COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTESDE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Sexto informe periódico

reino unido de gran bretaña e irlanda del norte *

[1º de noviembre de 2006]

* Con arreglo a la información transmitida a los Estados Partes acerca de la tramitación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

GE.07-41201 (EXT)

ÍNDICE

Párrafos Página

Lista de abreviaturas y siglas 4

Prefacio 1 - 35 5

I. INFORMACIÓN GENERAL 4 - 33 6

A. Territorio y población 4 6

B. Estructura política general 5 - 12 13

C. Marco jurídico general de protección de los derechos humanos 13 - 18 15

D. Información y publicidad 19 - 30 16

E. Situación de las declaraciones, reservas y suspensiones 31 - 33 20

II. INFORMACIÓN SOBRE LAS DISPOSICIONES SUSTANTIVAS 34 - 793 32

A. Respuesta a las observaciones finales (Reino Unido y territorios británicos de ultramar) 34 - 140 32

B. Respuesta a las observaciones finales (Dependencias de la Corona) 141 - 211 61

C. Información sobre los distintos artículos de las Partes I, II y III del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos 212 - 793 74

Artículo 1 213 - 228 74

Artículos 2 y 26 229 - 272 77

Artículo 3 273 - 314 86

Artículo 4 315 - 325 95

Artículo 5 326 - 338 96

Artículo 6 339 - 360 97

Artículo 7 361 - 378 104

Artículo 8 379 - 396 107

Artículo 9 397 - 436 112

Artículo 10 437 - 466 120

Artículo 11 467 - 479 125

Artículo 12 480 - 495 127

Artículo 13 496 - 520 129

Artículo 14 521 -556 134

Artículo 15 557 - 569 141

Párrafos Página

Artículo 16 570 - 582 143

Artículo 17 583 - 604 144

Artículo 18 605 - 626 148

Artículo 19 627 - 647 152

Artículo 20 648 - 666 160

Artículo 21 667 - 679 162

Artículo 22 680 - 696 165

Artículo 23 697 - 718 168

Artículo 24 719 - 746 172

Artículo 25 747 - 764 178

Artículo 27 765 - 794 182

APÉNDICES

Apéndice A – Informe de la Bailía de Jersey 188

Apéndice B – Informe de la Bailía de Guernsey y sus dependencias 196

Apéndice C – Informe de la Isla de Man 225

Lista de abreviaturas y siglas

CEHR Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos

CRE Comisión para la Igualdad Racial

DRC Comisión de Derechos de los Discapacitados

EOC Comisión de Igualdad de Oportunidades

IPCC Comisión independiente de denuncias contra la policía

RU Reino Unido (comprende Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte)

Prefacio

1. Como se indicó en el informe provisional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte del 7 de noviembre de 2002, el contexto internacional y nacional en el que el Reino Unido ha promovido los derechos humanos ha experimentado cambios importantes a raíz del aumento del número de atentados terroristas en el mundo, como los perpetrados en los Estados Unidos de América el 11 de septiembre de 2001, en Bali el 12 de octubre de 2002, en Estambul el 20 de noviembre de 2003, en Madrid el 11 de marzo de 2004 y en Londres el 7 de julio de 2005.

2. La respuesta del Gobierno ante la creciente amenaza terrorista se ha basado en el principio según el cual los actos de terrorismo son crímenes y, como tales, deben ser severamente castigados por la ley. Por consiguiente, se ha de adaptar la legislación nacional para hacer frente a esa amenaza cambiante, encontrando al mismo tiempo un equilibrio para respetar los derechos humanos. La dilatada experiencia del Reino Unido en el combate contra el terrorismo también muestra que el respeto de los derechos humanos es vital para obtener buenos resultados a largo plazo en la lucha contra ese fenómeno. De conformidad con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, algunos derechos son absolutos y no podrán ser suspendidos ni limitados en ningún caso. Sin embargo, para preservar las normas relativas a los derechos humanos, los países también disponen de flexibilidad para limitar algunos derechos en determinadas circunstancias si esas limitaciones son legítimas y proporcionadas.

3.La estructura de este sexto informe periódico se ajusta a las actuales orientaciones de las Naciones Unidas sobre la presentación de informes relativos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular:

el documento de base se ha actualizado para dar cuenta de los cambios estadísticos y constitucionales más recientes;

el informe se refiere al Reino Unido, los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona. Las respuestas de los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona figuran en las secciones correspondientes del informe. Tal como pidió el Comité, los informes originales de las dependencias de la Corona también se adjuntan al presente informe. Se insta al Comité a tomar nota de que la inclusión de los informes de los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona en el sexto informe periódico no supone ningún cambio de la relación constitucional existente entre el Reino Unido y las dependencias de la Corona y entre el Reino Unido y los territorios de ultramar.

I. INFORMACIÓN GENERAL

A. Territorio y población

4. En los cuadros 1, 2 y 3 que figuran a continuación se facilita información y estadísticas generales sobre la población y la sociedad del Reino Unido, sus territorios de ultramar y las dependencias de la Corona.

CUADRO 1

Estadísticas generales sobre el Reino Unido

Población	59.843.000
Número de hombres por cada 100 mujeres	96
Grupos étnicos	Blancos (92,1%), mestizos (1,2%), asiáticos o asiáticos británicos (4%), negros o negros británicos (2%), chinos (0,4%), otros grupos étnicos (0,4%).
Porcentaje de población menor de 15 años	18,2%
Porcentaje de población mayor de 65 años	16%
Porcentaje de población residente en zonas urbanas	79,7%
Religión	Cristianos (71,6%), ateos (15,5%), sin religión declarada (7,3%), musulmanes (2,7%), hindúes (1%), sijs (0,6%), judíos (0,5%), budistas (0,3%), otras religiones (0,3%).
	PIB	1.209 millones de libras esterlinas a precios del mercado en 2005
	PIB per cápita	20.208 libras (esterlinas)
	Inflación	2,4%
	Déficit/Superávit público	-43.700 millones de libras (3,6% del PIB) en 2005
	Deuda pública	525.900 millones de libras (42,8% del PIB) en 2005
	Tasa de empleo	74,6% (28,94 millones)
	Adultos alfabetizados	99%
	Idiomas	Idioma oficial: Inglés (en todo el RU). Idiomas reconocidos : galés (en Gales); gaélico y escocés (en Escocia); córnico (en Cornualles); irlandés y escocés del Ulster (en Irlanda del Norte).
	Esperanza de vida	77 (hombres), 81 (mujeres)
	Mortalidad infantil – Número de fallecimientos de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos	5,1 en 2004
	Tasa de fecundidad (por mujer)	1,77 en 2004

CUADRO 2

Información y estadísticas generales sobre los territorios británicos de ultramar

Población	1.000 (Isla Ascensión – en 2005). 64.500 (Bermudas – en 2003). 27.000 (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 54.465 (Islas Caimán – en 2005). 2.913 (Islas Falkland – en 2001). 28.605 (Gibraltar – en 2003). 4.483 (Montserrat – en 2006). 47 (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno – en 2005). 4.000 (Santa Elena – en 2005). 275 (Tristán de Cunha – en 2005). 30.602 (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Número de hombres por cada 100 mujeres	99 (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 101 (Islas Caimán – en 2005). 121 (Islas Falkland – en 2001). 100 (Gibraltar – en 2001). 113 (Montserrat – en 2004). 104 (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno – en 2005). 89 (Tristán de Cunha – en 2005). 99 (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Grupos étnicos	Descendientes de los amotinados del HMS Bounty y sus mujeres tahitianas (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno).
Porcentaje de población menor de 15 años	23,7% (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 16,6% (Islas Caimán – en 2005). 15% (Islas Falkland – en 2001). 19,3% (Montserrat – en 2004). 13% (Tristán de Cunha – en 2005). 15,5% (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno – en 2005). 31,9% (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Porcentaje de población mayor de 65 años	5,4% (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 5,8% (Islas Caimán – en 2005). 8,3% (Islas Falkland – en 2001). 22,6% (Montserrat – en 2004). 24% (Tristán de Cunha – en 2005). 20% (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno – en 2005). 3,7% (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Porcentaje de población residente en zonas urbanas	62% (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 48,2% (Islas Caimán – en 2006). 68,2% (Islas Falkland – en 2001). 24% (Gibraltar – en 2001).
Religión	Cristiana (Isla Ascensión). Cristiana – principalmente anglicana y episcopaliana metodista africana (Bermudas). Cristiana (Islas Vírgenes Británicas). Cristiana – mayoritaria (Islas Caimán). Cristiana – Católica, anglicana y otras iglesias cristianas (Islas Falkland). Católica, protestante, musulmana, hindú y judaica (Gibraltar). Cristiana (Montserrat). Adventista del Séptimo Día (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno). Cristiana, baha’í (Santa Elena). Cristiana (Tristán de Cunha). Cristiana (Islas Turcas y Caicos).
PIB	482 millones de libras (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 2.300 millones de libras (Bermudas – en 2003). 1.100 millones de libras (Islas Caimán – en 2005). 70 millones de libras (Islas Falkland – en 2001). 470 millones de libras (Gibraltar – en 2001-2002). 17,7 millones de libras (Montserrat – en 2004). 5,6 millones de libras (Santa Elena – en 2000-2001). 239 millones de libras (Islas Turcas y Caicos – en 2005 (estimación)).
PIB per cápita	18.710 libras (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 35.719 libras (Bermudas – en 2003). 21.468 libras (Islas Vírgenes Británicas – en 2003). 23.601 libras (Islas Caimán – en 2005). 28.100 libras (Islas Falkland – en 2001). 16.608 libras (Gibraltar – en 2001-2002). 3.779 libras (Montserrat – en 2004). 1.273 libras (Santa Elena – en 2000-2001). 1.667 libras (Tristán de Cunha – en 2005). 7.811 libras (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Inflación	2% (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 3% (Bermudas – en abril de 2005). 1% (Islas Vírgenes Británicas – en 2003). 7% (Islas Caimán – en 2005). 4,3% (Islas Falkland – en 2005). 2,9% (Gibraltar – en 2005-2006). 4% (Montserrat – en 2004). 3,7% (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Déficit/Superávit público	-2,9 millones de libras (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 1 millón de libras (Isla Ascensión – en 2003-2004). 52,8 millones de libras (Islas Caimán – en 2005). -4,7 millones de libras (Islas Falkland – en 2004-2005). 20 millones de libras (Gibraltar –en 2006 ). -10,6 millones de libras (Montserrat – en 2004). 150.000 libras (Tristán de Cunha – en 2005). -313.000 libras (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Deuda pública	70,1 millón de libras (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 3,3 millones de libras (Isla Ascensión – en 2003-2004). 102,2 millones de libras (Islas Caimán – en 2005). 525.000 libras (Islas Falkland – en 2005). 93 millones de libras (Gibraltar – en 2005). 2 millones de libras (Montserrat – en 2004). 20 millones de libras (Islas Turcas y Caicos – en 2005).
Tasa de empleo	96,9% (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 96,5% (Islas Caimán – en 2005). 80% (Islas Falkland – en 2001). 87% (Montserrat – en 2001). 100% (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno – en 2005). 100% (Tristán de Cunha – en 2005). 92% (Islas Turcas y Caicos – en 2005). 87,3% (Santa Elena – en 2001-2002).
Idiomas	Inglés (Isla Ascensión). Inglés y portugués (Bermudas). Inglés (Territorio Británico del Océano Índico). Inglés (Islas Vírgenes Británicas). Inglés (Islas Caimán). Inglés (Gibraltar). Inglés (Montserrat). Inglés y pitkern (Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno). Inglés (Santa Elena). Inglés (Tristán de Cunha). Inglés y criollo (Islas Turcas y Caicos).
Esperanza de vida	76,4 – H; 83 - M (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 78,5 – H; 83,3 – M (Gibraltar – en 2001). 76 – H; 81 – M (Montserrat – en 2004). 80 años (Tristán de Cunha –en 2005). 75 – H; 76,1 – M (Islas Turcas y Caicos – en 2001).
Mortalidad infantil – Número de fallecimientos de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos	0 (Islas Vírgenes Británicas – en 2005). 4 (Islas Falkland – 2000-2005). 0 (Gibraltar – en 2004-2005). 0 (Montserrat – en 2004). 0 (Tristán de Cunha – en 2005). 3,1 (Islas Turcas y Caicos – en 2005).

CUADRO 3

Información y estadísticas generales sobre las dependencias de la Corona

Población	76.315 (Isla de Man – en 2001). 88.200 (Bailía de Jersey – en 2005). 63.267 (Bailía de Guernsey – en 2001).
Número de hombres por cada 100 mujeres	96 (Isla de Man – en 2001). 95 (Bailía de Jersey – en 2001). 98 (Bailía de Guernsey – en 2001).
Grupos étnicos	51% Jersey, 35% RU, 6% Portugal/Madeira, 3% Irlanda (Bailía de Jersey – en 2001). 60,8% Guernsey, 0,6% Jersey, 25,9% RU, 0,6% Irlanda, 1,8% Portugal, 1,5% otros países de la UE, 0,6% otros países de Europa, 2,3% otros países (Bailía de Guernsey – en 2001).
Porcentaje de población menor de 15 años	17,8% (Isla de Man – en 2001). 15,7% (Bailía de Guernsey –en 2001). 18% (Bailía de Jersey – en 2001).
Porcentaje de población mayor de 65 años	16,7% (Isla de Man – en 2001). 15,5% (Bailía de Guernsey – en 2001). 16,6% (Bailía de Jersey – en 2001).
Porcentaje de población residente en zonas urbanas	72,6% (Isla de Man – en 2001). 50% aprox. (Bailía de Jersey – en 2005). 27,6% (Bailía de Guernsey – en 2001).
Religión	Cristiana (mayoritaria), musulmana y judía (Bailía de Guernsey).
PIB	1.300 millones de libras (Isla de Man – en 2003-2004). 2.700 millones de libras (Bailía de Jersey – en 2005). 1.500 millones de libras (Bailía de Guernsey – en 2004).
PIB per cápita	17.309 libras (Isla de Man – en 2003-2004). 30.900 libras (Bailía de Jersey – en 2005). 24.538 libras (Bailía de Guernsey – en 2004).
Inflación	4,2% (Isla de Man – en 2005). 3,1% (Bailía de Jersey – en 2005). 3,4% (Bailía de Guernsey – en 2006).
Déficit/Superávit público	14 millones de libras (Isla de Man – en 2004-2005). 39,2 millones de libras (Bailía de Jersey – en 2005). 9,2 millones de libras (Bailía de Guernsey – en 2004).
Deuda pública	117.261 millones de libras (Bailía de Jersey – en 2005).
Tasa de empleo	98% (Isla de Man – en 2001). 82% (Bailía de Jersey – en 2001). 99% (Bailía de Guernsey – en 2006).
Idiomas	Inglés, gaélico manés (Isla de Man). Inglés y francés (Bailía de Jersey). Inglés y francés normando (Bailía de Guernsey).
Esperanza de vida	76,3 – H; 80,7 – M (Isla de Man – en 2001). 77 – H; 82 – M (Bailía de Jersey – en 2004). 77,5 – H; 82,1 – M (Bailía de Guernsey – en 2001).
Mortalidad infantil – Número de fallecimientos de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos	3,6 (Isla de Man –en 2000-2004). 2,1 (Bailía de Jersey – en 2004). 4,5 (Bailía de Guernsey –en 1999-2003).
Tasa de fecundidad	56,7 (Isla de Man – en 2000-2004). 51,3 (Bailía de Jersey – en 2004). 46,6 (Bailía de Guernsey – en 2001).

B. Estructura política general

5.El Reino Unido es una democracia parlamentaria y una monarquía constitucional. La Constitución británica no se presenta como un documento único, sino que tiene su origen en distintas fuentes escritas y no escritas que giran en torno a la soberanía del Parlamento. Entre las fuentes escritas figuran la legislación del Reino Unido, el common law (jurisprudencia), la legislación de las Comunidades Europeas, las sentencias del Tribunal de justicia europeo y la doctrina. En cuanto a las fuentes no escritas, cabe citar las convenciones constitucionales y la ley y la costumbre parlamentarias.

6.Si bien la Constitución no establece una separación estricta entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), la reforma reciente de la Oficina del Gran Canciller y la creación inminente de un Tribunal Supremo independiente de la asamblea legislativa han representado de alguna manera un cambio en ese sentido. El poder legislativo reside en el Parlamento del Reino Unido (Westminster) como órgano legislativo supremo (con excepción del derecho de las Comunidades Europeas). El Parlamento de Westminster está formado por el monarca reinante (Reina o Rey del Parlamento), la Cámara de los Comunes (elegidos por el sistema de mayoría relativa o escrutinio uninominal mayoritario) y la Cámara de los Lores, que está integrada principalmente por miembros designados. Las leyes del Parlamento disponen que la legislación aprobada por la Cámara de los Comunes, en su calidad de cámara elegida, deberá convertirse en ley, con independencia de las reservas que pueda formular al respecto la Cámara de los Lores.

7.La legislación primaria se presenta al Parlamento en forma de “proyectos de ley”. A continuación, el proceso legislativo comprende varias etapas de examen en ambas Cámaras y la consideración por cada una de ellas de las enmiendas realizadas por la otra, y culmina con la etapa oficial de la sanción real otorgada por el monarca (momento en que el proyecto de ley se convierte en “ley”). La legislación secundaria suele ser elaborada por el ministro competente, que utiliza las facultades previstas en la legislación primaria, pero abarca igualmente otras formas de legislación, como la redactada en virtud de competencias vinculadas a la prerrogativa real o los reglamentos aprobados por las autoridades municipales.

8.Los poderes de prerrogativa son los poderes residuales de la Corona, cuyo ejercicio no está sujeto al derecho parlamentario. Esas facultades se han restringido en muchos aspectos, excepto en ámbitos como la ratificación oficial de tratados internacionales y la expedición y retirada de pasaportes del Reino Unido. No obstante, el Gobierno rinde cuentas ante el Parlamento de todos sus actos. El Gobierno está formado por miembros del partido que cuenta con la mayoría en la Cámara de los Comunes y es responsable ante el Parlamento en relación con todas las cuestiones. Todos los ministros deben ser miembros de una de las dos Cámaras del Parlamento. El Primer Ministro es el ministro principal del gobierno y es “primus inter pares” o el primero entre iguales. Además, el Primer Ministro es oficialmente responsable de la administración pública, el cuerpo administrativo permanente de funcionarios públicos que sirve al gobierno con independencia de la filiación política del partido que lo encabece. La autoridad jurídica de la administración pública dimana formalmente del monarca por conducto de un decreto dictado en virtud de la prerrogativa real.

9.Los jueces y tribunales ejercen el poder judicial en nombre del monarca. A través del proceso de revisión judicial, la magistratura puede examinar la actuación del poder ejecutivo y la legislación secundaria por motivos de ilegalidad, irracionalidad o irregularidad de forma. Sin embargo, de acuerdo con el principio de soberanía parlamentaria, el poder judicial no puede revocar una ley del Parlamento británico por considerarla inconstitucional o porque no cumpla las obligaciones en materia de derechos humanos. La Ley de derechos humanos preserva la soberanía parlamentaria, pero autoriza a los tribunales a señalar las incompatibilidades de la legislación primaria. En la Ley se exige a los tribunales que, en la medida de lo posible, interpreten toda la legislación de un modo que sea compatible con los derechos del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales expuestos en dicha Ley. Ahora bien, si ello no fuera posible, toda incompatibilidad de la legislación primaria podrá dar lugar a una “declaración de incompatibilidad”, mientras que toda incompatibilidad de la legislación secundaria podrá conducir a su revocación.

10.Mediante la Ley de Escocia de 1998 y la Ley del Gobierno de Gales de 1998 y 2006 se inició el proceso de transferencia de competencias del Parlamento de Westminster al Parlamento Escocés y a la Asamblea Nacional de Gales. Gracias al Acuerdo de Belfast, concertado en Irlanda del Norte en abril de 1998 y aprobado mediante referéndum el mes siguiente, también se abrió el camino para la transferencia de competencias a Irlanda del Norte por conducto de la Ley de Irlanda del Norte de 1998.

11.El Reino Unido se encarga de la defensa y la representación internacional de las dependencias de la Corona y además está habilitado para legislar en ellas. El Reino Unido respeta el derecho de las dependencias de la Corona a la autonomía en la gestión de sus asuntos internos y generalmente sería contrario a la convención constitucional ejercer la facultad de legislar en esos territorios. No obstante, el Gobierno británico conserva la competencia para ello a fin de proteger tanto sus intereses nacionales e internacionales como los de las dependencias de la Corona.

12.Los territorios británicos de ultramar también conservan un régimen constitucional especial. Esos territorios son los siguientes: Anguila, las Bermudas, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Falkland, Gibraltar, Montserrat, las Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno, Santa Elena y sus dependencias (la Isla Ascensión y Tristán de Cunha), las Islas Georgia y Sandwich del Sur, las Bases Aéreas soberanas de Akrotiri y Dhekelia en Chipre y las Islas Turcas y Caicos. Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no se aplica en Anguila, el Territorio Antártico Británico, el Territorio Británico del Océano Índico, las Islas Georgia y Sandwich del Sur ni las Bases Aéreas soberanas de Akrotiri y Dhekelia en Chipre. Los territorios británicos de ultramar disfrutan de un nivel considerable de autonomía de gobierno. El Gobernador, que es el representante personal del monarca, asume la responsabilidad directa de todos los asuntos que no se encomienden expresamente a las autoridades locales (en particular, la defensa y las relaciones exteriores).

C.Marco jurídico general de protección de los derechos humanos

13.Como se indicó en el anterior informe periódico, el Gobierno británico sigue firmemente decidido a promover los derechos humanos. Ello incluye dar efecto a los derechos consagrados en los instrumentos internacionales que ha ratificado.

14.La Ley de derechos humanos de 1998 incorpora en la legislación del Reino Unido los derechos y libertades fundamentales consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En consecuencia, actualmente los ciudadanos pueden invocar directamente los derechos enunciados en ese Convenio ante los tribunales británicos.

15.La Ley de derechos humanos entró plenamente en vigor el 2 de octubre de 2000 y funciona en tres vertientes. En primer lugar, impone a todas las autoridades públicas (incluidos el gobierno central y los gobiernos locales, la policía y los tribunales) la obligación legal de actuar de forma compatible con los derechos consagrados en el Convenio y permite entablar acciones judiciales en un juzgado o tribunal británico contra toda autoridad que no actúe de esa forma. En segundo lugar, exige que toda la legislación se interprete y aplique de modo compatible con los derechos reconocidos en el Convenio. Si ello fuera imposible, los tribunales superiores podrán declarar formalmente que la legislación es incompatible con el Convenio (si se trata de legislación primaria) o revocarla (si es secundaria). Si bien la declaración formal de incompatibilidad no afecta a la validez, aplicación continua y observancia de la legislación, podría conllevar el recurso a un decreto de corrección, que es un procedimiento especial que autoriza a los ministros a modificar las disposiciones conflictivas o a aprobar una nueva legislación de enmienda. El ministro que presente un proyecto de ley al Parlamento deberá declarar que, a su juicio, el proyecto es compatible con los derechos protegidos en el Convenio o bien que no puede afirmar que es compatible pero que de todas formas desea que la Cámara siga adelante con dicho proyecto. Por último, en la Ley se insta a los juzgados y tribunales británicos a tener siempre en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al pronunciarse sobre las cuestiones que se planteen en relación con los derechos enunciados en el Convenio.

16.La Ley de Escocia de 1998, en virtud de la cual se creó el Parlamento escocés, exige a los ministros escoceses que actúen respetando los derechos protegidos en el Convenio y autoriza a los tribunales nacionales a revocar toda legislación que no sea compatible con él.

17.Las presuntas víctimas de violaciones de los derechos humanos conservan el derecho de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de agotar los recursos internos.

18.La Ley de igualdad de 2006 prevé la creación de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos (CEHR). Una vez nombrado, ese nuevo órgano independiente proporcionará información y asesoramiento, elaborará códigos de práctica y efectuará investigaciones en los ámbitos de la igualdad y la diversidad y los derechos humanos. Como se indica en la Ley, los objetivos generales de la Comisión serán asegurar que la capacidad de la gente de desarrollar su potencial no se vea limitada por los prejuicios ni la discriminación, que se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, que se respete la dignidad y valía de todos los individuos, que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad y que los grupos se respeten mutuamente sobre la base del entendimiento y la valoración de la diversidad y el respeto común de la igualdad y los derechos humanos.

D. Información y publicidad

19.El Gobierno tiene la voluntad de dar a conocer mejor y promover la importancia de los derechos humanos particularmente, aunque no exclusivamente, entre los organismos públicos (comprendido el gobierno central y los gobiernos locales, los servicios de salud, la policía y las fuerzas armadas). La Ley de derechos humanos califica de ilegal el hecho de que un organismo público actúe de manera incompatible con un derecho protegido en el Convenio Europeo, a menos que ello se le exija en virtud de legislación primaria que no pueda interpretarse de otro modo. El carácter progresista del Convenio se pone de manifiesto en la afirmación de que los derechos protegidos en él se “reconocen a toda persona” y en la doctrina de obligaciones positivas que están elaborando el tribunal de Estrasburgo y, con cada vez más frecuencia, los tribunales británicos. A raíz de ello, se pide a los organismos públicos que, como cuestión de derecho, adopten un enfoque dinámico en lugar de reactivo al aplicar la Ley de derechos humanos. En la práctica, ello significa que al tomar decisiones sobre los derechos de las personas, inclusión hecha de las decisiones que afectan a su propio personal, los organismos públicos deberán tener presentes los principios relativos a los derechos humanos cuando establezcan y presten todos sus servicios.

20.En 2004 se efectuó un examen estratégico intergubernamental de la situación de los derechos humanos en el Gobierno central, que ofreció la oportunidad de comparar experiencias dentro de los ministerios y entre ellos. Como consecuencia de ese examen, el Gobierno ha restablecido la red de personas de contacto encargadas de los derechos humanos en los ministerios, que ha tomado la iniciativa alentando la difusión de las buenas prácticas. La red también constituye un medio de reafirmar mensajes esenciales y de poner en conocimiento de los funcionarios de policía las novedades que se produzcan en el campo de los derechos humanos. El Gobierno está planeando igualmente impartir una formación sobre derechos humanos más amplia a los funcionarios públicos.

21.Tras la publicación de “Review of the Implementation of the Human Rights Act” [Examen de la aplicación de la Ley de derechos humanos] en julio de 2006 (véase supra), el Gobierno lleva a cabo una gran campaña de sensibilización a los derechos humanos, que abarca la elaboración de un nuevo manual sobre el tema dirigido a los organismos públicos, titulado “Human Rights: Human Lives” [Derechos humanos: vidas humanas]. Ese manual se distribuyó a los participantes de dos conferencias celebradas en Manchester y Londres en octubre de 2006 para suscitar la toma de conciencia acerca de los derechos humanos entre el personal no jurídico de los organismos públicos e iniciarlo a los procesos de reflexión característicos que se requieren para alcanzar un equilibrio entre los derechos de la persona, los derechos de los demás y los intereses de la comunidad en general. La campaña comprende asimismo una estrategia de comunicación más dinámica en el campo de los derechos humanos a fin de poner en entredicho los mitos que rodean al ejercicio de los derechos humanos en el Reino Unido. Además, el Gobierno tiene el propósito de sensibilizar a la población a los derechos humanos mediante varios actos públicos, en colaboración con los Archivos Nacionales, y gracias a una mejor coordinación con la labor de las ONG. El Gobierno ha creado un Grupo Ministerial para velar por que los ministerios y organismos cuyas tareas impliquen decisiones relativas a la seguridad del público analicen y revisen con carácter urgente las orientaciones y la formación que imparten al personal.

Publicaciones

22.Desde 1998, el Gobierno del Reino Unido publica un Informe anual sobre los derechos humanos en el que se presenta un panorama de los países que suscitan mayor preocupación y de la protección de los derechos humanos en Europa y el resto del mundo, y se tratan determinados tipos de derechos humanos y la promoción general de la democracia, la igualdad y la libertad en todo el mundo.

23.En la actualidad el Gobierno elabora y seguirá publicando, si se solicita, el folleto titulado “An Introduction to Human Rights” [Introducción a los derechos humanos], que puede obtenerse en 10 idiomas. También se seguirá editando la publicación “The Human Rights Act – A Guide for People with Learning Difficulties” [La Ley de derechos humanos: guía para las personas con dificultades de aprendizaje], al tiempo que se revisará el contenido y la utilidad de la guía “The Human Rights Act – a Guide for Government Departments” [La Ley de derechos humanos: guía para los ministerios].

24.En julio de 2004, el Gobierno publicó el “Interdepartmental Review of International Human Rights Instruments” [Examen interministerial de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos]. El 7 de marzo de 2002 se anunció que se llevaría a cabo ese examen para analizar la posición del Reino Unido respecto de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos a la luz de la experiencia de la aplicación de la Ley de derechos humanos, la posibilidad de utilizar los recursos existentes en el país, y la legislación y la práctica de otros Estados Miembros de la Unión Europea (UE). Las principales conclusiones del examen fueron las siguientes:

Por primera vez, el Reino Unido reconoció el derecho de los ciudadanos británicos a presentar peticiones ante las Naciones Unidas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Gobierno decidió aceptar ese Protocolo Facultativo para que le permitiera examinar de modo más empírico las ventajas derivadas del derecho a presentar peticiones individuales que existe en el marco de varios tratados de las Naciones Unidas;

El Reino Unido debería ratificar el Protocolo Nº 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad en los Estados signatarios.

25.En julio de 2006, el Gobierno publicó el estudio titulado “Review of the Implementation of the Human Rights Act”.[Examen de la aplicación de la Ley de derechos humanos]. El propósito del estudio era evaluar la Ley de derechos humanos, centrándose en sus repercusiones en el derecho británico y la formulación de políticas, y determinando al mismo tiempo los mitos e ideas erróneas acerca de los derechos humanos en el Reino Unido. En el estudio se llegó a las siguientes conclusiones:

El Gobierno sigue firmemente decidido a promover el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y a asegurar que éste se aplique en el derecho británico por medio de la Ley de derechos humanos.

El Gobierno procederá a un examen exhaustivo de la manera en que la policía y los servicios de puesta en libertad condicional o provisional y penitenciarios encuentran un equilibrio entre la protección del público y los derechos individuales y, de ser necesario, legislará para velar por que se dé la prioridad a la protección del público.

Se fomentará la prestación de servicios de orientación y formación en materia de derechos humanos más satisfactorios y coherentes en el seno del Gobierno, haciendo especial referencia a los ámbitos en los que actualmente se carece de esa orientación.

El Gobierno revisará y reforzará las orientaciones generales sobre los derechos humanos destinadas a los administradores del sector público, haciendo particular hincapié en los argumentos referentes a la seguridad.

El Gobierno deberá adoptar un planteamiento dinámico, estratégico y coordinado de los litigios sobre los derechos humanos, de modo que tenga la mayor influencia posible en la futura jurisprudencia en el marco de la Ley de derechos humanos.

El Gobierno organizará una campaña para cerciorarse de que el público y el sector público en general están mejor informados de las ventajas que la Ley de derechos humanos reporta a la gente corriente, y demoler muchos de los mitos que han surgido en torno a los derechos protegidos por el Convenio.

26.Desde julio de 2006, el Gobierno publica el boletín trimestral “Human Rights Newsletter” [Boletín de derechos humanos], que complementa el Informe anual sobre los derechos humanos. En ese boletín se exponen a grandes rasgos las prioridades del Gobierno en el campo de los derechos humanos internacionales.

27.En octubre de 2006, el Gobierno publicó una edición revisada de la publicación “A Guide to the Human Rights Act 1998” [Guía de la Ley de derechos humanos de 1998], que se puede consultar en línea y en formato impreso. La guía está dirigida a los profanos y constituye un memorándum útil para los organismos públicos. Las ediciones anteriores también tuvieron mucho éxito entre los estudiantes. Además, se trata de una guía comprensible para el público en general.

Internet

28.El Gobierno del Reino Unido administra páginas dedicadas a los instrumentos nacionales e internacionales relativos a los derechos humanos en los sitios web del Ministerio de Asuntos Constitucionales y la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth:

Ministerio de Asuntos Constitucionales http://www.dca.gov . u k/peoples- r ights/human-rights/index.htm

Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth http://www.fco.go v .uk/servl e t/ F ront?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1007029393564

Educación

29.El programa “Impetus” [Impulso] se dirige a los jóvenes de todo el Reino Unido y tiene por objeto promover los derechos y deberes humanos en las escuelas, universidades, organizaciones juveniles y comunidades. Los participantes estudian cuáles son y deberían ser los valores comunes y adquieren la confianza y el coraje necesarios para ponerlos en práctica. Esos valores, a saber, el respeto mutuo, la honradez y la integridad, el trato equitativo, la libertad individual y la responsabilidad personal, reflejan los que sirven de base a la Ley de derechos humanos.

30.A principios de 2005, el Gobierno se dirigió al Instituto Británico de Derechos Humanos para proceder a un estudio a fin de conocer mejor los medios que podrían brindarse a las escuelas y ser utilizados por éstas para promover entre los jóvenes la Ley de derechos humanos en particular y la reflexión sobre el tema en general, y proponer maneras en que el Gobierno podría reforzar su colaboración en ese campo. Un informe sobre ese estudio ha dado lugar a una serie de recomendaciones. Algunas de ellas se refieren directamente a la preparación de material, otras al contexto de los derechos humanos en la educación y varias a la elaboración a largo plazo de un enfoque escolar completo de los derechos humanos. El Gobierno seguirá intensificando las alianzas estratégicas con las principales organizaciones e instancias encargadas de impartir la educación, como el Instituto Británico de Derechos Humanos, para ofrecer distintas oportunidades de aprendizaje en las escuelas.

E. Situación de las declaraciones, reservas y suspensiones

31.El Reino Unido ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 20 de mayo de 1976. La ratificación se hace extensiva a las dependencias de la Corona y a los siguientes territorios británicos de ultramar: las Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Falkland, Gibraltar, Montserrat, las Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno, Santa Elena y sus dependencias (Isla Ascensión y Tristán de Cunha), y las Islas Turcas y Caicos.

32.Se invita al Comité a tomar nota de lo siguiente:

Declaraciones:

Se mantiene la declaración sobre el párrafo 3 del artículo 1.

Reservas:

Se han de considerar nulas las reservas al artículo 13, al párrafo 3 del artículo 23 y al párrafo b) del artículo 25 y la reserva general relativa a Rhodesia del Sur porque se formularon respecto de territorios sobre los cuales el Reino Unido ejercía su soberanía en el pasado, pero que ahora son Estados independientes.

Actualmente se está examinando la reserva al artículo 11.

Se mantiene la reserva al apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, pero se considera nula para las Islas Gilbert y Tuvalu porque ahora son Estados independientes.

Se mantienen las reservas al artículo 10, a los párrafos 1 y 4 del artículo 12, al artículo 20 y al párrafo 3 del artículo 24 y la reserva general con objeto de conservar la disciplina de los miembros de las fuerzas armadas y los presos, por los motivos indicados en los cuadros que figuran más abajo.

Suspensiones:

El 22 de agosto de 1984 se puso fin a la suspensión del artículo 9, los párrafos 2 y 3 del artículo 10, el párrafo 1 del artículo 12, el artículo 14, el artículo 17, el párrafo 2 del artículo 19, el artículo 21 y el artículo 22, declarada el 17 de mayo de 1976.

La suspensión del párrafo 3 del artículo 9, pronunciada el 23 de diciembre de 1988, se retiró el 26 de febrero de 2001 para el Reino Unido, y el 17 de mayo de 2006 para las dependencias de la Corona.

El 14 de marzo de 2005 se puso fin a la suspensión del artículo 9 pronunciada el 18 de diciembre de 2001.

33.En los cuadros 4, 5 y 6 que figuran a continuación se resume la situación de las declaraciones, reservas y suspensiones establecidas por el Reino Unido tras la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

CUADRO 4

Declaraciones

Artículo del Pacto	Declaraciones	Situación	Motivos de la posición
Artículo 1.3 - “Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.”	En caso de conflicto entre las obligaciones que impone al Reino Unido el artículo 1 del Pacto y las obligaciones que ha contraído en virtud de la Carta, prevalecerán las obligaciones que le impone la Carta.	Mantenida.	El Gobierno estima necesario aclarar que no se ha de interpretar que el artículo 1 del Pacto le impone mayores obligaciones en la administración de sus territorios de ultramar que la propia Carta de las Naciones Unidas.

CUADRO 5

Reservas

Artículo del Pacto	Reservas	Situación	Motivos de la posición
Artículo 10 -“1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho a aplicar a los miembros de las fuerzas armadas de la Corona, y a las personas que presten servicio en dichas fuerzas y a las personas recluidas conforme a derecho en establecimientos penitenciarios de cualquier índole las leyes y procedimientos que pueda de vez en cuando considerar necesarios para conservar la disciplina del servicio o del establecimiento penal, y su aceptación de las disposiciones del Pacto se hace con la salvedad de las restricciones que para esos efectos puedan ocasionalmente ser autorizadas por ley. Cuando no se disponga de instalaciones penitenciarias adecuadas o se considere que la convivencia de adultos y menores pueda ser beneficiosa para unos y otros, el Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de no aplicar los párrafos 2 b) y 3 del artículo 10, en la medida en que tales disposiciones exigen que en los establecimientos penitenciarios los menores estén separados de los adultos, y a no aplicar el párrafo 2 a) del artículo 10 en	Mantenida.	La reserva sigue siendo necesaria porque, si bien la inmensa mayoría de los menores detenidos están separados de los adultos (y de hecho, en 2000 el Servicio Penitenciario de Inglaterra y Gales creó un complejo para menores de 18 años a fin de permitir una mayor separación de ese grupo de presos), excepcionalmente puede ser preciso internar a un joven en un establecimiento para adultos por motivos de seguridad, en función del delito cometido o para satisfacer las necesidades particulares de esa persona. La reserva se debe mantener para Escocia porque los menores que han cumplido los 16 años conviven con presos de hasta 21 años de edad en los centros penitenciarios juveniles de Escocia. En Irlanda del Norte los menores están separados de los adultos, en la medida de lo posible, pero por razones prácticas, ello no siempre es viable. Ello es especialmente cierto en el caso de las mujeres reclusas, habida cuenta del reducido numero de mujeres (entre 15 y 20) que permanecen internadas simultáneamente en las cárceles de Irlanda del Norte
2.b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”.	Gibraltar, Montserrat y las Islas Turcas y Caicos en la medida en que exige que los procesados estén separados de los condenados.
Artículo 11 – “Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de no aplicar el artículo 11 en Jersey.	En curso de examen.	El 2 de agosto de 2006, la Bailía de Jersey pidió al Gobierno que retirase la reserva al artículo 11 en su nombre. Actualmente el Gobierno está examinando esa petición.
Artículo 12.1 y 4 – “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de interpretar las disposiciones del párrafo 1 del artículo 12 relativas al territorio de un Estado en el sentido de que se aplican separadamente a cada uno de los territorios que componen el Reino Unido y sus dependencias. El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de seguir aplicando las leyes de inmigración que rigen la entrada y la estancia en el Reino Unido, y la salida de él, que de vez en cuando se consideren necesarias y, en consecuencia, su aceptación del párrafo 4 del artículo 12 y de las demás disposiciones del Pacto se hace con la salvedad de las disposiciones de toda legislación relativa a las personas que en la fecha no tienen derecho con arreglo a las leyes del Reino Unido a entrar y permanecer en el Reino Unido. El Reino Unido se reserva análogo derecho en lo que respecta a cada uno de sus territorios dependientes.	Mantenida.	Existen dudas acerca de la interpretación correcta de los términos “territorio de un Estado” y “propio país”. La finalidad de la Ley de inmigración de 1971 y la legislación conexa es controlar la inmigración en el Reino Unido, comprendida la procedente de los territorios británicos de ultramar (que en general asumen la responsabilidad de sus controles de inmigración). El derecho a entrar y residir en el territorio metropolitano del Reino Unido se reserva a los ciudadanos británicos. Los nacionales británicos (ultramar), los ciudadanos de los territorios británicos de ultramar, los ciudadanos británicos de ultramar, los ciudadanos bajo protección británica y (en general) los súbditos británicos pueden solicitar el pasaporte británico y la protección consular pero, a menos que posean simultáneamente la nacionalidad británica, no pueden residir en ese territorio. La reserva protege esas disposiciones.
Artículo 13 – “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de no aplicar el artículo 13 en Hong Kong en la medida en que confiere el derecho a someter a revisión una decisión de expulsar a un extranjero y el derecho de hacerse representar con tal fin ante la autoridad competente.	Nula.	El Reino Unido ya no es responsable de las reservas formuladas respecto de territorios en los que ejercía la soberanía en el pasado, pero que ahora son Estados independientes.
Artículo 14. 3 d) – “A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de no aplicar o no aplicar íntegramente la garantía de asistencia gratuita de un defensor prevista en el párrafo 3 d) del artículo 14 en la medida en que la falta de letrados hace imposible la aplicación de tal garantía en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Falkland, las Islas Gilbert, el grupo de Islas Pitcairn, Santa Elena y sus dependencias y Tuvalu.	Mantenida. (Nula para las Islas Gilbert y Tuvalu).	La falta de letrados hace imposible la aplicación de tal garantía en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, las Islas Falkland, el grupo de Islas Pitcairn, y Santa Elena y sus dependencias.Las Islas Gilbert y Tuvalu son ahora Estados independientes, por lo que es nula la reserva formulada en su nombre.
Artículo 20 –“1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. 2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.”	El Gobierno del Reino Unido interpreta el artículo 20 de modo compatible con los derechos reconocidos en los artículos 19 y 21 del Pacto y habiendo promulgado una legislación sobre cuestiones de carácter práctico en interés del orden público, se reserva el derecho de no establecer nuevas disposiciones legales. El Reino Unido se reserva análogo derecho respecto de sus territorios dependientes.	Mantenida.	No se ha previsto promulgar una nueva legislación en este campo.
Artículo 23. 3 – “3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de aplazar la aplicación del párrafo 3 del artículo 23 en lo que respecta a un pequeño número de matrimonios de derecho consuetudinario en las Islas Salomón.	Nula.	El Reino Unido ya no es responsable de las reservas formuladas respecto de territorios en los que ejercía la soberanía en el pasado, pero que ahora son Estados independientes.
Artículo 24. 3 –“3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de promulgar las leyes sobre nacionalidad que en ocasiones considere necesarias para reservar la adquisición y posesión de la ciudadanía en virtud de tales leyes a las personas que tengan una vinculación suficiente con el Reino Unido o con cualesquiera de sus territorios dependientes y, en consecuencia, la aceptación por el Reino Unido del párrafo 3 del artículo 24 y de las demás disposiciones del Pacto se hace con la salvedad de lo dispuesto en esas leyes.	Mantenida.	En el Pacto no se mencionan las circunstancias en que surgirá el “derecho a adquirir una nacionalidad” ni la identidad del Estado al que, en cada caso particular, incumbirá la obligación de asegurar el respeto de ese derecho. Existen varias restricciones legales a la capacidad de los menores de adquirir la nacionalidad británica, que están en consonancia con las obligaciones que impone al país la Convención de las Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia de 1961. La reserva se considera necesaria para garantizar que toda obligación contraída en virtud del Pacto (en particular el artículo 24.3) no prevalecerá sobre ellas.
Artículo 25 b) –“b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas , auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores.”	El Gobierno del Reino Unido se reserva el derecho de no aplicar el apartado b) del artículo 25 en la medida en que pueda exigir el establecimiento de un Consejo Ejecutivo o Legislativo elegido en Hong Kong.	Nula.	El Reino Unido ya no es responsable de las reservas formuladas respecto de territorios en los que ejercía la soberanía en el pasado, pero que ahora son Estados independientes.
Reserva general	La ratificación no excluye las leyes y procedimientos destinados a conservar la disciplina de los miembros de las fuerzas armadas y los presos.	Mantenida.	Se ha modificado una serie de procedimientos disciplinarios de las fuerzas armadas para armonizarlos con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, especialmente en relación con la celebración de los juicios sumarios y los consejos de guerra. Pese a ello, algunos aspectos del Pacto podrían influir en la eficacia operacional de las fuerzas armadas del Reino Unido si se retirara la reserva actual. Las exigencias de la vida militar podrían imposibilitar la separación de los delincuentes juveniles (que no serán menores de 16 años en el caso de las fuerzas armadas) de los adultos. El párrafo 1 del artículo 12 es incompatible con la exigencia inevitable de que el personal de las fuerzas reciba la orden de acudir a un lugar determinado o permanecer en él. En el artículo 21 se consagra el derecho de “reunión pacífica”, pero éste no es compatible con la ética de disciplina de las fuerzas armadas (ello se reconoce en el artículo 11 del Convenio, que se refiere a ese mismo asunto). En la mayoría de las situaciones operacionales se exigirá el uso de un solo idioma (inglés) y, por tanto, las disposiciones de carácter lingüístico del artículo 27 podrían plantear problemas en las fuerzas armadas. Para asegurar la eficacia operacional de las fuerzas armadas es vital conservar su disciplina, dondequiera que se desplieguen, y ya sea en épocas de paz o de conflicto. Por ese motivo, la reserva debe mantenerse en su formulación actual.
Reserva general	El Gobierno del Reino Unido declara que las disposiciones del Pacto no se aplicarán a Rhodesia del Sur mientras no ponga en conocimiento del Secretario General de las Naciones Unidas que está en condiciones de asegurar la plena aplicación de las obligaciones impuestas por el Pacto con respecto a ese territorio.	Nula.	El Reino Unido ya no es responsable de las reservas formuladas respecto de territorios en los que ejercía la soberanía en el pasado, pero que ahora son Estados independientes.

CUADRO 6

Suspensiones

Artículo del Pacto	Suspensión	Situación	Motivos de la posición
Artículos 9, 10.2, 10.3, 12.1, 14, 17, 19.2, 21 y 22.	SUSPENSIÓN (17 de mayo de 1976) El Gobierno del Reino Unido notifica a los demás Estados Partes en el presente Pacto, de conformidad con el artículo 4, su intención de adoptar y seguir aplicando disposiciones que suspenden las obligaciones que ha contraído en virtud del Pacto. En los últimos años han tenido lugar en el Reino Unido campañas de terrorismo organizado en relación con los asuntos de Irlanda del Norte que se han manifestado, entre otros hechos, en homicidios, tentativas de homicidio, mutilaciones, intimidación y desórdenes públicos violentos, así como explosiones de bombas e incendios, que han ocasionado muertes, lesiones y destrucción generalizada de bienes. Esta situación constituye una situación excepcional en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 del Pacto. Esta situación excepcional se inició con anterioridad a la ratificación del Pacto por el Reino Unido y, en ocasiones, se han promulgado disposiciones legislativas al respecto. El Gobierno del Reino Unido ha considerado necesario (y en algunos casos sigue considerando necesario) asumir poderes, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, para la protección de la vida, la protección de la propiedad y la prevención de las alteraciones del orden público, incluido el ejercicio de poderes de detención y prisión y de exclusión. En la medida en que ello sea incompatible con lo dispuesto en los artículos 9, 10.2, 10.3, 12.1, 14, 17, 19.2, 21 ó 22 del Pacto, el Reino Unido suspende por la presente las obligaciones que ha contraído en virtud de estas disposiciones.	Retirada el 22 de agosto de 1984.
Artículo 9 –“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley con arreglo al procedimiento establecido en ésta. 2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella. 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. 4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal. 5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.”	SUSPENSIÓN (23 de diciembre de 1988)El Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha estimado necesario adoptar o mantener medidas que suspenden en ciertos aspectos el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del artículo 9 del Pacto. Las personas sobre las que recaigan sospechas razonables de participación en actos de terrorismo relacionados con la situación en Irlanda del Norte, o con delitos contemplados en la legislación y que hayan estado detenidas durante 48 horas, podrán ser retenidas sin presentación de cargos durante períodos de hasta cinco días, siempre que lo autorice el Ministro. A pesar del fallo emitido el 29 de noviembre de 1988 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso de Brogan y otros, el Gobierno ha considerado necesario seguir ejerciendo las atribuciones descritas anteriormente, si bien en la medida estrictamente necesaria que se derive de las exigencias de la situación, a fin de que las pesquisas e investigaciones necesarias puedan realizarse de manera adecuada y completa con miras a decidir si deben iniciarse actuaciones penales. Esta notificación se proporciona por cuanto tales medidas pueden no ajustarse al párrafo 3 del artículo 9 del Pacto.	Retirada el 26 de febrero de 2001 (para el Reino Unido).Retirada el 17 de mayo de 2006 (para la Bailía de Jersey, la Bailía de Guernsey y la Isla de Man).
	SUSPENSIÓN (18 de diciembre de 2001)Situación excepcional en el Reino Unido Los ataques terroristas cometidos en Nueva York, Washington, D.C. y Pensilvania el 11 de septiembre de 2001 causaron la muerte de varios miles de personas, entre ellas muchas víctimas británicas y otras de 70 países diferentes. En sus Resoluciones 1368 (2001) y 1373 (2001), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció que esos actos de terrorismo constituían una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La amenaza procedente del terrorismo internacional persiste. En su Resolución 1373 (2001), el Consejo de Seguridad, actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pidió a todos los Estados que adoptaran las medidas necesarias para prevenir la comisión de actos de terrorismo, inclusive denegando refugio a quienes financian, planifican y cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos. En el Reino Unido, la amenaza terrorista procede de las personas sospechosas de participar en el terrorismo internacional. Concretamente, se sospecha que ciudadanos extranjeros presentes en el Reino Unido están involucrados en la comisión o preparación de actos de terrorismo internacional o en la incitación a ellos, son miembros de organizaciones o grupos que están envueltos en ese tipo de actos o mantienen relaciones con miembros de esas organizaciones o grupos, y constituyen un peligro para la seguridad nacional. Por tanto, el Reino Unido se encuentra en una situación excepcional, en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 del Pacto. La Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuenciaComo consecuencia de la situación excepcional, la Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia prevé, entre otras cosas, una facultad ampliada para arrestar y detener a ciudadanos extranjeros, que se ejercerá cuando se haya de expulsar o deportar a personas del Reino Unido, pero no se pueda proceder de momento a la expulsión o deportación, en cuyo caso la detención sería ilegal en el marco de las atribuciones conferidas por el derecho interno vigente. La facultad ampliada de arresto y detención se aplicará cuando el Secretario de Estado haya expedido un certificado, en el que indique que, a su juicio, la presencia de la persona en el Reino Unido pone en peligro la seguridad nacional y que sospecha que dicha persona es un terrorista internacional. Se podrá presentar un recurso de apelación contra ese certificado ante la Comisión especial de apelación en materia de inmigración, creada en virtud de la Ley sobre la Comisión especial de apelación en materia de inmigración de 1997, que estará habilitada para anularlo si estima que no se debería haber emitido. Se podrán interponer recursos de apelación contra las decisiones de la Comisión sobre cuestiones de derecho. Además, la Comisión examinará periódicamente el certificado. También podrá conceder la libertad bajo fianza, cuando proceda, con determinadas condiciones. El detenido podrá poner fin a su detención en todo momento si acepta abandonar el territorio del Reino Unido. La facultad ampliada de arresto y detención prevista en la Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia es una medida estrictamente necesaria que se deriva de las exigencias de la situación. Se trata de una disposición temporal que entra en vigor para un período inicial de 15 meses y después expira, a menos que sea renovada por el Parlamento. A partir de entonces, está sujeta a su renovación anual por el Parlamento. Si en cualquier momento, el Gobierno considera que la situación excepcional ha dejado de existir o que la facultad ampliada ya no es una medida necesaria que se deriva de las exigencias de la situación, el Secretario de Estado podrá revocar la disposición mediante decreto. Facultades de detención en virtud del derecho interno (distintas de las previstas en la Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia) En virtud de la Ley de inmigración de 1971 ("la Ley de 1971"), el Gobierno está habilitado para expulsar o deportar a personas alegando que su presencia en el Reino Unido no es conducente al bien común por motivos de seguridad nacional. Asimismo, esas personas pueden ser arrestadas y detenidas con arreglo a los anexos 2 y 3 de la Ley de 1971 en espera de su expulsión o deportación. Los tribunales del Reino Unido han sostenido que esta facultad de detención sólo podrá ejercerse durante el período necesario para efectuar la expulsión, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y que, si resulta evidente que la misma no podrá realizarse en un plazo razonable, la detención será ilegal. (R v Governor of Durham Prison, ex parte Singh [1984] All ER 983). Artículo 9 del Pacto En algunos casos, cuando subsista la intención de expulsar o deportar a una persona por motivos de seguridad nacional, la prolongación de su detención podría ser incompatible con el artículo 9 del Pacto. Por ejemplo, ello podría ocurrir si el interesado demuestra que, si es expulsado a su país, corre el peligro de recibir un tratamiento contrario al artículo 7 del Pacto. En ese caso, con independencia de la gravedad del riesgo que la persona en cuestión representa para la seguridad nacional, se reconoce comúnmente que las obligaciones internacionales del Reino Unido prohíben que se expulse o deporte al interesado a un lugar en que exista un riesgo real de que reciba un tratamiento contrario a ese artículo. Si de momento no existen ningún otro destino alternativo, tal vez no se pueda expulsar o deportar a la persona inmediatamente, aunque lo que se pretenda sea expulsarla o deportarla en cuanto se tomen las disposiciones apropiadas. Además, es posible que no se pueda enjuiciar a la persona por un delito penal, habida cuenta de las reglas estrictas que rigen la admisibilidad de las pruebas en el sistema de justicia penal del Reino Unido y del elevado nivel de pruebas de cargo exigido.Suspensión en el marco del artículo 4 del Pacto El Gobierno ha examinado si el ejercicio de la facultad ampliada de detención prevista en la Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia podría ser incompatible con las obligaciones dimanantes del artículo 9 del Pacto. En la medida en que el ejercicio de la facultad ampliada podría ser incompatible con las obligaciones que incumben al Reino Unido en virtud del artículo 9, el Gobierno ha decidido valerse del derecho de suspensión que confiere el párrafo 1 del artículo 4 del Pacto y seguirá haciéndolo hasta nuevo aviso.	Retirada el 14 de marzo de 2005.

II. información SOBRE LAS DISPOsicIones sustantivas

A. Respuesta a las observaciones finales (Reino Unido y territorios británicos de ultramar )

Introducción

34.En noviembre de 2002, el Reino Unido presentó una respuesta inicial en relación con los párrafos 6, 8, 11, 23, 37 y 38 de las observaciones finales del Comité. En esta sección del informe se analizarán los demás motivos de preocupación expresados por el Comité y no se hará referencia a los párrafos que se trataron en la respuesta de 2002, a menos que sea necesario facilitar información actualizada.

35.En cuanto al párrafo 6 de las observaciones finales (“El Estado Parte debe velar por que cualesquiera medidas que adopte [para luchar contra las actividades terroristas] cumplan plenamente con las disposiciones del Pacto, inclusive, en su caso, con las disposiciones en materia de suspensión que figuran en el artículo 4 del Pacto”), es preciso proporcionar información actualizada con posterioridad a la publicación del informe provisional del Reino Unido de 2002.

Órdenes de control

36.En un informe provisional dirigido al Comité de Derechos Humanos en noviembre de 2002, el Gobierno expuso el contexto general de la aprobación de la Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia y la correspondiente “certificación” (calificación como tales) de las personas consideradas sospechosas de terrorismo y su detención en virtud del Título 4 de dicha Ley. Desde entonces se han revocado las facultades previstas en el Título 4 mencionado y se ha introducido un nuevo sistema de órdenes de control en la Ley de prevención del terrorismo de 2005, que se resume a continuación.

37.Las facultades previstas en el Título 4 eran facultades excepcionales en materia de inmigración que autorizaban al Ministro del Interior a declarar sospechosos de terrorismo, y por lo tanto a detener, a los ciudadanos extranjeros que presuntamente estuvieran involucrados en el terrorismo internacional y que se consideraran un peligro para la seguridad nacional pero que no pudieran ser expulsados del Reino Unido. El principal motivo por el que no podían ser expulsados era la posibilidad de que, confrontados a la expulsión, alegaran que si volvían a sus países de origen correrían el riesgo real de padecer torturas o tratos inhumanos, en cuyo caso el Reino Unido infringiría el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Dado que probablemente la detención en esas circunstancias era contraria al artículo 5 del Convenio Europeo y al artículo 9 del Pacto, el Reino Unido suspendió esos artículos (de conformidad con el artículo 15 del Convenio y el artículo 4 del Pacto).

38.Estas facultades se utilizaron con moderación, ya que sólo 17 personas fueron declaradas sospechosas de terrorismo en virtud de la Ley de 2001: 16 fueron detenidas por ese motivo, y una fue declarada sospechosa de terrorismo pero fue detenida por otros conceptos. (Dos de las 16 que fueron detenidas con arreglo a las facultades del Título 4 decidieron marcharse del Reino Unido). Las personas que habían sido declaradas sospechosas de terrorismo podían apelar ante la Comisión especial de apelación en materia de inmigración, y los 17 interesados ejercitaron su derecho. La Comisión vio 16 apelaciones y la restante ha sido retirada recientemente. En las 16 apelaciones que resolvió, la Comisión confirmó la decisión del Ministro del Interior de declarar sospechosas de terrorismo a todas esas personas, salvo una. Las resoluciones de las diez primeras apelaciones se pronunciaron de manera conjunta. Se autorizó a los apelantes a recurrir las decisiones ante el Tribunal de Apelación. Su caso fue oído en julio de 2004 y el correspondiente fallo fue pronunciado el 11 de agosto de 2004. El Tribunal de Apelación confirmó la posición adoptada por el Ministro del Interior.

39.También se impugnó separadamente ante los tribunales la legalidad de la suspensión solicitada en relación con las facultades previstas en el Título 4 de la Ley de 2001. El 30 de julio de 2002, la Comisión especial confirmó la conclusión del Ministro del Interior de que las facultades contempladas en el Título 4 constituían una respuesta necesaria y proporcionada del Gobierno a la situación excepcional que ponía en peligro la vida de la nación en el sentido del artículo 15 del Convenio Europeo y el artículo 4 del Pacto. No obstante, la Comisión estimó que las disposiciones de la Ley eran discriminatorias y contrarias al artículo 14 del Convenio, en la medida en que permitían la detención de sospechosos de terrorismo internacional de una manera que los discriminaba por su nacionalidad. El Tribunal de Apelación revocó esa decisión el 25 de octubre de 2002 (confirmando al mismo tiempo la conclusión del Ministro del Interior de que las facultades contempladas en el Título 4 constituían una respuesta necesaria y proporcionada del Gobierno a la situación excepcional que ponía en peligro la vida de la nación).

40.Posteriormente el caso se sometió a la Cámara de los Lores. El 16 de diciembre de 2004 los magistrados concluyeron que el artículo 23 de la Ley de 2001 era incompatible con los artículos 5 (privación de libertad) y 14 (prohibición de discriminación) del Convenio Europeo, alegando que la detención de nacionales extranjeros sospechosos era discriminatoria y desproporcionada porque a) las medidas sólo afectaban a los extranjeros y b) no podía afirmarse que las medidas menos severas que la detención no afrontaran adecuadamente la amenaza que representaban los terroristas internacionales. En resumen, concluyeron que, si bien existía una situación excepcional que ponía en peligro la vida de la nación, las medidas no eran estrictamente necesarias de acuerdo con las exigencias de la situación porque eran desproporcionadas y discriminatorias.

41.Tras ese fallo, el Gobierno británico actuó con prontitud para presentar una nueva ley (la Ley de prevención del terrorismo de 2005). La Ley de 2005 derogó los artículos 21 a 32 de la Ley de seguridad de 2001 e introdujo un nuevo sistema de órdenes de control. Ulteriormente, el Reino Unido retiró la suspensión de los artículos mencionados del Convenio y el Pacto.

42.Las órdenes de control son órdenes preventivas mediante las que se impone una o varias obligaciones a una persona con objeto de prevenir, restringir o impedir su participación en actividades relacionadas con el terrorismo. Se pueden aplicar a toda persona, de nacionalidad británica o extranjera, cuando el Secretario de Estado tenga motivos fundados para sospechar que dicha persona está o ha estado involucrada en actividades terroristas y estima que ello es necesario para proteger al público contra el terrorismo.

43.La Ley de prevención del terrorismo establece dos tipos de órdenes: las “órdenes de control no restrictivas” de la aplicación de las normas del Convenio Europeo, mediante las cuales se imponen obligaciones que no deben equivaler a la privación de libertad en el sentido del artículo 5 del Convenio Europeo, y las “órdenes de control restrictivas”, que imponen obligaciones que implican la privación de libertad de conformidad con el Convenio. La Ley habilita al Secretario de Estado a dictar órdenes de control no restrictivas, mientras que la competencia para emitir las restrictivas incumbe exclusivamente a los tribunales. Hasta la fecha, el Gobierno no ha solicitado la suspensión del artículo 5 del Convenio y, a menos que lo haga y hasta que ello ocurra, no se podrán dictar órdenes de control restrictivas.

44.En el caso Secretario de Estado del Ministerio del Interior contra JJ y otros (1º de agosto de 2006), el Tribunal de Apelación confirmó la decisión del Tribunal Superior de anular seis órdenes de control no restrictivas, por estimar que imponían obligaciones que privaban a los afectados de su libertad en contravención del artículo 5 del Convenio y que, por tanto, habían sido dictadas ilegítimamente por el Secretario de Estado. El Gobierno del Reino Unido se propone recurrir el fallo del Tribunal de Apelación ante la Cámara de los Lores.

45.Las propias órdenes se fundan en una serie de opciones que pueden emplearse para hacer frente a actividades de terrorismo concretas caso por caso. Por ejemplo, se podrían adoptar medidas que van desde la prohibición del uso de equipos de comunicaciones hasta la restricción de la libertad de circulación de las personas. Ello permite que las órdenes se adapten a cada persona y que, por tanto, sean proporcionales a la amenaza que ésta plantea realmente. Resulta significativo que mediante las nuevas órdenes se trate de afrontar la amenaza sin internar al interesado en una cárcel. Ahora bien, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas por la orden de control sin una excusa razonable constituye un delito penal punible con una pena de prisión de hasta cinco años, una multa o ambas cosas.

46.En la legislación se prevén varias salvaguardias destinadas a proteger los derechos de la persona. Para dictar órdenes de control no restrictivas se precisa la autorización del tribunal, salvo en los casos urgentes. De ese modo, se asegura que todas las órdenes de control son objeto de un riguroso examen judicial independiente en las primeras etapas. Si el tribunal autoriza la emisión de la orden, la decisión se somete automáticamente a revisión tras la imposición de la misma. El interesado también tiene derecho a apelar contra cualquiera de las obligaciones contenidas en la orden. Cuando es posible, los documentos se examinan en una audiencia pública, en la que la persona controlada se hace representar por el defensor de su elección. Cuando se trate de documentos confidenciales (“documentos reservados”), se nombrará un defensor especial para representarla. Los procedimientos que tiene que seguir el defensor especial garantizan una representación justa de los intereses del apelante en los casos en que hay documentos reservados sin poner en peligro las fuentes ni los intereses de la seguridad nacional.

47.Como se ha dicho, en principio el Secretario de Estado debe solicitar la autorización del tribunal para imponer una orden de control no restrictiva. En los casos en que es necesario emitir una orden de control restrictiva, el Secretario de Estado (que no está facultado para emitirla por sí solo) deberá dirigirse al tribunal para que le autorice a dictar una orden de ese tipo contra una persona determinada.

48.Las propias órdenes de control están sujetas a estrictas limitaciones temporales. Las órdenes de control no restrictivas se emiten por un período de 12 meses, pero son renovables. Las órdenes de control restrictivas tienen seis meses de vigencia y también son renovables. Ambos tipos de órdenes pueden revocarse antes de su expiración.

49.La propia Ley está sometida a varias condiciones en materia de revisión y presentación de informes, entre las que se incluyen las siguientes:

la revisión anual de la totalidad de la Ley por parte de una personalidad independiente, que presentará un informe al Parlamento acerca de su aplicación. El 2 de febrero de 2006 Lord Carlisle publicó su informe sobre los nueve primeros meses de aplicación de la legislación de prevención del terrorismo;

la obligación del Ministro del Interior de informar al Parlamento cada tres meses sobre el ejercicio de las facultades. El Ministro del Interior presentó informes al respecto el 16 de junio de 2005, el 10 de octubre de 2005, el 12 de diciembre de 2005, el 13 de marzo de 2006, y el 12 de junio y el 11 de septiembre de 2006;

la exigencia de que la Ley se renueve una vez al año mediante votación en ambas Cámaras del Parlamento. La Ley fue renovada en ambas Cámaras del Parlamento el 15 de febrero de 2006.

50.El procesamiento judicial es, y seguirá siendo, el modo que prefiere el Gobierno para enfrentarse a los terroristas. Se seguirá otorgando la prioridad al procesamiento cuando sea posible, sin perjuicio de la necesidad preponderante de proteger fuentes y técnicas muy confidenciales. Sin embargo, a falta de la capacidad de procesar, es vital que los organismos encargados de hacer cumplir la ley puedan actuar para desbaratar y hacer cesar la participación en actividades terroristas.

Vuelos con fines de “entregas extraordinarias” de detenidos

51.Durante el período en que se preparó esta respuesta, las presuntas “entregas” de sospechosos de terrorismo suscitaron un gran interés entre el público. Tal vez desee el Comité tomar nota de las siguientes observaciones.

52.El Gobierno no ha aprobado ni aprobará ninguna política que facilite el traslado de personas a través del Reino Unido (comprendidos los territorios británicos de ultramar) a lugares en que existan motivos de peso para suponer que correrían un riesgo real de sufrir torturas. El Gobierno no contribuirá a ello en ningún caso si de ese modo infringe el derecho británico o las obligaciones internacionales.

53.Habida cuenta de la magnitud de la preocupación, a finales de 2005 y principios de 2006 el Gobierno examinó exhaustivamente los expedientes. El examen no reveló ninguna prueba de que se hubiera entregado a detenidos utilizando el territorio o el espacio aéreo del Reino Unido (o de los territorios británicos de ultramar) desde el 11 de septiembre de 2001. Tampoco existían indicios de que se hubiera utilizado el Reino Unido (o los territorios británicos de ultramar) desde 1997 para la entrega de detenidos a lugares donde hubiera motivos de peso para pensar que corrían un riesgo real de sufrir torturas. En 1998 se presentaron cuatro casos en que los Estados Unidos pidieron autorización para que se entregara a uno o varios detenidos a través del Reino Unido o sus territorios de ultramar. En dos de esos casos, el Gobierno accedió a la petición y en los otros dos la denegó. En los dos casos en que se aceptó la petición, las personas fueron trasladadas a los Estados Unidos para su enjuiciamiento por cargos de terrorismo y fueron condenadas posteriormente.

Uso de la tortura y memorandos de entendimiento sobre deportación con garantías

54.A raíz de las apelaciones presentadas por 10 de las personas declaradas sospechosas de terrorismo y detenidas en virtud de la Ley de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia, el Gobierno británico interpuso una apelación ante la Cámara de los Lores en relación con la utilización de las pruebas obtenidas mediante tortura. El 8 de diciembre de 2005, los magistrados dictaminaron que existía una norma de exclusión que impedía el uso de las pruebas obtenidas mediante tortura. Ese fallo tuvo sencillamente por efecto sustituir la política declarada del Gobierno británico, a saber, de no basarse en pruebas que presumiblemente se hayan obtenido bajo tortura, por una norma jurídica de exclusión.

55.Hasta la fecha, el Gobierno británico ha firmado memorandos de entendimiento sobre deportación con garantías con la Jamahiriya Árabe Libia, Jordania y el Líbano y está tratando con otros países del Norte de África y Oriente Medio.

56.Mediante los memorandos de entendimiento sobre deportación con garantías, el Gobierno se asegura de que se protegerán los derechos de las personas que son devueltas, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento humano, el acceso a atención médica y a una alimentación y vivienda adecuadas, de conformidad con las normas aceptadas internacionalmente, en particular el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (prohibición de la tortura o los tratos inhumanos o degradantes). Gracias a su especificidad, los memorandos de entendimiento, incluso en relación con personas determinadas, brindan un nivel de protección adicional superior al proporcionado por los acuerdos internacionales.

