceso a la justicia, independencia del poder judicial y derecho a un juicio imparcial35
Asistencia jurídica35
XI.Derecho a la vida privada36
XII.Derechos del niño39
A.Castigo corporal39
B.Edad de responsabilidad penal39
XIII.Participación en los asuntos públicos40
1.El Gobierno del Reino Unido agradece al Comité de Derechos Humanos que le haya facilitado su lista de cuestiones previa a la presentación del octavo informe periódico. El Comité ha pedido que se proporcione información general sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas tanto en sus últimas observaciones finales como en su informe de seguimiento de las mismas, y sobre las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. También ha solicitado información específica sobre diversos artículos del Pacto.
2.El Gobierno del Reino Unido se toma muy en serio la protección y el respecto de los derechos humanos. El Reino Unido cuenta con protecciones sólidas de los derechos humanos en el marco de un sistema constitucional y jurídico amplio y bien establecido, y con una arraigada tradición de protección de derechos y libertades en su territorio y de cumplimiento de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
3.El Gobierno del Reino Unido apoya firmemente la labor de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y los considera fundamentales en el contexto más amplio del sistema de derechos humanos.
I.Información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, con inclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto
A.Protocolo Facultativo
4.El Gobierno del Reino Unido ha examinado su postura con respecto a la aceptación del derecho a presentar comunicaciones individuales en virtud de los tratados de las Naciones Unidas, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ha concluido que siguen sin estar claras las ventajas del procedimiento de presentación de comunicaciones, especialmente para los autores de las mismas. En particular, el proceso de las Naciones Unidas no es un mecanismo de apelación, no puede revocar las decisiones de los tribunales nacionales y tampoco puede dar lugar a un dictamen ejecutable de indemnización para los autores.
5.El Reino Unido es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que cualquier persona en el país tiene ya acceso al procedimiento de presentación de demandas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) después de haber agotado los distintos recursos internos disponibles.
6.El Reino Unido considera que ya hay en vigor una legislación nacional eficaz, en virtud de la cual las personas pueden tratar de obtener reparaciones jurídicamente exigibles ante los tribunales si se han violado sus derechos.
B.Denuncia de la Carta de los Derechos Fundamentales
7.El Reino Unido cuenta con una arraigada tradición de protección de nuestros derechos y libertades en el territorio nacional y de cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales de derechos humanos, y la decisión de abandonar la Unión Europea (UE) no la modifica. La mayoría de los derechos protegidos en la legislación de la UE también están protegidos en otros instrumentos internacionales en los que el Reino Unido es signatario, en particular el Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que da mayor efectividad la Ley de Derechos Humanos, de 1998. Esto se suma a otros tratados de las Naciones Unidas ratificados por el Reino Unido.
8.La no incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales en la legislación del Reino Unido en virtud de la Ley de Retirada de la UE, de 2018, no afecta a los derechos sustantivos de los que ya se benefician las personas en el país, ya que la Carta nunca fue la fuente de esos derechos. Los tribunales del Reino Unido seguirán interpretando la legislación de la UE que se ha conservado de forma coherente con los derechos que la Carta reafirma, en la medida en que sea posible hacerlo. La jurisprudencia en que se haya hecho referencia a esos derechos subyacentes seguirá ayudando a interpretar la legislación de la UE que se ha conservado.
C.Financiación
9.Todavía no se ha decidido qué financiación podrán solicitar las organizaciones del Reino Unido cuando finalice el marco de gasto. En el momento de redactar este documento, los ciudadanos británicos aún pueden solicitar la financiación del programa del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos.
II.Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto
A.Reforma de la Ley de Derechos Humanos
10.El Gobierno ha dispuesto que se realice un examen independiente para analizar el marco de la Ley de Derechos Humanos, de 1998, su funcionamiento en la práctica y la necesidad de introducir algún cambio. La Ley lleva 20 años en vigor, por lo que es oportuno emprender un examen de su funcionamiento. El marco constitucional del Reino Unido siempre ha evolucionado de forma progresiva y lo seguirá haciendo. El Gobierno del Reino Unido tiene que asegurarse de que nuestro marco de derechos humanos, al igual que el resto del marco jurídico, se desarrolle y perfeccione para garantizar que sigua atendiendo las necesidades de la sociedad a la que sirve. El Gobierno tiene la firme intención de seguir siendo signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
11.El examen se centrará en dos cuestiones esenciales, que se describen en el mandato:
La relación entre los tribunales nacionales y el TEDH.
La repercusión de la Ley de Derechos Humanos en la relación entre el poder judicial, el poder ejecutivo y el órgano legislativo.
12.En el examen se examinará el enfoque adoptado por los tribunales nacionales respecto de la jurisprudencia del TEDH. También se examinará si la Ley de Derechos Humanos establece actualmente el equilibrio correcto entre las funciones de los tribunales, el Gobierno y el Parlamento, en particular si con el enfoque actual se corre el riesgo de que los tribunales nacionales se vean indebidamente involucrados en cuestiones de política. Posteriormente, el grupo de expertos determinará si se justifica la introducción de reformas y, en caso afirmativo, cuáles.
13.El grupo presentará sus resultados en el verano de 2021 y su informe se publicará, al igual que la respuesta del Gobierno.
B.Carta de Derechos de Irlanda del Norte
14.El Gobierno tiene la firme determinación de mantener el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo) en todas sus partes, incluidos los acuerdos sucesores y las instituciones que estableció, lo que incluye la disposición relativa a una Carta de Derechos para Irlanda del Norte. Es necesario un consenso, incluso entre los partidos de Irlanda del Norte, antes de llegar a un acuerdo sobre lo que debe incluir una Carta de Derechos para Irlanda del Norte. Este enfoque siempre estuvo previsto en el Acuerdo de Belfast (Viernes Santo).
15.El Acuerdo “Nuevo decenio, nuevo enfoque”, sobre el restablecimiento del gobierno descentralizado en Irlanda del Norte, contenía el compromiso de crear una Comisión de la Asamblea ad hoc para estudiar la creación de una Carta de Derechos que respetara la intención declarada del Acuerdo de Belfast (Viernes Santo), de 1998. La labor de la comisión ya ha comenzado y sigue su curso.
C.Referencias al Pacto en los tribunales nacionales y otras instituciones encargadas de aplicar la ley
16.A la luz del sistema jurídico dualista del Reino Unido, los convenios internacionales que no se hayan no incorporado solo serán invocados por los tribunales nacionales en determinadas circunstancias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha sido invocado en varias ocasiones ante los tribunales del Reino Unido, en particular:
En el asunto sobre la solicitud de revisión judicial de Veronica Ryan [2020] NIQB 47. La causa relativa a la aplicación de la prueba de errores judiciales en Irlanda del Norte que da efecto al artículo 14, párrafo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En la causa Suffolk CC v RD [2020] EWHC 323 (fam) —relativa a una solicitud (que fue concedida) de una Orden de Protección contra la Mutilación Genital Femenina— en cuya sentencia el Juez Newton hizo referencia a la declaración de la Baronesa Hale en Fornah v SSHD [2006] UKHL 56 de [94] de que la mutilación genital femenina equivale “casi inevitablemente” a un tratamiento contrario, entre otros derechos, al artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En DH (Particular Social Group: Mental Health) Afghanistan [2020] UKUT 00223 (IAC) se invocó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al considerar que la “familia es un grupo socialmente reconocible en la sociedad”. “En el artículo 23, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se reconoce que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.
D.Toma de conciencia
17.Todas las autoridades públicas deben respetar el marco jurídico nacional, incluidas las obligaciones de derechos humanos. El Reino Unido considera que ese marco sigue estando de conformidad con el Pacto. Cualquier persona que desempeñe funciones como autoridad pública en el Reino Unido, o en su nombre, debe actuar de forma compatible con la Ley de Derechos Humanos. Las personas que consideren que se han vulnerado sus derechos reconocidos en la Ley de Derechos Humanos pueden hacerlos valer ante los tribunales nacionales.
18.Para preservar la independencia del poder judicial, las responsabilidades de formación se ejercen a través de la Escuela Judicial. La Escuela Judicial diseña e imparte a la judicatura de Inglaterra y Gales una formación adecuada para promover el conocimiento y la comprensión de instrumentos como los pactos y convenios internacionales.
19.Los abogados están regulados por entidades reguladoras independientes.
20.El College of Policing establece y mantiene los principios de la formación policial. En 2014 introdujo el Código Ético, que comprende una serie de principios para la actuación de la policía, por ejemplo, que todos los agentes y el personal tomen medidas activas en contra de la discriminación y adopten sus decisiones al margen de todo prejuicio.
21.Hay una red activa de grupos de ética en las fuerzas policiales, tanto a nivel regional como nacional, en todo el territorio de Inglaterra y Gales. El Grupo de Orientación Ética de la Policía del Reino Unido se encarga de la supervisión a nivel nacional y ofrece la oportunidad de debatir dilemas éticos.
22.Los fiscales deben ser justos, objetivos e independientes. Al decidir si van a presentar cargos penales, los fiscales deben seguir el Código de los Fiscales de la Corona (el Código). El Código les brinda orientación acerca de los principios generales aplicables a la adopción de decisiones del ministerio fiscal. Estos principios generales contribuyen a garantizar un trato justo a los diferentes grupos, incluidos los grupos minoritarios, y comprenden una serie de disposiciones que hay que tomar en consideración al adoptar decisiones.
23.Desde febrero de 2020, también es obligatoria para todos los abogados la formación sobre el deber de igualdad en el sector público. Se trata de garantizar que los fiscales comprendan la importancia de “tomar expresamente en consideración” las necesidades de las víctimas, los testigos y los acusados que presenten características particulares protegidas, incluidos los grupos étnicos minoritarios, a lo largo del proceso de enjuiciamiento.
E.Extraterritorialidad
24.El personal del Reino Unido en operaciones militares en el extranjero está sujeto a la legislación de Inglaterra y Gales y está obligado a actuar de conformidad con la legislación aplicable en materia de derechos humanos y con el derecho internacional humanitario.
25.Como se indica en el séptimo informe periódico del Reino Unido presentado en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las obligaciones del país en materia de derechos humanos son fundamentalmente territoriales y el Pacto solo puede surtir efecto fuera del territorio del Reino Unido en circunstancias excepcionales. Del mismo modo, el TEDH ha sostenido que el Convenio Europeo de Derechos Humanos solo rige extraterritorialmente en circunstancias excepcionales, aunque los tratados internacionales de derechos humanos no tienen necesariamente el mismo ámbito de aplicación. El Reino Unido ha asumido el compromiso de cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relación con todas las personas privadas de libertad por sus Fuerzas Armadas.
F.Retirada de la reserva a los artículos 10, 14 y 24
26.Las restantes reservas y declaraciones se mantienen por las razones señaladas en la respuesta del Reino Unido a la lista de cuestiones relativa al séptimo informe periódico. El Gobierno del Reino Unido las examinará de nuevo como parte de su octavo informe periódico y actualizará al Comité cuando la situación haya cambiado.
III.Rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado
A.Irlanda del Norte
27.El Acuerdo de Stormont House concertado entre los Gobiernos del Reino Unido e Irlanda y los principales partidos políticos de Irlanda del Norte no se ha aplicado y siguen llevando a cabo las investigaciones el Defensor del Pueblo de la Policía de Irlanda del Norte, que es independiente, el Servicio de Médicos Forenses de Irlanda del Norte y las fuerzas policiales de todo el Reino Unido.
28.El Servicio de Policía de Irlanda del Norte es jerárquico e institucionalmente independiente de la antigua Real Policía del Ulster y del ejército, aunque cabe señalar que la capacidad de la policía para demostrar la independencia práctica que requiere la investigación de determinadas muertes sigue siendo objeto de litigio en los tribunales nacionales, incluido un recurso ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. Cuando se determina que el Servicio de Policía de Irlanda del Norte no tiene la independencia necesaria para investigar un caso concreto, existen facultades para designar a agentes independientes de un servicio policial de Gran Bretaña que garanticen una investigación eficaz. Como demuestran las recientes remisiones (por ejemplo, al ex jefe de policía de Bedfordshire, Jon Boutcher), los equipos de investigación pueden proceder de todos los servicios policiales del Reino Unido y pueden excluir explícitamente al personal que esté en servicio activo o haya prestado servicios anteriormente en la Real Policía del Ulster, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte, el Ministerio de Defensa o los Servicios de Seguridad, o que pueda tener un conflicto de intereses en función de las circunstancias específicas de cualquier investigación.
29.El Gobierno del Reino Unido sigue respaldando la reforma y la introducción de legislación para hacer frente el legado del conflicto (the Troubles). El Gobierno del Reino Unido ha asumido el compromiso de trabajar con la sociedad civil, incluidos los grupos de víctimas, los partidos políticos de Irlanda del Norte y el Gobierno de Irlanda sobre el camino a seguir en estas complejas y delicadas cuestiones.
30.El acuerdo “Nuevo decenio, nuevo enfoque” para restablecer el gobierno descentralizado en Irlanda del Norte se publicó el 9 de enero de 2020. El Gobierno del Reino Unido ha progresado mucho respecto del cumplimiento de sus compromisos en el marco del mencionado acuerdo. Se han liberado 555,9 millones de libras de los 2.000 millones de financiación acordados en el acuerdo. En agosto del año pasado se nombró a un comisionado de veteranos, y las normas de inmigración que rigen la forma en que los habitantes de Irlanda del Norte traen a sus familiares al Reino Unido también entraron en vigor a partir de agosto de 2020. Se han establecido las estructuras de gobernanza en las que se basa el acuerdo, y periódicamente se celebran reuniones de la Junta Mixta y del Examen de la Aplicación.
31.La Ley de Justicia y Seguridad, de 2013, faculta a los tribunales superiores para aplicar “procedimientos judiciales con material reservado” en casos civiles que conllevan el uso de material sensible cuya divulgación sería perjudicial para la seguridad nacional. El proceso contiene varias salvaguardias judiciales y su aplicación es supervisada de cerca por el Gobierno del Reino Unido en forma de informes públicos anuales al Parlamento. Las estadísticas indican que esos procedimientos se utilizaron en un número muy reducido de casos en Irlanda del Norte durante los últimos tres años.
B.Investigación de la Comisión de Inteligencia y Seguridad acerca del trato dado a los detenidos en el extranjero y la entrega de detenidos
32.El Gobierno fijó su posición sobre las investigaciones relativas a los detenidos en una declaración ante el Parlamento de 18 de julio de 2019. Esto incluyó la aportación de pruebas a la Comisión de Inteligencia y Seguridad para su informe de 2018.
C.Iraq
33.Todas las denuncias e investigaciones que no se habían archivado cuando el Equipo de Investigaciones Históricas sobre el Iraq concluyó sus actividades el 30 de junio de 2017 se transfirieron al Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes. Después de haber trabajado con diligencia para concluir el número de casos asignados lo antes posible, el Equipo está ahora muy cerca de completar los pocos casos restantes.
34.La Ley de las Fuerzas Armadas, de 2006, exige que el Equipo de la Policía Militar consulte a la Autoridad Fiscal competente antes de interrumpir las investigaciones en los casos en que no se cumpla la prueba reglamentaria para la remisión a un fiscal (pruebas suficientes para acusar a una persona determinada de un delito), y que remita los casos en que se cumpla la prueba reglamentaria para una decisión de enjuiciamiento. En todos los casos remitidos por el Equipo de Investigaciones Históricas sobre el Iraq o el Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes, el Director de la Fiscalía competente decidió —tras haber obtenido la opinión de un asesor jurídico externo de rango superior, de ser procedente— que no se cumplían las distintas pruebas para el enjuiciamiento. En todos los casos en los que el denunciante o los familiares ejercieron su derecho (en virtud del derecho de revisión de la víctima) a solicitar la revisión de la decisión de no proceder al enjuiciamiento, un asesor jurídico externo de rango superior independiente confirmó la decisión.
35.El Equipo de la Policía Militar para las Investigaciones Pendientes también está trabajando actualmente en un pequeño número de denuncias históricas que no formaban parte de los casos asignados al Equipo. Además, para cumplir sus obligaciones de investigación más amplias, cuando es necesario, el Ministerio de Defensa del Reino Unido sigue remitiendo casos al proceso de Investigación de Muertes en el Iraq. En noviembre de 2020, el inspector encargado de ese proceso (un juez jubilado del Tribunal de Apelación) fue designado para que examinara un noveno caso.
36.El Gobierno ha aprobado la Ley de Operaciones en el Extranjero (Personal de Servicio y Veteranos), de 2021, para ayudar a reducir la incertidumbre de nuestro personal de servicio y de los veteranos en relación con las denuncias o reclamaciones históricas derivadas de las operaciones en el extranjero. La Ley también prevé un mejor marco jurídico para tratar las denuncias o reclamaciones que surjan de cualquier futuro conflicto en el extranjero, reconociendo la carga y las presiones excepcionales que afectan al personal.
