Naciones Unidas

CERD/C/TJK/CO/12-13

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

Distr. general

24 de mayo de 2023

Español

Original: inglés

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Observaciones finales sobre los informes periódicos 12º y 13º combinados de Tayikistán *

1.El Comité examinó los informes periódicos 12º y 13º combinados de Tayikistán, presentados en un solo documento, en sus sesiones 2971ª y 2972ª, celebradas los días 20 y 21 de abril de 2023. En su 2978ª sesión, celebrada el 27 de abril de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

A.Introducción

2.El Comité acoge con beneplácito la presentación de los informes periódicos 12º y 13º combinados del Estado parte. Celebra además el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado parte y le agradece la información proporcionada durante el examen de los informes y después del diálogo.

B.Aspectos positivos

3.El Comité acoge con beneplácito las siguientes medidas legislativas y en materia de políticas adoptadas por el Estado parte:

a)La Ley de Igualdad y Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, que entró en vigor el 22 de julio de 2022;

b)La modificación del artículo 499, párrafo 3, del Código de Infracciones Administrativas, promulgado el 4 de julio de 2020, que prohíbe recurrir a la expulsión para sancionar a los solicitantes de asilo y refugiados por incumplir las normas relativas a la estancia en el país;

c)La modificación de la Ley del Registro Civil, aprobada en julio de 2019, que prevé la inscripción gratuita de los nacimientos en los tres meses siguientes al nacimiento del niño;

d)El plan de acción nacional para combatir la trata de personas 2022-2024.

4.El Comité acoge con beneplácito la colaboración del Estado parte con los cuatro titulares de mandatos de los procedimientos especiales que visitaron el país entre septiembre de 2017 y abril de 2023.

C.Motivos de preocupación y recomendaciones

Estadísticas

5.Si bien toma nota de los escasos datos facilitados por el Estado parte durante el diálogo, el Comité lamenta la falta de estadísticas actualizadas sobre la composición étnica de la población, en particular sobre los pueblos pamiri y yaghnobi, y la ausencia de datos exhaustivos sobre los no ciudadanos (migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas). El Comité lamenta que el Estado parte no reconozca, de conformidad con el principio de autoidentificación enunciado en la recomendación general núm. 8 (1990), relativa a la interpretación y la aplicación de los párrafos 1 y 4 del artículo 1 de la Convención, a los pamiri como grupo diferenciado de personas que viven en el territorio del Estado parte y que sean objeto de marginación y discriminación. El Comité lamenta asimismo la falta de datos sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por los diversos grupos étnicos del Estado parte (arts. 1 y 5).

6. Recordando las directrices para la presentación de informes con arreglo a la Convención , el Comité recomienda que, en su próximo informe periódico, el Estado parte facilite datos desglosados actualizados sobre la composición étnica de la población, basados en el principio de autoidentificación, que incluyan información sobre los pueblos pamiri y yaghnobi, y sobre los no ciudadanos, incluidos los migrantes, los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas. El Comité también recomienda al Estado parte que aporte estadísticas sobre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, desglosadas por grupo étnico, a fin de proporcionar al Comité una base empírica para evaluar la igualdad en el disfrute de los derechos consagrados en la Convención.

Definición de discriminación racial

7.El Comité acoge con satisfacción la aprobación en julio de 2022 de la Ley de Igualdad y Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. No obstante, le preocupa que la definición de discriminación establecida en su artículo 1, párrafo 1, no integre explícitamente la ascendencia en su lista de motivos prohibidos de discriminación. Le preocupa también que, si bien el artículo 5, párrafo 3, de la ley prohíbe la discriminación indirecta, la definición de discriminación que figura en el artículo 1, párrafo 1, no abarca la discriminación indirecta, ya que exige que el acto de discriminación tenga por objeto perjudicar o menoscabar el reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de los derechos humanos. El Comité lamenta además la falta de información que demuestre los resultados preliminares de la aplicación efectiva de la ley (art. 1).