57.El Gobierno británico es responsable ante el público de tomar medidas para reducir la amenaza del terrorismo en el Reino Unido y de examinar todas las posibilidades a esos efectos. Los memorandos de entendimiento sobre deportación con garantías son un instrumento importante a este respecto, pues permiten al Gobierno expulsar a extranjeros que plantean una amenaza terrorista para el Reino Unido, proporcionando así un medio de impedir su actividad y limitar la amenaza contra la seguridad nacional.

Caso Ramzy

58. El Reino Unido, junto con Lituania, Portugal y Eslovaquia, intervinieron en el caso Ramzy contra los Países Bajos con miras a convencer al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de reconsiderar y revocar el fallo que había emitido en el caso Chahal contra el Reino Unido (1997) 23 EHRR 413. Al examinar si una expulsión sería incompatible con el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Tribunal había considerado que no era legítimo tener en cuenta lo que la persona pudiera haber hecho para justificar su expulsión ni sopesar los riesgos para la seguridad nacional si permanecía en el territorio en relación con los riesgos que corría la persona en caso de ser expulsada. El Reino Unido estima que, al examinar la compatibilidad de la expulsión, debería ser posible tener en cuenta los riesgos que representa la persona para la seguridad nacional. El Reino Unido interpreta las disposiciones del artículo 7 del Pacto de acuerdo con los mismos criterios.

59.El Gobierno opina que, al propugnar ese criterio de ponderación, no se cuestiona el carácter absoluto de la prohibición contenida en el artículo 3 del Convenio con respecto a un Estado contratante que somete a una persona al riesgo real de sufrir los malos tratos a que se hace referencia en el artículo 3. A juicio del Gobierno, en el contexto de la expulsión se evalúan los riesgos de malos tratos y se deben ponderar adecuadamente los derechos fundamentales de los ciudadanos y otros residentes de los Estados contratantes que están amenazados por el terrorismo. El Gobierno estima, pues, que es necesario y conveniente tener en cuenta todas las circunstancias de cada caso particular al decidir si la expulsión es compatible con el Convenio, ya que los aspectos relacionados con la seguridad nacional no se pueden descartar como si fueran irrelevantes en este contexto:

a)En cuanto al párrafo 7 de las observaciones finales (CCPR/CO/73/UK; CCPR/CO/73/UKOT) (“El Estado Parte debería considerar con prioridad cómo garantizar a las personas sujetas a su jurisdicción una protección eficaz y sistemática respecto de todos los derechos enunciados en el Pacto. Debe considerar con prioridad la posibilidad de adherirse al Primer Protocolo Facultativo.”), el Gobierno ha observado que lo que el Comité denomina la “obligación general” impuesta a los Estados Partes en el Pacto es la “de respetar los derechos reconocidos en el Pacto y de garantizar su disfrute a todos los individuos que se hallen en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción” sin discriminación. El Gobierno considera que esa obligación, como lo aclara muy bien el artículo 2 del Pacto, es fundamentalmente una obligación que asumen los Estados Partes desde el punto de vista territorial, es decir, con respecto a las personas que se hallen en el territorio y estén sujetas a la jurisdicción del Reino Unido;

b)En el párrafo 10 de la Observación general No. 31, el Comité ha indicado que puede haber circunstancias en que el Pacto ha de tener vigencia fuera del territorio del Estado Parte. El Gobierno opina que el Pacto sólo puede tener esa vigencia en casos muy excepcionales. El Gobierno ha tomado nota de la afirmación del Comité de que las obligaciones del Pacto se amplían a las personas “que estén bajo la autoridad o el control efectivo de las fuerzas del Estado Parte que actúen fuera de su territorio”.A pesar de que los términos utilizados por el Comité tal vez sean demasiado radicales y generales, el Gobierno está dispuesto a aceptar, tal como hizo en relación con la aplicación del Convenio Europeo, que en esas circunstancias las obligaciones que le impone el Pacto pueden aplicarse, en principio, a las personas detenidas por las fuerzas armadas británicas e internadas en centros de reclusión militares administrados por el Gobierno británico fuera del Reino Unido.

60.En 2004 el Gobierno analizó la cuestión del derecho facultativo de presentar reclamaciones a título personal en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el marco de un examen exhaustivo de la posición del Reino Unido respecto de los tratados internacionales relativos a los derechos humanos. El Gobierno publicó sus conclusiones el 22 de julio de 2004.

61.El Reino Unido procura ajustarse a esos tratados y ha previsto una protección eficaz en su ordenamiento jurídico. Existe una sólida legislación contra la discriminación, comprendida la discriminación contra las minorías étnicas y los discapacitados. Además, en la Ley de derechos humanos de 1998, que entró plenamente en vigor el 2 de octubre de 2000, se hacen efectivos en el Reino Unido los derechos civiles y políticos consagrados en el Convenio. Entre ellos figuran muchos de los derechos protegidos en esos tratados, derechos que se pueden invocar ante los tribunales nacionales británicos.

62.Al Gobierno británico no le parece absolutamente indispensable aceptar que se presenten reclamaciones a título personal ante las Naciones Unidas. No está clara la importancia práctica que éstas revisten para los ciudadanos y también se han de tener en cuenta los fondos públicos que deben invertirse para preparar informes acerca de la opinión del Gobierno sobre el tema objeto de la reclamación. Ello podría resultar útil si se hiciera abundante uso de las reclamaciones a título personal como medio para tratar de estudiar el significado legal de las disposiciones de los tratados, proceso que en cualquier caso no podría tener una conclusión jurídica porque el Comité de Derechos Humanos no es un tribunal.

63.A raíz del análisis, el Gobierno ha decidido aceptar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer para que le permita examinar de modo más empírico las ventajas derivadas del derecho a presentar reclamaciones a título personal con arreglo a los otros tres tratados de las Naciones Unidas. El Gobierno se propone hacer una reseña de esa experiencia dos años después de la entrada en vigor de ese Protocolo.

64.Por lo que se refiere al párrafo 8 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería aplicar, con especial urgencia, habida cuenta del paso del tiempo, las medidas necesarias para garantizar una rendición de cuentas cabal, transparente y creíble de las circunstancias de las violaciones del derecho a la vida en Irlanda del Norte.”) y tal como se indica en la información actualizada que se facilitó con posterioridad al informe provisional del Reino Unido de 2002, el Gobierno está resuelto a que, cuando existan graves denuncias de colusión, se elucide la verdad. Se investigaron las muertes de Robert Hamill, Billy Wright y Rosemary Nelson y se están tomando disposiciones para iniciar la investigación del fallecimiento de Patrick Finucane con arreglo a la nueva Ley de investigaciones de 2005. En las tres investigaciones emprendidas se cuenta con todas las competencias necesarias para sacar a la luz los hechos en su totalidad, y se procederá del mismo modo en la investigación del caso de Finucane.

65.El Gobierno es consciente del intenso dolor que muchos sienten debido al número de muertes que siguen sin resolverse. Muchas personas que han perdido a seres queridos todavía anhelan que se solucionen los casos y el Gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible por dar a esa gente la posibilidad de lograrlo. En marzo de 2005 el Gobierno anunció que se asignarían 32 millones de libras al Servicio de Policía de Irlanda del Norte para que examinara todas las muertes sin resolver provocadas por los disturbios producidos entre 1969 y 1998. Desde entonces se creó un nuevo Equipo de investigación histórica en el seno del Servicio de Policía con el fin de concluir los casos por medios judiciales o extrajudiciales a fin de dar satisfacción a las familias de las víctimas. El Equipo estará integrado por un conjunto de funcionarios del Servicio de Policía de Irlanda del Norte y funcionarios adscritos y/o jubilados.

66.En lo concerniente al párrafo 9 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería considerar la posibilidad de establecer una Comisión de Derechos Humanos capaz de ofrecer y garantizar recursos eficaces respecto de todas las presuntas violaciones de los derechos humanos enunciados en el Pacto.”) y como se ha señalado en el capítulo II.C del presente informe, la Ley de igualdad de 2006 prevé la creación de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos (CEHR). Una vez nombrado, ese nuevo órgano independiente proporcionará información y asesoramiento, preparará códigos de práctica y realizará investigaciones en los ámbitos de la igualdad, la diversidad y los derechos humanos. Como se indica en la Ley, los objetivos generales de la Comisión serán asegurar que la capacidad de la gente de desarrollar su potencial no se vea limitada por los prejuicios o la discriminación, que se respeten y protejan los derechos humanos de todas las personas, que se respete la dignidad y la valía de todos los individuos, que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad, y que los grupos se respeten mutuamente sobre la base del entendimiento y la valoración de la diversidad y el respeto común de la igualdad y los derechos humanos.

67.La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos podrá remitirse a todos los tratados sobre los derechos humanos, entre ellos el Pacto. Se puede interponer un recurso seguro y eficaz ante los tribunales británicos en caso de violación de la Ley de derechos humanos. La Comisión podrá presentarse ante los tribunales en nombre de las presuntas víctimas.

68.Actualmente el Parlamento escocés está examinando el proyecto de ley sobre el Comisionado escocés para los derechos humanos. Si se aprobara ese proyecto de ley, se creará un órgano que se ocupará de los asuntos de derechos humanos que se le remitan. El Comisionado se dedicará principalmente a promover el conocimiento, la comprensión y el respeto de los derechos humanos. Si el Parlamento decide aprobar el proyecto de ley, se prevé que el Comisionado podrá asumir sus funciones entre finales de 2007 y principios de 2008.

69.En relación con el párrafo 10 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería reconsiderar su ley por la que se priva a los presos convictos del derecho de voto.”), en el caso Hirst ((2006) 42 EHRR 41), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la legislación del Reino Unido relativa al voto de los presos convictos infringía sus derechos humanos. La sentencia plantea varios problemas complejos y espinosos que el Gobierno deberá examinar minuciosamente, en particular las medidas que habrían de adoptarse para ejecutar la sentencia. En breve se tomará una decisión sobre el camino a seguir.

Notificación de incidentes racistas dentro de las cárceles

70.En cuanto al párrafo 12 de las observaciones finales (“El Estado Parte debe alentar la transparencia en la notificación de los incidentes racistas dentro de las cárceles y velar por que ese tipo de incidentes se investigue rápida y eficazmente. Debe velar por que se implanten la debida disciplina y medidas preventivas para proteger a las personas particularmente vulnerables. Con ese objeto, el Estado Parte debe prestar especial atención a la mejora de la representación de las minorías étnicas en el cuerpo de policía y en los servicios carcelarios.”), los presos pueden presentar quejas de distintas maneras, por ejemplo, oralmente o por conducto de un tercero. El sistema oficial de peticiones y quejas y el formulario de notificación de incidentes racistas son los dos métodos utilizados habitualmente para comunicar esos incidentes. Ambos sistemas fueron objeto de una revisión exhaustiva después de que se celebraran consultas y se experimentaran nuevos procedimientos durante 1999-2000. Actualmente el Gobierno exige a todos los establecimientos que utilicen el “formulario de notificación de incidentes racistas” revisado para dejar constancia de todos los incidentes racistas y el “registro normalizado” para realizar el seguimiento de la información, y que faciliten a los directores de zona y otros responsables la información disponible sobre el alcance y la magnitud de los incidentes registrados.

71.En la política de relaciones raciales del Servicio de Prisiones de Escocia se expone el procedimiento para presentar quejas confidenciales sobre incidentes raciales. Todos los establecimientos tienen la obligación de emplear el “formulario de notificación confidencial de incidentes raciales” revisado para registrar todos los incidentes racistas. El Equipo de gestión e integración en materia de igualdad racial sigue de cerca todos los incidentes raciales y divulga las prácticas óptimas en todo el establecimiento.

72.A efectos de la notificación, el incidente racista se define como todo incidente que la víctima o cualquier otra persona considere racista. La voluntad del Gobierno de promover la igualdad racial exige que todo el personal, uniformado o no, luche con dinamismo contra las conductas racistas y conozca los procedimientos de notificación de los incidentes racistas. Cuando proceda, los funcionarios pueden rellenar el formulario en nombre de la víctima o de un testigo. El empleado encargado de las quejas transmite los informes orales y las cartas de reclamación que supuestamente contienen elementos racistas al oficial de enlace de relaciones raciales.

73.El Gobierno, que está realizando un proyecto para pasar revista a los procedimientos de reclamación y a los sistemas relativos a los incidentes racistas, estudia la posibilidad de fusionarlos en un solo sistema. Con ese fin, se analizarán las buenas prácticas observadas donde las quejas se tramiten correctamente. También se estudiará la posibilidad de efectuar un seguimiento independiente de las quejas y los datos sobre incidentes racistas. En la actualidad el Gobierno mantiene registros detallados de todos los incidentes violentos mediante un sistema de notificación nacional. Todos los establecimientos deben anotar los incidentes violentos en un sistema de recopilación centralizado, realizar análisis periódicos de los aspectos problemáticos y preparar un plan de acción para mejorar la seguridad del personal.

74.Se prosigue la segunda fase de la investigación pública de la muerte de Zahid Mubarek y el presidente de la investigación está examinando los ámbitos en que se produjeron deficiencias que permitieron la agresión contra Zahid. El Gobierno presentó una declaración escrita completa en la que se tratan varias cuestiones planteadas por el presidente y se exponen las políticas y prácticas vigentes del país en esos ámbitos. Dicha declaración se puede consultar en el sitio web de la investigación. Se recabaron declaraciones similares del Servicio de Tribunales y la Policía. También presentaron informes para la investigación otras partes, como la Comisión para la Igualdad Racial (CRE). En julio de 2005 el presidente visitó varios establecimientos penitenciarios y se organizaron grupos de discusión integrados por empleados durante el mismo período. Actualmente se está celebrando una serie de seminarios sobre asuntos como el racismo y la tolerancia religiosa y acerca de la relación entre el personal y los presos.

Representación de las minorías étnicas en los servicios de policía y de prisiones

75.En enero de 2005 el Gobierno publicó una nueva estrategia (“Mejorar las oportunidades, fortalecer la sociedad: Estrategia del Gobierno para promover la igualdad racial y la cohesión comunitaria”) a fin de definir y atender mejor las necesidades específicas de las distintas comunidades en sectores esenciales, como la educación, la salud, el empleo, la vivienda y la justicia penal. La estrategia gira en torno a las medidas prácticas y brinda un marco que ayuda al Gobierno a seguir colaborando con las empresas, los servicios públicos locales y las propias comunidades con objeto de continuar fomentando las oportunidades y la cohesión en Gran Bretaña durante los próximos tres años.

76.Los organismos de justicia penal, como los servicios de policía y de prisiones, persiguen el importante objetivo de “tranquilizar al público, reducir el miedo a la delincuencia y las conductas antisociales, y crear confianza en el sistema de justicia penal sin poner en peligro la imparcialidad”.

Servicio de Policía

77.Se han realizado importantes avances en el establecimiento de organismos y procedimientos más adecuados para hacer frente al racismo en la policía. Por ejemplo, el Gobierno ha creado la Comisión independiente de denuncias contra la policía y ha aplicado la inmensa mayoría de las recomendaciones del informe de investigación sobre la muerte del adolescente Stephen Lawrence en 1993. La Asociación de Jefes de Policía, apoyada por el Gobierno, ha prohibido al personal que se afilie al Partido Nacional Británico, a Combate 18 o al Frente Nacional, ya que los objetivos y declaraciones de esas entidades son incompatibles con las funciones de las fuerzas de seguridad en materia de igualdad racial. Una de las cinco prioridades principales de la policía durante los próximos tres años consistirá en “prestar un servicio de policía centrado en el ciudadano que responda a las necesidades de las comunidades y las personas e inspire la confianza del público en la policía, especialmente entre la población negra y los grupos de minorías étnicas’. Al llevar adelante esas metas durante los próximos tres años, el Gobierno se encargará de:

Establecer una nueva obligación legal de las autoridades policiales consistente en promover la diversidad en el seno de los miembros y la dirección de la fuerza de policía;

Seguir mejorando el proceso de contratación para asegurar que las actitudes de los candidatos hacia la raza y la diversidad se evalúan exhaustivamente como elemento esencial del proceso de selección. El Gobierno introducirá un nuevo requisito reglamentario en las Normas de contratación nacionales, esto es, que los grupos de evaluación y selección deberán reflejar sus ámbitos, comprendidos los miembros de las comunidades locales, y velar por que la población negra y los grupos de minorías étnicas locales estén adecuadamente representados;

Seguir impartiendo formación en relaciones comunitarias y raciales, basándose en la participación de más de 130.000 agentes desde la publicación del informe de investigación sobre Stephen Lawrence;

Utilizar mejor las facultades de interpelación y registro. En cooperación con una serie de interlocutores, el Gobierno está investigando la práctica de la interpelación y registro para cerciorarse de que se aplica de manera equitativa y apropiada a todas las comunidades. Un grupo comunitario independiente, presidido por Lord Victor Adebowale CBE, examinará esta labor y sus repercusiones en las comunidades, y una junta de ejecución, copresidida por Doreen Lawrence, supervisará la puesta en práctica. La policía seguirá haciendo constar el origen étnico de la persona interpelada y registrada para evaluar el modo en que estas facultades afectan a las distintas comunidades. El Gobierno deja claro que las facultades de interpelación y registro deben ejercerse de la manera menos burocrática posible;

Estudiar las conclusiones de la investigación sobre el racismo en la policía realizada por la Comisión para la Igualdad Racial, en colaboración con la policía. El Gobierno elaborará un plan de acción sobre la igualdad racial en el que se tratarán los problemas de empleo (un aspecto esencial de la investigación de la Comisión) y otros asuntos clave que son fundamentales para garantizar la igualdad racial y la diversidad. El Gobierno estudiará, junto con las partes interesadas, la manera en que las recomendaciones del informe de investigación Morris sobre los asuntos de empleo en el Servicio Metropolitano de Policía podrían aplicarse de modo más generalizado en todo el servicio de policía y tenerse en cuenta en relación con el programa de reforma de la policía.

78.El Servicio de Policía está aumentando constantemente el número de agentes de comunidades étnicas minoritarias que emplea. Al 31 de marzo de 2002, un total de 3.386 agentes de etnias minoritarias prestaban servicio en las 43 fuerzas de policía, lo que representa un incremento de 251 (8%) con respecto al 30 de septiembre de 2001 y de 410 (13,8%) en relación con el 31 de marzo de 2001. Muchas fuerzas de policía han reflexionado detenidamente y han recurrido a la imaginación para formular sus políticas y estrategias de contratación y ahora están recogiendo los frutos. La acción afirmativa contribuye a crear condiciones equitativas para todas las partes en beneficio de los grupos minoritarios que se han visto desfavorecidos, por ejemplo, debido a los sistemas y procedimientos de selección injustos. La mayoría de las fuerzas de policía están llevando a cabo iniciativas de acción afirmativa para restablecer el equilibrio y aumentar la contratación y, en última instancia, mejorar la representación global de las poblaciones étnicas minoritarias.

79.En septiembre de 2004, la Comisión para la Igualdad Racial de Escocia, con el apoyo del Ejecutivo Escocés, encargó un examen independiente sobre policía de proximidad y relaciones raciales en Escocia. En el informe se concluyó que las ocho fuerzas de policía habían cumplido sus obligaciones legales y que existía una voluntad clara de potenciar al máximo la confianza del público y de mejorar las relaciones comunitarias. A pesar de que en el informe se formularon 67 recomendaciones, era evidente que ello no debía interpretarse como un fracaso del sistema. Se desplegaron esfuerzos considerables para lograr avances y se han tomado medidas importantes que han situado al Servicio de Policía escocés por delante de otros muchos organismos públicos en su planteamiento de la diversidad. El informe constituye un paso importante para materializar el real empeño de la policía de mejorar sus relaciones con las comunidades étnicas minoritarias, y la aplicación de las recomendaciones que en él figuran preparará el terreno para entender mejor las necesidades de las minorías étnicas y velar por que las cuestiones relacionadas con la raza y la igualdad de oportunidades se integren plenamente en las estrategias de recursos humanos de la policía. La policía escocesa tiene la firme voluntad de asumir esa tarea y se han brindado orientaciones a las fuerzas de policía en el marco de la Estrategia sobre Diversidad de la Asociación de Jefes de Policía de Escocia (ACPOS). A mediados de 2002 esta última prestó asesoramiento detallado sobre contratación, conservación y perfeccionamiento del personal de la policía perteneciente a minorías étnicas.

80.Uno de los objetivos del Servicio de Policía es incrementar el número de agentes procedentes de minorías étnicas. Actualmente se exige a las fuerzas de policía escocesas que: a) determinen los motivos por los que el personal perteneciente a minorías étnicas abandona su empleo en el servicio de policía; b) recopilen información sobre la promoción de las perspectivas de carrera de los agentes procedentes de minorías étnicas; y c) faciliten datos acerca del número de agentes que han recibido una formación suficiente en materia de sensibilización a la diversidad. En Escocia las minorías étnicas son relativamente reducidas y, por tanto, las metas fijadas para las distintas fuerzas de policía son demasiado limitadas como para resultar válidas (las cifras serían de un dígito para todas las fuerzas de policía, con excepción de tres). En Escocia, al 31 de marzo de 2005, 184 funcionarios de policía (1,1%) y 13 agentes especiales (1,1%) procedían de la población negra y las minorías étnicas. El Ejecutivo Escocés no piensa fijar metas fundamentales para la contratación de las fuerzas de policía escocesas, pero se ha asegurado de que se acopien y publiquen anualmente cifras sobre la proporción de agentes pertenecientes a las minorías étnicas para seguir de cerca los cambios en ese campo. El Servicio de Policía escocés se toma muy en serio las denuncias de racismo contra sus agentes e investiga minuciosamente todas esas reclamaciones. En 2004-2005 se presentó un total de 4.992 denuncias contra agentes de policía y 71 de ellas se referían a comportamientos de discriminación racial, de las cuales sólo una fue confirmada.

Servicio de Prisiones

81.A fin de mejorar la gestión de la igualdad racial en el Servicio de Prisiones, se está ejecutando el plan de acción titulado “Hacer realidad la igualdad racial en las cárceles: Programa común para el cambio”. La primera fase del plan se finalizó en 2005 y actualmente el Servicio de Prisiones está trabajando en la segunda fase. Mediante la ejecución de ese plan de acción y la labor definida en el Plan de igualdad racial para el Servicio de Prisiones, comprendida la finalización de las evaluaciones de las repercusiones de la igualdad racial, se asegura que la igualdad racial se integre en todas las facetas de su actividad.

82.La mayor representación de la población negra y las minorías étnicas es vital para la actividad del Servicio de Prisiones. La representación global de esos grupos es del 5,6% de toda la plantilla. Se calcula que esa representación aumentará al 5,7% en abril de 2006 con respecto al objetivo del 6%. La representación ha aumentado paulatinamente durante varios años. Desde que se introdujeron las metas de empleo en 1999, el Servicio ha realizado progresos satisfactorios y constantes para que la fuerza de trabajo sea más representativa de las comunidades a las que atiende. La información, los datos y los análisis presentados en el estudio trimestral sobre el origen étnico elaborado por el Equipo de planificación de recursos humanos contribuyen a destacar y precisar los aspectos que ha de abordar el Servicio. Ello permite seguir constantemente los progresos y los esfuerzos realizados para alcanzar las metas fijadas.

83.El Servicio de Prisiones escocés sigue progresando en lo que respecta al mayor número de candidaturas de grupos insuficientemente representados y ha utilizado varios enfoques para poner de relieve la diversidad de las carreras en el servicio. El 95% de los agentes ha recibido una formación en materia de igualdad y diversidad, que abarca un módulo sobre igualdad racial. El presente año el Servicio de Prisiones ha introducido una meta de perfeccionamiento permanente sobre igualdad y diversidad en el marco del Sistema de gestión del rendimiento del personal.

84.En lo que respecta al párrafo 13 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería adoptar medidas apropiadas para asegurar que su vida pública refleje mejor la diversidad de su población.”), el Gobierno tiene la firme voluntad de construir una sociedad segura, justa y tolerante para todos en el Reino Unido, sin discriminación por motivos de raza, religión o creencia, género, orientación sexual, discapacidad o edad. Como se ha dicho, en enero de 2005 el Gobierno elaboró una nueva estrategia (“Mejorar las oportunidades, fortalecer la sociedad: Estrategia del Gobierno para promover la igualdad racial y la cohesión comunitaria”), en la que se explican las medidas que va a tomar para asegurar que su vida pública refleje mejor la diversidad de su población. En ella se tratarán los aspectos que se describen a continuación:

La educación: Centrarse en los alumnos cuyo rendimiento escolar sigue siendo insuficiente

85.El Gobierno tiene la voluntad de brindar las mismas oportunidades educativas a todos los niños. Mediante la Estrategia integrada para el desarrollo de aptitudes, el Gobierno aspira a proporcionar a todo joven una base sólida, transmitiéndole las competencias que necesitará en la vida adulta y en el mundo del trabajo, y a los adultos oportunidades para seguir perfeccionando sus especialidades. Ese es el eje en torno al cual el Gobierno está concibiendo tareas específicas para ayudar a los niños desfavorecidos de la población negra y las minorías étnicas, así como a otros grupos postergados.

86.Se están extendiendo considerablemente los centros infantiles “Sure Start” (Buen comienzo), en los que se ofrece educación preescolar y puericultura, apoyo a las familias, servicios médicos, orientación laboral y ayuda especializada en un mismo lugar. En la actualidad existen 909 centros, en marzo de 2008 ese número aumentará a 2.500 y en 2010 se dispondrá de 3.500 centros en toda Inglaterra, uno por comunidad. En el marco de su objetivo consistente en atender a los desfavorecidos, se espera que los centros presten servicios que tengan en cuenta las necesidades de los niños pertenecientes a la población negra y las minorías étnicas. Las investigaciones muestran que la asistencia a guarderías y jardines de infancia de los niños de esos grupos y minorías, especialmente los pertenecientes a familias de Bangladesh y el África negra, es menor en comparación con la población total. En la Guía práctica de los centros infantiles “Sure Start” se proporciona asesoramiento e información complementaria, comprendida documentación de estudios de casos sobre la manera de hacer participar a las familias procedentes de minorías étnicas en la concepción y prestación de los servicios y de colaborar con ellas a esos efectos. El Gobierno velará por que todos los servicios “Sure Start” destinados a la primera infancia sean apropiados, pertinentes y accesibles para todas las comunidades y por que se contrate a más personas de la población negra y los grupos de minorías étnicas en el cuerpo docente.

87.El Gobierno está intensificando sus actividades en las escuelas para luchar contra las consecuencias de las penurias de las familias en los resultados escolares. El programa “Aiming High” [Aspirar a mucho] se ocupa principalmente de satisfacer las necesidades de los alumnos de la población negra y las minorías étnicas y de aquéllos para los que el inglés es un idioma adicional, concentrándose en los grupos cuyos resultados son deficientes. Hoy día algunos grupos de alumnos, como los de ascendencia china e india, logran mejorar en términos generales, mientras que otros del África negra y de origen caribeño, bangladeshí y pakistaní, especialmente los varones, siguen rezagados y constituirán la prioridad del Gobierno durante los próximos tres años. Ello ocurre igualmente en el caso de los alumnos gitanos y nómadas. El programa abarca los siguientes aspectos:

La reforma de la subvención por mérito para estudiantes de minorías étnicas, de modo que la subvención por un valor de 162 millones de libras esté más orientada a fines específicos y se concentre en mayor medida en los ámbitos en que las necesidades son mayores;

El apoyo a los alumnos para los que el inglés es un idioma adicional. El inglés es un idioma adicional para el 10% aproximadamente de todos los alumnos de Inglaterra. El Gobierno está procurando que esos alumnos reciban ayuda mediante la creación de un diploma nacional para los profesores que enseñan el inglés como idioma adicional;

La mejora de los resultados escolares de los alumnos de la población negra y las minorías étnicas que rinden menos de lo exigido. Al determinar y difundir las buenas prácticas a través de un programa piloto ejecutado en 30 escuelas secundarias, el Gobierno está definiendo métodos para mejorar los resultados de los alumnos de origen afrocaribeño.

88.El Gobierno también velará por que en 2006-2007 ingresen en el cuerpo docente al menos un 10,5% de nuevos profesores pertenecientes a la población negra y los grupos de minorías étnicas. El censo de nuevos docentes del Organismo de formación y perfeccionamiento para las escuelas indica que en 2005 cerca de 3.379 estudiantes que ingresaron en la formación inicial de docentes procedían de una minoría étnica. Ello representa más del 10% de los estudiantes admitidos cuyo origen étnico se conoce, lo que supone un incremento de 1.638 alumnos (94%) desde 2001-2002. Uno de los grandes logros de los últimos años ha sido el aumento considerable de la participación de los jóvenes de esas minorías en la enseñanza postsecundaria y superior (hasta el punto de que los índices de participación en la educación superior rebasan los de la mayoría de la población), aunque los estudiantes tienden a agruparse en un número relativamente reducido de instituciones principalmente nuevas. Gracias a las alianzas que ha establecido entre la enseñanza superior, las escuelas y las facultades, el programa “Aiming Higher” [Aspirar a la enseñanza superior] se ocupará de los jóvenes superdotados y talentosos que viven en zonas marginadas, comprendidos los pertenecientes a la población negra y los grupos de minorías étnicas, para que sean conscientes de que pueden aspirar a cursar sus estudios en las grandes universidades. Con ese fin, se organizan actividades como las escuelas de verano, las sesiones de estudio de fin de semana o nocturnas y las visitas a universidades.

89.En diciembre de 2005 el Gobierno publicó un Libro Verde sobre el tema “Reducir la reincidencia mediante el desarrollo de aptitudes y el empleo”. En el documento se presentan propuestas y se solicitan opiniones sobre la manera de aumentar la motivación y el compromiso de los delincuentes, alentándolos así a participar en actividades de formación que conduzcan al empleo. Al estudiar los obstáculos que dificultan la participación de determinados grupos de delincuentes, se han de adoptar enfoques flexibles. A veces ciertos grupos de delincuentes (por ejemplo, las minorías étnicas, las mujeres, los discapacitados, las personas de edad, los menores y los jóvenes adultos delincuentes) podrían no querer o poder participar en la formación o en la preparación para el empleo. Las causas de ello pueden ser, entre otras, las malas experiencias anteriores de educación o empleo, los problemas de acceso debido a la dificultad de aprendizaje o la discapacidad, las cuestiones relacionadas con la educación presencial tradicional o las prioridades personales que entran en competencia. Otros obstáculos son los problemas de madurez y de conducta, que convendría resolver parcialmente primero y abordar más a fondo en el marco del programa de aprendizaje y formación que se ofrece.

90.En lo concerniente a los delincuentes procedentes de la población negra y las minorías étnicas, éstos están excesivamente representados en el sistema de justicia penal. De acuerdo con las estadísticas sobre el tratamiento de los delincuentes publicadas por el Ministerio del Interior en 2004, el 25% de la población penitenciaria pertenecía a un grupo étnico minoritario. Concretamente, es más probable que los presos negros y asiáticos asistan a cursos de enseñanza y formación en las cárceles que los blancos. Sin embargo, según un estudio sobre la fuerza de trabajo en 2002-2003, dado que generalmente en sus comunidades se registra el doble de desempleo, los delincuentes de esos grupos y minorías pueden enfrentarse a escollos adicionales al encontrar y conservar un empleo. En consecuencia, las propuestas que figuran en el documento para mejorar la preparación, las aptitudes y, en última instancia, el empleo de todos los delincuentes podrían revestir particular importancia para los grupos minoritarios.

91.Es igualmente importante ocuparse de los delincuentes en el contexto de otras prioridades gubernamentales esenciales. Los alumnos delincuentes realizan una aportación considerable al objetivo nacional de preparación para la vida con miras al fomento de la alfabetización, la lengua y el cálculo. Si se aumenta la eficacia de la educación para delincuentes, el Gobierno tendrá más posibilidades de alcanzar el objetivo nacional consistente en reducir en un 40% el número de adultos trabajadores que carecen del nivel 2 de la Calificación profesional nacional o una calificación equivalente antes de 2010. Por último, el hecho de colocar a los delincuentes en un empleo ayuda al Gobierno a aumentar las tasas de empleo y a conseguir las metas específicas de empleo para los trabajadores menos calificados, las zonas más desfavorecidas y los grupos étnicos minoritarios.

92.El Ejecutivo Escocés está resuelto a promover la igualdad en el ámbito de la educación. Para contribuir a alcanzar ese objetivo, acopia anualmente una serie de datos, que abarcan estadísticas sobre el número de alumnos, el número de docentes, los niveles de instrucción y las exclusiones. Esos datos, que se desglosan en varias categorías, entre ellas el origen étnico y el género, se observan atentamente para asegurar que reflejan todas las tendencias y modalidades que vayan surgiendo. El principal objetivo del Ejecutivo es aumentar el rendimiento escolar de los alumnos cuyos resultados son más deficientes, con miras a mejorar el promedio de las calificaciones del 20% de los alumnos de S4 (último curso de enseñanza secundaria) que obtienen los resultados más bajos. En el plan de “Escuelas ambiciosas y excelentes” se define el programa de acción para forjar y conservar el rendimiento y la ambición en el sistema educativo, inculcar la confianza y grandes aspiraciones a todos los niños y jóvenes y aumentar las oportunidades de que transformen su destino. En el marco de ese programa, el Ejecutivo está llevando adelante varias iniciativas para promover activamente la igualdad en la esfera de la enseñanza, fomentar el rendimiento y ayudar a cada alumno a desarrollar toda su capacidad potencial, con independencia de su género, origen étnico o medio social. Esas iniciativas consisten, entre otras cosas, en realizar investigaciones sobre el género y el rendimiento de los alumnos, las estrategias utilizadas para hacer frente a las desigualdades entre los géneros en las escuelas y las experiencias de los alumnos de minorías étnicas en las escuelas; en formular orientaciones para gestionar los incidentes racistas; en aplicar la Ley de educación de 2004 (apoyo complementario para el aprendizaje) (Escocia) y la disposición que en ella figura acerca de los alumnos que tienen el inglés como segundo idioma; en despertar el interés de los alumnos gitanos y nómadas por la educación; y en seguir asistiendo a las autoridades encargadas de la educación en sus funciones en virtud de la Ley (Enmienda) de relaciones raciales de 2000.

El mercado de trabajo: Respuestas más adaptadas a las necesidades de grupos específicos

93.Se ha elaborado la primera estrategia de empleo de las minorías étnicas en la que participan todos los sectores del Gobierno. La estrategia se divide en tres temas generales y en cada uno de ellos se estudian los principales factores que redundan en perjuicio del empleo de las minorías étnicas:

Vincular a la gente con el trabajo – El Gobierno ayudará a los grupos étnicos minoritarios desfavorecidos a entrar en contacto con el mercado de trabajo durante los tres próximos años del siguiente modo:

a)Brindando orientación a los que buscan trabajo y a los empleadores. Los asesores laborales especializados proporcionan apoyo y consejos prácticos a los empleadores acerca de las cuestiones de igualdad racial y colaboran con ellos para determinar maneras de asegurar que sus prácticas de contratación llegan a una gama variada de empleados potenciales. Mediante el programa de divulgación en favor de las minorías étnicas se coopera con las organizaciones comunitarias para entablar relaciones con las personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios que buscan empleo y se presta una orientación y un apoyo adaptados;

b)Experimentando nuevas asociaciones establecidas en el plano local. El Grupo Nacional de Empleo ha puesto en marcha la iniciativa Ciudades justas, que engloba un conjunto de alianzas piloto entre las empresas, las autoridades locales y el sector del voluntariado cuyo objetivo será transmitir a las personas aptitudes que correspondan a las necesidades de los empleadores;

c)Creando incentivos para buscar empleo. El Gobierno está poniendo a prueba la prima de búsqueda de empleo para las parejas. De ese modo, se abona un pago semanal de 20 libras a las parejas que no trabajan de las familias de bajos ingresos para ayudarles a sufragar los gastos que genera la búsqueda de empleo. Ese programa piloto está dirigido a las parejas en general, pero el Gobierno espera que sea particularmente útil para experimentar maneras de ayudar a los grupos étnicos minoritarios, en los que las tasas de empleo son especialmente bajas y abundan las familias en las que sólo trabaja una persona mal remunerada;

Capital humano – El programa de preparación para la vida mejorará las nociones básicas de cálculo y lengua de al menos 1,5 millones de adultos en 2007. En ese contexto más general, el Gobierno se orientará hacia grupos clave con carácter prioritario e intentará garantizar que los programas de desarrollo de aptitudes existentes y nuevos satisfacen plenamente las necesidades de las comunidades étnicas minoritarias como elemento integrante de su labor;

Igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo – El Gobierno tomará la iniciativa, por ejemplo, en la promoción de la diversidad y el progreso de las minorías étnicas en el lugar de trabajo. Para ello, todos los ministerios ejecutarán planes a fin de mejorar sus sistemas de contratación y ascenso de los miembros de grupos étnicos minoritarios.

La salud: Reducir las desigualdades en materia de salud y prestar servicios culturalmente apropiados

94.La acción del Gobierno destinada a atender las necesidades de salud de determinadas comunidades étnicas minoritarias desfavorecidas se lleva a cabo en el contexto de su campaña encaminada a mejorar la salud en general y a reducir las desigualdades. Se ha establecido un nuevo marco de resultados para el Gobierno en el que se exige que se tomen en cuenta las distintas necesidades y desigualdades existentes en la población local sobre la base de un programa sistemático de verificación de la igualdad en materia de salud y de evaluación de las repercusiones de la igualdad. De esa forma, los organismos de la administración local pueden orientar las actividades en función de las necesidades observadas y se ayuda a las entidades a hacer frente a las desigualdades de la población negra y los grupos de minorías étnicas en el acceso a los servicios y en los resultados sanitarios. Por ejemplo, para luchar contra la elevada y desproporcionada prevalencia de las enfermedades cardíacas entre la población originaria de Asia meridional y ayudar a los correspondientes trabajadores sanitarios, el Gobierno publicó un conjunto de instrumentos sobre prácticas óptimas titulado “Las enfermedades cardíacas y las personas originarias de Asia meridional”. A través de una campaña de educación sobre el tabaco de varios millones de libras se está contribuyendo a abordar el problema del gran número de fumadores entre la población negra y los grupos de minorías étnicas, en particular las comunidades bangladeshí y pakistaní, por ejemplo, impartiendo formación al personal de los servicios de salud de primera línea que atiende a pacientes asiáticos. El Gobierno también está estudiando maneras de mejorar los servicios para reducir la diabetes. En general, mediante el programa “Carrera en favor de la salud”, de tres años de duración, se brinda apoyo a 13 fondos de atención primaria de todo el país, colaborando con determinadas comunidades de población negra y minorías étnicas locales a fin de mejorar la salud y modernizar los servicios, aumentar las opciones y crear una mayor diversidad en el personal del Gobierno.

95.A fin de abordar los problemas relacionados con el suministro de servicios de salud mental a la población negra y las minorías étnicas, el Gobierno puso en marcha un plan de acción para reformar los servicios (Lograr la igualdad racial en la atención de salud mental). En el plan se definen tres elementos fundamentales para reformar los servicios, a saber:

servicios más apropiados y adaptados, centrándose en la mejora de las instituciones y el perfeccionamiento del personal y en la adaptación más eficaz de los servicios a las necesidades específicas;

participación de la comunidad, con el apoyo de 500 nuevos trabajadores de desarrollo de la comunidad y a través de 80 nuevos proyectos previstos sobre la participación de la comunidad;

mejor información, mediante un seguimiento más satisfactorio del origen étnico, comprendido un nuevo censo periódico de los enfermos mentales.

96.El Gobierno tiene la voluntad de asegurar que los servicios se establecen para atender las necesidades específicas de diferentes grupos culturales. Le preocupa el bajo concepto de los servicios que tienen algunos grupos, como las personas de origen indio, pakistaní y bangladeshí. El Gobierno seguirá creando servicios adaptados, por ejemplo, programas específicos de detección del cáncer destinados a las mujeres de origen asiático, y proseguirá las campañas de donación de órganos dirigidas a comunidades étnicas minoritarias concretas con miras a suscitar la toma de conciencia y a promover la donación de órganos.

97.Estas medidas se aplican en el contexto de la labor general encaminada a reducir las desigualdades en materia de salud y en el marco nacional específico del Programa sobre liderazgo e igualdad racial, que es una iniciativa a largo plazo para dar mayor relieve a la igualdad racial en el servicio de salud.

El Servicio de Policía y el Servicio de Prisiones (véase la respuesta al párrafo 12 de las observaciones finales)

Los tribunales: Combatir la idea de que los tribunales establecen discriminaciones

98.El Gobierno ha encargado un estudio global de dos años en el que se investigará si existen pruebas de que las sentencias que se imponen a los delincuentes procedentes de la población negra y los grupos de minorías étnicas difieren de las que se dictan contra las personas de raza blanca condenadas por delitos de la misma índole y gravedad. Si hubiera pruebas de ello, el Gobierno tomará medidas para resolver los problemas. El Gobierno sabe que hay más probabilidades de que se mantenga en prisión preventiva a los delincuentes pertenecientes a algunas comunidades de población negra y minorías étnicas que a los de raza blanca y está estudiando esa discriminación potencial mediante investigaciones y proyectos piloto en los que se examina el proceso de adopción de decisiones de prisión preventiva y pondrá en práctica las conclusiones una vez que se hayan finalizado los proyectos piloto a lo largo de 2006.

99.A fin de agrupar esos programas y de contribuir a aumentar la confianza general de la población negra y los grupos de minorías étnicas en el sistema de justicia penal, el Gobierno ha creado el Foro nacional sobre la raza de las Juntas de Justicia Penal Locales, que facilitará el intercambio de buenas prácticas, por ejemplo, inspirándose en la experiencia de las juntas que han organizado sistemas piloto para mejorar su evaluación de los resultados sobre asuntos de igualdad racial, y promoviendo una participación más satisfactoria con las comunidades locales. El Gobierno está llevando a cabo un examen fundamental para asegurarse de que acopia las estadísticas apropiadas sobre la raza y el sistema de justicia penal con miras a la formulación y evaluación de las políticas de información, y de que las mismas sean las de más utilidad para los administradores locales. El nuevo Servicio Nacional de Tratamiento de los Delincuentes está dispuesto a colaborar más activamente con todos los sectores del público en su labor destinada a reducir la reincidencia. El Gobierno espera que ello aumente la confianza del público en su servicio.

Los servicios públicos: Hacer frente a la discriminación y promover mejores oportunidades de vida para todos

100.Estos programas de acción concretos organizados en los ámbitos de la educación, el empleo, la salud, el Servicio de Policía y el Servicio de Prisiones, la vivienda y el sistema de justicia penal se complementan con otra campaña destinada a convertir la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial en elementos integrantes de toda prestación de servicios públicos adecuados. Ello abarca el transporte, la planificación, los servicios sociales, la administración de las prestaciones y los servicios rurales. La Ley (Enmienda) de relaciones raciales de 2000 representó una etapa importante en la promoción de la igualdad racial, dotando a Gran Bretaña de una de las legislaciones sobre igualdad racial más sólidas de Europa. La Ley impone a unos 43.000 organismos públicos la obligación legal de hacer de la igualdad racial un elemento esencial de su labor. Ese nuevo deber consta de tres facetas, a saber:

eliminar la discriminación racial ilícita;

promover la igualdad de oportunidades;

fomentar relaciones raciales satisfactorias.

101.Con objeto de impulsar la aplicación y observancia efectivas de la legislación relativa a la igualdad, el Parlamento aprobó la Ley de igualdad de 2006, que prevé le creación de un nuevo organismo único encargado de las cuestiones de igualdad en Gran Bretaña, la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos (CEHR), en la que se integrarán en 2009 la Comisión para la Igualdad Racial (CRE), la Comisión de Derechos de los Discapacitados (DRC) y la Comisión de Igualdad de Oportunidades (EOC). Potenciará igualmente los nuevos derechos contra la discriminación por motivos de religión o creencia, edad y orientación sexual y promoverá los derechos humanos. La nueva Comisión se basará en la labor de las actuales comisiones sobre igualdad, fomentando la igualdad, los derechos humanos y la cohesión como valores básicos para una sociedad equitativa. Obrará en pro del respeto de la legislación y hará tanto hincapié como antes (o más) en la necesidad de abordar los problemas y obstáculos específicos que afectan a la raza, la religión, el género, la discapacidad y otros grupos. La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos asumirá las responsabilidades de la Comisión para la Igualdad Racial en materia de promoción de relaciones raciales satisfactorias entre comunidades diferentes y contará con nuevas competencias para luchar contra los prejuicios y la delincuencia. Las competencias de la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos corresponderán plenamente a las de las Comisiones existentes, pero serán más amplias y flexibles cuando resulte necesario, por ejemplo, en lo que respecta a facultades modernizadas de indagación e investigación y a instrumentos más eficaces para un mejor cumplimiento de las obligaciones legales que impone la Ley (Enmienda) de relaciones raciales. La Comisión se encargará de observar sistemáticamente los avances de la sociedad en la consecución de mejores resultados en materia de igualdad y derechos humanos y de crear una sólida base de datos para contribuir a ello.

102.En 2003 el Gobierno proporcionó protección frente a la discriminación basada en la religión o la creencia en los ámbitos del empleo y la formación profesional mediante el Reglamento de igualdad en el empleo (religión o creencia) de 2003. En el Título II de la Ley de igualdad de 2006, el Gobierno amplió la legislación para prohibir la discriminación por motivos de religión o creencia en el suministro de bienes, instalaciones y servicios y en las funciones públicas. Esas nuevas disposiciones prohibirán lo siguiente: la discriminación directa, en la que una persona recibe un trato menos favorable que otra por motivos de religión o creencia, por ejemplo, si un comerciante se niega a atender a alguien, si un casero se opone a alquilar una vivienda por esos motivos, o si en un hotel se asignan las peores habitaciones a las personas que profesan una religión determinada; la discriminación indirecta, en la que una exigencia o práctica tiene la consecuencia de colocar a las personas de una determinada religión o creencia en una situación de desventaja que no puede justificarse, por ejemplo, si un lugar de ocio impone restricciones excesivas en materia de vestimenta; y la victimización, en la que unas personas reciben un trato menos favorable que otras, por ejemplo, porque se han quejado de discriminación o han ayudado a alguien en una reclamación.

Fomento de la diversidad en el poder judicial

103.En octubre de 2004 el Gobierno publicó un documento de consulta nuevo sobre la manera de aumentar la diversidad entre los jueces y miembros de los tribunales en Inglaterra y Gales. En el documento se examina la actual falta de diversidad en la magistratura, centrándose en las cuestiones relacionadas con el género, el origen étnico y la discapacidad. Tras un análisis completo de las respuestas, el Gobierno decidió tomar medidas en las siguientes esferas:

Idoneidad. El Gobierno está convencido de que es necesario revisar los requisitos actuales en lo que respecta a la preparación exigida y al período durante el cual debe ejercerse antes de solicitar un cargo en la magistratura. Entre las categorías de personas que, a juicio del Gobierno, podrían poseer el tipo de competencias y experiencia adecuadas figuran las siguientes: los asesores jurídicos, los académicos con formación jurídica, los abogados de patentes y marcas y probablemente los magistrados no titulares que cuentan con la formación y experiencia jurídica apropiadas. El Gobierno también piensa examinar si los abogados y asesores legales que son magistrados no titulares podrían ser nombrados con las prerrogativas y el sueldo del cargo antes de un plazo de siete o diez años como ocurre en la actualidad, en virtud de la experiencia que hayan adquirido como magistrados. El Gobierno también considerará la posibilidad de que los abogados y asesores legales que sean magistrados no titulares puedan solicitar directamente un cargo judicial a tiempo completo después de un plazo de siete o diez años a partir de la solicitud o admisión (es decir, su experiencia de magistrado supliría el desempeño del cargo con remuneración).

Reanudación del ejercicio. El Gobierno determinará si se podría permitir a los jueces de tribunales inferiores al Tribunal Supremo volver a ejercer.

Interrupciones de carrera. Además de la plena instauración del trabajo remunerado a tiempo parcial en abril de 2005, el Gobierno seguirá ampliando el sistema para incluir las interrupciones de carrera.

Instrucción personalizada para los jueces remunerados. El Gobierno examinará la posibilidad de establecer un sistema de instrucción personalizada para los jueces remunerados (para promover un mayor adelanto profesional y contribuir a él).

Búsqueda de personal superior. El Gobierno escribirá a las partes interesadas para localizar a los organismos que le podrían proporcionar los nombres de candidatos potenciales y les facilitará información sobre la presentación de las candidaturas. Deberán competir en condiciones de igualdad con los demás candidatos y se seguirá aplicando el criterio del mérito.

Incentivos para que más personas ingresen en la profesión. El Gobierno se esforzará por alentar activamente a la gente a presentar candidaturas organizando actividades más numerosas y variadas, elaborando vídeos y DVD de promoción, preparando un folleto revisado sobre los nombramientos judiciales y mejorando la información facilitada en el sitio web del Ministerio de Asuntos Constitucionales. El Gobierno también ofrecerá a los ciudadanos la oportunidad de recibir un boletín por correo electrónico y pondrá anuncios generales en revistas jurídicas para que tengan conocimiento de las posibilidades de hacer carrera en la judicatura. Además, el Gobierno elaborará una carpeta de información dirigida especialmente a los estudiantes y a los nuevos diplomados.

Esferas en que se han de intensificar los esfuerzos. El Gobierno reconoce plenamente que es preciso desplegar mayores esfuerzos para apoyar y alentar a los abogados discapacitados a solicitar el ingreso en la carrera judicial. El Gobierno consultará a las instancias que poseen los conocimientos especializados necesarios, por ejemplo, la Comisión de Derechos de los Discapacitados.

El papel de los miembros de la profesión. El Gobierno estima importante que los miembros de la profesión sigan mostrando su firme voluntad de cambio, por ejemplo, ampliando los medios sociales de que proceden los abogados. El Gobierno colaborará con el actual grupo directivo para crear un grupo con fines claros a fin de llevar adelante esa labor en los ámbitos profesional y judicial.

104.Por lo que se refiere al párrafo 14 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería ampliar su legislación penal para abarcar los delitos motivados por el odio religioso y adoptar otras medidas para asegurarse de que todas las personas gozan de protección frente a la discriminación fundada en sus creencias religiosas.”), la evaluación global de los incidentes delictivos motivados por el odio indica que están disminuyendo, después del incremento que se produjo como consecuencia de los ataques terroristas cometidos en Londres en julio de 2005. El Gobierno ha aumentado la protección frente a los delitos motivados por el odio a través de medidas consistentes en:

ampliar los delitos agravados por motivos raciales para abarcar los delitos agravados por motivos religiosos;

aprobar la Ley sobre el odio racial y religioso de 2006, que prohíbe las palabras o conductas amenazadoras que incitan intencionalmente al odio fundado en las creencias religiosas (o la ausencia de éstas);

aumentar las facultades para imponer condenas por otros delitos agravados por la raza y la religión de la víctima;

agravar las penas en los casos de agresión motivada por la hostilidad hacia la discapacidad u orientación sexual de una persona. Se considerará que se ha cometido el delito de incitación al odio racial cuando las expresiones sean muy ofensivas, a fin de proteger la libertad de expresión. Para que la acción judicial prospere, es preciso que el odio se dirija a uno o varios miembros de un grupo y no a ideologías.

105.Concretamente, el Gobierno ha previsto en la legislación nueve delitos motivados por el odio racial y religioso. La Ley sobre delincuencia y disturbios de 1998 creó delitos específicos agravados por motivos raciales y la Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia modificó la Ley de 1998 para tipificar delitos equivalentes agravados por motivos religiosos. En ellas se faculta a los tribunales a imponer penas más severas para ese tipo de delitos. Además, las Leyes de 1998 y 2001 disponen que, cuando el delito sometido a los tribunales ses distinto de los nueve delitos agravados específicamente por motivos raciales o religiosos, los jueces tendrán la obligación legal de valorar la raza y la religión como factores que aumentan la gravedad del delito y declarar en audiencia pública que el delito se consideró agravado por esos motivos. El artículo 146 de la Ley de justicia penal de 2003 amplió en mayor medida esas obligaciones legales de los jueces. A raíz de ello, actualmente se exige a los tribunales que valoren la orientación sexual y la discapacidad, así como la raza y la religión, como factores que incrementan la gravedad del delito y declaren en audiencia pública que el delito se consideró agravado por esos motivos.

106.En 2001 el Gobierno aumentó la pena máxima por incitación al odio racial de dos a siete años de prisión. En 2006 el Gobierno estableció un delito de “incitación al odio religioso” para prohibir las palabras y conductas amenazadoras que incitan al odio por motivos de creencia religiosa o la ausencia de ésta (Ley sobre el odio racial y religioso de 2006).

107.En cuanto al párrafo 15 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería adoptar medidas apropiadas para lograr una representación equilibrada de la mujer en niveles superiores de los poderes ejecutivo y judicial, en el Parlamento y en el sector privado.”), el Gobierno ha legislado a través de la Ley sobre la discriminación por motivos de sexo (candidatos a elecciones) de 2002 para permitir que los partidos políticos tomen medidas positivas a fin de reducir la desigualdad en el número de hombres y mujeres elegidos en los ámbitos municipal, nacional y europeo. Organizó asimismo una campaña nacional para alentar a más mujeres a formar parte de las juntas de los organismos públicos nacionales. Lo que se pretende es que a finales de 2005 entre el 45% y el 50% de los nombramientos públicos realizados por la mayoría de los ministerios recaigan en mujeres.

108.En los tribunales el número de juezas se ha duplicado prácticamente con respecto a hace 10 años y actualmente las mujeres están representadas en todos los escalones del sistema judicial. No obstante, a pesar de que las mujeres suponen algo más del 50% de la población británica, menos del 20% de ellas ocupan cargos judiciales en los tribunales.

109.Las iniciativas que se han puesto en marcha para abordar la cuestión de la diversidad en el poder judicial consisten, entre otras cosas, en alentar las candidaturas y suscitar la toma de conciencia, eliminar los obstáculos a los nombramientos y garantizar que las oficinas judiciales actúan de modo que fomenten y favorezcan la diversidad, por ejemplo, mediante los planes de interrupción de la carrera, la instrucción personalizada y el trabajo a tiempo parcial y el trabajo compartido.

Reclusión de los solicitantes de asilo

110.En lo concerniente al párrafo 16 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería examinar minuciosamente su sistema de tramitación de los casos de los solicitantes de asilo para velar por que se protejan plenamente los derechos de cada uno en virtud del Pacto, con sujeción únicamente a las limitaciones necesarias y por los motivos previstos en el Pacto. El Estado Parte debe poner fin a la reclusión de solicitantes de asilo en las cárceles.”), no está claro por qué el Comité observó igualmente que se había “detenido a los solicitantes de asilo en diversas instalaciones por motivos distintos de los admitidos en virtud del Pacto, inclusive por conveniencia administrativa”. En el Reino Unido se puede recluir a los solicitantes de asilo en las siguientes circunstancias: al principio, mientras se determina la identidad y el fundamento de la solicitud; cuando existan motivos razonables para pensar que la persona no cumplirá las condiciones necesarias para la admisión temporal o la puesta en libertad; en el marco de un procedimiento de asilo acelerado; o para proceder a la expulsión. El empleo de la reclusión no es arbitrario y se autoriza únicamente tras un examen minucioso de las circunstancias del interesado. No se recluye a nadie por motivos de conveniencia administrativa. Si bien no existe un período legal máximo para la reclusión de los inmigrantes, éstos permanecen internados durante el tiempo estrictamente necesario y su encarcelamiento no se prolonga excesivamente. Si resulta evidente que no se expulsará al interesado del Reino Unido, se autorizará su puesta en libertad.

111.El Gobierno británico está convencido de que sus políticas y procedimientos de reclusión de inmigrantes se ajustan al artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En enero de 2002 se puso fin a la práctica habitual de internar en las cárceles a los solicitantes de asilo y otras personas detenidas en virtud de las facultades previstas en la Ley de inmigración. Sin embargo, puede ocurrir que se mantenga recluidos en la cárcel a determinados detenidos por motivos de seguridad y control o, en el caso de Irlanda del Norte, por razones geográficas. En el primer caso, figuran entre esas personas las que esperan a ser expulsadas del Reino Unido tras ser condenadas por delitos penales graves y aquéllas para las que no resulta adecuado el régimen atenuado en un centro de internamiento del Servicio de Inmigración debido a su conducta (por ejemplo, violenta o perjudicial). En el caso de Irlanda del Norte, se aplica la presunción general según la cual se traslada a la persona afectada a un centro de internamiento en Gran Bretaña, a menos que la misma manifieste el deseo de permanecer en Irlanda del Norte, en cuyo caso no existe otra alternativa distinta de la reclusión en la cárcel.

Política de dispersión: Acceso al asesoramiento jurídico y calidad de éste

112.La Dirección de Inmigración y Nacionalidad informa periódicamente a la Comisión de Servicios Jurídicos de los emplazamientos geográficos utilizados para dispersar a los solicitantes de asilo, de modo que puedan contratar servicios de asistencia letrada en el lugar correspondiente. La Comisión también ha colaborado con la Asociación de Profesionales del Derecho de Inmigración para impartir formación a los abogados en las zonas de dispersión a fin de que puedan prestar un asesoramiento de mejor calidad a sus clientes. En virtud de los contratos de asistencia jurídica proporcionados por la Comisión, los abogados pueden solicitar el reembolso de los gastos de viaje realizados para visitar a sus clientes y también pueden abonarse los gastos del viaje de los solicitantes de asilo que se desplazan para ver a sus abogados. El Ministerio del Interior no sufraga los gastos de viaje cuando los solicitantes de asilo se entrevistan con organizaciones externas.

113.En relación con el párrafo 17 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería reconsiderar, con miras a suprimirlo, el principio de que los miembros del jurado pueden inferir conclusiones negativas del silencio del acusado, para guardar conformidad con los derechos garantizados en el artículo 14 del Pacto.”), la cuestión clave al abordar este problema es la de saber si la facultad de inferir conclusiones del silencio de una persona es compatible, en principio, con el derecho a no autoincriminarse. Conviene señalar que, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dejado claro que el derecho al silencio y el privilegio contra la autoincriminación son elementos fundamentales de un juicio imparcial y de que se exige a los tribunales nacionales que sean especialmente cautelosos antes de invocar el silencio de un acusado contra él, dicho Tribunal también ha afirmado que el derecho no es absoluto y que ha de considerarse en el contexto de las circunstancias particulares de cada caso.

114.En el caso Murray contra el Reino Unido (1996 22 EHRR 29), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la cuestión de saber si el hecho de sacar conclusiones adversas del silencio del acusado constituía una violación del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales debía determinarse teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, tomando particularmente en consideración las situaciones en que se podrían sacar las conclusiones, la importancia que los tribunales nacionales debían atribuir a éstas al evaluar la prueba y el grado de coacción inherente a la situación.

115.Asimismo, conviene destacar que, con arreglo al derecho británico, no se pueden inferir conclusiones por el simple hecho de que el interesado no conteste a las preguntas de la policía. Sólo podrán inferirse conclusiones si el acusado no responde a las preguntas de la policía y tampoco testifica en juicio o si omite mencionar algún dato que lógicamente debería haber indicado, en las circunstancias reinantes en aquel momento, y luego trata de utilizarlo en su defensa durante el juicio. El objetivo de la legislación británica es disuadir a los acusados de inventar argumentos en un momento ulterior del día y alentarlos a revelar con prontitud todo argumento o hecho real que pueda contribuir a establecer una verdadera defensa, y no obtener condenas a expensas de los derechos del acusado.

116.Los tribunales británicos tendrán debidamente en cuenta los requisitos definidos en el artículo 6 del Convenio Europeo y la imparcialidad global del procedimiento al determinar si se invocará el silencio del acusado en contra de éste. Ello se puso de manifiesto en el reciente caso R contra Becouarn [2005], UKHL 55, en el que la Cámara de los Lores opinó que la orientación recomendada para inferir conclusiones era lo suficientemente equitativa para los acusados, ya que hacía hincapié en que el jurado debía concluir que la única explicación razonable de la negativa del acusado a prestar declaración era que no tenía ninguna respuesta que aportar a la demanda presentada contra él o la que tenía habría sido desestimada en caso de contrainterrogatorio. Se observó que los jueces que entendían de la causa tenían plenos poderes discrecionales para adaptar la orientación si estimaban que de ese modo se proporcionaría un asesoramiento idóneo al jurado y se facilitaría una exposición mas acertada de los hechos.

117.El Gobierno opina que, a primera vista, no se puede afirmar que la capacidad de inferir conclusiones negativas del silencio del acusado en virtud del derecho británico constituya una violación del artículo 14 y que cada caso será objeto de una supervisión minuciosa por los tribunales para garantizar que se cumplen los requisitos de un juicio imparcial. Por tanto, las disposiciones seguirán vigentes.

118.En lo tocante al párrafo 18 de las observaciones finales (“El Estado Parte debe vigilar estrecha y sistemáticamente si las exigencias de la situación específica de Irlanda del Norte siguen justificando tales diferencias en el procedimiento penal. En particular el Estado Parte debe velar por que en todo caso en que se someta a una persona a los tribunales Diplock, se aduzcan motivos objetivos y razonables, y por que se incorpore este requisito en la legislación pertinente (incluida la Ley de Irlanda del Norte (disposiciones de emergencia) de 1996)”, el sistema de los tribunales Diplock es la modalidad de juicio por defecto establecida en la Ley de prevención del terrorismo de 2000 para los delitos especificados en una lista (denominados “delitos de la lista”). El Fiscal General del Estado tiene la potestad judicial para eximir una causa de ese sistema y adjudicarlo a un tribunal de la Corona en el que participe un jurado. La prueba que realiza el Fiscal General es pública. El Fiscal examina los hechos del caso y determina si la comisión del delito está o no vinculada con el terrorismo de Irlanda del Norte. Si el delito no está vinculado a ese terrorismo, el Fiscal General lo eximirá del sistema de los tribunales Diplock. El Gobierno cree que de ese modo se aclaran suficientemente los motivos por los que se ha tomado esa decisión.

119.El 1º de agosto de 2005 el Secretario de Estado para Irlanda del Norte anunció el establecimiento de un programa de medidas de normalización de la seguridad que, en principio, durará por lo menos dos años, siempre que el contexto sea propicio. La legislación de lucha contra el terrorismo específica para Irlanda del Norte (que comprende las disposiciones que rigen los tribunales Diplock) se derogará al término del programa de normalización.

120.En cuanto al párrafo 19 de las observaciones finales (“El Comité toma nota con preocupación de que, en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 2000, los sospechosos pueden permanecer detenidos durante 48 horas sin acceso a un abogado cuando la policía sospeche que ese acceso pudiera resultar, por ejemplo, en la desvirtuación de pruebas o servir para alertar a otro sospechoso. En especial, en circunstancias en que no se ha recurrido a estas facultades durante varios años en Inglaterra y Gales, cuando se dude de su compatibilidad, entre otras cosas, con los artículos 9 y 14 y cuando, además existen medios menos intrusivos para lograr los mismos fines, el Comité opina que el Estado Parte no ha justificado estas facultades. El Estado Parte debería revisar estas facultades a la luz de las opiniones del Comité.”): Las disposiciones del párrafo 8 del Anexo 8 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 habilitan a la policía a retrasar hasta 48 horas el acceso de los detenidos al asesoramiento letrado en virtud de la Ley. Esas facultades sólo pueden ser concedidas por un funcionario que posea el rango de superintendente. El funcionario otorgará la autorización únicamente si tiene motivos fundados para pensar que el acceso a un abogado podría tener alguna de las siguientes consecuencias:

obstaculizar o menoscabar pruebas de un delito muy grave;

presionar o causar lesiones a una persona;

alertar a personas sospechosas de haber cometido un delito muy grave, pero que no han sido detenidas por ello;

ocultar la recuperación de bienes obtenidos como consecuencia de un delito muy grave o respecto de los cuales podría emitirse una orden de confiscación en virtud del artículo 23 de la Ley;

impedir el acopio de información sobre la comisión o preparación de actos terroristas o la incitación a ellos;

alertar a una persona, dificultando así la prevención de un acto terrorista;

alertar a una persona, dificultando así su detención, enjuiciamiento o condena en relación con la comisión y preparación de actos terroristas o la incitación a ellos.

121.Cuando desaparece el motivo para autorizar el retraso, no se permite ninguna demora más y el detenido debe tener acceso a los servicios de un abogado, si así lo desea. Las prioridades de la policía son la seguridad del público y la investigación eficaz del terrorismo. En la medida de las posibilidades, el Gobierno siempre ha tratado de asegurar que la legislación contra el terrorismo se asemeje lo más posible al derecho y el procedimiento penal. No obstante, esas disposiciones tienen en cuenta el carácter de la amenaza y las posibles consecuencias de un ataque terrorista consumado. A pesar de que se trata de una medida severa, las facultades se utilizarán únicamente en circunstancias excepcionales y se han establecido las correspondientes garantías. En el artículo 126 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 se exige al Secretario de Estado que presente un informe sobre la aplicación de la Ley en su conjunto ante el Parlamento al menos una vez al año. Las facultades previstas en la Ley son objeto de un análisis exhaustivo por parte de un evaluador independiente, que actualmente es Lord Carlile of Berriew, QC, para garantizar que son necesarias, proporcionadas y utilizadas de forma apropiada por la policía. Es fundamental que el Gobierno alcance un equilibrio entre la protección de las libertades civiles y la salvaguardia de la seguridad y es conveniente que los organismos encargados de hacer cumplir la ley dispongan de las facultades adecuadas.

122.Por lo que se refiere al párrafo 20 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería revisar las disposiciones de la Ley sobre procedimientos e investigaciones en materia penal de 1996, que facultan a los fiscales a pedir que, en interés público o por motivos de inmunidad, el tribunal resuelva que no se divulguen pruebas materiales de carácter delicado que de otra forma se pondrían en conocimiento del acusado. El Estado Parte debería velar por la plena observancia de las garantías del artículo 14 del Pacto.”): El Reino Unido opina que su legislación se ajusta a las exigencias del artículo 14 del Pacto. Ahora bien, conviene aclarar varios aspectos en relación con las preocupaciones manifestadas. En primer lugar, las pruebas que forman parte del escrito de acusación de la fiscalía no podrán ser retiradas en ninguna circunstancia. La Ley sobre procedimientos e investigaciones en materia penal de 1996 se refiere a los documentos de la acusación no utilizados, es decir, aquéllos generados durante una investigación judicial, pero que no forman parte específicamente del escrito de acusación de la fiscalía. En virtud de la Ley mencionada, el ministerio público debe revelar todos los documentos no utilizados que no se hayan divulgado anteriormente si existen motivos razonables para pensar que podrían dificultar el procesamiento del acusado o ser útil para su defensa.

123.Las disposiciones pertinentes de la Ley sobre procedimientos e investigaciones en materia penal de 1996 no se aplican en Escocia, donde los fiscales no pueden pedir que un tribunal resuelva que no se divulguen pruebas. En Escocia los fiscales deben atenerse a la jurisprudencia de los tribunales escoceses. Concretamente, tienen el deber de comunicar a la defensa la información en su posesión que podría exculpar al acusado. En los casos recientes Holland contra HMA (2005 SCCR 41) y Sinclair contra HMA (2005 SCCR 446), los fiscales escoceses tuvieron que revelar las declaraciones y condenas anteriores de todos los testigos que debían ser llamados a juicio. Se sigue aplicando la jurisprudencia establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el derecho a revelar las pruebas pertinentes no es absoluto.

124.Los documentos no utilizados que cumplan el criterio de la divulgación podrán ocultarse a la defensa únicamente si su no divulgación redunda en el interés público. La fiscalía por sí sola no puede ocultar esos documentos. La fiscalía deberá pedir una autorización al tribunal para no dar a conocer datos que de otro modo podrían divulgarse y éste se pronuncia sobre la conveniencia de no revelar los datos a la defensa por motivos de interés público. Al tomar esa decisión, el tribunal ordenará que se divulguen los datos si puede producirse un error judicial a raíz de su ocultación. En otras palabras, el criterio para la revelación de los documentos confidenciales es ligeramente diferente del que se utiliza para otros tipos de documentos. Sin embargo, cuando el tribunal ordena la divulgación, la fiscalía debe dar a conocer los documentos o poner fin al enjuiciamiento.