37.La Ley recibió la sanción real el 29 de abril de 2021. Puede encontrar más información sobre la Ley en: https://www.gov.uk/government/publications/overseas-operations-service-personnel-and-veterans-bill/overseas-operations-service-personnel-and-veterans-act-2021-guidance.
IV.No discriminación
A.Gitanos, romaníes y nómadas
38.Seguimos apoyando la ejecución de una estrategia intergubernamental para dar respuesta a las desigualdades que afrontan las comunidades gitana, romaní y nómada.
39.El Reino Unido ha invertido 400.000 libras esterlinas en programas de educación y formación para más de 100 niños y jóvenes gitanos, romaníes y nómadas, que recibirán clases adicionales para recuperar el tiempo de aprendizaje perdido durante la pandemia, apoyo individualizado y orientación de expertos para ayudarles a progresar en la educación o a encontrar empleo. Esto se suma al Programa Nacional de Tutoría del Reino Unido, dotado con 350 millones de libras, que aumentará el acceso a la enseñanza de alta calidad para los jóvenes más desfavorecidos durante el año escolar 2020-2021.
40.Como parte del programa Community Champions dotado con 25 millones de libras, estamos financiando tanto a las autoridades locales como a las organizaciones comunitarias para mejorar el alcance de las orientaciones oficiales de salud pública y de otros mensajes o comunicaciones sobre el virus en lugares y grupos específicos con mayor riesgo respecto de la COVID-19. El programa trabajará con las comunidades gitana, romaní y nómada en zonas específicas de todo el país, y ofrece desde pequeñas subvenciones hasta ayudas para organizar campañas de comunicación.
41.El Reino Unido apoya firmemente la ejecución de una estrategia intergubernamental para dar respuesta a las desigualdades que afrontan las comunidades gitana, romaní y nómada.
42.El Reino Unido seguirá otorgando prioridad a la labor de análisis y respuesta a la presencia desproporcionada de determinados grupos en el sistema de justicia juvenil y reconoce que existe una representación excesiva de niños de origen gitano, romaní y nómada privados de libertad en ese sistema.
43.El país colabora con las partes interesadas gitanas, romaníes y nómadas para estudiar los retos particulares a los que se enfrenta este grupo y ha publicado un informe destinado a profesionales en el que se definen los principales problemas y se formulan propuestas para abordarlos. En 2018, la Junta de Justicia Juvenil modificó los requisitos para aplicar la norma 18+1 con objeto de incluir a los “gitanos/travellers irlandeses”. En relación con la privación de la libertad, el Servicio Penitenciario Juvenil ha implantado una práctica eficaz de información para el personal sobre el trabajo con niños gitanos, romaníes y nómadas.
44.Esto se complementa con una labor más amplia de conexión y de comprensión de los problemas respecto de los grupos gitanos, romaníes y nómadas en general, incluido el foro de partes interesadas de esos grupos en el sistema de justicia penal, dirigido por el equipo de disparidad racial del Ministerio de Justicia, y con iniciativas más amplias en torno al Mes de la Historia de los Gitanos, Romaníes y Nómadas (por ejemplo, mediante eventos en los centros vigilados para jóvenes).
45.En términos más generales, gran parte de la labor del Reino Unido en la lucha contra la disparidad racial está encaminada a hacer frente a todas las desigualdades y, como tal, también es relevante para los grupos de gitanos, romaníes y nómadas, entre otras comunidades de personas negras, asiáticas o pertenecientes a minorías étnicas. En algunos ámbitos incluimos un enfoque centrado en los grupos de gitanos, romaníes y nómadas, por ejemplo, en el caso del proyecto Pathfinder de la Junta de Justicia Juvenil relacionado con la COVID hemos vinculado a las autoridades locales con el Movimiento de Nómadas para facilitar el acceso a las comunidades gitana, romaní y nómada.
46.La Ley de Planificación (Escocia), de 2019, impone nuevas obligaciones a las autoridades de planificación de Escocia que han de indicar la forma en que se han relacionado con los gitanos/travellers en sus informes sobre el plan de desarrollo local. Además, tendrán que informar sobre la forma en que se han atendido las necesidades de alojamiento de esa comunidad. El Gobierno de Escocia también está examinando las políticas nacionales de planificación, ya que deberían respaldar una gama más amplia de soluciones nuevas e innovadoras de prestación de servicios, en particular para los gitanos/travellers. Cuando se publique, el Marco Nacional de Planificación 4 será un elemento esencial para asegurar que se atiendan las necesidades actuales y futuras de alojamiento de esa comunidad.
B.Discriminación racial
47.El Gobierno del Reino Unido puso en marcha la Auditoría de Disparidad Racial y su sitio web, Ethnicity Facts and Figures, en octubre de 2017. El sitio web es el primero de este tipo en todo el mundo y ha sido elogiado a nivel internacional por su enfoque abierto y su utilización de los datos para poner de manifiesto las desigualdades de resultados.
48.En respuesta a las conclusiones de la Auditoría de Disparidad Racial, el Gobierno ha adoptado medidas para abordar la disparidad en la justicia penal, el aumento de la diversidad en el empleo, la salud mental, la exclusión escolar y las barreras al progreso de los jóvenes.
49.Hasta la fecha, la Dependencia de Disparidad Racial ha colaborado con el Gobierno en general y con las autoridades locales para formular conjuntamente intervenciones destinadas a hacer frente a la disparidad, entre ellas:
Emprender iniciativas para mejorar la confianza entre los cuerpos de policía y las comunidades locales a las que prestan servicios, aumentando, por ejemplo, la diversidad del personal policial e incrementando su capacitación.
Seguir prestando apoyo específico al empleo en 20 zonas del país con tasas elevadas de desempleo de las minorías étnicas para potenciar las posibilidades de obtener ingresos.
Presentar la Carta sobre la Raza en el Trabajo, que ofrece a las empresas un conjunto claro de acciones encaminadas a crear más oportunidades para las minorías étnicas en el trabajo.
Establecer medidas para impulsar el cambio en la lucha contra la desigualdad entre grupos étnicos en la enseñanza superior: en los últimos diez años se ha registrado un aumento significativo de las tasas de jóvenes de 18 años pertenecientes a minorías étnicas que asisten a la universidad.
Tomar en consideración las causas de las disparidades étnicas en las tasas de contagio y mortalidad por COVID-19, a fin de asegurar que la respuesta gubernamental a la pandemia prevea medidas adecuadas que permitan minimizar los riesgos para los grupos étnicos minoritarios y protegerlos.
50.El 16 de julio de 2020, el Primer Ministro creó la Comisión sobre Disparidades Raciales y Étnicas, que tiene carácter independiente y recibe apoyo de la Dependencia de Disparidad Racial.
51.La Comisión ha examinado la cuestión de la desigualdad en el Reino Unido y se ha centrado en ámbitos como la educación, el empleo, la salud y el sistema de justicia penal.
52.El 31 de marzo de 2021, la Comisión publicó su informe al Primer Ministro. En él se formulaban diversas recomendaciones sobre los cambios que la Comisión consideraba más eficaces con miras a resolver de forma significativa las disparidades y desigualdades para todos.
53.El Gobierno del Reino Unido está estudiando las recomendaciones de la Comisión y responderá a ellas oportunamente.
54.Todos los jóvenes merecen la oportunidad de progresar y desarrollar su potencial, independientemente de su origen étnico, así como de hacerlo en un entorno libre de temores, prejuicios y odio. Los entornos educativos son fundamentales para fomentar la integración y para asegurar que la próxima generación aprenda los valores compartidos en los que se basa nuestra sociedad: democracia, estado de derecho, libertad individual, respeto mutuo y tolerancia hacia las personas con diferentes confesiones y creencias. Según la Ley de Igualdad, de 2010, en las escuelas no se debe discriminar a un alumno por cuestiones relativas a una característica protegida por la Ley. Las escuelas financiadas por el Estado tienen la obligación de tener debidamente en cuenta la necesidad de eliminar el acoso, promover la igualdad de oportunidades y fomentar las buenas relaciones entre todos, independientemente de las características de cada persona. La Oficina de Control de los Niveles de Educación, Servicios y Formación de la Infancia examina el cumplimiento por las escuelas de sus obligaciones legales y les exige responsabilidades si en ellas hay incidentes de racismo u otros problemas de comportamiento.
C.Elaboración de perfiles
55.La respuesta del Reino Unido a la lucha contra el terrorismo se basa en un enfoque que une a los sectores público y privado, las comunidades, los ciudadanos y los asociados extranjeros en torno al único propósito de no dejar ningún espacio seguro para que los terroristas recluten o actúen. La estrategia CONTEST del Reino Unido es el marco que permite organizar esta labor de lucha contra todas las formas de terrorismo.
56.Las investigaciones gubernamentales y académicas han indicado sistemáticamente que no existe un único perfil sociodemográfico de terrorista en el Reino Unido, ni una única vía o “motivación” para la participación en el terrorismo. Los terroristas proceden de una amplia gama de orígenes y al parecer se implican de diferentes maneras y por distintos motivos. Por lo tanto, la estrategia CONTEST no se enmarca en torno a determinadas identidades, etnias o religiones.
57.El programa de prevención es una parte esencial de la estrategia CONTEST y consiste fundamentalmente en salvaguardar y apoyar a las personas vulnerables para evitar que se conviertan en terroristas o apoyen el terrorismo. La prevención protege a las personas vulnerables respecto de la radicalización de forma similar a los procesos de salvaguardia diseñados para proteger a las personas de las bandas, el uso indebido de drogas y los abusos físicos y sexuales.
58.La piedra angular de la prevención es la labor local con las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil. La prevención no se centra específicamente en una confesión o grupo étnico, sino que aborda todas las formas de extremismo. El Gobierno apoya a las organizaciones de la sociedad civil de todo el país con el fin de que ejecuten una amplia gama de proyectos en el desempeño de su labor con las escuelas, las familias y las comunidades locales para promover la conciencia respecto de los riesgos de la radicalización y su resistencia frente al discurso y la propaganda terrorista, así como para ayudarlas a saber qué hacer si les preocupa que alguien se haya radicalizado. El Gobierno apoya a estos grupos para que creen proyectos adaptados, que sean los más apropiados para hacer frente a la amenaza de la radicalización en las comunidades locales.
59.El Gobierno también se asegura de que todos los aspectos de nuestra labor se supervisen y evalúen de forma adecuada para fundamentar la adopción de decisiones y la evolución futura de los programas de trabajo.
D.Delito de odio
60.El Reino Unido se toma muy en serio los delitos de odio, por este motivo en 2016 se publicó el Plan de Acción contra los Delitos de Odio (Acción contra el odio: plan del Gobierno del Reino Unido para hacer frente al delito de odio), actualizado en octubre de 2018. El Plan de Acción ha mejorado la respuesta a los delitos de odio en todas sus formas y su publicación actualizada ha asegurado la renovación del compromiso de que las víctimas sigan siendo el eje de la lucha contra esos delitos.
61.Entre algunos de los logros de los que se enorgullece el Reino Unido cabe mencionar la concesión de más de 240 donaciones para financiar medidas de seguridad en lugares de culto de todo el país, además de la financiación de instituciones religiosas vulnerables; la financiación de proyectos innovadores para hacer frente al odio; la colaboración con la Fiscalía de la Corona con el fin de formular importantes orientaciones para las víctimas de delitos de odio; el requisito de que las fuerzas policiales desglosen los datos relativos a los delitos de odio en función de la confesión; y la petición a la inspección de policía de que elabore un informe temático sobre la eficacia de la policía al responder a los delitos de odio, así como la colaboración de más de 17.000 jóvenes para hacer frente al odio y los prejuicios. Para 2020-2021, el Gobierno también ha asignado 3,2 millones de libras a mejorar la seguridad en los lugares de culto que corren riesgo de sufrir ataques a causa de los delitos de odio.
62.El año pasado, el programa de donaciones destinado a combatir los delitos motivados por el odio, la confesión o la raza invitó a grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil de Inglaterra a que solicitaran financiación para proyectos que defendieran el compromiso asumido por el Gobierno de construir una sociedad diversa y tolerante para todas las confesiones y razas. Se concedieron 1,8 millones de libras para ayudar a las organizaciones a llevar a cabo intervenciones que alentaran una mayor integración en sus comunidades locales y para hacer frente a los comportamientos discriminatorios.
63.El Gobierno del Reino Unido seguirá avanzando sobre la base de estos logros en los próximos años. Esto incluye el apoyo al examen en curso de la Comisión Jurídica sobre la cobertura y el enfoque de las actuales disposiciones legales relativas a los delitos de odio, para garantizar que el derecho penal se aplique de forma eficaz.
64.En cuanto al registro de los delitos de odio, el aumento de esos delitos registrado por la policía en los últimos años se ha debido a las mejoras introducidas en el registro de delitos y a una mejor definición de lo que constituye un delito de odio. En cambio, la Encuesta sobre la Delincuencia en Inglaterra y Gales, que no se ve afectada por los cambios en el registro de delitos, muestra un disminución a largo plazo de los delitos de odio, con una reducción del 38 % de estos incidentes entre las encuestas combinadas de 2007/08 y 2008/09 y las combinadas de 2017/18, 2018/19 y 2019/20. En conjunto, se señaló a la atención de la policía el 47 % de los incidentes de delitos de odio, una proporción más elevada que la que corresponde a los delitos en general en la mencionada Encuesta (38 %). Los índices de denuncia de los delitos de odio han sido sistemáticamente más altos que los correspondientes a los delitos en general en esa Encuesta.
65.Transport Scotland ha asumido el compromiso de formular una Carta sobre los Delitos de Odio en el transporte público con el propósito de garantizar que las personas puedan viajar sin sufrir intimidaciones ni acoso, hacer frente a los delitos de odio, alentar las denuncias e impartir capacitación para aumentar el conocimiento y la sensibilidad del personal sobre esos delitos.
66.En abril de 2020 se presentó en el Parlamento de Escocia el proyecto de ley sobre delitos de odio y orden público (Escocia). El proyecto de ley prevé consolidar, modernizar y ampliar la legislación vigente sobre los delitos de odio de modo que esté adaptada a la Escocia del siglo XXI. Las disposiciones garantizan que las características actualmente protegidas en el marco legislativo de los delitos de odio sigan estando protegidas en la misma medida con un lenguaje actualizado que incluya la definición de orientación sexual e identidad transgénero.
V.Derechos sexuales y reproductivos en Irlanda del Norte
67.La Ley de Irlanda del Norte, relativa en particular a la formación del ejecutivo, de 2019, aprobada por el Parlamento en julio de 2019, impuso al Gobierno del Reino Unido la obligación de reformar la Ley del Aborto de Irlanda del Norte ante la ausencia de un gobierno descentralizado al 21 de octubre de 2019. Los cambios legislativos dieron lugar a la despenalización inmediata del aborto mediante la derogación de los artículos 58 y 59 de la Ley de Delitos contra la Persona, de 1861, que entró en vigor el 22 de octubre de 2019. En ese momento también entró en vigor una moratoria sobre los procesos penales relacionados con el aborto, lo que significa que los enjuiciamientos o investigaciones policiales que estuvieran en curso en ese momento, con respecto a un delito en virtud de los artículos 58 y 59 de la Ley de Delitos contra la Persona (independientemente de cuándo se cometiera el delito), no proseguirían y no se podría iniciar ni continuar ninguna actuación penal.
68.El Gobierno del Reino Unido formuló el Reglamento sobre el Aborto (Irlanda del Norte), de 2020, que entró en vigor el 31 de marzo de 2020 y pasó a ser la nueva ley de acceso a los servicios de aborto en Irlanda del Norte. El Reglamento sobre el Aborto (Irlanda del Norte) (núm. 2), de 2020, revocó el reglamento anterior, pero es sustancialmente idéntico en cuanto a las condiciones en las que se puede practicar el aborto en Irlanda del Norte. El Reglamento prevé el acceso en las circunstancias establecidas en el informe de 2018 del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Investigación relativa al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Informe de la Convención), como dispone el artículo 9 de la Ley de Irlanda del Norte de Formación del Ejecutivo.
69.Sin embargo, aún no se han puesto en marcha servicios de aborto completos, de conformidad con las condiciones establecidas en el Reglamento de 2020. El Departamento de Salud de Irlanda del Norte no ha iniciado, respaldado ni financiado formalmente esos servicios, y tampoco se han formulado orientaciones ni se han adoptado medidas oficiales de apoyo. Por ello, el Gobierno del Reino Unido elaboró el Reglamento sobre el Aborto (Irlanda del Norte), de 2021, que entró en vigor el 31 de marzo de 2021. Este Reglamento otorga al Secretario de Irlanda del Norte la facultad de ordenar a un ministro de Irlanda del Norte, a un departamento de Irlanda del Norte y a la Junta de Atención Social y de la Salud del Organismo de Salud Pública que adopten las medidas necesarias para dar aplicación a todas las recomendaciones de los párrafos 85 y 86 del informe de la Convención. Si no se dan pasos concretos hacia la puesta en marcha de los servicios en Irlanda del Norte antes de las vacaciones del verano, el Secretario de Irlanda del Norte está dispuesto a emitir una orden. El Gobierno del Reino Unido sigue prefiriendo que el Departamento de Salud impulse la puesta en marcha de los servicios de aborto, y los funcionarios y ministros seguirán trabajando para ver si se puede avanzar sobre el terreno en Irlanda del Norte antes de que el Secretario de Estado tenga que considerar la posibilidad de emitir una orden.
