En vista del elevado número de expedientes de asesoramiento que recibe la Fiscalía General para la prestación de asesoramiento jurídico sobre casos de violencia sexual contra niños y mujeres, se ha recomendado que se haga efectivo el Memorando para el Consejo de Ministros anteriormente mencionado y que se conceda permiso para establecer una unidad permanente que se ocupe de los casos de violencia sexual relacionados con niños y mujeres.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, el Fiscal General concluyó actuaciones respecto de 26.449 casos penales y remitió 14.083 escritos de acusación al Tribunal Superior. Estos casos incluyen casos de violencia sexual contra mujeres y niños. Se ha ampliado la unidad especial del departamento creada para tratar los casos relacionados con los niños de modo que ahora también aborda los incidentes de violencia sexual y de género.

Ejecutar de manera efectiva el Plan de Acción Nacional para Hacer Frente a la Violencia Sexual y de Género

En estos momentos se está llevando a cabo un examen de la ejecución del Plan de Acción Nacional Multisectorial para Hacer Frente a la Violencia Sexual y de Género (2016-2020). Los resultados de dicho examen indican una ejecución de los planes por parte de los ministerios sectoriales superior al 60 %.

En el sector de la salud se han puesto en marcha el 86,3 % de las actividades previstas, de las que el 57,8 % se han completado y el 28,9 % todavía están en curso, algunas de ellas a punto de finalizar. Entre dichas actividades se incluyen las siguientes: i) creación de capacidad para el personal del sector sanitario y ii) desarrollo e institucionalización de procedimientos operativos estándar (POE) para abordar la violencia de género orientados a la salud preventiva. Durante sus visitas a domicilio, las matronas de la sanidad pública deben estar alerta y reconocer a las supervivientes de la violencia de género, así como posteriormente ofrecerles apoyo emocional (LIVES) y derivarlas a servicios de apoyo adicionales. Durante el año 2019, las matronas de la sanidad pública detectaron a 13.795 supervivientes, de las que 7.726 aceptaron la oferta de derivación. Las principales intervenciones llevadas a cabo por el sector de la salud para responder a las necesidades de las supervivientes son la creación de centros de atención para la violencia de género (centros Mithuru Piyasa y Natpu Nilayam) dentro de los hospitales estatales utilizando los recursos humanos disponibles en el sistema sanitario. Durante el período sobre el que se informa se pusieron en marcha 43 nuevos centros de atención para la violencia de género en 75 hospitales, a través de los que se prestan servicios específicos para las supervivientes de la violencia de género. En los distritos de Kaluthara y Nuwaraeliya se están poniendo a prueba dos centros de acogida temporal con el apoyo de las autoridades sanitarias provinciales y de distrito.

Como parte de la ejecución del PAN, el Ministerio de Trabajo y Relaciones Sindicales ha puesto en marcha el 46,25 % de las actividades previstas y ha adoptado una serie de medidas para garantizar la seguridad de los empleados en el lugar de trabajo, para negociar con los empleadores la provisión de medios de transporte y otras infraestructuras que garanticen un entorno de trabajo seguro, etc. El Ministerio de Trabajo ha colaborado con la Federación de Empresarios y con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la elaboración de directrices para hacer frente al acoso en el lugar de trabajo, y varios establecimientos del sector privado las han aceptado. La intervención en materia de políticas relativa a los trabajadores domésticos cuenta con el apoyo de OSC y de la OIT. Se está llevando a cabo una investigación sobre los problemas de los trabajadores domésticos con el fin de recabar pruebas que puedan utilizarse en el proceso de elaboración de políticas. El subsector de la formación profesional y técnica ha ejecutado el 42 % de las actividades previstas en el PAN. En 2017, la Tesorería emitió instrucciones para que los ministerios sectoriales competentes asignaran fondos para la ejecución del PAN.

El Gobierno ha reforzado las estructuras institucionales con miras a intensificar las actividades destinadas a frenar la violencia de género. Los funcionarios adscritos a las Unidades de la Mujer y la Infancia de las distintas divisiones, los profesionales sanitarios y los voluntarios de los centros Mithuru Piyasa y Naptu Nilayam, las funcionarias de las Oficinas para la Mujer y la Infancia de la Policía, los abogados adscritos a la Comisión de Asistencia Jurídica y las OSC proporcionan apoyo jurídico, asesoramiento, apoyo psicosocial y exámenes médicos para las víctimas de la violencia de género. El personal de la Unidad de la Mujer y la Infancia, la unidad de asesoramiento de los centros Mithuru Piyasa y los centros de crisis de las ONG también facilitan asesoramiento. Los 241 Asesores adscritos a las Unidades de la Mujer y la Infancia prestan servicios de asesoramiento para las mujeres víctimas de la violencia dentro de cada división.

La Oficina de la Mujer de Sri Lanka, que cuenta con poder a nivel comunitario, lleva a cabo programas de sensibilización para las comunidades centrados en las nociones de derecho, los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia sexual y de género. Gracias a esta labor de divulgación, las mujeres no dudan en denunciar los casos ante la Policía o en buscar ayuda a través de los servicios de derivación que se encuentran ampliamente disponibles. El aumento del número de casos denunciados ante la Policía es resultado de la divulgación realizada a través de los programas de concienciación realizados en las comunidades.

La ejecución del Plan de Acción Nacional para Hacer Frente a la Violencia Sexual y de Género ha contado con el respaldo de una serie de organismos de las Naciones Unidas. El PNUD respaldó la elaboración de la Política y el Plan de Acción Nacional para Hacer Frente a la Violencia Sexual y de Género y facilitó la difusión del PAN entre los ministerios y organismos pertinentes. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) apoyó la ejecución del PAN y la creación de un sistema electrónico multisectorial basado en la web para efectuar su seguimiento. Además, el PNUD ha facilitado desde el punto de vista técnico el establecimiento de un sistema de derivación a nivel subnacional para la violencia sexual y de género. El UNFPA ha realizado un examen de los proveedores de servicios en dos distritos con el fin de detectar las deficiencias en la prestación de servicios y ha formulado recomendaciones. El UNFPA y el PNUD han respaldado programas de creación de capacidad con proveedores de servicios multisectoriales y con Unidades para el Desarrollo de la Mujer y la Infancia del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia a nivel de distrito y de división.

Intensificar las labores de concienciación pública mediante campañas estratégicas en los medios de comunicación y programas educativos para hacer frente a los estereotipos discriminatorios contra las mujeres y la violencia de género

El Comité Nacional de la Mujer examinó los libros de texto escolares para comprobar cómo se representaba el género en ellos. Los resultados de dicho examen se pusieron a disposición del Ministerio de Educación y del Ministro encargado del tema. Se facilitó información sobre la cuestión del género y sobre la integración de este en los libros de texto para los encargados de redactar los libros escolares a través de un taller destinado a enseñarles a reflexionar sobre estos conceptos durante la elaboración del material. El Departamento de Publicaciones Educativas ha informado de que las lecciones de los libros de texto incluyen personajes de género masculino y femenino de forma equilibrada en casi todas las asignaturas, de que las imágenes utilizadas en las lecciones representan a ambos géneros y de que asignaturas como Educación Cívica y Salud y Educación Física abarcan temas relacionados con los derechos de la mujer y el reparto de las tareas domésticas entre ambos progenitores.

Tras darse cuenta de que la Política sobre los Medios de Comunicación del país contenía una brecha de género, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia ha diseñado un foco de atención en el género que se incorporará en dicha política en consulta con expertos en medios de comunicación. Entre otros aspectos, incluye la no discriminación en la representación de las mujeres y las niñas en los medios de comunicación, la integración de la sensibilidad a las cuestiones de género en la información facilitada por los medios de comunicación y la no trivialización al informar sobre casos de violencia en los medios de comunicación. Estos problemas se pusieron en conocimiento del Ministerio de Medios de Comunicación y se presentaron ante el Comité Sectorial de Género del Parlamento para que se adoptaran medidas adicionales.

Con el apoyo del PNUD, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia ha puesto en marcha una campaña mediática trilingüe cuyo objetivo es involucrar a los hombres y los niños en el avance de la igualdad de género en Sri Lanka. La campaña ha consistido en una serie de vídeos y tertulias que se han emitido en los medios de comunicación nacionales. La campaña se ha centrado en abordar las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres y en transformar las normas tradicionales para garantizar que todas las personas sean iguales y vivan libres de discriminación.

Garantizar la recogida y el análisis sistemáticos de datos sobre todas las formas de violencia de género contra la mujer

En 2017, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia puso en marcha un proyecto piloto cuyo fin era crear un sistema unificado para la recogida de datos junto con las organizaciones dedicadas a hacer frente a la violencia sexual y de género. Dichas organizaciones han desarrollado sus propios sistemas de recogida de datos en función de sus objetivos y de las actividades que realizan. Se puso de manifiesto que no era posible crear un sistema unificado debido a las diferencias de objetivos en lo relativo a la recogida de datos.

La Policía tiene su propio método de recogida de datos, cuyo centro es la Oficina de Prevención del Abuso de Niños y Mujeres, que está conectada con todas las comisarías de la isla. La Oficina mantiene una base de datos en la que figuran los casos denunciados en cada una de las comisarías del país. En Sri Lanka, la Policía suele ser el primer punto de contacto para las mujeres que buscan reparación por actos de violencia, entre otros, debido a abusos sexuales. Cada una de las 492 comisarías de Policía cuenta con una Oficina de la Mujer y la Infancia, que está dirigida por una agente y que se encarga de abordar cuestiones relacionadas con las mujeres y los niños, como por ejemplo la prevención y la sensibilización en las escuelas y las instituciones gubernamentales.

El teléfono gratuito de asistencia del Comité Nacional de la Mujer, disponible en toda la isla, ofrece sus servicios las 24 horas del día. El número de denuncias recibidas a través de dicho teléfono se recopila y analiza trimestralmente. Entre 2014 y 2020 se observó un aumento del número de casos de 398 a 10.675.

La Unidad de Género y Salud de la Mujer de la Oficina de Salud de la Familia del Ministerio de Salud mantiene una base de datos que incluye los datos recogidos en los centros de atención (Mithuru Piyasa) de los hospitales. La sección de salud mental del Ministerio de Salud recopila sus propios datos sobre los casos de violencia sexual y de género. Diversas ONG que trabajan con supervivientes tienen sus propias bases de datos. Aunque los datos se encuentran dispersos entre las instituciones, se recogen datos sobre los supervivientes de la violencia sexual y de género y a menudo se planifican estrategias de intervención en función de ellos. Recientemente, en 2019 el Departamento de Censo y Estadística realizó una encuesta nacional sobre la violencia sexual y de género en colaboración con el UNFPA. Se puede considerar que dicha encuesta es la base de referencia más reciente sobre la situación de Sri Lanka en materia de violencia sexual y de género.

Violencia sexual y de género contra la mujer relacionada con conflictos

Llevar a la práctica la política de tolerancia cero en lo relativo a la violencia sexual perpetrada por el ejército y la Policía

Sri Lanka respaldó la Declaración de Compromiso para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos el 12 de enero de 2016. En vista de la preocupación suscitada por la presunta violencia sexual perpetrada por las fuerzas de seguridad, se han dado instrucciones claras a todas las ramas de las fuerzas de seguridad, así como a la Policía, de que se tomen medidas estrictas contra todo el personal que participe en violaciones de los derechos humanos, como la tortura, la violación y la violencia sexual y de género. En consonancia con la tolerancia cero del Gobierno en lo relativo a la violencia sexual y de género, se ha adoptado el Plan de Acción Nacional para Hacer Frente a la Violencia Sexual y de Género y ya se está ejecutando. Además, se han tomado medidas para llevar ante la justicia a los autores de los incidentes de violencia sexual denunciados cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.

Reforzar las capacidades nacionales de investigación y enjuiciamiento, así como la protección y el apoyo para los testigos y las víctimas

Se promulgó la Ley de Asistencia y Protección para las Víctimas y los Testigos de Delitos núm. 4 de 2015, que persigue los siguientes objetivos:

•establecer los derechos de las víctimas y los testigos de delitos y la protección y promoción de dichos derechos; y

•aplicar reglas, normas y mejores prácticas internacionales adecuadas en materia de protección de las víctimas y los testigos de delitos.

Para hacer efectivas las disposiciones de la Ley se creó la Autoridad Nacional para la Protección de las Víctimas y los Testigos, y la Ley se modificó posteriormente a través de la Ley de Asistencia y Protección para las Víctimas y los Testigos de Delitos (Enmienda) núm. 27 de 2017 con el objetivo de facilitar el registro de pruebas desde lugares remotos.