125.En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha reiterado en varias ocasiones que el derecho a divulgar las pruebas pertinentes no es un derecho absoluto. En todo proceso penal pueden entrar en competencia distintos intereses, como la seguridad nacional o la necesidad de proteger a los testigos que pueden ser víctimas de represalias o de mantener en secreto métodos policiales de investigación penal, que deberán sopesarse con los derechos del acusado (véase el caso Fitt contra el Reino Unido (2000) 30 EHRR 480). En el caso Regina contra H y otros ((2004) UKHL 3), la Cámara de los Lores examinó de modo pormenorizado las disposiciones vigentes en materia de divulgación y documentos confidenciales, especialmente en lo que respecta a las condiciones exigidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Cámara de los Lores respaldó el actual marco jurídico y describió con detalle el procedimiento que debían utilizar los fiscales y tribunales en relación con la divulgación en general y los documentos que no debían ser divulgados en aras del interés público, en particular para garantizar un juicio imparcial.

126.Por lo que se refiere al párrafo 21 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería velar por que sus facultades de protección de información auténticamente relacionada con la seguridad nacional previstas en la Ley de secreto estatal de 1989 se utilicen en forma restringida, y sólo en casos en los que se haya demostrado la necesidad de impedir la divulgación de la información.”): La Ley sólo protege determinadas categorías de información y el Gobierno estima que la divulgación de toda información protegida por la Ley de secreto estatal es perjudicial. Las facultades previstas no tienen por objeto poner trabas a los empleados, sino proteger la seguridad nacional. La acusación incumbe al Ministerio público de la Corona, que tiene en cuenta a) la solidez de la prueba, y b) la cuestión del interés público antes de decidir si procede el enjuiciamiento. Antes de entablar un proceso en virtud de la Ley de secreto estatal, el Fiscal General debe prestar su consentimiento. Por tanto, existen otros “criterios de necesidad” y los empleados disponen de varios medios si tienen cualquier preocupación que desean manifestar.

127.En cuanto al párrafo 22 de las observaciones finales (“El Comité toma nota de que la pena de muerte se mantiene en las Islas Turcas y Caicos para los delitos de piratería y traición.”): en las Islas Turcas y Caicos se ha abolido la pena de muerte para los delitos de piratería y traición. En octubre de 2005 concluyeron las negociaciones sobre una constitución revisada para las Islas Turcas y Caicos. El proyecto revisado de la constitución fue objeto de consultas públicas a principios de 2006 y contiene modificaciones del capítulo relativo a los derechos y libertades fundamentales para velar por que refleje más fielmente las disposiciones del Pacto y el Convenio Europeo. En reconocimiento de la importancia que los Gobiernos del Reino Unido y las Islas Turcas y Caicos atribuyen a los derechos humanos, el capítulo también se trasladó del lugar que ocupaba inicialmente, cerca del final del texto, a un lugar destacado al principio del proyecto de nueva constitución. Durante los últimos años el Gobierno de las Islas Turcas y Caicos organizó una serie de talleres y seminarios sobre distintos temas relacionados con los derechos humanos dirigidos a los funcionarios. Entre ellos, cabe citar los siguientes:

Proyecto de formación sobre intervenciones en casos de violencia doméstica, noviembre de 2000;

Taller de consulta acerca de la Convención sobre los Derechos del Niño, abril de 2001;

Taller relativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, octubre de 2003;

Talleres de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos del empleo, diciembre de 2004 y agosto de 2005;

Seminarios de carácter interno sobre el adelanto de la mujer, febrero de 2005;

Talleres celebrados por el Hogar Infantil Nacional en Barbados sobre la protección de la infancia y la violencia doméstica, marzo y noviembre de 2005;

Talleres de carácter interno sobre los derechos del niño, abril de 2005.

Montserrat

128.En cuanto al párrafo 23 de las observaciones finales (“El Estado Parte debe dar prioridad a la incorporación de los derechos consagrados en el Pacto en los ordenamientos jurídicos respectivos de los Territorios de Ultramar.”), y tal como se indicó en una actualización del informe provisional del Reino Unido de 2002: La ampliación de una convención internacional a Montserrat no implica que ésta tenga inmediatamente la misma fuerza legal en los tribunales de Montserrat. Cuando sea necesario, los derechos y obligaciones dimanantes de esa convención tendrán que incorporarse en el derecho nacional antes de que puedan crear derechos u obligaciones que los ciudadanos puedan invocar ante los tribunales nacionales. El Pacto no se ha incorporado en la legislación interna de Montserrat, aunque en el pasado se opinó que el Título IV (Derechos y libertades fundamentales de la persona) de la Constitución de Montserrat de 1989 hace efectivos los derechos consagrados en el Convenio. Pese a ello, en la revisión de la Constitución de Montserrat que se está llevando a cabo se pasará revista a las disposiciones relativas a los derechos fundamentales y, de ser necesario, éstas se modificarán para que se ajusten en mayor medida al Pacto y al Convenio Europeo. Además, se intentará simplificar la formulación de las disposiciones referentes a los derechos fundamentales de la Constitución, de modo que sean más accesibles para los ciudadanos.

Islas Vírgenes Británicas

129.La Comisión de Revisión Constitucional decidió que la nueva Constitución contendría un capítulo sobre los derechos humanos. Se abrogó la denominada “Ley sobre los rastas”, en virtud de la cual los funcionarios de inmigración de las Islas Vírgenes Británicaspodían negar la entrada a personas cuyo corte de pelo no era de su agrado.

130.En relación con el párrafo 24 de las observaciones finales (“Los organismos competentes deberían establecer programas de formación y educación para sus funcionarios, destinados a inculcar una cultura de derechos humanos a las personas que ejercen cargos públicos ejecutivos en los diversos Territorios de Ultramar.”): En Montserrat, el Comité de Información sobre Derechos Humanos está contratando a un consultor para formular y aplicar una Estrategia de educación del público sobre los derechos humanos. El objetivo fundamental es crear una Comisión de Derechos Humanos independiente.

131.En las Islas Vírgenes Británicas no se ha organizado un programa de formación específico sobre los derechos humanos dirigido a los funcionarios públicos, pero a principios de 2005 se celebró una fructífera serie de seminarios sobre “la observancia”, en los que se hizo gran hincapié en la necesidad de que los derechos del ciudadano sean objeto de un tratamiento adecuado y equitativo de conformidad con la ley. En 2003 los funcionarios públicos asistieron a un taller sobre las obligaciones en materia de presentación de informes en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

132.En lo tocante al párrafo 28 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería revisar su legislación en materia de deportación [a las Islas Caimán] para establecer criterios claros y prever un examen eficaz e imparcial de toda decisión de deportación a fin de hacerla conforme a los artículos 17, 23 y 26 [del Pacto].”): La Ley de inmigración de 2003 (“la Ley”) enuncia claramente las disposiciones relativas a la deportación y prevé el procedimiento necesario para el examen eficaz e imparcial de las decisiones de emitir órdenes de deportación. Las disposiciones relacionadas con la deportación desde las Islas Caimán figuran en el Título VIII de la Ley. La facultad de emitir órdenes de deportación incumbe al Gobernador. No obstante, la Ley prohíbe que se emitan ese tipo de órdenes contra los nacionales o residentes permanentes de las Islas Caimán. Sólo se podrá instruir un proceso en virtud del Título VIII por iniciativa del Fiscal General o con la aprobación escrita de éste. El Gobernador comunicará todas las órdenes de deportación que se emitan, alteren o modifiquen al Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y del Commonwealth.

133.La deportación de los condenados se limita a los casos en que: a) el tribunal recomiende que se emita una orden de deportación; b) las personas hayan sido declaradas culpables por haber rebasado el período de estancia autorizado o trabajar sin el correspondiente permiso; c) las personas hayan sido condenadas en las Islas a una pena de prisión de más de seis meses.

134.El Gobernador podrá dictar una orden de deportación contra: a) los indigentes; b) los inmigrantes prohibidos que hayan entrado en las Islas infringiendo la Ley; c) las personas cuya autorización para aterrizar, permanecer o residir en las Islas haya expirado o se haya revocado y que no abandonen el territorio; d) las personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada; y e) las que, a juicio del Gobernador, sean personas no gratas o cuya presencia en las Islas no redunde en el bien público.

135.En relación con el párrafo 30 de las observaciones finales (En la legislación de las Islas Fakland no se suprime la condición jurídica de ilegitimidad ni se prevé ningún derecho de indemnización en las circunstancias del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto: “El Estado Parte debería modificar estos aspectos de su legislación para ajustarlos a sus obligaciones dimanantes del artículo 24, considerado conjuntamente con el artículo 26, y del artículo 14 del Pacto.”): De momento no se puede suprimir la condición jurídica de ilegitimidad en las Islas Fakland. Por ejemplo, la ilegitimidad sigue teniendo consecuencias en lo que respecta al derecho de nacionalidad y el padre de un hijo ilegítimo y los parientes del padre de un hijo ilegítimo no tienen derechos de sucesión respecto del hijo ilegítimo que muere intestado. Con arreglo a la legislación de las Islas Fakland, el padre de un hijo ilegítimo no tiene automáticamente la responsabilidad parental sobre el hijo ilegítimo, aunque puede solicitar ante los tribunales que se emita una resolución que le atribuya esa responsabilidad.

136.El Gobierno de las Islas Falkland estudiará la posibilidad de promulgar una legislación que prevea un derecho legal de indemnización en las circunstancias del párrafo 6 del artículo 14 del Pacto. También se señala al Comité que el Gobierno de las Islas Falkland no conoce ningún caso en que se haya planteado el derecho de indemnización mencionado en esa disposición del Pacto.

137.En lo tocante al párrafo 33 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería garantizar que, de conformidad con los artículos 10, 17, 23 y 24 del Pacto los presos condenados a penas de larga duración [en Montserrat] puedan cumplirlas en su territorio [a diferencia de otros territorios de ultramar]; alternativamente, debería estudiar formas de castigo no privativas de la libertad.”): Actualmente todos los presos condenados a penas de larga duración las están cumpliendo en Montserrat y lo han estado haciendo desde el 8 de septiembre de 2004. Además, Montserrat es uno de los territorios de ultramar objeto de un estudio que se está llevando a cabo con la financiación del Reino Unido sobre la manera en que dichos territorios podrían recurrir en mayor medida a penas no privativas de libertad. En el verano de 2005 un funcionario de la Dirección encargada de la libertad condicional del Reino Unido visitó Montserrat para examinar los problemas relacionados con las penas distintas de la privación de libertad y las posibles soluciones.

138.Por lo que se refiere al párrafo 35 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería garantizar que los presos detenidos en prisión preventiva y los que están cumpliendo condena [en Santa Elena] estén debidamente separados”): La Jefatura de Policía de Santa Elena todavía no dispone de instalaciones que permitan alojar en calabozos a los presos detenidos. No obstante, el Jefe de Policía está tratando de conseguir un edificio y fondos para que los presos detenidos en prisión preventiva y los que están cumpliendo condena en Santa Elena dispongan de instalaciones separadas.

139.En cuanto al párrafo 37 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería adoptar las medidas necesarias para abolir la pena de muerte por los delitos de traición y piratería [en las Islas Turcas y Caicos]”): En las Islas Turcas y Caicos se ha abolido la pena de muerte por los delitos de traición y piratería.

140.En lo concerniente al párrafo 39 de las observaciones finales (“El Estado Parte debería dar difusión al texto de su quinto informe periódico, a las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones preparadas por el Comité y a las presentes observaciones finales.”): El quinto informe periódico del Reino Unido, los territorios de ultramar y las dependencias de la Corona dirigido al Comité de Derechos Humanos, junto con las observaciones finales del Comité, se publicaron en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Constitucionales.

B. Respuesta a las observaciones finales (Dependencias de la Corona)

141.En lo concerniente al párrafo 8 de las observaciones finales supra (“El Comité insta enérgicamente al Estado Parte a dar vigencia en la legislación nacional a todos los derechos del Pacto (art. 2).”), a continuación se informa sobre la aplicación del Pacto en las dependencias de la Corona.

Isla de Man

142.Cabe destacar que, si bien el Reino Unido es el Estado Parte y asume la responsabilidad de las relaciones internacionales de la Isla de Man, ésta es autónoma en el plano interno y la responsabilidad de garantizar la efectividad de todos los derechos consagrados en el Pacto en su territorio incumbe al Gobierno de la Isla.

143.La Ley de derechos humanos, que incorpora en la legislación interna manesa los derechos enunciados en el Convenio Europeo, fue aprobada en 2001 y entrará plenamente en vigor el 1º de noviembre de 2006. Los derechos y libertades del Convenio Europeo incorporados en la legislación manesa se aplican a todos los residentes de la Isla, sin discriminación alguna de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

144.Al igual que en el caso del Reino Unido, de momento no se ha previsto incorporar el Pacto en la legislación interna. No obstante, el Gobierno de la Isla de Man tiene la firme voluntad de elaborar una legislación que ponga en práctica el Pacto y se ajuste a sus disposiciones.

Bailía de Jersey

145.En Jersey se seguirá estudiando periódicamente la posibilidad de introducir el Pacto en la legislación interna de la isla, aunque de momento no se tiene la intención de tomar esa medida. Pese a ello, al redactar las nuevas leyes que se someten a la aprobación de la Asamblea de los Estados se toman en consideración los derechos consagrados en el Pacto.

Bailía de Guernsey

146.En la Bailía de Guernsey las convenciones internacionales tienen el mismo rango que en el Reino Unido, a saber, los tribunales no las pueden aplicar directamente si no se han incorporado expresamente en el derecho interno. El Pacto no se ha incorporado expresamente en el derecho interno de la Bailía. Si el Reino Unido decide incorporar el Pacto en su legislación interna, las autoridades de la Bailía examinarán la cuestión con más detenimiento.

147.En el Cuadro 7 infra figura toda la legislación pertinente promulgada con posterioridad al último (el quinto) informe periódico.

CUADRO 7

Legislación pertinente

Decretos legislativos

Ley de herencia de bienes raíces (Sark) de 1999

Ley de derechos humanos (Bailía de Guernsey) de 2000

Ley de rehabilitación de delincuentes (Bailía de Guernsey) de 2002

Ley de prevención del terrorismo y la delincuencia (Bailía de Guernsey) de 2002

Ley de libertad bajo fianza (Bailía de Guernsey) de 2003

Ley de facultades policiales y pruebas penales (Bailía de Guernsey) de 2004

Ley de regulación de las facultades de investigación (Bailía de Guernsey) de 2003

Ley (Enmienda) de causas matrimoniales (Guernsey) de 2003

Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004

Ley sobre el odio racial (Bailía de Guernsey) de 2005

Ley de protección contra el acoso (Bailía de Guernsey) de 2006

Ordenanzas de los Estados

Ordenanza sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo (Guernsey) de 2005

Ley de rehabilitación de delincuentes (Bailía de Guernsey) de 2002, Ordenanza (entrada en vigor, exclusiones y excepciones) de 2006

148.Por lo que se refiere al párrafo 9 de las observaciones finales (“El Comité recomienda que como parte de su capacitación ordinaria se imparta educación sobre derechos humanos a los miembros de las fuerzas de policía, a los abogados y demás personas que desempeñan funciones en la administración de justicia. La educación sobre derechos humanos también se debe impartir en todos los niveles de la educación general”), en los párrafos siguientes se da cuenta de la educación sobre derechos humanos en las dependencias de la Corona.

Isla de Man

149.Tras la aprobación de la Ley de derechos humanos de 2001, se puso en marcha un programa de educación sobre el Convenio Europeo y la Ley dirigido a todos los sectores de la administración pública. Entre otras cosas, se publicaron orientaciones sobre los derechos consagrados por la Ley en la legislación de la Isla destinadas a los funcionarios públicos (comprendidos los miembros del poder judicial y la policía) y al público. Al entrar en vigor la Ley el 1º de noviembre, se actualizó esa documentación, que puede consultarse gratuitamente en el sitio web del Gobierno de la Isla de Man. También pueden obtenerse ejemplares impresos previa solicitud. El Colegio de Abogados de la Isla de Man ha llevado a cabo un programa de formación para los abogados maneses. Ello se suma a la formación que constituye parte integrante de las calificaciones profesionales que debe obtener una persona antes de iniciar la pasantía que le permitirá convertirse en abogado de la Isla.

150.Además de la capacitación básica que reciben todos los funcionarios de policía tras la aprobación de la Ley de derechos humanos, la formación especializada para detectives (con inclusión de la formación dirigida a los funcionarios superiores de investigación) contiene módulos detallados sobre los derechos humanos. En la actualidad un inspector de policía está preparando la segunda serie de cursos de capacitación para que coincidan con la puesta en práctica de la Ley de derechos humanos.

151.En la cárcel de la Isla, la formación sobre los asuntos relativos a los derechos humanos se imparte en el marco de la capacitación inicial para todo el personal. Asimismo, todos los nuevos miembros de la plantilla reciben un boletín de información que trata de la Ley de derechos humanos de la Isla de Man.

152.Actualmente la educación sobre derechos humanos forma parte integrante del programa de educación personal, social y sanitaria impartido a todos los alumnos en edad de cursar la enseñanza obligatoria (de 5 a 16 años) en las escuelas subvencionadas y estatales de la Isla de Man.

Bailía de Jersey

153.En Jersey se ha impartido educación sobre derechos humanos a todos los servicios de la administración pública de los Estados. Las evaluaciones independientes han mostrado que los funcionarios de la administración pública están mucho mejor informados acerca del ejercicio de los derechos humanos. Se ha publicado documentación en la que se proporcionan orientaciones sobre los derechos humanos al personal de la administración pública y se puede obtener información complementaria en el sitio web de los Estados de Jersey (www.gov.je).

154.Además, se ha concebido una formación específica sobre derechos humanos para todos los miembros de la fuerza de policía de los Estados y de la policía honoraria. Esa formación se proporciona a todos los nuevos agentes en período de prueba y constituye un rasgo constante a lo largo de todo su programa de capacitación. Se incluye como principio esencial en otros cursos ofrecidos por la policía, por ejemplo, en materia de entrevistas de investigación, relaciones comunitarias y adiestramiento en armas de fuego.

155.La formación sobre derechos humanos es un requisito básico para todos los miembros del poder judicial, comprendido el personal de los tribunales de magistrados, la secretaría judicial y las dependencias de los tribunales.

156.Como parte del programa de educación personal, social y sanitaria, en varios ámbitos de la enseñanza escolar se integra la preparación para la ciudadanía y la adquisición de conocimientos e información para la ciudadanía, con inclusión del sentido de la justicia. Los alumnos reciben enseñanza sobre temas entre los que cabe citar los siguientes:

Las responsabilidades jurídicas y en materia de derechos humanos que constituyen el fundamento de la sociedad, y la manera en que afectan a los ciudadanos, comprendida la función de los sistemas de justicia penal y civil;

los orígenes y consecuencias de las distintas identidades nacionales, regionales, religiosas y étnicas existentes en la Isla y la necesidad del respeto y entendimiento mutuos.

Bailía de Guernsey

157.Actualmente todos los funcionarios de policía reciben una formación sobre el derecho y el procedimiento, que abarca aspectos relacionados con los derechos humanos, por ejemplo, el derecho y el procedimiento relativos a la detención y el encarcelamiento de sospechosos. Ahora el derecho y el procedimiento figuran en la Ley de facultades policiales y pruebas penales (Bailía de Guernsey) de 2003, que se ajusta plenamente al Convenio Europeo de Derechos Humanos y sobre la cual se imparte formación a todos los policías. Asimismo, se estima esencial que los funcionarios de prisiones también reciban capacitación en asuntos de derechos humanos. La formación que se imparte en el Reino Unido a los funcionarios de policía y de prisiones abarca la educación sobre derechos humanos. Los jueces y abogados de Guernsey también poseen un conocimiento profundo de los temas de derechos humanos tras la promulgación de la Ley de derechos humanos (Bailía de Guernsey) de 2000, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2006 e incorpora el Convenio Europeo en la legislación interna.

158.En cuanto al párrafo 10 de las observaciones finales (“El Comité recomienda que las autoridades de Guernsey y de la Isla de Man examinen debidamente la posibilidad de establecer órganos independientes con un mandato para revisar las decisiones administrativas (arts. 2 y 14).”), esa cuestión se trata en los párrafos siguientes.

Isla de Man

159.Cabe señalar al Comité que actualmente existe una serie de mecanismos de apelación oficiales y oficiosos contra las decisiones administrativas, entre ellos los recursos de apelación interpuestos ante el Ministro y las cuestiones planteadas a través de los miembros del Parlamento.

160.Pese a ello, en julio de 2004 el Tynwald aprobó la creación de un servicio de defensor del pueblo constituido por ley y encargado de la evaluación equitativa e imparcial de las quejas, que es un órgano ajeno a la participación política o administrativa. El Tynwald decidió que el público debía tener el derecho de acceso directo al defensor del pueblo, en lugar de ser remitido a él por un parlamentario. Se proporcionaron instrucciones de redacción a las Oficinas del Fiscal General y se espera que el próximo gobierno propicie el progreso de esta cuestión.

161.Se piensa dotar al defensor del pueblo de las siguientes facultades:

investigar la mala administración en los ministerios, las juntas establecidas por ley y el gobierno municipal, así como las reclamaciones relacionadas con el Código de práctica sobre el acceso a la información gubernamental;

formular recomendaciones obligatorias sobre la manera de solucionar las reclamaciones;

realizar sugerencias para introducir mejoras en el gobierno.

162.Además, en su reunión celebrada en julio de 2006, el Tynwald decidió que debía nombrarse un Auditor General, que asumiría las siguientes funciones:

a)la responsabilidad suprema de la auditoría de todos los organismos de derecho público (comprendidas las autoridades locales), con la facultad de delegar algunas tareas de auditoría a firmas de contables locales;

b)las investigaciones sobre lo obtenido con el dinero invertido;

c) las consultas periódicas con el Comité de Cuentas Públicas del Tynwald y la prestación de asistencia en las investigaciones;

d)la definición de los asuntos que podrían ser objeto de las investigaciones del Comité de Cuentas Públicas;

e) el examen de las cuestiones remitidas por el Tynwald. El Auditor General podrá decidir si procede o no realizar una investigación completa, pero presentará un informe al Tynwald en todo caso;

f) el estudio de los asuntos remitidos por los miembros del Tynwald o el público. El Auditor General podrá decidir si procede o no realizar una investigación completa, pero incluirá en el informe anual una lista de todos los asuntos remitidos a la Oficina y de las medidas adoptadas.

Bailía de Guernsey

163.En la actualidad se está examinando la Ley (de revisión) de decisiones administrativas (Guernsey) de 1986, en su forma modificada. Se prevé que se presenten propuestas para establecer un órgano totalmente independiente a los Estados de Deliberación antes de finales de 2006. La revisión se efectúa sin perjuicio de las competencias de los tribunales de la Bailía, que pueden proceder a la revisión judicial y, de ser necesario, anular las decisiones administrativas (por ejemplo, por su falta de racionalidad o de proporcionalidad). Además, se han creado varios tribunales independientes para que se ocupen de determinados tipos de decisiones administrativas (por ejemplo, en relación con la vivienda, la planificación y, a partir de 2007, el impuesto sobre los bienes).

164.En lo concerniente al párrafo 11 de las observaciones finales (“El Comité toma nota de la información suministrada por la delegación acerca de que, como norma, en las escuelas de la Isla de Man no se permite el castigo corporal y recomienda que se aprueben leyes para prohibirlo (arts. 7 y 10).”), en los párrafos siguientes se facilita información sobre el castigo corporal.

Isla de Man

165.En la Isla de Man el uso del castigo corporal en las escuelas subvencionadas o financiadas por el Ministerio de Educación se prohibió por ley desde 2004, cuando entró en vigor la Ley de educación de 2001 (y concretamente el párrafo b) del artículo 10). Sin embargo, esa prohibición legal no se aplica a las escuelas privadas (es decir, las escuelas que funcionan al margen del sistema educativo estatal) y de momento el Ministerio de Educación no va a presentar ningún proyecto de ley que amplíe la prohibición a esas escuelas (muy poco numerosas).

166.Por lo que se refiere al párrafo 12 de las observaciones finales (“El Comité toma nota de la información suministrada por la delegación acerca de que en el Reino Unido se están adoptando medidas para garantizar que sus leyes contra el terrorismo se ajusten al artículo 9 del Pacto, e insta a Jersey, Guernsey y la Isla de Man a que adopten las medidas correspondientes.”), en los párrafos siguientes se facilita información sobre esa cuestión.

Isla de Man

167.La legislación de la Isla de Man en la materia se sigue inspirando en gran medida en la del Reino Unido, pero no es tan severa en relación con los períodos de detención sin cargos. La Ley contra el terrorismo y la delincuencia de 2003 de la Isla entró plenamente en vigor el 1º de enero de 2005. Ello permitió retirar una suspensión que existía respecto del artículo 5 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Actualmente el Ministerio del Interior está proponiendo la modificación de la legislación contra el terrorismo sobre la base de la normativa vigente en el Reino Unido.

Bailía de Jersey

168.A pesar de que el Reino Unido ha mantenido la reserva a este artículo con respecto a Jersey, la Isla promulgó disposiciones con un efecto similar al de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 mediante la Ley de prevención del terrorismo (Jersey) de 2002 y posteriormente pidió al Reino Unido que retirara la reserva.

Bailía de Guernsey

169.En 2002 los Estados de Deliberación promulgaron la Ley de prevención del terrorismo y la delincuencia (Bailía de Guernsey) de 2002, que derogó la Ley de prevención del terrorismo (Bailía de Guernsey) de 1990 y entró en vigor el 16 de julio de 2002. Esa Ley reprodujo en la Bailía las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 del Reino Unido y suprimió la facultad unilateral del Fiscal de Su Majestad de autorizar la detención continuada de un sospechoso de terrorismo tras el período de detención inicial de 48 horas sin llevarlo ante los tribunales. Por tanto, la posición legal con respecto a la Bailía es la misma que con respecto al Reino Unido.

170.Al promulgarse la Ley de 2002, la Bailía estaba en condiciones de que se hiciera extensiva a ella la ratificación por parte del Reino Unido de dos convenios de las Naciones Unidas, esto es, el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999).

Bailía de Jersey

171.Por lo que se refiere al párrafo 13 de las observaciones finales (“El Comité recomienda que las autoridades de Jersey examinen la posibilidad de enmendar la legislación pertinente para poder retirar la reserva al artículo 11 del Pacto.”), a raíz del fallo dictado por el Tribunal de Apelación en el caso Benest contra Le Meistre [1998 JLR 213], el Tribunal Real deberá pronunciarse sobre la solicitud por el acreedor de una pena de prisión contra el deudor que no abone su deuda teniendo en cuenta el artículo 11 del Pacto. Por tanto, actualmente existe una protección adecuada para garantizar que el Reino Unido no infringirá el Pacto si se retira la reserva.

172.Por consiguiente, ha dejado de ser necesaria la reserva al artículo 11 del Pacto en nombre de Jersey y se ha presentado una solicitud oficial al Reino Unido para que retire la reserva que realizó en nombre de Jersey en relación con dicho artículo.

173.En lo concerniente al párrafo 14 de las observaciones finales (“El Comité recomienda que se adopten medidas para eliminar y prohibir todo tipo de discriminación por motivos de orientación sexual (arts. 17 y 26).”), la información sobre el tema se expone a continuación.

Isla de Man

174.En virtud de la Ley (Enmienda) de delitos sexuales de 2006, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2006, se ha equiparado la edad de consentimiento de los varones homosexuales con la de otras personas, fijándola en 16 años. Mediante la Ley también se derogó el artículo 38 de la Ley de delitos sexuales de 1992, que prohibía la “promoción” de la homosexualidad.

175.En la Ley de empleo de 2006 (en espera de la sanción real en el momento en que se redactó el presente informe) se reconocerá el derecho de los empleados a no ser despedidos por motivos de orientación sexual. A diferencia de lo dispuesto en las normas generales sobre el despido improcedente, los empleados no tendrán que cumplir un período reglamentario mínimo en el empleo para estar protegidos contra el despido por ese motivo y no se establecerá ningún límite máximo de edad para presentar la reclamación.

Bailía de Jersey

176.El 5 de julio de 2006 los Estados aprobaron la Ley de delitos sexuales (Jersey) de 200-, la cual, cuando entre en vigor, entre otras cosas, reformará la legislación relativa a las circunstancias en que es legítimo el sexo anal, eliminando la discriminación entre los sexos. Así pues, en el derecho consuetudinario el hecho de que dos personas mayores de 16 años realicen por su propia y libre voluntad un acto de sodomía en privado dejará de ser constitutivo de delito. Los actos de sodomía realizados en baños públicos se seguirán considerando cometidos en público.

177.Además, se están avanzando activamente las tareas para presentar una nueva Ley sobre la discriminación (Jersey), que se espera someter a la Asamblea de los Estados de Jersey en 2006 (véase la respuesta al párrafo 18 de las observaciones finales). Se piensa organizar una consulta pública en 2007 acerca de la legislación destinada a prohibir la discriminación por motivos de sexo fundada en el género, la orientación sexual y la transexualidad.

Bailía de Guernsey

178.Se está revisando la legislación sobre los delitos sexuales de la Bailía y se prevé que las propuestas de equiparar la edad de consentimiento para los actos heterosexuales y homosexuales se presenten a los Estados de Deliberación entre finales de 2006 y principios de 2007. Véanse igualmente los comentarios en relación con el párrafo 16 infra.

179. En lo tocante al párrafo 15 de las observaciones finales (“El Comité toma nota con preocupación de que en la Isla de Man aún están en vigor las disposiciones arcaicas y discriminatorias del Código Penal conforme a las cuales la blasfemia es una falta, y recomienda que sean revocadas (art. 19).”), a continuación se facilita información sobre la cuestión.

Isla de Man

180.La legislación a que se refiere el Comité se remonta a 1872 y en la práctica no se aplica. No obstante, se podrá estudiar la posibilidad de revocar las disposiciones correspondientes cuando se vuelva a revisar la legislación en la materia.

181.La Ley de protección de datos de 2002 contiene disposiciones relativas a las finalidades especiales del periodismo, la literatura y el arte. Esas disposiciones se basan en normas similares de la Ley de protección de datos de 1998 y su objetivo es garantizar que la Ley de protección de datos de 2002 no pueda utilizarse para impedir la libertad de expresión.

182.El Gobierno de la Isla de Man ha resuelto que se debe dar carácter legal a los derechos del público enunciados en el Código de práctica sobre acceso a la información gubernamental mediante un proyecto de ley sobre el acceso a la información. El Gobierno celebrará en breve una consulta pública para informar acerca de la redacción de ese proyecto de ley.

183.En lo referente al párrafo 16 de las observaciones finales (“El Comité toma nota de que en Jersey se está examinando la posibilidad de enmendar la Ley relativa a las órdenes de separación y manutención (Jersey) de 1953, y recomienda que las tres jurisdicciones adopten disposiciones legislativas y otras medidas efectivas para prohibir la discriminación entre el hombre y la mujer (arts. 3 y 26).”), a continuación se facilita información sobre la cuestión.

Isla de Man

184.Además de la Ley de derechos humanos de la Isla de Man de 2001 a la que se hace alusión en relación con el artículo 2, se aprobó y entró en vigor la Ley sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo de 2000. La Ley brinda protección contra la discriminación basada en el sexo de la persona o en el hecho de que esté casada. La Ley se aplica a todas las etapas del proceso de empleo, comprendidos los anuncios y los trámites efectuados para encontrar un trabajo. En la Ley también se reconoce la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor o por un trabajo considerado equivalente en un estudio de evaluación de empleos.

185.La Ley sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo de 2000 instituyó asimismo el puesto de funcionario para asuntos de discriminación, que se creó con el fin de familiarizar a los empleadores y los particulares con los requisitos establecidos en la nueva ley.

Bailía de Jersey

186.La Ley relativa a las órdenes de separación y manutención (Jersey) de 1953 faculta al Tribunal de deudas menores a emitir órdenes sobre la separación de personas casadas y la manutención de las partes y de los hijos del matrimonio. El 20 de octubre de 2000 entró en vigor la Ley (Enmienda nº 2) relativa a las órdenes de separación y manutención (Jersey) de 2000, en virtud de la cual el Tribunal ejercerá su jurisdicción en igualdad de condiciones respecto a ambas partes en el matrimonio.

Bailía de Guernsey

187.De conformidad con la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004, los Estados de Deliberación promulgaron la Ordenanza sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo (Guernsey) de 2005, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el lugar de trabajo y establece recursos al respecto.

188. En relación con el párrafo 17 de las observaciones finales (“Con respecto al retiro de la reserva del Estado Parte al artículo 25, el C o mité insta a las autoridades a que introduzcan más reformas que garanticen que todos los ciudadanos tengan pleno derecho de participación en la condu c ción de los asuntos públicos.”), a continuación se facilita información sobre la cuestión.

Bailía de Jersey

189.El 24 de febrero de 2006, el Consejo de Ministros presentó una propuesta en los Estados para modificar las restricciones que afectan actualmente a los empleados y funcionarios del sector público, los cuales no pueden participar en actividades políticas, por ejemplo, presentarse a las elecciones de los Estados, y a fin de que sean calificados de “habilitados políticamente” y, por tanto, puedan participar en actividades políticas con sujeción a determinadas condiciones, los siguientes empleados y funcionarios del sector público:

los electricistas de los aeropuertos;

los empleados de los servicios de salvamento y extinción de incendios de los aeropuertos;

los funcionarios públicos de grado 11 o inferior;

el personal docente, técnico y de apoyo de grado 11 o inferior;

los empleados de los servicios de ambulancias de emergencia;

los trabajadores de apoyo a las familias;

los empleados de los servicios de bomberos y rescate;

los profesores de la universidad Highlands;

los trabajadores manuales;

el personal médico;

los enfermeros y parteras;

los trabajadores postales;

los funcionarios de prisiones;

los directores de prisiones;

los funcionarios de los centros de acogida de niños;

los maestros;

los trabajadores de la juventud.

190.Serían calificados de “inhabilitados políticamente”, aunque podrían presentarse a las elecciones de los Estados con sujeción a determinadas condiciones, los siguientes empleados y funcionarios:

los funcionarios públicos de grado 12 o superior;

los funcionarios docentes, técnicos y de apoyo de grado 12 o superior;

los directores de escuelas;

los funcionarios de policía;

los jefes y directores de zona del servicio de bomberos;

los directores y subdirectores de cárceles.

191.De acuerdo con las propuestas, los empleados considerados “habilitados políticamente” tendrían libertad para participar en cualquier actividad política, entre las que figuran, con sujeción a determinadas condiciones, las de presentarse a las elecciones de los Estados o como condestable, apoyar públicamente a un candidato a las elecciones o desempeñar un papel público en cualquier asunto político.

Bailía de Guernsey

192.Actualmente se está promulgando la nueva Constitución de Sark (Ley fundamental) de 2006, que reformará el proceso electoral y la composición de la asamblea parlamentaria. Para más información, sírvase remitirse a los comentarios relativos al artículo 1 del Pacto.

193.Por lo que se refiere al párrafo 18 de las observaciones finales (“El Comité recomienda que las autoridades completen el proceso actual de promulgación de disposiciones legislativas por las que se prohíba toda discriminación racial. De conformidad con el artículo 26, las autoridades también deben adoptar disposiciones legislativas que prohíban toda discriminación y garanticen a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”), la información acerca de esa cuestión figura en los párrafos siguientes.

Isla de Man

194.En la Ley de relaciones raciales de 2004 se declara la ilicitud de la discriminación en el suministro de bienes y servicios por motivos de raza. La Ley no entrará en vigor hasta que no estén vigentes los correspondientes códigos de práctica que se están elaborando actualmente.

195.Hace poco tiempo la Ley de prevención de la discriminación por motivos de discapacidad de 2006 recibió la sanción real. Cuando entre en vigor, esa Ley brindará un marco para establecer la ilicitud de la discriminación contra los discapacitados en el suministro de bienes y servicios, la educación y el acceso a los edificios.

196.El Gobierno de la Isla de Man también tiene el propósito de presentar un proyecto de ley sobre la igualdad en el empleo. Esa ley regulará exhaustivamente toda discriminación en el empleo por una serie de motivos, como la raza, la religión y la discapacidad.

Bailía de Jersey

197.Véase también la respuesta al artículo 20 (capítulo II.C).

El proyecto de ley contra la discriminación (Jersey)

198.El 14 de mayo de 2002 los Estados de Jersey votaron por mayoría abrumadora a favor de una propuesta para preparar una ley contra la discriminación racial. Tras reflexionar más detenidamente sobre la cuestión, se decidió que convenía presentar una legislación que promoviera no solo la eliminación de la discriminación racial, sino también otras formas de discriminación. En un documento de consulta pública editado en julio de 2006 se respaldó la idea de disponer de una legislación habilitante general y de introducir, en primer lugar, la protección contra la discriminación racial. El período de consulta finalizará en octubre de 2006.

199.La finalidad de la Ley contra la discriminación es determinar sectores en los que no debería tolerarse la discriminación. La Ley protegerá a toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de la discriminación o una serie de actos prohibidos, como la victimización, la publicidad ilícita, el acoso y otras prácticas discriminatorias en determinadas condiciones, y proporcionará un mecanismo de ejecución para las quejas presentadas con arreglo a ella.

200.Se propone ampliar el alcance de la ley al empleo, con inclusión de la selección para el empleo, el trato de los empleados, la contratación de trabajadores, las relaciones de colaboración, los organismos profesionales y la formación profesional, así como a la discriminación en la esfera de la enseñanza, el suministro de bienes, instalaciones y servicios, el acceso a los edificios públicos y su utilización, el uso o gestión de los locales y la pertenencia a clubes.

201.La primera fase de la legislación contra la discriminación que se introducirá en 2007 abarcará la Ley principal y el Reglamento para prohibir la discriminación por motivos de raza, que abarca el color, la raza, la nacionalidad, el origen étnico y el origen nacional.

202.La futura legislación de Jersey brindará, como mínimo, una mayor protección contra la discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual, transexualidad, discapacidad y edad. No obstante, se considera importante tener presente la necesidad de elaborar una legislación que esté en consonancia con el tamaño de la isla y las repercusiones financieras de esa legislación. A fin de lograr una amplia protección y el equilibrio necesario, la legislación deberá introducirse en varias fases para que se puedan celebrar consultas apropiadas e impartir educación sobre las consecuencias de la ley.

Los derechos de sucesión de los hijos nacidos fuera del matrimonio

203.Se publicaron varios documentos de consulta el 11 de noviembre de 2003 y la Asamblea de los Estados aprobó en principio las siguientes propuestas:

a)derogar las leyes de sucesión para que toda persona pueda enajenar bienes muebles por testamento como estime adecuado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b) infra;

b)crear una jurisdicción en el Tribunal Real para dictar una orden a esos efectos si lo estima conveniente para la administración del bien mueble, al obtenerse una cantidad adecuada a raíz de la enajenación para mantener y ayudar a los familiares a cargo del finado;

c)elaborar una nueva ley de sucesión de bienes muebles en ausencia de testamento, mediante la cual se atribuirá una parte al cónyuge supérstite y otra a todos los hijos del finado, ya sean legítimos o ilegítimos, en proporciones iguales; y

d)brindar protección a los albaceas y administradores encargados de administrar de buena fe la herencia del finado.

204.Se preparó un proyecto de ley que se está examinando. Se prevé presentar el proyecto a la Asamblea de los Estados de Jersey durante 2007.

Bailía de Guernsey

205.La Ley sobre el odio racial (Bailía de Guernsey) de 2005 tipifica delitos concretos consistentes en actos destinados a incitar al odio racial o que podrían tener ese efecto. Entre esos actos figuran las palabras, el comportamiento o la exhibición de material escrito, la publicación o distribución de material escrito, la representación pública de obras, la distribución, exhibición o utilización de grabaciones, la emisión de programas y la posesión de material que incite al odio racial. Las personas declaradas culpables de un delito en virtud de dicha Ley pueden ser condenadas a una pena de prisión de siete años como máximo, a una multa sin límite o a ambas.

206.Además, en la Ley de protección contra el acoso (Bailía de Guernsey) de 2006 se establecen recursos civiles y penales respecto de la conducta consistente en acosar a otra persona. Ello abarca el hecho de atemorizar con la violencia, alarmar o provocar angustia a otra persona.

207.Las asambleas legislativas de la Bailía también promulgaron una legislación [la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004] que les autoriza a tomar medidas para prevenir la discriminación mediante la legislación secundaria. Esa Ley prevé facultades para aplicar los acuerdos internacionales. En ella se entiende por discriminación la practicada contra cualquier persona por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, creencia, opinión política o de otra índole, origen nacional, social o étnico, pertenencia a una minoría nacional, edad, discapacidad, cambio de sexo, posición económica, nacimiento, o estado civil, familiar o de otro tipo.

208. En lo concerniente al párrafo 19 de las observaciones finales (“El Comité solicita que el sexto informe periódico relativo a Jersey, Guernsey y la Isla de Man se presente conjuntamente con el sexto informe del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en una fecha que se determinará después del examen del quinto informe, que está pendiente. El informe debe ser preparado de co n formidad con las Directrices revisadas aprobadas por el Comité (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) y se debe prestar particular atención a las cuestiones planteadas en las presentes o b servaciones finales. El Comité solicita que las presentes observaciones finales y el próximo informe periódico sean difundidos ampliamente en Jersey, Guernsey y la Isla de Man.”), a continuación se facilita información sobre la cuestión.

209.Cabe señalar al Comité que los informes originales de las dependencias de la Corona se han adjuntado al presente informe. La información que figura en los informes de las dependencias de la Corona también se ha incluido en las secciones correspondientes de este informe. Las últimas observaciones finales del Comité y los informes periódicos más recientes del Reino Unido, los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona se publicaron en el sitio web oficial del Ministerio de Asuntos Constitucionales.

Isla de Man

210.El presente informe, las observaciones finales del Comité y todos los comentarios que el Gobierno de la Isla de Man podría formular acerca de esas observaciones se publicarán a su debido tiempo en el marco del proceso de sensibilización del público a los asuntos relacionados con los derechos humanos.

Bailía de Jersey

211.Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre los informes periódicos cuarto y quinto del Reino Unido relativos a los territorios dependientes de la Corona de Jersey, Guernsey y la Isla de Man de 2000 se publicaron en un informe (R.C.1/2001) y se presentaron a los Estados de Jersey en enero de  2001. El sexto informe periódico también fue presentado a los Estados de Jersey por el Primer Ministro y publicado en el sitio web de la Asamblea de los Estados.

C. Información sobre los distintos artículos de las Partes I, II y III del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos

Introducción

212.En esta parte final del informe, el Gobierno presenta los avances realizados en la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto y, a fin de evitar las repeticiones, podría referirse de vez en cuando a las respuestas a las observaciones finales del Comité (capítulos II.A y II.B).

Artículo 1

213.El derecho de libre determinación se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

la Carta de las Naciones Unidas (1945);

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);

la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (1992);

el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (1995).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico: Reino Unido

214.En junio de 2005, el Gobierno publicó un documento titulado “Better Governance for Wales” [Mejorar la gobernanza en Gales], que constituye la base de la Ley del Gobierno de Gales de 2006. Esa Ley prevé la separación de los brazos ejecutivo y legislativo de la Asamblea y establece un procedimiento simplificado mediante el cual el Parlamento británico puede dotar al nuevo brazo legislativo (denominado Asamblea Nacional) de competencias para legislar sobre asuntos específicos en ámbitos en que la Asamblea Nacional desempeña funciones actualmente. Hoy en día la Asamblea también ejerce facultades legislativas subordinadas en el marco de la legislación primaria, controla un presupuesto anual de unos 7.000 millones de libras y se ocupa de la supervisión de los organismos y entidades públicos que tienen responsabilidades en Gales. Cuando entre en vigor la Ley del Gobierno de Gales de 2006 (después de las elecciones de mayo de 2007), el nuevo brazo ejecutivo, denominado Gobierno de la Asamblea de Gales, asumirá esas responsabilidades.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

215.En 2005 nueve comisionados de las Islas Vírgenes Británicas revisaron la Constitución de las Islas. Su tarea consistió en efectuar una revisión de la Constitución de las Islas Vírgenes de 1976 (UK S.I. 1976 Nº. 2145) con miras a garantizar el progreso constante y el buen gobierno de las Islas, analizando en particular los siguientes aspectos:

las funciones del Fiscal General como asesor jurídico principal del Gobierno y acusador público, a fin de separarlas y de encomendar la función de acusador público a un Director de acusaciones públicas;

la elaboración de una definición clara de la condición de ciudadano local (“belonger”), en particular las personas que podrían considerarse ciudadanas de las Islas Vírgenes Británicas, pero que podrían carecer de la ciudadanía de los territorios británicos de ultramar en virtud de la Ley de nacionalidad británica de 1981, con el derecho al pasaporte que esa condición otorga;

la protección de los derechos y privilegios de los pueblos indígenas de las Islas Vírgenes Británicas, limitando la capacidad de las personas no indígenas de ocupar cargos públicos;

la creación de un sexto cargo ministerial habida cuenta del aumento del tamaño del Gobierno y de la necesidad de asegurar una mayor eficacia y productividad;

la necesidad de incluir un capítulo sobre los derechos humanos en la Constitución;

tomando en consideración las facultades reservadas del Gobernador, examinar la posibilidad de reducir esas facultades y establecer un sistema viable de controles y equilibrios para garantizar el buen gobierno permanente;

considerando el actual sistema de funcionamiento del Consejo Ejecutivo, efectuar un análisis riguroso de la viabilidad de instaurar un sistema de gobierno de gabinete para las Islas Vírgenes Británicas.

216.En abril de 2005 los comisionados concluyeron el informe. Entre sus recomendaciones cabe citar las siguientes:

la separación completa de las funciones acusatorias del Fiscal General y la atribución de dichas funciones a un Director de acusaciones públicas, cargo que se creará con arreglo a la Constitución;

la institución en la Constitución de un sexto cargo ministerial y de al menos dos escaños adicionales en el Consejo Legislativo;

la inclusión de un capítulo sobre los derechos humanos en la nueva Constitución;

la introducción de un sistema de gobierno de gabinete en las Islas Vírgenes Británicas.

217.Los Gobiernos del Reino Unido y de las Islas Vírgenes Británicas empezaron a negociar las condiciones de una nueva Constitución para las Islas. En virtud de una enmienda de la Constitución de las Islas realizada en 2000, ahora el Consejo Ejecutivo está integrado por el Primer Ministro y otros cuatro ministros, así como por el Fiscal General, que es miembro por derecho propio. Antes sólo había tres ministros, además del Primer Ministro y el Fiscal General. Se ha promulgado la Ley de referéndum de 2002 (Nº 9 de 2002), pero todavía no ha entrado en vigor. En esa Ley se prevé la celebración de referéndums sobre todo tipo de asuntos.

Islas Caimán

218.En mayo de 2005 se celebraron las últimas elecciones generales en las Islas. Durante esas elecciones la cuestión de la relación constitucional entre las Islas Caimán y el Reino Unido no se planteó como un problema ni se mencionó en la Asamblea.

219.En cuanto a la Constitución de las Islas Caimán, en 2001 se designó a tres comisionados encargados de la modernización y revisión constitucional para revisar la Constitución. En su informe de 2002 recomendaron que se incluyera una carta de derechos en armonía con las disposiciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Las Islas Caimán y la Oficina de Relaciones Exteriores y del Commonwealth están celebrando conversaciones sobre la reforma constitucional y se prevé que la Constitución revisada, que comprenderá una carta de derechos con fuerza legal, entre en vigor en los próximos años.

220.Con posterioridad al quinto informe periódico, se creó el cargo del comisionado encargado de las quejas en virtud de la Ley sobre el comisionado encargado de las quejas (2003) y se nombró oportunamente al comisionado, el cual está investido de la facultad de investigar las quejas sobre conductas administrativas incorrectas, indebidas o inadecuadas por parte de toda entidad gubernamental sujeta a esa Ley.

Islas Falkland

221.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

222.Durante el período transcurrido desde la presentación del quinto informe periódico, el Gobierno de Gibraltar presentó propuestas con miras a la reforma constitucional. Esas propuestas fueron objeto de negociaciones pormenorizadas que concluyeron recientemente. El texto del proyecto de constitución se dio a conocer públicamente y se pedirá a la población de Gibraltar que apruebe las reformas mediante un referéndum.

Montserrat

223.La mayoría de los derechos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se consagran en la Constitución de Montserrat (1.01). Esos derechos y libertades fundamentales se garantizan y protegen rigurosamente.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

224.No hay ninguna novedad que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

225.No hay ninguna novedad que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

226.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Jersey

227.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

228.A partir del 1º de mayo de 2004 se redujo el número de miembros con derecho a voto de la asamblea legislativa de Guernsey de 57 a 47, de los cuales 45 son elegidos directamente por sufragio universal en siete distritos electorales. En cada uno de los siete distritos se elige a seis o siete miembros. Los dos miembros restantes son representantes de los Estados de Alderney. En Alderney los 10 miembros de la asamblea legislativa son elegidos directamente por sufragio universal. En Sark se eligen directamente por sufragio universal 12 miembros de la asamblea legislativa. Los 40 miembros restantes ocupan su escaño en virtud de derechos vinculados a la propiedad de ciertos bienes. No obstante, actualmente se está pasando revista a la composición del parlamento de Sark, denominado Chief Pleas, y es probable que, cuando se promulgue la Constitución de Sark (Ley fundamental) de 2006, todos o la mayoría de sus miembros sean elegidos directamente. En las tres Islas el sistema de gobierno y el método de elección obedecen al deseo de las poblaciones respectivas.

Artículos 2 y 26

229.El derecho de no discriminación se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

la Carta de las Naciones Unidas (1945);

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

el Convenio Nº 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (1951);

la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer(1953);

la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada(1957);

el Convenio Nº 111 de la OIT relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (1958);

la Carta Social Europea(1961);

el Convenio Nº 122 de la OIT relativo a la política del empleo(1964);

la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1966);

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(1966);

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y enmienda (1995);

el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales(1995);

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea (modificado en Niza – 2003).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico: Reino Unido

230.Véase también la respuesta a los párrafos 12 y 13 de las observaciones finales (capítulo II.A).

231.El Gobierno británico sigue firmemente decidido a eliminar todas las formas de discriminación racial y a elaborar una legislación y políticas que aborden eficazmente el problema de la discriminación racial, la intolerancia y la violencia. El planteamiento y las medidas destinadas a eliminar toda discriminación por esos motivos se expusieron con gran detalle en el quinto informe periódico (la discriminación por razón de género se trata por separado en el marco del artículo 3) y en este informe se presentan de modo pormenorizado las mejoras importantes introducidas desde entonces en la legislación y las políticas.

232.La Ley (Enmienda) de relaciones raciales de 2000 modificó la Ley de relaciones raciales de 1976 para declarar ilícita la discriminación por motivos de raza practicada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones. También se estableció que, en el desempeño de sus funciones, las autoridades públicas deberán tener debidamente en consideración la necesidad de eliminar la discriminación racial ilícita y de promover la igualdad de oportunidades y las buenas relaciones entre personas de distintos grupos raciales.

Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos

233.A medida que la legislación británica contra la discriminación se ha ampliado durante los últimos años para rebasar los asuntos de la raza, el género y la discapacidad y abarcar la religión, la creencia, la orientación sexual y la edad, también han sido más necesarias una promoción y aplicación eficaces en todos los ámbitos. Teniendo presente ese hecho, el Gobierno está avanzando las tareas para crear una nueva Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos (CEHR) independiente. Esa Comisión combinará las funciones de las tres comisiones sobre igualdad existentes, esto es, la Comisión para la Igualdad Racial, la Comisión de Derechos de los Discapacitados y la Comisión de Igualdad de Oportunidades. La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos ofrecerá por primera vez apoyo institucional a la legislación más reciente sobre la discriminación por motivos de edad, orientación sexual y religión o creencia. Además, asumirá la responsabilidad de promover los derechos humanos y las buenas relaciones entre los grupos de la sociedad y dentro de ellos.

234.Una vez que haya sido creado, ese nuevo órgano independiente proporcionará información y asesoramiento, elaborará códigos de práctica y efectuará investigaciones en los ámbitos de la igualdad y la diversidad y los derechos humanos. Los objetivos de la Comisión serán asegurar que la capacidad de la gente de desarrollar su potencial no se vea limitada por los prejuicios ni la discriminación y que los grupos se respeten mutuamente sobre la base del entendimiento y la valoración de la diversidad y el respeto común de la igualdad y los derechos humanos.

235.La Comisión podrá remitirse a todos los tratados relativos a los derechos humanos ratificados por el Reino Unido, comprendido el Pacto. Se pueden interponer un recurso seguro y eficaz ante los tribunales británicos en caso de violación en virtud de la Ley de derechos humanos. La Comisión podrá entablar un proceso ante los tribunales en nombre de la presunta víctima.

Inmigración y nacionalidad

236.La Dirección de Inmigración y Nacionalidad está exenta del deber de promover la igualdad de oportunidades porque la aplicación de la legislación relativa a la inmigración y la nacionalidad supone necesariamente la denegación de oportunidades a ciertos grupos debido a su nacionalidad que, en cambio, se conceden a otros. Está sujeta a los demás aspectos de la obligación general de tener debidamente en consideración la necesidad de eliminar la discriminación ilegal y de promover buenas relaciones entre los diferentes grupos raciales.

237.Ahora bien, en algunas ocasiones la Dirección de Inmigración y Nacionalidad tiene que hacer discriminaciones en el ejercicio de sus funciones cotidianas, por ejemplo, para ajustarse a las leyes sobre inmigración, como las relativas a la libertad de circulación en el Reino Unido de los nacionales del Espacio Económico Europeo (EEE), que son discriminatorias, ya que los ciudadanos de los países no pertenecientes al EEE no disfrutan de la misma libertad de circulación.

238.Por consiguiente, para lograr que la Dirección desempeñe sus funciones eficazmente sin infringir la legislación, se obtuvo en su favor una excepción limitada a la Ley (Enmienda) de relaciones raciales de 2000. En el artículo 19D) se asegura que no será ilegal discriminar a otra persona por motivos de nacionalidad u origen étnico o nacional cuando se ejerzan funciones en materia de inmigración y nacionalidad, pero siempre será ilícito hacer discriminaciones por motivos de color o raza. Las autorizaciones para establecer discriminación en virtud del artículo 19D) deberán ser aprobadas por el Ministro del Interior sobre la base de informaciones o pruebas estadísticas que indiquen el abuso real o potencial del sistema de inmigración. La autorización sólo será lícita cuando sea razonable, está justificada y sea proporcionada, pues de lo contrario podrá ser revocada mediante el proceso de revisión judicial.

239.Un supervisor independiente analiza minuciosamente las autorizaciones, de conformidad con el artículo 19E) de la Ley (enmienda) de relaciones raciales. En virtud de ese artículo, el Ministro del Interior está obligado a nombrar supervisor independiente de asuntos raciales a una persona que no forme parte de su personal. Antes de nombrar al supervisor, habrá que consultar a la Comisión para la Igualdad Racial. A pesar de que el Ministerio del Interior financia el puesto de supervisor independiente de asuntos raciales, éste trabaja de modo autónomo al margen del Ministerio y rinde informe ante el Parlamento. Las funciones de la persona nombrada consisten en garantizar que no se rebasan las condiciones de las autorizaciones y que las propias autorizaciones se justifican en la práctica.

Las relaciones raciales y de género en las fuerzas armadas

240.En marzo de 1998 el Gobierno y la Comisión para la Igualdad Racial firmaron un acuerdo de colaboración quinquenal a fin de establecer una estrecha cooperación para promover las prácticas en materia de igualdad racial en todas las fuerzas armadas. En julio de 2003 se firmó el segundo acuerdo de colaboración con la Comisión para la Igualdad Racial. En él se definen las esferas prioritarias y los resultados esperados a lo largo de un período de tres años y se instituye un mecanismo interesante y realista para examinar los progresos. Se está trabajando con la Comisión para elaborar un nuevo acuerdo de colaboración que sustituya al anterior.

241.Las fuerzas armadas están sujetas a la Ley (Enmienda) de relaciones raciales de 2000. A semejanza de otros organismos públicos, tienen la obligación legal de promover la igualdad racial. En mayo de 2002, el Gobierno publicó un plan sobre la igualdad racial, en el que se exponía la manera en que pensaba dar cumplimiento a la Ley en las fuerzas armadas y basarse en la labor existente en relación con el empleo en la administración pública y las fuerzas armadas. El plan también versaba sobre el suministro de directrices y servicios a los empleados, las personas a su cargo y el público en general y sobre las actividades de la Policía Militar. En abril de 2006 se publicó un nuevo plan sobre la igualdad y la diversidad para 2006–2009, que abarca la raza, la discapacidad, el género, la edad, la religión o la creencia y la orientación sexual y satisface las exigencias legales incluidas anteriormente en el plan sobre la igualdad racial en las fuerzas armadas.

242.Durante 2005-2006 el porcentaje de personas procedentes de comunidades de minorías étnicas británicas contratadas en las fuerzas armadas fue del 2% en la marina británica, del 3,6% en el ejército de tierra y del 1,5% en el ejército del aire. Las fuerzas armadas han fijado una nueva serie de metas anuales en materia de contratación de personas pertenecientes a las minorías étnicas británicas para el período comprendido entre el ejercicio económico 2006-2007 y los próximos cinco años. El objetivo es aumentar en un 0,5% el porcentaje logrado para cada fuerza en el año anterior o perseguir la meta del año precedente cuando ésta represente mayores dificultades. Eso significa que en el ejercicio económico 2006‑2007, los porcentajes fijados para la contratación de personas procedentes de minorías étnicas serán del 3,5% en la marina británica, del 4,1% en el ejército de tierra y del 3,6% en el ejército del aire. Las fuerzas armadas se proponen que las minorías étnicas cuenten con una representación del 8% entre sus efectivos en 2013 (en consonancia con la representación de las minorías étnicas en la sociedad británica), fijando entretanto un objetivo provisional del 6% para 2006. La representación de las minorías étnicas en las fuerzas armadas ha aumentado considerablemente durante los últimos años, al pasar de algo más del 1% en 1999 al 5,5% al 1º de abril de 2006.

243.Al 1º de abril de 2006 prestaban servicios en las fuerzas armadas regulares 17.870 mujeres, cifra que representa el 9,1% de los efectivos totales. La mayoría de los puestos de las fuerzas armadas están abiertos a las mujeres, a razón de los siguientes porcentajes en las distintas fuerzas: el 71% de los puestos en la marina, el 71% en el ejército de tierra y el 96% en las fuerzas aéreas.

Las relaciones raciales y de género en la educación

244.Todos los años el Gobierno recopila datos sobre el origen étnico de los alumnos en el marco del censo escolar anual. En enero de 2006 más de 6,6 millones de alumnos cursaban estudios en escuelas primarias y secundarias estatales de Inglaterra. El 19,06% de ellos se identificaron a sí mismos como miembros de un grupo étnico minoritario (un grupo étnico distinto de los británicos blancos). Las proporciones correspondientes a cada grupo eran las siguientes: británicos blancos (80,94%); irlandeses blancos (0,38%); nómadas de origen irlandés (0,06%); gitanos o romaníes (0,11%); demás grupos de raza blanca (2,5%); mulatos del Caribe (1,08%); mulatos africanos (0,31%); mestizos de raza blanca y asiática (0,63%); demás mestizos (1,06%); hindúes (2,39%); pakistaníes (2,96%); bangladeshíes (1,21%); demás asiáticos (0,89%); negros caribeños (1,40%); negros africanos (2,21%); demás grupos de raza negra (0,45%); chinos (0,37%); demás grupos étnicos (1,03%); datos no facilitados o todavía no obtenidos (1,89%). Se sabe o cree que el primer idioma de más del 11% de esos alumnos no era el inglés. Esos datos se utilizan para determinar las desigualdades en los resultados escolares y orientar las políticas y los recursos a fin de reducirlas.

CUADRO 8

Escuelas primarias y secundarias y todas las escuelas especiales estatales (1)(2)(3):número y porcentaje de alumnos por grupo étnico

Grupo étnico	Alumnos en edad escolar obligatoria y mayores de esa edad
Escuelas primarias	Escuelas secundarias	Todas las escuelas especiales
Número	Porcentaje (4)	Número	Porcentaje (4)	Número	Porcentaje (4)
Blancos		2.732.302	81,3	2.764.071	83,6	70.320	83,0
	Británicos blancos	2.614.842	78,1	2.673.984	80,9	68.244	80,6
	Irlandeses	12.347	0,4	12.218	0,4	317	0,4
	Nómadas de origen irlandés	2.995	0,1	1.064	0	100	0,1
	Gitanos / Romaníes	5.145	0,2	2.299	0,1	150	0,2
	Demás grupos de raza blanca	87.973	2,6	74.506	2,3	1.509	1,8
Mestizos		117.495	3,5	84.192	2,5	2.573	3,0
	Mulatos del Caribe	40.077	1,2	30.487	0,9	1.019	1,2
	Mulatos africanos	12.524	0,4	8.025	0,2	228	0,3
	Mestizos de raza blanca y asiática	24.244	0,7	16.855	0,5	466	0,6
	Demás mestizos	40.650	1,2	28.825	0,9	860	1
Asiáticos		265.756	7,9	221.107	6,7	5.596	6,6
	Indios	77.651	2,3	78.629	2,4	1.296	1,5
	Pakistaníes	110.413	3,3	82.903	2,5	2.958	3,5
	Bangladeshíes	46.563	1,4	32.679	1	707	0,8
	Demás asiáticos	31.129	0,9	26.896	0,8	635	0,7
Negros		148.288	4,4	117.388	3,6	3.533	4,2
	Negros caribeños	48.584	1,5	43.077	1,3	1.291	1,5
	Negros africanos	83.923	2,5	60.503	1,8	1.712	2
	Demás grupos de raza negra	15.781	0,5	13.808	0,4	530	0,6
Chinos		11.047	0,3	12.940	0,4	230	0,3
Clasificados(1)		3.303.216	98,6	3.229.349	97,7	82.943	97,9
Sin clasificar(5)		45.835	1,4	77.216	2,3	1.775	2,1
Todos los alumnos (6)		3.349.051	100	3.306.565	100	84.718	100
1) Los alumnos en edad escolar obligatoria y mayores de esa edad se clasificaron en función del grupo étnico. Se excluyen los alumnos matriculados simultáneamente como británicos y pertenecientes a minorías.
2) Se incluyen las escuelas especiales estatales y privadas. Se excluyen las escuela de hospitales.
3) Se incluyen las escuelas medias cuando se estima necesario.
4) El número de alumnos por grupo étnico se expresa como porcentaje del total de los alumnos en edad escolar obligatoria y mayores de esa edad.
5) Información no facilitada o no obtenida.
6) Todos los alumnos en edad escolar obligatoria y mayores de esa edad.

245.El Gobierno tiene la firme voluntad de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los maestros y acopia información sobre su origen étnico en enero de cada año. Desde 2006-2007 el Organismo de Formación y Perfeccionamiento modificó el sistema de definición de objetivos para velar por que las metas en materia de contratación de personas pertenecientes a minorías étnicas sean ambiciosas y guarden relación con los alumnos de las minorías étnicas de las zonas en que se encuentran los organismos encargados de impartir la formación inicial de docentes y sus alrededores.

246.En enero de 2006, los datos provisionales indican que el 5% de los maestros no eran de raza blanca y esa proporción permaneció bastante estable a lo largo de los últimos años. Londres es el lugar en que la población docente es más variada, pues cerca del 20% de los profesores no son de raza blanca. Todavía se desconoce el origen étnico del 13% del cuerpo docente.

La educación postsecundaria y superior

247.El Gobierno también está resuelto a garantizar la igualdad de oportunidades para todos los docentes que ejercen su magisterio en el sector de la enseñanza superior. Un Grupo asesor sobre cuestiones raciales ayuda al Gobierno a formular políticas para incrementar el número de líderes de minorías étnicas en la enseñanza superior en Inglaterra. El Organismo encargado del aprendizaje permanente del Reino Unido (Lifelong Learning UK (LLUK)), en su calidad de consejo de formación sectorial para la enseñanza superior, está dirigiendo, en nombre del Gobierno, el estudio de los distintos problemas con que se enfrentan los docentes de la educación superior. Se celebrarán más conversaciones con la Comisión para la Igualdad Racial acerca de la elaboración y aplicación de políticas apropiadas. Según los datos disponibles, en 2004-2005, el 79,8% de los alumnos que recibían enseñanza superior financiada por el consejo eran de raza blanca y el 16% pertenecía a la población negra y los grupos de minorías étnicas (no se disponía de datos sobre el origen étnico del 4,2% restante de los estudiantes).

248.El Gobierno acopia datos sobre el origen de los profesores de enseñanza superior por conducto del Consejo de Aprendizaje y Conocimientos. A partir de septiembre de 2006 esa responsabilidad se encomendará al Organismo encargado del aprendizaje permanente del Reino Unido (LLUK). La información más reciente de que se dispone (2004-2005) indica que, en los casos en que se facilitaron datos sobre el origen étnico, el 5,3% de los docentes universitarios procedían de grupos étnicos minoritarios. El 1% declaró “otro” origen étnico. Ese análisis podría verse modificado, teniendo en cuenta que no se mencionó el origen étnico del 7,8% de los profesores de enseñanza superior.

249.En 2004-2005, el 17,8% de los 1.627.500 estudiantes domiciliados en el Reino Unido que cursaban estudios en instituciones de educación superior inglesas procedían de la población negra y los grupos de minorías étnicas, según la información relativa a los estudiantes que habían declarado su origen étnico. En cuanto a la participación de las mujeres en la enseñanza superior, en 2004-2005, éstas representaban el 58,6% de los 1.627.500 estudiantes domiciliados en el Reino Unido inscritos en establecimientos de ese tipo de enseñanza.

250.Por lo que se refiere al personal de la educación superior, en 2004-2005 el 11,1% de los 134.100 profesores universitarios que impartían enseñanza en instituciones de educación superior británicas pertenecían a la población negra y los grupos de minorías étnicas, según los datos relativos a los profesores que habían comunicado su origen étnico. En lo concerniente a las mujeres, en 2004-2005, éstas representaban el 41,5% de los 134.100 profesores universitarios de los establecimientos de enseñanza superior de Inglaterra.

251.En 1997-1998, las mujeres representaron el 56% de los cerca de 4 millones de estudiantes matriculados en la enseñanza superior en Inglaterra. En 2004-2005 el 59,3% de los 4,2 millones de estudiantes universitarios eran mujeres.

La discriminación por motivos religiosos

252.La Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia modificó la Ley sobre delincuencia y disturbios de 1998 para que se pudiera imponer una pena más severa en los casos de delitos agravados por motivos raciales y religiosos.

253.En 2003 se introdujo en Gran Bretaña la legislación destinada a prohibir la discriminación en el empleo o la formación profesional por motivos de religión o creencia, de conformidad con la Directiva europea relativa a la igualdad de trato en el empleo. En el Título 2 de la Ley de igualdad de 2006 se prohíbe la discriminación por motivos de religión o creencia en el suministro de bienes, instalaciones y servicios y en la función pública en Gran Bretaña.

254.El  2  de diciembre de 2003 entró en vigor el Reglamento sobre la igualdad en el empleo (religión o creencia) de 2003. En él se prohíbe la discriminación basada en la religión o la creencia en el empleo asalariado, el empleo por cuenta propia, la ocupación y la formación profesional. El Reglamento se aplica a lo largo de toda la relación de trabajo, es decir, en la contratación, en el lugar de trabajo, en caso de despido y, a veces, después de que haya finalizado el empleo. La legislación se puede hacer respetar por conducto de los juzgados y tribunales.