VI.Prohibición de la tortura u tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, derecho a la libertad y la seguridad, lucha contra el terrorismo
A.Ley de Justicia Penal
70.La tortura es un delito penal en el Reino Unido, en virtud del artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988, y conlleva una pena máxima de cadena perpetua. La Ley de Derechos Humanos da efectividad al Convenio Europeo de Derechos Humanos en la legislación del Reino Unido, en particular al artículo 3 (prohibición de la tortura). La Ley de Derechos Humanos impone a todas las autoridades públicas la obligación legal de actuar de forma compatible con los derechos reconocidos en la Convención y refuerza la capacidad de las víctimas de invocar esos derechos en las actuaciones civiles y penales. El Reino Unido también es parte del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes y ha cooperado plenamente en las visitas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes a sus centros de reclusión.
71.El Gobierno del Reino Unido no tiene previsto reformar el delito de tortura con arreglo al artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988. La justificación de esta posición se expuso en el cuarto informe periódico del Reino Unido en virtud de la Convención contra la Tortura [1].
B.Ley de Lucha contra el Terrorismo y legislación antiterrorista
72.La definición de terrorismo del Reino Unido figura en el artículo 1 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000. Esta definición se aplica por igual tanto a los ciudadanos y los residentes del Reino Unido como a los que no lo son. La definición es objeto de revisiones periódicas para asegurar que siga siendo idónea, en particular por el Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista, que ha examinado la definición en su informe anual más reciente (publicado en marzo de 2021). La Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, define el terrorismo como: un acto, o la amenaza de realizarlo, con la intención de influir en el Gobierno o en una organización gubernamental internacional, o de intimidar al conjunto o a una parte de la población; y que se lleva a cabo con el fin de promover una causa política, religiosa, racial o ideológica. El acto, o la amenaza de realizarlo, debe conllevar violencia grave contra una persona, daños graves a la propiedad, peligro para la vida de una persona, un riesgo grave para la salud o la seguridad de la población, o la intención de interferir o perturbar gravemente un sistema electrónico. (Nota bene. El acto o la amenaza de realizar actos de este tipo, que conllevan la utilización de armas de fuego o explosivos, se consideran terrorismo estén o no destinados a influir en el gobierno o en una organización gubernamental internacional, o a intimidar al conjunto o a una parte de la población).
73.Esta definición de terrorismo se aplica igualmente a las causas con motivación política, religiosa, racial e ideológica. La definición está formulada para combatir todas las formas de terrorismo, independientemente de la ideología que las inspire. Se gestionan en función de la amenaza que se considera que representan. Corresponde a la policía y a los servicios de seguridad aplicar esta definición tras detectar e investigar a las personas y determinar su riesgo. El enjuiciamiento es la vía preferida para desarticular una amenaza terrorista y, cuando es posible, lo dirige la Fiscalía de la Corona. La División de Lucha contra el Terrorismo de la Fiscalía publica en línea resúmenes de algunos de sus enjuiciamientos efectivos: https://www.cps.gov.uk/crime-info/terrorism/counter-terrorism-division-crown-prosecution-service-cps-successful-prosecutions-2016.
74.Tras los atentados terroristas en Fishmongers’ Hall y en Streatham, cometidos por conocidos delincuentes terroristas, el Gobierno del Reino Unido presentó el proyecto de ley de lucha contra el terrorismo y de imposición de penas. El proyecto de ley ha completado recientemente el procedimiento de aprobación parlamentaria y en breve recibirá la sanción real. El proyecto de ley refuerza todas las fases del proceso de tratamiento de los delincuentes terroristas en el Reino Unido, desde la imposición de la pena y la puesta en libertad hasta el seguimiento en la comunidad. Garantizará que los delincuentes terroristas peligrosos y autores de delitos graves pasen más tiempo en prisión preventiva y en libertad condicional, y también mejorará nuestra capacidad para controlar y gestionar el riesgo que suponen los delincuentes terroristas y las personas que suscitan preocupación en relación con el terrorismo cuando son excarcelados.
75.Entre las principales medidas previstas en el proyecto de ley figuran las siguientes:
Establecer una nueva “sentencia por actos graves de terrorismo” aplicable a los delincuentes peligrosos, con una pena mínima de 14 años de prisión y hasta 25 años de libertad condicional.
Poner fin a la excarcelación anticipada de los delincuentes terroristas autores de los delitos más graves a los que se hayan impuesto penas prolongadas, y en su lugar cumplir el tiempo completo en prisión.
Aumentar de la pena máxima por tres delitos de terrorismo (incluida la pertenencia a una organización prohibida) de 10 a 14 años.
Garantizar un periodo mínimo de 12 meses de libertad condicional para todos los delincuentes terroristas, así como exigir a los delincuentes adultos que se sometan a la prueba del polígrafo.
Ampliar la lista de delitos que los tribunales pueden calificar como delitos relacionados con el terrorismo en el momento de dictar sentencia a fin de asegurar la imposición de penas más duras.
Promover las herramientas de gestión de riesgos y perturbaciones de que disponen los servicios de seguridad y la policía antiterrorista, mediante el fortalecimiento de las medidas de prevención e investigación del terrorismo, el apoyo del uso de órdenes de prevención de delitos graves en casos de terrorismo y la ampliación de la lista de delitos que activan los requisitos de notificación para los delincuentes terroristas registrados.
76.En marzo, el Gobierno del Reino Unido presentó el proyecto de ley sobre policía, delincuencia, sentencias y tribunales, que contiene disposiciones para ayudar a la policía en la gestión de los delincuentes terroristas en la comunidad. Estas nuevas facultades de la policía fueron recomendadas por Jonathan Hall QC, tras su examen independiente de la eficacia de los Acuerdos Interinstitucionales de Protección Pública, para la gestión de delincuentes terroristas y otros delincuentes que pueden suponer un riesgo de terrorismo. Estas medidas mejorarán la capacidad de los colaboradores en las operaciones para gestionar el riesgo asociado a los delincuentes que suscitan preocupación en relación con el terrorismo y para protegerse y proteger a la población de las actividades relacionadas con el terrorismo.
77.Los delitos de traición existentes, junto con otra legislación pertinente, se están estudiando en el marco del examen más amplio de la legislación relativa a las amenazas al Estado que está llevando a cabo el Ministerio del Interior. Esta labor está en curso y aún no se ha llegado a conclusiones.
78.Como parte de la consulta recientemente publicada por el Gobierno de Su Majestad sobre la legislación para combatir las amenazas al Estado, hemos pedido a las personas consultadas que presenten cualquier herramienta o facultad adicional o reformada que pueda utilizarse para hacer frente a esas amenazas, por ejemplo, la reforma de las disposiciones relativas a la traición. Todas las pruebas que se presenten en el marco de esta consulta se analizarán durante el examen en curso.
79.La Ley de Lucha contra el Terrorismo y Seguridad en las Fronteras, de 2019, se aprobó cuando el Reino Unido sufrió cinco atentados terroristas en Londres y Manchester por extremistas tanto islamistas como de ultraderecha, entre marzo y septiembre de 2017. La amenaza terrorista estaba evolucionando rápidamente, ya que gran parte de la radicalización se producía en línea, y el ritmo operativo para la policía y el Servicio de Seguridad era más rápido que antes. La Ley actualiza la legislación antiterrorista existente y colma sus lagunas a fin de garantizar que las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia tengan las competencias necesarias para ayudar a mantener la seguridad del país. En respuesta al envenenamiento de Sergei y Yulia Skripal en Salisbury el 4 de marzo de 2018, también estableció nuevas facultades para endurecer las defensas del Reino Unido en la frontera contra la actividad de estados hostiles.
80.Entre los aspectos más importantes de la Ley cabe mencionar:
La modificación de los delitos para actualizarlos a la era digital y reflejar las pautas contemporáneas de radicalización.
El fortalecimiento del marco de imposición de penas para los delitos relacionados con el terrorismo y la facultad de gestionar a los delincuentes tras su puesta en libertad.
El fortalecimiento de las facultades de la policía para prevenir el terrorismo e investigar los delitos de terrorismo.
La introducción de facultades para parar, interrogar, registrar y detener a una persona en un puerto o zona fronteriza con el fin de determinar si está o ha estado implicada en una actividad estatal hostil.
81.Uno de los cambios específicos introducidos ha sido la ampliación del delito que figura en el artículo 12 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, para garantizar que la policía pueda actuar contra las personas que promuevan organizaciones terroristas proscritas y dejar claro que es ilegal hacer declaraciones en apoyo de una organización terrorista actuando con imprudencia ante la posibilidad de que se aliente a otros a apoyar a la organización. El Gobierno del Reino Unido no ha declarado ilegal una opinión privada de apoyo a una organización terrorista. No obstante, es correcto penalizar a quienes expresan claramente su apoyo a organizaciones terroristas y no tienen en cuenta si se alienta a otras personas a apoyar a la organización Este tipo de actividad puede suponer un riesgo real de daño para la población. No cabe duda de que este tipo de radicalización debe ser ilegal para frenar el apoyo a estos grupos y proteger a los ciudadanos.
82.Las medidas previstas en la Ley se basan en el principio de que el Gobierno del Reino Unido no limita la libertad de expresión de nadie mientras no infrinja la ley al ejercerla. Esto forma parte de los valores fundamentales del Reino Unido. Sin embargo, el Gobierno tiene claro que no se tolerará a ningún grupo o individuo que cause daño a nuestra sociedad y promueva el odio y la división. Los artículos 9 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos son derechos cualificados, lo que significa que se pueden imponer restricciones que se ajusten a la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, con fines como la protección de la seguridad nacional y la seguridad pública.
83.Cuando un sospechoso ha sido detenido por la policía, puede ser retenido durante un periodo determinado antes de ser acusado, lo que da a la policía un tiempo para investigar y reunir pruebas relacionadas con posibles delitos de terrorismo. La duración máxima de la privación de libertad previa a la formulación de cargos en virtud del artículo 41 del Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, es de 14 días (que el 25 de enero de 2011 se redujo respecto del límite anterior de 28 días) y el período medio entre septiembre de 2001 y junio de 2020 fue de 3,6 días. Se puede consultar más información en nuestras estadísticas publicadas sobre el ejercicio de las facultades de la policía en el marco de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000.
84.El uso de las facultades de detención en virtud del artículo 41 de Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, incumbe a la policía. Es cierto que es posible proceder a la detención sin orden judicial de una persona de la que un agente sospecha razonablemente que es un terrorista. De este modo se consigue un equilibrio correcto entre las libertades civiles y la protección pública, cuyas implicaciones en los distintos casos son ejercidas de forma adecuada por la policía. Cuando una detención conlleva la necesidad de registrar o privar de libertad a un sospechoso, estos casos están expuestos en detalle en la legislación primaria, incluida la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, así como en los Códigos de Práctica que sirven de orientación a la policía. Además, el Revisor Independiente de la Legislación Antiterrorista hace el seguimiento del ejercicio de facultades policiales como esta e incluye apartados sobre las detenciones y la privación de libertad en sus informes anuales publicados.
85.La facultad de conceder la libertad bajo fianza en el marco del artículo 41 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, podría poner a la población en situación de riesgo. La necesidad de formular cargos contra la persona o de ponerla en libertad en un plazo de 14 días aporta claridad y centra la investigación y es un elemento inestimable para exigir la aportación inmediata de recursos, por ejemplo, en forma de asistencia técnica. En el período inmediatamente posterior a una detención con arreglo al artículo 41, esto permite a los investigadores obtener recursos del resto de la estructura antiterrorista de una manera que no sería posible por otra vía. El momento de la detención y la gestión del riesgo para el público (por ejemplo, poner sobre aviso a otros conspiradores) tras la detención se planifican meticulosamente. La facultad de proceder a la privación de libertad hasta 14 días, sujeta únicamente a la obtención de una orden para prolongar la detención, sin la distracción de tener que considerar qué condiciones para la libertad bajo fianza bastarían para salvaguardar al público y la forma de gestionar el riesgo en caso de que un tribunal conceda la fianza condicional a pesar de las comunicaciones de la policía, es extremadamente útil. En el asunto Magee v United Kingdom, el TEDH concluyó que la privación de libertad de los demandantes en virtud del anexo 8 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, no infringía el artículo 5, párrafo 3, del Convenio.
86.La Ley de Lucha contra el Terrorismo, de 2000, es plenamente compatible con el artículo 9 del Pacto. El Reino Unido tiene claro que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Esto refleja nuestros valores fundamentales y, en particular, nuestra firme determinación no solo de proteger a la población de este país y nuestros intereses en el extranjero, sino de hacerlo de forma que sea compatible con los derechos humanos y el estado de derecho, y que efectivamente los promueva. Esto es proporcional a los riesgos a los que nos enfrentamos, y solo llevamos a cabo las actividades necesarias para hacer frente a esos riesgos. Y es transparente: siempre que sea posible y coherente, tratamos de facilitar más información para ayudar a los ciudadanos a pedir que el Gobierno rinda cuentas sobre sus decisiones políticas y de gasto.
87.El Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo se ha hecho extensivo a Bermudas (2014), Anguila (2015) y Gibraltar (2020).
C.Entrega
88.El Gobierno apoya el estado de derecho y se opone a toda forma de privación de libertad que equivalga a sustraer al detenido de la protección de la ley, incluida la denominada entrega extrajudicial. La política del Gobierno en materia de entregas fue expuesta por el ex Subsecretario de Estado Parlamentario del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, Tobias Ellwood, durante un debate de aplazamiento sobre la participación del Reino Unido en las entregas en junio de 2016.
89.El Reino Unido sigue oponiéndose fundamentalmente a las entregas extrajudiciales y, como tal, no las utilizamos: no forman parte de nuestro aparato de seguridad y tampoco apoyamos, permitimos ni respaldamos su uso por otros Estados. Desde 2010, el personal de inteligencia y seguridad del Reino Unido ha operado en el marco de la Orientación Unificada publicada y, desde enero de 2020, del texto que la reemplazó, Los Principios. Los Principios ofrecen orientación al personal del Reino Unido y rigen su interacción con los detenidos por otros en el extranjero, así como la gestión de la información de ellos derivada, bajo la supervisión del Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación. Los Principios reafirman expresamente la política del Reino Unido en materia de entregas y entregas extrajudiciales. El Gobierno del Reino Unido investiga las acusaciones contra el personal británico y pone las reclamaciones en conocimiento de las autoridades encargadas de la detención en otros países, excepto cuando el hecho de hacerlo podría dar lugar a un trato inaceptable.
90.El Reino Unido no aprueba ni autoriza el uso de su territorio ni de instalaciones del Reino Unido por otro Estado, en ninguna circunstancia, para realizar traslados o detenciones que no se ajusten al derecho internacional. Cualquier solicitud de tránsito de vuelos extranjeros a través del Reino Unido o de los territorios de ultramar se estudia caso por caso y solo se concede cuando el propósito del tránsito se ajusta al derecho internacional. En el improbable caso de que un vuelo extranjero aterrizara o atravesara el espacio aéreo del Reino Unido de forma inesperada para trasladar a un detenido, el Gobierno consideraría el caso en su justa medida y respondería de forma adecuada, de conformidad con nuestra política y nuestras obligaciones en virtud del derecho nacional e internacional. Esta posición se ha dejado absolutamente clara, tanto públicamente como de forma bilateral, a nuestros asociados en el extranjero.
91.En 2002 se produjeron dos incidentes señalados anteriormente en los que se utilizó el territorio británico con este fin. El paso de dos detenidos a través de Diego García fue comunicado al Parlamento por el entonces Secretario de Estado de Asuntos Exteriores en febrero de 2008.
92.Desde esa fecha, el Reino Unido ha introducido importantes mejoras en nuestros procesos, en particular, cuando es procedente, la petición de garantías a los Estados pertinentes sobre el uso del territorio o el espacio aéreo del Reino Unido para el traslado de detenidos. Todas las solicitudes de llegadas de vuelos recibidas a través del proceso de autorización de vuelos diplomáticos y las decisiones subsiguientes se registran de forma electrónica en el sistema de gestión de registros del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo y el Ministerio puede hacer búsquedas completas. De manera más general, todos los departamentos y puestos del Ministerio deben rendir cuentas respecto de los registros que mantienen a través del Certificado Anual Consolidado de Garantías. El Comité de Auditoría y Garantías de Riesgos, que rinde cuentas a la Junta de Administración del Ministerio, se encarga de su control. Desde los sucesos de 2002, el Reino Unido no tiene constancia de ningún otro caso en el que otros países hayan retenido o trasladado a algún detenido a través del territorio terrestre, aéreo o marítimo del Reino Unido o de nuestros territorios de ultramar.