8.El Comité señala a la atención del Estado parte su recomendación general núm. 29 (2002), relativa a la discriminación basada en la ascendencia en el contexto del artículo 1, párrafo 1, de la Convención, y le recomienda que modifique el artículo 1, párrafo 1, de la Ley de Igualdad y Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con miras a prohibir explícitamente la discriminación basada en la ascendencia. Recordando el párrafo 7 de su recomendación general núm. 32 (2009), relativa al significado y el alcance de las medidas especiales en la Convención, el Comité recuerda al Estado parte que la discriminación en virtud de la Convención abarca tanto la discriminación directa como la indirecta, es decir, la intencional o deliberada y la creada involuntariamente, como resultado de un acto. Por consiguiente, el Comité recomienda al Estado parte que sustituya la expresión “ tenga por objeto ” , que figura en el artículo 1, párrafo 1, de la Ley de Igualdad y Eliminación de Todas las Formas de Discriminación, por “ tenga por objeto o por resultado ” , en consonancia con el artículo 1, párrafo 1, de la Convención. El Comité recomienda, además, al Estado parte que garantice y supervise la aplicación efectiva de la ley, entre otros medios a través de campañas de sensibilización dirigidas a los titulares de derechos y el fomento de la capacidad de los titulares de obligaciones, contando con la plena participación de todos los grupos interesados de la sociedad y otras partes interesadas pertinentes.

Institución nacional de derechos humanos

9.Si bien el Comité acoge con satisfacción los esfuerzos del Estado parte por armonizar las actividades de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), le preocupan los escasos progresos logrados en relación con la independencia de la Oficina y la insuficiencia de los recursos humanos y financieros que se le asignan, lo que pone en peligro su capacidad para cumplir su mandato. A este respecto, el Comité lamenta que el Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos siga acreditando a la institución en la categoría B, lo que significa que cumple los Principios de París solo parcialmente (art. 2).

10.El Comité recomienda al Estado parte que garantice la plena independencia de la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos y adopte todas las medidas necesarias a fin de dotarla de recursos financieros y humanos suficientes para desempeñar plenamente su mandato. A este respecto, el Comité alienta al Estado parte a que adopte nuevas medidas para aplicar las recomendaciones de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con miras a que la Oficina del Defensor de los Derechos Humanos sea plenamente conforme a los Principios de París .

Aplicación del artículo 4 de la Convención

11.Si bien toma nota de la información proporcionada por la delegación durante el diálogo, según la cual el Estado parte estaba preparando un nuevo proyecto de Código Penal, el Comité sigue preocupado por el hecho de que el actual Código Penal no se ajuste plenamente al artículo 4 de la Convención, dado que en él no se tipifican la incitación a la discriminación racial y los actos de violencia por motivos raciales (art. 4).

12. Recordando sus recomendaciones generales núm. 7 (1985), relativa a la aplicación del artículo 4 de la Convención, núm. 15 (1993), relativa al artículo 4 de la Convención, y núm. 35 (2013), relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, el Comité recomienda al Estado parte que agilice la aprobación del nuevo proyecto de Código Penal, garantice que abarque todos los elementos del artículo 4 de la Convención y vele por que se aplique de manera efectiva.

Pamiri

13.El Comité está gravemente preocupado por las tensiones en la provincia autónoma del Alto Badajshán, donde se denuncia el uso de la fuerza letal y excesiva contra manifestantes que acuden a protestas, tras las cuales se producen prolongados cortes de Internet y la minoría pamiri es objeto de ataques violentos y amenazas, así como de detención arbitraria y acoso (art. 5).

14. El Comité recomienda que al Estado parte que:

a) Lleve a cabo lo antes posible una investigación imparcial y transparente sobre los hechos presuntamente acaecidos en la provincia autónoma del Alto Badajshán desde noviembre de 2021, de conformidad con las normas internacionales aplicables ;

b) Adopte todas las medidas necesarias para evitar el recrudecimiento de la violencia en la región, entre otros medios atendiendo las reivindicaciones de la minoría pamiri;

c) Entable un diálogo constructivo y abierto con la minoría pamiri;

d) Aplique medidas de prevención de los conflictos que se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos, entre ellas medidas para proteger a la minoría pamiri.