Gales

255.En Gales la estrategia de prevención de la discriminación sigue siendo la misma que se describió en el quinto informe periódico. Concretamente, mediante las disposiciones relativas a la igualdad de oportunidades de la Ley del Gobierno de Gales de 1998 se obliga a la Asamblea Nacional de Gales a garantizar la igualdad de oportunidades en la dirección de sus reuniones y en el ejercicio de sus funciones. La Ley del Gobierno de Gales de 2006 contiene normas similares y la responsabilidad de ponerlas en práctica incumbirá al Ministro de Gales después de mayo de 2007 (cuando se derogue la Ley de 1998). La Asamblea Nacional de Gales y los organismos públicos también tienen la obligación legal de promover la igualdad racial en virtud de la Ley de relaciones raciales (modificada) y deben publicar planes sobre la igualdad racial en los que expliquen cómo piensan cumplir esa obligación.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

256.Se ha promulgado la Ley contra la discriminación de 2001 (Nº 2 de 2001), aunque todavía no ha entrado en vigor. En la Ley se prohíbe y penaliza la discriminación por motivos raciales.

257.En 2000 se derogaron las normas de la Constitución de las Islas Vírgenes Británicas que conferían automáticamente la condición de ciudadana local (“belonger”, una condición jurídica vinculada generalmente con los territorios británicos de ultramar) a la mujer que contrajera matrimonio con un hombre que poseyera esa condición y la denegaban al hombre que se casara con una mujer que disfrutara de esa ciudadanía. Para solicitar la ciudadanía, las personas de ambos sexos que contraigan matrimonio con un ciudadano local y no sean ciudadanas de las Islas tienen que haber residido en ellas durante cinco años. No se perderá la condición de ciudadano local adquirida mediante el matrimonio debido al divorcio o la separación ulterior.

258.No se promulgó el proyecto de ley sobre el Código de Trabajo de 1998, en el que se proponían disposiciones más adecuadas respecto de la discriminación en el lugar de trabajo. Desde entonces, el proyecto de ley se revisó varias veces y se volvió a presentar a la asamblea legislativa en 2001 y posteriormente en 2005. El Código de Trabajo vigente prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, credo, sexo, edad y creencia política. De promulgarse, el proyecto de ley sobre el Código de Trabajo de 2005 prohibirá la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de raza, color, sexo, creencia religiosa, origen étnico, nacionalidad, opinión o afiliación política, discapacidad, responsabilidad familiar, situación de gravidez, estado civil o edad.

Islas Caimán

259.La información sigue siendo básicamente la misma que figura en el quinto informe periódico.

260.En lo que respecta a la prohibición de la discriminación en materia de empleo, esa cuestión se trata en la actual Ley del trabajo (revisión de 2001). Los asuntos de inmigración se regulan en la Ley de inmigración (revisión de 2006).

261.Por lo que se refiere específicamente a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, actualmente las Islas Caimán están redactando una legislación nacional en la que se abordará el problema de la discriminación racial. Se prevé igualmente que, con la aparición de la declaración de derechos, se pueda tramitar adecuadamente toda denuncia de discriminación mediante el recurso constitucional.

262.En diciembre de 2005 se designó un nuevo Comité de Derechos Humanos de las Islas Caimán como organismo nacional encargado de promover y proteger los derechos humanos fundamentales en las Islas. En virtud de su mandato, el Comité está habilitado para dar a conocer mejor los derechos humanos al público, actuar de coordinador para encauzar las preocupaciones en materia de derechos humanos y, de ser necesario, preparar informes y recomendaciones para mejorar la protección de los derechos humanos. Hasta la fecha, el Comité ha aceptado nueve solicitudes, de las cuales una ha llegado a la fase de presentación del informe final, dos no han planteado ninguna cuestión de fondo, una ha sido resuelta de forma amigable y cinco se están tramitando.

Islas Falkland

263.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

264.En 2004 la Cámara de la Asamblea aprobó la Ordenanza sobre la igualdad de oportunidades de 2004, que transpuso en la legislación de Gibraltar las siguientes directivas de la Unión Europea:

Directiva 1997/80/CE del Consejo relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo;

Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico;

Directiva 2000/78/CE del Consejo relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

265.La Ordenanza prohíbe la discriminación basada en la raza y el origen étnico por parte de las escuelas, las autoridades públicas, los caseros y otros organismos públicos y privados que suministran bienes, instalaciones o servicios al público o a sectores de éste.

Montserrat

266.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

267.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

268.En la nueva Constitución (artículo 15) se consagran los derechos fundamentales contra la discriminación de los isleños. El Gobierno de las Islas Turcas y Caicos ha creado igualmente una Unidad de Asuntos de Género, dirigida por el Ministro de Educación, Juventud, Deportes y Desarrollo Social. La finalidad de esa Unidad es permitir que las mujeres, los hombres y los niños desarrollen su capacidad potencial y participen en la vida social, cultural y económica de las Islas, además de disfrutar de los recursos del país. La Unidad de Asuntos de Género aspira a construir una sociedad integradora.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

269.Véase la respuesta a los párrafos 8, 9, 10, 14, 16 y 18 de las observaciones finales (capítulo II.B supra).

Bailía de Jersey

270.Véase igualmente la respuesta a los párrafos 8, 9, 14, 16 y 18 de las observaciones finales.

Bailía de Guernsey

271.Las asambleas legislativas de la Bailía han promulgado la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004, que las autoriza a tomar medidas para prevenir la discriminación mediante la legislación secundaria.

272.La Ley de derechos humanos (Bailía de Guernsey) de 2000, que entró en vigor el 1º de septiembre de  2006, hace efectivo en el plano interno el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Si bien ello no guarda una relación directa con el Pacto, pone de manifiesto la voluntad de respetar los principios del mismo y muchos de los derechos enunciados en la Ley corresponden a los consagrados en él.

Artículo 3

273.La igualdad entre hombres y mujeres también se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

el Convenio Nº 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (1951);

la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer(1953);

la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada(1957);

la Carta Social Europea(1961);

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(1966);

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y enmienda (1995);

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea (modificado en Niza – 2003).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

274.Véase igualmente la respuesta a los párrafos 12 y 13 de las observaciones finales (capítulo II.A supra).

275.La Unidad sobre la Mujer y la Igualdad trabaja en todos los sectores del Gobierno, incorporando la perspectiva de la mujer en el programa gubernamental en su conjunto. Los Ministros de la Mujer también forman parte de varios comités ministeriales para brindar un mecanismo estratégico a fin de asegurar que las cuestiones de género (y de la igualdad en general) se integran y arraigan en la formulación de políticas y los asuntos relacionados con la prestación de servicios que está estudiando el Gobierno.

276.Esta intervención de alto nivel forma parte de un conjunto de medidas, entre las que cabe citar las prioridades de la Red de Ministros de la Mujer, las intervenciones mediante objetivos gubernamentales de alto nivel en el marco del acuerdo de la administración pública sobre la igualdad entre los géneros, la legislación de defensa de la igualdad por conducto del Parlamento y su representación personal, y las actividades llevadas a cabo a través de los debates, los medios de comunicación y las iniciativas de la Unidad sobre la Mujer y la Igualdad para integrar los asuntos de igualdad en la política general. Esa labor complementa igualmente las actividades sobre el género y la igualdad realizadas en el seno de la Unión Europea y los compromisos internacionales.

277.En 2002 el Gobierno decidió adoptar un enfoque estratégico para hacer frente a las desigualdades persistentes, que en la mayoría de los casos siguen afectando más a las mujeres que a los hombres. El Gobierno fijó objetivos de alto nivel para introducir mejoras mensurables a través de una serie de indicadores, que obligan a varios ministerios a abordar el problema de la desigualdad.

278.El acuerdo de la administración pública sobre la igualdad entre los géneros tiene por objeto propiciar mejoras en esferas como la prestación de servicios de atención del niño, el fomento del trabajo flexible, el aumento de la participación de la mujer en sectores de la fuerza de trabajo en que está insuficientemente representada y en la vida cívica, y la eliminación de la violencia contra la mujer. Al supervisar y apoyar esas metas, la Unidad sobre la Mujer y la Igualdad sigue integrando la igualdad entre hombres y mujeres por conducto del Gobierno y las partes interesadas.

279.Asimismo, se han nombrado ministros con atribuciones especiales en los asuntos relacionados con la mujer y la igualdad de oportunidades para Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

280.En julio de 1995 se presentó el tercer informe periódico del Reino Unido relativo a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En enero de 1999 se presentó el cuarto informe periódico del Reino Unido. En junio de 1999 el Gobierno británico fue objeto de examen en relación con ambos informes. En junio de 2003 se presentó el quinto informe periódico del Reino Unido.

La Ley sobre la discriminación de los candidatos a las elecciones por motivos de sexo de 2002

281.La Ley sobre la discriminación de los candidatos a las elecciones por motivos de sexo recibió la sanción real el 26 de febrero de 2002. En la Ley se autoriza a los partidos políticos a tomar medidas que regulen la selección de los candidatos a determinadas elecciones a fin de reducir la desigualdad en el número de hombres y mujeres elegidos candidatos del partido.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades

282.La Comisión de Igualdad de Oportunidades tiene la obligación legal de promover la igualdad entre hombres y mujeres y revisa periódicamente la legislación relativa a la discriminación basada en el sexo para asesorar al Gobierno acerca de toda modificación que estime necesaria. Como se ha indicado anteriormente, en octubre de 2007 las funciones de la Comisión se asignarán a la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos.

El deber de los organismos públicos de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres

283.En el Título IV de la Ley de igualdad de 2006 se impuso un deber general (que equivalía a una obligación general legal) a los organismos públicos, los cuales, en su calidad de empleadores y proveedores de servicios, están obligados a tomar debidamente en consideración la necesidad de eliminar la discriminación y el acoso ilícitos y a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

284.Ese deber, que será efectivo a partir de abril de 2007, abarcará igualmente las infracciones y violaciones de la Ley de igualdad de remuneración de 1970 y regirá en Inglaterra, Escocia y Gales.

La Directiva relativa al género

285.El Gobierno está preparando un reglamento para poner en práctica la Directiva por la que se aplica la igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro en diciembre de 2007. Mediante ese reglamento se introducirán modificaciones de poca importancia en la legislación vigente sobre la discriminación por motivos de sexo y se ampliará la protección por razón de cambio de sexo y por motivos de gestación y maternidad desde el empleo hasta el suministro de bienes y servicios.

La Directiva relativa a la igualdad de trato

286.La Directiva de 1976 relativa a la igualdad de trato instauró en el ámbito de la Comunidad Europea el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. Esa Directiva fue modificada por la Directiva 2002/73/CE, que incorpora la jurisprudencia del Tribunal de justicia europeo y reafirma el principio de igualdad de trato y su aplicación en la práctica. El reglamento que aplica esa Directiva entró en vigor el 1º de octubre de 2005 en Gran Bretaña y el 5 de octubre de 2005 en Irlanda del Norte. Dado que la legislación sobre la discriminación por razón de sexo del Reino Unido ya era muy avanzada, las modificaciones exigidas por la Directiva fueron relativamente escasas, a saber:

una nueva definición de la discriminación indirecta por razón de sexo en los asuntos de empleo y la formación profesional;

la prohibición del hostigamiento y el acoso sexual en el empleo y la formación profesional;

la aclaración de que el trato menos favorable dispensado a la mujer por motivos de licencia de gestación o de maternidad constituye una discriminación ilícita por razón de sexo;

la ampliación de la protección a las personas que trabajan en el extranjero para una empresa de Gran Bretaña;

la modificación de una excepción poco utilizada a la Ley sobre la discriminación por motivos de sexo de 1975, mediante la cual los empleadores podían negarse a proponer un empleo determinado a las personas que iban a cambiar o habían cambiado de sexo;

la eliminación de algunas disposiciones discriminatorias de las prestaciones por muerte o de jubilación para las personas que trabajan en asociaciones de empresas o sindicatos;

la definición clara de los deberes de los organismos encargados de impartir formación profesional y la mayor protección frente a la experiencia laboral práctica no remunerada que ofrecen las empresas privadas;

la aplicación de la normativa a las personas que se encuentran en una situación especial, por ser funcionarios en vez de empleados;

la aclaración de la manera en que la Ley sobre la discriminación por motivos de sexo se aplica a los sacerdotes; y

el establecimiento de un nuevo plazo para uno de los formularios utilizados para presentar reclamaciones a los tribunales de trabajo.

Las trabajadoras en estado de gravidez

287.La Ley de relaciones laborales de 1999 regula nuevos derechos en favor de las familias, en particular la prolongación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas y una licencia de paternidad de tres meses para los empleados que cumplan determinadas condiciones. Además, la Ley sobre el trabajo y las familias de 2006 se propone instaurar un conjunto equilibrado de derechos y deberes para los empleadores y los empleados, de acuerdo con el programa del Gobierno destinado a mejorar la organización en los sectores público y privado. La Ley sobre el trabajo y las familias prevé lo siguiente:

prolongar las prestaciones por maternidad y adopción de seis a nueve meses a partir de abril de 2007, con objeto de instaurar una licencia de un año con goce de sueldo al final de la legislatura;

extender el derecho a solicitar un horario de trabajo flexible a los cuidadores de adultos a partir de abril de 2007;

conceder a los padres asalariados un nuevo derecho de hasta 26 semanas de licencia de paternidad, algunas de las cuales podrían ser con goce de sueldo, si la madre se reincorpora al trabajo. Ese derecho se introducirá junto con la prolongación de las prestaciones por maternidad hasta 12 meses;

establecer medidas para ayudar a los empleadores a gestionar la administración de las licencias y prestaciones y a planificar el futuro con mayor seguridad a partir de abril de 2007;

ayudar a los empleadores y empleados a disfrutar de una comunicación más satisfactoria durante la licencia de maternidad.

La mujer en las fuerzas armadas

288.Tras un estudio detenido, en mayo de 2002 el Gobierno anunció que no había razones para levantar las restricciones sobre el desempeño por las mujeres de funciones de combate cuerpo a cuerpo. Por consiguiente, en aras de la eficacia en combate, las mujeres no participan en tareas que las obliguen a enfrentarse con el enemigo o a matarlo cara a cara. No obstante, las mujeres pueden ejercer funciones de apoyo en la primera línea de los combates sobre el terreno, así como pilotar aeronaves y prestar servicio en buques de guerra.

289.La política de maternidad de las fuerzas armadas prevé medidas de apoyo para que las mujeres puedan adaptar sus ausencias por gravidez y maternidad a su carrera en las fuerzas. Las mujeres pueden optar por dejar las fuerzas prematuramente por motivo de gravidez, si así lo desean.

Los homosexuales y transexuales en las fuerzas armadas

290.En enero de 2000 se dejó de prohibir a los homosexuales que prestaran servicio en las fuerzas armadas. En el marco de ese cambio de política, se introdujo el Código de Conducta Social de las fuerzas armadas para revisar las directrices sobre las relaciones personales que afectan a todos sus miembros. Ahora en las fuerzas armadas la sexualidad de las personas se considera un asunto perteneciente a su vida privada y no se pregunta ni registra la orientación sexual.

291.En las fuerzas armadas se asegura la igualdad de oportunidades en el empleo. Los transexuales prestan servicio en las mismas condiciones que cualquier otra persona que cumpla una función militar similar. Los transexuales que deseen ingresar en las fuerzas deberán reunir los mismos criterios de estudios y buena forma física para la especialización que hayan elegido que los demás candidatos.

Los malos tratos contra la mujer en el hogar

292.El Viceministro de la Mujer y la Igualdad es miembro de varios grupos interministeriales que se ocupan de la trata, la prostitución, los delitos sexuales, la violencia doméstica, el matrimonio forzado y los crímenes de honra, que constituyen distintas facetas de la violencia contra la mujer, para velar por que la perspectiva de género se tenga plenamente en cuenta y por que la voluntad del Gobierno de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres se incorpore en la etapa de adopción de decisiones estratégicas.

293.En 2001 se creó en Escocia el Grupo nacional contra los malos tratos en el hogar para supervisar la ejecución de la Estrategia nacional contra los malos tratos en el hogar. Las prioridades fijadas en el plan de acción eran las siguientes: determinar y divulgar las buenas prácticas, definir los problemas importantes y formular una respuesta nacional común, brindar asesoramiento sobre la verificación de datos y las investigaciones necesarias, crear y supervisar una estructura integrada por grupos dedicados a cuestiones específicas y grupos formados por distintos organismos locales que trabajen con un marco coherente, examinar y seguir de cerca los progresos en relación con el plan de acción y estudiar los vínculos entre la violencia en el hogar y las cuestiones de la violencia contra la mujer en general.

294.En 2004 se amplió el mandato del Grupo nacional contra los malos tratos en el hogar en Escocia para abarcar más situaciones de violencia contra la mujer. Se creó un Comité de expertos sobre la violencia contra la mujer para asesorar al Grupo nacional acerca de sus nuevas atribuciones. El Grupo nacional estableció igualmente el Grupo de trabajo sobre los servicios para la infancia, que formuló una serie de recomendaciones, por ejemplo, en relación con las Orientaciones para los planes de servicios integrados en favor de la infancia para 2005-2008, la de tratar a los niños afectados por los malos tratos en el hogar como niños necesitados. El Grupo de trabajo editó igualmente una publicación sobre “Los niños y jóvenes que sufren malos tratos en el hogar: Notas de orientación para los encargados de la planificación”, recomendó que se proporcionara financiación para prestar una apoyo directo y aconsejó que se estableciera un grupo y un plan de ejecución para seguir concentrando la atención en los niños y jóvenes.

295.Desde 1998, el Ejecutivo Escocés ha asignado un volumen considerable de fondos para hacer frente a los malos tratos en el hogar y la violencia contra la mujer, a saber:

se concedió una cuantía de 9 millones de libras al Fondo de fomento de servicios contra los malos tratos en el hogar para complementar la financiación de proyectos locales de mejora de la prestación de servicios;

se otorgaron 10 millones de libras durante tres años, por conducto de Comunidades Escocia (en aquella época el organismo escocés de la vivienda), al Programa de suministro de refugios para mejorar los locales para refugiados existentes e incrementar su número a partir de 1999;

se proporcionó una cuantía de 1,5 millones de libras para establecer el Fondo de fomento de servicios para la prevención de la violencia contra la mujer en favor de las mujeres que son víctimas de la violencia sexual o sobreviven a ésta;

se suministraron 1,96 millones de libras para crear grupos de crisis en casos de violación a fin de mejorar los servicios locales prestados a las víctimas de violaciones y agresiones sexuales;

se concedieron 6 millones de libras con miras a financiar el Fondo para la prevención de la violencia contra la mujer con objeto de apoyar proyectos que presten servicios en toda Escocia y definir maneras en que los grupos pueden colaborar para aportar soluciones más satisfactorias a la violencia contra la mujer;

se suministraron 2,1 millones de libras para contribuir al establecimiento de la Estrategia de formación en materia de malos tratos en el hogar;

se aportaron 6 millones de libras para garantizar que se proporciona un nivel mínimo de apoyo directo a los niños y jóvenes que padecen malos tratos en el hogar en Escocia; y además de las distintas corrientes de financiación, también se están proporcionando los fondos básicos a los servicios de ayuda Scottish Women’s Aid, Rape Crisis Scotland y Scottish Domestic Abuse Helpline.

296.El Gobierno de la Asamblea de Gales está resuelto a abordar los problemas que afectan a la mujer en la sociedad, en particular los malos tratos en el hogar. En marzo de 2005, en cooperación con varios organismos y organizaciones, editó una publicación titulada “Tackling Domestic Abuse: The All Wales National Strategy” [Hacer frente a los malos tratos en el hogar: Estrategia nacional para todo el País de Gales], en la que se expone su planteamiento para afrontar la violencia doméstica, comprendido el suministro de refugios.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

297.La legislación vigente sobre el acoso sexual y la igualdad de remuneración se revisará si se promulga el proyecto de ley sobre el Código de Trabajo de 2005 (que fue examinado en primera lectura en la asamblea legislativa).

Islas Caimán

298.La referencia a la Ley de inmigración debería modificarse para hacer referencia a la Ley de inmigración (revisión de 2006).

299.La representación de la mujer en la sociedad sigue siendo esencialmente idéntica. En la actualidad tres mujeres forman parte de la Asamblea Legislativa, una de las cuales es la Presidenta de la Cámara. Entre los 3.491 miembros de la administración pública (funcionarios) figuran 1.763 mujeres. La remuneración media de las funcionarias es de 36.830,30 dólares anuales, frente a los 37.984,49 dólares anuales que perciben sus homólogos masculinos.

300.En agosto de 2006 un total de 1.893 niñas y 2.300 niños cursaban estudios en las escuelas primarias y secundarias estatales.

Islas Falkland

301.En las últimas elecciones generales, que se celebraron en 2005, dos de los ocho miembros elegidos en el Consejo Legislativo eran mujeres. Una de esas mujeres fue designada posteriormente miembro elegido del Consejo Ejecutivo por todos los miembros elegidos.

302.En cuanto al acceso a la administración pública, mujeres funcionarias ocupan actualmente los cargos de Director de Educación, Director de Agricultura y Recursos Minerales, Director de Servicios Sanitarios y Sociales, Jefe de Planificación Ambiental, Jefe de Informática y Tecnología de la Información y Jefe del Departamento de Servicios Postales. Al 1º de noviembre de 2006, los puestos de Fiscal General y Abogado Principal de la Corona (que es el sustituto del Fiscal General) recaerán en mujeres. El actual Magistrado Principal es una mujer, al igual que el representante de las Islas Falkland en el Reino Unido. Del número total (524) de funcionarios a tiempo completo y tiempo parcial empleados por el Gobierno de las Islas Falkland, 271 son mujeres y 253 hombres. Estas cifras son las correspondientes a 2006 y no comprenden el personal ocasional y temporero ni el que presta servicio en las Fuerzas de Defensa de las Islas Falkland.

303.El proyecto de ley sobre derecho de familia constituye una novedad legislativa importante en lo que respecta a la defensa de los derechos de la mujer y la igualdad. El proyecto de ley trata principalmente de los hogares y la violencia doméstica. El Título 2 del proyecto de ley, que es la sección principal del mismo, obedece en parte a la necesidad de ajustarse en mayor medida a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se hizo extensiva a las Islas Falkland en 1986. El Título 2 del proyecto de ley toma como modelo el Título 4 de la Ley inglesa sobre derecho de familia de 1996, cuyas disposiciones se promulgaron a raíz del informe sobre la violencia doméstica y la ocupación del hogar elaborado por la Comisión de Derecho Inglés en 1992. El proyecto de ley tendrá consecuencias positivas para las personas sometidas a la violencia en el hogar o afectadas por ella. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de enmienda tras su examen por una Comisión Investigadora del Consejo Legislativo. Se ha creado un grupo de trabajo encargado de determinar la manera de utilizar el proyecto de ley, si éste se promulgara, para que produzca un efecto óptimo y de darlo a conocer a la comunidad a fin de llegar a los que necesitan la protección prevista en él.

Gibraltar

304.Como se ha indicado en la información actualizada relativa al artículo 2, la Ordenanza sobre la igualdad de oportunidades de 2004 prohíbe la discriminación por razón de sexo, orientación sexual, raza, religión o creencia en el empleo y la ocupación, complementando así las prohibiciones existentes contenidas en la Ordenanza sobre el empleo, que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de sexo. La Ordenanza sobre la igualdad de oportunidades de 2004 hace extensiva la prohibición de la discriminación a determinadas personas (prohíbe la discriminación ejercida por los empleadores, organismos de formación profesional, organizaciones de empleadores y sindicatos por los motivos señalados). Actualmente el Gobierno de Gibraltar está contemplando la posibilidad de ampliar la Ordenanza sobre la igualdad de oportunidades de 2004 para abarcar la discriminación basada en la discapacidad y la edad.

305.En mayo de 2006, en el ejercicio de las funciones que se le confieren en virtud del párrafo 1 del artículo 51 de la Ordenanza sobre la igualdad de oportunidades de 2004, el Gobierno encomendó a la Oficina de Asesoría a los Ciudadanos de Gibraltar la responsabilidad de promover la igualdad de trato de todas las personas sin discriminación por motivos de sexo u origen racial o étnico.

306.En marzo de 2006, el Gobierno de Gibraltar y el programa INTERREG de la Comunidad Europea proporcionaron la financiación para la conferencia ‘Strait Ahead’, que fue organizada por la Red Empresarial de Gibraltar (organismo integrado por mujeres profesionales o empresarias). La finalidad de la conferencia era poner de relieve las posibilidades que existían para las mujeres de ciudades pequeñas o países en desarrollo. Asistieron a la conferencia mujeres profesionales y empresarias de Gibraltar, Marruecos, el Reino Unido, Portugal y España.

Montserrat

307.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

308.Se tomaron medidas legislativas para eliminar la desigualdad que existía en cuanto a los requisitos para el nombramiento como funcionario de la Isla y al deber de realizar un servicio público. La igualdad entre hombres y mujeres se reconoce en términos generales en la comunidad.

Islas Turcas y Caicos

309.Véanse los comentarios relativos a los artículos 2 y 26.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

310.Véase la respuesta al párrafo 16 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Jersey

311.Véase igualmente la respuesta al párrafo 16 de las observaciones finales.

Bailía de Guernsey

312.Los Estados de Guernsey siguen dispuestos a adoptar medidas apropiadas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas. En septiembre de 2003 los Estados resolvieron lo siguiente:

a)promulgar legislación para declarar la ilicitud de la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y la diversidad;

b)acordar que, una vez que se establezca la nueva legislación, se someta a examen una legislación subordinada relativa a la discriminación basada en el sexo;

c)pedir al Gobierno británico que haga extensiva a Guernsey su ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

313.La legislación a que se hace referencia en el apartado b) del párrafo anterior es la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004, que entró en vigor el 6 de septiembre de 2005. La legislación subordinada relativa a la discriminación en el empleo por motivos de sexo se promulgó mediante la Ordenanza sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo (Guernsey) de 2006.

314.En total, el 19,1% de los miembros de los Estados de Guernsey son mujeres. Los porcentajes comparativos correspondientes a los Estados de Alderney y el Chief Pleas (Parlamento) de Sark son del 30% y del 37%, respectivamente. De los 121 abogados que integran el Tribunal Real, 34 (el 28%) son mujeres. Un total de 2.164 niños y 2.013 niñas cursan la enseñanza primaria en escuelas públicas y en el sector privado esas cifras son de 232 y 272, respectivamente. Cursan estudios secundarios en establecimientos públicos 1.693 muchachos y 1.505 muchachas, mientras que en los centros privados esas cifras son de 420 y 625, respectivamente. En la facultad de enseñanza superior de Guernsey estudian a tiempo completo 129 hombres y 172 mujeres; 406 hombres y 490 mujeres cursan estudios superiores fuera de la isla.

Artículo 4

Reino Unido

315.En cuanto a la suspensión, véase el capítulo I.E supra del presente informe y la respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales (Parte II.A).

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

316.Para proceder a la declaración de zona catastrófica en virtud de la Ley de gestión de desastres de 2003, es preciso que antes se haya declarado la situación excepcional.

Islas Caimán

317.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en relación con este artículo.

Islas Falkland

318.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

319.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

320.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

321.No se ha declarado ninguna situación excepcional ni se han planteado casos de suspensión.

Islas Turcas y Caicos

322.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

323.No se han producido cambios notables respecto de este artículo.

Bailía de Jersey

324.No hay novedades que comunicar.

Bailía de Guernsey

325.En marzo de 2005 los Estados crearon un Organismo de facultades en caso de emergencia, entidad integrada por el Primer Ministro y otros dos ministros que, en caso de declararse una situación excepcional, podría tomar las medidas necesarias y oportunas para preservar y mantener los suministros y servicios esenciales para la vida, proteger los intereses económicos de la Bailía, el bienestar y la seguridad de la comunidad, salvaguardar la salud pública, mantener la seguridad y el orden público y permitir la realización de todos los actos ejecutivos y administrativos del gobierno.

Artículo 5

326.En lo que atañe a la interpretación, véase el capítulo I.E del presente informe.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

327.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

328.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en relación con este artículo.

Islas Falkland

329.El párrafo 1 del artículo 5 del Pacto no podrá interpretarse en el sentido de conceder derecho alguno para emprender actividades o realizar actos que infrinjan los derechos reconocidos en el Pacto en mayor medida que la prevista en él.

330.El párrafo 2 del artículo 5 se interpreta en el sentido de que el Pacto no podrá utilizarse para menoscabar los derechos fundamentales vigentes reconocidos en un Estado Parte.

331.No se han producido infracciones del artículo 5.

Gibraltar

332.El Gobierno de Gibraltar no tiene nada que añadir en relación con este artículo.

Montserrat

333.No hay novedades que comunicar en lo que respecta a este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

334.La Corona ha reconocido la existencia e inviolabilidad de los derechos consagrados en el Pacto en procedimientos celebrados recientemente ante el Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación de Pitcairn y el Consejo Privado de su Majestad.

Islas Turcas y Caicos

335.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

336.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Bailía de Jersey

337.No hay novedades que comunicar.

Bailía de Guernsey

338.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 6

339.El derecho a la vida también se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

El caso de Anthony Rice

340.En 1989, Anthony Rice fue condenado a cadena perpetua por violación frustrada. El 12 de noviembre de 2004, fue puesto en libertad sujeto a vigilancia. El 17 de agosto de 2005, Rice asesinó a Naomi Bryant y dos días después fue detenido por ese delito. En octubre de ese mismo año, Rice fue declarado culpable de asesinato. En el Reino Unido ese caso suscitó debates acerca de la necesidad de tomar debidamente en consideración la seguridad del público. El Cuerpo de Inspección de la Libertad Condicional llevó a cabo un examen independiente sobre ese caso a fin de analizar las disposiciones que se habían tomado para vigilar a Rice y los procedimientos que habían conducido a su puesta en libertad en 2004. A raíz del caso de Rice, en julio de 2006 el Gobierno decidió publicar un “Examen de la aplicación de la Ley de derechos humanos” (véase el capítulo I.D supra del presente informe). En el Examen, el Gobierno declaró lo siguiente: “Al parecer, esos errores en la aplicación de la Ley obedecen a dos faltas fundamentales cometidas al poner en práctica los principios relativos a los derechos humanos. En primer lugar, los precedentes judiciales indican que, una vez que ha pasado la fecha en que se considera cumplida la pena merecida, las autoridades deben justificar la continuación de la privación de libertad del preso, en lugar de justificar por qué debería ser liberado. En realidad, deberían encontrar un equilibrio entre los derechos de preso enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las restricciones que sean proporcionales al riesgo de que cause daños al público. En segundo lugar, no parece que se reconozca lo suficiente que, en virtud de la Ley de derechos humanos, los servicios de prisiones y de libertad condicional tienen la obligación positiva de adoptar medidas apropiadas para proteger al público de delincuentes peligrosos como Rice”.

La pena de muerte

341.En 1999, el Reino Unido ratificó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a la abolición de la pena de muerte y el Protocolo Nº 6 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que también trata de la supresión de la pena capital. En 2003, el Reino Unido ratificó el Protocolo Nº 13 al Convenio Europeo, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias. En 2004 se modificó la Ley de derechos humanos para hacer efectivas esas disposiciones en el derecho interno.

El uso de armas de fuego por la policía

342.Las estadísticas de Inglaterra y Gales correspondientes al período comprendido entre el 1º de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005 indican que en 15.981 operaciones de la policía se autorizó el empleo de armas de fuego. La policía utilizó armas de fuego convencionales 18 veces al hace frente a cinco incidentes. Además, disparó balas de goma en 23 incidentes y pistolas “Taser” en 35 casos. Se desplegaron vehículos de respuesta armada en 13.137 ocasiones y un total de 6.243 agentes fueron autorizados para utilizar armas de fuego en Inglaterra y Gales.

343.El 22 de julio de 2005, Jean Charles de Menezes, un electricista brasileño residente en Londres, murió en la estación de metro londinense de Stockwell tras ser disparado por agentes de la Policía Metropolitana, que lo confundieron con el terrorista suicida sospechoso de haber participado en el atentado terrorista con bomba frustrado del 21 de julio de 2005. La Policía Metropolitana emitió inmediatamente una disculpa, al tiempo que se anunció que la Comisión independiente de denuncias contra la policía (IPCC) iniciaría una investigación sobre el incidente. En julio de 2006, el Servicio de Acusación de la Corona anunció que no se imputarían cargos a los agentes de policía implicados en el homicidio de Jean Charles de Menezes debido a la falta de pruebas. Ahora bien, el Servicio de Acusación de la Corona afirmó igualmente que se acusaría al Servicio de la Policía Metropolitana de presuntas violaciones de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 1974 por no haber garantizado la seguridad de Jean Charles de Menezes.

344.Al 26 de julio de 2006, en Escocia 685 agentes estaban equipados con armas de fuego. Entre marzo de 2005 y marzo de 2006, los agentes dispararon armas de fuego en seis ocasiones, todas ellas vinculadas a la destrucción de animales. En virtud de la Ley de derechos humanos y la Ley de Escocia, los ministros escoceses están obligados a respetar los derechos enunciados en el Convenio Europeo. Ello se aplica a la utilización de armas de fuego por la policía y a la obligación positiva de tomar medidas razonables para proteger la vida de los ciudadanos.

Los fallecimientos en custodia policial

345.En virtud de la Ley de reforma de la policía de 2002, actualmente los cuerpos de policía de Inglaterra y Gales deben comunicar a la Comisión independiente de denuncias contra la policía todo incidente que acarree el fallecimiento de un detenido a raíz de su relación con la policía. En Inglaterra y Gales, durante el período 2004-2005, la Comisión comunicó 106 fallecimientos producidos durante el trato con la policía y a raíz de él. La Comisión decidió investigar el 85% de los 106 fallecimientos que tuvieron lugar durante ese período. La Comisión clasificó los fallecimientos en los cuatro tipos siguientes:

fallecimientos en accidentes de tráfico como consecuencia de persecuciones de la policía, de vehículos policiales que respondían a llamadas de emergencia y de otras actividades de la policía relacionadas con el tráfico;

fallecimientos por disparos mortales realizados por agentes de policía;

fallecimientos durante la custodia policial o tras ella;

fallecimientos durante otras relaciones con la policía o como consecuencia de ellas, comprendidos los casos en que se puede establecer una vinculación entre el contacto con la policía y el fallecimiento, y que no supusieron el arresto u otros tipos de detención.

En el Cuadro 9 se resume el número de fallecimientos que se produjeron en 2004-2005 en Inglaterra y Gales durante el trato con la policía o a raíz de él.

CUADRO 9

Tipos de fallecimiento de la IPCC	2004-2005
Fallecimientos en accidentes de tráfico	44
Fallecimientos por disparos mortales	3
Fallecimientos durante la custodia policial o como consecuencia de ella	36
Fallecimientos durante las relaciones con la policía o como consecuencia de ellas	23
Total	106

346.A fin de reducir todos los tipos de fallecimientos que se producen durante la custodia policial, el Gobierno:

sigue de cerca las iniciativas normativas en este campo para cerciorarse de que son compatibles con el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y la Ley de derechos humanos;

ha revisado la “Notificación de derechos y prerrogativas”, que se entrega a los detenidos al ingresar en prisión, y ha facilitado su comprensión simplificando los términos utilizados, proporcionando traducciones en los principales idiomas solicitados en los lugares de detención y suministrando versiones de la “Notificación” en cintas de audio;

supervisa las notificaciones recibidas de la policía sobre los fallecimientos producidos durante el trato con ella o como consecuencia de éste para determinar las cuestiones que son motivo de preocupación, las cuales deberán abordarse oportunamente. Esas cuestiones que tienen su origen en casos concretos se remiten al Grupo encargado de extraer enseñanzas para que las examine y, llegado el caso, asesore a la policía sobre los riesgos y las medidas preventivas;

creó la IPCC el 1º de abril de 2004 para garantizar que se lleva a cabo una investigación independiente de los fallecimientos acaecidos durante el trato con la policía o como consecuencia de éste. En el marco del nuevo sistema de denuncias contra la policía, todos los fallecimientos producidos durante la custodia se comunican a la IPCC, que determina el tipo de investigación que procede para cada incidente y puede optar por investigar los fallecimientos en custodia judicial por su propia iniciativa;

ha elaborado un Código de Práctica Legal y Normas Nacionales para visitar a los detenidos, en consulta con las partes interesadas y en colaboración con la Asociación independiente de visita a detenidos;

ha revisado los códigos de práctica de la Ley de policía y pruebas penales de 1984 para que se pueda recurrir a los profesionales sanitarios y los forenses en la atención y el tratamiento de los detenidos en custodia policial;

además de revisar en 2003 los códigos de práctica mencionados en el párrafo anterior, el Gobierno brindó orientaciones a los oficiales jefes sobre el recurso a los profesionales sanitarios y la ampliación a los lugares de custodia policial de las Instrucciones para administrar medicinas a grupos de pacientes;

está facilitando la labor del Foro Consultivo sobre Médicos Forenses, creado por el Gobierno en abril de 2002 para observar y supervisar la prestación y la calidad de los servicios de salud de la policía en Inglaterra y Gales. El Foro Consultivo ha supervisado la evaluación, la formación y los procedimientos de acreditación y quejas de los médicos forenses;

ha impartido instrucciones a los oficiales jefes sobre la elaboración de protocolos locales para abordar los problemas interrelacionados de la policía y la salud relativos al tratamiento de los individuos que podrían ser violentos. Las instrucciones abarcan los principios generales que deberán tenerse en cuenta en los protocolos en relación con el intercambio de información, los problemas de salud mental y la toxicomanía y comprenden un anexo en el que se presenta un modelo de lista de control para elaborar protocolos locales;

está formulando una política sobre medios alternativos para el tratamiento de los detenidos en estado de embriaguez, comprendidos los sistemas de prestación de servicios de asesoramiento a los detenidos para reducir su consumo de alcohol y la consiguiente conducta delictiva. El Gobierno también está estudiando maneras de facilitar centros de tratamiento alternativos en los que se podría internar a los delincuentes en estado de embriaguez e irresponsabilidad, en lugar de someterlos a la custodia policial;

ha revisado los códigos de práctica de la Ley de policía y pruebas penales en abril de 2003 para garantizar la protección de los detenidos vulnerables, con inclusión del acceso a tratamiento clínico dispensado por profesionales sanitarios competentes, los procedimientos de supervisión de las personas que corren peligro y la prestación de apoyo por un adulto capacitado a los menores y los detenidos que padecen enfermedades mentales o son vulnerables desde el punto de vista psíquico;

ha impartido instrucciones al personal encargado de la custodia acerca de la vigilancia de los detenidos, en particular los que se consideran en peligro a causa del uso indebido de sustancias o sus antecedentes de automutilación;

está definiendo el nivel y la prestación de los servicios de interpretación a los detenidos en custodia policial. El Gobierno ha brindado orientaciones en los códigos de práctica de la Ley mencionada, aconsejando a la policía que, en la medida de lo posible, se recurra a los intérpretes inscritos en el Registro nacional de intérpretes de la administración pública a fin de garantizar la calidad del servicio proporcionado a los detenidos;

participa en el Grupo de Educación y Desarrollo Sanitario de los Servicios de Justicia y Tratamiento de Delincuentes, que está preparando criterios y una formación homologada para dar a conocer mejor asuntos sanitarios como la salud mental, el uso indebido de sustancias, las enfermedades transmisibles y el intercambio de información.

347.La policía escocesa concede una gran importancia a la atención y el bienestar de las personas en custodia policial. Por ello, se investigan todos los fallecimientos acaecidos en custodia policial.

Los fallecimientos en las cárceles

348.Todas las muertes de los presos se someten a diversas investigaciones: una investigación policial; una investigación independiente del Defensor del Pueblo encargado de prisiones y libertad condicional; y una investigación del juez de instrucción de homicidios ante un jurado. Desde el 1º de abril de 2004, fecha en que el Defensor del Pueblo encargado de prisiones y libertad condicional asumió la responsabilidad de investigar los fallecimientos de los presos, el Servicio de Prisiones no ha efectuado sistemáticamente una investigación interna. En las investigaciones del Defensor del Pueblose examinan las circunstancias que precedieron al fallecimiento y, de ser necesario, se formulan recomendaciones. El Servicio de Prisiones responde a las recomendaciones. Ahora se exige a todos los establecimientos penitenciarios que establezcan un protocolo local en el que se indique cómo tienen conocimiento de las muertes acaecidas durante la reclusión. El juez de instrucción de homicidios llevará a cabo una investigación para examinar las circunstancias del fallecimiento y, tras ella, podrá tomar la decisión de dirigirse al Gobierno, en virtud del artículo 43 del Reglamento sobre los jueces de instrucción de homicidios, si estima que se pueden extraer enseñanzas de un fallecimiento en prisión.

349.La reducción de las autolesiones y los suicidios entre los reclusos sigue siendo una de las prioridades principales del Gobierno. En 2005-2006 el objetivo del Gobierno era conseguir que la proporción de autolesiones y suicidios en las cárceles no fuera superior a 112,8 por cada 100.000 presos. El Gobierno alcanzó esa meta y logró que la proporción fuera de 96,8 por cada 100.000 presos. Es evidente que la proporción todavía es muy elevada y el Gobierno seguirá considerando sumamente prioritaria la reducción del número de muertes acaecidas durante la reclusión. Se creó una oficina de enlace del Defensor del Pueblo encargado de prisiones y libertad condicional y uno de sus cometidos consiste en sacar conclusiones de las investigaciones del Defensor del Pueblosobre los fallecimientos en las cárceles, de los informes del Cuerpo de Inspección de Libertad Condicional y de las recomendaciones de los jueces de instrucción de homicidios. Además, se han reorganizado los sistemas de información, de modo que ahora se dispone de una amplia gama de informaciones y análisis, no sólo acerca de las muertes en prisión, sino también sobre las autolesiones, las víctimas de agresiones y sus agresores. En 2005-2006 se estableció el nuevo Foro gubernamental para prevenir los fallecimientos en prisión en respuesta al informe sobre las muertes durante la reclusión presentado por el Comité parlamentario mixto sobre derechos humanos. Actualmente las normas mínimas para una mayor seguridad en las celdas están plenamente arraigadas y la proporción de celdas más seguras aumenta todos los años. Se han seguido introduciendo mejoras para la concepción de celdas más seguras al instalar nuevas ventanas que impiden las ligaduras, introducir mobiliario de madera blanca de bajo costo que se está elaborando y que también evitará las ataduras, y diseñar celdas para dos personas.

Dependencias de la Corona

Islas Vírgenes Británicas

350.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

351.En virtud del Código Penal (revisión de 2006), se ha abolido la pena de muerte para los delitos de piratería y traición y, por tanto, ésta ha dejado de contemplarse en las leyes internas de las Islas Caimán.

Islas Falkland

352.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

353.En 2000 la Cámara de la Asamblea aprobó la Ordenanza (Enmienda) sobre delitos penales de 2000. A raíz de esa Ordenanza, se abolió la pena de muerte para las personas declaradas culpables de traición. Ahora en el derecho de Gibraltar no hay ninguna ley que permita condenar a una persona a la pena capital.

Montserrat

354.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

355.De conformidad con la Ley sobre delincuencia y disturbios de 1998 y la Ley de derechos humanos del Reino Unido, se han abolido en Pitcairn las demás facultades que autorizaban la imposición de la pena capital. El párrafo 8 de las Reales Órdenes de Pitcairn de 1970 relativo a la pena de muerte se ha suprimido del derecho escrito de Pitcairn.

Islas Turcas y Caicos

356.En el párrafo 2 de la nueva Constitución se protege el derecho a la vida y se afirma lo siguiente: “La ley protegerá el derecho a la vida de todas las personas. No se privará a nadie deliberadamente de su vida”. El aborto es ilegal en las Islas Turcas y Caicos.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

357.En agosto de 2004 la ratificación del Protocolo No. 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, se hizo extensiva a la Isla de Man. Si bien, como se indicó en un informe anterior, en 1993 se abolió la pena de muerte en la legislación de la Isla, el derecho enunciado en el Protocolo Nº 13 también se ha incorporado en la Ley de derechos humanos de 2001.

Bailía de Jersey

358.Véase la respuesta relativa al artículo 2.

Bailía de Guernsey

359.Durante el período quinquenal comprendido entre 1999 y 2003 el promedio de la tasa de mortalidad infantil fue de 4,5 defunciones por 1.000 nacidos vivos. Doce de los 525 fallecimientos acaecidos en Guernsey en 2005 obedecieron a causas violentas o accidentales, entre ellas el suicidio. En 2005 se produjeron ocho muertes en Sark, una de ellas como consecuencia de un accidente. El último caso de asesinato en la Bailía tuvo lugar en enero de 2006.

360.A petición de las asambleas legislativas de las islas, en abril de 2004 se amplió a la Bailía la ratificación del Reino Unido del Protocolo No. 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En virtud del Protocolo, se suprime la pena de muerte incluso en época de guerra.

Artículo 7

361.La protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes

se contempla en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1985) y enmiendas (1992);

la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (1987) y Protocolos 1 y 2 (1987).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

362.Véase la respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales (capítulo II.A).

El castigo corporal

363.Desde 1987 se declaró ilegal la imposición del castigo corporal a los alumnos en las escuelas estatales y actualmente se prohíbe para los alumnos de todas las escuelas (comprendidas las guarderías) de Inglaterra y Gales, en virtud del artículo 548 de la Ley de educación de 1996.

364.En el artículo 58 de la Ley de menores de 2004 se suprimió el uso de la defensa del “castigo razonable” para justificar las lesiones reales, las lesiones graves o la crueldad con los niños. El Gobierno estima que de ese modo se debería asegurar la protección adecuada de los niños sin criminalizar a los padres por dar un simple azote. El Gobierno no desea establecer una prohibición general de los azotes, ya que sería difícil de poner en práctica, obligaría a desviar tiempo valioso de la policía y recursos de los servicios sociales y podría conducir a la criminalización inadecuada de los padres. Ello no significa que el Gobierno propugne el uso del castigo corporal como medio de imponer la disciplina a los niños, pero reconoce que a veces algunos padres piensan que no tienen más remedio de recurrir a ellos. El Gobierno ha impulsado la paternidad/maternidad positiva en particular mediante el programa “Sure Start” (Buen comienzo). A lo largo de 2007, el Gobierno pasará revista a la aplicación del artículo 58 de la Ley de menores.

365.Mediante el proyecto de ley sobre educación e inspecciones se introduce por primera vez la facultad legal de los maestros y otros empleados de las escuelas de Inglaterra y Gales de imponer la disciplina a los alumnos. En el proyecto de ley se exige expresamente que se tomen en consideración la edad del alumno, las necesidades educativas especiales o la discapacidad que éste pueda tener o toda condición religiosa que le afecte, y se estipula que la sanción disciplinaria impuesta deberá ser razonable en todas las circunstancias y guardar proporción con las circunstancias del caso. En el proyecto de ley también se vuelve a dar fuerza legal (con modificaciones de poca importancia) a la actual facultad legal del personal de utilizar una fuerza física razonable contra los alumnos con objeto de evitar: que cometan un delito, provoquen lesiones a cualquier persona o causen daños a sus bienes, o alteren el mantenimiento del orden y la disciplina adecuados. Ambas facultades se definen de manera que permitan el ejercicio de una facultad disciplinaria razonable y están sujetas expresamente al artículo 548 de la Ley de educación de 1996 (prohibición del castigo corporal). Esas normas legales, que regulan la única facultad legal de imponer la disciplina a los alumnos en las escuelas, no autorizan los tratos crueles, inhumanos o degradantes ni la tortura que, de ejercerse, serían ilícitos.

Los centros de internamiento para inmigrantes

366.Desde 2001, el Gobierno ha creado 10 centros de internamiento (uno de los cuales es también centro de acogida), en los que los solicitantes de asilo permanecen en espera de la expulsión a sus países de origen, tras la denegación de su solicitud de asilo en el Reino Unido. El internamiento constituye un aspecto negativo, aunque esencial, para la aplicación efectiva del control de la inmigración. El objetivo primordial del internamiento seguirá siendo su utilización en apoyo de la estrategia de expulsión del Gobierno. Continuará siendo necesario recluir a algunas personas en determinadas etapas del proceso de asilo. Concretamente, el punto de partida de toda solicitud de asilo es una presunción en favor de la concesión de la admisión temporal o la puesta en libertad. El internamiento del solicitante y su familia en el centro de acogida de Oakington podría formar parte del proceso de solicitud si parece que ésta podría ser tramitada con rapidez de ese modo. El internamiento de las familias con miras a la expulsión tiene lugar en un momento lo más cercano posible a la misma para asegurar que sólo permanezcan recluidas unos pocos días. Ahora bien, las familias podrían ser internadas en otros momentos y durante periodos más largos, no sólo justo antes de la expulsión, por ejemplo, mientras se establece su identidad y el fundamento de la solicitud o cuando existan motivos razonables para pensar que podrían huir. Las familias se alojan en lugares adaptados con dormitorios familiares en los centros de internamiento.

367.Como se indica en el cuadro 10 infra, entre abril de 2005 y enero de 2006 en los centros de internamiento se produjeron varios incidentes de autolesiones que precisaron tratamiento médico.

CUADRO 10

Incidentes de autolesiones

Centro de internamiento para inmigrantes	Número de personas que oficialmente corren un riesgo de autolesiones (abril de 2005-enero de 2006)	Número de incidentes de autolesiones que exigieron tratamiento médico (abril de 2005 ‑enero de 2006)
Campsfield House	33	12
Colnbrook	584	74
Dover	74	22
Dungavel	93	0
Harmondsworth	376	38
Haslar	29	1
Lindholme	10	4
Oakington (centro de acogida)	58	16
Tinsley House	40	3
Yarl’s Wood	170	15

368.Para hacer frente a esos incidentes, el Gobierno ha tomado medidas consistentes en:

Asegurar que todos los funcionarios encargados de la custodia en los centros de internamiento reciban una formación del nivel requerido en el Servicio de Prisiones para contribuir a detectar y evitar los suicidios y las autolesiones. También se les imparte capacitación de acuerdo con la estrategia y los métodos de prevención de suicidios y autolesiones de su propio centro. Además, en todos los centros se colocan avisos en varios idiomas, indicando que si algún interno está preocupado por un compañero, deberá informar al respecto a un empleado del establecimiento;

Velar por que todos los centros de internamiento cuenten con servicios médicos completamente equipados para atender las necesidades sanitarias de los internos, comprendidas las urgencias.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

369.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

370.No hay nada que agregar a la información facilitada en el quinto informe periódico.

Islas Falkland

371.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

372.El Gobierno de Gibraltar no tiene nada que agregar en lo que respecta a este artículo.

Montserrat

373.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

374.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

375.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

376.Véase la respuesta al párrafo 11 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Jersey

377.Véase la respuesta relativa al artículo 2.

Bailía de Guernsey

378.Las autoridades insulares están examinando actualmente el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 8

379.La protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso también se contempla en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

el Acta General de la Conferencia de Bruselas relativa a la trata de esclavos africanos (1890);

el Acuerdo internacional para asegurar una protección eficaz contra el tráfico criminal denominado trata de blancas (1904); el Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Blancas (1910); y el Protocolo que modifica ambos instrumentos (1949);

la Convención sobre la Esclavitud (1926) y el Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud (1953);

el Convenio Nº 29 de la OIT sobre el trabajo forzoso (1930);

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (1956);

el Convenio Nº 105 de la OIT sobre la abolición del trabajo forzoso (1957);

el Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973);

la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000) y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000);

el Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (1999).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

Los trabajadores ilegales y la trata de personas

380.El Gobierno ha promovido varias iniciativas, comprendidas nuevas leyes, a fin de abordar el problema de los trabajadores ilegales, la trata de personas y el trabajo forzoso. Entre ellas cabe destacar las siguientes:

En 2000, el Gobierno creó Reflex, un grupo de tareas interinstitucional práctico para combatir la inmigración ilegal organizada. El grupo se encarga de coordinar las actividades de lucha contra la inmigración ilegal organizada, de efectuar la planificación informativa y estratégica en que se fundan esas actividades, y de desarticular la infraestructura que sirve de base a esa delincuencia. Ese planteamiento coordinado y coherente ha dado excelentes resultados en el desmantelamiento de grupos dedicados a la inmigración ilegal organizada y ha permitido detener a un gran número de personas y confiscar bienes que son el producto de actos delictivos. En el marco del grupo Reflex, se ha establecido una red de oficiales de enlace sobre inmigración, que se ocupan de 23 países clave de origen y tránsito de Europa. Su función consiste en colaborar con otros gobiernos y sus organismos encargados de hacer cumplir la ley para crear estructuras de información comunes a fin de desorganizar y desmantelar los grupos criminales involucrados en delitos de inmigración ilegal organizada.

La Ley sobre el producto del delito de 2002 permite la confiscación de bienes que sean producto de actos delictivos, comprendidos los resultantes de la trata y los delitos conexos.

La Ley de delitos sexuales de 2003 amplió el delito de la trata con fines de explotación sexual a la trata que tiene lugar dentro y fuera del Reino Unido. En Escocia, el artículo 22 de la Ley de justicia penal (Escocia) de 2003 versa en líneas generales sobre los mismos asuntos.

En marzo de 2003, en cooperación con el sector voluntario, el Gobierno puso en marcha un proyecto piloto para proporcionar un alojamiento seguro y apoyo a las mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual (el “Proyecto Amapola”). El Proyecto Amapola se concibió para brindar un alojamiento seguro y atención a las mujeres menores de 25 años víctimas de la trata que han sido llevadas al Reino Unido para trabajar como prostitutas. El Proyecto ofreció una serie de servicios de apoyo para atender necesidades particulares, entre ellos orientación, acceso a la atención primaria de salud, servicios de interpretación y traducción y asesoramiento jurídico. El Proyecto Amapola fue objeto de una evaluación oficial. En general, si bien las conclusiones fueron positivas en lo que respecta al modelo y la calidad del apoyo prestado a las mujeres víctimas de la trata, en el informe se pusieron de relieve varios aspectos que debían mejorarse, los cuales se están examinando actualmente. A la luz de las actividades del proyecto piloto y de las conclusiones de la evaluación, el Gobierno se propone aumentar el alcance geográfico de los servicios de apoyo a las víctimas y establecer una ayuda cuya intensidad se adaptará a las necesidades particulares.

La Ley de asilo e inmigración (tratamiento de los solicitantes, etc.) de 2004 introdujo nuevos delitos de trata de esclavos o trabajo forzoso, transplante de órganos humanos y otras formas de explotación. Los delitos de trata pueden ser castigados con una pena máxima de 14 años de prisión.

La Ley de concesión de licencias a empresarios de mano de obra de 2004 creó el organismo de concesión de licencias a empresarios de mano de obra, que se encarga de definir y administrar el programa de concesión de licencias a los proveedores de mano de obra que actúan en el sector agrícola, la pesca de mariscos y los sectores de transformación y embalaje conexos. El objetivo es iniciar el programa para que puedan presentarse solicitudes de licencia a partir de abril de  2006. Una vez que se hayan establecido esos mecanismos de concesión de licencias, la Ley prohibirá que se actúe en calidad de empresario de mano de obra en sectores específicos sin licencia. También tipificará como delito el acto consistente en concertar un acuerdo con un empresario no autorizado. La ley de concesión de licencias a empresarios de mano de obra de 2004 y el correspondiente Reglamento de concesión de licencias a empresarios de mano de obra de 2005 se aplicarán al trabajo realizado en cualquier lugar del Reino Unido, incluida la costa y las aguas costeras británicas.

A partir del 1º de mayo de 2004, el Gobierno introdujo reformas en lo que respecta a los tipos de documentos que los empleadores británicos deberán verificar en virtud del artículo 8 de la Ley de asilo e inmigración de 1996 para fortalecer los controles del Gobierno en la lucha contra el trabajo ilegal, dando facilidades al Servicio de Inmigración británico para tomar medidas contra los empleadores que utilicen deliberadamente mano de obra ilegal. A raíz de las reformas legislativas, el hecho de emplear a una persona mayor de 16 años sin permiso de trabajo en el Reino Unido es constitutivo de delito. También se obliga a los empleadores a asegurar que sus prácticas de contratación no establecen discriminaciones entre las personas por motivos de raza.

A lo largo de 2006, el Gobierno creó el Organismo encargado de la delincuencia organizada grave para mejorar la información y desarticular los grupos de delincuencia organizada. El Gobierno indicó que la inmigración ilegal organizada debería ser la segunda prioridad actual del Organismo, después de las drogas.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

381.En las Islas Vírgenes Británicas no se han producido novedades en relación con este artículo.

Islas Caimán

382.En las Islas Caimán no se han producido novedades en relación con este artículo.

Islas Falkland

383.En las Islas Falkland no existe la esclavitud.

384.En cuanto al trabajo forzoso u obligatorio, en virtud del artículo 18 de la Ordenanza sobre prisiones, todos los varones presos mayores de 17 años y menores de 60 que estén cumpliendo una pena de prisión deberán trabajar, si el funcionario médico certifica su idoneidad para ello, y podrían ser obligados a trabajar dentro y fuera de la cárcel en el empleo, a las horas y de la manera que se determine en el reglamento publicado por el funcionario encargado, a reserva de la aprobación del Director. De conformidad con el artículo 18, las mujeres presas no trabajarán fuera de la cárcel, a menos que así lo pida el funcionario médico, y sólo desempeñarán empleos adaptados a la mujer. En virtud del artículo 19 de la Ordenanza, entre los trabajos que podrán exigirse a los reclusos figuran los servicios necesarios para el mantenimiento del establecimiento penitenciario o de las dependencias del funcionario encargado, pero se excluye la prestación de servicios personales a los funcionarios de prisiones. El funcionario encargado de la prisión es el Jefe de Policía.

385.Los reclusos trabajan bajo la supervisión directa del funcionario de prisiones. Por ejemplo, se ocupan del mantenimiento general del centro penitenciario y la comisaría. En general, los reclusos están dispuestos a trabajar, ya que ello les permite aportar una contribución positiva, reducir el aburrimiento que sin duda experimentan y percibir un sueldo semanal de 7 libras. Los presos no son contratados por empresas privadas, particulares o asociaciones ni se ponen a disposición de éstos. Se podrán imponer condenas a servicios comunitarios a los delincuentes, tanto hombres como mujeres, y únicamente se les asignarán trabajos que estén en condiciones de desempeñar. No se obligará a trabajar por la fuerza a los presos y las personas que cumplan condenas a servicios comunitarios.

386.El artículo 4 de la Constitución dispone lo siguiente:

1.Ninguna persona será sometida a la esclavitud o la servidumbre.

2.Ninguna persona será obligada a realizar un trabajo forzoso.

3. A los efectos del presente artículo, la expresión “trabajo forzoso” no comprenderá:

los trabajos exigidos a raíz de una sentencia o decisión judicial;

los trabajos exigidos a una persona mientras esté legalmente detenida y que, aunque no se hayan impuesto mediante sentencia u orden judicial, sean razonablemente necesarios para la higiene o el mantenimiento del lugar de reclusión;

los trabajos exigidos a un miembro de las fuerzas del orden en el desempeño de sus funciones en esa calidad o, en el caso de una persona que tenga una objeción de conciencia a prestar servicio en las fuerzas navales, terrestres o aéreas, los trabajos que se requieran de esa persona, por ley, en sustitución de dicho servicio;

los trabajos exigidos en un momento de emergencia pública o en caso de cualquier otra emergencia o catástrofe que ponga en peligro la vida y el bienestar de la comunidad, en la medida en que la exigencia de dichos trabajos se pueda justificar de forma suficiente en las circunstancias de toda situación que surja o exista durante ese período o a raíz de otra emergencia o catástrofe, con el fin de hacer frente a esa situación.

Gibraltar

387.En 2000 se modificó la Ordenanza sobre procedimiento penal para estipular que los tribunales podrán imponer condenas a servicios comunitarios en los casos en que una persona haya sido declarada culpable de un delito castigado con una pena de prisión.

388.En el artículo 219A de la Ordenanza sobre procedimiento penal se autoriza a los tribunales a imponer condenas a servicios comunitarios si los acusados son mayores de 16 años y acceden a cumplir ese tipo de condena. El trabajo realizado no será remunerado.

389.En la condena a servicios comunitarios se indicará el número de horas de trabajo que se exigirán a la persona, que en total no podrá ser inferior a 40 ni superior a 240.

390.En virtud del artículo 219C, el tribunal que haya impuesto una condena a servicios comunitarios podrá revisarla a petición de la persona afectada o de un funcionario. Si el interesado no cumple alguna de las condiciones de la condena, el tribunal podrá imponer una multa de hasta nivel 3 de la escala normal y decidir que la condena siga vigente o anularla y tratar a la persona como si acabara de ser declarada culpable del delito por el que se impuso la condena.

Montserrat

391.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

392.En Pitcairn no se ha presentado ningún caso de esclavitud ni de trabajo forzoso. Varias actividades comunitarias, como la recogida de arruruz, la pesca y otras tareas de ese tipo, constituyen tradiciones comúnmente aceptadas desde hace mucho tiempo, por considerarse necesarias para el sustento y la supervivencia de la comunidad. El deber de realizar trabajos de interés público a que se hace referencia en el Título V del Reglamento sobre administración local está sujeto a amplias facultades de exención, cuando proceda. Se podrá autorizar a los presos disciplinados a trabajar durante periodos limitados, comprendido el trabajo en los botes en beneficio de la comunidad.

Islas Turcas y Caicos

393.Los presos no tienen la obligación de trabajar, pero pueden hacerlo voluntariamente a cambio de una remuneración diaria simbólica.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

394.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Bailía de Jersey

395.Véase la respuesta relativa al artículo 2.

Bailía de Guernsey

396.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 9

397.La libertad y la seguridad también se protegen en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

398.Véase la respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales (capítulo II.A).

La legislación contra el terrorismo

399.La legislación contra el terrorismo comprende la Ley de prevención del terrorismo de 2000, que regula en particular los siguientes aspectos:

la definición del terrorismo;

las facultades para confiscar bienes de terroristas y desbaratar actividades de financiación del terrorismo;

las facultades de interpelación y registro especialmente relacionadas con el terrorismo;

las competencias específicas para detener a sospechosos de terrorismo;

el aumento de las atribuciones para realizar investigaciones sobre terrorismo;

los delitos de terrorismo específicos relacionados, por ejemplo, con las organizaciones proscritas, los bienes de terroristas, el entrenamiento, la dirección del terrorismo, la posesión de artículos o información que podrían ser útiles para los terroristas y la incitación;

la facultad del Secretario de Estado de proscribir organizaciones implicadas en el terrorismo internacional y nacional;

las facultades de incautación en relación con el delito de proporcionar entrenamiento terrorista.

400.La Ley de 2001 de seguridad contra el terrorismo y la delincuencia contiene disposiciones sobre:

la congelación de activos de terroristas;

la seguridad de los patógenos y toxinas;

la conservación de los datos sobre comunicaciones.

401.La Ley de prevención del terrorismo de 2005 instauró la facultad de dictar órdenes de control (véase la respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales –capítulo II.A).

402.La Ley de prevención del terrorismo de 2006 tipificó como delito los hechos consistentes en:

fomentar el terrorismo;

difundir publicaciones sobre el terrorismo;

aplicar los delitos anteriores a actividades realizadas en Internet;

preparar actos terroristas;

proporcionar entrenamiento terrorista;

acudir a un lugar utilizado para proporcionar entrenamiento terrorista;

fabricar y poseer dispositivos o equipos;

usar indebidamente dispositivos o equipos y usar indebidamente y deteriorar instalaciones;

plantear amenazas terroristas en relación con dispositivos, equipos o instalaciones;

la Ley también amplió los criterios para prohibir organizaciones a fin de englobar aquéllas que alientan o promueven el terrorismo y prolongó el período máximo de detención preventiva de los sospechosos de terrorismo de 14 a 28 días.

403.En el cuadro 11 infra se ofrecen detalles sobre las detenciones y acusaciones realizadas en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 2000.

CUADRO 11

Detenciones y acusaciones realizadas en virtud de la Ley de prevención del terrorismo

Entre el 11 de septiembre de 2001 y el 30 de septiembre de 2005	Número de personas
Detenidas	895
Declaradas culpables	23
Acusadas	138 (62 acusadas igualmente por delitos previstos en otras leyes)
Acusadas en virtud de otras leyes	156 (63 remitidas a las autoridades de inmigración)
Puestas en libertad bajo fianza	20
Amonestadas	11
Objeto de advertencia final por delitos distintos de los previstos en la Ley de prevención del terrorismo	1
Sujetas a la legislación sobre salud mental	8
Sometidas de nuevo a la custodia del Servicio de Prisiones	1
Remitidas a la custodia del Servicio de Policía del Irlanda del Norte	1
Liberadas sin cargos	496

404.Tras la aprobación del Acuerdo de Belfast por la población de Irlanda del Norte, el Gobierno espera y supone que la amenaza del terrorismo irlandés disminuirá hasta el punto de que no se precisarán facultades especiales adicionales. El Gobierno tiene el propósito de mejorar la seguridad paulatinamente y de lograr la normalización en el marco de la aplicación del Acuerdo. A su juicio, no se necesitará ninguna competencia temporal específica para Irlanda del Norte. En la Ley de prevención del terrorismo (Irlanda del Norte) de 2006 se preveía la continuación de muchas de las disposiciones del Título 7 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000, que se refieren específicamente a Irlanda del Norte. Esas disposiciones perderán vigencia el 31 de julio de 2007, a menos que sean derogadas o prolongadas por decreto durante un año más hasta el 1º de agosto de 2008.

Duración y condiciones de la detención

405.En el Título 5 y el anexo 8 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000, modificada por la Ley de prevención del terrorismo de 2006, se permite el arresto de los sospechosos de terrorismo y su detención antes de la acusación durante 28 días como máximo. No obstante, toda detención superior a 48 horas deberá ser objeto de autorización judicial. Las autoridades judiciales podrán prolongar los autos de prisión por períodos de hasta siete días cada vez durante un total de 28 días como máximo. El juez sólo podrá dictar un auto para prolongar la detención si está convencido de que es necesario y de que la investigación se está efectuando con la mayor celeridad posible. La persona deberá ser puesta en libertad en cuanto deje de existir la razón de su detención, con independencia de la duración que se había establecido para ésta.

406.La detención, el tratamiento y el interrogatorio por la policía de las personas arrestadas en virtud de la Ley de prevención del terrorismo se rigen por un código de práctica que se aprobó al mismo tiempo que las nuevas disposiciones ampliadas en materia de detención. Entre otras cosas, el código establece derechos específicos en relación con el ejercicio, las prácticas religiosas y las visitas. A menos que se apliquen varias excepciones previstas, las personas detenidas durante más de 14 días deberán ser trasladadas a un establecimiento penitenciario que disponga de instalaciones más adecuadas para la detención prolongada que los calabozos de la policía.

407.En los apartados 4) a 9) del párrafo 33 del anexo 8 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 (modificada por la Ley de justicia penal y policía de 2001) se estipula que la autoridad judicial que conozca de las solicitudes de prolongación de la detención preventiva en virtud de la Ley emitirá una orden. La autoridad judicial podrá ordenar que las audiencias se celebren utilizando un enlace de vídeo en directo si el Secretario de Estado ha informado de que existen esas instalaciones en el lugar en que se encuentra detenido el interesado. De ese modo, las solicitudes de prolongación de la detención se tramitan ofreciendo a todas las partes la oportunidad de hacer declaraciones ante la autoridad judicial, cuando proceda, sin los consiguientes trastornos y exigencias de seguridad sumamente onerosas que conlleva una audiencia con la presencia de los interesados.

Las facultades para detener a inmigrantes

408.La Ley de inmigración confiere facultades para detener a los inmigrantes por los siguientes hechos:

entrar ilegalmente en el país;

rebasar el período de estancia autorizado;

incumplir las condiciones de ingreso;

obtener el permiso de entrada o estancia por medio de engaño;

incumplir la condiciones de la admisión temporal o la liberación;

ser sospechoso de haber incumplido o estar incumpliendo las condiciones impuestas a la libertad bajo fianza.