D.Orientación unificada para los agentes de los servicios de inteligencia y el personal militar sobre la detención y el interrogatorio de los detenidos en el extranjero y el envío y la recepción de información relacionada con los detenidos
93.Tras la publicación de los informes sobre el maltrato y la entrega de detenidos de la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento, en junio de 2018, el Primer Ministro invitó al (entonces) Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación, Sir Adrian Fulford, que tenía a su cargo la supervisión legal de la Orientación Unificada, a que “... formulara propuestas al Gobierno sobre la forma en que cabría mejorar la Orientación [Unificada], teniendo en cuenta las opiniones de la Comisión y de la sociedad civil”.
94.Tras una consulta pública, el Comisionado presentó al Gobierno en junio de 2019 sus propuestas, que tenían en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Inteligencia y Seguridad. El Gobierno las aceptó en su totalidad y, en julio de 2019, publicó una nueva orientación titulada Principios relativos a la detención y al interrogatorio de los detenidos en el extranjero y al envío y la recepción de información relacionada con los detenidos, para reemplazar a la Orientación Unificada. La nueva orientación se aplica ahora también al Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia y al Servicio de Policía Metropolitana SO15, además de a los organismos de seguridad e inteligencia y al Ministerio de Defensa, y proporcionará instrucciones claras al personal del Reino Unido sobre el apoyo a las operaciones de detención en el extranjero, su interacción con los detenidos por otros y la gestión de la información derivada de ellos. Cuando persiste un riesgo real se consulta a los ministros. Se les proporcionan todos los detalles, entre ellos la probabilidad de que se produzca la conducta en cuestión, la posibilidad de mitigar el riesgo, los riesgos que conlleva la inacción y las circunstancias y la causalidad de la participación del Reino Unido. La consulta a los ministros no implica que se vaya a autorizar o no una acción. Entró en vigor el 1 de enero de 2020 y sigue bajo la supervisión del el Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación.
95.La política del Gobierno es clara: no pide, fomenta ni aprueba el uso de la tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes con ningún fin, ni participa en esos actos.
VII.Derecho a la vida y condiciones de reclusión
A.Condiciones de reclusión y suicidios en los establecimientos penitenciarios
96.La seguridad en los centros penitenciarios es una prioridad absoluta para el Gobierno. Cada muerte en prisión es una tragedia y seguimos esforzándonos por reducir los incidentes de autolesión y suicidio en los centros penitenciarios. Se han introducido algunas medidas para solucionar este problema. El curso de capacitación Introducción a la Prevención del Suicidio y las Autolesiones se impartió a más de 25.000 empleados nuevos y existentes del Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad entre 2017 y 2019, y más de 14.000 de esas personas completaron los seis módulos en ese período. Las medidas adoptadas en respuesta a la pandemia incluyeron la suspensión del curso de actualización de los conocimientos para el personal existente, pero desde principios de 2020 lo han completado más de 2.000 nuevos funcionarios de prisiones. Desde 2021 estamos desarrollando un nuevo conjunto de actividades de capacitación sobre seguridad para el personal que incluye contenidos actualizados acerca de las autolesiones y la prevención del suicidio, así como técnicas de comunicación y una formación mejorada sobre salud mental.
97.El Gobierno ha contratado a más de 3.500 funcionarios de prisiones adicionales desde 2016, y esta ampliación de la plantilla nos ha permitido mejorar las relaciones entre el personal y los reclusos mediante la implantación del programa de trabajadores esenciales. En el marco de ese programa hemos introducido la función de trabajador esencial, que permite que el personal dedique tiempo a ofrecer apoyo individualizado a los reclusos de forma periódica.
98.Seguimos colaborando estrechamente con Samaritans y para el período 2021-2022 hemos renovado la financiación en forma de donación de 500.000 libras esterlinas asignada al programa Listener, mediante el cual se imparte capacitación a determinados reclusos para que den apoyo emocional a sus compañeros de reclusión. Han surgido algunos desafíos durante el período de la pandemia, pero la mayoría de los programas Listener locales han seguido estando operativos durante todo el tiempo; cuando la disminución del número de personas asignadas al programa o las medidas de control de la infección han restringido el servicio, se han hecho esfuerzos adicionales para promover la disponibilidad del servicio telefónico de Samaritans (que ha registrado un aumento de las llamadas desde establecimientos penitenciarios). Durante 2021-2022 concederemos una financiación adicional en forma de donación de 190.000 libras esterlinas a Samaritans para apoyar la implantación del servicio de apoyo después de un suicidio (adoptado de forma experimental en 15 establecimientos penitenciarios en 2019-2020) cuyo objetivo es la prevención de nuevos suicidios —y la mejora del bienestar de forma más general— durante el período posterior a una muerte autoinfligida en un establecimiento, proporcionando orientación y apoyo adicionales al Director.
99.También se ha realizado un examen del sistema de gestión de casos utilizado para apoyar a las personas encarceladas que se estima que corren riesgo de suicidio o autolesión. Los cambios introducidos en el sistema se han aplicado ampliamente de forma experimental y permitirán que el personal preste un apoyo más personalizado, en particular teniendo en cuenta los diversos riesgos, factores desencadenantes y factores de protección de los reclusos. Los cambios se están implantando en todos los centros penitenciarios en 2021, con el respaldo de orientaciones y formación actualizada para el personal.
100.Las deudas, en particular las relacionadas con las drogas, son un importante factor de autolesión en todos los centros penitenciarios y hacen que las personas sean vulnerables a la extorsión, las amenazas, las agresiones, el acoso y el aislamiento. La cuestión de las deudas está estrechamente vinculada a la disponibilidad de drogas en los establecimientos penitenciarios, aunque también ha requerido una acción específica y separada. Por consiguiente, el Gobierno ha establecido un marco relativo a las deudas para los Directores, diseñado para ayudar a desarrollar una estrategia local a ese respecto y también para colaborar con determinados establecimientos penitenciarios en la creación de enfoques innovadores destinados a tratar la cuestión de las deudas, con miras a generar enseñanzas más amplias para los centros y a fundamentar la formulación de políticas.
101.Los reclusos suelen tener necesidades sanitarias y asistenciales complejas y suelen gozar de peor salud mental y física que la población en general. Para mejorar los resultados en materia de salud y atajar las causas profundas de la delincuencia es esencial que adoptemos un enfoque integral de la prestación de asistencia sanitaria a las personas en el sistema de justicia penal. Los asociados en los ámbitos de la salud y la justicia se han comprometido a prestar en las prisiones un nivel de atención sanitaria equivalente al dispensado al resto de la sociedad. El Acuerdo de Asociación Nacional sobre la Atención de la Salud en las Prisiones de Inglaterra está en vigor desde abril de 2018. Su plan de trabajo conexo establece un programa detallado de trabajo cuyo objetivo es ofrecer una asistencia sanitaria segura, decente y eficaz a los reclusos.
102.En Inglaterra, la responsabilidad de la financiación y contratación de los servicios estándar de atención de la salud mental incumbe a los comisionados de salud y justicia del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, sobre la base de la evaluación de las necesidades sanitarias. El Servicio de Prisiones y Libertad Condicional de Su Majestad y el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra han establecido conjuntamente la Vía de Atención a los Delincuentes con Trastornos de la Personalidad, a través de la cual las personas apropiadas pueden tener acceso a ayuda especializada mediante varios servicios que en ella se ofrecen a esos delincuentes. Como en todos los establecimientos penitenciarios, en el marco del modelo de gestión de delincuentes encarcelados, las personas que se ocupan de esa gestión reciben asesoramiento psicológico para ayudarles a tratar a los beneficiarios de la Vía de Atención mencionada que, por definición, deben tener problemas interpersonales complejos. En Gales, los servicios de atención de la salud mental son prestados por las Juntas de Salud Locales.
103.En agosto de 2018, el Gobierno de Escocia inició su Plan de Acción para la Prevención del Suicidio: Todas las Vidas Importan. Este Plan se basó en las estrategias anteriores del Gobierno de Escocia, el plan de acción Elige la Vida (2002-2013) y la Estrategia de Prevención del Suicidio (2013-2016), y las reemplazó. El plan Todas las Vidas Importan se elaboró con la participación de personas afectadas por el suicidio, miembros de la administración local, organizaciones de salud mental y de prevención del suicidio, académicos y otros interesados. El plan Todas las Vidas Importan prevé diez medidas en ámbitos como la formación y la concienciación, los grupos con mayor riesgo de suicidio, el apoyo frente a crisis suicidas y la planificación de la prevención local. El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio describe el objetivo de reducir aún más la tasa de suicidio en un 20 % para 2022 (a partir de una base de referencia de 2017).
104.El Grupo Nacional de Liderazgo para la Prevención del Suicidio fue establecido en septiembre de 2018 por el Gobierno de Escocia para apoyar la aplicación del plan Todas las Vidas Importan. Su composición refleja una amplia gama de asociados que participan en la prevención del suicidio e incluye a personas con experiencia propia sobre la repercusión del suicidio. Las diez medidas del plan Todas las Vidas Importan se han complementado con once recomendaciones formuladas por el Grupo Nacional de Liderazgo para la Prevención del Suicidio en septiembre de 2019, en su primer informe anual, y con otras cuatro recomendaciones del Grupo sobre una respuesta a la pandemia de COVID-19 relativa a la prevención del suicidio. Estas recomendaciones adicionales abarcan cuestiones como los datos sobre suicidios, el examen de las muertes por suicidio, el apoyo frente a crisis suicidas, y las campañas de concienciación pública para la prevención del suicidio. La ejecución de la labor relativa al Plan de Acción para la Prevención del Suicidio y a las posteriores recomendaciones del Grupo se lleva a cabo en colaboración con organizaciones del sector público y del tercer sector.
105.El Gobierno de Escocia, a través de la Medida 15 de la Estrategia de Salud Mental, ha asumido el compromiso de aumentar el acceso al personal de atención de la salud mental en general mediante la incorporación de 800 personas más en entornos clave. Esto se verá respaldado por una inversión que ascenderá hasta los 35 millones de libras en 2021-2022. Esta inversión ha permitido contratar hasta la fecha a 327,5 trabajadores adicionales de salud mental en entornos clave, entre ellos 19 trabajadores adicionales de atención de la salud mental contratados en establecimientos penitenciarios. La financiación en el marco de la Estrategia de Salud Mental ha apoyado la contratación de 2 enfermeras de salud mental de nivel 6 en la institución para jóvenes infractores y prisión de Polmont en el año en curso. Se ha acordado un plan destinado a aumentar la inversión en Enfermería de Salud Mental para 2020/21 y 2021/22 con fondos previstos en la Medida 15.
106.El Servicio Penitenciario de Escocia se toma muy en serio todos los casos de autolesiones y amenazas de suicidio, y se han establecido procesos sólidos para asegurar que las personas en situación de riesgo sean detectadas y apoyadas de forma eficaz. Todas las personas que ingresan en prisión son evaluadas por un funcionario de prisiones y, en caso de duda, por un profesional de la salud, para determinar su riesgo de suicidio. Si se considera que una persona está en situación en riesgo, se pone en marcha un plan de atención inmediata que prevé cuestiones como un alojamiento adecuado y un calendario de controles.
107.El Servicio Penitenciario de Escocia examina mensualmente el número de incidentes de autolesión y se pone en contacto con los coordinadores locales de prevención del suicidio en cada establecimiento penal para controlar estos incidentes. El Servicio Penitenciario de Escocia trabaja en estrecha colaboración con el Servicio Nacional de Salud y otros asociados para ofrecer el más alto nivel de atención y apoyo, y alienta a las personas que tienen intenciones de autolesionarse a hablar con el personal para que se les pueda proporcionar el apoyo adecuado. Así se ha hecho durante toda la pandemia. El personal penitenciario y del Servicio Nacional de Salud recibió orientaciones adicionales sobre la forma de detectar a las personas que pudieran tener dificultades mientras estaban aisladas.
108.Los ministros escoceses han aprobado dos exámenes independientes para introducir mejoras en la prestación de apoyo a la salud mental de los jóvenes reclusos y para mejorar la transparencia en la gestión de las muertes en todos los centros penitenciarios. El Inspector Principal de Prisiones de Su Majestad para Escocia presentó recientemente una actualización de los progresos del examen independiente sobre la gestión de las muertes en reclusión. El examen se presentará al Secretario de Justicia del Consejo de Ministros de Escocia el próximo año.
109.En respuesta al Examen de Expertos sobre la Salud Mental de los Jóvenes en Polmont, el Servicio Penitenciario de Escocia ha comenzado a trabajar en una nueva estrategia de salud y bienestar que incluye una sección de salud mental con un componente adaptado a los niños y los jóvenes privados de libertad. El Servicio Penitenciario de Escocia está formulando una política sobre las autolesiones y una estrategia de aprendizaje y desarrollo en los centros de reclusión para jóvenes que incluye secciones sobre salud mental. Se ha invertido mucho en la dotación de personal y en su formación, en particular en la institución para jóvenes infractores de Polmont, del Servicio de Prisiones de Su Majestad, y se han revisado los procesos de prevención del suicidio.
B.Desastre de la Torre de Grenfell
Investigación
110.El 15 de junio de 2017, al día siguiente del incendio de la Torre de Grenfell, el Gobierno anunció que se realizaría una investigación pública independiente para examinar las circunstancias que condujeron al incendio y que concurrieron. Seguimos teniendo la firme determinación de comprender las causas del incendio de la Torre de Grenfell y de extraer las enseñanzas necesarias para garantizar que una tragedia de este tipo y de esta magnitud no vuelva a producirse.
111.La Investigación sobre la Torre de Grenfell (la Investigación) dirigida por Sir Martin Moore-Bick se ha dividido en dos fases: la Fase 1 se centró en la narración de los hechos de la noche del incendio. La investigación publicó su informe sobre la Fase 1 el 30 de octubre de 2019. El Gobierno acepta, en principio, todas las recomendaciones que Sir Martin hace al gobierno central y se compromete a garantizar que estas se apliquen lo antes posible. En la respuesta del Gobierno, publicada el 21 de enero de 2020, se describe la forma en que se van a introducir estos importantes cambios. El 2 de junio de 2020, el Secretario de Estado de Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local publicó una declaración en la que actualizaba al Parlamento sobre los avances del Gobierno respecto de la labor de convertir los compromisos asumidos en respuesta a las recomendaciones de la Fase 1 en un cambio real y duradero para la seguridad de los edificios y la prevención de incendios. El Secretario de Estado publicó una nueva declaración el 2 de noviembre de 2020. El 18 de diciembre de 2020, el Ministerio del Interior, en colaboración con el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, publicó la primera actualización temática trimestral sobre los avances en relación con las recomendaciones de la Fase 1 de la Investigación. Incluye las garantías que el Gobierno ha recibido de las autoridades públicas competentes, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de Londres, el Consejo Nacional de Jefes de Bomberos y los servicios de emergencia, acerca de sus actuales progresos para abordar y aplicar las recomendaciones de la Fase 1 dirigidas a ellos. En marzo de 2021 se publicó una segunda actualización trimestral.
112.La Fase 2 está actualmente en curso y en ella se examinan las causas del incendio, incluida la forma en que la Torre de Grenfell llegó a estar en unas condiciones que permitieron que el fuego se propagara de las formas expuestas en la Fase 1. Las audiencias de la Fase 2 continuarán hasta 2022, tras lo cual Sir Martin elaborará su informe.
113.En relación con las observaciones del Comité sobre el procedimiento de investigación, la investigación sobre la Torre de Grenfell se está llevando a cabo mientras continúa la investigación penal del Servicio de Policía Metropolitana. El Servicio de Policía Metropolitana ha declarado previamente que tanto la policía como la Fiscalía de la Corona están de acuerdo en que la investigación penal debe tomar en consideración los hallazgos o informes de la Investigación sobre la Torre de Grenfell, incluidos los informes finales de la Investigación para la Fase 1 y para la Fase 2.
114.En julio de 2017, el Gobierno también anunció que Dame Judith Hackitt dirigiría un examen de los reglamentos sobre la seguridad de los edificios y la prevención de incendios, con el propósito de formular recomendaciones para garantizar que se establezca un sistema regulador suficientemente sólido y que los residentes estén seguros y se sientan seguros en sus hogares. El examen permitió revisar los reglamentos sobre la seguridad de los edificios y la prevención de incendios existentes, así como su cumplimiento y aplicación, y se centró en los edificios residenciales de gran altura con múltiples ocupantes. El 17 de mayo de 2018 se publicó el Examen Independiente de Dame Judith de los reglamentos sobre la seguridad de los edificios y la prevención de incendios.