Como medida para poner fin a los retrasos en la justicia, la 20ª Enmienda de la Constitución de la República Socialista Democrática de Sri Lanka dispuso un aumento del número de jueces en los Tribunales Superiores. Por tanto, se incrementó el cuadro de oficiales judiciales de los Tribunales Superiores mediante el nombramiento el 1 de diciembre de 2020 de 6 nuevos jueces para el Tribunal Supremo y de 14 nuevos jueces para el Tribunal de Apelación.

Véase la sección 15 sobre el acceso a la justicia y la sección 17 sobre las mujeres, la paz y la seguridad y los mecanismos de justicia transicional.

Llevar a cabo un examen exhaustivo de todas las investigaciones penales pendientes

El Gobierno de Sri Lanka tiene la firme determinación de garantizar un juicio justo para todos los casos de violencia sexual. Actualmente está tomando medidas para agilizar la resolución de un gran número de casos de violencia sexual que se encuentran pendientes ante los tribunales.

Trata y explotación de la prostitución

Garantizar unos recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la ejecución y el seguimiento efectivos del Plan Estratégico Nacional para Vigilar y Combatir la Trata de Personas de 2016

Tras recibir la correspondiente aprobación del Consejo de Ministros, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas dirigido por el Ministerio de Justicia puso en marcha el Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Personas (2015-2019). Dado que el período de aplicación del Plan de Acción Nacional expiró al concluir 2019, las instituciones interesadas ejecutaron las medidas especificadas en él durante el año 2020. El Plan de Acción Nacional para el período 2021-2025 ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Los organismos miembros ejecutaron con éxito el anterior Plan de Acción Nacional y, a pesar de los retos, se consiguió alcanzar los objetivos que se especifican a continuación:

a)establecimiento de una Autoridad Nacional para la Protección de las Víctimas y los Testigos de Delitos;

b)creación de una División Policial de Asistencia y Protección para las Víctimas y los Testigos de Delitos;

c)realización de programas de sensibilización para empleados públicos sobre la Ley de Protección de Testigos;

d)creación de un fondo para indemnizar a las víctimas de la violencia.

Proporcionar una creación de capacidad continua en materia de detección temprana, derivación, rehabilitación e integración social de las víctimas de la trata para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los demás funcionarios públicos pertinentes

La Policía de Sri Lanka está llevando a cabo programas de capacitación continuada con el fin de mejorar la capacidad de investigación de sus agentes, prestando especial atención a los funcionarios adscritos a la división de investigación especial del Departamento de Investigación Criminal (DIC) dedicada a la trata de personas. Además, la Fiscalía General también lleva a cabo programas de creación de capacidad con el objetivo de mejorar las competencias de los fiscales relacionadas específicamente con el área de la trata de personas. En 2020, los fiscales de Sri Lanka lograron dos condenas en virtud del artículo 360C del Código Penal, lo que puede destacarse como un progreso significativo después de transcurridos algunos años.

Prevenir la existencia de tratantes, judgarlos y castigarlos de manera adecuada y adoptar medidas de protección específicas para las mujeres y las niñas víctimas de la trata

En caso de necesitarlo, casi todas las presuntas víctimas de la trata reciben alojamiento, atención médica, servicios de asesoramiento y protección por parte de las autoridades competentes. Esto no es solo cierto para las presuntas víctimas de la trata que son nacionales de Sri Lanka, sino que los extranjeros que presuntamente han sido víctimas de la trata han recibido estos mismos servicios y se les ha proporcionado asistencia para la repatriación una vez concluido el procedimiento judicial.

En cuanto a la protección específicamente relacionada con el género, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado ha creado un centro de acogida específico para proporcionar a las mujeres que presuntamente han sido víctimas de la trata unas instalaciones de acogida adecuadas durante un período determinado por orden del tribunal.

Abordar las lagunas jurídicas que impiden el enjuiciamiento de los tratantes en virtud del artículo 360C del Código Penal

En lugar de clasificarse los impedimentos como “lagunas jurídicas”, dado que no existen lagunas jurídicas en la legislación vigente para procesar a los autores de los delitos, se observa que existen dificultades prácticas para obtener pruebas que permitan proceder en los asuntos iniciados en virtud del artículo 360C. Algunas de estas dificultades son la reticencia de las víctimas a tomar medidas judiciales en relación con un caso debido al estigma o al miedo a la victimización secundaria, la reticencia a testificar ante un tribunal y la renuencia a proceder con el asunto judicial por el miedo de los empleados remunerados diariamente a perder sus salarios, lo que pueden considerarse impedimentos para el ejercicio de la acción penal. En estos momentos se está trabajando para dar respuesta a estas lagunas.

Recopilar sistemáticamente datos desglosados por género tanto sobre la explotación de la prostitución como sobre la trata de personas

El Ministerio de Justicia dispone de estadísticas sobre el número de víctimas de la trata que abarcan períodos concretos.

Intensificar las labores de cooperación bilateral, regional e internacional para prevenir la trata de personas

Con respecto a la cooperación regional en el marco de las investigaciones regionales, en Sri Lanka es posible enviar solicitudes con arreglo a las disposiciones de la Ley de Asistencia Mutua en Asuntos Penales núm. 25 de 2002.

Derogar la Ley sobre los Vagabundos

El artículo 3, párrafo 2, de la Ley sobre los Vagabundos establece que un agente de policía puede detener sin necesidad de orden judicial a toda persona considerada ociosa o turbulenta. Se ha denunciado que la policía está utilizando dicha Ley para detener arbitrariamente a mujeres por prostitución y someterlas a acoso. El Departamento de Servicios Sociales ha confirmado que se han celebrado dos rondas de debates bajo su dirección con el objetivo de modificar la Ley. En el último debate iniciado por el Ministerio de Justicia participaron el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia, el Departamento de Libertad Condicional y Servicios de Atención Infantil, el Departamento de Prisiones, la Policía y la Fiscalía General. Durante estos debates se acordó modificar todas las cuestiones relacionadas con la violencia contra las mujeres y las niñas mediante la enmienda de la Ley correspondiente.

Participación en la vida política y pública y en la toma de decisiones

Garantizar, dentro de un plazo concreto, la promulgación de la cuota mínima de mujeres propuesta del 30 % para los documentos de candidatura de los partidos políticos

El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia solicitó al Ministerio de los Consejos Provinciales que se estableciera una cuota del 30 % para las mujeres a través de la enmienda de la Ley sobre las Elecciones a los Consejos Provinciales núm. 17. El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia presentó un memorando al Comité Sectorial de Género del Parlamento en el que se instaba a modificar la Ley sobre las Elecciones al Parlamento para que el 25 % de las candidaturas de los partidos y la mitad de los nombramientos de la lista nacional correspondan a mujeres. De este modo, se brindó la oportunidad de sensibilizar a los Parlamentarios sobre la necesidad de disponer de una cuota para las mujeres en el Parlamento.

Adoptar medidas, en concreto medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1, de la Convención y con la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité, relativa a las medidas especiales de carácter temporal, en forma de cuota legal para las mujeres, incluidas las pertenecientes a minorías

De las 2.200 mujeres elegidas para formar parte de autoridades locales, 280 eran tamiles. De las 13 mujeres que formaron parte del último Parlamento (2015-2020), 2 eran tamiles. La representación de las mujeres que forman parte de minorías en el Parlamento aún no ha aumentado.

Llevar a cabo actividades de sensibilización dirigidas al público en general y a los partidos políticos sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones

Durante todo el período sobre el que se informa, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia y las OSC llevaron a cabo programas de capacitación para mujeres que aspiran a entrar en la política. Tras el anuncio de las elecciones locales, el Gobierno y las ONG aceleraron la capacitación, lo que permitió disponer de un número adecuado de mujeres formadas en el país que podían ser nombradas candidatas para las elecciones. El Comité Nacional de la Mujer ha impartido programas destinados a la creación de capacidad para los miembros del Parlamento y de las autoridades locales. El principal objetivo de dicho Comité ha sido fomentar la participación de las mujeres en la política. El Comité Nacional de la Mujer ha llevado a cabo varios programas de concienciación para mujeres representantes tanto a nivel de distrito como nacional, promoviendo e inspirando su interés por la política. Para apoyar esta tarea, el Comité ha elaborado manuales de capacitación y otros materiales, principalmente en formato impreso, que se han utilizado en las sesiones de sensibilización.

Uno de los programas más importantes es el programa de estudios de la Diplomatura en Ciencias Políticas que se imparte en la Universidad de Peradeniya. El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado, en colaboración con la Universidad de Peradeniya, sigue impartiendo un curso de certificación para mujeres líderes a través del que se ha formado a 180 mujeres, entre ellas mujeres pertenecientes a grupos minoritarios. Asimismo, la Federación de Autoridades Administrativas Locales de Sri Lanka lleva a cabo programas de formación continuados para los miembros de las autoridades locales. El Gobierno ha adoptado varias medidas con el fin de cumplir la promesa realizada de alcanzar la meta 5.5 de los ODS al garantizar la plena participación de las mujeres en los órganos políticos.

En 2021, el Grupo de Mujeres Parlamentarias propuso al Comité Especial sobre Reformas Electorales del Parlamento que definiera reformas apropiadas del derecho electoral y del sistema electoral y que recomendara las siguientes enmiendas necesarias: que el 50 % de la lista nacional corresponda a mujeres y que la representación de las mujeres en el Parlamento, los consejos provinciales y las autoridades administrativas locales incremente hasta el 30 %.

Establecer un sistema de recogida de datos desglosados sobre la participación de mujeres que representen a diferentes minorías en los puestos de toma de decisiones en todos los sectores y a todos los niveles

El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia ha creado una base de datos para recopilar información sobre las mujeres que forman parte del Parlamento y de las autoridades locales y ha incluido las iniciativas de creación de capacidad llevadas a cabo con ellas.

Educación

Gracias a unas políticas coherentes que defienden la gratuidad de la educación y la escolarización obligatoria, las mujeres alcanzan un alto nivel de educación. Sigue existiendo una política de no discriminación.

Utilizar medidas especiales de carácter temporal destinadas a eliminar las disparidades

Con arreglo al sistema de cuotas de distrito introducido en 1973, el 40 % de las mujeres entran en la universidad a través del sistema de méritos aplicado a toda la isla, el 55 % a través de la cuota de distrito y el 5 % a través de la cuota correspondiente a los distritos menos desarrollados. Este sistema se aplica teniendo en cuenta las disparidades que pueden existir en el sistema educativo regional. El Gobierno sigue asignando fondos y poniendo en marcha programas para mejorar las escuelas rurales, contratar a más profesores y ayudar a los niños de las zonas rurales mediante el suministro de libros de texto y uniformes gratuitos.

Garantizar la puesta en práctica, el seguimiento y la evaluación de la educación en materia de paz y derechos humanos como parte de los planes de estudios de todos los niveles de educación

Los planes de estudios actuales para los niños en edad escolar les dotan de una comprensión de los valores culturales y religiosos de las diferentes comunidades, además de promover la importancia de la paz y la armonía étnicas y religiosas. En colaboración con el Ministerio de Educación, en 2017 la Oficina para la Unidad y la Reconciliación Nacionales incluyó segmentos sobre la paz y la reconciliación en los programas escolares.

Combatir los estereotipos de género discriminatorios en la educación e integrar la perspectiva de género en las políticas educativas nacionales

Se están formulando políticas destinadas a integrar la perspectiva de género en el sector general de la educación y se están examinando los libros de texto escolares para comprobar su sensibilidad a las cuestiones de género. Se ha nombrado un comité especial dentro del Ministerio de Educación encargado de analizar todos los programas de estudios, los libros de texto escolares y las guías para el profesorado a fin de comprobar que tienen en cuenta las cuestiones de género (véase la sección sobre los estereotipos). Los responsables de la aplicación efectiva de las políticas del sector educativo que tienen en cuenta las cuestiones de género son los cuatro ministerios estatales que dependen del Ministerio de Educación. El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado ha puesto en marcha un programa de pobreza vinculada a la menstruación y, en una primera fase, se suministraron compresas a 34 escuelas para que se distribuyeran entre las alumnas. Este programa se ampliará a todas las escuelas en 2021. En todas las escuelas se llevan a cabo programas especiales de nutrición y exámenes médicos en colaboración con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado.