Romaníes/jughi

15.El Comité sigue preocupado por la discriminación estructural de que son objeto los romaníes/jughi, lo que les impide disfrutar de sus derechos y libertades fundamentales, así como el hecho de que las mujeres y niñas romaníes/jughi a menudo sufren discriminación por múltiples motivos, como el origen étnico y el género. En particular, preocupan al Comité su mayor vulnerabilidad económica debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y las consiguientes dificultades para la migración laboral, además de las trabas con que se encuentran en el acceso a una educación, una sanidad y unos servicios sociales de alta calidad; la obtención de documentos personales; la inscripción en el registro en su lugar de residencia; la legalización de las viviendas; y la protección contra la explotación y las prácticas tradicionales nocivas. El Comité lamenta que el Estado parte no haya elaborado un plan de acción o una estrategia específicos para proteger a los romaníes/jughi de la discriminación y la estigmatización, así como para promover sus derechos humanos (art. 5).

16. Recordando sus anteriores observaciones finales y su recomendación general núm. 27 (2000), relativa a la discriminación de los romaníes, el Comité insta al Estado parte a que adopte un plan de acción o una estrategia con miras a mejorar la situación de los romaníes, incluidas las mujeres y las niñas, garantizar su protección contra la discriminación y la estigmatización y promover sus derechos fundamentales, incluidos sus derechos a la educación, el trabajo, la salud y una vivienda adecuada. El Comité también recomienda al Estado parte que organice campañas de sensibilización para promover la tolerancia, el entendimiento y la solidaridad de su población hacia la comunidad romaní.

Participación en la vida pública y política

17.El Comité sigue preocupado por la desigual representación de las minorías étnicas, en particular de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, en las instituciones públicas y en los órganos electos a nivel nacional y local, que no guarda proporción con su peso en la población total. También le preocupa la insuficiente representación de los pamiri en la vida pública, en particular en la provincia autónoma del Alto Badajshán (arts. 2 y 5).

18. Recordando sus anteriores observaciones finales , el Comité insta una vez más al Estado parte a que vele por la representación y participación equitativas en la vida pública y política de las personas pertenecientes a minorías étnicas, en particular de las mujeres. Recomienda al Estado parte que adopte medidas para mejorar la representación de estas personas en todas las instituciones públicas en el ámbito nacional y local, entre otras vías mediante la adopción de medidas especiales. El Comité también recomienda al Estado parte que aliente la participación de las minorías étnicas en la vida pública y política, entre otros medios a través de actividades de sensibilización, además de adoptar medidas especiales cuando sea necesario. Le recomienda, además, que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que todas las minorías étnicas, así como los pamiri, estén representados en la vida pública.

Promoción de los idiomas minoritarios

19.Al Comité le preocupa que, pese a que las necesidades educativas de las poblaciones minoritarias estén reconocidas en la legislación y las políticas nacionales, en la práctica solo unas pocas escuelas para minorías étnicas satisfacen sus necesidades educativas y la enseñanza multilingüe no está integrada en la educación preescolar y básica en la medida necesaria para desarrollar competencias lingüísticas sólidas en niños y jóvenes. También suscitan su preocupación las informaciones que apuntan a que, a pesar de la protección legislativa, las lenguas yaghnobi y pamiri están en peligro de extinción y el Estado parte no ha adoptado medidas adecuadas para poner remedio a esa situación. En particular, le preocupan las informaciones en el sentido de que el Estado no brinda su apoyo al estudio y uso más amplio de las lenguas pamiri (art. 5).

20. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas especiales y asigne recursos adicionales con miras a que los niños y jóvenes de minorías étnicas tengan oportunidades suficientes de aprender y educarse en su lengua materna, especialmente durante la educación preescolar y básica, mediante la adecuada provisión de profesores formados y libros de texto en idiomas minoritarios;

b) Capacite a las autoridades regionales y locales en materia de educación de las minorías y desarrolle las competencias adecuadas en este ámbito, y apoye la participación de las minorías en el proceso de formulación de políticas a escala regional y local;

c) Adopte medidas eficaces para velar por la preservación de los idiomas minoritarios, en particular las lenguas pamiri y yaghnobi;

d) Apoye la inclusión de las lenguas pamiri en el sistema educativo, así como en las emisiones de radio y televisión.

Situación de los refugiados y los solicitantes de asilo

21.El Comité sigue preocupado por las resoluciones gubernamentales núm. 325, de 26 de julio de 2000, y núm. 328, de 2 de agosto de 2004, que prohíben a los refugiados y solicitantes de asilo residir en los principales centros urbanos, lo que restringe su derecho a circular libremente y a elegir su residencia y afecta negativamente a su acceso al empleo, la atención sanitaria, la educación y otros servicios básicos (art. 5).