115.Basándose en las recomendaciones del examen de Dame Judith Hackitt y en el informe de la Fase 1 de la Investigación sobre Grenfell, el Gobierno está llevando a cabo un programa exhaustivo de reformas legislativas y no legislativas relativas a la seguridad de los edificios y la prevención de incendios para garantizar un cambio real y duradero.
Tratamiento de los defectos de los revestimientos tradicionales
116.Para dar respuesta a los defectos de los revestimientos tradicionales, tras el incendio de Grenfell, el Gobierno prohibió el uso de materiales combustibles en las paredes exteriores de todos los edificios residenciales nuevos de gran altura. También nombró a un grupo consultivo de expertos independientes para que prestara asesoramiento sobre las medidas que debían tomar los propietarios de los edificios. Este asesoramiento se actualizó por última vez el 21 de noviembre de 2020.
117.Aunque en la legislación británica la responsabilidad principal de la seguridad permanente de los edificios de propiedad privada incumbe a los distintos propietarios, el Gobierno ha asignado una inversión sin precedentes de 5.000 millones de libras esterlinas a la seguridad de los edificios para respaldar a sus propietarios, del sector público y del privado, en la eliminación de los revestimientos inseguros tanto de materiales compuestos de aluminio como de otros materiales. Esto incluye el compromiso del Gobierno de financiar totalmente el coste de la sustitución de los revestimientos inseguros para todos los arrendatarios de edificios residenciales de 18 m o más en Inglaterra. Además, los edificios de menor altura, entre 11 y 18 m, que presenten un riesgo menor para la seguridad, obtendrán una nueva protección frente a los costes de la necesaria retirada del revestimiento, mediante un acuerdo de financiación a largo plazo y a bajo interés respaldado por el Gobierno.
118.El Gobierno publica periódicamente datos sobre el progreso de la reparación delos revestimientos inseguros, de materiales compuestos de aluminio o de otros materiales (a través de un Fondo de Seguridad de los Edificios dotado con 1.000 millones de libras). En cuanto a los avances en la reparación de los revestimientos inseguros de compuestos de aluminio, a finales de abril de 2021, el 92 % de todos los edificios residenciales de gran altura y de propiedad pública detectados en Inglaterra había completado o iniciado los trabajos de reparación para eliminar y sustituir esos revestimientos inseguros. En este contexto, el porcentaje de edificios del sector social que han completado o iniciado la rehabilitación, se eleva al 98 %. Los ministros han dejado claro a los propietarios de los edificios que esperan que las obras de reparación de los revestimientos inseguros de materiales compuestos de aluminio estén terminadas a finales de 2021. En cuanto a la reparación de revestimientos inseguros de otros materiales, a 30 de abril de 2021, las estadísticas de registro del Fondo de Seguridad de los Edificios muestran que 685 edificios han sido aprobados como beneficiarios de la financiación y están tramitando una solicitud. El importe total de los fondos asignados es de 359 millones de libras esterlinas (incluidos los edificios del sector social) a partir del 30 de abril de 2021.
119.El Gobierno sigue colaborando con las autoridades locales, los Servicios de Bomberos y Rescate y la Dirección de Salud y Seguridad —donde se ubicará el futuro Regulador de la Seguridad de los Edificios— y ha apoyado a los reguladores existentes para que adopten medidas coercitivas cuando sea necesario. Se han tomado, o se están tomando, medidas coercitivas al menos contra 61 edificios con revestimientos inseguros de compuestos de aluminio.
Introducción de un nuevo régimen de seguridad de los edificios y prevenciónde incendios
120.El Gobierno está siguiendo el proceso de aprobación de nueva legislación para reformar el sistema de construcción de edificios y de prevención de incendios mediante la Ley de Prevención de Incendios (que recibió la sanción real el 29 de abril de 2021) y el proyecto de Ley de Seguridad de los Edificios, que ha sido sometido al control prelegislativo de la Comisión Especial de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local y que fue anunciado en el discurso de la Reina para su aplicación en 2021. Esta legislación ayudará a subsanar los fallos sistémicos que dieron lugar a la tragedia de la Torre de Grenfell.
121.La Ley de Prevención de Incendios aclara el ámbito de aplicación de la Orden de Prevención de Incendios en los edificios residenciales con múltiples ocupantes. En particular, deja fuera de toda duda que, en los bloques residenciales con múltiples ocupantes, la Orden de Prevención de Incendios se aplica a la estructura, a los sistemas de paredes exteriores y a las puertas de entrada a los pisos, lo que garantiza que los Servicios de Bomberos y Rescate puedan adoptar con confianza medidas coercitivas cuando los propietarios o los administradores de los edificios incumplan la normativa.
122.La Ley de Prevención de Incendios prepara el camino para la legislación secundaria que nos proponemos formular tras la entrada en vigor de la Ley en 2021. En la Consulta sobre la Prevención de Incendios celebrada en 2020 se expusieron las propuestas del Gobierno para reforzar la prevención de incendios en los edificios regulados en Inglaterra, con el fin de garantizar la seguridad de las personas frente los incendios, independientemente del lugar en el que vivan, residan o trabajen. Estas propuestas constituyen un enfoque práctico y eficaz para hacer frente a los riesgos detectados por la Investigación en la Fase 1. Proporcionarán a los residentes garantías más amplias e introducirán mejoras en la prevención de incendios de sus edificios y harán que las personas responsables, incluidos los propietarios y los administradores de los edificios, rindan cuentas.
123.El Gobierno también presentará el proyecto de ley de seguridad de los edificios en 2021, como se anunció en el discurso de la Reina. El proyecto de ley ofrecerá un nuevo marco para garantizar una mayor rendición de cuentas de los responsables de la gestión de los riesgos de seguridad en todos los edificios y, en particular, de los responsables de los edificios residenciales de gran altura durante su ciclo de vida.
124.El nuevo régimen de seguridad y funcionalidad de los edificios será supervisado por el nuevo Regulador de la Seguridad de los Edificios que se establecerá en la Dirección de Salud y Seguridad. El Regulador aplicará el régimen normativo más estricto para los edificios residenciales de gran altura, supervisará la seguridad y la funcionalidad de otros edificios y apoyará la labor encaminada a mejorar la competencia de los profesionales encargados del control de los edificios y del sector de la construcción. El Regulador inició sus actividades de manera oficiosa en 2020 y está desempeñando un papel cada vez más destacado en el programa de seguridad de los edificios del Gobierno. Ya está asesorando al Gobierno sobre el nuevo régimen y en los próximos meses elaborará orientaciones para garantizar que los residentes, el sector y otros reguladores comprendan cómo funcionará el nuevo régimen y qué deben hacer para prepararse.
125.También estamos firmemente determinados a seguir reforzando la regulación de los productos de construcción. Nuestro proyecto de ley de seguridad de los edificios incluye disposiciones para establecer un nuevo marco regulador más firme y claro destinado a los productos de construcción, con el fin de garantizar que cumplan las normas funcionales especificadas y sean seguros. El proyecto de ley reforzará las competencias de los reguladores locales, al tiempo que allanará el camino para que un nuevo regulador nacional con sólidas competencias de ejecución dirija el nuevo enfoque. En enero de 2021, el Gobierno anunció que el nuevo Regulador Nacional para los Productos de Construcción estará ubicado en la Oficina de Seguridad de los Productos y Normas, y se encargará de hacer cumplir las normas, proceder a una vigilancia vital del mercado con el fin de poder detectar y tratar de forma anticipada los problemas de seguridad y retirar del mercado los productos que supongan un riesgo para la seguridad. Colaborará con el Regulador de la Seguridad de los Edificios y las Normas Comerciales para alentar la observancia y hacer cumplir la normativa.
126.Como resultado de las pruebas de la Investigación Pública sobre Grenfell relativas a los fabricantes de productos de construcción que manipulaban el sistema para la verificación de los productos de construcción, en enero de 2021, el Gobierno encargó un examen independiente del régimen de verificación de productos de construcción. Esta iniciativa está siendo dirigida conjuntamente por el antiguo experto en construcción del Gobierno, Paul Morrell OBE, y la experta en derecho de la construcción, Anneliese Day QC. Durante el examen se llevará a cabo una evaluación crítica del sistema de verificación y certificación de los productos de construcción. Se examinará la forma de reforzar el sistema actual para generar confianza en que la seguridad y la funcionalidad de los productos de construcción se ajustan a lo indicado en el etiquetado y la comercialización, y para prevenir los abusos del sistema. El equipo de examen presentará un informe al Secretario de Estado de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local a finales del presente año con sus recomendaciones.
127.Además, sobre la base de los cambios introducidos por la Ley de Prevención de Incendios, se incorporarán diversas mejoras adicionales a la Orden de Prevención de Incendios a través del proyecto de ley de seguridad de los edificios para reforzar aún más la prevención de incendios en los locales regulados por la Orden. Entre ellas figuran los nuevos requisitos para que toda persona que realice una evaluación del riesgo de incendio en virtud de la Orden sea competente, las disposiciones para intercambiar información sobre la prevención de incendios con los residentes y un aumento del nivel de la multa por tres delitos en virtud de la Orden, por ejemplo, la suplantación de identidad o la obstrucción a un inspector.
128.En conjunto, las medidas del proyecto de ley de seguridad de los edificios, la Ley de Prevención de Incendios y la consulta de la Orden Prevención de Incendios mejorarán las normas de seguridad. Una normativa más estricta para los edificios de gran altura garantizará que sus habitantes puedan sentirse seguros y estar a salvo en sus casas, como es su derecho. Toda la labor realizada por el Programa de Seguridad de los Edificios en el Reino Unido está motivada por la determinación compartida de evitar que se repita una tragedia como la de Grenfell.
VIII.Eliminación de la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas
129.El Mecanismo Nacional de Remisión es el sistema del Reino Unido para detectar y apoyar a las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud.
130.Para determinar si una persona es víctima de cualquier forma contemporánea de esclavitud (incluida la trata) detectada en Inglaterra y Gales, o es víctima de la trata en Escocia e Irlanda del Norte, se adopta un enfoque en dos fases.
131.El Mecanismo Nacional de Remisión es un proceso civil diseñado para facilitar que los organismos que intervienen en un caso de esclavitud contemporánea, entre ellos la policía, las autoridades locales y las organizaciones no gubernamentales, cooperen e intercambien información sobre las posibles víctimas, con objeto de permitir su detección y favorecer su acceso a servicios de asesoramiento, alojamiento y apoyo. En el caso de los adultos, el acceso al Mecanismo Nacional de Remisión es voluntario y, por lo tanto, la persona debe dar su consentimiento para ello. Como los niños no pueden dar su consentimiento informado, todos los casos de niños deben acceder al Mecanismo.
132.La asistencia a las víctimas adultas potenciales y confirmadas en Inglaterra y Gales se presta mediante una combinación de apoyo general o especializado. El apoyo a las víctimas adultas remitidas al Mecanismo Nacional de Remisión puede abarcar:
El acceso a la ayuda financiada por el Gobierno a través del Contrato de Atención a las Víctimas (que incluye alojamiento, asistencia material, apoyo financiero, servicios de interpretación y traducción, información y asesoramiento).
El apoyo de proximidad si ya se encuentra en un alojamiento seguro y adecuado (que puede incluir un alojamiento previsto por las autoridades locales o un alojamiento de asilo).
El acceso a la asistencia jurídica para el asesoramiento en materia de inmigración.
La atención médica y el asesoramiento.
La asistencia para regresar a su país de origen si no se trata de un ciudadano del Reino Unido.
133.Las organizaciones de respuesta inicial (incluidas la policía, las autoridades locales y algunas organizaciones no gubernamentales) detectan a las posibles víctimas y las remiten a la Autoridad Competente Única del Ministerio del Interior. Tras la remisión, el Mecanismo Nacional de Remisión es un proceso de toma de decisiones en dos fases, como se prevé en el Convenio Europeo contra la Trata.
134.En la medida de lo posible, en un plazo de cinco días laborables, la Autoridad Competente Única tomará una decisión por motivos razonables para determinar si “sospecha pero no puede probar” que la persona es una posible víctima.
135.Tras una decisión positiva por motivos razonables, las víctimas adultas dispondrán de un “periodo de recuperación” al menos de 45 días naturales. Este período comienza el día en que se toma la decisión por motivos razonables y termina cuando se toma una decisión por motivos concluyentes. Durante este periodo, también se prestará apoyo y asistencia de forma consensuada y las posibles víctimas no serán expulsadas del Reino Unido.
136.La prueba que se debe utilizar para adoptar la decisión por motivos concluyentes es determinar si, “según el cálculo de probabilidades”, existen motivos suficientes para decidir que la persona en cuestión es víctima de la trata de personas o de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso u obligatorio.
137.Si una víctima recibe una decisión positiva por motivos concluyentes, se lleva a cabo una Evaluación de las Necesidades de Recuperación, para garantizar que el apoyo que se preste esté adaptado a las necesidades individuales de recuperación de la víctima confirmada. Esa Evaluación sirve de base para elaborar un plan de transición personalizado con una duración mínima de 45 días, a fin de conseguir una estabilidad a más largo plazo facilitando la salida de las víctimas del marco del Contrato de Atención a las Víctimas y su regreso a la comunidad, de ser procedente.
138.Cuando se descubre que un niño puede ser víctima de la trata de personas o de formas contemporáneas de esclavitud, su seguridad y bienestar se abordan de forma prioritaria. El apoyo a los niños víctimas de la esclavitud contemporánea se presta a través de las autoridades locales en Inglaterra (pág. 55). Las autoridades locales son el principal proveedor de servicios para proteger a los niños víctimas de la esclavitud contemporánea y dar respuesta a sus necesidades, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. Deben seguirse los procedimientos pertinentes de protección de la infancia, tal como se establece en las orientaciones normativas “Trabajar Juntos para Proteger a los Niños 2018”, si hay sospechas de formas contemporáneas de esclavitud o de trata de personas.
139.En octubre de 2017, el Gobierno anunció un ambicioso conjunto de reformas del Mecanismo Nacional de Remisión.
140.Con objeto de lograr una adopción de decisiones más rápida y segura:
El 29 de abril de 2019 se creó una nueva Autoridad Competente Única que se encargará de todos los casos del Mecanismo Nacional de Remisión y tomará decisiones bien fundadas y oportunas para las víctimas.
Se han establecido grupos de expertos independientes interinstitucionales para examinar todas las decisiones negativas por motivos concluyentes de los casos remitidos directamente a la Autoridad Competente Única, lo que añade un tercer nivel de control a estos casos.
Se ha creado un nuevo sistema digital para apoyar el proceso del Mecanismo Nacional de Remisión y se puesto en marcha de forma satisfactoria el 13 de enero de 2020. En agosto de 2019 se estableció el formulario de remisión digital tras una exitosa prueba de aceptación cerrada con un equipo de respuesta inicial.
Todos los asistentes sociales de la Autoridad Competente Única utilizan ahora este nuevo sistema digital integrado cuando toman decisiones sobre posibles víctimas de la esclavitud contemporánea derivadas al Mecanismo Nacional de Remisión. El sistema facilita a las personas que están en primera línea la remisión de las víctimas para que reciban apoyo, ya que ofrece un punto único para las remisiones en todo el Reino Unido y pretende apoyar un proceso de gestión de casos eficaz y eficiente que permita la detección de las víctimas. Su objetivo es proporcionar datos más completos que permitan comprender mejor las remisiones y que sirvan de base para determinar las necesidades futuras del sistema del Mecanismo Nacional de Remisión y para entender mejor la amenaza que supone la esclavitud contemporánea.
141.Con objeto de mejorar la detección de las víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud:
El Gobierno del Reino Unido ha colaborado con las partes interesadas para examinar el papel de los equipos de intervención inicial, y ha analizado quiénes deben ocuparse de la intervención inicial, de qué forma las organizaciones no estatutarias pueden solicitar ser una organización de intervención inicial y cómo deben impartirse capacitación a los equipos de intervención inicial. Seguimos estudiando la mejor manera de aplicar las recomendaciones del examen.
Hemos creado un programa de aprendizaje electrónico para ayudar a los equipos de respuesta inicial a detectar a las posibles víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud y derivarlas al Mecanismo Nacional de Remisión, cuando sea pertinente. El aprendizaje electrónico está disponible en la página web de Modern Slavery and Organised Immigration Crime (MSOIC): https://www.policingslavery.co.uk/transforming-our-response/training-delivery/first-responder-training/.
142.Con objeto de mejorar el apoyo a las víctimas adultas antes, durante y después de su acceso al Mecanismo Nacional de Remisión:
En marzo de 2020 publicamos unas orientaciones normativas en virtud del artículo 49 de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015, que proporcionan un marco claro de apoyo a algunas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Las orientaciones aclaran las funciones y responsabilidades del personal de intervención inicial y de las partes interesadas a nivel local, y establecen el apoyo al que tienen derecho las víctimas y la manera de acceder a él.