Diseñar y ampliar programas que tengan en cuenta las cuestiones de género, en particular medidas especiales de carácter temporal relacionadas con la alta cualificación tecnológica

Las estrategias nacionales de desarrollo de aptitudes llevadas a cabo durante el período sobre el que se informa incluyeron la formulación de la política de enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP), en la que el género es un tema transversal, el establecimiento de las Normas Nacionales de Competencia y de los planes de estudios de 2018 y la elaboración de normas para 27 sectores o grupos ocupacionales, entre ellos el sector del procesamiento de alimentos, las ocupaciones domésticas, la enfermería y los paramédicos, el textil y la confección, el calzado y los productos de cuero, que son áreas en las que suelen predominar las mujeres.

El número total de personas que completaron la formación de aprendices de la Autoridad Nacional de Aprendizaje y Formación Industrial en 2018 fue de 15.284. La participación de las mujeres fue del 31,4 %. En 2018, la Autoridad Nacional de Aprendizaje y Formación Industrial impartió formación en el empleo y en la fábrica para un total de 17.743 estudiantes, de los que el 47,7 % eran mujeres. Del total de 14.926 estudiantes que finalizaron la formación, el 50,4 % eran mujeres. De los 61.150 títulos de formación profesional emitidos en 2018, el 39,1 % fueron para mujeres.

El programa Competencias para un Crecimiento Inclusivo de Australian Aid ofrece apoyo a las mujeres para que accedan a una educación y una formación profesionales que se ajusten a las carencias de competencias del sector turístico.

El sector del desarrollo de aptitudes está elaborando un Plan de Acción Nacional para el Desarrollo de Aptitudes que abarcará un período de diez años. Además, el marco de políticas nacional “Perspectivas de Prosperidad y Esplendor” ha concedido prioridad al desarrollo de aptitudes a través de su componente estratégico titulado “Hacia una sociedad cualificada” e incluye la estrategia denominada “Una mano de obra capacitada y enérgica para lograr un desarrollo acelerado que reduzca el grupo no cualificado de la mano de obra”. En cuanto a la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, el marco de políticas y el PAN incluyen las siguientes actividades:

•regular, normalizar y ampliar los servicios de guardería para aumentar la participación de las mujeres en la población activa;

•introducir una modalidad de trabajo flexible para las madres jóvenes;

•crear un banco de datos de recursos humanos jóvenes;

•erradicar la cultura de la burla de los centros educativos; y

•promover las industrias orientadas a la exportación cuyo trabajo se realiza en el domicilio.

No hay barreras de género para acceder a los cursos y se anima a las mujeres a solicitarlos al proporcionarse unas instalaciones adecuadas para la formación.

Institucionalizar una educación sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos integral y adecuada para la edad

En las escuelas se imparte una educación sexual adecuada para la edad a partir del 6º curso y una educación sexual integral para los alumnos del 13er curso. Se ha introducido un módulo sobre la salud reproductiva de los adolescentes para los alumnos de formación profesional. Los sitios web sobre salud de los centros educativos contienen información sobre salud sexual y reproductiva en cingalés, tamil e inglés.

Empleo

Adoptar medidas para facilitar la entrada de las mujeres en ámbitos laborales en los que tradicionalmente predominan los hombres

La ampliación de la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), la introducción de la rama tecnológica en el 13º curso y alentar a las niñas a seguir formaciones no tradicionales en educación técnica han proporcionado oportunidades para que las niñas adquieran las competencias necesarias para entrar en ámbitos laborales no tradicionales.

Aplicar leyes y políticas para proteger y promover los derechos de las mujeres que trabajan en sectores informales y en las zonas de libre comercio

La legislación laboral general también se aplica a los empresarios y los trabajadores de las fábricas y los demás establecimientos situados en las zonas de libre comercio. En las zonas de libre comercio se realizan inspecciones laborales periódicas y los empleados están protegidos principalmente por la Disposición Legislativa sobre las Fábricas núm. 45 de 1942, la Ley de Empleo de Mujeres, Jóvenes y Niños núm. 47 de 1956, la Disposición Legislativa sobre las Prestaciones de Maternidad núm. 32 de 1939, la Disposición Legislativa sobre la Junta Salarial núm. 27 de 1941, etc.

La lucha contra la violencia sexual y de género en los lugares de trabajo se ha abordado en múltiples foros, con la participación del Departamento de Trabajo. En 2013 se elaboraron una serie de directrices junto con la Federación de Empleadores de Ceilán y la OIT sobre cómo encarar la violencia sexual y de género en los lugares de trabajo, y actualmente se está promoviendo su aplicación en los establecimientos afiliados a dicha Federación. Está previsto que se ratifique el Convenio núm. 190 de la OIT.

En cuanto a la creación de un teléfono de asistencia para los trabajadores de las zonas de libre comercio, el Comité Nacional de la Mujer ya dispone del teléfono de asistencia 1938, por lo que el Departamento de Trabajo considera que sería apropiado promover su uso también para las zonas de libre comercio. La División de Asuntos de la Mujer y la Infancia y la División de Diálogo Social del Departamento de Trabajo están llevando a cabo programas de sensibilización sobre cuestiones de género.

Se ha realizado un examen sobre los trabajadores domésticos, al que el Departamento de Trabajo ha contribuido mediante la facilitación del diálogo y los foros. El Ministerio de Trabajo sigue celebrando consultas con las partes interesadas para modificar las leyes laborales relativas a los trabajadores domésticos.

Reducir la brecha salarial de género mediante la realización de encuestas salariales periódicas y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y regulación eficaces para las prácticas de empleo y contratación

A pesar de que la legislación laboral de Sri Lanka descarta la práctica de la discriminación salarial por razón de género, en la encuesta de población activa del país se calcula la brecha salarial a partir de los datos recogidos mediante las encuestas. Por consiguiente, a continuación se facilitan las brechas salariales de los años 2017, 2018 y 2019.

Brecha salarial en el sector informal

Año	Brecha salarial en el sector informal
2017	50,3 %
2018	48,2 %
2019	49,22 %

Fuente: encuestas de población activa de Sri Lanka de 2017, 2018 y 2019.

La Disposición Legislativa sobre la Junta Salarial núm. 27 de 1941 ha sido modificada por la núm. 14 de 2019, que se encuentra en vigor desde el 24 de septiembre de 2019. Sin embargo, esta enmienda no ha corregido las diferencias salariales indicadas en el cuadro anterior en relación con el sector informal.

Recoger datos desglosados sobre el acoso sexual tanto en el sector público como en el privado, incluidas las sanciones impuestas a los autores

El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado emitió la circular núm. 01/2017 con fecha de 27 de enero de 2017.

Con arreglo a lo previsto en la Decisión núm. 16/25/22/740/013 del Consejo de Ministros de 6 de diciembre de 2016, en 2018 se crearon comités sobre el acoso sexual en el marco de diez ministerios competentes con el fin de prevenir todo tipo de acoso en el lugar de trabajo. El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia lleva a cabo programas de concienciación a través de los que se anima a las mujeres a denunciar los casos de acoso sexual que hayan tenido lugar. El Ministerio está redactando un manual cuyo objetivo es sensibilizar a los ministerios sobre la puesta en funcionamiento de los comités de lucha contra el acoso, garantizando al mismo tiempo la existencia de un lugar de trabajo decente para todos, especialmente para las mujeres. Las empresas privadas, incluidas las fábricas situadas en las zonas de libre comercio, también han creado comités sobre el acoso sexual. En 2013, la Federación de Empleadores de Ceilán introdujo un código de conducta para prevenir y encarar el acoso sexual en el sector privado.

Prestar asistencia a las excombatientes para que accedan a oportunidades de empleo y formación profesional adecuadas y libres de estereotipos

En el Plan de Acción Nacional para los Hogares Encabezados por una Mujer del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia se reconoce a las excombatientes como un grupo independiente con vulnerabilidades especiales que necesita apoyo. El Gobierno ha incorporado a 669 excombatientes a la Fuerza de Defensa Civil, de los que 129 son mujeres. En 2017, la Organización para la Unidad y la Reconciliación Nacionales proporcionó ayuda para la subsistencia a 750 familias de excombatientes de los distritos de Kilinochchi y Mullativu.

Ratificar el Convenio núm. 189 de la OIT sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos

El Ministerio de Trabajo sigue celebrando consultas con las partes interesadas para modificar las leyes laborales relativas a los trabajadores domésticos.

Salud

Modificar la legislación para legalizar el aborto no solo cuando corra peligro la vida de la mujer embarazada, sino también en todos los casos de violación, incesto y malformación fetal grave

El Ministerio de Justicia intentó modificar las disposiciones jurídicas del Código Penal para permitir la interrupción médica del embarazo en las circunstancias específicas de violación e incesto, cuando la mujer embarazada tenga menos de 16 años (víctima de estupro) y en los casos de malformación fetal grave. La política presentada por el Consejo de Ministros fue sometida a un proceso de análisis para poder proceder con la consulta a todos los líderes religiosos. Posteriormente se remitió la enmienda a los líderes religiosos para que formularan observaciones.

Eliminar los obstáculos al acceso por parte de las mujeres a servicios de aborto en condiciones seguras

La actual ley sobre el aborto sigue previendo la interrupción del embarazo para salvar la vida de una mujer cuando haya una indicación médica de que esta corre peligro. Se está intentando ampliar la excepción para incluir la violación y las anomalías fetales congénitas.

Garantizar asignaciones presupuestarias adecuadas para satisfacer las necesidades sanitarias de las mujeres en las zonas afectadas por conflictos y en el sector de las plantaciones, especialmente en lo relativo a la salud sexual y reproductiva

En la actualidad, todos los servicios sanitarios, incluidos tanto los curativos como los preventivos, están distribuidos de manera igualitaria por todos los distritos del país. El país está dividido en 353 divisiones sanitarias, cada una de las cuales está dirigida por un Oficial Médico. Las matronas de la sanidad pública, en tanto que proveedoras de atención sanitaria comunitaria sobre el terreno, atienden a una población de entre 3.000 y 5.000 personas en lo que respecta a las necesidades de salud reproductiva de las mujeres. Dichas matronas ofrecen un paquete exhaustivo de atención sanitaria maternoinfantil que incluye atención pregestacional, atención prenatal, atención durante el embarazo, atención posparto, los servicios de las clínicas para el bienestar de las mujeres (Well Women Clinics), planificación familiar, prevención de la violencia sexual y de género y apoyo para las supervivientes de la violencia sexual y de género. Las matronas de la sanidad pública facilitan atención domiciliaria en todo el país.

Garantizar el acceso a información sobre la sexualidad para todas las mujeres y las niñas

La Oficina de Salud de la Familia del Ministerio de Salud, en colaboración con la Oficina de Promoción de la Salud de dicho Ministerio, elabora y difunde información sobre salud sexual pertinente para las mujeres y las niñas. Esta información está a disposición de las niñas y las mujeres del país y se facilita a través de diferentes métodos, según resulte apropiado en función de la población destinataria. Por ejemplo, se utilizan carteles, folletos, campañas en los medios sociales, talleres en los medios de comunicación, páginas web, debates en grupo, talleres y seminarios. La información sobre salud sexual dirigida a las mujeres se difunde enfocando el ciclo vital a través del personal sanitario de campo de cada una de las áreas sanitarias en que se divide el país. La educación en salud sexual está integrada en la mayoría de los servicios, entre los que se incluyen la atención pregestacional, durante el embarazo, en el posparto, para mujeres de 35 y 45 años y en las clínicas para el bienestar de la mujer.

Se ha puesto en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Programa de la Mujer Sana (2019-2023), elaborado por la Oficina de Salud de la Familia con el apoyo del UNFPA Sri Lanka, que está en línea con el Marco Estratégico Nacional para el Desarrollo de los Servicios Sanitarios para 2016-2025.

Proporcionar datos específicos de cada región sobre la transmisión y la prevalencia de la infección por el VIH

Véanse las páginas 28 y 29 del documento básico común.