22. Reiterando sus recomendaciones anteriores y recordando su recomendación general núm. 22 (1996), relativa al artículo 5 de la Convención y a los refugiados y las personas desplazadas, el Comité recomienda al Estado parte que derogue las resoluciones gubernamentales núms. 325 y 328 a fin de garantizar que los refugiados y los solicitantes de asilo puedan disfrutar de los derechos a circular libremente y a elegir su residencia en pie de igualdad con otros no nacionales en el Estado parte y de los derechos al trabajo, la salud, la educación y otros derechos básicos en virtud del artículo 5 de la Convención.

Expulsión de nacionales del Afganistán

23.Preocupan al Comité las informaciones según las cuales los nacionales del Afganistán, entre ellos refugiados y solicitantes de asilo, siguen expuestos al riesgo de ser expulsados y a que se les niegue el acceso a la justicia, en violación del principio de no devolución (art. 5).

24. El Comité recuerda al Estado parte que la devolución forzosa a su país de personas que huyen de la persecución las expone a sufrir a su regreso daños irreparables por causa de la tortura, los malos tratos u otras violaciones de los derechos humanos. Recomienda al Estado parte que se abstenga de expulsar, deportar, devolver o extraditar a cualesquiera personas, independientemente de su condición, en aplicación del principio de no devolución, cuando haya razones fundadas para creer que los retornados correrían el riesgo de sufrir a su regreso daños irreparables por causa de la tortura, los malos tratos u otras violaciones graves de los derechos humanos, y garantice que puedan ejercer su derecho a acceder a la justicia en el Estado parte, entre otros medios garantizándoles procedimientos de denuncia y reparación accesibles y adecuados. El Comité también recomienda al Estado parte que evite las expulsiones colectivas y vele por que las personas que buscan refugio en su territorio puedan acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado.

Situación de los apátridas

25.El Comité observa con interés la intención del Estado parte de ratificar la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia. Lamenta que la Ley de Amnistía, aprobada el 18 de diciembre de 2019, que permitía a los apátridas y extranjeros regularizar su situación legal sin ser sancionados, ya no esté en vigor desde diciembre de 2022 y que la pandemia de COVID-19 y las restricciones asociadas a ella hayan impedido a muchas personas presentar sus solicitudes de regularización antes de que la ley dejara de estar en vigor (art. 5).

26. El Comité recomienda al Estado parte que prorrogue la vigencia de la Ley de Amnistía a fin de que los apátridas y los extranjeros que residen en el Estado parte puedan regularizar su situación legal. El Comité recomienda además al Estado parte que ratifique la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

Restricción del derecho al matrimonio y a la elección de cónyuge para extranjeros y apátridas

27.El Comité lamenta que se impongan requisitos adicionales a los extranjeros y apátridas para contraer matrimonio con un nacional de Tayikistán en virtud del artículo 12, párrafo 3, del Código de la Familia, a saber, que se les exija que presenten documentación que acredite su residencia en el país durante al menos un año antes del matrimonio y que aporten el contrato matrimonial. El Comité toma conocimiento de la declaración del Estado parte de su intención de proteger a los cónyuges tayikos y a sus hijos del abandono tras un matrimonio ficticio o temporal con un extranjero o un apátrida. No obstante, considera que las medidas de protección deben ser conformes a la Convención y garantizar el disfrute de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico. Por consiguiente, preocupa al Comité que la imposición de estos requisitos tenga un efecto discriminatorio sobre los derechos de los extranjeros y apátridas en el Estado parte, en particular el derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge (art. 5).

28.Teniendo en cuenta su recomendación general núm. 30 (2004), sobre la discriminación contra los no ciudadanos, el Comité recomienda que el Estado parte revise su Código de la Familia con miras a ponerlo en plena conformidad con la Convención y el resto de sus obligaciones internacionales. En particular, el Estado parte debe velar por que los no ciudadanos disfruten sin discriminación y de manera efectiva de los derechos consagrados en el artículo 5 de la Convención, incluido el derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge. El Comité recuerda a este respecto que los Estados partes tienen el deber de velar por que las garantías legislativas contra la discriminación racial se apliquen a los no ciudadanos, independientemente de su condición de inmigrantes, y por que la aplicación de la legislación no tenga ningún efecto discriminatorio sobre los no ciudadanos.