409.Las Leyes de inmigración otorgan facultades de detención adicionales por los hechos siguientes:

eludir un examen médico sin un motivo válido;

emplear a sabiendas a una persona que no tiene permiso de trabajo en el Reino Unido;

intentar o lograr que se evite, aplace o anule una acción coercitiva por medio de engaño;

contribuir a la inmigración ilegal de un extranjero de un país no perteneciente a la Unión Europea a un Estado miembro de ésta;

ayudar a un solicitante de asilo a entrar en el Reino Unido con fines lucrativos;

ayudar a un ciudadano de la UE a entrar en el Reino Unido incumpliendo una orden de deportación o expulsión;

obstruir la labor de un funcionario de inmigración u otra persona que actúa lícitamente ejecutando las Leyes de inmigración sin un motivo válido;

crear, modificar o utilizar una tarjeta de registro de asilo falsa;

estar en posesión de un sello de inmigración auténtico o de una réplica sin un motivo válido;

ingresar en el Reino Unido sin pasaporte sin un motivo válido;

incumplir sin motivo válido los trámites necesarios para determinar la identidad y nacionalidad de los solicitantes de asilo indocumentados.

410.El artículo 14 de la Ley de asilo e inmigración (tratamiento de los solicitantes, etc.) de 2004 también dota a los funcionarios de inmigración de facultades de detención para delitos específicos que hayan descubierto en el ejercicio de sus funciones en virtud de las leyes de inmigración. Esos delitos son los que están más estrechamente vinculados con la inmigración y comprenden la falsificación, la trata de personas con fines de explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación, la obtención de bienes mediante engaño, la realización de declaraciones falsas y la bigamia.

411.La propuesta de que un policía o un funcionario de inmigración pueda detener, sin auto de prisión, a una persona que obstruye la labor de un funcionario de inmigración u otra persona que ejecuta lícitamente la Ley de inmigración de 1971 se presentó en virtud del artículo 128 de la Ley de inmigración y asilo de 1999, mediante la cual se incluyó el nuevo artículo 28A en la Ley de inmigración de 1971. Se modificó la Instrucción sobre inmigración (códigos de práctica de la Ley de policía y pruebas penales) de 2000 para tener en cuenta ese hecho. Desde entonces se han efectuado otras revisiones y se está estudiando la posibilidad de realizar otra tomando en consideración los cambios legislativos introducidos en la Ley de asilo e inmigración (tratamiento de los solicitantes, etc.) de 2004.

Detención de inmigrantes

412.Véase igualmente la respuesta al artículo 7.

413.El Gobierno opina que las facultades de detención son parte necesaria de un control eficaz de la inmigración. La detención se utiliza sólo como último recurso y durante el período más breve posible, para comprobar las afirmaciones de una persona o determinar si cumplirá las condiciones vinculadas a la concesión de la admisión provisional o la puesta en libertad.

414.La Ley de inmigración y asilo de 1999 dispuso que los inmigrantes detenidos debían tener una vista para la libertad bajo fianza ordinaria entre cinco y nueve días después de la detención inicial. Esa legislación fue abrogada (sin haber sido aplicada nunca), en virtud de la Ley de nacionalidad, inmigración y asilo de  2002. Esa decisión se tomó sobre la base de una evaluación, según la cual las disposiciones sobre la libertad bajo fianza ordinaria eran incompatibles con los procesos de inmigración y asilo simplificados, y de la necesidad de aumentar el número de expulsiones de solicitantes de asilo rechazados. Los detenidos siguen teniendo la posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza (tantas veces como lo deseen) y, por tanto, pueden lograr su puesta en libertad.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

415.Se elaboraron la Ley (Enmienda) de policía de 2001 y el Código de Práctica de la policía sobre detención, tratamiento e interrogatorio de personas de 2006 con objeto de reforzar y regular específicamente los derechos de las personas detenidas por la policía y de brindar a ésta directrices claras sobre la manera de tratarlas. La legislación está en consonancia con las disposiciones aplicables en el Reino Unido, aunque todavía no ha entrado en vigor.

416.El proyecto de ley sobre las pruebas de 2006 fue examinado en primera lectura en julio de 2006. El proyecto de ley y el Código de Práctica de la policía sobre detención, tratamiento e interrogatorio de personas de 2006 disponen que las conversaciones con la policía serán objeto de grabaciones de vídeo y audio.

Islas Caimán

417.En virtud de la Ley de libertad bajo fianza (revisión de 2006), los agentes de policía están habilitados para detener a personas por delitos graves o muy graves (los delitos más serios) y conceder la libertad bajo fianza cuando sea probable que la investigación se prolongue e impida que esas personas sean procesadas con rapidez.

418.Si bien existen una presunción general del derecho a la libertad bajo fianza para algunos delitos menos graves en virtud de la Ley mencionada, dicha presunción se ha suprimido con respecto a delitos más graves, como el asesinato, el homicidio sin premeditación, la violación, el secuestro y el rapto.

419.La Ley de inmigración (revisión de 2006) atribuye a los funcionarios de inmigración facultades de detención en casos en que las personas hayan entrado ilegalmente en las Islas, incumplido las condiciones de su entrada, superado el período de estancia autorizada o ejercido un empleo remunerado sin el permiso de trabajo necesario. A veces se puede proponer la libertad bajo fianza a esas personas. No obstante, lo normal es que sean llevadas ante los tribunales dentro de las 24 horas siguientes y que sus asuntos se resuelvan por procedimiento sumario.

420.Todos los presos preventivos tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico desde el momento de su detención.

Islas Falkland

421.Como se ha indicado, la Ordenanza sobre justicia penal sigue vigente y contiene varias disposiciones que se inspiraron en las de la Ley inglesa de policía y pruebas penales de 1984 tal como fue promulgada inicialmente. La Ordenanza sobre justicia penal entró en vigor el  1º de enero de 1990. Las disposiciones no se han modificado desde que fue promulgada.

422.La Ley de policía y pruebas penales ha sido objeto de importantes enmiendas desde su promulgación. En consecuencia, se ha redactado un proyecto de ley de policía y pruebas penales de las Islas Falkland de 2006 y se ha sometido al examen del Consejo Ejecutivo. Ahora el proyecto de ley va a ser publicado con fines de consulta y será examinado por una comisión investigadora del Consejo Legislativo. Se pretende integrar en el proyecto de ley de policía y pruebas penales las modificaciones pertinentes de la Ley de policía y pruebas penales. El Título 2 del proyecto de ley contiene, entre otras cosas, disposiciones detalladas sobre las atribuciones de la policía en materia de interpelación y registro, entrada, registro e incautación, arresto y detención, y sobre el interrogatorio y tratamiento de los interesados. Si la policía incumple las condiciones que establecen la Ley de policía y pruebas penales y los correspondientes códigos de práctica, puede suceder que se invalide una prueba obtenida gracias a ese incumplimiento.

423.En 1989 y 1990 se publicaron códigos de práctica que corresponden a distintas disposiciones de los códigos publicados en virtud de la Ley de policía y pruebas penales. Habrá que sustituir esos códigos y, de hecho, se piensan reemplazar lo antes posible en cuanto sea promulgado el proyecto de ley. En los nuevos códigos se tendrán en cuenta los códigos de la Ley de policía y pruebas penales vigentes en Inglaterra.

Gibraltar

424.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

425.El artículo 56 de la Constitución de Montserrat protege el derecho de la persona a la libertad. No obstante, dispone que toda persona detenida o encarcelada será informada “tan pronto como sea razonablemente factible” en un idioma que entienda de los motivos de su detención o encarcelamiento. Podría decirse que esa norma difiere de la protección prevista en el párrafo 2 del artículo 9 de la Convención, según el cual la persona detenida será informada en el momento de su detención.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

426.La práctica policial en la investigación de los delitos se rige por la Ley de policía y pruebas penales de 1984 y los códigos de práctica correspondientes. El procedimiento penal se regula en otras leyes del Reino Unido, en particular la Ley de justicia juvenil y pruebas penales de 1999, que también ha sido muy atenuada por las nuevas normas del Título VII A de la Ordenanza sobre justicia para proteger o establecer los derechos de todas las partes y de los testigos.

427.Esas disposiciones generales permiten utilizar enlaces de televisión en directo entre Pitcairn y otros países para asegurar o mejorar la calidad de la justicia en los casos penales. Ese sistema se ha experimentado hace poco tiempo en beneficio de las víctimas y los delincuentes.

428.En las leyes modernizadas recientemente también se regula minuciosamente la prisión preventiva y la concesión de la libertad bajo fianza o el arresto domiciliario. Debido a su situación particular, en Pitcairn no hay inmigrantes ilegales ni solicitantes de asilo.

Islas Turcas y Caicos

429.Véanse también los comentarios respecto del artículo 8.

430.Las llegadas no autorizadas, principalmente por mar, se tramitan con arreglo a la Ley de inmigración de las Islas Turcas y Caicos. El Gobierno de las islas opina que las facultades de detención son parte necesaria de un control eficaz de la inmigración. La detención se utiliza durante el período más breve posible, a fin de establecer la identidad de una persona y de examinar su petición para ser admitida legítimamente en las islas. En el artículo 5 de la Constitución se protege el derecho a no ser sometido a detención o prisión arbitrarias.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

431.Véase la respuesta al párrafo 12 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Jersey

432.Véase igualmente la respuesta al párrafo 12 de las observaciones finales.

Bailía de Guernsey

433.Los lugares de detención de Guernsey son los siguientes:

la cárcel (que se abrió en 1989);

los calabozos de la comisaría (que se abrieron en 1993);

los calabozos de la aduana para breves períodos (48 horas);

el centro para la estancia breve de adolescentes necesitados de atención;

el hospital psiquiátrico.

434.Los Servicios Públicos de Salud Mental proporcionan tratamiento para una amplia gama de problemas psiquiátricos y de conducta, aplicando una política de puertas abiertas. Si bien la inmensa mayoría de las personas acuden en busca de tratamiento de modo informal, se puede internar por la fuerza a un número reducido de pacientes que se consideran un peligro para sí mismos y para los demás en virtud de la Ley de tratamiento psiquiátrico (Guernsey) de 1939 (modificada). En 2005 se produjeron 63 internamientos obligatorios en el hospital psiquiátrico público, 25 de ellos durante períodos superiores a siete días.

435.Sólo se puede internar a los menores en establecimientos seguros cuando se cumplan determinados criterios. En el cuadro 12 infra se presentan las estadísticas correspondientes a 2005.

CUADRO 12

Estadísticas sobre establecimientos seguros, 2005

	Cárcel	Policía	Aduanas
Fallecimientos durante la detención	1	0	0
Quejas contra los agentes	3	64	4
a)	Confirmadas	0	22	1
b)	Desestimadas	0	34	3
c)	Resueltas oficiosamente	0	8	0
d)	Otros	3	0	0
e)	Desestimadas - Sark		1
Registros completos al desnudo		22	86
Registros íntimos		0	0
Población penitenciaria máxima - Guernsey	126
Población penitenciaria mínima - Guernsey	89
Población penitenciaria máxima - Sark	1
Población penitenciaria mínima - Sark	0

436.En la Ley de facultades policiales y pruebas penales (Bailía de Guernsey) de 2003 se regulan exhaustivamente las facultades de los agentes de policía y funcionarios de aduanas para interpelar y registrar a sospechosos, entrar en viviendas y registrarlas y arrestar y detener a personas, y se consolidan las normas relativas al interrogatorio y el tratamiento de las personas y a la presentación y admisibilidad de pruebas penales. Los correspondientes códigos de práctica tratan de la interpelación y el registro, la detención, el tratamiento y el interrogatorio de las personas, los registros en locales, la identificación de sospechosos y la grabación de las entrevistas.

Artículo 10

437.La protección de los detenidos también se contempla en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1985) y enmiendas (1992);

la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes (1987) y Protocolos 1 y 2 (1987).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

438.Véase igualmente la respuesta al artículo 6.

439.Actualmente en Inglaterra y Gales la población penitenciaria está integrada por 76.266 personas distribuidas en 139 cárceles. Los edificios, las instalaciones y los servicios varían notablemente en función de las cárceles. La mayoría de ellas son administradas por el Estado, aunque algunas corren a cargo del sector privado. Al llegar a la cárcel, se atribuye a los presos una clasificación de seguridad, que se basa en la probabilidad de que traten de huir y en el peligro que representan para el público si logran escaparse.

440.Cuando se condena a jóvenes delincuentes menores de 21 años a una pena de prisión, podrían se internados en alguno de los establecimientos siguientes:

Centros de capacitación seguros – son centros administrados por el sector privado orientados a la educación para los menores delincuentes de hasta 17 años de edad;

Hogares infantiles seguros de las autoridades locales – son dirigidos por los servicios sociales y se dedican a satisfacer las necesidades materiales, emocionales y de conducta de los jóvenes vulnerables;

Reformatorios para delincuentes juveniles – gestionados por el Servicio de Prisiones, estos centros acogen a jóvenes de 15 a 21 años y cuentan con una menor proporción de personal con respecto a los jóvenes que los demás establecimientos para delincuentes juveniles.

441.En Escocia se realizó una gran inversión para mejorar las instalaciones penitenciarias, la cual se prosigue actualmente. Desde 1999, el Servicio de Prisiones de Escocia sustituyó varias instalaciones poco adecuadas por modernos centros aptos para ese fin. Se cerraron las cárceles de Dungavel, Longriggend, Penningham y parte de Glenochil. Se construyeron nuevos edificios para reclusos en Castle Huntly, Cornton Vale, Edimburgo, Glenochil, Perth y Polmont, proporcionando instalaciones modernas con retretes en las celdas. Se reformaron los locales de Barlinnie para instalar retretes en las celdas. En marzo de 2006, el 96% de las plazas tenían acceso a servicios higiénicos durante la noche. Se están construyendo nuevos pabellones en Glenochil, Perth y Polmont, que deberían abrirse en 2007. En junio de 2006 se adjudicó un contrato para construir una nueva cárcel en Addiewell y se prevé que ésta funcione plenamente en 2009. Se va a solicitar un permiso de obras para edificar un nuevo centro penitenciario en Bishopbriggs que reemplace a la actual prisión de Low Moss. La encuesta a los presos, que se inició en 1991, se realiza ahora anualmente y la novena encuesta se llevó a cabo durante el presente año 2006. Mediante la encuesta se hace un sondeo de las opiniones de todos los presos internados en establecimientos de Escocia sobre asuntos relacionados con las instalaciones, las condiciones, las relaciones, la salud y el bienestar, la alimentación, la limpieza y la higiene. Los resultados se publican ampliamente y sirven de base al proceso de planificación del Servicio de Prisiones de Escocia y a su sistema de evaluación de los contratos por resultados. El Servicio de Prisiones de Escocia y sus organismos colaboradores definieron y expusieron nueve resultados deseables en relación con los delincuentes y actualmente se están estableciendo indicadores para evaluar los progresos al respecto. Todos los reclusos participan en un proceso de iniciación durante los primeros días de estancia en la cárcel. En ese marco, los presos reciben información sobre sus derechos y los servicios sociales.

Dependencias de la Corona

Islas Vírgenes Británicas

442.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

443.Se finalizó la revisión del anterior Reglamento penitenciario, cuyo resultado fue el Reglamento penitenciario (revisión de 1999). Se modificaron debidamente todas las referencias al tratamiento de los reclusos condenados a la pena de muerte, dado que en las Islas Caimán se ha abolido la pena capital.

444.El sistema penitenciario de las Islas Caimán ya no consta de un sólo establecimiento (HMP Northward) para todos los presos. En la actualidad la cárcel de HMP Northward alberga únicamente a los varones adultos, mientras que las mujeres adultas, menores y jóvenes son internadas en un centro independiente, denominado HMP Fairbanks. Además, en lugar de detener a los varones jóvenes y menores en la comisaría de West Bay, éstos son recluidos en el Centro de rehabilitación de Eagle House, un establecimiento construido hace poco tiempo. Ese Centro puede acoger a un total de 20 presos jóvenes (de 17 a 21 años) y 16 menores (los que no han cumplido 17 años) y ha resultado útil al evitar la cohabitación de los delincuentes jóvenes y adultos. En 2005, la población penitenciaria diaria media de los establecimientos de Northward y Fairbanks comprendía un total de 154 personas, de las cuales 16 eran mujeres.

445.A pesar de que en los establecimientos penitenciarios se ofrece una gran variedad de cursos a todos los reclusos, por ejemplo, sobre cómo controlar la ira, el cambio de conducta, la carpintería y la costura, así como acerca de asignaturas académicas tradicionales, entre ellas inglés y matemáticas, se ha previsto contratar a un profesor de enseñanza técnica y profesional con la idea de ampliar la gama de competencias profesionales de los presos. La existencia de más programas y talleres de formación profesional reconocidos se considera un aspecto esencial para la rehabilitación de los reclusos, especialmente aquéllos que están poco capacitados para cursar estudios.

446.Se creó una Unidad de condiciones de vida mejoradas a fin de ofrecer incentivos a los presos que han mostrado la voluntad de rehabilitarse a través de su buen comportamiento y de la plena participación en el plan establecido para el cumplimiento de su pena. Una vez que son trasladados a esa Unidad, los presos tienen derecho a otros privilegios, como una vigilancia mínima, la posibilidad de hacer visitas a su domicilio, la participación en el Programa de puesta en libertad y rehabilitación prestando servicios comunitarios, así como la oportunidad de disponer de televisores en las celdas y de preparar sus propias comidas.

Islas Falkland

447.Desde hace varios años las cárceles existentes se han considerado inadecuadas. Del  24 de septiembre al 3 de octubre de 2003, Christopher Gibbard, asesor penitenciario de los territorios del ultramar del Reino Unido, realizó una visita a las Islas Falkland y efectuó una inspección en la cárcel de Stanley. En su informe, propuso construir un nuevo centro penitenciario en la zona este de la comisaría de Stanley. Esa propuesta fue aceptada y en el presupuesto para 2006-2007 se asignaron fondos para el anteproyecto y el proyecto, la preparación de los planos, la descripción detallada y las condiciones.

448.Desde el último informe, una mujer embarazada ingresó en la cárcel. En virtud del artículo 17 de la Ordenanza sobre prisiones, tras el nacimiento, se permitió que la interesada viviera con su hijo en la cárcel, donde se facilitó a ambos un alojamiento y servicios para atender sus necesidades especiales en un edificio independiente dentro del recinto penitenciario. La madre acogió con gran satisfacción esas medidas y fue puesta en libertad cuando su hijo todavía era un bebé de menos de 12 meses.

449.La cárcel existente cuenta con una celda que hace las veces de reformatorio para jóvenes delincuentes. Cuando se revisó la legislación con objeto de presentar un informe relativo a la Convención sobre los Derechos del Niño a las Naciones Unidas en 2006, se observó que existía una diferencia entre los varones y las mujeres delincuentes en lo que respecta a la edad a la que podrían ser condenados a ingresar en un reformatorio para delincuentes juveniles, a saber, los varones deben tener entre 14 y 21 años y las mujeres entre 15 y 21. Se propone suprimir esa diferencia mediante la reforma legislativa. Además, esa revisión reveló que la ley no exigía que se impartiera educación a los presos menores de 16 años condenados a una pena privativa de libertad. Esa situación no se ha planteado, pero es un asunto que se estudiará cuando se someta al examen del Consejo Ejecutivo un nuevo proyecto de ley de educación que se va a elaborar con carácter altamente prioritario.

Gibraltar

450.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

451.Se puso en marcha el sistema de libertad condicional, se estableció el marco legislativo y el Consejo Ejecutivo designó a los miembros de la Junta de Libertad Condicional en junio de 2006. Se nombró igualmente a un funcionario interino encargado de la libertad condicional.

452.Todos los interesados en el sistema de libertad condicional, entre ellos los miembros de la Junta y los jueces de paz, asistieron a un taller de sensibilización y también se está informando a los internos de la cárcel sobre el sistema. La Junta de Libertad Condicional celebrará su primera audiencia de libertad condicional antes del 31 de diciembre de 2006.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

453.Se construyeron nuevas cárceles recientemente para albergar en condiciones humanas a los presos preventivos o condenados por un tribunal. El reglamento penitenciario, que se inspira en los de otros territorios de ultramar e integra los métodos y prácticas modernos recomendados por los consultores, tiene por objeto encontrar un equilibrio entre la seguridad y la reforma. Un organismo autónomo aplica un moderno sistema de libertad condicional y todo detenido puede dirigirse a él con motivos legítimos.

454.Las Ordenanzas sobre libertad condicional y sobre imposición de penas promulgadas recientemente se inspiran en gran medida en la legislación de Nueva Zelandia y en ellas se hace hincapié en las condenas a servicios comunitarios, el arresto domiciliario y la justicia rehabilitadora, que deberían resultar sumamente útiles en las circunstancias de esta reducida comunidad.

455.A raíz de un acuerdo concertado entre los Gobiernos del Reino Unido y Nueva Zelandia, algunos juicios podrían celebrarse en Nueva Zelandia y los condenados a una pena de prisión podrían cumplirla en ese país, si acceden a ello.

Islas Turcas y Caicos

456.Todos los presos adultos cumplen sus condenas en las Islas Turcas y Caicos. Sin embargo, actualmente no existe ningún centro penitenciario para menores. El Gabinete aprobó la asignación de fondos para crear un centro provisional en Gran Turca, que debería estar listo durante el actual ejercicio económico. Entretanto, se podría internar a los delincuentes juveniles en prisión temporalmente (separados de los adultos) mientras se toman disposiciones para su ingreso en un programa de rehabilitación en el extranjero. Se ha previsto construir un centro permanente de rehabilitación de menores en Caicos Norte en un plazo de 2 a 3 años.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

457.Actualmente se está edificando una nueva cárcel moderna, que entrará en funcionamiento a finales de 2007 o principios de 2008. En la nueva cárcel se mejorarán considerablemente las condiciones de los detenidos. En ella se alojará a todos los tipos de delincuentes y existirán cinco alas distintas, entre ellas una para las mujeres y otra para los delincuentes sexuales.

458.No obstante, habida cuenta del número relativamente reducido de personas no condenadas internadas en la cárcel, resulta poco práctico separar a esos presos de los condenados desde el punto de vista de las plazas. Incluso aunque fuera factible en la práctica, esa medida podría equivaler a una especie de prisión incomunicada para esos reclusos. Por tanto, las alas para los distintos tipos de presos albergarán tanto a los condenados como a los no condenados, aunque en la nueva cárcel cada recluso tendrá su propia celda y no tendrán que compartirla con otros internos.

459.El tratamiento y las condiciones de los presos no condenados y de los condenados serán diferentes. Los no condenados no estarán obligados a trabajar, tendrán más posibilidades de formación y dispondrán de un mayor acceso a su dinero personal.

460.En la nueva cárcel se instaurará un régimen que estimulará a los presos y alentará la rehabilitación. Todos los condenados tendrán planes para el cumplimiento de su pena y serán objeto de revisiones periódicas durante el período de su condena. Se espera que todos los condenados trabajen, participen en programas y cumplan los planes fijados para purgar su pena. Los presos dispondrán de más oportunidades de recibir formación y obtener diplomas reconocidos de formación profesional.

461.La Ley de la infancia y la juventud de 2001 dispone que cuando los tribunales se ocupen de un menor o joven que sea llevado ante ellos, por haber cometido un delito o por otros motivos, tendrán en consideración el bienestar del interesado. Los tribunales no podrán dictar un auto de prisión preventiva contra un menor o joven, a menos que sea acusado de homicidio o que opinen que la prisión preventiva es el único medio adecuado de evitar al público la muerte o lesiones graves provocadas por los delitos cometidos por él.

462.En febrero de 2003 el Ministerio de Salud y Seguridad Social abrió un centro seguro para menores dotado de cinco camas (más una cama de emergencia). El centro acoge a menores remitidos por la justicia o por los servicios sociales (es decir, menores que representan un riesgo para sí mismos o para los demás).

463.El tribunal que ordene el ingreso de un joven en un establecimiento de prisión preventiva proporcionado por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, tras consultar a este último, podrá exigirle que la persona en cuestión sea internada y permanezca recluida en un establecimiento seguro (“requisito de seguridad”). El tribunal sólo impondrá ese requisito de seguridad respecto de un joven cuando éste: haya sido acusado o declarado culpable de un delito violento o sexual o de un delito que en el caso de un adulto se castigaría con una pena de prisión superior a 10 años; haya huido en varias ocasiones recientemente mientras se encontraba bajo la custodia del Ministerio, y haya sido acusado o declarado culpable de un delito presunto o probado que fue cometido mientras estaba bajo la custodia del Ministerio; y (en cualquiera de los casos) el tribunal opine que ese requisito es el único medio adecuado para proteger al público de los daños que pueda causar el joven.

464.En 2003 se creó el Equipo de Justicia Juvenil y desde entonces se ha producido una disminución de la delincuencia juvenil y del número de penas privativas de libertad y de prisión preventiva impuestas a jóvenes.

Bailía de Jersey

465.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

466.La Ley de libertad bajo fianza (Bailía de Guernsey) de 2003 regula expresamente el derecho a la libertad bajo fianza y establece las normas que rigen la concesión de esa libertad en los procesos penales. Por lo demás, no hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 11

467.La prohibición de ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual se contempla en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

468.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

469.El derecho interno de las Islas Vírgenes Británicas no permite encarcelar a una persona por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Islas Caimán

470.El derecho interno de las Islas Caimán no permite encarcelar a nadie por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual.

Islas Falkland

471. De acuerdo con el artículo 1 del Fallo 45 de la Recopilación de jurisprudencia del Tribunal Supremo de 1997, vigente en las Islas Falkland, las sentencias u órdenes judiciales destinadas a exigir el pago de una cantidad de dinero podrán ejecutarse por varios medios, entre ellos (en un caso al que se aplica el artículo 5) un auto de prisión. En el artículo 5 se regulan los métodos que podrán utilizar los tribunales para ejecutar sus sentencias u órdenes en los casos de desacato. En general, la ejecución en virtud de ese artículo sólo podrá obtenerse cuando se entregue en mano una copia de la orden a la persona en situación de desacato y se firme el correspondiente aviso judicial.

472.El artículo 5 dispone que cuando en una sentencia u orden se exija a una persona que realice un acto dentro de un plazo establecido en ella y la misma no lo realice, por voluntad propia o por negligencia, en ese plazo, o cuando una persona incumpla una sentencia u orden en la que se le exige que se abstenga de realizar un acto, podrá dictarse un auto de prisión contra ella, y si se trata de una persona jurídica, contra alguno de sus directores, sin perjuicio de las Leyes de deudores de 1869 y 1878. Ese auto de prisión se suma a las facultades que incumben al tribunal en virtud de dichas Leyes de deudores. Desde siempre, el litigante que gana el juicio podría tratar de obtener la ejecución de la sentencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de deudores de 1869, que autorizaba al tribunal a ordenar el ingreso en prisión durante un período máximo de seis semanas de la persona que, a pesar de tener dinero para pagar la deuda, no la saldara. Ahora la Ley de administración de justicia de 1970 ha restringido considerablemente esa facultad, al disponer en su artículo 11 que la misma sólo podrá utilizarse para obtener el cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales superiores que ordenen el pago de pensión de alimentos a ex mujer e hijos o de sentencias u órdenes que exijan el pago de impuestos.

Gibraltar

473.En el párrafo 1 del artículo 3 de la Constitución de Gibraltar se consagra el derecho a la libertad personal y se mencionan las circunstancias en que podría restringirse. La privación de libertad de una persona por el hecho de no poder cumplir una obligación contractual no figura entre las suspensiones autorizadas.

Montserrat

474.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

475.En Pitcairn no se aplica ese tipo de disposiciones.

Islas Turcas y Caicos

476.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

477.No se han producido cambios notables con respecto a este artículo.

Bailía de Jersey

478.Véase la respuesta al párrafo 13 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Guernsey

479.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 12

480.La libertad de circulación se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea (modificado en Niza, 2003).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

481.Entre las obligaciones que se imponen a las personas sometidas a órdenes de control pueden figurar la exigencia de permanecer dentro de determinados límites geográficos y los mandamientos de restricción de horarios. Esas restricciones se establecen para adaptar cada orden de modo que se haga frente a las actividades terroristas de la persona en cuestión, que se pretenden desbaratar mediante la orden. Véase igualmente la respuesta al párrafo 6 de las observaciones finales (capítulo II.A) sobre el asunto de las órdenes de control.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

482.En agosto de 2003 se derogó el Decreto de inmigración y pasaporte (categorías de personas prohibidas), que prohibía la entrada de los rastas y hippies en las Islas Vírgenes Británicas.

Islas Caimán

483.En las Islas Caimán siguen vigentes las normas sobre deportación contenidas en la Ley de inmigración.

484.En lo que respecta a la acogida y expulsión de migrantes cubanos que llegan a las Islas en barco, en 1999 los Gobiernos de Cuba y de las Islas Caimán firmaron un Memorando de Entendimiento, que rige la repatriación de los cubanos que entran ilegalmente en las Islas Caimán. Con arreglo a lo dispuesto en el Memorando, el Gobierno de las Islas Caimán deberá informar al Gobierno de Cuba de la llegada ilegal de ciudadanos cubanos dentro de los siete días siguientes a la fecha de llegada y facilitar sus datos personales, así como una fotografía de cada uno de ellos, e indicar el lugar y la fecha de la llegada poco después. Dentro de los 20 días siguientes a la recepción de esa información, el Gobierno de Cuba deberá comunicar su autorización para aceptar el regreso de los migrantes. Una vez que se haya comunicado esa autorización, se tomarán disposiciones para expulsar a los migrantes. En aras de la seguridad, todos los cubanos repatriados deberán ser conducidos por funcionarios del Gobierno de las Islas Caimán.

485.Desde el quinto informe periódico, no se han producido migraciones a gran escala de cubanos a las Islas Caimán. No obstante, ha existido una corriente intermitente de migrantes que atraviesan las aguas de las Islas Caimán de camino a terceros países, como Honduras, con miras a entrar en los Estados Unidos.

Islas Falkland

486.La Ordenanza sobre delitos sexuales de 2005 ha aplicado la Ley inglesa de delitos sexuales de 2003 con excepciones y modificaciones de poca importancia y constituye un novedad destacada. En el Título 1 de la Ley de delitos sexuales se crea el marco de esos delitos, definiendo, entre otras cosas, nuevos tipos de delitos que tienen que ver con el abuso de confianza, los trabajadores que realizan tareas de atención personal y la trata de personas, y ampliando muchos de los delitos existentes. En el Título 2 de la Ley se indican las obligaciones de notificación específicas para aquellos delincuentes sexuales que deben figurar registrados como tales y se autoriza a los tribunales a dictar tanto órdenes de prevención como órdenes de riesgo de daños respecto de esos delincuentes. En general, las obligaciones de notificación no se aplican a las sentencias pronunciadas antes del 1º de septiembre de 1997. La obligación de notificación comienza en la fecha de la sentencia condenatoria. Ahora bien, no se tiene en cuenta el período de prisión preventiva. Así pues, dentro de los tres días siguientes a su puesta en libertad, el condenado deberá notificar a la policía su dirección y otros datos personales. El agente de policía también podrá tomar las huellas dactilares y pedir una fotografía del delincuente. Se establecen asimismo obligaciones de notificación periódica. En la Ley se autoriza la adopción de disposiciones reglamentarias para exigir a los delincuentes que abandonen el Reino Unido que notifiquen datos como la fecha en que saldrán del país y el lugar de destino. De momento no se han adoptado disposiciones reglamentarias en virtud de la Ordenanza. En la actualidad hay cinco delincuentes sexuales registrados en las Islas Falkland.

487.Hasta la fecha, el Tribunal de Magistrados de las Islas Falkland ha dictado una orden de prevención respecto de un delincuente sexual, pero no se ha dictado ninguna orden de riesgo de daños. Varios delincuentes sexuales han aceptado órdenes de prevención voluntarias, cuyas condiciones limitan su libertad de circulación, por ejemplo, prohibiéndoles que entren en las escuelas cuando en ellas pueda haber algún niño. En las Islas Falkland no se utilizan localizadores electrónicos para los delincuentes.

Gibraltar

488.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

489.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

490.Habida cuenta de las circunstancias físicas de Pitcairn, es poco probable que se planteen esas cuestiones y de momento no se están examinando.

Islas Turcas y Caicos

491.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

492.La Isla de Man está reformando sus leyes de inmigración. En diciembre de 2005 el Tynwald acordó que las disposiciones de la Ley de nacionalidad, inmigración y asilo de 2002 y la Ley de asilo e inmigración (tratamiento de los solicitantes, etc.) de 2004 promulgadas por el Parlamento se hicieran extensivas a la Isla de Man con las correspondientes modificaciones, adaptaciones y excepciones. Esas leyes también refundirán las normas del anterior derecho británico aplicado en la Isla de Man, a saber, la Ley de inmigración de 1971, la Ley de inmigración de 1988, la Ley de asilo e inmigración de 1996 y la Ley de inmigración y asilo de 1999. Se ha previsto poner en práctica las leyes reformadas a finales de 2006.

493.Por tanto, en términos generales, las leyes sobre inmigración de la Isla seguirán siendo el reflejo de las del Reino Unido.

Bailía de Jersey

494.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

495.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 13

496.El derecho de los extranjeros a no ser expulsados se contempla en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados(1951) y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967);

la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954);

la Convención para reducir los casos de apatridia (1962);

el Acuerdo europeo sobre la abolición de visados para refugiados (1959);

el Acuerdo Europeo sobre la transferencia de responsabilidad por los refugiados (1980);

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea (modificado en Niza, 2003).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

497.Véase también la respuesta al artículo 7.

La deportación y expulsión

498.Como se indicó anteriormente en los párrafos 364 y 365 del quinto informe periódico, a raíz de la reforma legislativa introducida por medio de la Ley de inmigración y asilo de 1999, ahora sólo puede deportarse a las personas cuya presencia no beneficie al bien público, a juicio del Secretario de Estado, así como a los familiares de esas personas, y a las personas cuya deportación haya sido recomendada por un tribunal. Serán objeto de expulsión administrativa, en lugar de deportación, las categorías de personas enumeradas a continuación:

las personas que entren ilegalmente en el país;

los familiares de las personas que entren ilegalmente en el país;

las personas que incumplan las condiciones de su autorización limitada para entrar o permanecer en el Reino Unido (las que rebasen el período de estancia autorizado o que trabajen o reclamen prestaciones sin el correspondiente permiso);

las personas que hayan tratado de obtener o hayan obtenido por medios engañosos la autorización para permanecer en el país;

las personas cuya autorización indefinida haya sido revocada porque han dejado de ser refugiados;

los familiares de esas personas.

El asilo

499.Las cifras indican que en 2005 se presentaron en el Reino Unido 25.710 solicitudes de asilo (excluyendo las personas a cargo). Ello supone una disminución del 24% del número de solicitantes de asilo con respecto al año anterior (33.960 solicitudes en 2004). En 2005 se presentaron 25.710 solicitudes: se estima que en el 8% de ellas se concedió la condición de refugiado y en el 10% se reconoció esa condición a personas que habían interpuesto un recurso de apelación después de que un árbitro o juez de inmigración del organismo de apelación en materia de inmigración o el Tribunal de asilo e inmigración fallara a su favor. Esas cifras constituyen estimaciones porque algunas solicitudes todavía están pendientes del resultado de las decisiones iniciales o las apelaciones.

500.En los últimos cinco años, el Reino Unido ha elaborado tres instrumentos legislativos importantes, esto es: la Ley de nacionalidad, inmigración y asilo de 2002, la Ley de asilo e inmigración (tratamiento de los solicitantes, etc.) de 2004 y la Ley de inmigración, asilo y nacionalidad de 2006. Esas leyes han creado una base legislativa que ha permitido al Gobierno tomar medidas estrictas contra los traficantes y otras personas que tratan de burlar los controles de inmigración británicos; introducir reformas en el procedimiento de asilo; y poner en marcha el Programa Gateway, que prevé el reasentamiento de los refugiados del extranjero en el Reino Unido.

La Convención de Dublín y el Reglamento de Dublín II (CE) Nº 343/2003

501.El Reglamento de Dublín II, que entró en vigor en el Reino Unido el 1º de septiembre de 2003, sustituyó a la Convención de Dublín (que se aplicaba desde 1997). Al igual que la Convención de Dublín, el Reglamento contiene criterios convenidos en la Unión Europea para determinar qué Estado miembro es responsable del examen de las solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea por nacionales de países no pertenecientes a ella. El Reglamento se aplica a los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega (a partir del 1º de mayo de 2004 a los países que ingresaron en la UE en esa fecha, y partir del 1º de abril de 2006 a Dinamarca).

502.Los criterios básicos que determinan la responsabilidad en el Reglamento son similares a los enunciados en la Convención de Dublín, aunque se agregan otros criterios para asignar la responsabilidad teniendo en cuenta el hecho de que el solicitante sea un menor no acompañado, aspectos relacionados con la unidad familiar, y la anterior residencia en un país durante un período continuado de al menos cinco meses. El Reglamento de Dublín II se complementa con una base de datos de la UE de huellas dactilares de solicitantes de asilo y de nacionales de algunos terceros países, establecida por el Reglamento Eurodac (CE) Nº 2725/2000. Este último permite el intercambio computadorizado de huellas dactilares únicamente para contribuir a la aplicación de los acuerdos de Dublín, identificando a los solicitantes que ya son conocidos en otros países participantes. Los solicitantes sólo podrán ser trasladados entre Estados miembros cuando el Estado receptor haya aceptado que es responsable de tramitar la solicitud con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Dublín II (o en la Convención de Dublín para los casos de asilo acumulados).

Las expulsiones a terceros países

503.Se puede denegar el asilo a un solicitante si puede ser enviado a un tercer país seguro. Un tercer país seguro es un país del que el solicitante no es nacional o ciudadano y en el que su vida y libertad no corren peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o afiliación política, y cuyo gobierno no le enviaría a otro país en condiciones distintas de las estipuladas en la Convención de 1951 (concepto de ‘no devolución’).

504.Si el tercer país seguro es un Estado miembro de la UE, el Reglamento de Dublín II se aplica para determinar la responsabilidad del examen de la solicitud de asilo (véase supra). En los casos a los que no se aplique dicho Reglamento, el párrafo 345 del Reglamento de inmigración HC395 que figura en el párrafo 18 de la Declaración de modificación HC1112 dispone que, para expulsar al solicitante, las autoridades británicas también deberán estar convencidas en cada caso de que: el mismo no ha llegado al Reino Unido directamente del país en que teme ser perseguido y de que en la frontera o en el tercer país o territorio ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con las autoridades para pedir protección; o de que hay otras pruebas claras de que sería admitido en un tercer país o territorio seguros. Al igual que en el caso de otros tipos de expulsión, la expulsión a un tercer país seguro no deberá suponer el incumplimiento de las obligaciones que incumben al Reino Unido en virtud del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El proyecto de ley sobre inmigración y asilo

505.La Ley de inmigración, asilo y nacionalidad de 2006 recibió la sanción real el  30 de marzo de 2006. El primer decreto de aplicación entró en vigor el 31 de agosto de 2006 y no se prevé la aplicación completa hasta 2008. Varias disposiciones de la Ley de 2006 se refieren al procedimiento de asilo y permitirán:

fortalecer las fronteras británicas posibilitando el intercambio de datos entre el Servicio de Inmigración, la policía y las aduanas, en el marco del programa e-Borders. Ese programa facilitará la presentación a escala mundial de las huellas dactilares de los solicitantes de visados, facultando a los funcionarios de inmigración para comprobar la identidad en función de los elementos biométricos que figuran en los documentos de viaje; y

hacer frente a las nuevas amenazas contra la seguridad proporcionando un apoyo legal para excluir a los terroristas del sistema de asilo; mejorando la capacidad del Reino Unido de proteger a los ciudadanos contra las personas que representan un grave peligro para los intereses británicos y deportarlas; y agilizando el procedimiento de apelación en los casos de deportación por motivos de seguridad nacional.

La extradición

506.El Reino Unido ha concertado acuerdos de extradición con más de 100 países. Las solicitudes son examinadas por el poder judicial y el poder ejecutivo y se rigen por la Ley de extradición de 2003 (“la Ley de 2003”). El interesado puede elevar una protesta antes de que el Secretario de Estado ordene la extradición. La Ley de 2003 contiene salvaguardias para proteger los derechos humanos, por ejemplo, no se entregará la persona si se considera que el delito es de tipo político. La decisión de extraditar está sometida a revisión judicial. Se utiliza un procedimiento simplificado para las solicitudes procedentes de la Unión Europea, sin perjuicio de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros.

507.Las personas cuya extradición se solicita serán entregadas solamente por actos que constituyan delitos extraditables a los efectos de la Ley de 2003. Ello significa que la conducta por la que se pide la extradición deberá ser punible con un pena de prisión de 12 meses como mínimo tanto en el Reino Unido como en el país solicitante. (Es un principio generalmente aceptado, conocido como la doctrina de la especialidad, que un fugitivo extraditado debe ser enjuiciado en el país solicitante sólo en relación con los delitos por los que se concedió su extradición).

508.Los 25 Estados miembros de la Unión Europea aplican la Decisión Marco sobre la orden de detención europea, que entró en vigor el 1º de enero de 2004. Además, la mayoría de los países que no pertenecen a la Unión Europea son Partes en el Convenio europeo sobre extradición de 1957. Los signatarios de la orden de detención europea y del Convenio europeo sobre extradición no tienen que demostrar que existe una acusación prima facie contra la persona en cuestión. El Reino Unido también suprimió esa exigencia para Australia, Canadá, Nueva Zelandia y los Estados Unidos de América. Todas las salvaguardias previstas en la Ley de 2003 se aplican a todas las solicitudes de extradición que se reciben en el Reino Unido.

509.En el cuadro 13 que figura a continuación se indica el número de personas extraditadas al Reino Unido y desde el Reino Unido. En algunos países, aunque no en el Reino Unido, existe una prohibición constitucional o legal de extraditar a los propios nacionales. Por ello, las cifras comprenden los ciudadanos británicos.

CUADRO 13

Número de personas extraditadas al Reino Unido y desde el Reino Unido

Año	Personas extraditadas desde el Reino Unido	Personas extraditadas al Reino Unido
1999	38	35
2000	47	31
2001	55	52
2002	53	36
2003	55	64
2004	74 (24)	67 (20)
2005	139 (77)	54 (43)

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

510.Serán deportadas las personas carentes de la condición de ciudadano local que ingresen o permanezcan ilegalmente en las Islas Vírgenes Británicas, que hayan sido declaradas culpables de un delito en virtud de la Ordenanza sobre inmigración y pasaporte o de un delito punible con una pena de prisión superior a tres meses, o cuya presencia en las Islas sea considerada no deseable ni conducente al bien público por el Gobernador, previa consulta con el más alto funcionario de inmigración.

Islas Caimán

511.Véase la respuesta al artículo 12.

Islas Falkland

512.El artículo 17 del Reglamento (general) de inmigración de 1987 regula el tratamiento de los refugiados. El Decreto sobre inmigrantes ilegales de 1992 se refiere, entre otras cosas, a los solicitantes de asilo que no han obtenido la condición de refugiados.

513.No ha habido refugiados ni inmigrantes ilegales desde el último informe.

Gibraltar

514.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

515.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

516.Se podrá expulsar legalmente a los extranjeros que permanezcan ilícitamente en Pitcairn, en virtud de una disposición de habilitación prevista en la Ordenanza sobre el control de la inmigración de 2006, tras respetar todos los derechos conferidos por esa disposición.

Islas Turcas y Caicos

517.Véanse los comentarios formulados en relación con el artículo 9.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

518.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Bailía de Jersey

519.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

520.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 14

521.La protección de las garantías procesales se contempla en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

522.Véase igualmente la respuesta al párrafo 16 de las observaciones finales (capítulo II.A).

La Ley de justicia penal de 2003

523.Mediante la Ley de justicia penal de 2003 se introdujeron varias reformas fundamentales en el sistema de justicia penal. En ella se regula una gran variedad de aspectos, como la divulgación de información por la acusación y por la defensa, el juicio con jurado, el nuevo juicio ordenado por el tribunal de apelación para los delitos graves (segundo procesamiento por un mismo delito), las apelaciones interpuestas por la fiscalía, el comportamiento violento habitual y el testimonio o prueba por referencia y la condena. Todos esos aspectos se examinan por separado en el momento oportuno más adelante en la presente sección.

Los retrasos en los procesos penales

524.El Gobierno tiene la voluntad de reducir los retrasos innecesarios en el sistema de justicia penal. Rara vez conviene a la justicia que se atrasen los casos. Si bien las medidas introducidas desde 1997 han desempeñado un papel fundamental, al tratar de reducir los retrasos en la medida de lo posible, el Gobierno reconoce que es preciso realizar más mejoras. Esencialmente el Gobierno está intentando garantizar que se tengan el cuenta las necesidades de las víctimas y los testigos en todas las fases del proceso.

525.En el Título 3 del nuevo Reglamento de procedimiento penal se definen las facultades de que disponen los tribunales para administrar las causas y los deberes de las partes en lo que respecta a esa administración. Además, se elaboró el Programa de administración eficaz de los juicios para reducir el número de juicios ineficaces mejorando la preparación del proceso y el avance desde el momento de la acusación hasta el juicio o la conclusión previa a éste. Por conducto del Programa se colaboró con los distritos de justicia penal locales para aplicar las orientaciones sobre buenas prácticas que figuran en el Marco de administración de casos penales.

El derecho a guardar silencio

526.La Ley de justicia penal y orden público de 1994, que entró en vigor en Inglaterra y Gales el 10 de abril de 1995, introdujo disposiciones análogas a las vigentes en Irlanda del Norte. En ellas se protege el derecho de los sospechosos a guardar silencio durante los interrogatorios policiales, pero se permite inferir conclusiones de ese silencio en los siguientes casos:

el sospechoso, sin motivo válido, no declara a la policía algo que más adelante utiliza en su defensa;

el acusado no facilita pruebas a su favor durante el juicio;

el sospechoso no justifica su presencia en un momento y lugar determinados ni explica la presencia de objetos, sustancias o marcas en su persona en el momento de su detención;

a este respecto, existen importantes salvaguardias que figuran en el artículo 387 del quinto informe periódico.

527.Tras el fallo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Murray (1996), esas salvaguardias se fortalecieron en el artículo 58 de la Ley de justicia juvenil y pruebas penales de 1999. Ésta modificó las disposiciones de la Ley de justicia penal y orden público de 1994 para impedir que se infirieran conclusiones si el sospechoso no había tenido la oportunidad de hablar con un abogado y se reformó en consecuencia el Código C de la Ley de policía y pruebas penales con efecto a partir del 1º de abril de 2003.

El juicio con jurado

528.En Inglaterra y Gales los delitos se clasifican en tres categorías: delitos menos graves, que se juzgan en tribunales de magistrados; delitos muy graves, que sólo pueden ser vistos por un jurado en el Tribunal de la Corona; y delitos intermedios, que pueden ser juzgados por cualquiera de los dos procedimientos. La decisión sobre el tribunal que debe juzgar los delitos intermedios incumbe a los magistrados. Si estiman apropiado entender del caso ellos mismos, el acusado puede optar por un juicio con jurado.

529.Durante el decenio de 1990, en el estudio sobre los retrasos en el sistema de justicia penal se apoyó la opinión emitida en 1993 por la Comisión Real sobre Justicia Penal de que los acusados debían dejar de tener la posibilidad de optar por el juicio ante el Tribunal de la Corona. Se presentó al Parlamento una legislación para suprimir la capacidad de los acusados de elegir la modalidad de enjuiciamiento en los delitos intermedios, pero no se promulgó. Esa propuesta ya no forma parte del programa del Gobierno.

530.En el artículo 321 de la Ley de justicia penal de 2003 y su correspondiente anexo se suprimieron la mayoría de los motivos de excusa actuales para prestar el servicio de jurado. Gracias a la reforma, ese servicio constituye un deber más global desde el punto de vista social y se ha reforzado la selección al azar de los miembros del jurado.

531.El Título 7 de la Ley de justicia penal de 2003 reguló los delitos que pueden ser juzgados mediante escrito de acusación sin jurado en determinados casos limitados, a saber, algunos casos de estafa, los casos en que existe el peligro de que se soborne al jurado, o cuando se haya producido ese soborno. En relación con el artículo 43 relativo a los juicios sin jurado en casos graves de estafa, se exige una resolución afirmativa de las dos cámaras del Parlamento antes de su puesta en vigor. Hace poco tiempo el Gobierno decidió restablecer esa norma mediante una nueva legislación primaria.

La divulgación de material por la acusación

532.El ministerio público tiene el deber de comunicar a la defensa las pruebas que presentará en el proceso como argumentos de la acusación (“material utilizado”) y el “material no utilizado” que razonablemente podría tener el efecto de debilitar esos argumentos o de fortalecer los argumentos de la defensa. La posición acerca del material utilizado en poder de la acusación no ha variado desde el quinto informe periódico.

533.En la Ley de justicia penal de 2003 se reformaron los procedimientos para la divulgación del material no utilizado por la acusación. En ella se conservó la estructura básica del sistema de la legislación fundamental, esto es, la Ley de procedimiento e investigaciones penales de 1996, pero se introdujo una serie de mejoras, entre ellas la combinación de los dos criterios diferentes de divulgación del material de la acusación que se aplicaban en distintas etapas del proceso de divulgación en un nuevo y único criterio objetivo de divulgación del material al que se hace referencia en el párrafo anterior.

534.En un grupo de casos, como el de Edwards y Lewis (2003), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos observó que, en las circunstancias particulares de esos casos, los procedimientos del Reino Unido que regían la divulgación del material no utilizado por la acusación y la excepción del interés público no eran compatibles con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esos casos se resolvieron de conformidad con las reglas en materia de divulgación del antiguo common law que se aplicaban antes de la promulgación de la Ley de procedimiento e investigaciones penales de 1996. En el caso H & C (2004), al interpretar el caso Edwards y Lewis, la Cámara de los Lores estimó que las normas internas sobre divulgación de Inglaterra y Gales, que se basaban en la Ley de 1996, no eran incompatibles con los derechos protegidos en el Convenio.

Pruebas de oídas

535.El 17 de diciembre de 1998 el Gobierno anunció que había decidido aceptar todas las recomendaciones del informe de la Comisión judicial sobre las pruebas de oídas en procesos penales de 1997. Se admitirán más pruebas de oídas, y al mismo tiempo se protegerán los intereses del acusado. Esas reformas se materializaron en el Título 11 de la Ley de justicia penal de 2003.

536.La Ley de justicia penal (terrorismo y conspiración) de 1998 considera admisible la opinión del jefe de policía de que el acusado pertenece a una organización proscrita determinada, pero estipula que éste no puede ser condenado exclusivamente sobre la base de la declaración del jefe de policía (como tampoco de las conclusiones inferidas de su silencio). Hay que corroborar esa opinión para pronunciar una condena.

La prueba sobre comportamiento violento habitual

537.En 2001 la Comisión judicial presentó un informe sobre el comportamiento violento habitual en los procesos penales. Sir Robin Auld examinó igualmente el tema en su estudio sobre los tribunales penales de Inglaterra y Gales elaborado en 2001. El planteamiento del Gobierno se inspiró considerablemente en ambos informes y las normas sobre el comportamiento violento habitual se reformaron en el Título 11 de la Ley de justicia penal de 2003. Lo que se pretende con esas disposiciones es brindar un conjunto completo de normas para la admisión de ese tipo de pruebas. Se han derogado las reglas del common law vigentes y se han revocado aspectos sustanciales de otras leyes parlamentarias.

El nuevo juicio por delitos graves (doble procesamiento por el mismo delito)

538.En 2001 la Comisión judicial presentó un informe sobre el doble procesamiento por el mismo delito y las apelaciones interpuestas por el ministerio público. En el Título 10 de la Ley de justicia penal de 2003 se reforma la legislación relativa al doble procesamiento por el mismo delito, autorizando un nuevo juicio en varios casos de delitos muy graves, cuando salen a la luz pruebas nuevas y convincentes. El Gobierno opina que esas normas se ajustan al párrafo 7 del artículo 14 del Pacto, tal como lo interpreta el Comité de Derechos Humanos en el Comentario General Nº 13 del 13 de abril de 1984.

La indemnización por una condena injusta

539.En los cinco últimos ejercicios económicos, el número de solicitudes de indemnización por condena injusta aceptadas en virtud del artículo 133 de la Ley de justicia penal de 1988 y el mecanismo complementario de pagos ex gratia fue el siguiente:

	Artículo 133	Ex gratia
2000-2001	21	20
2001-2002	17	10
2002-2003	25	11
2003-2004	23	8
2004-2005	39	7

540.El 19 de abril de 2006 se suprimió el mecanismo de pagos ex gratia.

La reducción de los retrasos entre la detención y la sentencia de los delincuentes juveniles

541.En 1996, el período medio que transcurría entre la detención y la sentencia de los delincuentes juveniles reincidentes era de 142 días. El Gobierno se comprometió a reducir ese plazo a 71 días en marzo de 2002 (fecha que el Manifiesto de 2001 trasladó a mayo de 2002). El compromiso constituye un objetivo que se aplica conjuntamente a todos los organismos encargados de la justicia penal. El objetivo del compromiso es que todos los sectores lo cumplan sistemáticamente. El compromiso se cumplió en 2005 por cuarto año consecutivo, con un resultado global de 69 días. En cuanto a los casos en que no se cumplió, el Gobierno está preparando nuevas orientaciones para todos los que intervienen entre la detención y la sentencia para asegurar que se entienden correctamente las funciones y responsabilidades, de modo que los casos se tramiten lo más rápido posible para su conclusión.

La asistencia letrada

542.En Inglaterra y Gales se creó la Comisión de Servicios Jurídicos en virtud de la Ley de acceso a la justicia de 1999 a fin de ayudar a las personas necesitadas a obtener información, asesoramiento y representación legal de alta calidad. Todos los años unos dos millones de personas reciben la asistencia de la Comisión de Servicios Jurídicos para tener acceso a la justicia. El Servicio Jurídico Comunitario es una red civil de proveedores de asistencia letrada, mientras que el Servicio de Defensa en Causas Penales ayuda a la gente que es objeto de una investigación policial o de acusaciones penales. El gasto en asistencia letrada aumentó de 1.500 millones de libras en 1997 a más de 2.000 millones de libras en julio de 2006. En julio de 2005, el Gobierno expuso a grandes rasgos sus propuestas, que estaban en consonancia con la Ley de derechos humanos, para garantizar la continuidad del acceso justo y equitativo a la justicia y mejorar los resultados respecto de los que más necesitan los servicios jurídicos estatales, velando por que el contribuyente obtenga servicios jurídicos adecuados en relación con el dinero invertido. A continuación, Lord Carter of Coles llevó a cabo un estudio sobre los medios de alcanzar esos objetivos y sus conclusiones se publicaron en julio de 2006. Actualmente el Gobierno está celebrando consultas con los interesados para aplicar esas recomendaciones que apuntan a introducir reformas de gran envergadura en la manera de obtener los servicios de asistencia letrada, a fin de que:

los usuarios tengan acceso a una asistencia letrada y representación legal de buena calidad;

se establezca una base sólida y duradera de profesionales competentes y eficaces;

el contribuyente y el Gobierno obtengan buenos resultados en relación con el dinero invertido; y

el sistema de justicia sea más eficaz, efectivo y sencillo.

543.En Escocia, el número de personas que reciben asistencia letrada en causas civiles ha seguido disminuyendo y el costo medio de los casos continúa aumentando. Para garantizar que las personas de bajos ingresos sigan teniendo acceso a la justicia, los criterios económicos exigidos se revisan a la alza anualmente para tener en cuenta la inflación. En agosto de 2003, se puso en práctica en Escocia un amplio programa de reforma y modernización del sistema de asistencia letrada en causas civiles. Las reformas simplificaron el sistema de asistencia letrada mediante una tramitación más eficaz de las causas, facilitaron el acceso a la justicia, introdujeron una representación legal garantizada de calidad para el cliente, incrementaron los honorarios abonados por la asistencia letrada y condujeron a una administración más eficiente. En 2005 se analizaron las consecuencias de la reforma y se determinaron algunas posibles mejoras. Se tomaron algunas iniciativas para prestar servicios jurídicos comunitarios y se ejecutaron varios programas piloto. En 2004 se pasó revista al suministro de asistencia letrada, asesoramiento e información con cargo a fondos públicos en Escocia y en el verano de 2005 se celebró una consulta pública sobre el camino a seguir. A raíz de ello, se está introduciendo una serie de cambios legislativos y de otro tipo para instaurar progresivamente un modelo mixto de prestación de asesoramiento mejor planificado y coordinado, mediante el cual éste sea proporcionado por el asesor más adecuado y en función de las necesidades. El Ejecutivo Escocés tiene el propósito de introducir varias mejoras en el sistema de asistencia jurídica pública, en particular: aumentar la prestación de asistencia letrada en las causas civiles y penales por abogados contratados directamente por la Junta de Asistencia Jurídica, cuando proceda; ampliar los criterios económicos exigidos para recibir asistencia letrada en causas civiles; y colaborar con la Junta y las autoridades locales para formular un planteamiento conjunto a fin de planificar, coordinar, respaldar y fomentar de modo dinámico la asistencia jurídica pública, con objeto de que un órgano de coordinación nacional asuma esas funciones a largo plazo.

544.En Escocia, la asistencia jurídica en causas penales es administrada por la Junta de Asistencia Letrada de Escocia, pero puede ser concedida por la Junta o por el tribunal. Esa asistencia es prestada por el abogado del acusado o por un abogado de oficio. Ahora todos esos abogados deben estar registrados en la Junta y respetar un código de práctica publicado.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

545.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

546.No hay nada que añadir a la información que figura en el quinto informe periódico.

Islas Falkland

547.Actualmente la administración del sistema de asistencia letrada corre a cargo del Magistrado Superior y no del Fiscal General y puede adoptar las formas siguientes:

‘El asesoramiento y la asistencia’ se prestan respecto de todo asunto o problema jurídico que se plantee en las Islas Falkland o guarde relación con ellas y no sea objeto de un proceso fuera de su territorio. Sólo se proporciona a las personas cuyos ingresos brutos (incluidos los del cónyuge o pareja) sean inferiores a 12.500 libras.

‘El asesoramiento en la comisaría’: todas las personas detenidas y mantenidas bajo custodia o las que acuden voluntariamente a la comisaría para someterse a un interrogatorio, tras ser informadas de sus derechos, en relación con un delito penal punible con una pena de prisión pueden recibir asesoramiento y asistencia gratuitamente mientras se encuentren en la comisaría.

‘Las órdenes de representación’ pueden emitirse respecto de todo “proceso pertinente” que podría entablarse o se haya entablado ante un tribunal de las Islas Falkland y pueden concederse a las personas que podrían ser o sean parte en dicho proceso o cuyos intereses se verán probablemente afectados por el proceso. Para beneficiarse de una orden de representación, se han de reunir criterios económicos específicos. Las causas penales son “procesos pertinentes” en los que los interesados han sido acusados de un delito penal en las Islas Falkland, si se cumplen uno o más criterios adicionales. Uno de esos criterios consiste en examinar si va en interés de la justicia que se conceda la representación. Esto se aplica a los casos en que, de demostrarse que el delito se cometió, el tribunal probablemente impondrá una condena que privaría al acusado de su medio de vida o de su libertad o perjudicaría seriamente su reputación; cuando la causa pueda referirse a cuestiones de derecho sustantivas; en caso de que el acusado sea incapaz de entender las actuaciones o de exponer sus razones, por ejemplo, debido a su discapacidad; cuando la defensa deba buscar e interrogar a los testigos o se deba proceder al contrainterrogatorio pericial de un testigo de la acusación; y si el hecho de que el acusado sea representado beneficia a otra persona.

Gibraltar

548.Con posterioridad al último informe, la Cámara de la Asamblea aprobó la Ordenanza sobre terrorismo de 2005. En virtud de la Ordenanza, los tribunales podrán confiscar los bienes (comprendido el dinero) utilizados o que se piensen utilizar en relación con delitos de terrorismo o con la financiación de éste. La Ordenanza pone en práctica la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo de la Unión Europea, relativa a la lucha contra el terrorismo.

Montserrat

549.Las exigencias mencionadas en el artículo 14 del Pacto, que se recogen minuciosamente en el artículo 57 de la Constitución, se siguen respetando escrupulosamente en Montserrat.

550.Montserrat cuenta con una comunidad de hispanohablantes cada vez mayor y, a raíz de ello, cada vez se necesitan más intérpretes durante los procesos. A veces resulta bastante difícil encontrar intérpretes adecuados.

551.Como consecuencia de la actividad volcánica, Montserrat ha dejado de contar con un juez residente. El juez se ocupaba de otras jurisdicciones del Caribe oriental y visitaba Montserrat tres veces al año para celebrar las sesiones de los tribunales de lo penal y conocer de causas en juicios civiles. Ahora se han introducido cambios respecto de las jurisdicciones que se asignan al juez nombrado para Montserrat y, como consecuencia de ello, éste visita Montserrat una vez al mes. De ese modo, se ha agilizado el proceso judicial y la administración de justicia, especialmente en las causas civiles.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

552.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

553.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

554.Se ha previsto que la Ley de tribunales de 2006 entre plenamente en vigor el 1º de noviembre de 2006. En virtud de esa Ley, los miembros de los tribunales serán designados por una Comisión de Nombramientos independiente para garantizar que los tribunales se constituyan y actúen de una manera compatible con los principios de derechos humanos.

Bailía de Jersey

555.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

556.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 15

557.La retroactividad de las penas también se prohíbe en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

558.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

559.Las reglas del common law relativas a la legislación retroactiva se aplican en las Islas Vírgenes Británicas.

Islas Caimán

560.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en relación con este artículo.

Islas Falkland

561.El artículo 31 de la Constitución de las Islas Falkland dispone que el Gobernador, con el asesoramiento y el consentimiento del Consejo Legislativo, podrá establecer leyes para la paz, el orden y el buen gobierno de las Islas Falkland. El artículo 47 de la Constitución estipula que las leyes elaboradas en virtud del artículo 31 podrán tener efecto retroactivo. Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1) del artículo 21 de la Ordenanza sobre interpretación y cláusulas generales, ninguna ley escrita entrará en vigor hasta que se publique en el diario oficial. De conformidad con el párrafo 2) del artículo 21, las leyes escritas de las Islas Falkland podrán tener efecto retroactivo desde la fecha de su publicación en el diario oficial, si así se establece en ellas, pero:

no serán constitutivos de delito los actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos o que hayan sido tipificados como delito posteriormente; y

ninguna ley escrita que se promulgue en las Islas Falkland impondrá una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

562.De conformidad con el párrafo 4) del artículo 13 de la Constitución, nadie será considerado culpable de un delito penal por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos y tampoco se impondrá por un delito penal una pena más grave por su grado o sus características que la pena máxima que podría haberse impuesto por ese delito en el momento de su comisión. El párrafo 1) del artículo 53 de la Ordenanza sobre delitos dispone que nadie podrá ser procesado en virtud de ninguna de sus disposiciones por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos.

Gibraltar

563.En Gibraltar se aplica la regla general, según la cual ninguna ley se interpretará de modo que tenga efecto retroactivo, a menos que esa interpretación figure muy claramente en los términos de la ley o se infiera por implicación necesaria y clara.

Montserrat

564.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

565.En Pitcairn se aplica la regla del derecho inglés mencionada en la primera frase del artículo.

Islas Turcas y Caicos

566.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

567.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Bailía de Jersey

568.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

569.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 16

570.El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica también se consagra en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

571.En lo concerniente al derecho de voto de los presos, véase la respuesta al párrafo 10 de las observaciones finales (capítulo II.A).

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

572.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

573.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en relación con este artículo.

Islas Falkland

574.En las Islas Falkland, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, con independencia de su condición.

575.Los reclusos que estén cumpliendo una pena de prisión inferior a 12 meses no están inhabilitados para inscribirse en el censo a fin de votar en las elecciones al Consejo Legislativo por el mero hecho de su condena o su condición de presos. Si ya están inscritos, se les permite votar en las elecciones e incluso se les alienta a ello.

Gibraltar

576.En Gibraltar, la Ordenanza sobre interpretación y cláusulas generales define al menor como la persona que no ha cumplido 18 años. Cuando la persona cumple 18 años, disfruta de la plenitud de derechos.

Montserrat

577.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

578.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

579.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

580.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Bailía de Jersey

581.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

582.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 17

583.La vida privada también se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y el Tratado de la Unión Europea (modificado en Niza, 2003).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

584.Las personas que sean objeto de una orden de control podrán dirigirse a los tribunales para que éstos dicten una orden de anonimato a fin de proteger su identidad.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

585.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

586.La información que figura en el quinto informe periódico sigue vigente para las Islas Caimán.

587.Además, en virtud del Decreto (derecho penal) de los territorios del Caribe de 2000, los actos homosexuales realizados en privado han dejado de ser constitutivos de delito, siempre que las partes den su consentimiento para ello y sean mayores de 18 años. El Decreto también se aplica a los actos realizados antes de su entrada en vigor.

Islas Falkland

La protección de datos

588.La Ordenanza sobre protección de datos no ha entrado en vigor ni se piensa poner en vigor de momento. En las Islas Falkland no existe una norma legal equivalente al artículo 115 de la Ley inglesa sobre delincuencia y disturbios de 1998, el cual estipula que toda persona que (al margen de ese artículo) no esté habilitada para divulgar información a una autoridad competente, estará autorizada para ello si esa divulgación fuera necesaria o conveniente a efectos de la Ley. Se trata de una norma inglesa importante, ya que los organismos públicos sólo pueden comunicar información si están facultados para ello. Por tanto, el artículo 115 confiere la facultad de intercambiar información cuando la divulgación sea necesaria para respaldar las estrategias o los objetivos en materia de delincuencia y disturbios en el plano local, cuyo principal propósito deberá ser la reducción de la delincuencia y los disturbios de conformidad con la Ley.

589.En las Islas Falkland, los distintos ministerios intercambian la información pertinente en la medida en que se estiman capacitados para ello, como cuestión de buena práctica, lo cual constituye un avance positivo. Se propone someter al Consejo Ejecutivo normas legislativas que autoricen expresamente la divulgación de información entre los organismos competentes y los ministerios para que se aclare la posición legal al respecto.

590.La Ley inglesa de protección de datos de 1998 prohíbe la transmisión de datos personales a países o territorios situados fuera de la Comunidad Europea, a menos que en dichos países o territorios se garantice un nivel de protección adecuado de los derechos y libertades de los titulares de los datos en relación con el tratamiento de los datos personales. Al parecer, ello ha impedido la transmisión de datos personales a las Islas Falkland, por ejemplo, datos confidenciales sobre las personas que desean trabajar con niños.

El circuito cerrado de televisión

591.Varios establecimientos comerciales utilizan circuitos cerrados de televisión, sin que nadie haya elevado ninguna queja.

La vigilancia intrusiva

592.En virtud del párrafo b) del artículo 57 de la Ordenanza sobre telecomunicaciones, será culpable de delito la persona que, salvo bajo la autoridad del Gobernador o en el ejercicio de su cargo de funcionario de la Corona o de una empresa de telecomunicaciones de servicio público autorizada de conformidad con la Ordenanza, realice alguno de los siguientes actos:

utilice cualquier dispositivo de telegrafía inalámbrico con el propósito de obtener información sobre el contenido, el remitente o el destinatario de un mensaje (ya sea o no enviado mediante telegrafía inalámbrica) cuando el Gobernador no haya autorizado a la persona que utiliza el dispositivo ni a cualquier otra persona en cuyo nombre actúe la misma a recibir dicho mensaje; o

salvo en el curso de un proceso judicial o a efectos de todo informe proporcionado en el marco del mismo, divulgue cualquier información sobre el contenido, el remitente o el destinatario de un mensaje, si se trata de información de la que el interesado sólo habría tenido conocimiento a efectos de la utilización del dispositivo de telegrafía inalámbrico por él u otra persona.

593.La Ley inglesa de regulación de las facultades de investigación de 2000 no se aplica en las Islas Falkland. No obstante, si el Gobernador concediera su permiso en virtud del párrafo b) del artículo 57 o en caso de que se autorizara una vigilancia policial no intrusiva, se tendrían debidamente en cuenta los principios de los códigos de práctica publicados con arreglo a la Ley de regulación de las facultades de investigación.

La homosexualidad

594.En el pasado existían diferencias entre la edad de consentimiento para mantener relaciones heterosexuales y homosexuales. La Ley de delitos sexuales de 2003, que se aplica en las Islas Falkland mediante la Ordenanza sobre delitos sexuales de 2005, fija en 16 años la edad de consentimiento para mantener relaciones heterosexuales y homosexuales.