Mujeres cabeza de familia

Crear una base de datos desglosada sobre las mujeres cabeza de familia en el Estado parte que tenga en cuenta la heterogeneidad dentro de este grupo y utilizarla para diseñar una categorización clara e inclusiva de las mujeres cabeza de familia que pueda utilizarse de manera uniforme en las políticas y los programas de bienestar y reasentamiento

El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado utiliza los datos sobre las mujeres cabeza de familia recogidos por el Departamento de Censo y Estadística. En estos momentos, el Ministerio está recopilando datos e información sobre las mujeres cabeza de familia en lo referente a la edad, el estado civil, el nivel de ingresos, el número de hijos, la discapacidad y el estado de salud con miras a facilitar la ejecución del Plan de Acción sobre las Mujeres Cabeza de Familia. La categorización de las mujeres cabeza de familia por parte del Departamento de Censo y Estadística incluye los siguientes grupos: solteras, casadas, divorciadas, separadas y viudas. Se ha reconocido la diversidad dentro de las mujeres cabeza de familia, y el Gobierno utiliza los datos recogidos por el Departamento de Censo y Estadística para la planificación y la elaboración de políticas.

Modificar la Ley del Soborno para incluir el soborno sexual como delito y garantizar que los autores reciban un castigo adecuado

A pesar de que no se ha modificado la Ley del Soborno para incorporar el soborno sexual, se han tomado varias medidas para empoderar a las mujeres contra esta práctica. La Comisión contra el Soborno ha incluido las formas de gratificación sexual en el Plan de Acción Nacional de Lucha contra el Soborno y la Corrupción, en lugar de referirse exclusivamente a la gratificación. Con el apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado, se está llevando a cabo un proyecto titulado “Desafíos Ocultos” para empoderar a las mujeres contra el soborno sexual. Se ha solicitado que se incluya el soborno sexual en los módulos de capacitación de las organizaciones que imparten formación para el Gobierno y para organizaciones del sector privado. Aunque la Ley del Soborno no incluye el soborno sexual, se pueden tomar medidas para presentar una petición de derechos fundamentales en virtud del artículo 11 de la Constitución o presentar una queja ante la Comisión contra el Soborno o ante la Comisión de Administración Pública.

Crear un sistema de seguridad social para los hogares encabezados por una mujer

Existen numerosos sistemas de seguridad social que ofrecen cobertura para las mujeres que forman parte del sector informal. En función de su nivel de ingresos, los hogares encabezados por una mujer pueden inscribirse en estos sistemas, que dependen del Ministerio de Servicios Sociales. El programa Samurdhi también cuenta con un sistema de seguro social que cubre a los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres cabeza de familia.

Garantizar que se apliquen los mismos requisitos a las mujeres y a los hombres a la hora de acceder a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero

Tanto los hombres como las mujeres deben cumplir los mismos criterios para acceder a préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. Está previsto que en 2020 el Gobierno celebre un debate sobre la explotación de las mujeres por parte de empresas financieras privadas como consecuencia del limitado acceso de las mujeres al crédito, y ya se está debatiendo la realización de reformas políticas.

Introducir sistemas de crédito de bajo interés o sin intereses para las mujeres cabeza de familia y para las familias que viven en situación de pobreza

Las principales instituciones gubernamentales que se ocupan de las necesidades crediticias de las mujeres cabeza de familia son el Ministerio de Desarrollo Samurdhi y la Oficina de la Mujer de Sri Lanka. En el marco del Programa Empresarial Samurdhi del Departamento Samurdhi, entre 2016 y 2020 se desembolsó un total de 8,51 millones de rupias en forma de microcréditos para mujeres. El 67 % de los beneficiarios fueron mujeres. Las mujeres que poseen microempresas incluidas en las categorías del desarrollo agrícola, el desarrollo ganadero, el desarrollo de la pesca y el desarrollo de las pequeñas industrias reciben una ayuda para la subsistencia de 50.000 rupias y conocimientos técnicos para desarrollar sus empresas. Los bancos Samurdhi y las sociedades bancarias Samurdhi ofrecen 21 tipos de programas de préstamo con diferentes tipos de interés anuales, que van desde el 4 % hasta el 12 %. El plazo de devolución del préstamo también es de entre 1 y 6 años según el tipo de préstamo obtenido.

Entre 2016 y 2019, la Oficina de la Mujer de Sri Lanka desembolsó 29,4 millones de rupias entre 2.466 mujeres cabeza de familia para que participaran en actividades de desarrollo de los medios de vida. Se trata de un préstamo sin intereses recuperable en un plazo de un año.

Durante el período sobre el que se informa, la Oficina de la Mujer de Sri Lanka proporcionó un total de 201 millones de rupias para el empoderamiento económico de las mujeres cabeza de familia. Hubo un total de 1.214 mujeres beneficiarias de esta asignación. Además, se facilitaron 30,9 millones de rupias para las mujeres cabeza de familia en forma de subvenciones y 7,75 millones de rupias en forma de préstamos.

Establecer un sistema bien coordinado y organizado para la emisión de documentos personales y títulos de propiedad que garantice la igualdad de acceso de las mujeres a la ayuda para la subsistencia, a la vivienda y a la tierra registrada a su nombre

Los derechos a la propiedad se rigen principalmente por el derecho romano neerlandés, que es el derecho común del país que reconoce la igualdad de derechos para las mujeres. Sin embargo, la práctica consuetudinaria es que la tierra sea propiedad de los hombres o que se les asigne a estos en tanto que cabeza de familia. Para más información, véase la sección 13, letra a).

El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia y las OSC mantuvieron varias conversaciones con el Ministerio de Tierras en las que solicitaron que se introdujera la copropiedad de la tierra, alegando que no existen prohibiciones jurídicas que impidan conceder tierras del Estado en copropiedad o mediante enajenación. No obstante, este asunto aún no se ha examinado, si bien se sigue presionando para ello.

Mujeres migrantes

El Comité recomienda que el Estado parte suprima el Informe de Antecedentes Familiares (MFE/RAD/10/13) con el objetivo de eliminar las restricciones a la migración en función del género

En aras de la protección y el bienestar de los hijos de las trabajadoras migrantes, en 2013 se introdujo el Reglamento sobre el Informe de Antecedentes Familiares, que fue objeto de escrutinio por parte de numerosos investigadores y activistas por los derechos de la mujer. El 22 de abril de 2016, el Ministerio de Empleo en el Extranjero presentó un documento ante el Consejo de Ministros en el que se solicitaba la eliminación del Informe de Antecedentes Familiares y la flexibilización de las barreras que impedían a las trabajadoras migrantes acceder al empleo en el extranjero. Sin embargo, en junio de 2016, el Consejo de Ministros respondió a este documento nombrando un comité ministerial encargado de examinar las inquietudes destacadas en él y de formular recomendaciones al respecto. El comité remitió un informe con recomendaciones al Consejo de Ministros el 22 de septiembre de 2016. El Consejo de Ministros respondió a las recomendaciones y se puso en marcha un proyecto piloto de seis meses que las incorporaba. Según las recomendaciones, debía establecerse un Comité del Informe de Antecedentes Familiares dentro de cada secretaría de división presidido por el Secretario o el Subsecretario de División. Mientras tanto, el Centro de Análisis de la Pobreza llevó a cabo una investigación cualitativa y centrada en diversos lugares, encargada por la OIT, con el objetivo de examinar los efectos del Reglamento sobre el Informe de Antecedentes Familiares en las diferentes partes implicadas en el proceso de migración laboral.

Con posterioridad al proyecto piloto y a la investigación del Centro de Análisis de la Pobreza, el Ministerio de Empleo en el Extranjero presentó otro documento ante el Consejo de Ministros el 16 de julio de 2018 en el que se solicitaba la eliminación del Informe de Antecedentes Familiares. Nuevamente se nombró un subcomité del Consejo de Ministros encargado de formular recomendaciones para el Consejo de Ministros y el 9 de enero de 2019 se presentó el informe resultante. Sin embargo, el 13 de febrero de 2019, el Consejo de Ministros rechazó la propuesta de eliminar el Informe de Antecedentes Familiares destacando las consecuencias que esta medida probablemente tendría para los niños pequeños y ordenó simplificar el proceso. En la actualidad, el sistema está diseñado de tal forma que se divide a las posibles trabajadoras migrantes en mujeres con hijos y sin hijos. Los presidentes de los comités para el Informe de Antecedentes Familiares de cada división pueden formular la recomendación directamente, eximiéndose de este modo a las mujeres sin hijos del sistema de cumplimiento del Informe de Antecedentes Familiares para agilizar el proceso de salida. Las mujeres con hijos tienen que presentar el Informe de Antecedentes Familiares junto con un plan de cuidados que será examinado por el comité para el Informe de Antecedentes Familiares de la secretaría de división pertinente. También existe un sistema de apelación para que las mujeres puedan realizar sus alegatos.

Mujeres rurales

Establecer un mecanismo que garantice la aplicación, el seguimiento y la evaluación de inversiones en desarrollo económico rural que beneficien a las mujeres

En la actualidad, el Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado efectúa un seguimiento de la asignación especial para las mujeres incluida en la partida presupuestaria correspondiente a las inversiones en desarrollo económico rural. El seguimiento se lleva a cabo a través de los Oficiales de Desarrollo de la Mujer adscritos a las secretarías de división. Los datos se recopilan a partir de fuentes de las divisiones y se realiza un examen periódico de los progresos. El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado ha desarrollado un sistema para mejorar la calidad de los servicios prestados por los oficiales que trabajan sobre el terreno a través de un método mejorado de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y aprendizaje que les hace responsables de las funciones desempeñadas. Esta información se incluyó en la descripción del puesto de los oficiales del Ministerio de Estado que trabajan sobre el terreno.

Utilizar medidas especiales de carácter temporal para garantizar la participación de las mujeres en la dirección de los sindicatos de las industrias rurales

Las actividades de los sindicatos se rigen por la Disposición Legislativa sobre los Sindicatos núm. 14 de 1935, en la que se abordan aspectos como la afiliación, los cargos, las ejecutivas y los comités. Los sindicatos se crean de manera voluntaria a petición de empleados que trabajan de forma independiente como entidades jurídicas propias. En tanto que regulador laboral, el Gobierno no está en una posición que le permita influir en los sindicatos para que aumenten la participación de las mujeres, a menos que sean las propias mujeres quienes aboguen por la realización de reformas. Existen sindicatos para el sector inmobiliario y en las zonas de libre comercio, y las empleadas de estos sectores han obtenido la afiliación.

Dar respuesta a las malas condiciones de trabajo de la industria pesquera y proporcionar apoyo sanitario y de asesoramiento para las mujeres drogodependientes

El Ministerio de Pesca, con la ayuda de instituciones como el Departamento de Pesca y Recursos Acuáticos, la Autoridad Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura de Sri Lanka y la Agencia Nacional para la Investigación y el Desarrollo de los Recursos Acuáticos, se ocupa de las malas condiciones de trabajo existentes en la industria pesquera. Además, el Departamento de Pesca y la Autoridad Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura llevan a cabo anualmente programas de sensibilización y capacitación para las pescadoras rurales. Los oficiales sobre el terreno, como los inspectores de pesca y los oficiales de extensiones agrícolas, que conocen las condiciones de trabajo de las pescadoras, proporcionan el asesoramiento y el apoyo técnico necesarios.

Corregir la brecha salarial y la denegación de la licencia de maternidad en las industrias rurales

Si bien aún no se ha dado respuesta a esta cuestión, se está debatiendo la posibilidad de ofrecer medidas de protección para las mujeres del sector informal. La Disposición Legislativa sobre las Licencias por Maternidad núm. 32 de 1939 contiene disposiciones que prohíben a cualquier empresario emplear de manera consciente a una trabajadora durante las cuatro semanas inmediatamente posteriores al parto.

Militarización del suelo

Se ha puesto en marcha un proceso, dirigido por el Ministerio de Defensa, destinado a acelerar la liberación de las tierras privadas que siguen estando ocupadas por las fuerzas de seguridad, en el marco de un procedimiento adecuado de recuperación de tierras, sin que ello suponga ningún peligro para los intereses esenciales de seguridad nacional del país. De las tierras que anteriormente habían estado en manos de las fuerzas de seguridad, a 31 de diciembre de 2019 se habían devuelto a los propietarios civiles el 89,26 % de las tierras del Estado y el 92,22 % de las tierras privadas.

También se observa que ya se ha desminado el 98,7 % de las tierras del norte y el este que habían sido contaminadas debido a las minas terrestres y a las municiones sin detonar colocadas por los Tigres de Liberación del Ílam Tamil en zonas civiles sin que se guardara un registro, facilitándose así el proceso de devolución de tierras y reasentamiento. En la actualidad, a través de las autoridades administrativas locales, las fuerzas militares han devuelto a los civiles que eran sus propietarios legítimos la mayoría de las tierras privadas que se encontraban ocupadas por el ejército al finalizar el conflicto en 2009.