Reconocemos que las formas contemporáneas de esclavitud siguen siendo un ámbito que evoluciona rápidamente y es importante que las orientaciones se actualicen de forma continua para garantizar que reflejen las políticas y las prácticas actuales. Por ello, hemos creado el Grupo de Referencia de las Orientaciones Normativas, integrado por una representación permanente de las partes que tienen interés directo en las orientaciones, para que aporten sus opiniones y asesoramiento de expertos en su campo. El grupo se reunió por primera vez en julio de 2020 y seguirá haciéndolo trimestralmente.
Hemos colaborado con seis autoridades locales para desarrollar y difundir las mejores prácticas de apoyo a las víctimas en su transición a las comunidades y en el acceso a los servicios locales. La evaluación se publicó el 2 de octubre de 2020.
Hemos colaborado con la Comisión de Calidad de los Servicios de Atención para desarrollar un sistema de inspección basado en las normas actualizadas de atención a los supervivientes de la esclavitud y la trata de la Human Trafficking Foundation. Actualmente estamos trabajando con la Comisión y apoyamos a los proveedores de servicios para poner en marcha este sistema de inspección. El propósito del sistema es elevar los niveles de calidad y poner de relieve las mejores prácticas en el apoyo que se presta a las víctimas de la esclavitud contemporánea.
143.Con objeto de mejorar el apoyo a los niños víctimas:
Además del apoyo preceptivo disponible para los niños, un tercio de las autoridades locales de Inglaterra y Gales dispone ahora de un servicio de tutores independientes para casos de trata de niños. Un tutor de este servicio es una fuente adicional de asesoramiento y apoyo para todos los niños que pueden ser víctimas de la trata, independientemente de su nacionalidad, y alguien que puede abogar en su favor. El modelo de servicio de tutores ofrece apoyo personal a los niños que no cuentan con una persona que ejerza la responsabilidad parental en el Reino Unido mediante un trabajador directo del servicio o, en el caso de los niños que tienen a alguien con responsabilidad parental en el Reino Unido, mediante un coordinador regional experto de prácticas del servicio. La implantación nacional continua de este servicio de tutores proseguirá en el marco del recientemente establecido Programa de Transformación del Mecanismo Nacional de Remisión. La siguiente fase de la implantación del servicio de tutores se orienta a las zonas más necesitadas. Durante todo el proceso de implantación seguiremos examinando la forma en que se atienden mejor las necesidades de cada niño a nivel local a través del programa.
144.El Parlamento de Escocia aprobó por unanimidad la Ley contra la Trata y la Explotación de Personas (Escocia), de 2015, para consolidar y reforzar la legislación penal existente contra la trata de personas. La Ley estableció un único delito de “trata de personas” para abarcar todos los tipos de explotación y trata de personas, y un delito de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso u obligatorio. Ambos delitos entraron en vigor el 31 de mayo de 2016.
145.La Ley de 2015 también elevó la pena máxima por trata a reclusión a perpetuidad, y estableció por ley el apoyo a las víctimas. Además, exigió a los ministros escoceses que elaborasen y publicasen una Estrategia contra la Trata y la Explotación de Personas. La Estrategia se publicó en mayo de 2017 tras haber sido formulada en colaboración con diversas partes interesadas, y en particular se escuchó la opinión de las propias víctimas. La Estrategia establece la clara aspiración de eliminar la trata y la explotación de personas.
146.La Estrategia define tres ámbitos de acción que centrarán la labor orientada al logro de esa aspiración:
Detectar a las víctimas y apoyarlas hasta alcanzar la seguridad y la recuperación.
Detectar a los autores e interrumpir su actividad.
Hacer frente a las condiciones, tanto locales como globales, que fomentan la trata y la explotación
147.En la Estrategia también se identificó un cuarto ámbito de trabajo esencial en torno a los niños víctimas de la trata y la explotación.
148.En los informes anuales sobre los progresos realizados que publicó el Gobierno de Escocia en 2018 y 2019 se expone en detalle más información acerca de los avances en la aplicación de la Estrategia contra la Trata y la Explotación de Personas. Según lo dispuesto en la Ley de 2015, en 2020 se publicó un examen de la Estrategia junto con el último informe anual sobre los progresos.
149.El artículo 9 de la Ley contra la Trata y la Explotación de Personas (Escocia), de 2015, faculta a los ministros escoceses para especificar el período durante el cual estos deben garantizar al adulto la prestación del apoyo y la asistencia que consideren imprescindibles teniendo en cuenta las necesidades del adulto, cuando haya motivos razonables para creer que este es víctima de un delito de trata y explotación de personas, tipificado en el artículo 1 de la Ley. El reglamento entró en vigor el 1 de abril de 2018, y establece que este período de apoyo abarcará los primeros 90 días o hasta que se llegue a una decisión por motivos concluyentes.
150.El artículo 10 de la Ley de 2015 prevé facultades para que los ministros escoceses elaboren un reglamento sobre el apoyo y la asistencia que pueden prestarse a un adulto que sea, o parezca ser, víctima de un delito conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de 2015, a saber, la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio. El reglamento entró en vigor el 1 de abril de 2018 y establece el proceso para determinar si un adulto es víctima de un delito tipificado en el artículo 4; el apoyo y la asistencia que debe prestarse a la víctima; y el período durante el cual se presta, que es el mismo que en el caso de una víctima de un delito de trata y explotación de personas.
151.En Escocia las remisiones en el marco del Mecanismo Nacional de Remisión han aumentado cada año desde 2013 y han pasado de 150 en 2016 a 512 en 2019. El aumento de las remisiones de casos de trata de personas en Escocia refleja en parte la labor en curso con los asociados para crear conciencia y mejorar la formación y la práctica.
152.El artículo 12 de la Ley de 2015 establece que cuando una autoridad competente tenga motivos razonables para creer que alguien puede ser víctima de un delito de trata de personas, y la autoridad no conozca con seguridad la edad de esa persona pero tenga motivos razonables para creer que puede tratarse de un niño, entonces, hasta que una autoridad local lleve a cabo una evaluación de la edad de la persona o la edad se determine de otra manera, la autoridad competente debe asumir que se trata de un niño a los efectos del ejercicio de sus funciones en virtud de las leyes pertinentes. En marzo de 2018 el Gobierno de Escocia publicó una guía práctica actualizada para la evaluación de la edad con el fin de reflejar estos cambios. En el artículo 40 de la Ley de 2015 se define al niño como una persona menor de 18 años en relación con el delito de trata. El apoyo y la protección de los niños víctimas de la trata y de la explotación sexual deben prestarse en el contexto del sistema de protección de la infancia de Escocia y del enfoque nacional actualizado Hacer lo Adecuado para Cada Niño a fin de mejorar los resultados para los niños y los jóvenes.
153.Se está trabajando para aprobar el artículo 11 de la Ley de 2015, que impone a los ministros escoceses la obligación de asignar un tutor independiente para casos de trata de niños a todos los niños solicitantes de asilo no acompañados en Escocia, cuando haya razones para creer que podrían haber sido víctimas de la trata o que corren el riesgo de serlo, y respecto de los cuales nadie en el Reino Unido tiene derechos ni responsabilidades parentales. El Servicio de Tutela escocés, financiado por el Gobierno de Escocia, seguirá proporcionando tutores a este grupo de niños hasta que el nuevo servicio entre en funcionamiento.
IX.Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo
A.Expulsión con garantías
154.Desde 2013 no se han producido retornos en régimen de expulsión con garantías. Cualquier caso futuro requeriría la negociación de nuevos acuerdos con los Estados receptores.
155.Los retornos solo se llevan a cabo cuando el Gobierno y los tribunales del Reino Unido consideran que es seguro hacerlo. Las personas retornadas son, por definición, extranjeros que, con arreglo a la ley, no necesitan la protección del Reino Unido y no tienen un fundamento jurídico para permanecer en el país. Sería inapropiado que el Reino Unido asumiera cualquier responsabilidad continua respecto de los extranjeros cuando regresan al país del que son nacionales. El Reino Unido no tiene ninguna obligación de controlar a las personas que son objeto de retorno y, por tanto, no se lleva a cabo ningún control rutinario.
156.Si el Gobierno del Reino Unido recibiera alguna denuncia concreta de que un retornado ha sufrido malos tratos al volver a su país de origen, esta se investigaría.
157.El Reino Unido se enorgullece de su tradición de larga data de ofrecer protección a quienes la necesitan. Nada de esto ha cambiado ahora que ha terminado el período de transición.
158.En la Declaración Política Conjunta sobre Asilo y Retorno, acordada con la UE en diciembre de 2020, se señaló la intención del Gobierno del Reino Unido de entablar conversaciones bilaterales con los Estados miembros más afectados con el fin de examinar disposiciones prácticas adecuadas sobre el asilo, la reunificación familiar de los niños no acompañados o la migración ilegal, de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos de las partes.
159.Esta Declaración está en armonía con el compromiso que el Gobierno del Reino Unido ya asumió en el Parlamento durante la aprobación de la Ley de Coordinación de la Inmigración y la Seguridad Social (Retirada de la UE), de 2020, de proseguir las negociaciones bilaterales sobre cuestiones migratorias posteriores a la transición con países clave con los que tenemos un interés mutuo, incluida la reunificación familiar de los niños no acompañados solicitantes de asilo y el retorno de los solicitantes de asilo. El Reino Unido y los Estados miembros de la UE seguirán colaborando estrechamente en los objetivos migratorios compartidos.
160.Nuestras normas de inmigración vigentes ya ofrecen vías para que las personas se reúnan con familiares que reúnen las condiciones exigidas en el Reino Unido. Estas vías no se han visto afectadas por nuestra salida de la UE ni por el término del periodo de transición.
161.Durante la aprobación de la Ley de Coordinación de la Inmigración y la Seguridad Social (Retirada de la UE), de 2020, el Gobierno asumió también el compromiso de examinar vías seguras y legales hacia el Reino Unido para los solicitantes de asilo, los refugiados y sus familiares. Introdujimos asimismo importantes obligaciones legislativas en el artículo 3 de la Ley, concretamente para:
Examinar las vías legales a través de las cuales los solicitantes de protección que están en la UE pueden entrar en el Reino Unido, en particular para la reunificación familiar de los niños no acompañados solicitantes de asilo.
Llevar a cabo una consulta pública sobre las vías legales para la reunificación familiar de los niños no acompañados solicitantes de asilo en la UE.
Presentar ante el Parlamento, a más tardar el 10 de febrero de 2021, una declaración en la que se ofrezcan más detalles sobre el examen y la consulta mencionados, que ya se han completado.
Preparar un informe sobre el resultado del examen, publicarlo y presentarlo al Parlamento.
162.Dado el ámbito de aplicación de la Ley como parte de la legislación relativa a la retirada de la UE, la modificación introducida por el Gobierno del Reino Unido debía centrarse en los Estados miembros de la UE. Sin embargo, examinaremos las vías legales para los solicitantes de asilo, los refugiados y sus familiares de todos los países, no solo de los Estados miembros de la UE. Esto está en consonancia con nuestro nuevo enfoque global del futuro sistema de inmigración.
163.Gibraltar. En virtud de la Ley de Ley de Facultades Excepcionales del Gobernador, de 2017, el Gobernador de Gibraltar puede dictar reglamentos para disponer o permitir la detención de personas y la expulsión de personas de Gibraltar, cuando haya emitido una Proclamación de Estado de Emergencia en virtud del artículo 4, párrafo 1, de esta Ley y se cumplan determinadas condiciones.
B.Apatridia
164.La vía del permiso por apatridia está activa en el Reino Unido desde que se estableció la parte 14 del Reglamento de Inmigración en abril de 2013. Las solicitudes para esta vía se presentan en línea en https://www.gov.uk/stay-in-uk-stateless.
165.La asistencia jurídica no está disponible de forma sistemática para las solicitudes por apatridia, excepto en el caso de las solicitudes de niños migrantes separados, que entran en el ámbito de la financiación de ese tipo de asistencia. En cambio, es posible disponer de fondos destinados a la asistencia jurídica para las solicitudes de permiso por apátrida mediante el régimen de financiación en casos excepcionales. Esta financiación se concede cuando los servicios jurídicos quedan fuera del ámbito de aplicación del régimen de asistencia jurídica (definido en la Ley sobre Asistencia Jurídica, Imposición de Penas y Sanción de los Autores de Delitos, de 2012), pero cuando el hecho de no prestar asistencia jurídica podría vulnerar o correría el riesgo de vulnerar derechos individuales en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humano o derechos jurídicamente exigibles de la UE que se han retenido. Todas las solicitudes de asistencia jurídica, en particular en el marco de la financiación en casos excepcionales, están sujetas a las pruebas reglamentarias de medios y méritos. A continuación se exponen más detalles sobre el sistema de asistencia jurídica del Reino Unido, [en respuesta al párrafo 22, asistencia jurídica].
166.Los solicitantes que reúnen los requisitos establecidos para el permiso por apatridia obtienen un permiso de residencia de cinco años, tras los cuales pueden presentar una solicitud para permanecer en el Reino Unido de forma permanente (permiso de residencia por tiempo indefinido). A las personas que no reúnan los requisitos establecidos para el permiso por apatridia se les denegará la solicitud y tendrán derecho a un examen administrativo. Puede consultarse más información sobre los exámenes administrativos en https://www.gov.uk/government/publications/administrative-review.
167.El Servicio de Visados e Inmigración del Reino Unido cuenta con un equipo especializado —el equipo de determinación de la apatridia— que toma decisiones sobre las solicitudes de permiso por apatridia. Las orientaciones que siguen los responsables de las decisiones se publican en https://www.gov.uk/government/publications/stateless-guidance. Todos los responsables de las decisiones reciben formación de conformidad con las orientaciones publicadas cuando se incorporan al equipo y siempre que se introducen cambios en las políticas. También se imparte formación de forma continuada, por ejemplo cuando se han detectado otras necesidades de formación mediante las prácticas de aseguramiento de la calidad. Todos los responsables de la toma de decisiones del Servicio de Visados e Inmigración deben completar asimismo la formación obligatoria periódica sobre cuestiones temáticas como la protección de datos y las salvaguardias.
168.El criterio de prueba aplicable a las solicitudes de permiso por apátrida es el cálculo de probabilidades. Esto fue confirmado por el Tribunal de Apelación en el asunto AS (Guinea) v SSHD [2018] EWCA Civ 2234.
169.En todos los casos, la carga de la prueba recae en el solicitante, del que se espera que coopere y aporte pruebas suficientes para demostrar que es apátrida y que no hay ningún país al que pueda ser trasladado a efectos de residencia permanente. Cuando los solicitantes hayan adoptado medidas razonables para obtener la información requerida en apoyo de su solicitud pero no hayan podido lograrlo, por ejemplo, porque no disponen de los recursos o los conocimientos necesarios para obtener información sobre las leyes de nacionalidad de un Estado determinado, los responsables de las decisiones ayudarán al solicitante entrevistándolo con el fin de obtener más pruebas, realizando las investigaciones correspondientes y, si es necesario, haciendo averiguaciones directamente con las autoridades y organizaciones pertinentes.
170.Existen dos situaciones en las que una persona que se declara apátrida podría ser detenida:
Una persona que se encuentra ilegalmente en el Reino Unido puede ser detenida legalmente para determinar su identidad y nacionalidad. Los controles de identidad son apropiados en los casos de quienes afirman ser apátridas, ya que sus resultados pueden revelar pruebas de la nacionalidad de la persona. Cuando se hayan realizado los controles de identidad pertinentes (incluidas las comprobaciones biométricas y de seguridad), la detención se examinará de nuevo de conformidad con las orientaciones publicadas, por ejemplo, sobre la detención y los adultos en situación de riesgo, que pueden encontrarse en: https://www.gov.uk/government/publications/offender-management.
Cuando una persona se encuentra ilegalmente en el Reino Unido, la detención puede utilizarse para imponer el retorno si se han agotado las alternativas. La vía preferida es el retorno voluntario. Cuando el retorno voluntario ha sido rechazado o no es apropiado, se puede utilizar la facultad legal proceder a la detención para hacer efectivo el retorno. Solo se detendrá a una persona si existe una perspectiva realista de retorno en un periodo de tiempo razonable, es decir, si el país receptor ha acordado previamente el retorno (o, en su defecto, si el acuerdo es previsible en un plazo razonable). Cuando la persona sea nacional del país receptor, se utilizará un documento de viaje o pasaporte válido para facilitar el retorno. Un país receptor también puede ser un tercer país que haya concedido a la persona el permiso de residencia o que sea responsable de otro modo para decidir el caso de esa persona.
171.En Escocia, las personas que solicitan financiación para recibir asistencia jurídica mediante el sistema de asistencia jurídica de Escocia no están sujetas a una prueba de residencia y los ministros escoceses no tienen previsto introducirla. El funcionamiento de ese sistema en Escocia es flexible, y si una persona carece de una cuenta bancaria o de registros financieros esto no significa necesariamente que se le vaya a denegar la asistencia jurídica. La Junta de Asistencia Jurídica de Escocia solo pediría pruebas que pudieran aportarse de forma razonable, según las circunstancias.