Gibraltar

595.En 2004, la Cámara de la Asamblea aprobó la Ordenanza sobre protección de datos de 2004, que protege el derecho a la vida privada con respecto a la información sobre los particulares que poseen los organismos. Transpone al derecho de Gibraltar la Directiva europea 95/46/CE. La Ordenanza obliga a los organismos que albergan información personal sobre los particulares a proteger su derecho a la vida privada y reconoce a éstos una serie de derechos jurídicamente exigibles, comprendidos el acceso a sus datos personales y la corrección de los posibles errores. Se ha nombrado un Comisionado de protección de datos para garantizar que se respeta la Ordenanza. El Comisionado está habilitado para investigar las posibles contravenciones de la Ordenanza y para conceder una indemnización en caso de infracciones que provoquen perjuicios a cualquier persona. Las decisiones del Comisionado de protección de datos se pueden recurrir ante los tribunales de Gibraltar.

Montserrat

596.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

597.Los delitos del Convenio a que se hace referencia se prohíben, en gran medida, en el Título II (Delitos contra el orden público), el Título III (Delitos contra la persona) y el Título IV de la Ordenanza sobre faltas de 2000. El delincuente enjuiciado en el Tribunal de Magistrados podrá ser condenado a una multa, a una pena de prisión o a ambas.

Islas Turcas y Caicos

598.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

599.El 1º de abril de 2003 entró en vigor la Ley de protección de datos de 2002 y se derogó la Ley de protección de datos de 1986. La finalidad de la Ley es alcanzar un equilibrio entre las necesidades legítimas de las empresas y entidades de tratar información personal y el derecho a la vida privada de los particulares. La Ley se funda en la Ley de protección de datos de 1998 y se elaboró para ajustarse a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. El 28 de abril de 2004 la Comisión Europea adoptó una decisión oficial en la que reconoció que la Isla de Man era una jurisdicción en la que existía un nivel de protección adecuado de los datos personales.

600.El 1º de octubre de 2005, entraron en vigor el Decreto de comunicaciones no solicitadas y el Reglamento de comunicaciones no solicitadas de 2005. El Decreto pone en práctica en la Isla el artículo 13 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento prevé la adopción de medidas para impedir las comunicaciones comerciales no solicitadas dirigidas a particulares por teléfono, fax, correo electrónico o mensajes de texto.

601.Actualmente el proyecto de ley sobre el Reglamento de vigilancia está en espera de la sanción real. A pesar de que la práctica vigente de la Isla de Man se basa en las mejores prácticas del Reino Unido, esa legislación proporcionará un fundamento jurídico a todos los procedimientos y restricciones relativos a la vigilancia secreta y los asuntos conexos.

Bailía de Jersey

602.Véase la respuesta al párrafo 14 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Guernsey

603.La Ley de regulación de las facultades de investigación (Bailía de Guernsey) de 2003 establece un sistema legal completo en lo que atañe a la interceptación de las comunicaciones, la obtención y divulgación de datos sobre comunicaciones, la vigilancia y las investigaciones secretas, la investigación de datos codificados y el estudio de las facultades de investigación por un comisionado independiente. Los códigos elaborados en virtud de la Ley tratan de aspectos específicos, como la interceptación por los servicios postales y la vigilancia secreta.

604.La Ley de rehabilitación de delincuentes (Bailía de Guernsey) de 2002 dispone que las condenas penales se extinguirán y, por tanto, no tendrán que ser reveladas (por ejemplo) por las personas que buscan empleo. Se prevén algunas excepciones para determinados tipos de empleo (por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan con niños), las cuales figuran en la Ley de rehabilitación de delincuentes (Bailía de Guernsey) de 2002 y la Ordenanza (entrada en vigor, exclusiones y excepciones) de 2006.

Artículo 18

605.La libertad de pensamiento también se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

606.Véase también la respuesta al párrafo 14 de las observaciones finales (capítulo II.A).

Los lugares de culto

607.El Gobierno se comprometió a celebrar una consulta sobre una nueva facultad para ordenar el cierre de lugares de culto que se utilicen como centros de incitación al terrorismo. Ahora se ha finalizado la consulta y a raíz de ella se ha decidido que no conviene legislar al respecto en el momento actual. El Gobierno también consultó a líderes musulmanes acerca de los religiosos que no eran ciudadanos británicos para confeccionar una lista de los que no eran aptos para predicar y que serían expulsados del Reino Unido en el futuro. El 27 de junio de 2006 se creó oficialmente la Junta Consultiva Nacional de Mezquitas e Imames. Un grupo directivo de líderes musulmanes publicó una guía de buenas prácticas para las mezquitas al mismo tiempo que se creaba la Junta Consultiva. El Gobierno colaborará con la Junta Consultiva para identificar a las personas que no son aptas para predicar en el país y cuya deportación o expulsión será objeto de examen.

La educación religiosa en las escuelas

608.En Inglaterra la educación religiosa es obligatoria en todas las escuelas estatales. En la mayoría de éstas ha de ser impartida de conformidad con programas convenidos en el plano local que deben “reflejar el hecho de que las tradiciones religiosas en Gran Bretaña son esencialmente cristianas, teniendo en cuenta al mismo tiempo las enseñanzas y prácticas de otras religiones principales representadas en el país”. Las escuelas de carácter religioso pueden impartir enseñaza religiosa de acuerdo con la escritura fideicomisaria de la escuela o los principios de su fundación. Los padres tienen derecho a pedir que sus hijos no reciban enseñanza religiosa, si así lo desean. En los párrafos 461 a 464 del quinto informe periódico se facilita información complementaria sobre la educación religiosa en las escuelas.

La creación de escuelas con ayuda voluntaria

609.Cualquier persona u organismo voluntario de cualquier confesión religiosa puede fundar una escuela independiente o presentar propuestas para la creación de una nueva escuela con ayuda voluntaria, que será financiada por la autoridad local encargada de la educación, aunque la escuela ya sea una escuela independiente. El Gobierno examina todas las propuestas en relación con criterios educativos, institucionales y financieros (artículo 41 de la Ley). Desde el 1º de septiembre de 1999, el Comité de organización escolar local se pronuncia sobre las propuestas y, si éste no consigue alcanzar una decisión, esa tarea se encomienda a un árbitro designado por el Gobierno. Los comités y los árbitros deberán tener en cuenta las directrices del Gobierno al examinar las propuestas.

La discriminación religiosa

610.La discriminación religiosa se examina en el marco de los artículos 2 y 26.

Las prácticas e indumentarias religiosas en el trabajo

611.Por conducto del Servicio de asesoramiento sobre relaciones raciales en el empleo, las directrices publicadas y el programa de promoción, el Gobierno alienta a los empleadores a ofrecer condiciones de trabajo flexibles, entre ellas las que impongan las diferencias culturales y religiosas, y difunde el mensaje según el cual la diversidad en el lugar de trabajo fomenta el éxito y la prosperidad de las empresas.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

612.En virtud de la Ley de educación de 2004 (Nº 10 de 2004), no se podrá imponer a los alumnos de las escuelas públicas o privadas ningún tipo de educación o instrucción religiosa, ni se les obligará a participar en cultos colectivos u otras ceremonias o ritos religiosos o a asistir a ellos, salvo con su consentimiento o, si son menores de 18 años, el de sus padres.

613.Además, no se podrá imponer a los alumnos de las escuelas públicas o privadas, como condición para la admisión o la asistencia a la escuela, la exigencia de participar en la educación religiosa, de asistir o abstenerse de asistir a lugares de instrucción o culto religiosos, o de asistir a una escuela o tomar parte en una actividad en cualquier lugar en un día especialmente señalado para el culto religioso de la confesión a la que pertenecen.

614.El Código de Trabajo vigente prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo, entre otras cosas, por motivos de credo y de creencia política. Si se promulga el proyecto de ley sobre el Código de Trabajo de 2005, se prohibirá la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de creencia religiosa y de opinión o afiliación política.

Islas Caimán

615.Se prevé que todas las presuntas violaciones de este artículo se resuelvan con arreglo a la carta de derechos que se está elaborando.

Islas Falkland

616.En virtud del artículo14 de la Ordenanza sobre educación de 1989, incumbe al Director de Educación, a la Junta de Educación y a todo comité de la Junta contribuir al desarrollo espiritual, moral, mental y físico de los habitantes de las Islas Falkland, velando por que toda persona reciba una educación eficaz en su territorio. Ese deber no exige que la educación se imparta de acuerdo con las creencias, los principios o las prácticas de todas las religiones, grupos nacionales o cultos. En virtud del párrafo 1) del artículo 24 de la Ordenanza, si el padre o la madre de un alumno que cursa sus estudios en una escuela estatal pide que se dispense a éste de asistir al culto religioso en la escuela y/o de recibir instrucción religiosa, el mismo deberá quedar eximido de esa asistencia.

Gibraltar

617.La Constitución de Gibraltar protege la libertad de pensamiento de la persona mediante las siguientes disposiciones:

El artículo 1 dice así: “Por la presente, se reconoce y declara que en Gibraltar han existido y seguirán existiendo, sin discriminación por motivos de raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo, a reserva de que se respeten los derechos y libertades de los demás y el interés público, todos y cada uno de los siguientes derechos humanos y libertades fundamentales, a saber:

a)el derecho del individuo a la vida, la libertad, la seguridad personal y la protección de la ley;

b)la libertad de conciencia, de expresión, de reunión y de asociación y la libertad de crear escuelas; y

c)el derecho de la persona a la protección de la intimidad de su domicilio y otros bienes y a no ser privada de sus bienes sin indemnización. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán para proteger los mencionados derechos y libertades, sin perjuicio de las limitaciones de esa protección previstas en ellas, cuya finalidad es garantizar que el disfrute de dichos derechos y libertades por una persona no redunde en perjuicio de los derechos y libertades de otras o del interés público. Protección del derecho a la vida.”

618.El artículo 9 de la Constitución estipula lo siguiente:

1)No se impedirá a nadie el disfrute de su libertad de conciencia, sin su consentimiento, y a efectos del presente artículo, esa libertad abarca la libertad de pensamiento y de religión, la libertad de cambiar de religión o creencia, y la libertad de manifestar y predicar su religión o creencia en el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia individualmente o junto con otras personas, ya sea en público o en privado.

2)No se podrá imponer a ninguna persona que asista a una institución educativa ningún tipo de instrucción religiosa, ni obligarla a participar en ninguna ceremonia o rito religioso ni a asistir a ellos si dicha instrucción, ceremonia o rito corresponde a una religión que no profesa, salvo con su consentimiento o, si es menor de 18 años, el de su padre o tutor.

3)No se impedirá a ninguna comunidad o confesión religiosa impartir instrucción religiosa, por conducto de personas que residan legalmente en Gibraltar, a miembros de esa comunidad o confesión en el marco de la educación proporcionada por ésta.

4)No se podrá obligar a nadie a que preste juramento en contra de su religión o creencia o a que lo haga de una manera que sea contraria a su religión o creencia.

5)No se considerará que lo dispuesto en una ley o un acto realizado en virtud de la misma contradice o contraviene los párrafos 1) ó 3) del presente artículo si puede demostrarse que la ley en cuestión establece disposiciones necesarias:

a)por motivos de defensa, o en aras de la seguridad pública, el orden público, la moralidad pública o la salud pública; o

b)con el fin de proteger los derechos y libertades de otras personas, por ejemplo, el derecho a profesar y practicar cualquier religión o creencia sin la intervención no deseada de personas que profesen cualquier otra religión o creencia, salvo en el caso en que se demuestre que la disposición legal o, en su caso, el acto realizado en virtud de ella no está razonablemente justificado en una sociedad democrática.”

Montserrat

619.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

620.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

621.La nueva Constitución contiene disposiciones para proteger la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de todo ciudadano de las Islas. Además, dispone que la libertad de conciencia abarca la libertad de pensamiento y de religión, la libertad de cambiar de religión o creencia y la libertad de manifestar y predicar su religión o creencia en el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia individualmente o junto con otras personas, ya sea en público o en privado. Estipula igualmente que “no se podrá imponer a ninguna persona que asista a una institución educativa ningún tipo de instrucción religiosa, ni obligarla a participar en ninguna ceremonia o rito religioso ni asistir a ellos si dicha instrucción, ceremonia o rito corresponde a una religión que no sea la suya”.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

622.La Ley de educación de 2001, que entró en vigor en 2004, protege los derechos de los docentes de las escuelas subvencionadas y estatales. Por ejemplo, no se podrá exigir a ningún maestro de esas escuelas que imparta enseñanza religiosa ni que reciba una remuneración inferior debido a sus creencias religiosas o a su deseo de no asistir a actos de culto religioso celebrados en la escuela.

623.La Ley de educación de 2001 también salvaguarda los derechos jurídicos de los padres o tutores a excluir a sus hijos o pupilos de la enseñanza religiosa o el culto religioso y a tener acceso a la enseñanza confesional que deseen.

624.La Ley de empleo de 2006 reafirma el derecho reconocido en la Ley de empleo de 1991, en virtud del cual no se podrá despedir a los empleados debido a sus creencias religiosas o motivos relacionados con ellas, pero suprime el periodo reglamentario de un año en el empleo que actualmente se exige para reivindicar el despido improcedente por esos motivos.

Bailía de Jersey

625.Véase la respuesta a los párrafos 8 y 9 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Guernsey

626.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 19

627.La libertad de opinión también se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

La administración abierta: Ley de libertad de información

628.La Ley de libertad de información de 2000 entró en vigor el 1º de enero de 2005 y regula los siguientes aspectos:

el derecho de amplio acceso general a la información en poder del Gobierno, a reserva de excepciones y condiciones claramente definidas, algunas de ellas sujetas a la aplicación de un criterio de interés público;

el deber de publicar la información;

facultades para asegurar la observancia de esos derechos y deberes mediante un Comisionado de Información independiente y un Tribunal de Información.

629.En virtud de la Ley de libertad de información, toda persona puede presentar una petición porque no se establecen restricciones basadas en la edad, la nacionalidad o el país de residencia del interesado. La petición dirigida al organismo público que supuestamente posee la información deberá presentarse por escrito (carta o correo electrónico). En ella deberá indicarse simplemente el nombre del solicitante, su dirección y una descripción de la información solicitada. No será preciso que los interesados señalen que la solicitud entra en el ámbito de la Ley de libertad de información, aunque se les invita a hacerlo, si así lo desean. Los solicitantes deberán describir la información que necesitan con suficiente detalle para que el organismo público pueda buscarla. Los organismos públicos deberán atender la petición con prontitud y facilitar la información dentro de un plazo de 20 días hábiles. Las prolongaciones del plazo sólo se permiten en determinadas circunstancias. Si dichas circunstancias concurren y los organismos públicos necesitan más tiempo, deberán informar al interesado e indicar cuándo esperan atender la solicitud. La Ley de libertad de información se aplica a todos los organismos públicos (definidos en ella), comprendidos el gobierno central y local, el servicio de salud, las escuelas, facultades y universidades, la policía, muchos organismos públicos no ministeriales, los comités y los órganos consultivos.

630.Los interesados podrán pedir que la información se les facilite en un formato determinado. Pese a ello, el organismo público podrá tener en cuenta los costos que supone el suministro de la información de esa forma antes de atender la solicitud. En particular, los peticionarios podrán solicitar información en formato duradero o forma resumida o pedir autorización para consultar archivos que contienen información. Los organismos públicos también podrán facilitar la información en Braille, en formato sonoro, en caracteres grandes o traducida a otro idioma. No obstante, los interesados deberán concretar esos detalles con el organismo público de que se trate. La Ley de libertad de información no establece restricciones a la manera en que los solicitantes podrán utilizar la información recibida. De todos modos, la Ley no transfiere el derecho de autor respecto de ninguna información facilitada con arreglo a ella. Si los interesados desean reproducir la información obtenida, deberán cerciorarse de que al hacerlo no infringen ningún derecho de autor.

631.La Ley de libertad de información contiene una lista de excepciones al derecho de acceso a fin de proteger intereses y sensibilidades legítimos. Algunas de esas excepciones son absolutas, mientras que otras están sometidas al criterio del interés público y se denominan “excepciones condicionales”. Las excepciones previstas en la Ley son las siguientes:

Artículo 21 – La información que el interesado puede obtener por otros medios. Mediante esta excepción se reconoce que el derecho de acceso en virtud de la Ley de libertad de información complementa las numerosas maneras en que los organismos públicos facilitan información al público. Por ejemplo, el artículo 21 se aplicará si la información figura en el plan de publicación de un organismo público o si este último tiene la obligación legal de proporcionar la información al público previa solicitud. Esta excepción no significa que los peticionarios no puedan obtener la información que han solicitado, pero la misma no se suministrará en virtud de la Ley de libertad de información. La excepción contenida en el artículo 21 es absoluta, es decir, no se aplica el criterio del interés público.

Artículo 22 – La información que se publicará en el futuro. Esta excepción podría aplicarse si el organismo público tiene la intención de publicar la información solicitada en una fecha futura. De ese modo, se asegura que la Ley de libertad de información no obliga a los organismos públicos a divulgar anticipadamente la información. Esta excepción está sujeta al criterio del interés público.

Artículo 23 – La información facilitada por organismos encargados de asuntos de seguridad o relacionada con ellos. Esta excepción se aplica a dos tipos de información: la información proporcionada directa o indirectamente por los organismos del Servicio de Seguridad (que comprende el Servicio de Seguridad, el Servicio de Información Secreta, la Oficina Central de Comunicaciones Generales y otros servicios) y la información relacionada con uno de los organismos encargados de la seguridad. Esta excepción es absoluta, por lo que no se aplica el criterio del interés público.

Artículo 24 – La seguridad nacional. Esta excepción se aplica cuando se limita el derecho de acceso a la información en aras de la salvaguardia de la seguridad nacional. Para aplicar esta excepción, el organismo público deberá determinar si la comunicación de esa información podría menoscabar de alguna manera la seguridad nacional. Esta excepción está sometida al criterio del interés público.

Artículo 26 – La defensa. Esta excepción se aplica a la información cuya divulgación podría redundar en perjuicio de: la defensa de las islas británicas o de alguna colonia; o de la capacidad, eficacia o seguridad de las fuerzas armadas de la Corona o toda fuerza de colabore con ellas. A fin de determinar si procede la aplicación de esta excepción, el organismo público deberá definir la manera concreta en que la revelación de la información podría redundar en perjuicio de esos asuntos de defensa. Esta excepción está sujeta al criterio del interés público.

Artículo 27 – Las relaciones internacionales. Esta excepción se aplica a los dos tipos de información siguientes: la información cuya divulgación podría menoscabar las relaciones internacionales y la información confidencial obtenida de otro país, de una organización internacional o de un tribunal internacional. Se trata de una excepción supeditada al criterio del interés público.

Artículo 28 – Las relaciones dentro del Reino Unido. Esta excepción se aplica a la información cuya comunicación podría resultar perjudicial para las relaciones entre dos o más gobiernos dentro del Reino Unido. Los gobiernos en cuestión son: el Gobierno del Reino Unido, el Gobierno de Escocia, el Comité Ejecutivo de la Asamblea de Irlanda del Norte y la Asamblea Nacional de Gales. Esta excepción está sometida al criterio del interés público.

Artículo 29 – La economía. Esta excepción se aplica a la información cuya divulgación podría afectar negativamente a los intereses económicos o financieros del Reino Unido o de cualquier gobierno de Gran Bretaña. En este caso, se exige el criterio del interés público.

Artículo 30 – Las investigaciones y actuaciones realizadas por los organismos públicos. La finalidad primordial de esta excepción es preservar la integridad de determinadas actuaciones e investigaciones que los organismos públicos tienen el deber de llevar a cabo. Esta excepción se puede aplicar en dos casos: cuando la información se haya conservado en algún momento a efectos de determinadas investigaciones o actuaciones penales o de otro tipo; y cuando la información se refiera a la obtención de información de fuentes confidenciales y se haya conseguido o registrado para una serie de investigaciones y actuaciones específicas. En este caso se aplica el criterio del interés público.

Artículo 31 – El cumplimiento de la ley. Esta excepción está destinada a proteger una amplia gama de intereses relacionados con el cumplimiento de la ley y se aplica si la divulgación podría redundar en perjuicio de esos intereses. Algunos de los intereses protegidos en el artículo 31 se definen en términos bastante amplios, por ejemplo, la administración de justicia, la prevención o detección de los delitos y el funcionamiento de los controles de inmigración. Ahora bien, la excepción también se aplica cuando el ejercicio de ciertas funciones específicas por cualquier organismo público pueda verse menoscabado por la comunicación de la información. Entre esas funciones figuran: establecer si una persona es responsable de una conducta indebida, determinar la causa de un accidente y evaluar la aptitud de una persona para ejercer una profesión. Esta excepción está sujeta al criterio del interés público.

Artículo 32 – Los archivos judiciales. En este artículo se exceptúa la información contenida en determinados documentos de los litigios y en los archivos de los juzgados y tribunales y de las investigaciones. Se aplica con independencia del contenido de la información. Existen regímenes distintos y específicos para tener acceso a los archivos de los juzgados y tribunales y esta excepción garantiza que dichos regímenes no son sustituidos por la Ley de libertad de información. Esta excepción es absoluta, por lo que no exige el criterio del interés público.

Artículo 33 – Las funciones de auditoría. Sólo pueden recurrir al artículo 33 los organismos públicos que ejerzan funciones de auditoría financiera en relación con otros organismos públicos o entre cuyas atribuciones figure el examen de la eficiencia, eficacia y economía con que otros organismos públicos desempeñan sus tareas. Esta excepción se aplica a la información cuya comunicación podría obstaculizar el ejercicio de esas funciones y está sujeta al criterio del interés público.

Artículo 34 – La inmunidad parlamentaria. El artículo 34 se aplica a la información que debe excluirse para evitar que se infrinja la inmunidad de cualquiera de las Cámaras del Parlamento. La finalidad de esta excepción es preservar la inmunidad parlamentaria y proteger la posición del Parlamento. Esta excepción es absoluta y no exige el criterio del interés público.

Artículo 35 – La formulación de la política estatal. El objetivo de esta excepción es proteger el proceso de formulación de la política estatal y su utilización adecuada es fundamental para asegurar una administración eficaz. Se aplica a la información relacionada con: la formulación y elaboración de la política estatal; las comunicaciones entre los ministros (comprendidas las actuaciones del gabinete); la prestación de asesoramiento por los Magistrados de la Corona (o toda petición de asesoramiento); y el funcionamiento de todo gabinete ministerial. Esta excepción está sometida al criterio del interés público.

Artículo 36 – La conducción de los asuntos públicos. En este artículo se excluye la información cuya revelación podría tener alguna de las consecuencias siguientes: menoscabar la responsabilidad colectiva del Gabinete; impedir la prestación de asesoramiento de modo libre y abierto y el intercambio de opiniones a efectos de deliberación; o dificultar la conducción eficaz de los asuntos públicos. Sólo podrá recurrirse a esta excepción si no se aplica la prevista en el artículo 35. Además, podrá invocarse únicamente si una “persona autorizada” estima que la comunicación de la información tendría las consecuencias mencionadas. En la mayoría de los casos, la persona autorizada en un organismo público es el funcionario de rango más elevado de la entidad. En este caso se aplica el criterio del interés público.

Artículo 37 – Las comunicaciones con Su Majestad y los miembros de la casa real. El artículo 37 se aplica a dos tipos de información: la información relativa a las comunicaciones con Su Majestad, otros miembros de la familia real o la casa real; y la información relacionada con la concesión de distinciones y títulos honoríficos por la Corona. Está sujeta al criterio del interés público.

Artículo 38 – La salud y la seguridad. Este artículo se aplica a la información cuya divulgación podría poner en peligro la salud física o mental o la seguridad de cualquier persona. En este caso se exige el criterio del interés público.

Artículo 39 – La información ambiental. En este artículo se excluye la información ambiental cuya comunicación se rige por el Reglamento sobre información ambiental de 2004. Dicho Reglamento pone en práctica una Directiva europea y establece un régimen específico para que los particulares tengan acceso a la información ambiental, comprendidas las excepciones a ese derecho de acceso. La publicación de la información ambiental deberá examinarse en el marco del Reglamento mencionado. Por consiguiente, el artículo 39 excluye esa información de la que puede obtenerse en virtud de la Ley de libertad de información. Se requiere el criterio del interés público.

Artículo 40 – La información personal. Esta excepción se refiere a los datos personales, tal como se definen en la Ley de protección de datos de 1998. El artículo 40 se aplica a dos tipos diferentes de peticiones de información: si el solicitante pide sus propios datos personales, la información queda excluida (aunque la solicitud se tramitará entonces con arreglo a la Ley de protección de datos); y si el interesado pide los datos personales de otra persona, esa información estará excluida si su comunicación infringe alguno de los principios sobre protección de datos enunciados en la Ley de protección de datos de 1998 (o ciertas disposiciones de la Ley de protección de datos de 1998). Algunos aspectos de esta excepción son absolutos, mientras que otros exigen el criterio del interés público.

Artículo 41 – La información facilitada con reserva. Esa excepción se aplica a la información que se ha obtenido de otra persona y cuya divulgación al público constituiría un abuso de confianza punible (es decir, la persona que proporcionó la información al organismo público podría entablar una acción judicial contra dicho organismo si éste la reveló a alguien). Esta excepción es absoluta, por lo no está supeditada al criterio del interés público.

Artículo 42 – El secreto profesional. Esta excepción se aplica a la información que estaría sujeta al secreto profesional si un litigio estuviera en curso. El secreto profesional abarca las comunicaciones confidenciales entre los abogados y sus clientes, así como determinadas informaciones de otro tipo que se elaboran a efectos de los juicios. Mediante esta excepción se garantiza la protección de la relación confidencial entre los abogados y sus clientes. Se aplica el criterio del interés público.

Artículo 43 – Los intereses comerciales. Este artículo excluye la información cuya publicación podría resultar perjudicial para los intereses comerciales de cualquier persona. También comprende una excepción específica para los secretos comerciales y está sometida al criterio del interés público.

Artículo 44 – Las prohibiciones en materia de divulgación. Esta excepción se aplica a tres tipos de información diferentes: si existe una prohibición legal sobre la revelación de la información por un organismo público, esa información quedará excluida; si la divulgación fuera incompatible con una obligación de la Comunidad Europea, la información estaría excluida; y si la revelación constituyera un desacato a la justicia en virtud del common law o fuera punible como tal (por ejemplo, porque infringe una resolución judicial), dicha información estaría excluida. Esta excepción es absoluta y, por tanto, no se aplica el criterio del interés público.

632.Cuando un organismo público decide no revelar la información acogiéndose a alguna de las excepciones enumeradas, deberá comunicar su decisión a los interesados y explicar los motivos. A continuación, éstos pueden pedir al organismo público que revise esa decisión en el plano interno. Tras esa revisión o si el organismo público se niega a revisar su decisión, los solicitantes pueden interponer una apelación ante el Comisionado de Información independiente. Este último está facultado para investigar la manera en que el organismo público tramitó la petición y, si resuelve que dicho organismo ocultó la información sin motivos legítimos, podrá decretar la revelación de la misma. La decisión del Comisionado de Información podrá recurrirse ante el Tribunal de Información y ante el juzgado respecto de una cuestión de derecho.

633.La Ley de libertad de información se aplica en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Por su parte, Escocia cuenta con su propia Ley de libertad de información (la Ley de libertad de información (Escocia) de 2002).

634.La mayoría de las solicitudes presentadas con arreglo a la Ley de libertad de información son gratuitas. Sin embargo, se puede pedir a los interesados que abonen una pequeña cantidad para sufragar los gastos de fotocopias o correo. Si el organismo público estima que el costo de la obtención y preparación de la información con miras a su publicación será superior a 450 libras (o 600 libras en caso de una petición dirigida al gobierno central), podrá rechazar la solicitud y pedir al interesado que restrinja la petición indicando con más precisión la información que desea.

La proscripción

635.En el Título 2 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 se autoriza la proscripción de organizaciones cuando se piense que están vinculadas al terrorismo. Incumbe al Gobierno tomar esa decisión sobre la base de la información confidencial pertinente. Ahora bien, toda decisión que adopte el Gobierno para proscribir una organización deberá ser aprobada por el Parlamento. Las organizaciones proscritas o toda persona afectada por la proscripción de éstas podrán pedir al Gobierno que levante la prohibición. Posteriormente, la decisión se podrá recurrir ante la Comisión de Apelación sobre Organizaciones Proscritas, un tribunal independiente integrado por magistrados que están autorizados para consultar información confidencial. Cuando proceda, la Comisión de Apelación podrá designar abogados especiales para que representen los intereses del grupo afectado. Después se puede interponer otra apelación sobre cuestiones de derecho ante el Tribunal de Apelación.

El fomento del terrorismo

636.En la Ley de prevención del terrorismo de 2006 se tipifica como delito el fomento del terrorismo, comprendida la apología del terrorismo, a fin de luchar contra los que crean un clima propicio para que éste prospere. No obstante, para que se cometa ese delito, la persona que realiza una declaración debe tener el propósito de alentar al público a cometer actos terroristas o hacer sus comentarios de modo imprudente siendo consciente de las consecuencias que podrían entrañar. Sólo se considerará que se ha cometido ese delito si el público puede deducir razonablemente que lo que se ensalza es una conducta que debería imitarse en las circunstancias actuales. La persona que hizo la declaración podrá valerse de una eximente si demuestra que la misma no reflejaba sus opiniones ni recibía su aprobación.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

637.La libertad de opinión se limita en términos generales en el common law y en las normas legales relativas al desacato, la sedición, la difamación, el abuso de confianza, la conducta contra la moral pública, el uso de un lenguaje ofensivo, blasfemo, indecente, insultante, profano o intimidador y el comportamiento que podría alterar el orden público.

638.En agosto de 2005, la Comisión de Reforma Legislativa concluyó y presentó su informe sobre la libertad de información, junto con un anteproyecto de ley sobre la libertad de información. Todavía se están examinando el informe y el anteproyecto de ley.

Islas Caimán

639.Se ha redactado un proyecto de ley sobre la libertad de información para promulgarlo en noviembre de 2006. La finalidad de esa legislación es posibilitar el acceso a los archivos y documentos públicos, a reserva de determinadas excepciones, promoviendo así una mayor transparencia y responsabilidad.

Islas Falkland

640.La Ley inglesa de libertad de información no se ha aplicado en las Islas Falkland y de momento no se han formulado propuestas en ese sentido. Pese ello, se contemplará la posibilidad de elaborar un código.

Gibraltar

641.Además de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución (que se reproduce en la información actualizada relativa al artículo 18), el artículo 10 de la Constitución estipula lo siguiente:

1)No se impedirá a nadie gozar de la libertad de expresión, es decir, la libertad de manifestar opiniones y de recibir y difundir ideas e información sin injerencias, ni del derecho a que no se interfiera en su correspondencia, a menos que preste su consentimiento.

2)No se considerará que lo dispuesto en una ley o un acto realizado en virtud de la misma contradice o contraviene el presente artículo si puede demostrarse que la ley en cuestión establece disposiciones necesarias:

a)por motivos de defensa, o en aras de la seguridad pública, el orden público, la moralidad pública o la salud pública;

b)para proteger la reputación, los derechos y las libertades de otras personas o la vida privada de personas afectadas por procesos judiciales, impedir la divulgación de información obtenida de modo confidencial, mantener la autoridad e independencia de los tribunales, o reglamentar la telefonía, la telegrafía, los servicios postales, la radiodifusión, la televisión, las exposiciones públicas o los espectáculos públicos; o

c)para imponer restricciones a funcionarios públicos, a menos que se demuestre que la disposición legal o, en su caso, el acto realizado en virtud de ella no está razonablemente justificado en una sociedad democrática.”

Montserrat

642.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

643.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

644.Véanse los comentarios formulados respecto del artículo 18.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

645.Véase la respuesta al párrafo 15 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Jersey

646.Véase la respuesta a los párrafos 8 y 9 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Guernsey

647.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 20

648.A continuación se informa sobre los progresos realizados desde el quinto informe periódico en lo que atañe a la lucha contra la propaganda en favor de la guerra y la incitación a la discriminación.

Reino Unido

La incitación al odio racial y religioso

649.El Reino Unido ha permitido tradicionalmente a las personas expresar opiniones con las que otras muchas podrían no estar de acuerdo y que muchos podrían encontrar de mal gusto e incluso ofensivas, siempre que no sean manifestadas de forma violenta ni inciten a la violencia o al odio contra otros.

650.La legislación ya prohíbe las palabras o conductas intimidatorias, ofensivas o injuriosas cuyo propósito sea o pueda ser la exhortación o incitación al odio racial en Gran Bretaña (Título III de la Ley de orden público de 1986). Ello abarca la difusión o la posesión con miras a su difusión de material para incitar al odio racial. Comprende el material transmitido en línea, por ejemplo, mediante Internet, así como a través de los medios impresos tradicionales. En 2001, la pena máxima por ese delito se aumentó de 2 a 7 años de prisión. La Ley sobre el odio racial y religioso de 2006 prohíbe el lenguaje y el comportamiento intimidatorio destinado a provocar el odio por motivos de creencia religiosa o la falta de ella.

651.La Ley de justicia penal y orden público de 1994 tipificó como delito el acto consistente en acosar, alarmar o molestar intencionalmente a alguien, estableciendo facultades de detención inmediata y penas máximas de seis meses de privación de libertad y/o una multa de 5.000 libras. Ello ayuda a la policía a combatir con mayor eficacia los casos graves y especialmente persistentes de acoso racial. El delito de publicación y distribución de material que incite al odio racial a que se refiere el artículo 19 de la Ley de orden público de 1986 fue recalificado como delito grave.

652.La Ley sobre delincuencia y disturbios de 1998 tipificó nuevos delitos “agravados por motivos raciales” cuando existen pruebas de motivación u hostilidad racista, aumentando las penas que se imponen por esos delitos basados en el odio. Entraron en vigor el 30 de septiembre de 1998. En 2001 la ley se amplió para incluir delitos similares agravados por motivos religiosos.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

653.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

654.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en relación con este artículo.

Islas Falkland

655.La legislación de las Islas Falkland establece varias restricciones al derecho a la libertad de expresión que se consideran necesarias, ya sea por respeto a los derechos o a la reputación de otras personas o para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Esas restricciones se refieren a conductas como la incitación a la violencia o la incitación al odio racial, ambas constitutivas de delito penal, o a la publicación de material que difame a otras personas, que puede constituir un ilícito civil.

Gibraltar

656.El artículo 34 de la Ordenanza sobre delitos penales criminaliza la conducta que propicia la alteración del orden público, que forzosamente abarca el comportamiento que incita a la hostilidad o la violencia.

Montserrat

657.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

658.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

659.La Constitución contiene disposiciones que protegen contra la discriminación racial. Sin embargo, no se ha promulgado una legislación interna que prohíba las conductas destinadas a exhortar o incitar al odio racial.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

660.El Comité sobre delincuencia y disturbios del Ministerio del Interior va a examinar las disposiciones de la Ley sobre el odio racial y religioso del Reino Unido de 2006 con miras a su posible integración en un futuro proyecto de ley de la Isla de Man.

661.El proyecto de ley sobre delincuencia y disturbios del Ministerio del Interior contendrá una disposición en la que se aumentará la pena de los delitos agravados por motivos de orientación sexual, discapacidad o pertenencia a un grupo racial o religioso. En ese caso, el tribunal deberá tener en cuenta que el delito se agravó por esos motivos y declarar en audiencia pública ese hecho.

Bailía de Jersey

La Ley sobre la delincuencia (odio racial) (Jersey)

662.En 2002, los Estados de Jersey decidieron crear un delito penal para castigar los actos que conllevan la incitación al odio racial. En 2006 se someterán a debate en la Asamblea de los Estados de Jersey propuestas para una Ley sobre la delincuencia (odio racial) (Jersey). Esa Ley tipificará un delito penal consistente en recurrir a comportamientos, palabras o textos intimidatorios, ofensivos o insultantes cuya finalidad o posible consecuencia sea incitar al odio racial y en ella se podrían regular los actos de violencia cometidos contra grupos raciales.

663.A reserva de determinadas prohibiciones, las disposiciones también se aplicarán a la publicación o distribución de material, la presentación o proyección de grabaciones de imágenes visuales, la radiodifusión y la representación pública de una obra. También será constitutiva de delito la posesión de material que incite al odio racial con miras a la realización de cualquiera de los actos mencionados.

664.Si los Estados aprueban el proyecto de ley, ésta debería entrar en vigor a lo largo de 2007. Se propone abordar el problema del odio racial de ese modo, en una ley independiente distinta de la Ley contra la discriminación (véase la respuesta al párrafo 18 de las observaciones finales – Parte 2 b)) porque la aplicación de la ley acarreará la imposición de sanciones penales en lugar de penas civiles.

665.Al examinar la sentencia que deben dictar en los casos que se les someten en virtud de la legislación penal vigente, los tribunales ya tienen en cuenta las circunstancias que agravan los delitos por motivos raciales. Esa posición se ha mantenido durante muchos años y la nueva ley brindará una protección suplementaria contra los comportamientos racistas tipificando los nuevos delitos penales.

Bailía de Guernsey

666.Véase la respuesta al párrafo 18 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Artículo 21

667.El derecho de reunión también se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

667.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

668.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

669.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en lo que respecta a este artículo. Pese a ello, se prevé que toda presunta violación se resuelva con arreglo a la carta de derechos que se está elaborando.

Islas Falkland

670.El artículo 45 de la Ordenanza sobre delitos de 1989 dispone que cometerá un delito la persona que:

en una reunión pública lícita actúe de modo contrario a la ley con objeto de impedir que se trate el asunto por el que se convocó la reunión;

actúe con la intención de perturbar cualquier acto de culto religioso o de provocar daños psicológicos o molestias a cualquier persona que asista con fines de culto;

recurra a palabras o comportamientos ofensivos o insultantes;

muestre escritos, signos u otras representaciones visibles;

realice cualquier otra acción con el propósito de perturbar un acto de culto religioso; o

actúe de manera que cualquier fiel que asista a un acto de culto religioso pueda oírla o verla y, por ende, pueda ser molestado de ese modo.

671.A esos efectos, es irrelevante que el acto en cuestión pueda o no alterar el orden público o que la reunión pública o el acto de culto religioso se celebren en un edificio o al aire libre.

672.Están en vigor los artículos 61, 68 y 69 de la Ley inglesa de justicia penal y orden público de 1994, que regulan la facultad de la policía de expulsar a los violadores de terrenos ajenos, el delito de violación de la propiedad agravado y la facultad de la policía de expulsar a las personas que cometan el delito de violación de la propiedad agravado o participen en él. El Título II de la Ley inglesa de orden público de 1986 no se aplica en las Islas Falkland. En ese Título se regula la facultad de la policía de imponer condiciones en las manifestaciones y reuniones en virtud de los artículos 12 y 14, respectivamente.

Gibraltar

673.En la Constitución se consagra el derecho de reunión pacífica. Ese derecho se define en el artículo 1 (que se reproduce en la parte relativa al artículo 18) y el artículo 11, que dispone lo siguiente:

1)No se impedirá a nadie gozar de la libertad de reunión y asociación, es decir, el derecho a reunirse y asociarse libremente con otras personas y, en particular, a fundar sindicatos u otras asociaciones y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses, salvo con su consentimiento.

2)No se considerará que lo dispuesto en una ley o un acto realizado en virtud de la misma contradice o contraviene el presente artículo si puede demostrarse que la ley en cuestión establece disposiciones necesarias:

a)por motivos de defensa, o en aras de la seguridad pública, el orden público, la moralidad pública o la salud pública;

b)con el fin de proteger los derechos y libertades de otras personas;

c)para imponer restricciones a funcionarios públicos;

d)para registrar sindicatos en un registro establecido por la ley o en virtud de una ley y para imponer condiciones razonables respecto del procedimiento de inscripción en dicho registro (comprendidas las condiciones relativas al número mínimo y los criterios de admisión de las personas necesarias para fundar un sindicato que pueda ser registrado); o

e)para imponer restricciones a personas que no residan en Gibraltar a los efectos de ocupar un cargo en un sindicato o de formar parte del comité general de gestión de un sindicato o con respecto al voto en cualquier reunión de un sindicato relacionada o vinculada con la convocatoria o financiación de una huelga, salvo en el caso en que se demuestre que la disposición legal o, en su caso, el acto realizado en virtud de ella no está razonablemente justificado en una sociedad democrática.”

Montserrat

674.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

675.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

676.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

677.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Bailía de Jersey

678.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

679.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 22

680.La libertad de asociación se protege en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

el Convenio Nº 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación(1948);

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

el Convenio Nº 135 de la OIT relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa(1971);

el Convenio Nº 151 de la OIT sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública(1978).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

La representación de las fuerzas armadas

681.El personal profesional de las fuerzas armadas puede afiliarse a sindicatos civiles y asociaciones profesionales para mejorar su oficio y su vida profesional y como medio de ayuda para readaptarse a la vida civil. Los miembros de las fuerzas armadas no pueden participar en huelgas u otras medidas de presión ejercida en conflictos laborales ni en ningún tipo de actividad política organizada por sindicatos civiles o asociaciones profesionales.

682.Una función vital de la cadena de mando consiste en representar y proteger el bienestar del personal de las fuerzas armadas. Los intereses de éste también están representados en varios organismos, como la Sociedad de Pensiones de las Fuerzas Armadas, la Federación de Familias del Personal de las Fuerzas Armadas y la Asociación de Lesbianas y Homosexuales de las Fuerzas Armadas. Se han presentado propuestas para crear una federación de las fuerzas armadas, pero el Gobierno todavía ignora la acogida que recibirá esa idea entre el personal de las fuerzas y deberá examinar la manera de responder a esa nueva situación.

Las organizaciones terroristas

683.La lista de organizaciones proscritas en el Reino Unido figura en el anexo 2 de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 y contiene 44 organizaciones internacionales y 14 organizaciones de Irlanda del Norte prohibidas en virtud de la legislación anterior. El Gobierno se encarga de revisar la lista y deberá recabar la aprobación del Parlamento antes de agregar nuevas organizaciones. Las organizaciones proscritas o las personas afectadas por su proscripción podrán solicitar al Gobierno que levante la prohibición. En Inglaterra y Gales no han tenido lugar procesamientos por pertenencia a organizaciones proscritas.

684.Según el evaluador independiente de la legislación contra el terrorismo designado por el Gobierno, entre el 19 de febrero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005 en Gran Bretaña (sin incluir Irlanda del Norte) se formularon 33 acusaciones en relación con delitos de proscripción en virtud de la Ley de prevención del terrorismo de 2000.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

685.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

686.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en lo que respecta a este artículo. Sin embargo, se prevé que toda presunta violación se resuelva con arreglo a la carta de derechos que se está elaborando.

Islas Falkland

687.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

688.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

689.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

690.La Ordenanza sobre sindicatos y conflictos laborales de 1959 regula el registro de los sindicatos, la designación de un registrador de sindicatos y la reglamentación de estos últimos.

Islas Turcas y Caicos

691.La legislación británica de prevención del terrorismo se aplica en las Islas Turcas y Caicos. No han tenido lugar procesamientos por pertenencia a organizaciones proscritas.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

692.La Ley de empleo de 2006 reafirma y consolida los derechos consagrados en la Ley de empleo de 1991 y la Ley (Enmienda) de empleo de 1996, que brindan protección contra la discriminación por motivos sindicales. A continuación, se citan algunos ejemplos de la mayor protección de esos derechos:

se amplía la protección contra la discriminación en la contratación para abarcar la pertenencia a sindicatos y las actividades sindicales de los candidatos en el pasado;

se declara ilícito el hecho de que los empleadores induzcan a los trabajadores a afiliarse a sindicatos o a participar en actividades sindicales o a abstenerse de ello, así como el de impedir que su remuneración o sus condiciones se determinen mediante la negociación colectiva;

se extiende la protección existente contra todo perjuicio (por ejemplo, descenso de categoría o despido) sufrido a raíz del ejercicio de los derechos sindicales a otros tipos de actividades sindicales, como la utilización de servicios sindicales;

se refuerza la protección de los empleados que participan en huelgas u otras medidas de presión adoptadas en conflictos laborales; y

se consolidan los recursos en caso de despido basado en motivos sindicales (y de otro tipo) y se atribuyen nuevas competencias al Tribunal de Empleo para ordenar la reincorporación del trabajador despedido.

Bailía de Jersey

La Ley de relaciones de trabajo (Jersey)

693.Tras celebrar amplias consultas públicas sobre un marco para propiciar las relaciones de trabajo satisfactorias en Jersey, en 2002 el Comité de Empleo y Seguridad Social presentó un informe sobre la legislación relativa a las relaciones de trabajo. Se preparó un proyecto de ley de relaciones de trabajo, que el Comité dio a conocer con miras a la consulta pública en septiembre de 2004. Simultáneamente, el Foro de Empleo hizo público un documento de consulta sobre el contenido de los códigos de práctica que deberán complementar el proyecto de ley. El 17 de mayo de 2005 la Asamblea de los Estados aprobó el proyecto de ley, que está en espera de la sanción real.

694.Entre otras cosas, en el proyecto de ley se aclarará la condición de los organismos sindicales como personas jurídicas y se formulará una definición lo suficiente amplia como para abarcar la mayoría de los sindicatos, asociaciones de empleadores y asociaciones de trabajadores. La ley les concederá los derechos o responsabilidades legales de otras personas jurídicas y precisará las obligaciones e inmunidades de los sindicatos y asociaciones de empleadores y sus dirigentes y afiliados.

695.Se estima que la nueva ley es compatible con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 y promueve los derechos consagrados en él en la medida en que éste es vinculante para la Isla.

Bailía de Guernsey

696.Siguen vigentes los comentarios formulados en el primer informe. Si bien en la Bailía no hay partidos políticos, nada impide su creación si así se desea.

Artículo 23

697.La familia y el matrimonio también se protegen en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950) y Protocolo 1 (1952), Protocolos 2 y 3 (1963), Protocolo 5 (1966), Protocolo 6 (1983), Protocolo 8 (1985), Protocolo 10 (1992), Protocolo 11 (1994), Protocolo 13 (2002) y Protocolo 14 (2004);

la Carta Social Europea (1961);

la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962);

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

La Ley de reconocimiento de sexo de 2004

698.En abril de 2005 entró en vigor la Ley de reconocimiento de sexo de 2004, en la que se reconoce a los transexuales el nuevo sexo que han adquirido a resultas de una operación. La Ley prevé la creación de un Grupo sobre reconocimiento de sexo, que analiza las solicitudes de los transexuales y está integrado por expertos jurídicos y médicos. Los interesados deben rellenar un formulario de solicitud, que puede obtenerse dirigiéndose al Grupo, y adjuntar las pruebas necesarias. Si el Grupo sobre reconocimiento de sexo acepta la petición, a partir de la fecha del reconocimiento, el transexual:

será tratado a todos los efectos como una persona del sexo que ha adquirido tras la operación;

tendrá todos los derechos y obligaciones que corresponden a un hombre o una mujer que nacieron con ese sexo;

podrá contraer matrimonio con el sexo que ha adquirido (con una persona del sexo opuesto o constituir una unión civil con el sexo adquirido con una persona del mismo sexo);

tendrá derecho a percibir una jubilación del Estado y otras prestaciones a la edad en que éstas se concedan las personas del sexo que ha adquirido;

podrá solicitar una nueva partida de nacimiento con el nuevo nombre y el sexo que haya adquirido (si el nacimiento se registró en el Reino Unido).

La Ley de unión civil de 2004

699.En diciembre de 2005 entró en vigor la Ley de unión civil. La unión civil es una relación legal totalmente nueva, distinta del matrimonio, que está reservada a las parejas del mismo sexo. En la Ley se concede a los interesados la igualdad de trato con los cónyuges, en la medida de lo posible, mediante los derechos y deberes que dimanan de la constitución de una unión civil.

700.El objetivo de la Ley de unión civil es luchar contra las injusticias que sufrían las parejas del mismo sexo por el hecho de no haber podido obtener el reconocimiento legal de sus relaciones. En la Ley se definen los derechos y responsabilidades, por ejemplo, el deber de mantener a la pareja, el cobro de una indemnización en caso de accidente mortal y el derecho a las prestaciones de jubilación del cónyuge supérstite, por citar algunos. La Ley no se aplica a las parejas heterosexuales, ya que éstas pueden obtener el reconocimiento legal de su relación mediante el matrimonio, ya sea en una ceremonia religiosa o civil.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

701.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

702.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en lo que respecta a este artículo. No obstante, se prevé que toda presunta violación se resuelva con arreglo a la carta de derechos que se está elaborando.

Islas Falkland

703.En el derecho de las Islas Falkland el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer exclusivamente. De momento el Gobierno de las Islas Falkland no ha previsto promulgar leyes que permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo o la unión civil en las Islas.

704.Hasta la fecha no se han establecido medidas legales para regular la cuestión de la modificación de la partida de nacimiento de los transexuales.

Gibraltar

705.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

706.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

707.En Pitcairn la institución del matrimonio se rige por la Ordenanza sobre el matrimonio de 1952, que prevé el nombramiento de un registrador y un registrador adjunto. Se han derogado las disposiciones de la Ordenanza sobre justicia que tipificaban como delito el amancebamiento y el adulterio.

Islas Turcas y Caicos

708.El artículo 8 de la Constitución protege el derecho a un entorno familiar, y la preservación de la unidad de la familia es una de las directrices de la política gubernamental. En virtud de la Ley de inmigración, se autorizará al hijo o los hijos a cargo que viajen tanto con un progenitor que tenga derecho a entrar en las Islas como sin él a ingresar y permanecer en el territorio en las mismas condiciones que sus padres.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

709.La Ley de procesos matrimoniales de 2003, que entró en vigor el 1º de abril de 2004, volvió a promulgar con modificaciones las leyes que se enumeran en el cuarto informe del Gobierno de la Isla de Man en relación con este artículo (comprendidas las partes de la Ley de derecho de familia de 1991 relativas a los procesos matrimoniales). La Ley de 2003 también deroga la Ley de bienes dotales y derecho de viudedad de la mujer casada de 1921 y la Ley de propiedad de la mujer casada de 1965 y restablece varias disposiciones pertinentes de las mismas con modificaciones en lo que atañe a la concesión de posibilidades jurisdiccionales a ambos cónyuges. La Ley contiene igualmente nuevas normas sobre el domicilio familiar y la violencia doméstica y otros asuntos conexos.

710.El Gobierno de la Isla de Man prevé iniciar en breve un consulta pública sobre la enmienda y actualización de la legislación relativa al matrimonio y el registro civil de la Isla, entre otras cosas, con miras a:

crear un distrito de registro para toda la Isla (en contraposición con los cuatro que existen en la actualidad), lo que debería facilitar el acceso de los interesados;

actualizar los grados de parentesco prohibidos (para armonizar la situación de la Isla con la de otras jurisdicciones y tener en cuenta las sentencias pronunciadas recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos);

permitir que se celebren matrimonios civiles en los lugares autorizados (hoteles, etc.).

711.Tras la sentencia dictada contra el Estado Parte por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Goodwin & I contra el Reino Unido, este último promulgó la Ley de reconocimiento de sexo de 2004, en la que se contempla el derecho de los transexuales a ser reconocidos con el sexo adquirido tras la operación y a contraer matrimonio con personas del sexo opuesto.

712.El Gobierno de la Isla de Man acepta la obligación internacional en materia de derechos humanos impuesta en la sentencia del Tribunal Europeo y la legislación del Reino Unido basada en ella se ha incluido en el programa legislativo para que se vaya preparando su introducción en el próximo período de sesiones.

713.El próximo gobierno examinará igualmente si conviene establecer una legislación similar a la Ley de unión civil del Reino Unido de 2004, que autoriza a las parejas homosexuales a registrar las uniones civiles.

Bailía de Jersey

La Ley de matrimonio y estado civil (Jersey)

714.La Ley de matrimonio y estado civil (Jersey) de 2001, que entró en vigor el 1º de mayo de 2002, sustituyó a la Ley de estado civil de 1842 y está destinada a modernizar los procedimientos del registro civil. Las modificaciones que introduce esa Ley redundarán en beneficio de diferentes sectores de la comunidad.

715.En la nueva Ley se prevé la celebración de matrimonios civiles en lugares autorizados distintos de la Oficina del Registro y se habilitará a los pastores y sacerdotes de todas las confesiones a celebrar matrimonios en sus iglesias sin la presencia del registrador del distrito. Además, se ofrecerá a las parejas una amplia gama de lugares para contraer matrimonio.

716.Asimismo, la Ley actualiza disposiciones e introduce normas más adecuadas sobre los derechos y deberes en materia de registro de nacimientos.

Bailía de Guernsey

717.La Ley (Enmienda) de causas matrimoniales (Guernsey) de 2003 autoriza a la Sala de Causas Matrimoniales del Tribunal Real a dictar resoluciones de ocupación temporal con respecto al domicilio conyugal. Prevé igualmente el embargo del sueldo para cumplir las sentencias que ordenan el pago de pensión de alimentos a ex mujer e hijos. Aparte de ello, no hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

718.No existen factores ni obstáculos que impidan a las personas enajenar libremente su patrimonio y recursos propios a lo largo de su vida. Se aplican determinadas restricciones a las enajenaciones tras el fallecimiento con objeto de proteger los derechos del cónyuge supérstite y los hijos. En abril de 2003 los Estados de Guernsey crearon un comité para llevar a cabo una revisión exhaustiva del derecho de sucesiones de las Islas. La revisión abarca, entre otras cosas, a) la ilegitimidad y la sucesión abintestato, y b) los herederos indeterminados de bienes inmuebles. De acuerdo con esa revisión, en septiembre de 2006 los Estados de Deliberación examinarán la Ley de reforma de la Ley de sucesiones y disposiciones varias (Guernsey) de 2006. En el informe anterior se indicó que en la Isla de Sark los bienes raíces se transmitían al hijo mayor. En virtud de la Ley de herencia de bienes inmuebles (Sark) de 1999, se derogaron todas las normas jurídicas y costumbres en las que se daba la prioridad a los hombres respecto de las mujeres a efectos de la herencia de bienes raíces.

Artículo 24

719.Los derechos del niño también se protegen en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

la Carta Social Europea (1961);

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);

el Convenio Nº 138 de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo (1973);

la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), el Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados (2000) y el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000);

el Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil(1999).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

720.Véase también la respuesta al artículo 8.

721.El Reino Unido ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armadosy elProtocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

La Ley para la prevención del comportamiento antisocial de 2003

722.Las medidas previstas en la Ley para la prevención del comportamiento antisocial de 2003, que entró en vigor en 2004, atribuyeron a la policía y los principales órganos municipales nuevas facultades para hacer frente al comportamiento antisocial. Entre las disposiciones esenciales de la Ley cabe citar las siguientes:

se amplía el “Programa de notificaciones de sanciones automáticas” a las ocasionadas por el ruido, el absentismo escolar y la realización de pintadas en propiedades ajenas, y se aplica a las personas de 16 y 17 años de edad;

se habilita a las escuelas, las autoridades locales y los equipos sobre delincuencia juvenil a ofrecer un conjunto de medidas de apoyo y sanciones a los padres para ayudarles a abordar el comportamiento antisocial de sus hijos;

se autoriza a la policía a tomar medidas con rapidez para clausurar los lugares en que se vende y compra crack que causan molestias a la comunidad;

se limita el uso de armas de aire comprimido y réplicas de pistolas y se prohíbe la utilización de armas con cartuchos de aire comprimido que se transforman fácilmente para disparar fuego real;

se aborda la delincuencia ambiental, tipificando como delito la venta de esprays de pintura a menores de 16 años y concediendo facultades ampliadas a las autoridades locales para hacer frente al problema de la realización de pintadas y la colocación de carteles en lugares no autorizados;

se aumentan las competencias de los funcionarios encargados de la salud ambiental para cerrar los establecimientos ruidosos, como los bares y discotecas;

se asegura que los tribunales tienen en cuenta las consecuencias del comportamiento antisocial en la comunidad en su conjunto en todos los casos de ocupación de viviendas;

se mejora la aplicación del Decreto sobre comportamiento antisocial;

se autoriza a la policía a dispersar a los grupos que observen un comportamiento antisocial.

La Ley del menor de 2004

723.La Ley del menor de 2004 ha introducido modificaciones importantes en la protección de la infancia en Inglaterra y Gales, proporcionando el apuntalamiento legal del programa del Gobierno titulado “Todo niño es importante”. Concretamente, la Ley mencionada ha supuesto las siguientes novedades:

se impone a los organismos públicos encargados de la protección del menor el deber de cooperar entre ellos;

se prevé que las autoridades locales elaboren un plan estratégico, titulado “Plan para la infancia y la juventud”, con miras a promover el bienestar de los menores;

se ponen de relieve las funciones rectoras y responsabilidades esenciales del director de los servicios en favor del menor y los miembros principales de dichos servicios, en el seno de los organismos locales y en el establecimiento de los fondos fiduciarios en beneficio de la infancia;

se crean juntas locales de protección del menor en todos los organismos locales (todas ellas se han establecido a partir del 1º de abril de 2006);

se instituye la Oficina del Comisionado del Menor, un órgano independiente que se encarga de dar a conocer las opiniones y los intereses de los niños y jóvenes. El Comisionado del Menor desempeña su labor exponiendo los problemas comunicados por los propios niños y jóvenes; suscitando y facilitando discusiones y debates de calidad; ejerciendo influencia en el público, los padres, los cuidadores y los políticos mediante una promoción eficaz, especialmente a través de los medios de comunicación; inspirando y examinando minuciosamente la política gubernamental; exigiendo a los organismos que rindan cuentas; y celebrando y fomentando la participación de los niños y jóvenes.

El proyecto de ley para la protección de los grupos vulnerables

724.Se está elaborando una legislación en forma de proyecto de ley para la protección de los grupos vulnerables en el que se brinda el marco legislativo para establecer un nuevo sistema de investigación y prohibición aplicable a las personas que trabajan con menores y adultos vulnerables. Lo que se pretende con el nuevo sistema es reducir al máximo los riesgos que corren los menores y adultos vulnerables que sufren daños causados por las personas empleadas para trabajar con ellos.

Los niños testigos

725.Las leyes de justicia penal de 1988 y 1991 admitían como prueba el testimonio de niños por enlaces de televisión en directo y entrevistas grabadas en vídeo en los casos de delitos sexuales y delitos de violencia, crueldad y negligencia. En 1994 se estableció un Grupo directivo interministerial sobre pruebas aportadas por niños para vigilar la aplicación de esas disposiciones, supervisar su evaluación y resolver los problemas que pudieran surgir.

726.El Gobierno está decidido a garantizar que los niños y otros testigos vulnerables puedan prestar declaración con el mínimo de molestias y que las prácticas judiciales se adapten para dar mayor protección a los niños sin menoscabar el derecho del acusado a un juicio imparcial. En junio de 1998 el Gobierno publicó con fines de consulta el informe Speaking Up For Justice [Defender la justicia], preparado por un grupo de trabajo interministerial sobre testigos vulnerables o intimidados. En él se destacó la necesidad de que todos los que desempeñan funciones en el sistema de justicia penal reciban capacitación para ayudarles a atender las necesidades de los testigos vulnerables.

727.Algunas de las recomendaciones del informe se integraron en la Ley de justicia juvenil y pruebas penales de 1999. La Ley de 1999 contempla varias “medidas especiales” para ayudar a los testigos vulnerables o intimidados a prestar declaración ante los tribunales. Si bien tanto los adultos como los niños pueden ser testigos vulnerables o intimidados, se considera automáticamente que los niños son vulnerables debido a su edad (si son menores de 17 años en el momento de la audiencia, en virtud del apartado a) del párrafo 1) del artículo 16). Corresponde al ministerio público o a la defensa solicitar medidas especiales para los menores e incumbe al tribunal examinar si las medidas podrían mejorar la calidad de su testimonio (artículo 19). Al evaluar la “calidad”, el tribunal analizará la integridad, coherencia y exactitud de la declaración (párrafo 5) del artículo 16). Los niños necesitan una “protección especial” si son testigos en procesos relacionados con un delito sexual o un secuestro, una agresión, etc. En esos casos, los tribunales deberán admitir como prueba las entrevistas grabadas en vídeo y cualquier otro testimonio transmitido por enlaces de televisión en directo, de manera que los niños permanezcan fuera de la sala del tribunal (artículo 21).

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

728.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

729.Actualmente en las Islas Caimán se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del derecho interno y las políticas vigentes con miras a modernizar los procedimientos para la protección y observancia de los derechos del niño. Se ha aprobado la Ley del menor de 2003, pero todavía no ha entrado en vigor. La Ley entrará en vigor cuando se haya promulgado el correspondiente reglamento de aplicación. De todos modos, hasta la fecha no parece que se hayan planteado problemas graves en relación con los derechos del niño.

Islas Falkland

730.Se ha creado el Grupo de Estrategia en favor de la Infancia y la Juventud para defender y promover los derechos del menor de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño. Se espera que, gracias a sus reuniones mensuales periódicas, el Grupo siga de cerca los avances y resultados y presente informes con regularidad al Consejo Ejecutivo. El principal objetivo del Grupo es concebir y gestionar la estrategia global para aplicar los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, supervisar la observancia de la misma y facilitar un medio de comunicación e información entre los jóvenes y aquéllos que trabajan con y para ellos y el Consejo Ejecutivo de las Islas Falkland mutuamente beneficioso. Por tanto, existe un mecanismo claro para poner en conocimiento del Gobierno las opiniones, preocupaciones y aspiraciones de los niños y jóvenes.

731.El Grupo de Estrategia en favor de la Infancia y la Juventud está integrado por representantes de todos los sectores de la sociedad que se ocupan de los niños y jóvenes de las Islas. Los adultos voluntarios que trabajan con grupos de jóvenes (como los scouts y guías), los representantes de las asociaciones de padres, los menores elegidos de los consejos escolares, los miembros del Consejo Legislativo, un representante de los grupos religiosos y funcionarios gubernamentales se reúnen con objeto de llevar adelante el plan de acción estratégico y efectuar las reformas necesarias para mejorarlo.

732.En la actualidad se destina una reducida asignación de 5.000 libras para facilitar las infraestructuras adecuadas del Grupo de Estrategia y dar a conocer la Convención sobre los Derechos del Niño a toda la comunidad de las Islas Falkland. Se están examinando los medios idóneos para su difusión, a saber, foros como el periódico semanal, las entrevistas radiofónicas y las reuniones públicas.

733.En lo que respecta a la estrategia en su conjunto, es demasiado pronto como para haber reunido o analizado datos de interés. El Grupo de Estrategia realiza una tarea consistente en determinar los datos que deberán acopiarse anualmente, la manera de recopilarlos, la estructura de la base de datos que posibilitará su consulta, las instancias que tendrán acceso a la información y las restricciones al nivel de acceso que deberán imponerse. A fin de tomar esas decisiones, se están formulando los indicadores de resultados esenciales que permitirán determinar la medida en que se respeta la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes de aplicar ninguna medida, se consultará ampliamente a la comunidad, comprendidos los niños y jóvenes.

734.La Ordenanza sobre el empleo de menores de 1966, modificada en 1968, 1985 y 2006, rige el trabajo infantil. La Ordenanza dispone que no se empleará a ningún niño o niña en los siguientes casos: cuando sea menor de 14 años; antes del fin del horario escolar los días en que deba asistir a la escuela; para realizar trabajos que, por su índole o las circunstancias en que se desempeñen, puedan redundar en perjuicio de su salud, seguridad o moral o para levantar, acarrear o desplazar objetos tan pesados que podrían causarle lesiones o daños; para trabajar antes de las 7 de la mañana o después de las 7 de la tarde cualquier día; durante más de dos horas un día en que deba ir a la escuela; y durante más de dos horas los domingos. En 2006 se volvió a modificar la Ordenanza para indicar que no se considerará contratado, reciba o no una remuneración, el niño que cante en un coro de iglesia con motivo de un servicio religioso o una representación coral con fines religiosos. Ninguna de las disposiciones anteriores se aplicará a los menores de más de 14 años que trabajen como cuidadores de niños a domicilio. Si se emplea a una persona incumpliendo esas normas, el empleador y toda persona a la que pueda atribuirse la acción u omisión que provocó la infracción (excluyendo al menor), cometerá un delito penal y podrá ser condenado a abonar una multa cuya cuantía no rebasará el nivel 3 de la escala legal, que actualmente asciende a 800 libras esterlinas (la multa de 20 libras se incrementó en 2006).

735.La cárcel de Stanley, situada en la comisaría de Stanley, se rige por la Ordenanza de prisiones de 1966. La Ordenanza dispone que se separará a los reclusos de las reclusas, a los presos menores de 17 años de los mayores de esa edad, a los presos penales y enjuiciados de los presos civiles y a los presos enjuiciados de los condenados, y que dentro de cada una de esas categorías se establecerán las divisiones necesarias. La cárcel existente dispone de una celda para mujeres en la primera planta, totalmente separada de la zona de celdas principal, que se encuentra en la planta baja. Esa celda hace las veces de reformatorio para delincuentes juveniles, cuenta con todos los servicios necesarios, como un retrete y un lavabo, y está conectada al mostrador de control de la policía mediante un botón de llamada. Se separa a los reclusos menores de los adultos simplemente utilizando esa celda. Sin embargo, tras la visita efectuada del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2003 por el Sr. Christopher Gibbard, asesor penitenciario de los territorios británicos de ultramar, se ha previsto construir una nueva cárcel en el extremo oriental de la comisaría de Stanley. El plano propuesto de la cárcel permite separar a todos los tipos de reclusos, comprendidos los menores.

736.Uno de los objetivos fundamentales de la Ordenanza sobre delitos sexuales de 2005 es proteger a los menores. Los menores de 13 años no serán capaces en virtud de la ley para prestar su consentimiento para realizar ningún tipo de acto sexual. Concretamente, los actos sexuales efectuados con menores de 13 años se considerarán delito de responsabilidad no culposa civil y penal, con independencia del consentimiento o el estado de ánimo del demandado. Incumbe a la Corona la carga de demostrar que se produjo el acto en cuestión. Véase también la respuesta al artículo 12.

Gibraltar

737.El Gobierno de Gibraltar está redactando una legislación que hará aplicable a Gibraltar el Convenio de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil (C182) y la Recomendación sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación(R190).

Montserrat

738.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

739.Ahora los informes anteriores sobre los derechos y el bienestar de los menores de Pitcairn deben interpretarse a la luz de la Ordenanza sobre menores, promulgada el 10 de julio de 2003. Esa norma reemplaza la aplicación del derecho inglés en virtud del artículo 16 de la Ley de judicatura (tribunales) y, por ende, resulta más adaptada a las circunstancias particulares de la Isla. Su propósito es alcanzar un equilibrio entre la simplicidad factible y un código de atención y protección del menor. Se ha nombrado un funcionado encargado de menores (el representante del Gobernador en la Isla), que es el principal defensor de los derechos y la seguridad de los niños, y se ha establecido un “lugar seguro” para prestar atención de emergencia (actualmente se trata de la residencia del representante del Gobernador). La jurisdicción para tramitar las solicitudes y dictar resoluciones al respecto corresponde al Tribunal de Magistrados, en virtud del inciso iii) del apartado 1) del párrafo a) del artículo 5 de la Ordenanza sobre justicia. El Magistrado de la Isla tiene la jurisdicción en primera instancia en virtud de la Ordenanza y a veces se puede recurrir a un magistrado de carrera no residente. La supervisión directa de la seguridad del menor corre a cargo de los asistentes sociales residentes adscritos desde Nueva Zelandia. Se facilitarán más detalles en el próximo informe de la Isla acerca de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Islas Turcas y Caicos

740.Si bien actualmente no hay novedades que comunicar en relación con este artículo, el Gobierno de las Islas Turcas y Caicos enviará un informe más pormenorizado en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

741.Hoy día la legislación principal relativa al bienestar del menor figura en la Ley de la infancia y la juventud, que entró en vigor en 2001. Esa Ley también vuelve a promulgar los Títulos I y II de la Ley de derecho de familia de 1991, ha modificado y reformado la legislación vigente en materia de atención de la infancia y ha establecido nuevas normas sobre el bienestar del menor. La Ley se ajusta rigurosamente a los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

742.En la Ley de la infancia y la juventud de 2001 se plasman los siguientes principios y disposiciones esenciales:

el bienestar del niño será la consideración primordial que tendrán en cuenta los tribunales cuando adopten decisiones que le afecten;

el concepto de responsabilidad parental sustituye al de los derechos parentales;

los menores podrán ser parte en los procesos judiciales, independientemente de los padres;

el Ministerio de Salud y Seguridad Social se encarga de salvaguardar y promover el bienestar de los menores que padecen o podrían padecer daños considerables;

se encomiendan determinados deberes y facultades al Ministerio mencionado para prestar servicios a los menores y las familias;

el Ministerio de ocupa del registro y la reglamentación de los hogares para niños;

el Ministerio reglamenta las casas de acogida, centros de cuidado de niños y guarderías del sector privado;

se deberán evitar los retrasos al tomar las decisiones que afecten a los menores, ya que ello podría ser perjudicial para su bienestar;

existen nuevas normas sobre la fecundación humana, la embriología y el alquiler de úteros.