Se estudiará la posibilidad de liberar las tierras restantes, teniendo en cuenta las necesidades estratégicas de los establecimientos de las fuerzas de seguridad en el norte y en el este y con sujeción a los procedimientos establecidos por la ley con respecto a la concesión y la cesión de tierras.

Leyes discriminatorias sobre las relaciones matrimoniales y familiares

El 11 de noviembre de 2020 se presentó un memorando para el Consejo de Ministros en el que se solicitaba cambiar la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años tanto para los hombres como para las mujeres. Las reformas también han incluido la inclusión de mujeres quazis en la Junta Quazi como registradoras de matrimonios y entidades decisorias en materia matrimonial. En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 8 de marzo de 2021 se pidió al Ministro de Justicia que encargara al Redactor Jurista la redacción de leyes a) sobre la edad mínima para los matrimonios musulmanes y b) para abolir los tribunales quazis y prohibir los matrimonios polígamos de los hombres musulmanes.

Elaborar un código de familia unificado que sea acorde a la Convención

La Comisión de Reformas del Derecho Civil estudiará las reformas que deben realizarse en lo relativo al derecho de familia.

Modificar la Disposición Legislativa General sobre el Registro de Matrimonios para garantizar que las mujeres musulmanas puedan optar libremente por no acogerse a la Ley sobre el Estatuto Personal de la Población Musulmana y ser registradas con arreglo a la ley general

El comité designado para estudiar posibles modificaciones de las disposiciones de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes tendrá en cuenta la libertad de las personas para elegir entre la ley general y la ley sobre el estatuto personal.

Garantizar que los derechos a la propiedad se rijan por el derecho contractual y de los bienes civil y no por el religioso

El comité designado para la reforma del derecho civil está estudiando la reforma.

Aumentar la edad mínima legal para contraer matrimonio a los 18 años para todas las mujeres del Estado parte

Véase la sección sobre las leyes discriminatorias.

Eliminar cualquier restricción que impida que las mujeres puedan ser nombradas quazis, registradoras matrimoniales y entidades decisorias en materia matrimonial

Se formularán leyes para abolir los tribunales quazis.

Modificar el artículo 363 del Código Penal para que el delito de estupro se aplique sin excepción a todas las niñas menores de 16 años

Una vez aprobada la modificación de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes, se introducirá la consiguiente modificación del Código Penal.

Progreso en lo relativo a artículos específicos de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

Artículos 2 a 4: eliminación de la discriminación, derecho a participar plenamente en todas las esferas y medidas especiales de carácter temporal

El artículo 12, párrafos 1 y 2, del capítulo de la Constitución dedicado a los derechos fundamentales garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de género. La Carta de la Mujer sigue siendo la política sobre los derechos de la mujer que se elaboró tomando como base los derechos de la mujer y la no discriminación consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de una manera sustantiva e inclusiva. En la Carta de la Mujer se describen a grandes rasgos siete áreas a través de un enfoque basado en los derechos que respalda la responsabilidad del Estado de tomar las medidas necesarias para hacer que la igualdad de las mujeres sea una realidad.

Dado que la política sobre la mujer se adoptó en 1993, teniendo en cuenta los cambios ocurridos en el ámbito del género desde entonces, se han emprendido medidas para elaborar una nueva política sobre la mujer que se adapte al contexto actual de 2019. Dicha política incorpora principios a través de los que se defienden los derechos de la mujer consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Gracias a la labor realizada por los grupos de mujeres y los organismos públicos, se ha logrado fijar una cuota de mujeres en las autoridades locales mediante la modificación de la Ley de Elecciones Locales (Enmienda) núm. 1 de 2016.

En 2016 se promulgó la Ley del Derecho a la Información núm. 12 con el fin de establecer el derecho de acceso a la información. Se prevé que esta medida aumente la participación de los ciudadanos en la vida pública y promueva la rendición de cuentas y la buena gobernanza entre las autoridades públicas.

Artículo 5: eliminación de los prejuicios y de prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole

El artículo 12, párrafo 2, de la Constitución establece que ningún ciudadano será discriminado por motivos de raza, religión, idioma, casta, género, opinión política o lugar de nacimiento. No cabe duda de que los motivos de no discriminación previstos en dicho artículo no son exhaustivos y podrían incluir también las diferencias relativas a la orientación sexual. El Subcomité de Derechos Fundamentales nombrado por la Asamblea Constitucional en 2017 aborda la cuestión de la orientación sexual como motivo de no discriminación. En el informe del Subcomité se afirma que ninguna persona debe sufrir discriminación arbitraria por motivo alguno, en concreto debido a la raza, el género, el género, la orientación sexual y la identidad de género.

La meta 5.3.2 de los ODS se centra en la eliminación de todas las prácticas nocivas, como por ejemplo la mutilación genital femenina. Esta práctica, que antes se mantenía oculta, ha salido recientemente a la luz pública y los grupos de mujeres están celebrando debates públicos sobre sus consecuencias. Grupos de mujeres musulmanas se han dirigido a las autoridades estatales y están presionando al Gobierno para que tome las medidas necesarias a fin de mitigar la situación y de que esta práctica se tipifique como delito. Se ha convertido en un problema de salud pública y en una cuestión de abuso infantil. El artículo 308A, párrafo 1, del Código Penal establece que toda persona que provoque una agresión intencionada, malos tratos, negligencia o daños para la salud de una persona menor de 18 años comete un delito de crueldad infantil punible con una pena de prisión no superior a diez años y con una indemnización para la víctima.

En cuanto a la cuestión de poner fin a la discriminación, el Comité Nacional de la Mujer reivindicó con éxito que se eliminara la columna 6 del certificado de nacimiento, que se refiere al estado civil de los padres, y dicha propuesta se remitió al Comité Sectorial sobre Género del Parlamento. La eliminación de dicha columna se basó en las dificultades a las que se enfrentan las madres cuyo embarazo fue resultado de una violación, a la agonía que sufren las madres a la hora de conseguir una plaza escolar y un empleo y al estigma al que se enfrentan tanto la madre como el niño.

Artículo 6: trata de personas y explotación de las mujeres

La trata suele estar vinculada a la explotación sexual comercial y a la migración laboral. El Gobierno desea poner fin a la trata de personas y ha tomado medidas para condenar a los tratantes, para localizar a más víctimas de la trata y para continuar con la capacitación y la sensibilización de los funcionarios y las OSC. Los casos de trata de personas se gestionan con arreglo al artículo 360C del Código Penal y en consonancia con la Convención sobre la Prevención y la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niños con Fines de Prostitución. Además, se aplican procedimientos operativos estándar a fin de crear un enfoque centrado en la víctima en lo relativo a la derivación, la prestación de asistencia y la protección de las víctimas de la trata de personas.

Se ha creado un Grupo de Trabajo Nacional sobre la Trata de Personas dirigido por el Ministerio de Justicia que cuenta con representantes de 17 instituciones gubernamentales. Dicho Grupo de Trabajo se reúne mensualmente para que los miembros compartan información entre sí y para difundir mejores prácticas. El Grupo de Trabajo ha elaborado un plan de acción quinquenal para el seguimiento de la trata de personas y la lucha contra este fenómeno, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. En 2020, el poder judicial emitió una directiva para todos los tribunales superiores en la que se les instaba a agilizar la resolución de los casos de trata de personas.

La Policía siguió impartiendo formación contra la trata de personas para los nuevos miembros que se incorporaron al cuerpo. Los miembros del Grupo de Trabajo sobre la Trata de Personas facilitan programas de desarrollo de capacidades para sus funcionarios y para el público general. El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado, que gestiona un centro de acogida para mujeres víctimas de la trata, también lleva a cabo campañas en los medios de comunicación con el fin de hacer llegar el mensaje al público. La Oficina de Empleo en el Extranjero de Sri Lanka lleva a cabo programas de concienciación para los futuros trabajadores migrantes dentro de Sri Lanka y para los trabajadores migrantes en servicio en algunas misiones diplomáticas.

La Oficina de Empleo en el Extranjero está adoptando medidas encaminadas a frenar las prácticas migratorias no autorizadas de las que son víctimas las mujeres. Además, ha creado una nueva unidad para atender las reclamaciones de los trabajadores inmigrantes. Tras examinar los hechos a los que se refieren dichas reclamaciones, se remiten los casos al Departamento de Investigación Criminal. La Oficina de Empleo en el Extranjero gestiona 15 centros de acogida para estancias cortas como parte de las misiones diplomáticas de Sri Lanka en 14 países para las trabajadoras migrantes en peligro. Los centros de acogida atendieron a 11.215 trabajadores migrantes entre abril y noviembre de 2019, lo que supone un aumento respecto a los 1.806 de 2018.

Artículo 7: participación en la vida política y pública y en la toma de decisiones

Las mujeres siguen disfrutando de los mismos derechos que los hombres, tanto en la vida política como en la pública. Como consecuencia, se ha producido un aumento del número de mujeres entre los representantes políticos, de la participación de las mujeres en la formulación de la política gubernamental y del número de mujeres que ocupan cargos públicos y que desempeñan funciones públicas a todos los niveles institucionales.

El artículo 12, párrafo 2, de la Constitución garantiza la igualdad de derechos de las mujeres para ser elegidas miembros de órganos políticos. El Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos (2017-2021) incluye el logro de una cuota de mujeres en los órganos políticos, la mejora de las competencias de las posibles candidatas y la elaboración de directrices sobre la presentación de candidaturas y la elección de mujeres para el Parlamento, los consejos provinciales y las autoridades locales. Gracias a la fuerte presión ejercida por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia y por los grupos de la sociedad civil, la Ley de Elecciones Locales (Enmienda) núm. 16 de 2017 incorporó una cuota de mujeres del 25 % para las autoridades administrativas locales. Como resultado, en las elecciones celebradas en 2017, la representación de las mujeres en las autoridades locales aumentó del 2 % al 22 %. Dicho aumento supuso pasar de menos de 100 puestos a 2.200. En total hubo 14.826 candidatas que se presentaron a las elecciones.

Tal como se indica en el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia elaboró un conjunto de criterios para la selección de candidatas para las elecciones a las autoridades locales y lo remitió a los partidos políticos a fin de que lo tuvieran en cuenta a la hora de realizar dicha selección.

Durante el período sobre el que se informa se celebraron tres elecciones: elecciones al Parlamento (2020), elecciones presidenciales (2019) y elecciones locales (2018). La conciencia política de las mujeres se refleja a través del interés mostrado por votar, que, según los registros de la Comisión Electoral, se calcula que fue superior al 50 % en casi todas las elecciones. Una característica importante de las elecciones presidenciales fue que por primera vez en 20 años hubo una mujer candidata, que obtuvo el 7º puesto de entre un total de 35 candidatos. A las elecciones parlamentarias celebradas en agosto de 2020 se presentaron 59 candidatas, de las que 8 resultaron elegidas y 4 fueron seleccionadas para la lista nacional. La representación de las mujeres en el actual Parlamento es del 5,3 %.

En respuesta a la discriminación de las mujeres en la política, los grupos de mujeres y el Gobierno han sensibilizado sobre la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en dicho ámbito, para lo que han utilizado vías como talleres, medios de comunicación impresos y electrónicos y campañas de carteles y pegatinas. Se celebraron talleres a nivel nacional y de distrito para motivar y animar a las mujeres a entrar en la política. El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia y las OSC llevaron a cabo programas de capacitación para las candidatas que se presentaron a las elecciones locales que cubrieron todos los distritos, incluidos el norte y el este del país. Se llevó a cabo una evaluación de las necesidades de formación de las mujeres que formaban parte de las autoridades locales para conocer sus necesidades en términos de creación de capacidades y para responder a los retos a los que se enfrentan al trabajar junto con sus homólogos masculinos. En colaboración con la Comisión Electoral, se llevaron a cabo por toda la isla programas de educación electoral centrados en la democracia y en los derechos de los votantes destinados a los grupos de mujeres.

El Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado, en colaboración con la Universidad de Peradeniya, sigue impartiendo un curso de certificación para mujeres líderes a través del que se ha formado a más de 500 mujeres, entre ellas mujeres pertenecientes a grupos minoritarios. De todas las mujeres que han participado en la capacitación, 60 han sido elegidas para formar parte de autoridades locales. Se ha intensificado el trabajo en red entre el Gobierno y las OSC y se ha creado un foro destinado a planificar y llevar a cabo actividades en función de los puntos fuertes de cada organización.