C.Privación de la ciudadanía
172.El Secretario de Estado del Ministerio del Interior puede privar a una persona de su ciudadanía británica si está convencido de que esa acción “redunda en interés público” o si la persona adquirió su ciudadanía británica por medios fraudulentos, declaraciones falsas u ocultación de hechos importantes.
173.El Gobierno considera que la privación de libertad por motivos de interés público es una respuesta apropiada a actividades como: las relacionadas con la seguridad nacional, incluidos el espionaje y los actos de terrorismo dirigidos a este país o a una potencia aliada; los crímenes de guerra y la delincuencia grave y organizada.
174.Cuando se pretende privar a una persona de su ciudadanía británica alegando que “redunda en interés público”, la ley exige que esto solo sea procedente si la persona en cuestión no queda apátrida (no se impone este requisito en los casos en que la ciudadanía se adquirió de forma fraudulenta).
175.El Reino Unido ha asumido el compromiso de hacer frente a la amenaza que suponen las personas muy peligrosas, y la facultad de privación de la ciudadanía es una de las herramientas esenciales para proteger al país. Solo se utilizará en caso necesario y de manera proporcionada.
176.Toda persona a la que se le notifique una decisión de privación de la ciudadanía británica, y la consiguiente orden de privación, tiene derecho a recurrirla. En algunos casos, el Secretario de Estado certificará ese recurso ante la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración si la decisión se ha tomado, total o parcialmente, sobre la base de información que, en su opinión, no debe hacerse pública:
Desde 2011, el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo ha desaconsejado todos los viajes a Siria. Todos los servicios de la Embajada Británica en Damasco están suspendidos.
Entre las personas que permanecen en la zona de conflicto se encuentran algunas de las más peligrosas, que deciden quedarse para luchar o apoyar a Dáesh. Estas suponen una mayor amenaza para el Reino Unido que las que regresaron al principio del conflicto. Por lo tanto, la evaluación del Gobierno sigue siendo que los riesgos que plantean las personas que viajaron a Siria para incorporarse a Dáesh se gestionan mejor, en general, fuera del Reino Unido, aunque cada caso se considera por sus propios méritos. Cuando las personas regresen serán investigadas y, cuando haya pruebas de que se han cometido delitos, deben esperar ser enjuiciadas.
Es esencial que no emitamos juicios sobre el riesgo para la seguridad nacional que supone una persona en función de su sexo o edad. Las mujeres que viajaron para unirse a Dáesh pueden suponer, y en muchos casos es así, un riesgo tan importante para nuestra seguridad nacional como los combatientes masculinos que regresan.
El Gobierno es comprensivo con la situación de los niños no acompañados y los huérfanos británicos en Siria y tratará de facilitar su regreso al Reino Unido cuando sea factible, con sujeción a las consideraciones de seguridad nacional y tras examinar cada caso en particular. Como el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido ha declarado anteriormente: facilitar el retorno de los niños no acompañados y los huérfanos británicos siempre que sea posible, es lo correcto.
De conformidad con esta política, el Gobierno ya ha facilitado el retorno de algunos niños no acompañados y huérfanos británicos al Reino Unido.
Sin embargo, el proceso dista mucho de ser sencillo, sobre todo porque el Reino Unido no tiene presencia consular en Siria desde la que prestar asistencia de ese tipo, así como por las dificultades que plantea la COVID-19.
177.Las personas que solicitan financiación para recibir asistencia jurídica mediante el sistema de asistencia jurídica de Escocia no están sujetas a una prueba de residencia y los ministros escoceses no tienen previsto introducirla. El funcionamiento de ese sistema en Escocia es flexible, y si una persona carece de una cuenta bancaria o de registros financieros esto no significa necesariamente que se le vaya a denegar la asistencia jurídica. La Junta de Asistencia Jurídica de Escocia solo pediría pruebas que pudieran aportarse de forma razonable, según las circunstancias.
D.Detención de inmigrantes
178.El Reino Unido no ha fijado ningún límite de tiempo oficial para la detención de personas. Sin embargo, no mantenemos la detención de forma indefinida. Para que una detención sea legal, debe haber una perspectiva realista de que la persona sea expulsada en un plazo razonable. Cuando una persona queda detenida, se llevan a cabo revisiones periódicas para controlar que su detención siga siendo legal, correcta y proporcionada. Si surgen obstáculos para la expulsión después de que una persona haya sido detenida y ya no es posible proceder a la expulsión en un plazo razonable, la continuación de la detención puede ser ilegal. El Gobierno tiene que rendir cuentas al respecto ante los tribunales y mediante una serie de salvaguardias que garantizan un control adecuado y continuo de las decisiones de detención.
179.En el año que finalizó en marzo de 2021, la gran mayoría de las personas que abandonaron el centro de detención (el 95 %) estuvo detenida durante menos de 4 meses, y el 79 % durante 28 días o menos. La detención supera estos plazos solo en los casos más complejos, casi siempre cuando se trata de delincuencia grave o persistente, o si posteriormente las personas solicitaron asilo mientras estaban detenidas. En el año que finalizó en marzo de 2021, menos del 1 % de las personas estuvo detenido durante más de 6 meses, lo que demuestra claramente el compromiso del Gobierno de mantener la detención durante el periodo más breve posible.
180.Las audiencias iniciales sobre la concesión de libertad bajo fianza para todos los detenidos se suelen programar en un plazo de tres a seis días. Posteriormente, la persona detenida puede solicitar la libertad bajo fianza prevista por la legislación migratoria en cualquier momento que desee. Las concesiones automáticas de la libertad bajo fianza garantizan que si una persona no la solicita por sí misma, sigue teniendo derecho a una supervisión judicial independiente de su detención en curso. Proporcionan una protección adicional y no afectan al derecho de los detenidos a solicitar la libertad bajo fianza en cualquier momento, independientemente del plazo para la concesión automática.
181.Para facilitar este proceso, en los Centros de Expulsión de Inmigrantes se ha previsto que los detenidos tengan acceso a asesoramiento jurídico si lo necesitan.
182.Las personas detenidas deben ser informadas sobre su derecho a representación letrada y acerca de cómo pueden obtenerla en las 24 horas siguientes a su llegada al centro. El Organismo de Asistencia Jurídica gestiona oficinas de asesoramiento jurídico gratuitas en los Centros de Expulsión de Inmigrantes de Inglaterra. Las personas detenidas tienen derecho a recibir una consulta gratuita de hasta 30 minutos, independientemente de su capacidad económica o del fondo de su caso. No hay ninguna restricción en cuanto al número de oficinas a las que puede acudir una persona. Cuando una persona detenida requiere asesoramiento sustantivo sobre un asunto que entra en el ámbito de aplicación de la asistencia jurídica, es posible proporcionar asesoramiento jurídico completo si se cumplen los criterios legales de medios y méritos para recibir ese tipo de asistencia.
183.En todos los centros de expulsión de inmigrantes, las personas detenidas que ya disponen de representación legal pueden recibir visitas de sus abogados con cita previa. Estas visitas tienen lugar en privado, en salas de reunión especiales a la vista de los guardianes (pero insonorizadas).
184.Debido a la pandemia de COVID-19 se han introducido restricciones a las visitas a los Centros de Expulsión de Inmigrantes. Sin embargo, los representantes legales pueden visitar un centro si no es posible prever ningún otro medio de contacto, o pueden visitar a las personas que están a la espera de su expulsión del Reino Unido en un plazo de siete días. Existen sistemas de trabajo seguros para garantizar la seguridad de las personas detenidas, del personal del centro y de los visitantes durante estas visitas.
185.Con el fin de asegurar que las personas detenidas puedan establecer y mantener el contacto con sus representantes legales durante este tiempo, todos los residentes de los Centros de Expulsión de Inmigrantes reciben diez libras semanales de crédito para el teléfono móvil (que se abonan directamente en su teléfono o mediante tarjetas de recarga) y tienen acceso a teléfonos fijos si lo solicitan, a máquinas de fax, y a servicios de correo electrónico y de videollamada.
186.A raíz de una recomendación formulada en el examen de Stephen Shaw sobre las condiciones de detención de las personas vulnerables, de junio de 2016, se introdujo la figura del “guardián de la detención” con el fin de evaluar la idoneidad de una persona para la detención y tomar en consideración cualquier vulnerabilidad caso por caso antes de autorizar la detención. El guardián realiza su labor de forma independiente de todos los equipos de remisión y de los responsables de los servicios de asistencia social individualizada que se prestan a los detenidos con el fin de garantizar que las decisiones sobre la detención se tomen solo cuando no haya otras opciones disponibles para ejecutar el retorno de las personas que se niegan a salir voluntariamente y siguen permaneciendo de forma ilegal en el Reino Unido.
187.Cuando se autoriza la detención inicial, esta decisión se examina de forma periódica y continuada a niveles jerárquicos cada vez superiores. Los paneles de supervisión de la progresión de los casos evalúan la detención cada tres meses y se prevé la concesión automática de la libertad bajo fianza cada cuatro meses en el caso de los infractores extranjeros.
188.Los paneles de supervisión de la progresión de los casos funcionan como una salvaguardia adicional, introducida en 2017, para examinar la detención en curso y formular recomendaciones de asesoramiento a los equipos que se ocupan de la asistencia social individualizada. A raíz de los buenos resultados de un reciente proyecto piloto para introducir miembros independientes en los paneles de supervisión de la progresión de los casos, nuestra intención es empezar a formalizar de inmediato la presencia de miembros independientes permanentes en este proceso.
189.En cuanto a la detención de los padres de niños pequeños, habitualmente no detenemos a los niños. Sin embargo, los grupos familiares pueden ser retenidos durante un máximo de 72 horas en espera de su expulsión del Reino Unido en un alojamiento especialmente certificado, por consejo de un panel independiente de retorno familiar. En circunstancias excepcionales y con autorización ministerial, este plazo puede ampliarse a una semana. Esas personas recibirán apoyo adicional en materia de bienestar mientras estén detenidos.
190.El artículo 55 de la Ley de Fronteras, Ciudadanía e Inmigración, de 2009, deja claro el deber de realizar todas las funciones de inmigración teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar y promover el bienestar de los niños que se encuentran en el Reino Unido.
191.Cuando se ejercen las facultades de inmigración para detener o expulsar a una familia, el principio basado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es que los miembros de la familia permanezcan juntos siempre que sea posible. Las orientaciones del Reino Unido son claras en el sentido de que la separación de familias con fines de detención y expulsión debe estar siempre justificada como necesaria y proporcionada y debe tener en cuenta la necesidad de salvaguardar y promover el bienestar de los niños afectados.
192.Las orientaciones establecen que las madres lactantes no deben ser separadas del niño que amamantan, y que en casos de inmigración un niño no debe ser separado de ambos adultos, o de uno, en el caso de una familia monoparental, si la consecuencia de esa decisión es que el niño tenga que ser acogido.
193.La separación de los niños de sus padres en casos de inmigración solo puede justificarse en circunstancias excepcionales por razones de salvaguardia, cuando el bienestar del niño se vea comprometido por su permanencia con uno de los progenitores, por ejemplo, para evitar que los niños corran el riesgo de ver o de sufrir un comportamiento perturbador o violento, o cuando el Panel Independiente de Retorno Familiar aconseje que la separación redunda en el interés superior del niño o de los niños.
194.En ocasiones puede ser preciso separar a las personas de su unidad familiar, cuando sea necesario y proporcionado hacerlo, con objeto de permitir que las funciones de inmigración se realicen con eficacia. Sin embargo, cuando hay niños implicados, la consideración principal debe ser su interés superior. Todos los factores deben ser tenidos plenamente en cuenta al decidir si se separa a un niño de sus padres, y el bienestar del niño debe ser salvaguardado en todo momento.
195.En cuanto a la Política sobre los Adultos en Situación de Riesgo en Centros de Detención de Inmigrantes, tras el informe de seguimiento del examen de Stephen Shaw sobre las condiciones de las personas vulnerables en la detención de inmigrantes en 2018, el Reino Unido ha llevado a cabo una labor sustancial con objeto de establecer la viabilidad de las opciones para aplicar sus recomendaciones en relación con la mencionada política. Las propuestas iniciales se debatieron con representantes de organizaciones no gubernamentales el 10 de agosto de 2020. Sin embargo, desde entonces esta labor se ha interrumpido para profundizar más en el estudio de las probables repercusiones operativas de las reformas del sistema de inmigración sobre las que tenemos el propósito de presentar un proyecto de ley el próximo año.
196.Paralelamente, también se ha interrumpido la labor de modificación del Reglamento de Centros de Detención, de 2001. Mientras tanto, tenemos el propósito de seguir trabajando en la racionalización de la política de detención de víctimas de las formas contemporáneas de esclavitud y en el establecimiento de normas relativas a la presentación de informes médicos externos.
197.En cuanto a la aplicación de alternativas a la detención a migrantes que se exponen a la privación de libertad, de conformidad con el artículo 5, párrafo 1, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el sistema de detención de inmigrantes funciona con una presunción de libertad y, por tanto, con una presunción a favor de la concesión de la libertad bajo fianza prevista en la legislación migratoria. La gran mayoría de las personas (el 95 %) susceptibles de ser expulsadas del Reino Unido ya residen en la comunidad tras la concesión de la libertad bajo fianza prevista en la legislación migratoria, lo que demuestra claramente el uso de alternativas a la detención como nuestra principal vía para tratar a las personas cuya situación en el país no se ha determinado. Los equipos encargados de la aplicación de las leyes de inmigración se ocupan de las personas que residen en la comunidad y estamos introduciendo nuevos dispositivos de seguimiento por satélite para proporcionar un control electrónico más eficaz de los infractores extranjeros que gozan de la libertad bajo fianza prevista en la legislación migratoria.
198.Como parte del programa de reforma de la detención de inmigrantes en el Reino Unido, estamos ejecutando una serie proyectos piloto para estudiar alternativas a la detención, el primero de los cuales es “Action Access”. Ahora, en su segundo año, Action Access ha ofrecido a mujeres que de otro modo estarían detenidas un programa de apoyo en la comunidad, que incluye la coordinación asistencial. En junio de 2020 firmamos un contrato con el King’s Arms Project de Bedford para el segundo proyecto piloto de la serie, el Servicio de Asesoramiento a Refugiados e Inmigrantes, en cuyo marco se presta apoyo tanto a hombres como a mujeres. Los primeros participantes se incorporaron a este segundo proyecto piloto a finales de agosto y ahora está a tres cuartas partes de su plena capacidad, con reclutamiento en curso.
199.Estamos colaborando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en estos proyectos piloto y se ha designado al Centro Nacional de Investigación Social para que evalúe este trabajo de forma independiente. Estas evaluaciones se publicarán, y el informe de evaluación del proyecto piloto Action Access está previsto para el verano de 2021.
X.Acceso a la justicia, independencia del poder judicial y derecho a un juicio imparcial
Asistencia jurídica
200.Es posible disponer de asistencia jurídica para los casos de asilo, para las víctimas de maltrato en el hogar y de las formas contemporáneas de esclavitud, para los niños inmigrantes separados y para los casos de inmigración en los que alguien impugna una decisión de detención. Todas las solicitudes de asistencia jurídica, en particular en el marco de la financiación en casos excepcionales, están sujetas a las pruebas reglamentarias de medios y méritos.
201.El régimen de financiación en casos excepcionales está disponible para cualquier asunto cuando el hecho de no aportar fondos para recibir asistencia jurídica puede vulnerar, o corre el riesgo de vulnerar, el Convenio Europeo de Derechos Humanos o legislación comunitaria de la UE jurídicamente exigible que se ha retenido. El Ministerio de Justicia está colaborando con el Organismo de Asistencia Jurídica para actualizar el proceso de financiación en casos excepcionales con el fin de garantizar que sea lo más sencillo y accesible posible. La revisión tiene por objeto:
Mejorar los indicadores del plan tanto en línea como en otros medios para que las personas que puedan ser beneficiarias estén informadas y puedan encontrar el plan rápidamente.
Ofrecer información clara y directa sobre los requisitos para cada etapa del proceso de financiación en casos excepcionales, de modo que sea fácil seguir el proceso de solicitud de forma eficaz y eficiente.
Examinar los formularios de solicitud y las preguntas.
Examinar los requisitos de las pruebas y explicar qué se necesita y por qué se necesita, y ofrecer alternativas cuando no sea posible presentar las pruebas requeridas.
Permitir que las organizaciones benéficas y los abogados compartan conocimientos y creen redes en torno a la financiación en casos excepcionales, mediante el intercambio de las mejores prácticas y el establecimiento de asociaciones.
Examinar la oferta de servicios al cliente para crear un servicio que funcione tanto para los usuarios internos como para los externos.
202.La tasa actual de subvenciones para la financiación en casos excepcionales es del 65 %, la más alta registrada, lo que demuestra que el sistema de financiación está prestando ayuda a quienes la necesitan.