Inscripción de los nacimientos

29.El Comité toma nota de las modificaciones, aprobadas en julio de 2019, a la Ley del Registro Civil, como parte de la reforma del sistema de registro civil que se está llevando a cabo en Tayikistán y en la que se prevé la inscripción gratuita de los nacimientos dentro de los tres meses siguientes al nacimiento del niño. No obstante, le preocupan las lagunas en la legislación nacional que impiden a los padres que carecen de prueba de nacionalidad o están indocumentados registrar el nacimiento de su hijo (art. 5).

30. A la luz de su recomendación general núm. 30 (2004), el Comité subraya que la inscripción de los nacimientos es una condición indispensable para el disfrute de una amplia gama de derechos humanos. Por lo tanto, recomienda al Estado parte que concluya la reforma del sistema de registro civil para incorporar salvaguardias para la inscripción universal de los nacimientos, de modo que se inscriba en el registro a todos los niños nacidos en su territorio, independientemente de su nacionalidad o de la situación de sus padres en materia de residencia, con miras a prevenir la apatridia y garantizar el acceso de los niños a los derechos humanos básicos, incluido el acceso a la educación.

Trata de personas

31.El Comité observa con interés los esfuerzos del Estado parte para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional. No obstante, comparte la preocupación expresada por la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, sobre la escasa atención prestada a la trata interna, en particular de trabajadores migrantes, como, por ejemplo, la falta de seguimiento de los riesgos de trata con fines de trabajo forzoso y el limitado acceso a la asistencia y protección para los trabajadores migrantes que son o corren el riesgo de ser víctimas de la trata. El Comité está preocupado, además, por la falta de medidas preventivas y de protección frente a la trata de niños pertenecientes a grupos minoritarios que corren el riesgo de ser víctimas de la trata, en particular con fines de mendicidad forzada, delincuencia forzada y explotación laboral y sexual (art. 5).

32. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce la aplicación de su marco de lucha contra la trata de personas, entre otras cosas velando por que se destinen recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para la aplicación efectiva de sus leyes y políticas, estrechando la coordinación entre los organismos públicos de seguridad, justicia y servicios sociales y mejorando la cooperación entre estos organismos y la sociedad civil;

b) Incremente sus esfuerzos para elaborar y aplicar mecanismos normalizados de detección temprana y un sistema de derivación de las víctimas de la trata, con medidas específicas para proteger de la trata a los más vulnerables;

c) Redoble sus esfuerzos para investigar todas las denuncias de trata de personas, enjuiciar a los responsables e imponer las penas adecuadas a quienes sean declarados culpables, garantizando el acceso de las víctimas a recursos efectivos;

d) Mejore la concesión de licencias y el control de las agencias de contratación y aplique los Principios Generales y Directrices Prácticas relativos a la Contratación Equitativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

e) Refuerce la protección y la asistencia que se brinda a las personas que son o corren el riesgo de ser víctimas de la trata, en particular los trabajadores migrantes, y vele por que puedan acceder a una asistencia letrada, médica y psicológica adecuada y a los servicios sociales, incluidos centros de acogida, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil;

f) Refuerce la capacidad de la Oficina del Defensor de los Derechos del Niño para abordar cuestiones relacionadas con la trata, como la identificación y evaluación de los niños, incluidos los pertenecientes a grupos minoritarios, y de sus cuidadores, así como el apoyo que se les brinda;

g) Mejore la recopilación de datos relativos a la aplicación de la ley de lucha contra la trata de personas y de estadísticas sobre las tendencias en el ámbito de la migración laboral;

h) Aplique las recomendaciones formuladas por la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, en su informe basado en su visita al Estado parte.

Denuncias de discriminación racial

33.El Comité sigue preocupado por la falta de información sobre las denuncias de actos de discriminación racial recibidas y tramitadas por las fuerzas del orden, los tribunales nacionales y otros órganos de investigación, en particular el Defensor de los Derechos Humanos (art. 6).