Cabe señalar que, en lo que respecta a los servicios profesionales, si bien la participación de las mujeres está aumentando, esto se debe puramente a los méritos y no a cuotas de género. Por otra parte, parece que la mayoría de las mujeres prefieren no desempeñar funciones de liderazgo activo en la política.

El Servicio Administrativo de Sri Lanka es el servicio de mayor tamaño de la administración pública, y en 2017 el 54,44 % de sus integrantes eran mujeres.

La mayoría de los responsables de adoptar decisiones de alto nivel pertenecen al Servicio Administrativo de Sri Lanka. Los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades de entrar en el Servicio, ya que se les recluta mediante exámenes escritos. En los servicios nacionales, los ascensos se conceden en función de la antigüedad y los méritos. Recientemente, el número de mujeres que ingresan en el Servicio Administrativo de Sri Lanka ha superado al de los hombres, ya que estas han obtenido mejores resultados en el concurso. En las categorías 11 y 111 del Servicio hay un mayor número de mujeres que de hombres. Como resultado, el número de mujeres que ocupan el cargo de Secretaria de División pasó del 31,7 % en 2016 al 37 % en 2018. Los mayores logros educativos de las mujeres también han contribuido a que se alcance esta situación.

Según la Encuesta de Población Activa de 2019, en la categoría de Directivos, Altos Funcionarios y Legisladores, el 8,4 % eran mujeres y el 7,6 % eran hombres, lo que supone un aumento de la representación de las mujeres respecto al 4,9 % de 2016.

En comparación con las cifras de 2014, en 2017 se produjo una disminución del número de mujeres nombradas para el Tribunal Supremo y para los Tribunales Superiores. Sin embargo, las juezas ocupan escalones más altos dentro del sector de la justicia. Para más detalles y estadísticas, véase la parte I del documento básico común.

El número de directoras escolares es comparativamente bajo habida cuenta del gran número de mujeres que forman parte del cuadro docente.

El análisis anteriormente expuesto revela que existe una brecha de género al nivel más alto de la toma de decisiones, pero que en la administración pública y en las categorías subalternas se está reduciendo. Las normas y prácticas sociales siguen impidiendo la movilidad ascendente de las mujeres.

Artículo 8: igualdad de derechos para representar al Gobierno

La situación sigue siendo la misma.

Artículo 9: igualdad de derechos en lo relativo a la nacionalidad

La situación sigue siendo la misma.

Artículo 10: igualdad de derechos en la esfera de la educación

La política de educación gratuita existente en Sri Lanka desde 1945, que incluye numerosos incentivos, ha facilitado un acceso equitativo a la educación para todos los estratos económicos del país. La participación en la educación se ha visto reforzada mediante la normativa que establece la obligatoriedad de la educación para el grupo de edad de entre 5 y 16 años. El marco de políticas gubernamental “Perspectivas de Prosperidad y Esplendor” ha hecho hincapié en la creación de una educación basada en el conocimiento y en la reestructuración/reforma de la educación escolar. Las estrategias para alcanzar los objetivos fijados son las siguientes: introducir un sistema curricular único, mejorar la calidad, formación y desarrollo profesional de los docentes y desarrollo de la infraestructura del sistema escolar.

El Ministerio de Educación ha llevado a cabo varios proyectos financiados por donantes. El programa más reciente, esto es, el Programa de Desarrollo del Sector Educativo (2013-2018), centró su atención en promover la participación de las niñas en la nueva rama tecnológica y en incorporar indicadores de género en los sistemas de gestión y seguimiento.

Sri Lanka ha logrado una escolarización casi universal en la educación básica y secundaria. En la enseñanza primaria y secundaria inferior, la escolarización de las mujeres en la educación formal es casi igual a la de los hombres. El número de chicas supera al de chicos tanto en la educación secundaria como en la educación secundaria superior, donde representan el 55,6 % (2020). Para más detalles y estadísticas, véase la parte I del documento básico común. La tasa de abandono escolar de los hombres es alta, ya que disponen de un acceso fácil al empleo. La tasa de alfabetización de las mujeres es del 92,9 % (2019), de modo que es casi igual a la tasa correspondiente a los hombres, del 93,6 %.

Los niños no escolarizados pertenecen a las familias más pobres que viven en las zonas urbanas y rurales y en las plantaciones, y entre ellos también se incluyen los niños con discapacidad. Los niños de las plantaciones, que antes se encontraban en una situación de desventaja, actualmente tienen una alta tasa de participación en la educación primaria. Los indicadores del desempeño educativo de las niñas están mejorando y sus resultados en los exámenes públicos son mejores que los de los niños.

En los cursos 12º y 13er, en las ramas de arte y de ciencias biológicas hay un número muy superior de niñas que de niños, mientras que estos son más numerosos en las ciencias físicas y en la rama tecnológica. Las chicas representan un tercio de los estudiantes de ciencias físicas. Una de las principales razones de que en el nivel superior las niñas se matriculen en mayor medida en la rama de arte es la distribución de las escuelas que ofrecen educación científica, ya que se encuentran situadas en zonas urbanas y semiurbanas.

Para hacer frente a las disparidades en la educación durante el período 2016-2020, el Gobierno ha puesto en marcha el programa “La escuela más cercana es la mejor escuela” con miras a proporcionar una igualdad de oportunidades en la educación para todos y transformar las escuelas elegidas de cada división en súper escuelas, regulándose de este modo el número de estudiantes de las escuelas urbanas populares que están sobrepobladas. Este programa prevé la creación de 600 escuelas que representen a cada una de las secretarías de división, 1.200 escuelas con clases de nivel avanzado que no están incluidas en otros programas de desarrollo, 776 escuelas en el marco de un programa de creación de escuelas de educación secundaria y 3.577 escuelas en el marco de un proyecto de creación de escuelas de educación primaria.

En 2013, el Ministerio de Educación introdujo una rama tecnológica para los estudiantes de nivel superior. Si bien la matriculación de las mujeres en institutos de formación profesional y técnica ha aumentado, las competencias que obtienen en dichos institutos se limitan a las ocupaciones que socialmente se consideran un trabajo para mujeres. Se están llevando a cabo programas a través de los medios de comunicación y labores de sensibilización y asesoramiento profesional que animan a las mujeres a desempeñar profesiones no tradicionales.

Según las estadísticas de acceso a la universidad de 2015/2016 y 2016/2017, el porcentaje de mujeres en las ingenierías es de entre un 22 % y un 24 %, mientras que en tecnología de la información, ciencias tecnológicas y arquitectura la media es de entre un 40 % y un 50 %. Sin embargo, la matriculación de las mujeres en la rama de las artes es superior al 80 %. La distribución de las mujeres en las facultades refleja el impacto que tiene el estereotipo de los roles de género que han interiorizado las niñas. De la población estudiantil total que ingresó en la universidad en 2019, el 64 % eran mujeres.

Artículo 11: igualdad de derechos en lo relativo al empleo

Una estrategia clave prevista en el documento de política del Gobierno “Perspectivas de Prosperidad y Esplendor” es el empoderamiento económico de las mujeres mediante la prestación de servicios de apoyo.

La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en 2019 fue del 34,5 %. La brecha de género es considerable, en parte debido a que las mujeres que trabajan en el sector informal no figuran en las estadísticas oficiales. El 51 % de las mujeres empleadas trabajan en el sector informal. Las mujeres representaban el 28,4 % en el sector agrícola, el 27,6% en el sector industrial y el 47,1% en el sector servicios. A pesar de la menor participación de las mujeres en la población activa, su contribución a la economía es elevada en los siguientes sectores: confección para la exportación, plantaciones y migración laboral. El empleo de mujeres en el sector público (19,9 %) ha superado al correspondiente a los hombres (12,2 %). También está aumentando el porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos en los servicios nacionales.

Se calcula que, en 2019, la tasa de desempleo nacional era del 5,4 %, siendo del 6,7 % para las mujeres y del 3,4 % para los hombres. La participación de las mujeres en el mercado laboral varía considerablemente en función del nivel educativo. El desempleo de las mujeres con formación educativa es mayor que el de los hombres. Según un estudio del Instituto de Estudios sobre Política, la participación de las mujeres altamente cualificadas en la fuerza de trabajo está a la par con la de los hombres, mientras que la participación de las mujeres menos cualificadas es inferior.

La Disposición Legislativa sobre la Prestación por Maternidad protege a las mujeres frente al despido durante el embarazo y apoya sus responsabilidades familiares mediante la concesión de una licencia y de prestaciones por maternidad. Las funcionarias tienen derecho a 84 días de licencia de maternidad con sueldo completo, mientras que a las trabajadoras del sector privado solo se les conceden 48 días. Para reducir esta anomalía, en el Presupuesto de 2019 se ha propuesto ofrecer apoyo a las madres trabajadoras del sector privado al animar a dicho sector a conceder el 50 % del salario y la licencia de maternidad obligatoria de tres meses como deducción adicional a la hora de calcular su tributación cooperativa, hasta un máximo de 20.000 rupias por empleado y mes.

El Gobierno ha emitido directrices para la creación de guarderías en los lugares de trabajo y la Tesorería liberó fondos para el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia destinados al reacondicionamiento de guarderías durante 2017 y 2018. Se ha pedido al sector privado que establezca guarderías y se ha puesto en marcha un sistema de préstamos para impulsar esta tarea. El desarrollo de la atención infantil forma parte de la Visión de Sri Lanka para 2025 y del Presupuesto de 2019. El proyecto “Primera Infancia” del Ministerio de Desarrollo de la Mujer y la Infancia, Educación Preprimaria y Primaria, Infraestructura Escolar y Servicios Educativos del Estado, financiado por el Banco Mundial, ha realizado una contribución importante para el sector mediante la construcción de nuevos centros, la mejora de las instalaciones, la formación de docentes, el suministro de material didáctico y otras medidas destinadas a mejorar la calidad de la educación preescolar. Dicho proyecto también ha puesto en marcha un programa destinado a renovar 600 guarderías en el sector de las plantaciones. En 2017, el Gobierno introdujo las Directrices Nacionales para las Guarderías con el fin de proporcionar un marco que regule las guarderías en funcionamiento.

El sistema de seguridad social existente se compone de una serie de regímenes de pensiones de vejez que se encuentran bastante arraigados y del pago de una suma global en el momento de la jubilación para los funcionarios públicos y para los trabajadores del sector formal y quienes dependen de ellos. Alrededor del 34 % de la población de Sri Lanka recibe prestaciones de los sistemas de protección social. Los funcionarios y sus familias están cubiertos por tres regímenes principales gestionados por el Departamento de Pensiones: el Régimen de Pensiones de los Funcionarios, la Caja de Previsión de los Funcionarios y el Régimen de Pensiones de Viudedad y Orfandad. Los pagos a los beneficiarios del Fondo Fiduciario para Empleados y de la Caja de Previsión para Empleados corresponden a los trabajadores del sector privado formal.

Artículo 12: igualdad de derechos en el acceso a la atención sanitaria

En Sri Lanka, las mujeres y los hombres gozan de un acceso igualitario a los servicios sanitarios estatales gratuitos. A nivel central, el responsable del mantenimiento de los servicios sanitarios del país es el Ministerio de Salud, mientras que los nueve ministerios provinciales se encargan de la ejecución efectiva de los servicios en sus respectivas provincias. Una característica destacada de la política sanitaria de Sri Lanka es la distribución de los servicios sanitarios por todo el país, de modo que se proporciona atención sanitaria institucional y sobre el terreno en todo su territorio, incluida atención domiciliaria. El acceso universal a servicios sanitarios estatales gratuitos y la disponibilidad de una red de hospitales estatales consolidada en el sector curativo, junto con la existencia de un paquete de servicios de salud maternoinfantil sobre el terreno que incluye la atención domiciliaria y que se ha desarrollado a lo largo de ocho decenios, han tenido un impacto positivo en la mejora del estado de salud de las mujeres del país.

En 2018, el programa había llegado a casi todas las familias del país, formándose un sistema de atención sanitaria correctamente organizado compuesto por 353 áreas médicas.

Sri Lanka ofrece servicios exhaustivos y basados en la evidencia para todas las necesidades sanitarias relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. Todos estos servicios se prestan de manera gratuita en el sector público. La preparación de las niñas para la maternidad se aborda a través del enfoque para todo el ciclo vital que comienza en la infancia y mediante servicios específicos prestados durante la atención previa al embarazo.