203.Como parte del Plan de Acción de Apoyo Jurídico, anunciamos un examen de la comprobación de medios de vida para la asistencia jurídica. Anteriormente se había indicado que el examen concluiría en el verano de 2020. Sin embargo, debido a la COVID-19, ahora tenemos previsto concluirlo en la primavera de 2021. En ese momento publicaremos un documento de consulta completo en el que se expondrán nuestras futuras propuestas políticas y trataremos de poner en práctica cualquier recomendación final tan pronto como sea posible tras la consulta pública. En el marco de ese examen se está estudiando toda la gama de criterios de comprobación de medios de vida y evaluando la eficacia con la que esa comprobación protege el acceso a la justicia, en particular para las personas vulnerables.
204.El Gobierno de Escocia llevó a cabo una consulta pública sobre las propuestas de reforma de la asistencia jurídica en Escocia en 2019. El propósito de la consulta era recabar opiniones sobre la creación de un servicio público centrado en el usuario, que fuera flexible para adaptarse a las necesidades de los usuarios y a las nuevas prioridades. En la consulta el Gobierno de Escocia reafirmó que actualmente no tiene intención de reducir el amplio alcance de las acciones para las que actualmente se dispone de asistencia jurídica. El análisis de las respuestas a la consulta se publicó el 16 de junio de 2020. Una abrumadora mayoría de los encuestados no solo apoyó el mantenimiento del alcance actual de la asistencia jurídica sino también su ampliación, específicamente en el caso de la prestación de asistencia jurídica para las acciones de grupo, los tribunales y las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Los encuestados también apoyaron una prestación de asistencia jurídica más específica, así como un mejor acceso a los servicios de ese tipo de asistencia en determinadas zonas geográficas o para grupos con necesidades jurídicas específicas, como la violencia doméstica. Está previsto que este programa de reforma en curso avance en la próxima sesión parlamentaria.
XI.Derecho a la vida privada
205.La Ley de Facultades de Investigación, de 2016, regula las facultades de que dispone el Estado para obtener comunicaciones y datos de comunicaciones. Esta Ley introdujo una transparencia sin precedentes y unos acuerdos sobre la vida privada, la reparación y la supervisión de los más avanzados en el mundo que refuerzan las salvaguardias anteriores, como las establecidas en la Ley de Regulación de las Facultades de Investigación, de 2000, relativas al uso de esas facultades. La Ley de Facultades de Investigación aclara las circunstancias en las que se pueden utilizar diversas facultades de investigación y las estrictas salvaguardias aplicables, y garantiza que cualquier injerencia en la vida privada sea estrictamente necesaria, proporcionada, autorizada y responsable. Quienes ejercen las facultades están sujetos a las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La Ley exige que el ejercicio de las facultades de investigación esté siempre justificado tanto por razones de necesidad como de proporcionalidad: debe ser necesario para el propósito especificado; y la acción autorizada ha de ser proporcionada al resultado que se pretende conseguir. Esto significa que:
Si una injerencia en la vida privada no es necesaria, no puede ser legal.
Si es necesario algún nivel de injerencia pero la injerencia real que se propone es desproporcionada para ese fin, también sería ilegal.
206.La Ley de Facultades de Investigación establece obligaciones generales en relación con la vida privada para dejar claro que la protección de la vida privada es el eje de esta legislación. Las autoridades públicas deben tomar en consideración:
Si el mismo efecto podría lograrse razonablemente con medios menos intrusivos.
Si se requiere un mayor nivel de protección porque la información seleccionada es especialmente sensible (por ejemplo, material legalmente privilegiado, material periodístico que incluya la identificación de una fuente, comunicaciones de miembros del Parlamento).
El interés público en la integridad y seguridad de los sistemas de telecomunicaciones.
207.Lord Anderson QC, antiguo revisor independiente de la legislación sobre el terrorismo —respaldado por un equipo de expertos de su propia elección— concluyó en un informe de 2015, en el que se exponía el caso operativo de estas facultades y la necesidad de actualizar esa legislación, que:
“ Independientemente de que se prefiera una definición más amplia o más restringida, debe quedar claro que la recopilación y conservación masiva de datos no equivale a la denominada ‘ vigilancia en gran escala ’ . Todo ordenamiento jurídico digno de esta denominación incorporará limitaciones y salvaguardias diseñadas precisamente para garantizar que no se dé acceso a los almacenes de datos sensibles de forma indiscriminada o injustificada. Tales limitaciones y salvaguardias existen evidentemente en el proyecto de ley [de facultades de investigación] . ”
208.El marco legislativo de la Ley de Facultades de Investigación está respaldado por códigos normativos de prácticas sobre cada una de las ocho facultades de investigación esenciales, en los que se ofrece una explicación transparente y exhaustiva de cómo deben ejercerlas las autoridades públicas. Las autoridades públicas que ejercen las facultades de investigación están obligadas a tener en cuenta los códigos de prácticas cuando actúen en el marco de esa Ley.
209.La Ley de Facultades de Investigación introdujo un mecanismo de doble seguridad, por el que se requiere una decisión del Secretario de Estado (o del Ministro de Escocia y, en determinadas circunstancias, de un jefe de las fuerzas del orden) para autorizar el uso específico de las facultades más intrusivas y también está sujeto a un examen obligatorio y a la aprobación de un Comisario Judicial independiente antes de que pueda tener efecto jurídico. El Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación también se ocupa de supervisar a posteriori las actividades de las autoridades públicas y está asistido en esta función por los Comisionados Judiciales, por un equipo de inspectores experimentados y por un panel de asesores en tecnología. El Comisionado, que es un antiguo juez del Tribunal Superior, y sus inspectores tienen acceso ilimitado a todos los lugares, la documentación y los sistemas de información que sean necesarios para el pleno desempeño de sus funciones y obligaciones, y las autoridades públicas están obligadas a respetarlas en virtud de la Ley de Facultades de Investigación. El Comisionado está obligado a presentar un informe anual al Primer Ministro sobre el uso de las facultades de investigación en virtud de esa Ley. Este informe debe publicarse y presentarse al Parlamento.
210.Además, las personas que crean haber sido objeto de vigilancia ilegal tienen derecho a recurrir ante el Tribunal de Facultades de Investigación.
211.Se trata de un tribunal independiente del gobierno que está facultado para investigar las reclamaciones y, en caso de que se confirmen, establecer una reparación adecuada.
212.Para dar respuesta a las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la conservación y adquisición de datos se introdujeron modificaciones en el régimen relativo a los datos de comunicaciones en virtud la Ley de Facultades de Investigación. En consecuencia, se ha establecido un umbral de delito grave para los datos de eventos (por ejemplo, historiales de llamadas e información de localización), y la autorización independiente para la mayoría de las solicitudes de datos de comunicaciones es concedida por la Oficina de Autorización de Datos de Comunicaciones, que depende del Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación.
Datos de comunicaciones en gran escala
213.La parte 6, capítulo 2, de la Ley de Facultades de Investigación prevé la adquisición de datos de comunicaciones en gran escala por la Comunidad de Inteligencia del Reino Unido. La Comunidad está facultada para adquirir esta información cuando se otorga una orden para la adquisición en gran escala y se cumplen las estrictas garantías establecidas en esa Ley. La recopilación de grandes volúmenes de datos es esencial para poder filtrarlos y aplicar criterios de búsqueda con el fin de poder reunir fragmentos de información en el curso de una investigación.
214.Las principales limitaciones y salvaguardias del uso de las facultades relativas a los datos en gran escala incluyen los siguientes puntos:
Esas facultades solo pueden utilizarse cuando se ha emitido una orden, y el uso de órdenes para obtener datos en gran escala se limita a la Comunidad de Inteligencia.
Las órdenes para el uso de estas facultades solo se emiten cuando es necesario y proporcionado:
Al menos uno de los motivos de la emisión de una orden para obtener datos de comunicaciones en gran escala debe ser siempre que esta es necesaria en interés de la seguridad nacional.
Cada orden debe estar claramente justificada y equilibrar las injerencias en la vida privada con los beneficios de inteligencia esperados.
La “doble seguridad”: todas las órdenes deben ser aprobadas también por un Comisionado Judicial, que debe revisar las conclusiones del Secretario de Estado sobre la necesidad y proporcionalidad de la notificación.
En las órdenes de adquisición en gran escala también es necesario especificar con mucho detalle los fines operativos para los que se puede examinar el material adquirido en virtud de esas órdenes. Solo se puede especificar un fin operativo en una orden individual de adquisición en gran escala si este figura en la lista central que mantienen los jefes de los organismos de la Comunidad de Inteligencia del Reino Unido. Esta lista central de fines operativos debe ser aprobada por el Secretario de Estado, revisada anualmente por el Primer Ministro y enviada cada tres meses al Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad.
La selección para su examen de cualquier dato adquirido y conservado en virtud de una orden debe ser siempre necesaria y proporcionada al menos en relación con uno de los fines operativos especificados en la orden.
Antes de examinar los datos, debe crearse un registro de los motivos por los que es necesario y proporcionado examinar los datos en gran escala para los fines operativos pertinentes. Estos registros deben ser conservados por Comunidad de Inteligencia y son objeto de una auditoría externa por la Oficina del Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación.
La selección deliberada para el examen de datos en gran escala en contravención de las salvaguardias de la Ley de Facultades de Investigación se ha tipificado como delito y puede ser objeto de actuaciones penales.
En los Códigos de Práctica publicados junto a la Ley de Facultades de Investigación se ofrecen más orientaciones sobre cómo deben aplicarse en la práctica las pruebas de necesidad y proporcionalidad.
Intercambio de datos en el extranjero en virtud de la Ley de Facultades de Investigación, de 2016
215.El Gobierno del Reino Unido no confirma ni desmiente si los organismos británicos intercambian o no datos con sus colaboradores de enlace extranjeros o con fuerzas del orden. Si se llevara a cabo esta actividad, las autoridades del Reino Unido:
Seguirían los principios y enfoques para el intercambio de datos establecidos en los respectivos acuerdos de tratamiento y de orientación sobre políticas, incluido el enfoque adoptado por cualquier otro organismo nacional que pudiera haber intercambiado datos con la parte receptora, tomando en consideración todos los protocolos o entendimientos que los otros organismos pudieran haber utilizado o seguido.
Tomarían en consideración la naturaleza de los datos que se van a revelar.
Tomarían en consideración la naturaleza o la competencia del organismo al que debían revelarse los datos.
En función de las circunstancias particulares, solicitarían garantías de que los datos se tratarían de conformidad con las salvaguardias previstas en la Ley de Facultades de Investigación.
Si fuera pertinente para las circunstancias particulares, buscarían garantías de que su uso estuviera de conformidad con las obligaciones internacionales del Reino Unido.
216.Se intercambiarían datos con una organización sobre la base de que no debían ser remitidos fuera de la organización receptora, a menos que se acordara explícitamente por adelantado o mediante mecanismos aprobados.
XII.Derechos del niño
A.Castigos corporales
217.El Gobierno del Reino Unido no tolera ningún tipo de violencia contra los niños y dispone de leyes claras para combatirla. Los castigos corporales ya están prohibidos en todas las escuelas, hogares infantiles y centros de educación infantil registrados.
B.Edad de responsabilidad penal
218.El Gobierno del Reino Unido no prevé aumentar la edad mínima de responsabilidad penal en Inglaterra y Gales. Proporcionamos más detalles a ese respecto en el informe de mitad de período del Reino Unido de 2019. El Gobierno del Reino Unido considera que los niños de 10 años son capaces de diferenciar entre una mala conducta y una infracción grave, y es correcto que se les considere responsables de sus actos.
219.El Gobierno del Reino Unido considera que fijar la edad de responsabilidad penal en 10 años permite tratar las infracciones cometidas por niños con mayor flexibilidad y realizar una intervención temprana en la vida del niño, a fin de prevenir que cometa nuevas infracciones.
220.No todos los delitos cometidos por niños dan lugar a un enjuiciamiento: siempre se tienen en cuenta la edad y la madurez del niño al considerar la respuesta más adecuada a la infracción. Los delitos graves cometidos por niños son poco frecuentes, y la policía dispone de diversas alternativas al enjuiciamiento para resolver las infracciones menos graves y evitar la reincidencia. La mayoría de los niños de 10 a 14 años son desviados del sistema de justicia juvenil o son objeto de una decisión extrajudicial.
221.La edad de responsabilidad penal en Escocia es actualmente de 8 años.
222.Escocia tiene dos normas relativas a la edad en la que un niño puede ser considerado responsable penalmente. La primera es la edad por debajo de la cual se considera que un niño no tiene capacidad para cometer un delito. Esta edad es actualmente de 8 años en virtud de la norma que figura en el artículo 41 de la Ley de Procedimiento Penal (Escocia), de 1995, que establece que “se presumirá de forma concluyente que ningún niño menor de 8 años puede ser culpable de una infracción”. La segunda es la edad de enjuiciamiento, que actualmente es de 12 años. Los niños menores de 16 años solo pueden ser enjuiciados si así lo decide el Procurador General en virtud de los artículos 41A y 42, párrafo 1, de la Ley de 1995.
223.El proyecto de ley sobre la edad de responsabilidad penal (Escocia) fue aprobado por unanimidad en el Parlamento de Escocia el 7 de mayo de 2019 y recibió la sanción real el 11 de junio de 2019 (pasando a ser la Ley de la Edad de Responsabilidad Penal (Escocia), de 2019). El Parlamento desestimó dos proyectos para elevar la edad de responsabilidad penal a 14 y 16 años, por 108 votos en contra frente a 11 a favor y 110 frente a 10, respectivamente. Cuando la Ley entre plenamente en vigor, elevará la edad de responsabilidad penal de 8 a 12 años. La aplicación de la Ley se está llevando a cabo de la forma más rápida y segura posible.
224.El aumento de la edad de responsabilidad penal de 8 a 12 años es una reforma importante que deberá ser evaluada atentamente para determinar otros cambios, en los planos de las políticas, la legislación, el sistema y las prácticas, que puedan resultar necesarios para la correcta aplicación de la Ley. La Ley establece que el gobierno escocés debe realizar un examen a los tres años de la entrada en vigor del artículo 1 de la Ley (que eleva la edad de responsabilidad penal a 12 años). Con este examen se debe evaluar la aplicación de la Ley en general, así como estudiar una futura modificación de la edad de responsabilidad penal. La evaluación permitirá que las enseñanzas extraídas y la experiencia adquirida en relación con las repercusiones para los menores de 12 años tanto de la Ley como del programa de cambios conexo se tomen en consideración en el marco de la reflexión general sobre una futura modificación de la edad de responsabilidad penal en Escocia.
XIII.Participación en los asuntos públicos
225.El Gobierno del Reino Unido considera que cuando un ciudadano ha cometido un delito lo suficientemente grave como para ser recluido en prisión, ha roto su contrato con la sociedad hasta tal punto que no debe tener derecho de voto en la cárcel. La reclusión supone la pérdida de una serie de derechos y libertades, entre ellos el derecho a la libertad y la libertad de asociación. La pérdida del derecho de voto mientras se está en prisión es, por tanto, una limitación proporcionada de esos derechos cívicos.
226.Actualmente el Gobierno del Reino Unido ha aplicado un conjunto de medidas administrativas en respuesta a las sentencias en los asuntos Hirst y posteriores. Estas medidas incluyen la modificación de las directrices penitenciarias para resolver una anomalía por la que los delincuentes que eran liberados antes del término de su condena y quedaban en régimen de arresto domiciliario podían votar, pero los que salían de la cárcel con un permiso temporal no podían hacerlo.
227.El cambio respecto de los derechos de voto de los reclusos que salen con un permiso temporal fue anunciado en el Parlamento por David Lidington, entonces Ministro de Justicia, a finales de 2017, y entró en vigor en 2018. También en 2018 se emitieron unas orientaciones penitenciarias modificadas para los directores de las prisiones, que incluyen información sobre quién puede votar y dónde se pueden encontrar más pormenores. La Comisión Electoral también publicó información actualizada. El Gobierno del Reino Unido ha trabajado asimismo con la judicatura para asegurarse de que los delincuentes condenados sepan, cuando se dicte sentencia, que mientras estén en prisión perderán el derecho de voto. Así se resuelve uno de los problemas que se planteaba en la sentencia del asunto Hirst, a saber, que no se confirmaba con claridad suficiente a los delincuentes condenados que no podrían votar mientras estuvieran encarcelados.
228.El 4 de diciembre de 2018, el Comité de Ministros del Consejo de Europa tomó nota “con satisfacción” de las medidas administrativas propuestas, incluida la antes expuesta. La Secretaría concluyó que esas medidas eran “una respuesta adecuada” a las sentencias en los asuntos Hirst y posteriores.
229.La Ley Electoral de Escocia (Sufragio y Representación), de 2020, hizo extensivo el derecho de voto en las elecciones al Parlamento de Escocia y a los consejos municipales a los reclusos que cumplían penas de 12 meses o menos, a partir del 2 de abril de 2020.