743.El Reglamento sobre el trabajo de menores de 2005 revisó y actualizó el nivel de protección que se brinda a todos los menores de 18 años de la Isla que trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial. Las normas del nuevo Reglamento están en consonancia con las condiciones exigidas en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima (C138).

744.El Gobierno de la Isla de Man facilitará información completa acerca de todos los asuntos relacionados con los derechos del menor en el marco de este artículo cuando presente su próximo informe actualizado al Comité de los Derechos del Niño, que se ha encargado y se está elaborando actualmente.

Bailía de Jersey

745.Véase la respuesta al artículo 23.

Bailía de Guernsey

746.Los Estados de Deliberación han decidido reemplazar en su totalidad la legislación relativa a la atención y protección de los niños y jóvenes, comprendida la manera de colocar a los menores vulnerables bajo la custodia de las autoridades locales y el trato que han de dispensar los tribunales a los delincuentes juveniles. Se ha previsto promulgar esa legislación a principios de 2007. Por lo demás, no hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 25

747.Los progresos realizados desde el quinto informe periódico en lo que atañe a los derechos de los ciudadanos se exponen a continuación.

Reino Unido

748.Véase igualmente la respuesta a los párrafos 10 y 13 de las observaciones finales (capítulo II.A).

La Ley de administración electoral de 2006

749.La Ley de administración electoral de 2006 tiene por objeto regular cuatro aspectos clave de una democracia sólida, a saber: mejorar el acceso y la participación respecto de las elecciones, aumentar la confianza en el proceso electoral, fomentar la franqueza y la transparencia en la financiación de los partidos políticos y mantener la organización profesional de las elecciones. Cada uno de esos aspectos se tratarán sucesivamente.

750.Mejora del acceso y la participación. La Ley de administración electoral sienta las bases para la inscripción, el voto por correo y el voto el día de las elecciones introduciendo las siguientes reformas:

se impone a los funcionarios del censo electoral el deber de tomar medidas para potenciar al máximo la inscripción;

se amplía la fecha límite para la inscripción después de la convocatoria de las elecciones (11 días antes del día de los comicios);

se permite a los electores que se inscriban anónimamente si cumplen los criterios correspondientes;

se introduce un marco para el censo electoral coordinado en línea a fin de aumentar la precisión e integridad de los censos electorales;

se reduce la edad mínima para presentarse como candidato a las elecciones de 21 a 18 años;

se establece un marco para que los administradores pasen revista a los colegios electorales periódicamente de modo que se facilite el acceso adecuado a los ciudadanos;

se mejora la información que se pone a disposición de los electores facultando a los administradores para que brinden orientaciones en distintos idiomas y formatos;

se amplía el derecho de los enfermos mentales recluidos (distintos de los que se encuentran presos en virtud de competencias penales) que están autorizados a salir del hospital temporalmente a votar en persona, así como por correo o por poder;

se permite a los padres o tutores a llevar a los niños a los colegios electorales cuando vayan a votar;

se atribuye a los funcionarios judiciales encargados de vigilar las elecciones de los distritos electorales una nueva facultad para promover las elecciones y se proporciona un fondo garantizado para las actividades de publicidad y promoción;

se prevé el envío de información preelectoral a todos los electores antes del día de los comicios, en particular detalles sobre el voto;

se introduce una declaración de identidad más sencilla y práctica para los electores que votan por correo, suprimiendo la obligación de la corroboración de su identidad por un testigo;

se establecen reglas más claras para los candidatos y los partidos políticos que participan en las elecciones y se reduce la burocracia para los partidos más pequeños y los candidatos independientes;

se autoriza la inclusión experimental de fotografías en las papeletas de votación, tras una exhaustiva consulta de política;

se suprime la norma del common law que impedía votar a determinadas personas con discapacidades mentales a fin de asegurar que no se dificulta su participación en el proceso electoral;

se permite prorrogar la vigencia de las declaraciones de los electores miembros de las fuerzas armadas hasta cinco años y se establece que el Ministerio de Defensa llevará un registro de las opciones de inscripción del personal militar.

751.Aumento de la confianza: La Ley de administración electoral mejorará la seguridad y transparencia al introducir los siguientes cambios:

se tipifican dos nuevos delitos electorales para disuadir en mayor medida el fraude electoral. Esos delitos consisten en proporcionar información falsa o no comunicar información al funcionario del censo electoral en cualquier momento o en solicitar de modo injustificado el voto por correo o por poder;

se exige que en las solicitudes de voto por correo y las declaraciones de voto por correo figuren las firmas y fechas de nacimiento, permitiendo que se efectúen controles;

se introduce un cuaderno para anotar los votos recibidos por correo similar al que se utiliza para los electores en los colegios electorales;

se revisa el delito de influencia indebida, considerando que se ha cometido aunque la influencia no conduzca a la adopción de ninguna medida;

se mejora la seguridad de las papeletas de votación, sustituyendo los instrumentos de sellado por una marca de seguridad y permitiendo que se utilicen códigos de barras en ellas para facilitar la administración de los votos por correo perdidos o robados y la sustitución de las papeletas;

se autoriza a los observadores acreditados en los colegios electorales a observar el proceso electoral y otras fases del mismo, como el recuento de los votos;

se exige a los electores que firmen las papeletas en el colegio electoral para impedir el fraude;

se prolonga el período durante el cual la policía puede llevar a cabo investigaciones sobre el fraude electoral;

se adjuntan avisos legales sobre la confidencialidad a las papeletas de votación por correo o por poder a fin de disuadir a los ciudadanos de tratar de influir ilícitamente en el voto de otra persona.

752.Fomento de la franqueza y la transparencia en la financiación de los partidos políticos: La Ley de administración electoral armoniza las declaraciones de préstamo efectuadas por los partidos políticos con el régimen de las donaciones introduciendo un nuevo régimen de reglamentación de los préstamos concedidos a los partidos políticos basado en las normas vigentes sobre las donaciones.

753.Mantenimiento de una organización profesional de las elecciones: La Ley de administración electoral favorecerá una administración seria de las elecciones, estableciendo una concepción clara de los servicios electorales adecuados y la manera de prestarlos, mediante la introducción de las siguientes novedades:

se confiere una nueva atribución a los administradores para corregir los errores administrativos (como la falta de correspondencia de los números de serie de las papeletas de voto por correo) durante el transcurso de las elecciones y el día de los comicios;

se facilita la administración de los votos por correo permitiendo la elaboración automatizada de documentos de voto por correo, en particular sustituyendo la matriz de las papeletas por una lista aparte para registrar las papeletas suministradas a los electores;

se introducen modalidades de financiación más sencillas y flexibles para las elecciones nacionales reduciendo la microgestión por el Gobierno central;

se establecen niveles de resultados para promover las mejores prácticas en la administración de las elecciones;

se faculta a la Comisión Electoral para pedir a los funcionarios encargados del escrutinio de los votos que informen acerca del gasto en las elecciones, asegurando una mayor transparencia y facilitando datos precisos sobre el gasto electoral global;

se mejora el sistema de propuestas de candidatura, concediendo a los administradores un período específico de 24 horas para comprobar las candidaturas antes de publicar la relación de las personas designadas y autorizándoles para que corrijan los errores de poca importancia en los documentos de candidatura;

se otorgan nuevas competencias a la Comisión Electoral, al habilitarla para que cumpla sus deberes legales en materia de supervisión y asesoramiento respecto del derecho y los mecanismos electorales;

se permite introducir modificaciones previas a la refundición en la legislación electoral vigente para facilitar toda posible refundición de esa legislación en el futuro.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

754.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

755.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en lo que respecta a este artículo.

Islas Falkland

756.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Gibraltar

757.La asamblea legislativa de Gibraltar está integrada por 15 miembros elegidos, dos de los cuales son mujeres (una pertenece al partido de la oposición). No existen impedimentos para que las mujeres en edad de votar se presenten a las elecciones o voten del modo que deseen. Las mujeres han formado parte de la asamblea legislativa de Gibraltar en muchas ocasiones, como ocurrió en el caso del Consejo Legislativo, el órgano que la precedió y que contó una mujer entre sus miembros desde su creación en 1964.

Montserrat

758.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

759.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

760.Sólo pueden votar y ocupar altos cargos en las elecciones generales las personas que tengan la condición de ciudadano local. Los que carezcan de esa condición, principalmente los oriundos de las islas del Caribe cercanas, pueden ingresar en la policía. Las mujeres participan activamente en la vida pública y están bien representadas en el sector público.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

761.La Ley (Enmienda) de representación del pueblo de 2006 ha reducido la edad de voto en las elecciones en la Isla de Man de 18 a 16 años. Ahora la Ley también autoriza a los electores a ejercer el derecho de voto por poder o como votante ausente previa solicitud, mientras que antes ello sólo se permitía en determinadas circunstancias. Si bien en el pasado la ley no privaba a los reclusos del derecho de voto, éstos no podían votar por poder ni en calidad de votante ausente y, por motivos prácticos, a veces no se les podía conducir hasta el colegio electoral para ejercer el derecho de voto. En virtud de las nuevas disposiciones, todos los presos pueden votar si lo desean sin necesidad de acudir al colegio electoral.

762.Para permitir que un mayor número de personas pudieran ejercer el derecho de voto, el Gobierno de la Isla de Man puso en marcha en 2006 otras dos iniciativas consistentes en prolongar el horario de apertura de los colegios electorales durante las elecciones generales y en actualizar el censo electoral de modo continuo en lugar de una sola vez por año.

Bailía de Jersey

763.Véase la respuesta al párrafo 17 de las observaciones finales (capítulo II.B).

Bailía de Guernsey

764.Actualmente se está pasando revista a la composición del parlamento de Sark, denominado Chief Pleas, y es probable que a raíz de ello todos o al menos la mayoría de sus miembros sean designados mediante elección directa.

Artículo 27

765.Los derechos de las minorías también se protegen en otros instrumentos internacionales ratificados por el Reino Unido, a saber:

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966);

la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (1992);

el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales (1995).

Progresos realizados desde el quinto informe periódico

Reino Unido

Las lenguas minoritarias no autóctonas

766.El Gobierno reconoce las ventajas que presenta la diversidad cultural y lingüística en el seno de las comunidades étnicas minoritarias. Muchas de esas comunidades han puesto en marcha iniciativas de apoyo al estudio, que suelen denominarse escuelas de enseñanza suplementaria, complementaria o en lengua materna y ofrecen distintos tipos de ayuda adicional a los niños. Esa ayuda puede referirse a asignaturas del plan de estudios nacional, a la enseñanza de los idiomas del país de origen o a otras cuestiones al margen de la enseñanza corriente. Se han reconocido ampliamente las ventajas de esas iniciativas y se está cooperando con el sector de la enseñanza suplementaria para alentar una mayor colaboración con las escuelas ordinarias y determinar la manera idónea de trabajar con el sector a fin de que pueda aumentar su eficacia.

Las lenguas minoritarias autóctonas

767.En 2001, el Reino Unido ratificó la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y desde entonces ha reconocido seis lenguas minoritarias autóctonas de conformidad con la Carta, esto es: el gaélico escocés, el galés, el irlandés, el escocés, el escocés del Ulster, el córnico y el gaélico de la Isla de Man.

1. El galés en Gales

Generalidades

768.La Ley sobre el idioma galés de 1993 enuncia el principio según el cual en Gales el inglés y el galés deben recibir el mismo trato en la conducción de los asuntos públicos y la administración de justicia. En virtud de la Ley, los organismos públicos y de la Corona preparan planes sobre el idioma galés, en los que definen la manera en que piensan poner en práctica ese principio, en la medida en que sea apropiado en las circunstancias del caso y razonablemente viable en la prestación de servicios al público. La Ley instituyó el Consejo de la Lengua Galesa para supervisar la elaboración y ejecución de los planes sobre el idioma galés y promover y facilitar el uso de dicho idioma. El plan sobre el idioma galés del Gobierno de la Asamblea de Gales fue aprobado en octubre de 2002 y se está revisando actualmente.

769.A raíz de la transferencia de competencias dentro del Reino Unido, el Gobierno de la Asamblea de Gales asume la responsabilidad respecto del idioma galés. En 2003 el Gobierno de la Asamblea emprendió el Plan de Acción Nacional para un Gales Bilingüe, titulado “Iaith Pawb” (el idioma de cada uno). Las medidas definidas en el Iaith Pawb están destinadas a alcanzar varias metas esenciales en 2011 con objeto de lograr un aumento continuo del número y el porcentaje de personas que hablan galés. El Iaith Pawb se divide en tres partes y se refiere especialmente al marco normativo nacional, al idioma en el plano comunitario y a los derechos individuales y lingüísticos. El idioma galés se está integrando en todo el Gobierno de la Asamblea y en 2003-2006 se invirtieron 28 millones de libras adicionales para promoverlo. Además, se destinaron otros 16 millones de libras al Consejo de la Lengua Galesa, un organismo público patrocinado por la Asamblea que se encarga de promover y facilitar la utilización del galés. El Iaith Pawb y el plan sobre el idioma galés del Gobierno de la Asamblea son objeto de un informe anual.

770.La Ley sobre el idioma galés de 1993 instituyó el Consejo de la Lengua Galesa en calidad de organismo de derecho público con el mandato específico de promover y facilitar la utilización del galés. El Consejo supervisa la elaboración y aplicación de planes lingüísticos por parte de los organismos públicos. Otorga ayudas a las entidades que promueven el idioma, fomenta el galés mediante iniciativas comunitarias, organiza campañas de promoción dinámicas y proporciona asesoramiento e información sobre el uso del galés al público. Colabora con los sectores privado y voluntario para impulsar la utilización del galés en ellos. Actualmente el Consejo de la Lengua Galesa emplea a más de 70 personas y recibe una asignación de 13 millones de libras del Gobierno de la Asamblea de Gales.

La educación

771.Todos los padres y tutores pueden elegir la enseñanza preescolar en galés, ya que existe un derecho legal a recibirla al menos durante media jornada a partir de los tres años de edad. El sector voluntario se ocupa de enseñar el galés (por conducto del Mudiad Ysgolion Meithrin (MYM)) a los menores de tres años en 435 grupos de párvulos de todo el País de Gales y a los mayores de esa edad en 586 grupos. Las autoridades locales encargadas de la educación coordinan el suministro de la enseñanza preescolar en el ámbito comarcal a través de las Asociaciones para la Educación y Atención de la Primera Infancia. En 2004-2005 el Consejo de la Lengua Galesa asignó 1,03 millones de libras esterlinas al MYM, mientras que en 2003-2004 esa cuantía ascendió a 1 millón de libras.

772.El galés ocupa un lugar destacado en el plan de estudios nacional para Gales. Al margen de un número muy reducido de excepciones legales, todos los alumnos en edad de cursar la enseñanza obligatoria (de 5 a 16 años) que asisten a las escuelas estatales tienen que estudiar galés como primer o segundo idioma. Además, un requisito común del plan de estudios nacional para Gales consiste en ofrecer oportunidades a los alumnos, cuando proceda, para que al estudiar una asignatura puedan desarrollar y aplicar los conocimientos y entender las características culturales, económicas, ambientales, históricas y lingüísticas de Gales. Ello recibe el nombre de Cwricwlwm Cymreig.

773.El galés se utiliza ampliamente como lengua de instrucción en las escuelas. En 2003-2004 en el 32% aproximadamente de las escuelas primarias el galés era el único o principal idioma de instrucción o se utilizaba como lengua de enseñanza para una parte del plan de estudios. En la educación secundaria, cerca del 23% de las escuelas se ajustan a la definición legal de escuelas de habla galesa, que son aquéllas en las que más de la mitad de las asignaturas básicas del plan de estudios nacional, distintas del inglés, el galés y la religión, se imparten total o parcialmente en galés.

774.El galés también está presente en la enseñanza postsecundaria y superior. El aprendizaje del idioma constituye una actividad importante de la educación de adultos, ya que en 2004-2005 se matricularon cerca de 20.000 personas en esos cursos. En cuanto al uso del galés en la educación superior, en 2004-2005 se alcanzó la meta de 9.000 estudiantes. El suministro de la enseñanza superior en idioma galés varía en función de los distintos establecimientos de Gales. En términos generales, el pasado año el 3,2% de los estudiantes cursaron al menos una parte de sus estudios universitarios en galés durante el año académico 2003-2004. El Gobierno de la Asamblea de Gales está dispuesto a hacer realidad el bilingüismo y se ha fijado como meta que el 7% de los alumnos cursen al menos una parte de sus estudios universitarios en galés en 2010. Recientemente se han tomado medidas con ese fin, concretamente anunciando que se invertirán 2,9 millones de libras durante siete años para contratar a más profesores que puedan ejercer su magisterio en galés.

Los medios de comunicación

775.Radio Cymru, una emisora de la BBC, empezó a emitir todos sus programas en galés a partir del 1º de enero de 1977. Otras emisoras de radio regionales y comerciales también emiten varios programas en idioma galés. Radio Cymru emite programas en galés durante unas 140 horas semanales.

776.S4C, el cuarto canal de televisión en lengua galesa de Gales, comenzó a emitir en noviembre de 1982. S4C ha creado dos canales de televisión digital: el primero de ellos emite programación en galés durante unas 80 horas a la semana y el segundo retransmite los debates de la Asamblea Nacional de Gales y algunos festivales culturales. Los espectadores que disponen del aparato de recepción digital adecuado pueden elegir el idioma de la banda sonora cuando vean ese segundo canal de S4C.

777.Se puede obtener un gran número de publicaciones de noticias en galés. Cabe destacar Y Cymro y Golwg, que son semanales, Barn, una revista de actualidades, que es mensual, y más de 50 periódicos regionales locales (en su mayoría mensuales) o Papurau Bro.

778.OFCOM (Oficina de Comunicaciones) ha creado una oficina en Gales y hay un representante galés en la Junta sobre Contenido de OFCOM. Además, se ha instituido un comité asesor de OFCOM para Gales a fin de que Gales pueda expresar su opinión en el campo de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las comunicaciones inalámbricas. OFCOM y el Gobierno británico han manifestado su voluntad de proseguir en el futuro la radiodifusión en idioma galés.

779.BBC Cymru Wales emite programas de televisión en inglés adaptados al público galés durante más de 16 horas a la semana en los canales BBC One Wales y BBC Two Wales y el servicio digital BBC 2W. Asimismo, organiza servicios completos en línea en inglés y galés. BBC Radio Wales emite programación durante 19 horas al día en inglés en todo el País de Gales.

780.ITV1 Wales ofrece 10 horas semanales de programación de televisión en inglés para los espectadores de Gales. Los programas televisivos abarcan desde noticias y actualidades hasta comedias, música y películas.

La Ley del Gobierno de Gales de 2006

781.En virtud de la Ley del Gobierno de Gales de 2006, los ministros galeses deben adoptar una estrategia en la que indiquen la manera en que proponen promover y facilitar el uso de la lengua galesa. Los ministros de Gales también deben establecer un plan sobre el idioma galés en el que se especifiquen las medidas que piensan tomar acerca de la utilización del galés en la prestación de servicios al público en Gales por parte de los ministerios galeses u otras instancias que actúen en nombre de la Corona o sean organismos públicos en el sentido de la Ley sobre el idioma galés de 1993. Las medidas definidas en el plan sobre el idioma galés tienen por objeto poner en práctica el principio según el cual en Gales el inglés y el galés deben recibir el mismo trato en la conducción de los asuntos públicos, en la medida en que sea apropiado en las circunstancias del caso y razonablemente factible.

782.La Ley dispone igualmente que en la dirección de los debates de la Asamblea y en el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Asamblea se aplicará el principio según el cual el inglés y el galés deben recibir el mismo trato, en la medida en que sea apropiado en las circunstancias del caso y razonablemente factible.

Territorios de ultramar

Islas Vírgenes Británicas

783.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Caimán

784.En las Islas Caimán no se han planteado asuntos en relación con este artículo.

Islas Falkland

785.De acuerdo con la política del Gobierno en la materia, el inglés debe ser el idioma de instrucción en las escuelas públicas de las Islas Falkland.

786.En virtud del artículo 14 de la Ordenanza sobre educación de 1989, no se exigirá al Director de Educación, la Junta de Educación o los comités de la Junta que la enseñanza se imparta en un idioma de instrucción distinto del inglés.

787.Se ha de contemplar la necesidad de prestar un apoyo específico a los niños que tienen el inglés como segundo idioma para que puedan cursar la totalidad del programa de estudios escolar y no se encuentren en situación de desventaja debido a las barreras lingüísticas. En la escuela maternal y primaria de Stanley se han tomado las primeras medidas para brindar un apoyo intensivo a esos alumnos. Un análisis reciente muestra que el apoyo es eficaz, pues esos niños mantienen un ritmo de progreso y en algunos casos incluso tienen mejores notas que sus homólogos de habla inglesa. En septiembre de 2006, esa ayuda, que se presta en cierto modo según las circunstancias del caso, se regularizará en la escuela comunitaria de Stanley, la escuela de segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Gibraltar

788.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Montserrat

789.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno

790.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Islas Turcas y Caicos

791.El inglés es el idioma oficial y se usa ampliamente en todas las islas. Constituye el idioma de enseñanza en todas las escuelas estatales.

Dependencias de la Corona

Isla de Man

792.En el marco de la promoción del idioma manés, en 2003 el Gobierno de la Isla de Man decidió hacer extensiva la ratificación del Reino Unido de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en lo que respecta a la protección que se brinda en su Parte II a los hablantes del gaélico de la Isla de Man.

Bailía de Jersey

793.No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Bailía de Guernsey

794.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

APÉNDICE A

Informe de la Bailía de Jersey

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Sexto informe periódico de los Estados de Jersey

Este es el sexto informe que presentan los Estados de Jersey de conformidad con el párrafo 1 del artículo 40 del Pacto. Con posterioridad al quinto informe, se realizaron los progresos enumerados a continuación en relación con los distintos artículos del Pacto.

De conformidad con las Directrices consolidadas para los informes de los Estados presentados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (revisadas en 2001), el informe se estructura siguiendo el orden de los artículos del Pacto y en él se indican expresamente los números de párrafo de las observaciones finales del Comité sobre el informe anterior.

Artículo 1

1.1No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Artículo 2

Párrafo 8: “El Comité insta enérgicamente al Estado Parte a dar vigencia en la legislación nacional a todos los derechos del Pacto (art. 2).”

2.1En Jersey se seguirá estudiando periódicamente la posibilidad de introducir el Pacto en la legislación interna de la isla, aunque de momento no se tiene la intención de tomar esa medida. Pese a ello, al redactar las nuevas leyes que se someten a la aprobación de la Asamblea de los Estados se toman en consideración los derechos consagrados en el Pacto.

Párrafo 9: “El Comité recomienda que como parte de su capacitación ordinaria se imparta educación sobre derechos humanos a los miembros de las fuerzas de policía, a los abogados y demás personas que desempeñan funciones en la administración de justicia. La educación sobre derechos humanos también se debe impartir en todos los niveles de la educación general (art. 2).”

2.2En Jersey se ha impartido educación sobre derechos humanos a todos los servicios de la administración pública de los Estados. Las evaluaciones independientes han mostrado que los funcionarios de la administración pública están mucho mejor informados acerca del ejercicio de los derechos humanos. Se ha publicado documentación en la que se proporcionan orientaciones sobre los derechos humanos al personal de la administración pública y se puede obtener información complementaria en el sitio web de los Estados de Jersey (www.gov.je).

2.3Además, se ha concebido una formación específica sobre derechos humanos para todos los miembros de la fuerza de policía de los Estados y de la policía honoraria. Esa formación se proporciona a todos los nuevos agentes en período de prueba y constituye un rasgo constante a lo largo de todo su programa de capacitación. Se incluye como principio esencial en otros cursos ofrecidos por la policía, por ejemplo, en materia de entrevistas de investigación, relaciones comunitarias y adiestramiento en armas de fuego.

2.4La formación sobre derechos humanos es un requisito básico para todos los miembros del poder judicial, comprendido el personal de los tribunales de magistrados, la secretaría judicial y las dependencias de los tribunales.

2.5Como parte del programa de educación personal, social y sanitaria, en varios ámbitos de la enseñanza escolar se integra la preparación para la ciudadanía y la adquisición de conocimientos e información para la ciudadanía, con inclusión del sentido de la justicia. Los alumnos reciben enseñanza sobre temas entre los que cabe citar los siguientes:

los derechos jurídicos y los derechos humanos, así como las responsabilidades que constituyen el fundamento de la sociedad, y la manera en que afectan a los ciudadanos, comprendida la función de los sistemas de justicia penal y civil;

los orígenes y consecuencias de las distintas identidades nacionales, regionales, religiosas y étnicas existentes en la Isla y la necesidad del respeto y el entendimiento mutuos.

Artículo 3

Párrafo 16. “El Comité toma nota de que en Jersey se está examinando la posibilidad de enmendar la Ley relativa a las órdenes de separación y manutención (Jersey) de 1953, y recomienda que las tres jurisdicciones adopten disposiciones legislativas y otras medidas efectivas para prohibir la discriminación entre el hombre y la mujer (arts. 3 y 26).”

3.1La Ley relativa a las órdenes de separación y manutención (Jersey) de 1953 faculta al Tribunal de deudas menores a emitir órdenes sobre la separación de personas casadas y la manutención de las partes y de los hijos del matrimonio. El 20 de octubre de 2000 entró en vigor la Ley (Enmienda nº 2) relativa a las órdenes de separación y manutención (Jersey) de 2000, en virtud de la cual el Tribunal ejercerá su jurisdicción en igualdad de condiciones respecto a ambas partes en el matrimonio.

Artículos 4 y 5

4.1No hay novedades que comunicar en relación con estos artículos.

Artículos 6 a 8

6.1Véase la parte del informe relativa al artículo 2 supra.

Artículo 9

Párrafo 12: “El Comité toma nota de la información suministrada por la delegación acerca de que en el Reino Unido se están adoptando medidas para garantizar que sus leyes contra el terrorismo se ajusten al artículo 9 del Pacto, e insta a Jersey, Guernsey y la Isla de Man a que adopten las medidas correspondientes.”

9.1A pesar de que el Reino Unido ha mantenido la reserva a este artículo con respecto a Jersey, la Isla promulgó disposiciones con un efecto similar al de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 mediante la Ley de prevención del terrorismo (Jersey) de 2002 y posteriormente pidió al Reino Unido que retirara la reserva.

Artículo 10

10.1No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Artículo 11

Párrafo 13: “El Comité recomienda que las autoridades de Jersey examinen la posibilidad de enmendar la legislación pertinente para poder retirar la reserva al artículo 11 del Pacto.”

11.1A raíz del fallo dictado por el Tribunal de Apelación en el caso Benest contra Le Meistre [1998 JLR 213], el Tribunal Real deberá pronunciarse sobre la solicitud por el acreedor de una pena de prisión contra el deudor que no abone su deuda teniendo en cuenta el artículo 11 del Pacto. Por tanto, actualmente existe una protección adecuada para garantizar que el Reino Unido no infringirá el Pacto si se retira la reserva.

11.2Por consiguiente, ha dejado de ser necesaria la reserva al artículo 11 del Pacto en nombre de Jersey y se ha presentado una solicitud oficial al Reino Unido para que retire la reserva que realizó en nombre de Jersey en relación con dicho artículo.

Artículos 12 a 16

2.1No hay novedades que comunicar en relación con estos artículos.

Artículos 17 y 26

Párrafo 14: “El Comité recomienda que se adopten medidas para eliminar y prohibir todo tipo de discriminación por motivos de orientación sexual (arts. 17 y 26).”

17.1El 5 de julio de 2006 los Estados aprobaron la Ley de delitos sexuales (Jersey) de 200-, la cual, cuando entre en vigor, entre otras cosas, reformará la legislación relativa a las circunstancias en que es legítimo el sexo anal, eliminando la discriminación entre los sexos.

17.2Así pues, en el derecho consuetudinario el hecho de que dos personas mayores de 16 años realicen por su propia y libre voluntad un acto de sodomía en privado dejará de ser constitutivo de delito. Además, no cometerá delito la persona menor de 16 años que realice un acto de sodomía con un mayor de 16 años (aunque los actos de sodomía realizados en baños públicos se seguirán considerando cometidos en público).

17.3Además, se están avanzando activamente las tareas para presentar una nueva Ley sobre la discriminación (Jersey), que se espera someter a la Asamblea de los Estados de Jersey en 2006 (véase la parte del informe relativa al artículo 26). Se piensa organizar una consulta pública en 2007 acerca de la legislación destinada a prohibir la discriminación por motivos de sexo fundada en el género, la orientación sexual y la transexualidad.

Artículos 18 y 19

Véase la parte del informe relativa al artículo 2 supra.

Artículo 20

La Ley sobre la delincuencia (odio racial) (Jersey)

20.1En 2002, los Estados de Jersey decidieron crear un delito penal para castigar los actos que conllevan la incitación al odio racial. En 2006 se someterán a debate en la Asamblea de los Estados de Jersey propuestas para una Ley sobre la delincuencia (odio racial) (Jersey). Esa Ley tipificará un delito penal consistente en recurrir a comportamientos, palabras o textos intimidatorios, ofensivos o insultantes cuya finalidad o posible consecuencia sea incitar al odio racial y en ella se podrían regular los actos de violencia cometidos contra grupos raciales.

20.2A reserva de determinadas eximentes, las disposiciones también se aplicarán a la publicación o distribución de material, la muestra o visualización de una grabación de imágenes visuales, la radiodifusión y la representación pública de una obra. También será constitutiva de delito la posesión de material que incite al odio racial con miras a la realización de cualquiera de los actos mencionados.

20.3Si los Estados aprueban el proyecto de ley, ésta debería entrar en vigor a lo largo de 2007. Se propone abordar el problema del odio racial de ese modo, en una ley independiente distinta de la Ley contra la discriminación (véase la parte del informe relativa al artículo 26 infra) porque la aplicación de la ley acarreará la imposición de sanciones penales en lugar de penas civiles.

20.4Al examinar la sentencia que deben dictar en los casos que se les someten en virtud de la legislación penal vigente, los tribunales ya tienen en cuenta las circunstancias que agravan los delitos por motivos raciales. Esa posición se ha mantenido durante muchos años y la nueva ley brindará una protección suplementaria contra los comportamientos racistas tipificando los nuevos delitos penales.

Artículo 21

21.1No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

Artículo 22

La Ley de relaciones de trabajo (Jersey)

22.1Tras celebrar amplias consultas públicas sobre un marco para propiciar las relaciones de trabajo satisfactorias en Jersey, en 2002 el Comité de Empleo y Seguridad Social presentó un informe sobre la legislación relativa a las relaciones de trabajo. Se preparó un proyecto de ley de relaciones de trabajo, que el Comité dio a conocer con miras a la consulta pública en septiembre de 2004. Simultáneamente, el Foro de Empleo hizo público un documento de consulta sobre el contenido de los códigos de práctica que deberán complementar el proyecto de ley. El 17 de mayo de 2005 la Asamblea de los Estados aprobó el proyecto de ley, que está en espera de la sanción real.

22.2Entre otras cosas, en el proyecto de ley se aclarará la condición de los organismos sindicales como personas jurídicas y se formulará una definición lo suficiente amplia como para abarcar la mayoría de los sindicatos, asociaciones de empleadores y asociaciones de trabajadores. La ley les concederá los derechos o responsabilidades legales de otras personas jurídicas y precisará las obligaciones e inmunidades de los sindicatos y asociaciones de empleadores y sus dirigentes y afiliados.

22.3Se estima que la nueva ley es compatible con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 y promueve los derechos consagrados en él en la medida en que éste es vinculante para la Isla. Se puede obtener información completa sobre el proyecto de ley en el sitio web de los Estados de Jersey www.gov.je.

Artículos 23 y 24

La Ley de matrimonio y estado civil (Jersey)

23.1La Ley de matrimonio y estado civil (Jersey) de 2001, que entró en vigor el 1º de mayo de 2002, sustituyó a la Ley de estado civil de 1842 y está destinada a modernizar los procedimientos del registro civil. Las modificaciones que introduce esa Ley redundarán en beneficio de diferentes sectores de la comunidad.

23.2En la nueva Ley se prevé la celebración de matrimonios civiles en lugares autorizados distintos de la Oficina del Registro y se habilitará a los pastores y sacerdotes de todas las confesiones a celebrar matrimonios en sus iglesias sin la presencia del registrador del distrito. Además, se ofrecerá a las parejas una amplia gama de lugares para contraer matrimonio.

23.3Asimismo, la Ley actualiza disposiciones e introduce normas más adecuadas sobre los derechos y deberes en materia de registro de nacimientos. Se pueden obtener datos completos sobre la Ley en el sitio web de información legal de Jersey www.jerseylegalinfo.je.

Artículo 25

Párrafo 17. “Con respecto al retiro de la reserva del Estado Parte al artículo 25, el Comité insta a las autoridades a que introduzcan más reformas que garanticen que todos los ciudadanos tengan pleno derecho de participación en la conducción de los asuntos públicos.”

25.1El 24 de febrero de 2006, el Consejo de Ministros presentó una propuesta en los Estados para modificar las restricciones que afectan actualmente a los empleados y funcionarios del sector público, los cuales no pueden participar en actividades políticas, por ejemplo, presentarse a las elecciones de los Estados, y a fin de que sean calificados de “habilitados políticamente” y, por tanto, puedan participar en actividades políticas con sujeción a determinadas condiciones, los siguientes empleados y funcionarios del sector público:

los electricistas de los aeropuertos;

los empleados de los servicios de salvamento y extinción de incendios de los aeropuertos;

los funcionarios públicos de grado 11 o inferior;

el personal docente, técnico y de apoyo de grado 11 o inferior;

los empleados de los servicios de ambulancias de emergencia;

los trabajadores de apoyo a las familias;

los empleados de los servicios de bomberos y rescate;

los profesores de la universidad Highlands;

los trabajadores manuales;

el personal médico;

los enfermeros y parteras;

los trabajadores postales;

los funcionarios de prisiones;

los directores de prisiones;

los funcionarios de los centros de acogida de niños;

los maestros;

los trabajadores de la juventud.

25.2Serían calificados de “inhabilitados políticamente”, aunque podrían presentarse a las elecciones de los Estados con sujeción a determinadas condiciones, los siguientes empleados y funcionarios:

los funcionarios públicos de grado 12 o superior;

los funcionarios docentes, técnicos y de apoyo de grado 12 o superior;

los directores de escuelas;

los funcionarios de policía;

los jefes y directores de zona del servicio de bomberos;

los directores y subdirectores de cárceles.

25.3De acuerdo con las propuestas, los empleados considerados “habilitados políticamente” tendrían libertad para participar en cualquier actividad política, entre las que figuran, con sujeción a determinadas condiciones, las de presentarse a las elecciones de los Estados o como condestable, apoyar públicamente a un candidato a las elecciones o desempeñar un papel público en cualquier asunto político.

Artículo 26

Párrafo 18. “El Comité recomienda que las autoridades completen el proceso actual de promulgación de disposiciones legislativas por las que se prohíba toda discriminación racial. De conformidad con el artículo 26, las autoridades también deben adoptar disposiciones legislativas que prohíban toda discriminación y garanticen a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”

El proyecto de ley contra la discriminación (Jersey)

26.1El 14 de mayo de 2002 los Estados de Jersey votaron por mayoría abrumadora a favor de una propuesta para preparar una ley contra la discriminación racial. Tras reflexionar más detenidamente sobre la cuestión, se decidió que convenía presentar una legislación que promoviera no solo la eliminación de la discriminación racial, sino también otras formas de discriminación. En un documento de consulta pública editado en julio de 2006 se respaldó la idea de disponer de una legislación habilitante general y de introducir, en primer lugar, la protección contra la discriminación racial. El período de consulta finalizará en octubre de 2006.

26.2La finalidad de la Ley contra la discriminación es determinar sectores en los que no debería tolerarse la discriminación. La Ley protegerá a toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de la discriminación o una serie de actos prohibidos, como la victimización, la publicidad ilícita, el acoso y otras prácticas discriminatorias en determinadas condiciones, y proporcionará un mecanismo de ejecución para las quejas presentadas con arreglo a ella.

26.3Se propone ampliar el alcance de la ley al empleo, con inclusión de la selección para el empleo, el trato de los empleados, la contratación de trabajadores, las relaciones de colaboración, las organizaciones profesionales o gremiales, los organismos profesionales y la formación profesional, así como a la discriminación en la esfera de la enseñanza, el suministro de bienes, instalaciones y servicios, el acceso a los edificios públicos y su utilización, el uso o gestión de los locales y la pertenencia a clubes.

26.4La primera fase de la legislación contra la discriminación que se introducirá en 2007 abarcará la Ley principal y el Reglamento para prohibir la discriminación por motivos de raza, que abarca el color, la raza, la nacionalidad, el origen étnico y el origen nacional.

26.5La futura legislación de Jersey brindará, como mínimo, una mayor protección contra la discriminación por motivos de sexo, género, orientación sexual, transexualidad, discapacidad y edad. No obstante, se considera importante tener presente la necesidad de elaborar una legislación que esté en consonancia con el tamaño de la isla y las repercusiones financieras de esa legislación. A fin de lograr una amplia protección y el equilibrio necesario, la legislación deberá introducirse en varias fases para que se puedan celebrar consultas apropiadas e impartir educación sobre las consecuencias de la ley.

Los derechos de sucesión de los hijos nacidos fuera del matrimonio

26.6Se publicaron varios documentos de consulta, aunque el 11 de noviembre de 2003 la Asamblea de los Estados aprobó en principio las siguientes propuestas:

a)derogar las leyes de sucesión para que toda persona pueda enajenar bienes muebles por testamento como estime adecuado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b) infra;

b)crear una jurisdicción en el Tribunal Real para dictar una orden a esos efectos si lo estima conveniente para la administración del bien mueble, al obtenerse una cantidad adecuada a raíz de la enajenación para mantener y ayudar a los familiares a cargo del finado;

c)elaborar una nueva ley de sucesión de bienes muebles en ausencia de testamento, mediante la cual se atribuirá una parte al cónyuge supérstite y otra a todos los hijos del finado, ya sean legítimos o ilegítimos, en proporciones iguales; y

d)brindar protección a los albaceas y administradores encargados de administrar de buena fe la herencia del finado.

26.7Se preparó un proyecto de ley que se está examinando. Se prevé presentar el proyecto a la Asamblea de los Estados de Jersey durante 2007.

Artículo 27

27.1No hay novedades que comunicar en relación con este artículo.

La difusión de información sobre el Pacto

28.1Las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre los informes periódicos cuarto y quinto del Reino Unido relativos a los territorios dependientes de la Corona de Jersey, Guernsey y la Isla de Man de 2000 se publicaron en un informe (R.C.1/2001) y se presentaron a los Estados de Jersey en enero de  2001.

APÉNDICE B

Informe de la Bailía de Guernsey y sus dependencias

Sexto informe periódico presentado por la Bailía de Guernsey de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Respuesta a las observaciones finales del Comité relativas a los derechos civiles y políticos del 27 de marzo de 2000 (documento CCPR/C/79/Add.119)

Párrafo 8

En la Bailía de Guernsey las convenciones internacionales tienen el mismo rango que en el Reino Unido, a saber, los tribunales no las pueden aplicar directamente si no se han incorporado expresamente en el derecho interno. El Pacto no se ha incorporado expresamente en el derecho interno de la Bailía. Si el Reino Unido decide incorporar el Pacto en su legislación interna, las autoridades de la Bailía examinarán la cuestión con más detenimiento.

Párrafo 9

Actualmente todos los funcionarios de policía reciben una formación sobre el derecho y el procedimiento, que abarca aspectos relacionados con los derechos humanos, por ejemplo, el derecho y el procedimiento relativos a la detención y el encarcelamiento de sospechosos. Ahora el derecho y el procedimiento figuran en la Ley de facultades policiales y pruebas penales (Bailía de Guernsey) de 2003, que se ajusta plenamente al Convenio Europeo de Derechos Humanos y sobre la cual se imparte formación a todos los policías. Asimismo, se estima esencial que los funcionarios de prisiones también reciban capacitación en asuntos de derechos humanos. La formación que se imparte en el Reino Unido a los funcionarios de policía y de prisiones abarca la educación sobre derechos humanos. Los jueces y abogados de Guernsey también poseen un conocimiento profundo de los temas de derechos humanos tras la promulgación de la Ley de derechos humanos (Bailía de Guernsey) de 2000, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2006 e incorpora el Convenio Europeo en la legislación interna.

Párrafo 10

En la actualidad se está examinando la Ley (de revisión) de decisiones administrativas (Guernsey) de 1986, en su forma modificada. Se prevé que se presenten propuestas para establecer un órgano totalmente independiente a los Estados de Deliberación antes de finales de 2006. La revisión se efectúa sin perjuicio de las competencias de los tribunales de la Bailía, que pueden proceder a la revisión judicial y, de ser necesario, anular las decisiones administrativas (por ejemplo, por su falta de racionalidad o de proporcionalidad). Además, se han creado varios tribunales independientes para que se ocupen de determinados tipos de decisiones administrativas (por ejemplo, en relación con la vivienda, la planificación y, a partir de 2007, el impuesto sobre los bienes)

Párrafo 12

En 2002 los Estados de Deliberación promulgaron la Ley de prevención del terrorismo y la delincuencia (Bailía de Guernsey) de 2002, que derogó la Ley de prevención del terrorismo (Bailía de Guernsey) de 1990 y entró en vigor el 16 de julio de 2002. Esa Ley reprodujo en la Bailía las disposiciones de la Ley de prevención del terrorismo de 2000 del Reino Unido y suprimió la facultad unilateral del Fiscal de Su Majestad de autorizar la detención continuada de un sospechoso de terrorismo tras el período de detención inicial de 48 horas sin llevarlo ante los tribunales. Por tanto, la posición legal con respecto a la Bailía es la misma que con respecto al Reino Unido.

Al promulgarse la Ley de 2002, la Bailía estaba en condiciones de que se hiciera extensiva a ella la ratificación por parte del Reino Unido de dos convenios de las Naciones Unidas, esto es, el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (1997) y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (1999).

Párrafo 14

Se está revisando la legislación sobre los delitos sexuales de la Bailía y se prevé que las propuestas de equiparar la edad de consentimiento para los actos heterosexuales y homosexuales se presenten a los Estados de Deliberación entre finales de 2006 y principios de 2007. Véanse igualmente los comentarios en relación con el párrafo 16 infra.

Párrafo 16

De conformidad con la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004, los Estados de Deliberación promulgaron la Ordenanza sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo (Guernsey) de 2005, que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en el lugar de trabajo y establece recursos al respecto.

Párrafo 17

Actualmente se está promulgando la nueva Constitución de Sark (Ley fundamental) de 2006, que reformará el proceso electoral y la composición de la asamblea parlamentaria. Para más información, véase el párrafo 2 del sexto informe, que figura más adelante.

Párrafo 18

La Ley sobre el odio racial (Bailía de Guernsey) de 2005 tipifica delitos concretos consistentes en actos destinados a incitar al odio racial o que podrían tener ese efecto. Entre esos actos figuran las palabras, el comportamiento o la exhibición de material escrito, la publicación o distribución de material escrito, la representación pública de obras, la distribución, muestra o exhibición de grabaciones, la emisión de programas y la posesión de material que incite al odio racial. Las personas declaradas culpables de un delito en virtud de dicha Ley pueden ser condenadas a una pena de prisión de siete años como máximo, a una multa sin límite o a ambas.

Además, en la Ley de protección contra el acoso (Bailía de Guernsey) de 2006 se establecen recursos civiles y penales respecto de la conducta consistente en acosar a otra persona. Ello abarca el hecho de atemorizar con la violencia, alarmar o provocar angustia a otra persona.

Las asambleas legislativas de la Bailía también promulgaron una legislación [la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004] que les autoriza a tomar medidas para prevenir la discriminación mediante la legislación secundaria. Esa Ley prevé facultades para aplicar los acuerdos internacionales. En ella se entiende por discriminación la practicada contra cualquier persona por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, idioma, religión, creencia, opinión política o de otra índole, origen nacional, social o étnico, pertenencia a una minoría nacional, edad, discapacidad, cambio de sexo, posición económica, nacimiento, o estado civil, familiar o de otro tipo.

PARTe I

Generalidades

1.El marco general de protección de los derechos civiles y políticos consagrados en el Pacto en la Bailía de Guernsey se expone íntegramente en la reseña que figura en el Apéndice 1 adjunto. Los comentarios formulados en la Parte I de los cinco informes anteriores siguen vigentes.

PARTe II

Artículo 1

Derecho de libre determinación

Párrafo 1

2.A partir del 1º de mayo de 2004 se redujo el número de miembros con derecho a voto de la asamblea legislativa de Guernsey de 57 a 47, de los cuales 45 son elegidos directamente por sufragio universal en siete distritos electorales. En cada uno de los siete distritos se elige a seis o siete miembros. Los dos miembros restantes son representantes de los Estados de Alderney. En Alderney los 10 miembros de la asamblea legislativa son elegidos directamente por sufragio universal. En Sark se eligen directamente por sufragio universal 12 miembros de la asamblea legislativa. Los 40 miembros restantes ocupan su escaño en virtud de derechos vinculados a la propiedad de ciertos bienes. No obstante, actualmente se está pasando revista a la composición del parlamento de Sark, denominado Chief Pleas, y es probable que, cuando se promulgue la Constitución de Sark (Ley fundamental) de 2006, todos o la mayoría de sus miembros sean elegidos directamente. En las tres Islas el sistema de gobierno y el método de elección obedecen al deseo de las poblaciones respectivas.

Párrafo 2

3.No existen factores ni obstáculos que impidan a las personas enajenar libremente su patrimonio y recursos propios a lo largo de su vida. Se aplican determinadas restricciones a las enajenaciones tras el fallecimiento con objeto de proteger los derechos del cónyuge supérstite y los hijos. En abril de 2003 los Estados de Guernsey crearon un comité para llevar a cabo una revisión exhaustiva del derecho de sucesiones de las Islas. La revisión abarca, entre otras cosas, a) la ilegitimidad y la sucesión abintestato, y b) los herederos indeterminados de bienes inmuebles. De acuerdo con esa revisión, en septiembre de 2006 los Estados de Deliberación examinarán la Ley de reforma de la Ley de sucesiones y disposiciones varias (Guernsey) de 2006. En el informe anterior se indicó que en la Isla de Sark los bienes raíces se transmitían al hijo mayor. En virtud de la Ley de herencia de bienes inmuebles (Sark) de 1999, se derogaron todas las normas jurídicas y costumbres en las que se daba la prioridad a los hombres respecto de las mujeres a efectos de la herencia de bienes raíces.

Párrafo 3

4.Tanto el Reino Unido como los habitantes de la Bailía reconocen que tienen derecho a ser totalmente independientes o a conservar su condición autónoma como dependencia de la Corona.

Artículo 2

Aplicación del Pacto

5.En relación con el párrafo 1 (no discriminación), las asambleas legislativas de la Bailía han promulgado la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004, que les autoriza a tomar medidas para prevenir la discriminación mediante la legislación secundaria.

En cuanto al párrafo 2, la Ley de derechos humanos (Bailía de Guernsey) de 2000, que entró en vigor el 1º de septiembre de  2006, hace efectivo en el plano interno el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Si bien ello no guarda una relación directa con el Pacto, pone de manifiesto la voluntad de respetar los principios del mismo y muchos de los derechos enunciados en la Ley corresponden a los consagrados en él.

Artículo 3

Igualdad entre hombres y mujeres

6.Los Estados de Guernsey siguen dispuestos a adoptar medidas apropiadas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todas las esferas. En septiembre de 2003 los Estados resolvieron lo siguiente:

1.promulgar legislación para declarar la ilicitud de la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y la diversidad;

2.acordar que, una vez que se establezca la nueva legislación:

a)se someta a examen una legislación subordinada relativa a la discriminación basada en el sexo;

b)se pida al Gobierno del Reino Unido que haga extensiva a Guernsey su ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

7.La legislación a que se hace referencia en el apartado 1 del párrafo anterior es la Ley de prevención de la discriminación (disposiciones habilitantes) (Bailía de Guernsey) de 2004, que entró en vigor el 6 de septiembre de 2005. La legislación subordinada relativa a la discriminación en el empleo por motivos de sexo se promulgó mediante la Ordenanza sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo (Guernsey) de 2006.

8.En el cuadro que figura en el Apéndice 2 se indica el aumento de la actividad económica de la mujer en Guernsey desde 1971.

9.El 19,1% de los miembros de los Estados de Guernsey son mujeres. Los porcentajes comparativos correspondientes a los Estados de Alderney y el Chief Pleas (Parlamento) de Sark son del 30% y del 37%, respectivamente. De los 121 abogados que integran el Tribunal Real, 34 (el 28%) son mujeres.

10.Un total de 2.164 niños y 2.013 niñas cursan la enseñanza primaria en escuelas públicas y en el sector privado esas cifras son de 232 y 272, respectivamente. Cursan estudios secundarios en establecimientos públicos 1.693 muchachos y 1.505 muchachas, mientras que en los centros privados esas cifras son de 420 y 625, respectivamente.

11.En la facultad de enseñanza superior de Guernsey estudian a tiempo completo 129 hombres y 172 mujeres; 406 hombres y 490 mujeres cursan estudios superiores fuera de la isla.

Artículo 4

Suspensiones

12.En marzo de 2005 los Estados crearon un Organismo de facultades en caso de emergencia, entidad integrada por el Primer Ministro y otros dos ministros que, en caso de declararse una situación excepcional, podría tomar las medidas necesarias y oportunas para preservar y mantener los suministros y servicios esenciales para la vida, proteger los intereses económicos de la Bailía, el bienestar y la seguridad de la comunidad, salvaguardar la salud pública, mantener la seguridad y el orden público y permitir la realización de todos los actos ejecutivos y administrativos del gobierno.

Artículo 5

Interpretación

13.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 6

Derecho a la vida

14.Durante el período quinquenal comprendido entre 1999 y 2003 el promedio de la tasa de mortalidad infantil fue de 4,5 defunciones por 1.000 nacidos vivos. Doce de los 525 fallecimientos acaecidos en Guernsey en 2005 obedecieron a causas violentas o accidentales, entre ellas el suicidio. En 2005 se produjeron ocho muertes en Sark, una de ellas como consecuencia de un accidente. El último caso de asesinato en la Bailía tuvo lugar en enero de 2006.

A petición de las asambleas legislativas de las islas, en abril de 2004 se amplió a la Bailía la ratificación del Reino Unido del Protocolo No. 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En virtud del Protocolo, se suprime la pena de muerte incluso en época de guerra.

Artículo 7

Prohibición de la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes

15.Las autoridades insulares están examinando actualmente el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 8

Prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso

16.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 9

Derecho a la libertad y a la seguridad personales

17.Los lugares de detención de Guernsey son los siguientes:

a)la cárcel (que se abrió en 1989);

b)los calabozos de la comisaría (que se abrieron en 1993);

c)los calabozos de la aduana para breves períodos (48 horas);

d)el centro para la estancia breve de adolescentes necesitados de atención;

e)el hospital psiquiátrico.

Los Servicios Públicos de Salud Mental proporcionan tratamiento para una amplia gama de problemas psiquiátricos y de conducta, aplicando una política de puertas abiertas. Si bien la inmensa mayoría de las personas acuden en busca de tratamiento de modo informal, se puede internar por la fuerza a un número reducido de pacientes que se consideran un peligro para sí mismos y para los demás en virtud de la Ley de tratamiento psiquiátrico (Guernsey) de 1939 (modificada). En 2005 se produjeron 63 internamientos obligatorios en el hospital psiquiátrico público, 25 de ellos durante períodos superiores a siete días.

Sólo se puede internar a los menores en establecimientos seguros cuando se cumplan determinados criterios.

Las estadísticas correspondientes a 2005 se presentan a continuación.

	Cárcel	Policía	Aduanas
Fallecimientos durante la detención	1	0	0
Quejas contra los agentes	3	64	4
a)	Confirmadas	0	22	1
b)	Desestimadas	0	34	3
c)	Resueltas oficiosamente	0	8	0
d)	Otros	3*	0	0
e)	Desestimadas – Sark		1
Registros completos al desnudo		22	86
Registros íntimos		0	0
Población penitenciaria máxima - Guernsey	126
Población penitenciaria mínima - Guernsey	89
Población penitenciaria máxima - Sark	1
Población penitenciaria mínima - Sark	0

*Una queja fue retirada;Dos funcionarios encargados de las quejas dimitieron antes de que concluyera la investigación

En la Ley de facultades policiales y pruebas penales (Bailía de Guernsey) de 2003 se regulan exhaustivamente las facultades de los agentes de policía y funcionarios de aduanas para interpelar y registrar a sospechosos, entrar en viviendas y registrarlas y arrestar y detener a personas, y se consolidan las normas relativas al interrogatorio y el tratamiento de las personas y a la presentación y admisibilidad de pruebas penales. Los códigos de práctica correspondientes tratan de la interpelación y el registro, la detención, el tratamiento y el interrogatorio de las personas, los registros en locales, la identificación de sospechosos y la grabación de las entrevistas.

Artículo 10

Tratamiento de los detenidos

18.La Ley de libertad bajo fianza (Bailía de Guernsey) de 2003 regula expresamente el derecho a la libertad bajo fianza y establece las normas que rigen la concesión de esa libertad en los procesos penales. Por lo demás, no hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 11

Prohibición de ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual

19.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 12

Derecho de libre circulación

20.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 13

Expulsión de extranjeros

21.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 14

Igualdad ante los tribunales

22.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 15

Sanción retroactiva

23.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 16

Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica

24.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 17

Derecho a la vida privada

25.La Ley de regulación de las facultades de investigación (Bailía de Guernsey) de 2003 establece un sistema legal completo en lo que atañe a la interceptación de las comunicaciones, la obtención y divulgación de datos sobre comunicaciones, la vigilancia y las investigaciones secretas, la investigación de datos codificados y el estudio de las facultades de investigación por un comisionado independiente. Los códigos elaborados en virtud de la Ley tratan de aspectos específicos, como la interceptación por los servicios postales y la vigilancia secreta.

La Ley de rehabilitación de delincuentes (Bailía de Guernsey) de 2002 dispone que las condenas penales se extinguirán y, por tanto, no tendrán que ser reveladas (por ejemplo) por las personas que buscan empleo. Se prevén algunas excepciones para determinados tipos de empleo (por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan con niños), las cuales figuran en la Ley de rehabilitación de delincuentes (Bailía de Guernsey) de 2002 y la Ordenanza (entrada en vigor, exclusiones y excepciones) de 2006.

Artículo 18

Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

26.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 19

Derecho a la libertad de opinión y de expresión

27.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 20

Prohibición de la propaganda en favor de la guerra

28.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 21

Derecho de reunión pacífica

29.No hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 22

Derecho a la libertad de asociación

30.Siguen vigentes los comentarios formulados en el primer informe. Si bien en la Bailía no hay partidos políticos, nada impide su creación si así se desea.

Artículo 23

Derecho a la familia y al matrimonio

31.La Ley (Enmienda) de causas matrimoniales (Guernsey) de 2003 autoriza a la Sala de Causas Matrimoniales del Tribunal Real a dictar resoluciones de ocupación temporal con respecto al domicilio conyugal. Prevé igualmente el embargo del sueldo para cumplir las sentencias que ordenan el pago de pensión de alimentos a ex mujer e hijos. Aparte de ello, no hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 24

Derechos del niño

32.Los Estados de Deliberación han decidido reemplazar en su totalidad la legislación relativa a la atención y protección de los niños y jóvenes, comprendida la manera de colocar a los menores vulnerables bajo la custodia de las autoridades locales y el trato que han de dispensar los tribunales a los delincuentes juveniles. Se ha previsto promulgar esa legislación a principios de 2007. Por lo demás, no hay nada que añadir a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 25

Participación en la vida pública

33.Actualmente se está pasando revista a la composición del parlamento de Sark, denominado Chief Pleas, y es probable que a raíz de ello todos o al menos la mayoría de sus miembros sean designados mediante elección directa.

Artículo 26

Igualdad ante la ley

34.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Artículo 27

Derechos de las minorías

35.No hay nada que agregar a los comentarios formulados en los informes anteriores.

Apéndice 1 del informe de la Bailía de Guernsey

Documento de base que forma parte integrante de los informes de los Estados Partes

Bailía de Guernsey

I. territorio y población

1.Las Islas Anglonormandas son un grupo de islas, islotes y rocas situadas en el Canal de la Mancha, dentro del Golfo de Saint Malo, frente a la costa noroccidental de Francia. Aunque las Islas forman parte de las Islas Británicas, no integran el Reino Unido. Están divididas en las Bailías de Guernsey y Jersey. La Bailía de Jersey comprende la isla mayor y más meridional del archipiélago y dos pequeños arrecifes de islotes y rocas conocidos como Ecrehous y Minquiers, respectivamente.

2.La Bailía de Guernsey (denominada en adelante “la Bailía”), que es el objeto de la presente reseña, comprende las islas de Guernsey (con inclusión de Herm, Jethou y Lihou), Alderney y Sark (con inclusión de Brecqhou), junto con sus islotes y rocas. Las islas habitadas son las siguientes:

Población Superficie

(millascuadradas)

Guernsey (con inclusión de Herm, Jethou y Lihou) (2004)60.38224,50Alderney (2001) 2.294 3,07Sark (con inclusión de Brecqhou) (2001) 591 2,11Toda la Bailía63.26729,68

En cuanto a la distribución de la población por sexo, hay 100 mujeres por cada 98 hombres.

Población menor de 15 años: 15,7%

Población mayor de 65 años:15,5%

Población residente en zonas urbanas: 27,6%

En el censo de 2001 se analizó la población por lugar de nacimiento, a saber:

Bailía de Guernsey38.485Jersey 403Reino Unido16.400República de Irlanda 391Portugal 1.116Otros países de la UE 944Otros países de Europa 411Otros países 1.484

59.807

No existen estadísticas censales sobre las creencias religiosas. La religión predominante es el cristianismo y hay un número relativamente reducido de fieles del Islam, el judaísmo y otras religiones.

3.Las Islas son dependencias de la Corona (sin ser parte del Reino Unido ni colonias) y gozan de plena independencia, exceptuando las relaciones internacionales y la defensa, que son responsabilidad del Gobierno del Reino Unido. Guernsey, Alderney y Sark se gobiernan, cada una, por una Asamblea Legislativa elegida y propia, pero la administración de rutina está a cargo de diversos ministerios y comités formados principalmente por miembros elegidos de las Asambleas. Los ministerios y comités se ocupan de funciones específicas y cuentan con el apoyo de una administración pública eficiente, capacitada y dedicada.

4.La información estadística básica referente a Guernsey, de acuerdo con las cifras más actualizadas de que se dispone, es la que sigue:

Producto interno bruto (PIB)	1.508 millones de libras (estimación de 2004)
PIB per cápita	24.538 libras (estimación de 2004)
Producto nacional bruto	1.568 millones de libras (estimación de 2004)
Tasa de inflación	3,4% (junio de 2006)
Superávit público	9,223 millones de libras (2004)
Deuda externa	Nula
Tasa de desempleo	0,59% (marzo de 2006)
Tasa de alfabetización	No se dispone de datos; se supone que se aproxima al 100%
Porcentaje de la población que habla su lengua materna	No se dispone de datos; se supone que se aproxima al 100%
Esperanza de vida	Hombres77,5 añosMujeres82,1 años
Tasa de mortalidad infantil	4,5 por 1.000 nacimientos (media en 1999-2003)
Tasa de mortalidad derivada de la maternidad	Ningún caso en más de 20 años
Tasa de fecundidad	1,54 (2001)
Porcentaje de la población	Varones menores de 15 años	8,8%
	Mujeres menores de 15 años	8,4%
	Varones mayores de 65 años	6,6%
	Mujeres mayores de 65 años(censo de 2001)	9,1%

II. ESTRUCTURA POLÍTICA GENERAL

A. Sistema de gobierno

5.El sistema de gobierno de la Bailía evolucionó durante un largo período desde sus orígenes que se remontan a una gran antigüedad. Se basa no obstante en el principio democrático, y la autoridad de las Asambleas Legislativas de Guernsey, Alderney y Sark se reconoce sin cuestionamiento en cada Isla respectiva. El sistema de gobierno corresponde al carácter conservador y al sentido cívico de la comunidad de la Bailía.

La Corona y la Bailía

6.La Corona británica es responsable en última instancia del buen gobierno de la Bailía. Ejerce sus prerrogativas a través del Consejo Privado por recomendación de los Ministros del Gobierno del Reino Unido en su calidad de Consejeros Privados. Ahora bien, la Corona es plenamente consciente del derecho de libre determinación de la población de la Bailía y es poco probable que trate de ejercer ningún poder teórico para legislar en última instancia sin el consentimiento de las autoridades de ésta. El Secretario de Estado para Asuntos Constitucionales del Reino Unido es el miembro del Consejo Privado responsable en primera instancia de los asuntos de la Bailía y por su conducto se establece la comunicación entre la Bailía, la Corona y el Gobierno del Reino Unido. El Secretario de Estado se encarga de remitir las leyes de la Bailía al Consejo Privado (tras consultar a los demás ministros competentes del Gobierno) para que reciban la sanción real.

La Bailía y el Parlamento

7.La Bailía no está representada en el Parlamento del Reino Unido, y las leyes dictadas por el Parlamento no se le aplican automáticamente. Sin embargo, en las raras ocasiones en que se considera necesario que las leyes del Reino Unido se apliquen en la Bailía, se celebran consultas entre el Gobierno del Reino Unido y las autoridades de la Bailía no sólo acerca del contenido y la finalidad de las leyes, sino también sobre el método conveniente para su aplicación en la Bailía.

Relación constitucional con el Reino Unido

8.La relación constitucional y económica entre el Reino Unido y la Bailía fue examinada por una Comisión Real designada en 1969. Ésta aceptó el principio de que el Parlamento del Reino Unido no legisla sobre asuntos internos de la Bailía sin el consentimiento de sus autoridades, pero llegó sin embargo a la conclusión de que el Reino Unido debía disponer de facultades en última instancia para intervenir en cualquier asunto de la Bailía, incluida la facultad de legislar, mientras conservara la responsabilidad de las relaciones exteriores de la Bailía y de su buen gobierno.

9.La expresión "buen gobierno" significa, según la definición que Lord Bach formuló en la Cámara de los Lores el 3 de mayo de 2000, que "en caso de grave trastorno o de crisis de la administración de justicia o del orden público, podría recurrirse a la prerrogativa residual de la Corona para intervenir en los asuntos internos de las Islas Anglonormandas y la Isla de Man". No obstante, esos comentarios reflejan el buen criterio que se atribuye a la Comisión Real de 1969. Como se ha dicho en el párrafo 6 anterior, actualmente se estima que la relación constitucional ha evolucionado y toda facultad residual para legislar en última instancia sin el consentimiento de las autoridades de la Bailía es apenas teórica.

Relación constitucional con la Unión Europea

10.La situación de la Bailía se volvió a examinar cuando el Gobierno del Reino Unido presentó su solicitud de adhesión a la Comunidad Económica Europea en 1971. El acuerdo que se negoció otorgó a las Islas Anglonormandas, de las que forma parte integrante la Bailía, una relación especial con la Comunidad Europea en virtud del Protocolo 3 del Tratado de Adhesión. Con arreglo al Protocolo, las Islas de la Bailía se encuentran dentro de la zona aduanera común y se benefician del arancel externo común de la Comunidad Europea, y también deben respetar (y se benefician de) los artículos 28 a 31 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en los que se prohíben las restricciones cuantitativas a la importación y la exportación. De conformidad con el Reglamento 706/73, están vinculadas igualmente por determinadas normas para la protección de la competencia en el comercio de productos agrícolas, pero únicamente en la medida en que las islas se dediquen a la importación y exportación de esos productos. Sin embargo, las demás cláusulas de los tratados comunitarios no se aplican a las Islas Anglonormandas y, por lo tanto, a todos los efectos distintos de las medidas aduaneras y las restricciones cuantitativas a la importación y la exportación, son en realidad "terceros países". La entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea el 1º de noviembre de 1993 y del Tratado de Amsterdam el 2 de octubre de 1997 no modificó la situación constitucional consagrada por el Protocolo 3 del Tratado de Adhesión.

11.El Protocolo 3 garantizó y formalizó la relación constitucional de la Bailía con el Reino Unido en el marco de la Comunidad Económica Europea. Esa situación no puede modificarse a menos que se enmiende el Protocolo, lo cual exige el acuerdo unánime de todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como el consentimiento de la población de las Islas Anglonormandas.

Cargos dependientes de la Corona de Inglaterra

12.Los cargos que dependen de la Corona, en la Bailía o en Guernsey, son los de Lugarteniente de Gobernador (Lieutenant-Governor), Baile (Bailiff), Baile Adjunto (Deputy Bailiff), Fiscal General (Attorney General), Contralor (Comptroller, Solicitor-General), Actuario (Greffier), Recaudador General (Receiver General), Sheriff y Sargento.

13.El Lugarteniente de Gobernador es el representante personal de la Reina en la Bailía y el intermediario oficial entre la Corona y las autoridades de la Bailía. Es el Comandante Jefe de la Bailía, aunque sólo está llamado a ejercer esas funciones en épocas de hostilidades.

14.El Baile es el jefe del poder judicial y el alto dignatario sin afiliación política encargado de presidir el parlamento de la Isla. Tradicionalmente es el defensor y protector de las inmunidades y privilegios de la Isla. Además, junto con el Lugarteniente de Gobernador, establece la comunicación entre el Gobierno de Guernsey y la Corona. Cuenta en el desempeño de sus funciones con la colaboración del Baile Adjunto.

15.El Fiscal General y el Contralor son los asesores jurídicos de la Corona y de las tres Asambleas Legislativas de Guernsey, Alderney y Sark. El Fiscal General, y en menor medida el Contralor, también tienen a su cargo el procedimiento penal y la redacción de leyes. A ambos les está prohibido el ejercicio privado de la profesión. Actúan independientemente del Gobierno.

16.El Actuario es, en Guernsey, un funcionario al servicio simultáneo del poder legislativo y del poder judicial. Actúa igualmente como funcionario encargado del registro civil en Guernsey y Sark.

17.El Recaudador General se ocupa de la percepción y contabilidad de los tributos que han de abonarse a la Corona y, en general, de sus ingresos y propiedades en toda la Bailía. Actúa bajo la dirección de los responsables del Tesoro de Su Majestad.

18.El Sheriff y el Sargento son, en Guernsey, funcionarios auxiliares de los poderes legislativo y judicial. El primero tiene a su cargo la ejecución de las sentencias y las penas impuestas por los tribunales y el mantenimiento del orden en las instancias judiciales y en la Asamblea Legislativa de la Isla. El Sargento se encarga de la notificación de las citaciones y otros actos judiciales en Guernsey, asume la representación judicial de las personas ausentes de la Isla y desempeña las demás funciones que le asignan los tribunales y la Asamblea Legislativa.

Facultades de las Asambleas Legislativas respectivas

19.El Gobierno de la Bailía corre a cargo de tres jurisdicciones distintas. Guernsey, Herm y Jethou son administrados por los Estados de Guernsey (que deben distinguirse de los Estados de Deliberación, que es su asamblea legislativa); Alderney, por los Estados de Alderney; y Sark y Brecqhou, por el Chief Pleas (parlamento) de Sark. No obstante, los Estados de Guernsey asumen la responsabilidad financiera y administrativa de ciertos servicios públicos de Alderney y aplican en esa Isla las contribuciones, derechos e impuestos de Guernsey (que se agregan a los ingresos generales de Guernsey), así como las leyes relativas a los servicios dependientes de Guernsey. Guernsey se ocupa de los aeropuertos, la inmigración, la policía, los servicios sociales, la salud, la educación, la atención del niño y las adopciones en Alderney.