Durante el embarazo y el posparto, las mujeres reciben atención domiciliaria por parte de las matronas de la sanidad pública y atención clínica por parte de funcionarios médicos y consejeros médicos. La atención recibida incluye los siguientes componentes: elaboración de la historia clínica y asesoramiento, exámenes y análisis de orina y de sangre para detectar la anemia y la hiperglucemia durante el embarazo, el VIH y la sífilis. La cobertura de estos servicios supera el 90 %. En 2019 se concedió la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la sífilis en Sri Lanka. Se realizan ecografías de predicción de la fecha del parto para la gran mayoría de las mujeres. Además, se efectúa un seguimiento del aumento de peso de la madre y del crecimiento del feto y se suministran hematínicos y suplementos de calcio, así como un complemento alimenticio, para todas las mujeres embarazadas durante el segundo y el tercer trimestre y durante los seis primeros meses posteriores al parto. También se proporciona una cesta de alimentos durante los períodos prenatal y postnatal durante un total de diez meses. El 99,9 % de los partos de Sri Lanka tienen lugar en centros sanitarios.

A la hora de prestarse los servicios anteriormente referidos, no se discrimina a las mujeres por motivos de estado civil, etnia, geografía, clase social o cualquier otro factor no médico.

Cabe destacar que el sistema de servicios de salud maternoinfantil ha evolucionado como parte de los servicios sanitarios generales del país. El Programa de Salud Reproductiva, Materna, Neonatal, Infantil, Adolescente y Juvenil actual es resultado de décadas de evolución. En 2018, dicho programa había llegado a casi todas las familias del país, formándose un sistema de atención sanitaria correctamente organizado compuesto por 353 áreas médicas.

A través de su octavo objetivo, la Política de Salud Maternoinfantil de Sri Lanka (2012) declara entre sus metas la promoción de la salud reproductiva de hombres y mujeres de modo que se aseguren la equidad y la igualdad de género. El programa de planificación familiar forma parte de los servicios de salud maternoinfantil desde la década de 1960 y está incluido en la Política de Salud Maternoinfantil nacional. La política relativa a la gratuidad de los servicios de planificación familiar se aplica a todos los métodos de planificación familiar temporales y permanentes. La tasa de uso de anticonceptivos, independientemente del método utilizado, es superior al 64 % (Encuesta Demográfica y de Salud, 2016).

Con el apoyo del UNFPA Sri Lanka, la Oficina de Salud de la Familia ha elaborado el Plan Estratégico Nacional para el Programa de la Mujer Sana (2019-2023), que está en línea con el Marco Estratégico Nacional para el Desarrollo de los Servicios Sanitarios (2016-2025), con el Plan de Acción Multisectorial Nacional para la Prevención y el Control de las ENT (2016-2020), con la Política y el Marco Estratégico Nacionales sobre la Prevención y el Control del Cáncer de Sri Lanka de 2015 y con la determinación del Gobierno de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el comienzo de la epidemia del VIH a finales de la década de 1980, Sri Lanka ha sido catalogado como país con una baja prevalencia del VIH. Incluso entre los grupos de población clave, la prevalencia del VIH no ha superado el 5 %. En este contexto, Sri Lanka ha estado explorando la posibilidad de alcanzar el objetivo de acabar con la epidemia del sida antes de lo previsto en el calendario mundial. Los resultados de los cálculos nacionales indican que en 2019 en Sri Lanka había 3.600 personas que vivían con el VIH. De esta cifra, 3.550 eran adultos de 15 años o más, y la proporción hombres-mujeres era de 2,93. El número de personas que viven con el VIH se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años, lo que da a entender que existe una situación de equilibrio entre las nuevas infecciones y las muertes relacionadas con el sida. (Para más información, véase el documento básico común).

Artículo 13: igualdad de derechos en ámbitos de la vida económica y social

Esta cuestión se aborda en los artículos 11 y 14.

Artículo 14: igualdad de derechos para beneficiarse del desarrollo rural

Mujeres rurales

Más del 70 % de la población vive en zonas rurales y la mayoría trabaja en el sector agrícola. La tasa de pobreza en las zonas rurales es del 4,3 %, frente a la media nacional del 4,1 %. Las tasas de pobreza de los hogares rurales dedicados a la agricultura son más altas que las de aquellos que trabajan en sectores no agrícolas. La encuesta de población activa de 2019 indica que el sector informal está compuesto por un 53,7 % de mujeres y un 63,3 % de hombres. En dicha encuesta, al 64 % de las mujeres rurales se les clasificó como económicamente inactivas, dedicadas principalmente a las tareas del hogar, y al 6,8 % se les clasificó como trabajadoras familiares no remuneradas.

El marco de políticas gubernamental “Perspectivas de Prosperidad y Esplendor” hace hincapié en la prestación de servicios de apoyo para las mujeres que trabajan por cuenta propia.

El principal programa estatal extendido a las zonas rurales es el programa de desarrollo Samurdhi, que presta sus servicios a 1,8 millones de ciudadanos. Dicho programa incluye la concesión de subvenciones al consumo, planes de ahorro y créditos para actividades empresariales y para la rehabilitación y el desarrollo de la infraestructura del país. En la isla hay un total de 1.074 bancos Samurdhi y 331 sociedades bancarias Samurdhi en funcionamiento que ofrecen microcréditos para las familias de bajos ingresos. El número total de beneficiarios del programa Samurdhi asciende a 1.745.798, de los cuales 604.574 son mujeres. En los bancos Samurdhi predominan las mujeres, y actualmente hay 2.922.731 registradas como clientas de dichos bancos.

Las mujeres de las sociedades Samurdhi trabajan en aras de la mejora social de las comunidades, lo que incluye erradicar la amenaza de las drogas en las zonas rurales, responder a las necesidades psicosociales, promover el consumo de alimentos orgánicos, apoyar el desarrollo de la vivienda para las familias con bajos ingresos y lograr la participación de los niños en concursos culturales de alcance nacional.

La Oficina de la Mujer de Sri Lanka facilita el empoderamiento social y económico de las mujeres a través de la sensibilización y de otros tipos de apoyo socioeconómico para las mujeres rurales. La Oficina de la Mujer ha creado sociedades de acción de mujeres, de las que en 2020 había un total de 12.732. Estas sociedades se han agrupado en 315 federaciones de división y 24 federaciones de distrito.

La Oficina de la Mujer facilita créditos e imparte formación práctica para que las mujeres emprendan actividades de autoempleo. Ofrece mecanismos de crédito para las actividades de autoempleo a través del plan de crédito renovable, el plan de crédito “Apeksha” y los bancos “Wantha Shakthi”. Entre 2017 y 2020, la Oficina de la Mujer repartió 178 millones de rupias entre 14.233 mujeres de familias con bajos ingresos para que emprendieran actividades de autoempleo.

El hecho de que las mujeres rurales hayan obtenido microcréditos de prestamistas no autorizados ha empeorado su nivel de ingresos y ahora tienen dificultades para liquidar las cuotas. A fin de ayudar a las mujeres atrapadas en el endeudamiento, el Gobierno ha aprobado la condonación de los préstamos no destinados al consumo inferiores a 100.000 rupias concedidos a mujeres por cualquier compañía financiera registrada.

El Departamento de Servicios Agrarios ha creado 24.007 Organizaciones Agrícolas de Mujeres (conocidas como SITHAMU) en las aldeas para el empoderamiento social y económico de las mujeres que se dedican a la agricultura. Dichas organizaciones cuentan con un total de 588.193 mujeres afiliadas. Se alienta a las mujeres a dedicarse a la agricultura ecológica, a promover el ahorro, a formar grupos que mejoren sus conocimientos y actitudes y a desarrollar su liderazgo. Este programa cuenta con 45.233 mujeres empresarias adscritas, y el Peoples Bank ha concedido líneas de préstamo de hasta 893.756.046 rupias destinadas a mejorar sus actividades agrícolas. El Departamento de Servicios Agrarios ha creado 21 restaurantes repartidos por todo el país con el objetivo de mejorar el nivel de vida de los miembros de estas organizaciones y de fomentar sus habilidades empresariales, al tiempo que les proporciona instrumentos de mercado.

La política del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia consistente en destinar a las mujeres el 25 % de la inversión en proyectos de desarrollo económico rural ha tenido un impacto positivo en los ingresos de las mujeres del sector rural. En 2018, los ministerios competentes y los consejos provinciales asignaron 3.950 millones de rupias a proyectos de mujeres, mientras que en 2019 se asignaron 2.830 millones de rupias.

Actualmente existen tres tipos de programas de seguro social para el sector informal: el régimen de pensiones y prestaciones sociales para los agricultores, el régimen de pensiones y prestaciones sociales para los pescadores y el régimen de pensiones y prestaciones sociales para los trabajadores autónomos. Sin embargo, estos regímenes son voluntarios y tienen una cobertura personal limitada. Como parte de la protección social para grupos vulnerables, el Gobierno también ofrece programas de transferencias mensuales de dinero en efectivo para las familias de bajos ingresos y un pago por discapacidad para las personas de más de 70 años. La cobertura entre las mujeres de edad es del 46,4 %.

Artículos 15 y 16: igualdad de derechos respecto a la capacidad jurídica en materias civiles e igualdad de derechos en lo relativo al matrimonio y las relaciones familiares

Aunque la ley general sobre el matrimonio de Sri Lanka no ha sufrido cambios, se está trabajando para promover la enmienda de las leyes sobre el estatuto personal aplicables a las diferentes comunidades de Sri Lanka a través de la sensibilización y el diálogo con las comunidades y las OSC correspondientes.

Se ha publicado el informe del comité nombrado por el Ministerio de Justicia en 2009 para estudiar y proponer reformas del derecho matrimonial musulmán y para mejorar los tribunales quazis, en el que se recomienda modificar la edad mínima legal para contraer matrimonio, fijar como requisitos legales el consentimiento de la mujer para el matrimonio y el consentimiento de la o las demás esposas en casos de poligamia, eliminar las diferencias entre hombres y mujeres en el procedimiento de divorcio y nombrar a mujeres quazis y registradoras matrimoniales.

Después de que en octubre de 2016 se nombrara el subcomité del Consejo de Ministros encargado de formular propuestas con respecto a la modificación de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes, se presentó ante él un informe sobre las recomendaciones de una serie de activistas por los derechos de las mujeres musulmanas, OSC y líderes religiosos clave.

En julio de 2019 se debatió en el seno del Comité Sectorial de Género del Parlamento la modificación de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes con arreglo a las recomendaciones del comité. Los Parlamentarios decidieron enmendar varios artículos fundamentales de la Ley, y se entregó una propuesta al Ministro de Justicia para que el procedimiento siguiera su curso. En consecuencia, se ha presentado un documento para el Consejo de Ministros que incluye las propuestas de que la edad mínima legal para contraer matrimonio sea de 18 años tanto para la novia como para el novio y de que la novia deba firmar en el registro como señal de consentimiento. El Consejo de Ministros aprobó las propuestas en agosto de 2019.

En 2020, una serie de grupos de mujeres replantearon al actual Gobierno la modificación de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes. Tras mantener debates de diferente naturaleza con las partes interesadas, con académicos y con juristas, el Ministerio de Justicia decidió presentar un memorando para el Consejo de Ministros a fin de enmendar la Ley de tal modo que se aborden la edad mínima legal para contraer matrimonio, los requisitos de registro, la cualificación para el nombramiento de quazis, el consentimiento para el matrimonio, etc. En la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 8 de marzo de 2021, este examinó las recomendaciones formuladas por el subcomité del Consejo de Ministros designado y pidió al Ministro de Justicia que encargara al Redactor Jurídico lo siguiente: a) que elaborara un texto legislativo sobre la edad mínima legal para los matrimonios musulmanes y b) que introdujera leyes para abolir los tribunales quazis y para prohibir los matrimonios polígamos de los hombres musulmanes.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

Durante el período sobre el que se informa, el Gobierno siguió avanzando hacia la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos social, económico y político a través de reformas legislativas, para lo que se han formulado políticas y planes de acción que tienen en cuenta las cuestiones de género al ofrecerse respuestas para ellas.

En consonancia con la Plataforma de Acción de Beijing y las declaraciones pertinentes, durante el período sobre el que se informa se redactó un proyecto de Política Nacional sobre los Derechos de la Mujer. Dicha política se centra en los derechos humanos de las mujeres y en los principios de igualdad y no discriminación, de una manera sustantiva e inclusiva, abordándose las siguientes áreas: educación y tecnología de la información y las comunicaciones, salud y bienestar, derecho y administración de justicia, trabajo, medios de comunicación, medio ambiente y participación política. Además, proporciona un marco general que guiará el proceso de elaboración de leyes, políticas, programas, proyectos y mecanismos que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en todas las esferas, incluidas todas las estructuras de gobierno, así como en el lugar de trabajo, en la comunidad y en la familia.

Con miras a efectuar un seguimiento del gasto público y de la distribución equitativa de los beneficios entre todos, se envió una circular aprobada por el Consejo de Ministros a todos los ministerios sectoriales y organismos afines para garantizar la recogida de datos desglosados por edad y género y para establecer un sistema de seguimiento que tenga en cuenta las cuestiones de género.

Se elaboraron el Marco de Políticas y el Plan de Acción Nacional para Hacer Frente a la Violencia Sexual y de Género y se obtuvo la aprobación del Consejo de Ministros, que incluyó la indicación de garantizar asignaciones para la ejecución efectiva del Plan de Acción Nacional procedentes del marco presupuestario a mediano plazo. Los 13 ministerios responsables de la ejecución del PAN han incluido actividades y han asignado presupuestos que se aseguraron a través de la Tesorería. La revisión del Plan de Acción Multisectorial ha revelado que los ministerios pertinentes han llevado a cabo más del 60 % de las actividades previstas en él.

El Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos prevé que se aborden cuestiones relacionadas con las reformas legislativas, cuestiones de reparación relativas a las mujeres afectadas por la guerra y cuestiones relacionadas con la situación laboral de las mujeres, así como que se mejoren los mecanismos institucionales y las responsabilidades ministeriales en lo relativo a la igualdad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Se ha establecido un sistema de seguimiento para observar los progresos.

La Plataforma de Acción de Beijing incluye la integración de la perspectiva de género como estrategia para garantizar el avance de la igualdad de género, y dicha estrategia fue adoptada por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia mediante la introducción de una política para la integración de la perspectiva de género en todos los ministerios sectoriales. Dicha política incluye la designación de coordinadores de cuestiones de género, la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y la creación de comités contra el acoso sexual. El proceso de integración de la perspectiva de género también ha facilitado la integración de la igualdad de género en políticas sectoriales como la Política Nacional para Catástrofes, la Política Nacional de Recursos Humanos, la Política Nacional sobre las Pymes y la Política de EFTP.

El Gobierno, interesado en derogar las disposiciones discriminatorias de la legislación, ha adoptado medidas para promover cambios en las leyes sobre el estatuto personal mediante la sensibilización y el diálogo con las comunidades, incluidas las OSC pertinentes. Se han nombrado comités encargados de recomendar cambios en las leyes, con especial referencia al derecho de familia. Se obtuvo la aprobación del Consejo de Ministros para eliminar las disposiciones discriminatorias de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes, en concreto en lo relativo a la edad mínima legal para contraer matrimonio, la abolición de los tribunales quazis y la prohibición de los matrimonios polígamos.

Gracias a la enmienda de la Ley de Elecciones Locales introducida, que establece una cuota de mujeres del 25 %, en las elecciones celebradas en 2017 la representación de las mujeres en las autoridades locales aumentó hasta el 22 %.

Tal como revelan las encuestas realizadas, la política introducida por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia consistente en destinar al empoderamiento económico de las mujeres el 25 % del presupuesto anual para desarrollo rural ha tenido un impacto positivo en los ingresos de las mujeres. Existen numerosos programas de crédito en funcionamiento cuyo objetivo es proporcionar ayuda para la subsistencia a las mujeres del sector informal con el fin de que se incorporen a la economía nacional y de promover su independencia económica, contribuyendo al mismo tiempo a la mitigación de la pobreza.

Entre 2016 y 2020, el Gobierno, junto con las OSC y la comunidad internacional, facilitaron un apoyo continuo para la reconstrucción de las zonas afectadas por la guerra, para el restablecimiento de la economía, para la mejora de la infraestructura y para el desarrollo de los medios de vida. Desde entonces se han introducido una serie de iniciativas políticas, disposiciones legislativas, planes de acción y programas con miras a mejorar la situación de los afectados, prestándose especial atención a las mujeres. El informe del Grupo de Trabajo Consultivo sobre la Reconciliación contiene recomendaciones para salvaguardar los derechos de la mujer, para lo que deben abordarse los agravios sufridos por todas las víctimas, lo que incluye la búsqueda de la verdad, la reparación y medidas para que no vuelvan a ocurrir. Se crearon dos instituciones, en concreto la Oficina de Personas Desaparecidas y la Oficina de Reparación, para responder a las necesidades de los afectados, mientras que la Organización de Unidad y Reconciliación Nacionales se centra en las necesidades socioeconómicas de los afectados.

La política del Gobierno consiste en reducir todo tipo de violencia sexual y de género cometida contra las mujeres y las niñas. Existen numerosas instituciones que ofrecen una serie de servicios e intervenciones de apoyo para las víctimas de la violencia en forma de asesoramiento, asistencia jurídica, alojamiento seguro, mecanismos de derivación y teléfonos de asistencia. Si bien estos servicios están disponibles a escala nacional, resultan más visibles a nivel de división gracias a la contribución de la Unidad de la Mujer y la Infancia del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Infancia, de los profesionales sanitarios de los hospitales públicos, de las Oficinas para la Mujer y la Infancia de las comisarías de Policía y de los abogados de la Comisión de Asistencia Jurídica. Los programas de concienciación comunitaria tienen un alcance notable, y los programas de desarrollo de capacidades de los agentes de la autoridad abordan los derechos humanos y la igualdad de género. Todas estas medidas han contribuido a lograr una mayor concienciación sobre la violencia contra las mujeres, lo que ha dado lugar a un aumento de las denuncias de incidentes de este tipo de violencia.

El Ministerio de Educación ha adoptado medidas encaminadas a incluir la conciencia sobre las cuestiones de género en casi todos los libros de texto escolares. Además, se redactó una política sobre los medios de comunicación que refleja las preocupaciones de las mujeres, con el objetivo de que se incluya en la política nacional sobre los medios de comunicación. Se están poniendo en marcha campañas en los medios de comunicación con miras a modificar las normas tradicionales y garantizar que todas las personas sean iguales y vivan libres de discriminación.

Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Sri Lanka ha realizado un progreso significativo hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como revela el Informe mundial sobre el desarrollo sostenible de 2021. Según el Informe, Sri Lanka ha subido 7 puestos en la clasificación mundial y en 2021 se sitúa en el puesto 87 de un total de 165 países. La puntuación global del país ha aumentado hasta 68,1, muy por encima de la media regional. En 2019 y 2020, Sri Lanka se situó en los puestos 93 y 94, respectivamente, con unas puntuaciones de 65,8 y 66,9. El fin de la pobreza (Objetivo 1), la educación de calidad (Objetivo 4) y la acción por el clima (Objetivo 13) son áreas importantes en las que Sri Lanka progresa de manera constante.

Además, algunas de las mejoras notables realizadas por Sri Lanka durante el período sobre el que se informa son la mejora de la proporción entre mujeres y hombres en lo relativo a los años medios de educación (lo que contribuye a nuestros logros en materia de igualdad de género [Objetivo 5]) y la mejora de la puntuación en lo relativo a los derechos a la propiedad de 3,9 en 2019 a 4,2 en 2020 (derechos de propiedad [puntuación más baja: 1; puntuación más alta: 7] en el marco del Objetivo 16 sobre la paz, la justicia y las instituciones sólidas).

La igualdad de género se considera una cuestión transversal y es crucial para lograr el marco general de los ODS. El acceso universal a servicios de salud y educación gratuitos ha contribuido a la paridad de género en muchos de los ámbitos previstos en los ODS.

La tasa de mortalidad materna ha descendido hasta 33,7 por cada 100.000 nacidos vivos, cifra que está por debajo de la meta 3.1 de los ODS. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años y la tasa de mortalidad neonatal de Sri Lanka fueron de 10 y de 5,8 por cada 100.000 nacidos vivos, respectivamente, de modo que se alcanzó la meta 3.2 de los ODS.

Según los datos del sector sanitario, el porcentaje de mujeres en edad reproductiva que responden a sus necesidades de planificación familiar a través de métodos modernos aumentó del 78,5 % en 2016 al 79,5 % en 2020. Esto demuestra que Sri Lanka está avanzando hacia la consecución de la meta 3.7 de los ODS, relativa al acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva para 2030.

En consonancia con las metas 4.1, 4.2 y 4.5 de los ODS, en la educación primaria, secundaria y terciaria prevalece la igualdad de género. La tasa neta de matriculación en la educación primaria es del 99 %. En cuanto a la educación preescolar, el 76 % de los niños de entre 3 y 5 años reciben algún tipo de educación. Según los datos de que dispone el Ministerio de Educación, la tasa de participación en la enseñanza organizada (un año antes de la edad oficial de acceso a la enseñanza primaria) es del 97,4 % para los niños y del 98,1 % para las niñas. Esto demuestra que Sri Lanka ha hecho enormes progresos hacia la consecución de la meta 4.2 de los ODS al garantizar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a un desarrollo en la primera infancia, una atención y una educación preescolar de calidad.

Según los datos más recientes, el indicador 5.2.1 de los ODS (Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses) disminuyó del 16,6 % en 2016 al 14,5 % en 2019, y en 2019 el porcentaje de mujeres y niñas de 15 años o más que habían sufrido violencia sexual a manos de personas distintas de su pareja era solo del 0,4 %. Estos datos muestran un progreso significativo hacia la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada de Sri Lanka para 2030 (de acuerdo con la determinación de Sri Lanka de alcanzar la meta 5.2 de los ODS).

El Objetivo 8 todavía no se ha alcanzado, ya que la participación de las mujeres en la mano de obra del país sigue siendo del 34,5 %, mientras que el 51 % de las mujeres empleadas trabaja en el sector informal. Además, la tasa de desempleo entre las mujeres es del 6,7 %. A través de la implantación de sistemas de seguridad social y de las políticas de reducción de la pobreza del Gobierno, Sri Lanka ha tomado medidas encaminadas a reducir la brecha de pobreza a que se refiere el Objetivo 1. La pobreza entre las mujeres es ligeramente inferior a la registrada entre los hombres. El porcentaje de la población femenina que se encuentra por debajo del umbral de pobreza es del 0,7 %, si bien alrededor del 2,8 % de los hogares encabezados por una mujer no superan dicho umbral. El 83 % de las mujeres tienen acceso a instituciones financieras, mientras que en el caso de las mujeres pertenecientes a la categoría más pobre, este porcentaje es del 40 %.

Las mujeres solo representan el 5,3 % en el Parlamento y el 22 % en las autoridades locales, lo que genera una brecha para la consecución de la meta 5.5 de los ODS. En consonancia con el Objetivo 5.b, la alfabetización informática entre las mujeres es del 30,4 %, mientras que la tasa de alfabetización digital es del 46,2 %.

El Gobierno de Sri Lanka considera que los ODS constituyen una prioridad y ha incorporado las esferas clave en el plan de inversión pública a fin de asegurar su consecución para 2030. Además, el Gobierno ha creado un comité directivo interministerial dirigido por el Primer Ministro con miras a movilizar a todas las instituciones gubernamentales en torno a los ODS con el fin de acelerar su consecución. El Consejo de Desarrollo Sostenible de Sri Lanka, en tanto que organismo nodal para la coordinación, la facilitación y el seguimiento de la consecución de los ODS en el país, ha diseñado y puesto en marcha un portal nacional de datos sobre los ODS, es decir, una plataforma integrada para el seguimiento y el suministro de información sobre el progreso en lo relativo a los ODS.

Conclusión

El Gobierno ha tomado medidas para cumplir los compromisos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres a través de reformas legislativas, del desarrollo de políticas y planes de acción, de la adopción de medidas para mitigar la violencia contra las mujeres y de la introducción de acciones afirmativas encaminadas a eliminar los estereotipos. Los grupos de la sociedad civil han alzado su voz sobre cuestiones de género mediante campañas de promoción y sensibilización con el fin de obtener el apoyo de la comunidad, lo que ha contribuido a mejorar la situación. Sin embargo, se requieren medidas de acción afirmativa para garantizar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de una manera igualitaria. Por lo tanto, para conseguir la igualdad sustantiva consagrada en el Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta fundamental eliminar la brecha relativa a la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, introducir medidas de protección que cubran a las mujeres del sector informal y aumentar la participación política de las mujeres.