20.Las Asambleas Legislativas se encargan de proponer la legislación interna y los Estados de Deliberación (la asamblea de Guernsey) están facultados para promulgar legislación penal en toda la Bailía y, en Alderney, legislación relacionada con los servicios reservados que se mencionan en el párrafo 19 supra. Por lo demás, los respectivos gobiernos determinan los niveles de los gastos y los impuestos, formulan la política fiscal y económica y, en general, velan por el buen gobierno. Cada Asamblea Legislativa goza de total independencia respecto del Parlamento del Reino Unido, tanto para legislar como para recaudar impuestos, a reserva únicamente de la responsabilidad suprema de la Corona Británica de velar por el buen gobierno de la Bailía (a este respecto, véanse los comentarios formulados en los párrafos 6, 8 y 9 supra).

Composición de cada Asamblea Legislativa

Guernsey

21.Los Estados de Guernsey están constituidos con arreglo a la Ley de Reforma (Guernsey) de 1948, en su forma modificada, y constan de dos órganos: los Estados de Deliberación y los Estados de Elección. La única función de los Estados de Elección consiste en actuar como colegio electoral de los Jurats (magistrados), cargo desconocido en el Reino Unido que se asemeja al de un jurado permanente.

22.Los Estados de Deliberación son la Asamblea Legislativa de Guernsey y sus facultades y poderes dimanan del common law y de la Ley de Reforma (Guernsey) de 1948, en su forma modificada. Están integrados por el Baile como Presidente ex officio; 45 diputados populares, dos representantes de los Estados de Alderney, y los dos Magistrados de la Corona (el Fiscal General y el Contralor de Su Majestad) que tienen voz pero no voto.

23.Los diputados populares son elegidos por sufragio universal de los adultos. Los Estados de Deliberación (denominados en adelante “los Estados”) ejercen su mandato durante un período de cuatro años, tras el cual se celebran elecciones generales. Los Estados desempeñan funciones ejecutivas y administrativas a través de diez ministerios que responden de sus actos ante los Estados y en los Estados. Los ministerios son creados en virtud de una resolución de los Estados que les confiere un mandato específico o mediante leyes que les asignan funciones y responsabilidades legales. Los diez ministerios se ocupan de los siguientes asuntos:

hacienda;

comercio y empleo;

cultura y ocio;

educación;

medio ambiente;

salud y servicios sociales;

asuntos internos;

vivienda;

servicios públicos;

seguridad social.

Además de los diez ministerios, existen varios comités que ejercen funciones distintas de las ejecutivas, como el escrutinio, el examen de los proyectos de ley y el funcionamiento de la asamblea legislativa.

24.Los Estados fueron creando a lo largo del tiempo una administración pública permanente bajo la autoridad y el control directos de los Ministerios de los Estados. Por lo tanto, en Guernsey la administración pública depende de los Estados y no de la Corona, como en el Reino Unido.

25.Los Estados se reúnen mensualmente para examinar las propuestas que les sometan los ministerios y comités. Esas propuestas se refieren, por ejemplo, a la política económica y fiscal, la presentación y aprobación de proyectos de ley, así como diversas partidas de gastos. Sin embargo, las decisiones que adoptan los Estados no son vinculantes para los Estados futuros y, como en Guernsey no existe ninguna instancia equivalente al consejo de ministros, ningún ministerio ni comité de los Estados puede obligar a éstos a adoptar ninguna medida concreta por importante que pueda ser. En Guernsey no hay una política de partidos, por lo que el proceso legislativo requiere un elevado nivel de consenso por parte de los miembros independientes de los Estados para que pueda aprobarse una medida propuesta.

26.El Consejo de Política está formado por el Primer Ministro, cargo elegido, y los ministros de los diez ministerios y se encarga de examinar todas las propuestas e informes que han de someterse a los Estados para su deliberación. Los ministerios y comités, órganos elegidos de los Estados, reciben el apoyo de una administración pública profesional integrada por unos 1.800 funcionarios. Cada ministerio y comité de los Estados cuenta con un funcionario jefe. El jefe ejecutivo de los Estados es jefe de la administración pública de Guernsey y funcionario jefe del Consejo de Política. Asimismo, los ministerios emplean directamente a unas 3.000 personas que no son funcionarios públicos, entre los que se incluye a trabajadores manuales (1.300), enfermeros (760), maestros (550), agentes de policía (150) y funcionarios de aduanas (70).

Alderney

27.Los Estados de Alderney son la asamblea legislativa de Alderney, y sus facultades y poderes dimanan de la Ley del Gobierno de Alderney de 2004. Los Estados están integrados por el Presidente de Alderney, jefe cívico y representante de la Isla, que es elegido por sufragio universal y ocupa su cargo durante cuatro años, y 10 miembros elegidos igualmente por sufragio universal de los adultos por un período de cuatro años. Con excepción de los servicios dependientes de Guernsey, desde el punto legislativo y administrativo, las demás funciones de gobierno de Alderney son administradas por comités de los Estados. El sistema de gobierno de Alderney se asemeja mucho al de Guernsey, y cuenta con el apoyo de un reducido cuerpo de funcionarios. No obstante, los Estados de Deliberación pueden legislar para Alderney en cualquier asunto con el consentimiento de los Estados de Alderney, y en materia penal y en relación con los servicios reservados a que se hace referencia en el párrafo 19 supra, sin necesidad de ese consentimiento. En consideración a las responsabilidades que Guernsey ejerce respecto de esos servicios reservados de Alderney, ésta es representada por dos miembros en los Estados de Deliberación.

Sark

28. Las facultades y poderes de la asamblea legislativa de Sark ( Chief Pleas ) tienen su origen en la Ley de Reforma (Sark) de 1951. Si bien se está pasando revista a la composición del Chief Pleas , actualmente forman parte de ese órgano:

i)el Señor (Seigneur) de Sark;

ii)el Senescal;

iii)los 40 "moradores" (tenants) de Sark, que conjuntamente con el Señor y algunos propietarios de dominio absoluto son los propietarios exclusivos de todas las tierras en Sark; y

iv)doce diputados elegidos por sufragio universal de los adultos por un período de tres años.

29.El Señor de Sark es el jefe cívico y representante de la Isla. Su cargo es hereditario. El Senescal, en cambio, es presidente ex officio de la asamblea legislativa y es designado por el Señor con la aprobación del Lugarteniente de Gobernador de la Bailía.

30.Generalmente la asamblea legislativa de Sark se reúne cuatro veces por año, mediante un sistema de comités, y ejerce las funciones de gobierno de forma muy semejante a la de los Estados de Guernsey y de Alderney. Al igual que en caso de Alderney, los Estados de Deliberación pueden legislar respecto de Sark en asuntos penales sin el consentimiento de la asamblea legislativa de Sark, pero en cualquier otra materia pueden hacerlo únicamente con su acuerdo.

Sesiones de preguntas

31.Como los Estados de Guernsey dedican su tiempo principalmente a los asuntos públicos cuando se reúnen mensualmente, la práctica de las sesiones de preguntas constituye el mejor modo de obtener informaciones (a las que los miembros podrían no tener acceso de otro modo) sobre los propósitos o las prácticas de los ministerios y comités de los Estados. El Reglamento autoriza a todo miembro de los Estados, previa notificación, a plantear preguntas a las que el Ministro o el Presidente del comité respectivo responderá oralmente antes de iniciarse los trabajos del orden del día de la sesión de los Estados. También pueden atenderse las preguntas por escrito, y las respuestas escritas se distribuyen a todos los miembros de los Estados y a los medios de comunicación.

B. Sistema judicial

32.El poder judicial de la Bailía es totalmente independiente del Gobierno y no está sometido a la dirección ni el control de los Estados de Guernsey, los Estados de Alderney ni el Chief Pleas de Sark. El Baile de Guernsey preside tanto el Tribunal Real como el Tribunal de Apelación. Es único juez de derecho en el Tribunal Real.

33.El Fiscal General de Su Majestad y el Contralor de Su Majestad son los principales asesores de la Bailía en lo que respecta al derecho local y representan a la Corona en todos los procedimientos penales. El primero de ellos, y en menor medida el segundo, se encargan de la aplicación del derecho penal y de la realización de los procedimientos penales entablados por los Magistrados de la Corona y en su nombre. Guernsey tiene su propia policía, que se encuentra bajo la dirección general del Ministerio del Interior de los Estados de Guernsey y se inspira en el modelo de la policía del Reino Unido. A veces se pide a la policía de Guernsey que preste asistencia en materia de seguridad pública en las Islas menores de Alderney y Sark. La policía está sujeta a la inspección periódica del Inspector de Policía de Su Majestad.

34.La administración de todos los tribunales de Guernsey compete al Baile, mientras que en Alderney incumbe al Presidente del Tribunal de Alderney y en Sark, al Senescal.

Tribunales

35.El sistema judicial de Guernsey está integrado por tres instancias, a saber: el Tribunal de Apelación, el Tribunal Real y el Tribunal de Magistrados. Existe además un Tribunal Eclesiástico de gran antigüedad, que se ocupa tanto de los asuntos eclesiásticos como de los asuntos testamentarios no contenciosos. En Alderney hay el Tribunal de Alderney; y en Sark, el Tribunal del Senescal. Al igual que el Tribunal Real de Guernsey, esos tribunales poseen una jurisdicción ilimitada en los asuntos civiles.

El Tribunal de Apelación

36.El Tribunal de Apelación de Guernsey fue constituido en virtud de la Ley del Tribunal de Apelación (Guernsey) de 1961, y tiene jurisdicción civil y penal conforme a las disposiciones de dicha Ley. Según la jurisdicción que esté ejerciendo, puede designarse añadiendo a su denominación las palabras "División Civil" o "División Penal".

37.El Baile es juez ex officio del Tribunal de Apelación y Presidente del mismo. No puede ser miembro del Tribunal de Apelación en casos en los que fue presidente de los tribunales inferiores. Los demás jueces (denominados jueces ordinarios) son designados por la Corona, y entre ellos suelen figurar eminentes juristas miembros del Colegio de abogados que ejercen en Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte, así como en la Bailía de Jersey. El Tribunal de Apelación está debidamente constituido si consta de un número impar de jueces no inferior a tres.

38.En materia civil, se pueden recurrir ante el Tribunal de Apelación las decisiones del Tribunal Real cuando éste ha actuado como tribunal ordinario y las decisiones de la Sala de Causas Matrimoniales del Tribunal Real; sin perjuicio de las excepciones específicas estipuladas en la Ley del Tribunal de Apelación (Guernsey) de 1961.

39.En materia penal, el condenado en juicio con jurado o en procedimiento sumario por el Tribunal Real constituido como tribunal plenario podrá recurrir su condena ante el Tribunal de Apelación exclusivamente sobre una cuestión de derecho; o, en determinados casos, únicamente sobre una cuestión de hecho, o sobre una cuestión de hecho y de derecho; o por cualquier otro motivo que el Tribunal de Apelación estime suficiente; y, con autorización del Tribunal de Apelación, la persona declarada culpable podrá interponer un recurso de apelación contra la pena impuesta tras un veredicto de culpabilidad, a menos que la sentencia sea una pena prevista en la ley. En virtud de la Ley del Tribunal de Magistrados (Apelaciones penales) (Guernsey) de 1988, los fallos dictados por el Tribunal Real en casos penales (en recurso de apelación del Tribunal de Magistrados) podrán recurrirse ante el Tribunal de Apelación sobre cuestiones de derecho.

40.En materia civil, las sentencias del Tribunal de Apelación sólo se podrán recurrir ante el Su Majestad en Consejo previa autorización de éste o del Tribunal de Apelación cuando la cuantía en litigio sea inferior a 500 libras. Si es admisible, el recurso es examinado por el Comité Judicial del Consejo Privado, que es la más alta instancia de apelación de la Bailía.

41.En materia penal, se pueden recurrir ante el Su Majestad en Consejo las sentencias del Tribunal de Apelación, y ninguna disposición de la Ley del Tribunal de Apelación (Guernsey) de 1961 afecta al derecho de gracia que es la prerrogativa de la Corona.

El Tribunal Real

42.El Tribunal Real es competente en materia civil y penal en Guernsey. Sesiona en calidad de:

i)Tribunal del Chief Pleas;

ii)Tribunal Plenario;

iii)Tribunal Ordinario; o

iv)Tribunal de Causas Matrimoniales.

43.El Tribunal Real es presidido por el Baile o el Baile Adjunto y está formado por uno u otro y 12 Jurats (magistrados). El Baile o el Baile Adjunto son los únicos jueces de derecho en el Tribunal Real y, en consecuencia, son juristas profesionales. El cargo de Jurat es muy antiguo y no tiene equivalente en el Reino Unido. Se asemeja a un jurado permanente.

44.El Tribunal Real, cuando sesiona en calidad de Tribunal del Chief Pleas, está integrado por el Baile o el Baile Adjunto y un mínimo de siete Jurats. Este Tribunal se reúne tres veces por año cuando los "Señores de los Feudos", que deben homenaje directo a la Corona, los abogados y los condestables de los diez distritos deben comparecer y responder personalmente al darse lectura a la lista de esos altos dignatarios. El Tribunal también recibe y examina ciertos informes que le presentan las autoridades competentes en virtud de una obligación legal, por ejemplo, sobre el estado de los cursos de agua de la Isla, o que se le someten a petición especial del Tribunal, por ejemplo, acerca de los locales para uso público sometidos a autorización. Sin embargo, las sesiones del Chief Pleas han cobrado una gran solemnidad y actualmente se prescinde de dos de las sesiones anuales (a menos que el Baile las convoque expresamente).

45.El Tribunal Real, cuando sesiona en calidad de Tribunal Plenario, está integrado por el Baile o el Baile Adjunto y un mínimo de siete Jurats. El Tribunal Plenario no tiene jurisdicción en primera instancia en materia civil, pero se ocupa de determinados recursos legales contra las decisiones de los ministerios y comités de los Estados.

El Tribunal Plenario tiene jurisdicción en primera instancia en materia penal:

a)respecto de todos los delitos graves o muy graves cometidos en cualquier lugar de la Bailía;

b)cuando el Tribunal de Magistrados de Guernsey estima que un delito rebasa su esfera de competencia o que la pena adecuada excedería de la que puede imponer;

c)cuando el Tribunal Ordinario opina lo mismo respecto de un delito que le ha sido remitido por el Tribunal de Alderney o de Sark;

d)cuando una persona acusada de un delito punible con una pena de prisión superior a tres meses (distinta de la agresión) opta por ser juzgada por el Tribunal Plenario.

46.El Tribunal Real, cuando sesiona en calidad de Tribunal Plenario, también tiene jurisdicción de apelación en materia penal. Se puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Plenario contra un veredicto de culpabilidad o una pena pronunciada por el Tribunal de Magistrados o el Tribunal Ordinario, salvo en los casos en que la apelación esté expresamente prohibida por la ley. La acusación también puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Plenario contra la absolución de cualquier persona por el Tribunal de Magistrados o el Tribunal Ordinario. Salvo en el caso de las absoluciones, todas las sentencias dictadas en procedimientos penales por el Tribunal de Alderney y el Tribunal del Senescal de Sark se pueden recurrir ante el Tribunal Plenario.

47.El Tribunal Real, cuando sesiona en calidad de Tribunal Ordinario, está formado por el Baile o el Baile Adjunto o un Lugarteniente de Baile, y un mínimo de dos Jurats. El Tribunal Ordinario tiene jurisdicción en primera instancia en todos los juicios civiles entablados en Guernsey, incluidos los resultantes de un Clameur de Haro (véase el párrafo 60 infra), y se ocupa de diversas cuestiones no contenciosas, que comprenden la transmisión de bienes inmuebles (cuando se reúne en calidad de tribunal de asuntos relacionados con la transmisión de la propiedad), el registro de testamentos relativos a bienes inmuebles, las patentes, los dibujos y modelos industriales y las marcas de fábrica o de comercio, los estatutos y reglamentos de las sociedades de responsabilidad limitada y el nombramiento de tutores encargados de la persona y el patrimonio de los menores, incapaces y pródigos.

48.Los fallos dictados por el Tribunal de Magistrados en la mayoría de los asuntos civiles se pueden recurrir ante el Tribunal Ordinario. Además, pueden recurrirse ante el Tribunal Ordinario las sentencias dictadas por el Tribunal de Alderney y el Tribunal del Senescal de Sark en materia civil. A pesar de que el Tribunal Ordinario carece de jurisdicción de apelación en los casos penales, tiene cierta jurisdicción en primera instancia en materia penal respecto de Alderney y Sark cuando se considera que determinado delito, o la pena correspondiente, rebasa la competencia del Tribunal de Alderney o del Tribunal del Senescal de Sark.

49.La Sala de Causas Matrimoniales del Tribunal Real fue creada en virtud de la Ley de Causas Matrimoniales (Guernsey) de 1939, y está integrada por el Baile o el Baile Adjunto y cuatro Jurats, o por el Baile o el Baile Adjunto reunido solo. El Tribunal Real también puede nombrar Comisionado del Tribunal Real a una persona que tenga un mínimo de diez años de ejercicio en el colegio de abogados de Guernsey, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte o Jersey y autorizarla para que ejerza a la vez las funciones y la jurisdicción del Tribunal y de la Sala de Causas Matrimoniales.

50.A reserva de ciertas excepciones, el Tribunal tiene competencia para examinar en primera instancia todos los juicios de divorcio, separación judicial y nulidad del matrimonio; las solicitudes de declaración de presunción de muerte y la consiguiente disolución del matrimonio; y todos los demás litigios, juicios y asuntos matrimoniales previstos en la Ley de Causas Matrimoniales (Guernsey) de 1939. El Tribunal también tiene jurisdicción de apelación en los asuntos de separación judicial y cuestiones conexas examinados en primera instancia por el Tribunal de Alderney o el Tribunal del Senescal de Sark.

El Tribunal de Magistrados

51.El Tribunal de Magistrados es presidido por un magistrado o un Jurat que hace las veces de magistrado suplente y tiene jurisdicción para juzgar las infracciones penales menores y conocer de los litigios civiles cuya cuantía no exceda de 2.500 libras. Las sentencias del Tribunal de Magistrados se pueden recurrir, en materia penal (véanse también los párrafos 39 y 46), ante el Tribunal Real constituido en Tribunal Plenario y, en materia civil, ante el Tribunal Ordinario. Un magistrado también puede actuar como juez de instrucción, pero únicamente a solicitud de los Magistrados de la Corona.

El Tribunal Eclesiástico

52.El Tribunal Eclesiástico está integrado por el juez, que es el Deán de Guernsey y Comisario del Obispo de Winchester, y sus nueve asesores, que son los rectores de los demás distritos de Guernsey. Además de los asuntos eclesiásticos de diversa naturaleza, el Tribunal está facultado para probar judicialmente los testamentos y emitir cartas de administración de inmuebles, y puede pronunciar la liquidación de los bienes muebles pertenecientes a los suicidas.

El Tribunal de Alderney

53.El Tribunal de Alderney está integrado por un mínimo de tres Jurats que forman parte de los Jurats de Alderney nombrados por uno de los Secretarios de Estado del Reino Unido. Uno de ellos es designado Presidente del Tribunal. El Tribunal tiene jurisdicción ilimitada en primera instancia en los juicios civiles entablados en Alderney. Las sentencias dictadas por el Tribunal en los asuntos civiles se pueden recurrir ante el Tribunal Real de Guernsey, que sesiona entonces como Tribunal Ordinario.

54.En materia penal, salvo en determinados casos, el Tribunal tiene jurisdicción en primera instancia en virtud de la Ley del Gobierno de Alderney de 2004 para imponer multas cuya cuantía máxima asciende actualmente a 5.000 libras o penas de prisión de menos de seis meses de duración, o ambas penas, salvo en los asuntos que dan lugar a penas múltiples, en cuyo caso el importe total de las multas impuestas es actualmente de 10.000 libras. Esas sentencias dictadas en materia penal se pueden recurrir ante el Tribunal Real de Guernsey, que sesiona como Tribunal Plenario. Sin embargo, la jurisdicción en primera instancia en todos los demás asuntos penales corresponde en Alderney al Tribunal Real de Guernsey, que sesiona entonces como Tribunal Ordinario.

El Tribunal del Senescal de Sark

55.El Tribunal del Senescal es presidido por éste. Tiene jurisdicción ilimitada en primera instancia en los asuntos civiles y sus sentencias se pueden recurrir ante el Tribunal Real de Guernsey, que sesiona entonces como Tribunal Ordinario.

56.En materia penal, el Tribunal tiene jurisdicción en primera instancia en los asuntos relativos a infracciones punibles con multas cuya cuantía máxima asciende actualmente a 2.500 libras o penas de prisión de un mes como máximo, o ambas penas, salvo en los asuntos que dan lugar a penas múltiples, en cuyo caso el importe total de las multas impuestas es actualmente de 5.000 libras. Esos fallos dictados en materia penal se pueden recurrir ante el Tribunal Real de Guernsey, que sesiona como Tribunal Plenario. Sin embargo, la jurisdicción en primera instancia en todos los demás asuntos penales corresponde en Sark al Tribunal Real de Guernsey, que sesiona entonces como Tribunal Ordinario.

El proceso penal

57.En términos generales, el derecho y el procedimiento penal de la Bailía son similares a los de Inglaterra y Gales. Los juicios penales se tramitan en procedimiento contradictorio entre la acusación y la defensa. Como la ley presume la inocencia del acusado hasta que se pruebe su culpabilidad, la acusación no cuenta con ninguna ventaja, real ni aparente, frente a la defensa. El acusado tiene el derecho de contratar los servicios de un asesor jurídico o, en el caso de un juicio ante el Tribunal Real, de que se le asigne un abogado de oficio; y si permanece en prisión preventiva, puede recibir la visita de un asesor jurídico para asegurar la debida preparación de su defensa.

En virtud de la Ley de asistencia letrada (Bailía de Guernsey) de 2003, actualmente existe un sistema oficial completo de asistencia letrada, administrado por un Comisionado de asistencia letrada independiente, que cuenta con los servicios de abogados que ejercen en bufetes privados y es financiado por los Estados.

58.En general los juicios penales se celebran en audiencia pública y las normas sobre la prueba de los hechos se aplican rigurosamente. Si se admiten pruebas indebidamente, la condena puede revocarse en apelación. Durante el juicio, el acusado tiene derecho a oír a los testigos de cargo y a proceder a su contrainterrogatorio, normalmente por intermedio de un abogado; a convocar a sus propios testigos que, si no comparecen voluntariamente, pueden ser obligados legalmente a declarar; y a dirigirse al tribunal personalmente o a través de un abogado. El acusado sólo puede ser interrogado si consiente en declarar bajo juramento en su propia defensa. En ese caso, únicamente podrá ser sometido a un contrainterrogatorio sobre su moralidad u otros aspectos de su personalidad en circunstancias excepcionales; por lo general, la acusación no puede presentar tales pruebas.

59.El sistema del jurado no se aplica en la Bailía. Cuando se celebra juicio en el Tribunal Real, conocen del asunto el Baile o el Baile Adjunto y al menos siete Jurats. El Baile, en su calidad de Presidente del Tribunal, es el único juez de las cuestiones de derecho y procedimiento, resume las pruebas para los Jurats y les explica las disposiciones aplicables. Los Jurats deciden si el acusado es culpable o inocente y determinan las penas, pero es el Baile el que las anuncia. El veredicto puede dictarse por mayoría simple. Si los Jurats emiten un veredicto de inocencia, la fiscalía no tiene derecho de apelación y el acusado no puede volver a ser juzgado por el mismo delito. En caso de veredicto de culpabilidad, el acusado puede interponer un recurso ante el Tribunal de Apelación.

El Tribunal del juez de instrucción de homicidios

60.En Guernsey, el magistrado o su suplente puede hacer las veces de juez de instrucción de homicidios, pero únicamente a petición de los Magistrados de la Corona. Los jueces de instrucción investigan las muertes violentas o no naturales y las muertes súbitas cuya causa se desconoce. Sin embargo, en caso de muerte súbita de causa desconocida, puede no ser necesaria una investigación si, después de haberse realizado una autopsia, los Magistrados de la Corona están convencidos de que la muerte se debió a causas naturales. Cuando esos Magistrados tienen motivos para pensar que se produjo una muerte violenta o no natural o que la persona falleció en la cárcel o en otras circunstancias previstas en la ley, invitarán al magistrado a que, en calidad de juez de instrucción de homicidios, proceda a una investigación, y corresponde al tribunal del juez de instrucción determinar la forma, el momento y el lugar del fallecimiento. El juez de instrucción actúa solo en la vista de la causa.

El derecho civil

61.En la Bailía el common law tiene su origen en el derecho consuetudinario de Normandía. Sin embargo, en los últimos tiempos el derecho de Guernsey se ha visto cada vez más influenciado por el derecho inglés. Las leyes se redactan en inglés y con frecuencia se derivan de la legislación inglesa correspondiente. El derecho consuetudinario de Normandía ha perdido importancia, mientras que el common law inglés, que es el único precedente convincente pero no vinculante, se aplica cada vez más cuando la costumbre es inadecuada o inexistente. No obstante, el derecho consuetudinario de Normandía sigue revistiendo gran importancia en Guernsey en lo que respecta al derecho inmobiliario y de sucesiones. Las fuentes de derecho de la Bailía son las siguientes:

i)las leyes aprobadas por los Estados de Deliberación, los Estados de Alderney o el Chief Pleas de Sark que hayan recibido la sanción de Su Majestad en Consejo;

ii)las ordenanzas aprobadas por los Estados de Deliberación, los Estados de Alderney o el Chief Pleas de Sark;

iii)los reglamentos y decretos promulgados en virtud de las leyes aprobadas de ese modo;

iv)las leyes del Parlamento del Reino Unido y los instrumentos legales aprobados en virtud de ellas aplicables a la Bailía mediante un decreto ley con el consentimiento de los Estados de Deliberación, los Estados de Alderney y el Chief Pleas de Sark;

v)las leyes del Parlamento del Reino Unido que se aplican expresamente a la Bailía;

vi)los reglamentos de la Comunidad Europea aplicables a la Bailía en virtud del Protocolo 3, aunque generalmente es necesario que las autoridades locales adopten disposiciones legislativas para establecer penas y medios de ejecución.

Las decisiones judiciales pertinentes también son una fuente del derecho en la Bailía. Cuando no se encuentra ningún precedente claro en el derecho de la Bailía, los tribunales suelen basarse en las leyes de Normandía y las leyes de Inglaterra para pronunciarse sobre los asuntos que se les someten.

62.Pueden dictarse mandatos judiciales con arreglo a disposiciones legislativas específicas y también en virtud de las facultades previstas en el derecho consuetudinario.

Los abogados del Tribunal Real

63.Los juristas que ejercen en la Bailía reciben el nombre de abogados del Tribunal Real de Guernsey. Para ser admitidos en el Colegio de abogados de Guernsey como abogados del Tribunal Real, los interesados deben haber residido habitualmente en la Bailía de Guernsey durante dos años como mínimo después de haber cumplido los 16 años de edad, y:

1)a)ser miembros del colegio de abogados de Inglaterra y Gales, Irlanda del Norte o Escocia; o

b)ser abogados de la Corte Suprema de Inglaterra y Gales, de la Suprema Corte de la Judicatura de Irlanda del Norte, o de Escocia;

2)ser titulares de:

a)un diploma de “licence” o “maitrise” de derecho (títulos de primer y segundo ciclo universitario, respectivamente) obtenido en alguna de las universidades de Francia; o

b)un "Certificat d'Études Juridiques Françaises et Normandes"(Certificado de Estudios Jurídicos Franceses y Normandos) expedido por la Universidad de Caen (o un diploma equivalente);

3)haber realizado en Guernsey, en el bufete de un abogado del Tribunal Real que haya ejercido durante cinco años como mínimo, una pasantía:

a)de al menos 12 meses, en el caso de un miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, del Colegio de Abogados de Irlanda del Norte o del Colegio de Abogados de Escocia, que no haya podido convencer al Tribunal Real de que ha efectuado una pasantía de seis meses como mínimo en la jurisdicción de que se trate, o

b)de al menos seis meses en los demás casos; y

4)haber aprobado un examen organizado por un comité bajo la autoridad del Tribunal Real.

En la Bailía los abogados combinan las funciones desempeñadas en Inglaterra por el "Barrister" (asesor legal) y el "Solicitor" (abogado ante los tribunales). Si bien cualquier jurista puede ejercer su profesión en la Bailía, los abogados del Tribunal Real son los únicos que están facultados para pleitear ante los tribunales de Guernsey, Alderney y Sark y para asesorar sobre el derecho local en la Bailía.

Los tribunales administrativos

64.Guernsey ha adoptado un sistema de tribunales administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales distintas de las de los demás tribunales. En general los tribunales administrativos han sido creados en virtud de una ley que rige su constitución, sus funciones y su procedimiento. En comparación con los demás tribunales, suelen ser más accesibles, menos formales y menos onerosos. Sus miembros también poseen conocimientos especializados en los ámbitos particulares de que han de ocuparse.

65.La introducción del sistema de tribunales administrativos en la Bailía ha sido relativamente reciente. Esos tribunales, que son independientes del Gobierno, resuelven litigios entre particulares, por ejemplo, el tribunal laboral desempeña una importante función en los conflictos de trabajo. El que se ocupa de la seguridad social se pronuncia sobre las demandas presentadas por los particulares contra las autoridades públicas competentes, mientras que el tribunal fiscal emite una decisión en los litigios entablados por organismos públicos contra particulares. Las decisiones de los tribunales administrativos pueden ser obligatorias para las autoridades públicas respectivas o adoptar la forma de recomendaciones.

66.Los miembros de los tribunales administrativos son elegidos entre personas independientes inscritas en una lista confeccionada, previa consulta, en la forma estipulada en la ley. Existen otros tribunales que se ocupan de la protección del trabajo, la discriminación por razón de sexo, las apelaciones en materia de vivienda, la planificación, la reglamentación de las empresas de servicio público y (a partir de 2007) el impuesto sobre los bienes.

67.Otro tipo de tribunal, denominado Consejo de revisión de decisiones administrativas, atiende las quejas formuladas por particulares contra sectores de la administración pública en que no existe el derecho de apelación o de remisión a un tribunal de justicia. La composición de cada Consejo de revisión se determina según las circunstancias del caso. El Consejo está integrado por miembros de los Estados que no sean miembros del ministerio o comité cuyas decisiones se impugnan, y que no tengan ningún otro conflicto de intereses. También podrán formar parte de los Consejos de revisión los deanes de las Docenas.

III. MARCO JURÍDICO GENERAL DE PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS

A. Autoridades competentes en materia de derechos humanos

68.Se han ratificado las siguientes convenciones en nombre de la Bailía:

i)Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;

ii)Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

iii)Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

iv)Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas.

En virtud de la Constitución de la Bailía, así como de sus relaciones constitucionales con el Reino Unido, un cierto número de derechos y libertades son inherentes a la persona como miembro de la sociedad. Esos derechos y libertades sólo pueden ser restringidos mediante una decisión democrática de los Estados o, en última instancia, por Su Majestad en Consejo. Por tanto, el papel de los Estados no consiste en otorgar derechos, sino más bien en equilibrar las necesidades de la sociedad con las del individuo. En los párrafos siguientes se describen los mecanismos y garantías jurídicas que aseguran la protección de los derechos humanos en la Bailía.

La asistencia letrada

69.En virtud de la Ley de asistencia letrada (Bailía de Guernsey) de 2003, actualmente existe un sistema oficial completo de asistencia letrada en materia penal y civil, administrado por un Comisionado de asistencia letrada independiente, que cuenta con los servicios prestados por abogados de bufetes privados y es financiado por los Estados.

La indemnización por condena o encarcelamiento improcedentes

70.No existe en la Bailía ninguna disposición legal que prevea el abono de una indemnización a las personas condenadas o encarceladas debido a un error judicial. Sin embargo, los reclamantes pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios entablando una acción civil ante los tribunales de las Islas.

La indemnización de la víctimas de delito o accidente

71.Las siguientes normas prevén el pago de una indemnización a modo de reparación por los perjuicios sufridos a las víctimas de delitos o a las familias de las personas cuya muerte fue causada por un accidente:

i)la Ley de justicia penal (Indemnización) (Bailía de Guernsey) de 1990; y

ii)la Ley sobre la indemnización que podrá otorgarse a las familias de personas cuya muerte haya sido causada por accidente de 1900, modificada por la Ley sobre accidentes mortales (Guernsey) de 1960 y la Ley de reforma de la Ley sobre accidentes mortales (disposiciones varias) (Bailía de Guernsey) de 1965.

72.En lo que respecta a las víctimas de delito, los tribunales de la Bailía pueden imponer al condenado por delito el abono de una indemnización a la víctima por las lesiones, pérdidas o daños (comprendidos el terror y la aflicción causados directamente por la comisión del delito) que sean resultado de ese delito o de cualquier otro delito que el tribunal tome en consideración al determinar la condena. Cuando el tribunal dicte una resolución de indemnización contra un delincuente que era menor de 17 años en el momento de los hechos, puede, y debe ordenar, si el delincuente es menor de 14 años, que la indemnización sea pagada por el padre, la madre o el tutor del autor del acto. La indemnización de la víctima deber prevalecer sobre la imposición de una multa cuando el tribunal contempla las dos en caso de concurrencia de ambas, y el cobro de las cantidades en concepto de indemnización debe tener prioridad sobre el pago de las multas. Además, las víctimas de delitos violentos tienen derecho a entablar una acción civil por daños y perjuicios. Se están preparando propuestas sobre un sistema general de indemnización, que podrían entrar en vigor en 2001.

73.En cuanto a la familia de la persona cuya muerte fue causada por un accidente, los tribunales pueden dictar una resolución de indemnización si estiman que la muerte de la víctima es imputable a la culpa, negligencia, incompetencia o incapacidad del autor del accidente.

B. Incorporación de los instrumentos relativos a los derechos humanos en el derecho interno

74.La Bailía no es un Estado soberano, sino una dependencia de la Corona. Con arreglo al derecho internacional, el Gobierno de Su Majestad es responsable de las relaciones internacionales de la Bailía. La posición de la Bailía con respecto a los acuerdos internacionales concertados por el Gobierno de Su Majestad es una cuestión que debe determinarse en el propio acuerdo. Según la práctica establecida, se avisa y consulta a las autoridades de la Bailía antes de ratificar un acuerdo internacional en su nombre o de extenderlo a ella.

75.Con una excepción, que se indica más abajo, los tratados y convenciones no se incorporan directamente en el derecho interno. En cambio, si es preciso introducir modificaciones en la legislación para permitir que la Bailía cumpla un tratado o convención, el ministerio competente de los Estados presentará un proyecto de ley destinado a poner en vigor los artículos correspondientes del tratado o la convención. Por ejemplo, en virtud de la Ley sobre las Comunidades Europeas (aplicación) (Bailía de Guernsey) de 1994, los Estados podrán poner en práctica en el derecho interno cualquier norma de las Comunidades Europeas mediante una ordenanza. En los casos en que se requiera un proyecto de ley, éste es objeto del procedimiento normal de aprobación por los Estados y posteriormente se somete al Consejo Privado para recibir la sanción de Su Majestad en Consejo.

76.Si bien no se ha excluido la incorporación en el derecho interno del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las autoridades de la Bailía (y también las del Reino Unido) no desean asumir un exceso de compromisos, poniendo así en peligro los buenos resultados esperados de la incorporación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Ahora bien, como consecuencia de la incorporación del Convenio Europeo, los derechos correspondientes de ambos Pactos podrán invocarse directamente ante los tribunales insulares y los funcionarios públicos deberán respetarlos.

C. Aplicación de los instrumentos relativos a los derechos humanospor los tribunales

77.Los tribunales de la Bailía sólo interpretan las leyes promulgadas por los Estados y las leyes del Parlamento que han sido extendidas a la Bailía. Sin embargo, al interpretar las leyes locales sobre los derechos humanos, los tribunales tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de los instrumentos relativos a los derechos humanos aplicables y procurarán interpretar la legislación de una manera compatible con las obligaciones internacionales de la Bailía.

D. Mecanismo interno de puesta en práctica de los derechos humanos

78.No siempre se ha estimado necesario transponer los instrumentos relativos a los derechos humanos en la legislación local, pues la sociedad y la forma de gobierno democrático de la Bailía son tales que determinados derechos y libertades fundamentales rigen con naturalidad. Todos los residentes de la Bailía se consideran iguales ante la ley y, como la población no es una sociedad multirracial, la discriminación racial no se ha convertido en un problema. Una economía próspera y, en general, una situación próxima al pleno empleo, crean las condiciones de una sociedad eficaz con un buen nivel de vida. Dado que la Bailía es parte en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las personas que residen en ella pueden presentar peticiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Se ha promulgado una ley que incorpora el Convenio Europeo en la legislación interna (la Ley de derechos humanos (Bailía de Guernsey) de 2000).

La protección de los datos

79.Las autoridades de la Bailía han compartido la preocupación general que suscitan desde comienzos del decenio de 1970 las posibilidades de reunir y difundir datos personales mediante ordenadores cada vez más potentes. La Ley de protección de datos (Bailía de Guernsey) de 2001 estableció garantías en materia de tratamiento de datos personales en sistemas informáticos y de archivado manual, lo que a su vez permitió extender a la Bailía las disposiciones de la Convención del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al procesamiento automatizado de los datos de carácter personal de 1981. La Ley de 2001 es compatible con la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y prevé el nombramiento de un Comisionado de protección de datos independiente.

80.La Ley de 2001 dispone que los datos personales deberán ser objeto de un tratamiento equitativo y lícito, utilizarse únicamente con fines determinados, archivarse durante el tiempo estrictamente necesario y estar sujetos a medidas de seguridad adecuadas, y que no habrán de transmitirse a territorios en los que no exista una protección adecuada. Se aplican otras restricciones al tratamiento de datos personales delicados (como el origen racial y étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas, la afiliación a sindicatos, la salud, la vida sexual y las condenas penales). Quienes deseen tratar datos deberán (con ciertas excepciones) avisar al Comisionado de protección de datos, que dispone de las facultades necesarias para hacer cumplir la ley. Si bien la ley y la Convención de que la misma dimana apuntan a proteger los datos, también tienen por objeto facilitar su circulación. No obstante, se prevén garantías para alcanzar el equilibrio entre el derecho de saber y el respeto de la vida privada limitando la comunicación de los datos a los terceros registrados como personas autorizadas para recibirlos.

Las denuncias contra la policía y los funcionarios de prisiones

81.Actualmente se está elaborando una ley que instituirá una Comisión de Denuncias legal en Guernsey. Hasta que ello ocurra, la situación presente es la que se expone a continuación. El organismo encargado de las denuncias contra la policía, que actúa en el Reino Unido, carece de competencia para intervenir en la Bailía. Sin embargo, la policía de Guernsey ha adoptado como código de práctica el documento del Ministerio del Interior titulado "Guidance to Chief Officers on police complaints and discipline procedures" (Instrucciones para los Oficiales Jefes sobre las denuncias contra la policía y los procedimientos disciplinarios). En él se establecen procedimientos claros para la recepción e investigación de las denuncias contra el comportamiento de la policía.

82.Además, a modo de garantía, el procedimiento de denuncias es objeto de inspecciones periódicas por parte del Inspector de Policía de Su Majestad durante la inspección de la policía de la Isla. El registro de denuncias también se presenta periódicamente al Comité de Asuntos Internos para su inspección.

83.Si un denunciante no está satisfecho de los resultados de la investigación realizada por la policía, ello se hará constar en el registro de denuncias. En esa etapa, el denunciante o toda persona que en cualquier momento no esté satisfecha, en general, del comportamiento de la policía, tendrá derecho elevar una protesta al Ministerio del Interior.

84.No obstante, todas las denuncias en que se aleguen actos delictivos cometidos por la policía, como el recurso excesivo a la fuerza para proceder a una detención, se comunicarán a los Magistrados de la Corona.

85.De acuerdo con el procedimiento establecido, las denuncias que cuestionan el comportamiento de los funcionarios de prisiones en relación con las personas internadas en la cárcel de Guernsey pueden dirigirse al director de la cárcel, a cualquier miembro del Ministerio del Interior o a cualquier miembro del Grupo de visitadores de la cárcel. Todas las denuncias deberán registrarse y ser objeto de un examen minucioso. Además, los presos podrán presentar en todo momento peticiones por escrito al Ministerio del Interior, que también deberán registrarse y tramitarse.

IV. INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN

86.Toda la legislación de los Estados, los Billets d'Etat y los documentos oficiales pertinentes pueden ser consultados por el público y adquirirse en el archivo oficial de la Bailía, a saber, la Oficina del Actuario. El público puede consultar el Diario Oficial de la Unión Europea en el Servicio de Archivos de las Islas. En los sitios web de los Estados se facilita acceso gratuito a numerosas leyes y muchos documentos oficiales.

87.Los informes de la Bailía dirigidos a los órganos creados en virtud de los distintos instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y encargados de seguir de cerca la manera en que los Estados Partes cumplen sus obligaciones son preparados por los Estados de Guernsey sobre la base de las informaciones transmitidas por los ministerios. Se ponen a disposición del público en general ejemplares de los informes por conducto de los ministerios, la Oficina de Asesoramiento al Ciudadano y las bibliotecas públicas.

APÉNDICE C

Informe de la Isla de Man

Sexto informe presentado por el Gobierno de la Isla de Man de conformidad con el apartado b) del párrafo 1 del artículo 40 del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos

PartE I

Generalidades

1.En este informe el Gobierno de la Isla de Man facilita información actualizada sobre la legislación, la política y la práctica en los ámbitos tratados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos con posterioridad al quinto informe. De acuerdo con las directrices consolidadas para la presentación de los informes de los Estados en virtud del Pacto, se describen las novedades pertinentes en el marco del artículo más apropiado. Cuando alguna de esas novedades guarda relación con más de un artículo, generalmente se hace referencia a ella en un solo lugar.

2.En la Parte C de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos (territorios dependientes de la Corona): Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, documento CCPR/C/79/Add.119, 25 de marzo de 2000 (denominadas en adelante “las observaciones finales”), el Comité expone los “Principales temas de preocupación y recomendaciones”. El Gobierno de la Isla de Man trata todos los asuntos que conciernen a la Isla en el marco del artículo correspondiente.

PartE II

Los artículos

Artículo 2

3.En el párrafo 8 de las observaciones finales, el Comité instó enérgicamente al Estado Parte a dar vigencia en la legislación nacional a todos los derechos del Pacto. Cabe destacar que, si bien el Reino Unido es el Estado Parte y asume la responsabilidad de las relaciones internacionales de la Isla de Man, ésta es autónoma en el plano interno y la responsabilidad de garantizar la efectividad de todos los derechos consagrados en el Pacto en su territorio incumbe al Gobierno de la Isla.

4.La Ley de derechos humanos, que incorpora en la legislación interna manesa los derechos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (el Convenio Europeo), fue aprobada en 2001 y entrará plenamente en vigor el 1º de noviembre de 2006. Los derechos y libertades del Convenio Europeo incorporados a la legislación manesa se aplican a todos los residentes de la Isla, sin discriminación alguna de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

5.Al igual que en el caso del Reino Unido, de momento no se ha previsto incorporar el Pacto en la legislación interna. No obstante, el Gobierno de la Isla de Man tiene la firme voluntad de elaborar una legislación que ponga en práctica el Pacto y se ajuste a sus disposiciones.

6.En el párrafo 9 de las observaciones finales el Comité recomendó que se impartiera educación sobre derechos humanos a los miembros de las fuerzas de policía, a los abogados y demás personas que desempeñan funciones en la administración de justicia. Afirmó igualmente que la educación sobre derechos humanos también se debía impartir en todos los niveles de la educación general.

7.Tras la aprobación de la Ley de derechos humanos de 2001, se puso en marcha un programa de educación sobre el Convenio Europeo y la Ley dirigido a todos los sectores de la administración pública. Entre otras cosas, se publicaron orientaciones sobre los derechos consagrados por la Ley en la legislación de la Isla destinadas a los funcionarios públicos (comprendidos los miembros del poder judicial y la policía) y al público. Al entrar en vigor la Ley el 1º de noviembre, se actualizó esa documentación, que puede consultarse gratuitamente en el sitio web del Gobierno de la Isla de Man. También pueden obtenerse ejemplares impresos previa solicitud. El Colegio de Abogados de la Isla de Man ha llevado a cabo un programa de formación para los abogados maneses. Ello se suma a la formación que constituye parte integrante de las calificaciones profesionales que debe obtener una persona antes de iniciar la pasantía que le permitirá convertirse en abogado de la Isla.

8.El presente informe, las observaciones finales del Comité y todos los comentarios que el Gobierno de la Isla de Man podría formular acerca de esas observaciones se publicarán a su debido tiempo en el marco del proceso de sensibilización del público a los asuntos relacionados con los derechos humanos.

9.Además de la capacitación básica que reciben todos los funcionarios de policía tras la aprobación de la Ley de derechos humanos, la formación especializada para detectives (con inclusión de la formación dirigida a los funcionarios superiores de investigación) contiene módulos detallados sobre los derechos humanos. En la actualidad un inspector de policía está preparando la segunda serie de cursos de capacitación para que coincidan con la puesta en práctica de la Ley de derechos humanos.

10.En la cárcel de la Isla, la formación sobre los asuntos relativos a los derechos humanos se imparte en el marco de la capacitación inicial para todo el personal. Asimismo, todos los nuevos miembros de la plantilla reciben un boletín de información que trata de la Ley de derechos humanos.

11.Actualmente la educación sobre derechos humanos forma parte integrante del programa de educación personal, social y sanitaria impartido a todos los alumnos en edad de cursar la enseñanza obligatoria (de 5 a 16 años) en las escuelas subvencionadas y estatales de la Isla de Man.

12.En el párrafo 10 de las observaciones finales, el Comité recomendó que se examinara la posibilidad de establecer órganos independientes con un mandato para revisar las decisiones administrativas. Cabe señalar al Comité que actualmente existe una serie de mecanismos de apelación oficiales y oficiosos contra las decisiones administrativas, entre ellos los recursos de apelación interpuestos ante el Ministro y las cuestiones planteadas a través de los miembros del Parlamento.

13.Pese a ello, en julio de 2004 el Tynwald aprobó la creación de un servicio de defensor del pueblo constituido por ley y encargado de la evaluación equitativa e imparcial de las quejas, que es un órgano ajeno a la participación política o administrativa. El Tynwald decidió que el público debía tener el derecho de acceso directo al defensor del pueblo, en lugar de ser remitido a él por un parlamentario. Se proporcionaron instrucciones de redacción a las Oficinas del Fiscal General y se espera que el próximo gobierno propicie el progreso de esta cuestión.

14.Se piensa dotar al defensor del pueblo de las siguientes facultades:

investigar la mala administración en los ministerios, las juntas establecidas por ley y el gobierno municipal, así como las reclamaciones relacionadas con el Código de práctica sobre el acceso a la información gubernamental;

formular recomendaciones obligatorias sobre la manera de solucionar las reclamaciones;

realizar sugerencias para introducir mejoras en el gobierno.

15.Además, en su reunión celebrada en julio de 2006, el Tynwald decidió que debía nombrarse un Auditor General, que asumiría las siguientes funciones:

a)la responsabilidad suprema de la auditoría de todos los organismos de derecho público (comprendidas las autoridades locales), con la facultad de delegar algunas tareas de auditoría a firmas de contables locales;

b)las investigaciones sobre lo obtenido con el dinero invertido;

c) las consultas periódicas con el Comité de Cuentas Públicas del Tynwald y la prestación de asistencia en las investigaciones;

d)la definición de los asuntos que podrían ser objeto de las investigaciones del Comité de Cuentas Públicas;

e) el examen de las cuestiones remitidas por el Tynwald. El Auditor General podrá decidir si procede o no realizar una investigación completa, pero presentará un informe al Tynwald en todo caso;

f) el estudio de los asuntos remitidos por los miembros del Tynwald o el público. El Auditor General podrá decidir si procede o no realizar una investigación completa, pero incluirá en el informe anual una lista de todos los asuntos remitidos a la Oficina y de las medidas adoptadas.

Artículo 3

16.Además de la Ley de derechos humanos de 2001 a la que se hace alusión en relación con el artículo 2, se aprobó y entró en vigor la Ley de discriminación en el empleo por motivos de sexo de 2000. La Ley brinda protección contra la discriminación basada en el sexo de la persona o en el hecho de que esté casada. La Ley se aplica a todas las etapas del proceso de empleo, comprendidos los anuncios y los trámites efectuados para encontrar un trabajo. En la Ley también se reconoce la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor o por un trabajo considerado equivalente en un estudio de evaluación de empleos.

17.La Ley sobre la discriminación en el empleo por motivos de sexo de 2000 instituyó asimismo el puesto de funcionario para asuntos de discriminación, que se creó con el fin de familiarizar a los empleadores y los particulares con los requisitos establecidos en la nueva Ley.

Artículo 4

18.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 5

19.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 6

20.En agosto de 2004 la ratificación del Protocolo No. 13 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias, se hizo extensiva a la Isla de Man. Si bien, como se indicó en un informe anterior, en 1993 se abolió la pena de muerte en la legislación de la Isla, el derecho enunciado en el Protocolo Nº 13 también se ha incorporado en la Ley de derechos humanos de 2001.

Artículo 7

21.En el párrafo 11 de las observaciones finales, el Comité recomendó que se aprobaran leyes para prohibir el castigo corporal. En la Isla de Man el uso del castigo corporal en las escuelas subvencionadas o financiadas por el Ministerio de Educación se prohibió por ley desde 2004, cuando entró en vigor la Ley de educación de 2001 (y concretamente el párrafo b) del artículo 10).

22.Sin embargo, esa prohibición legal no se aplica a las escuelas privadas (es decir, las escuelas que funcionan al margen del sistema educativo estatal) y de momento el Ministerio de Educación no va a presentar ningún proyecto de ley que amplíe la prohibición a esas escuelas (muy poco numerosas).

Artículo 8

23.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 9

24.En el párrafo 12 de las observaciones finales, el Comité tomó nota de las medidas que se están adoptando en el Reino Unido para garantizar que sus leyes contra el terrorismo se ajusten al artículo 9 del Pacto, e instó a las dependencias de la Corona a que adoptaran las medidas correspondientes. La legislación de la Isla de Man en la materia se sigue inspirando en gran medida en la del Reino Unido, pero no es tan severa en relación con los períodos de detención sin cargos. La Ley contra el terrorismo y la delincuencia de 2003 de la Isla entró plenamente en vigor el 1º de enero de 2005. Ello permitió retirar una suspensión que existía respecto del artículo 5 del Convenio Europeo.

25.Actualmente el Ministerio del Interior está proponiendo la modificación de la legislación contra el terrorismo sobre la base de la normativa vigente en el Reino Unido.

Artículo 10

26.Actualmente se está edificando una nueva cárcel moderna, que entrará en funcionamiento a finales de 2007 o principios de 2008. En la nueva cárcel se mejorarán considerablemente las condiciones de los detenidos. En ella se alojará a todos los tipos de delincuentes y existirán cinco alas distintas, entre ellas una para las mujeres y otra para los delincuentes sexuales.

27.No obstante, habida cuenta del número relativamente reducido de personas no condenadas internadas en la cárcel, resulta poco práctico separar a esos presos de los condenados desde el punto de vista de las plazas. Incluso aunque fuera factible en la práctica, esa medida podría equivaler a una especie de prisión incomunicada para esos reclusos. Por tanto, las alas para los distintos tipos de presos albergarán tanto a los condenados como a los no condenados, aunque en la nueva cárcel cada recluso tendrá su propia celda y no tendrán que compartirla con otros internos.

28.El tratamiento y las condiciones de los presos no condenados y de los condenados serán diferentes. Los no condenados no estarán obligados a trabajar, tendrán más posibilidades de formación y dispondrán de un mayor acceso a su dinero personal.

29.En la nueva cárcel se instaurará un régimen que estimulará a los presos y alentará la rehabilitación. Todos los condenados tendrán planes para el cumplimiento de su pena y serán objeto de revisiones periódicas durante el período de su condena. Se espera que todos los condenados trabajen, participen en programas y cumplan los planes fijados para purgar su pena. Los presos dispondrán de más oportunidades de recibir formación y obtener diplomas reconocidos de formación profesional.

30.La Ley de la infancia y la juventud de 2001 dispone que cuando los tribunales se ocupen de un menor o joven que sea llevado ante ellos, por haber cometido un delito o por otros motivos, tendrán en consideración el bienestar del interesado. Los tribunales no podrán dictar un auto de prisión preventiva contra un menor o joven, a menos que sea acusado de homicidio o que opinen que la prisión preventiva es el único medio adecuado de evitar al público la muerte o lesiones graves provocadas por los delitos cometidos por él.

31.En febrero de 2003 el Ministerio de Salud y Seguridad Social abrió un centro seguro para menores dotado de cinco camas (más una cama de emergencia). El centro acoge a menores remitidos por la justicia o por los servicios sociales (es decir, menores que representan un riesgo para sí mismos o para los demás).

32.El tribunal que ordene el ingreso de un joven en un establecimiento de prisión preventiva proporcionado por el Ministerio de Salud y Seguridad Social, tras consultar a este último, podrá exigirle que la persona en cuestión sea internada y permanezca recluida en un establecimiento seguro (“requisito de seguridad”). El tribunal sólo impondrá ese requisito de seguridad respecto de un joven cuando éste: haya sido acusado o declarado culpable de un delito violento o sexual o de un delito que en el caso de un adulto se castigaría con una pena de prisión superior a 10 años; haya huido en varias ocasiones recientemente mientras se encontraba bajo la custodia del Ministerio, y haya sido acusado o declarado culpable de un delito presunto o probado que fue cometido mientras estaba bajo la custodia del Ministerio; y (en cualquiera de los casos) el tribunal opine que ese requisito es el único medio adecuado para proteger al público de los daños que pueda causar el joven.

33.En 2003 se creó el Equipo de Justicia Juvenil y desde entonces se ha producido una disminución de la delincuencia juvenil y del número de penas privativas de libertad y de prisión preventiva impuestas a jóvenes.

Artículo 11

34.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 12

35.La Isla de Man está reformando sus leyes de inmigración. En diciembre de 2005 el Tynwald acordó que las disposiciones de la Ley de nacionalidad, inmigración y asilo de 2002 y la Ley de asilo e inmigración (tratamiento de los solicitantes, etc.) de 2004 promulgadas por el Parlamento se hicieran extensivas a la Isla de Man con las correspondientes modificaciones, adaptaciones y excepciones. Esas leyes también refundirán las normas del anterior derecho británico aplicado en la Isla de Man, a saber, la Ley de inmigración de 1971, la Ley de inmigración de 1988, la Ley de asilo e inmigración de 1996 y la Ley de inmigración y asilo de 1999. Se ha previsto poner en práctica las leyes reformadas a finales de 2006.

36.Por tanto, en términos generales, las leyes sobre inmigración de la Isla seguirán siendo el reflejo de las del Reino Unido.

Artículo 13

37.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 14

38.Se ha previsto que la Ley de tribunales de 2006 entre plenamente en vigor el 1º de noviembre de 2006. En virtud de esa Ley, los miembros de los tribunales serán designados por una Comisión de Nombramientos independiente para garantizar que los tribunales se constituyan y actúen de una manera compatible con los principios de derechos humanos.

Artículo 15

39.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 16

40.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 17

41.El 1º de abril de 2003 entró en vigor la Ley de protección de datos de 2002 y se derogó la Ley de protección de datos de 1986. La finalidad de la Ley es alcanzar un equilibrio entre las necesidades legítimas de las empresas y entidades de tratar información personal y el derecho a la vida privada de los particulares. La Ley se funda en la Ley de protección de datos de 1998 del Reino Unido y se elaboró para ajustarse a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos. El 28 de abril de 2004 la Comisión Europea adoptó una decisión oficial en la que reconoció que la Isla de Man era una jurisdicción en la que existía un nivel de protección adecuado de los datos personales.

42.El 1º de octubre de 2005, entraron en vigor el Decreto de comunicaciones no solicitadas y el Reglamento de comunicaciones no solicitadas de 2005. El Decreto pone en práctica en la Isla el artículo 13 de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento prevé la adopción de medidas para impedir las comunicaciones comerciales no solicitadas dirigidas a particulares por teléfono, fax, correo electrónico o mensajes de texto.

43.Actualmente el proyecto de ley sobre el Reglamento de vigilancia está en espera de la sanción real. A pesar de que la práctica vigente de la Isla de Man se basa en las mejores prácticas del Reino Unido, esa legislación proporcionará un fundamento jurídico a todos los procedimientos y restricciones relativos a la vigilancia secreta y los asuntos conexos.

Artículo 18

44.La Ley de educación de 2001, que entró en vigor en 2004, protege los derechos de los docentes de las escuelas subvencionadas y estatales. Por ejemplo, no se podrá exigir a ningún maestro de esas escuelas que imparta enseñanza religiosa ni que reciba una remuneración inferior debido a sus creencias religiosas o a su deseo de no asistir a actos de culto religioso celebrados en la escuela.

45.La Ley de educación de 2001 también salvaguarda los derechos jurídicos de los padres o tutores a excluir a sus hijos o pupilos de la enseñanza religiosa o el culto religioso y a tener acceso a la enseñanza confesional que deseen.

46.La Ley de empleo de 2006 reafirma el derecho reconocido en la Ley de empleo de 1991, en virtud del cual no se podrá despedir a los empleados debido a sus creencias religiosas o motivos relacionados con ellas, pero suprime el período reglamentario de un año que actualmente se exige para reivindicar el despido improcedente por esos motivos.

Artículo 19

47.En el párrafo 15 de las observaciones finales, el Comité tomó nota con preocupación de que en la Isla de Man aún estaban en vigor las disposiciones arcaicas y discriminatorias del Código Penal conforme a las cuales la blasfemia es una falta, y recomendó que fueran revocadas. La legislación a que se hace referencia se remonta a 1872 y en la práctica no se aplica. No obstante, se podrá estudiar la posibilidad de revocar las disposiciones correspondientes cuando se vuelva a revisar la legislación en la materia.

48.La Ley de protección de datos de 2002 contiene disposiciones relativas a las finalidades especiales del periodismo, la literatura y el arte. Esas disposiciones se basan en normas similares de la Ley de protección de datos de 1998 y su objetivo es garantizar que la Ley de protección de datos de 2002 no pueda utilizarse para impedir la libertad de expresión.

49.El Gobierno de la Isla de Man ha resuelto que se debe dar carácter legal a los derechos del público enunciados en el Código de práctica sobre acceso a la información gubernamental mediante un proyecto de ley sobre el acceso a la información. El Gobierno celebrará en breve una consulta pública para informar acerca de la redacción de ese proyecto de ley.

Artículo 20

50.El Comité sobre delincuencia y disturbios del Ministerio del Interior va a examinar las disposiciones de la Ley sobre el odio racial y religioso del Reino Unido de 2006 con miras a su posible integración en un futuro proyecto de ley de la Isla de Man.

51.El proyecto de ley sobre delincuencia y disturbios del Ministerio del Interior contendrá una disposición en la que se aumentará la pena de los delitos agravados por motivos de orientación sexual, discapacidad o pertenencia a un grupo racial o religioso. En ese caso, el tribunal deberá tener en cuenta que el delito se agravó por esos motivos y declarar en audiencia pública ese hecho.

Artículo 21

52.No se han producido cambios notables en lo que respecta a este artículo.

Artículo 22

53.La Ley de empleo de 2006 reafirma y consolida los derechos consagrados en la Ley de empleo de 1991 y la Ley (Enmienda) de empleo de 1996, que brindan protección contra la discriminación por motivos sindicales. A continuación, se citan algunos ejemplos de la mayor protección de esos derechos:

se amplía la protección contra la discriminación en la contratación para abarcar la pertenencia a sindicatos y las actividades sindicales de los candidatos en el pasado;

se declara ilícito el hecho de que los empleadores induzcan a los trabajadores a afiliarse a sindicatos o a participar en actividades sindicales o a abstenerse de ello, así como el de impedir que su remuneración o sus condiciones se determinen mediante la negociación colectiva;

se extiende la protección existente contra todo perjuicio (por ejemplo, descenso de categoría o despido) sufrido a raíz del ejercicio de los derechos sindicales a otros tipos de actividades sindicales, como la utilización de servicios sindicales;

se refuerza la protección de los empleados que participan en huelgas u otras medidas de presión adoptadas en conflictos laborales; y

se consolidan los recursos en caso de despido basado en motivos sindicales (o de otro tipo) y se atribuyen nuevas competencias al Tribunal de Empleo para ordenar la reincorporación del trabajador despedido.

Artículo 23

54.La Ley de procesos matrimoniales de 2003, que entró en vigor el 1º de abril de 2004, volvió a promulgar con modificaciones las leyes que se enumeran en el cuarto informe del Gobierno de la Isla de Man en relación con este artículo (comprendidas las partes de la Ley de derecho de familia de 1991 relativas a los procesos matrimoniales). La Ley de 2003 también deroga la Ley de bienes dotales y derecho de viudedad de la mujer casada de 1921 y la Ley de propiedad de la mujer casada de 1965 y restablece varias disposiciones pertinentes de las mismas con modificaciones en lo que atañe a la concesión de posibilidades jurisdiccionales a ambos cónyuges. La Ley contiene igualmente nuevas normas sobre el domicilio familiar y la violencia doméstica y otros asuntos conexos.

55.El Gobierno de la Isla de Man prevé iniciar en breve un consulta pública sobre la enmienda y actualización de la legislación relativa al matrimonio y el registro civil de la Isla, entre otras cosas, con miras a:

crear un distrito de registro para toda la Isla (en contraposición con los cuatro que existen en la actualidad), lo que debería facilitar el acceso de los interesados;

actualizar los grados de parentesco prohibidos (para armonizar la situación de la Isla con la de otras jurisdicciones y tener en cuenta las sentencias pronunciadas recientemente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos);

permitir que se celebren matrimonios civiles en los lugares autorizados (hoteles, etc.).

56.Tras la sentencia dictada contra el Estado Parte por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Goodwin & I contra el Reino Unido, este último promulgó la Ley de reconocimiento de sexo de 2004, en la que se contempla el derecho de los transexuales a ser reconocidos con el sexo adquirido tras la operación y a contraer matrimonio con personas del sexo opuesto.

57.El Gobierno de la Isla de Man acepta la obligación internacional en materia de derechos humanos impuesta en la sentencia del Tribunal Europeo y la legislación del Reino Unido basada en ella se ha incluido en el programa legislativo para que se vaya preparando su introducción en el próximo período de sesiones.

58.El próximo gobierno examinará igualmente si conviene establecer una legislación similar a la Ley de unión civil del Reino Unido de 2004, que autoriza a las parejas homosexuales a registrar las uniones civiles.

Artículo 24

59.Hoy día la legislación principal relativa al bienestar del menor figura en la Ley de la infancia y la juventud, que entró en vigor en 2001. Esa Ley también vuelve a promulgar los Títulos I y II de la Ley de derecho de familia de 1991, ha modificado y reformado la legislación vigente en materia de atención de la infancia y ha establecido nuevas normas sobre el bienestar del menor. La Ley se ajusta rigurosamente a los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

60.En la Ley de la infancia y la juventud de 2001 se plasman los siguientes principios y disposiciones esenciales:

el bienestar del niño será la consideración primordial que tendrán en cuenta los tribunales cuando adopten decisiones que le afecten;

el concepto de responsabilidad parental sustituye al de los derechos parentales;

los menores podrán ser parte en los procesos judiciales, independientemente de los padres;

el Ministerio de Salud y Seguridad Social se encarga de salvaguardar y promover el bienestar de los menores que padecen o podrían padecer daños considerables;

se encomiendan determinados deberes y facultades al Ministerio mencionado para prestar servicios a los menores y las familias;

el Ministerio de ocupa del registro y la reglamentación de los hogares para niños;

el Ministerio reglamenta las casas de acogida, centros de cuidado de niños y guarderías del sector privado;

se deberán evitar los retrasos al tomar las decisiones que afecten a los menores, ya que ello podría ser perjudicial para su bienestar;

existen nuevas normas sobre la fecundación humana, la embriología y el alquiler de úteros.

61.El Reglamento sobre el trabajo de menores de 2005 revisó y actualizó el nivel de protección que se brinda a todos los menores de 18 años de la Isla que trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial. Las normas del nuevo Reglamento están en consonancia con las condiciones exigidas en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima (C138).

62.El Gobierno de la Isla de Man facilitará información completa acerca de todos los asuntos relacionados con los derechos del menor en el marco de este artículo cuando presente su próximo informe actualizado al Comité de los Derechos del Niño, que se ha encargado y se está elaborando actualmente.

Artículo 25

63.La Ley (Enmienda) de representación del pueblo de 2006 ha reducido la edad de voto en las elecciones en la Isla de Man de 18 a 16 años. Ahora la Ley también autoriza a los electores a ejercer el derecho de voto por poder o como votante ausente previa solicitud, mientras que antes ello sólo se permitía en determinadas circunstancias. Si bien en el pasado la ley no privaba a los reclusos del derecho de voto, éstos no podían votar por poder ni en calidad de votante ausente y, por motivos prácticos, a veces no se les podía conducir hasta el colegio electoral para ejercer el derecho de voto. En virtud de las nuevas disposiciones, todos los presos pueden votar si lo desean sin necesidad de acudir al colegio electoral.

64.Para permitir que un mayor número de personas pudieran ejercer el derecho de voto, el Gobierno de la Isla de Man puso en marcha en 2006 otras dos iniciativas consistentes en prolongar el horario de apertura de los colegios electorales durante las elecciones generales y en actualizar el censo electoral de modo continuo en lugar de una sola vez por año.

Artículo 26

65.En el párrafo 14 de las observaciones finales, el Comité recomendó que se adoptaran medidas para eliminar y prohibir todo tipo de discriminación por motivos de orientación sexual. En virtud de la Ley (Enmienda) de delitos sexuales de 2006, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2006, se ha equiparado la edad de consentimiento de los varones homosexuales con la de otras personas, fijándola en 16 años. Mediante la Ley también se derogó el artículo 38 de la Ley de delitos sexuales de 1992, que prohibía la “promoción” de la homosexualidad.

66.En la Ley de empleo de 2006 (en espera de la sanción real en el momento en que se redactó el presente informe) se reconocerá el derecho de los empleados a no ser despedidos por motivos de orientación sexual. A diferencia de lo dispuesto en las normas generales sobre el despido improcedente, los empleados no tendrán que cumplir un período reglamentario mínimo para estar protegidos contra el despido por ese motivo y no se establecerá ningún límite máximo de edad para presentar la reclamación.

67.En el párrafo 18 de las observaciones finales, el Comité recomendó que las autoridades completaran el proceso actual de promulgación de disposiciones legislativas por las que se prohíba toda discriminación racial. En la Ley de relaciones raciales de 2004 se declara la ilicitud de la discriminación en el suministro de bienes y servicios por motivos de raza. La Ley no entrará en vigor hasta que no estén vigentes los correspondientes códigos de práctica que se están elaborando actualmente.

68.Hace poco tiempo la Ley de prevención de la discriminación por motivos de discapacidad de 2006 recibió la sanción real. Cuando entre en vigor, esa Ley brindará un marco para establecer la ilicitud de la discriminación contra los discapacitados en el suministro de bienes y servicios, la educación y el acceso a los edificios.

69.El Gobierno de la Isla de Man también tiene el propósito de presentar un proyecto de ley sobre la igualdad en el empleo. Esa legislación regulará exhaustivamente toda discriminación en el empleo por una serie de motivos, como la raza, la religión y la discapacidad.

70.En el marco de la promoción del idioma manés, en 2003 el Gobierno de la Isla de Man decidió hacer extensiva la ratificación del Reino Unido de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias en lo que respecta a la protección que se brinda en su Parte II a los hablantes del gaélico de la Isla de Man.

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