34. El Comité señala a la atención del Estado parte su recomendación general núm. 31 (2005), sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento de la justicia penal, y recuerda que la inexistencia de denuncias y acciones judiciales por discriminación racial no significa que en el Estado parte no exista la discriminación racial, sino que puede revelar una ausencia de legislación aplicable, un escaso conocimiento de los recursos jurídicos disponibles, una desconfianza en el sistema judicial, el temor a sufrir represalias o la falta de voluntad de las autoridades de enjuiciar a los autores de esos actos. Así pues, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte medidas, con un calendario claro, encaminadas a evaluar la eficacia de los recursos disponibles para las víctimas de la discriminación racial, mediante, entre otras acciones, la realización de encuestas y la recopilación de información sobre la discriminación por motivos de raza, color de la piel, ascendencia u origen nacional o étnico, garantizando la consulta efectiva, inclusiva y significativa con las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a los grupos más expuestos a la discriminación racial, así como su participación;

b) Realice actividades de concienciación para asegurar que la población, y en particular las personas pertenecientes a minorías, tengan conocimiento de lo que constituye discriminación racial y de los recursos jurídicos disponibles;

c) Lleve a cabo programas de capacitación para la detección y el registro de incidentes relacionados con la discriminación racial destinados a agentes del orden, fiscales, jueces y otros funcionarios públicos;

d) Proporcione, en su próximo informe periódico, información y estadísticas sobre las denuncias de discriminación racial y sobre las investigaciones, los juicios, las condenas y las penas impuestas, así como las reparaciones concedidas a las víctimas, desglosadas por edad, género y origen étnico o nacional.

Defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas

35.El Comité está profundamente preocupado por las informaciones que apuntan a que los defensores de los derechos humanos, los miembros de organizaciones de la sociedad civil y los periodistas que pertenecen a minorías o defienden sus derechos son objeto de acoso; intimidación; detención y reclusión arbitrarias; juicios celebrados a puerta cerrada y sin las debidas garantías; y penas de prisión. El Comité lamenta que la legislación nacional de lucha contra el terrorismo, compuesta por la Ley de Lucha contra el Terrorismo y por disposiciones del Código Penal, contenga una definición excesivamente amplia y ambigua del “terrorismo” y delitos conexos. Le preocupan las informaciones según las cuales esta legislación se ha utilizado como fundamento para detener y recluir a defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y periodistas. Suscitan asimismo su preocupación la ausencia de reconocimiento jurídico de los defensores de los derechos humanos en el Estado parte y las informaciones que indican que las autoridades estatales someten a las organizaciones de la sociedad civil y sus representantes a presiones cada vez mayores, que van desde exigirles excesivas cargas administrativas y amenazarlos hasta convencerlos de que disuelvan la organización o forzarlos a ello (art. 5).

36. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Lleve a cabo investigaciones efectivas, exhaustivas e imparciales sobre todos los casos denunciados de detención y reclusión arbitrarias, así como de intimidación, acoso, amenazas y represalias contra defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y periodistas que pertenecen a minorías o defienden sus derechos, establezca mecanismos para que los autores rindan cuentas y proporcione reparación a las víctimas;

b) Revise la definición de “ terrorismo ” y delitos conexos que figura en la Ley de Lucha contra el Terrorismo y en las disposiciones del Código Penal con objeto de ponerla en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que no se utilice esta legislación para detener, encarcelar o enjuiciar a defensores de los derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil o periodistas, incluidos aquellos que trabajan en favor de los derechos de las minorías, en el ejercicio de su derecho a la libertad de opinión y de expresión y a la libertad de reunión pacífica y de asociación;

c) Tome todas las medidas necesarias, como, entre otras, la aprobación de una ley específica sobre la protección de los defensores de los derechos humanos, para garantizar que todos los defensores de los derechos humanos, incluidos aquellos que trabajan en favor de los derechos de las minorías, sean reconocidos y puedan llevar a cabo sus actividades pacíficas y legítimas sin temor a restricciones, persecución judicial o represalias;

d) Adopte todas las medidas necesarias para que las organizaciones de la sociedad civil puedan operar libremente sin restricciones indebidas, excesivas cargas administrativas, amenazas o cualquier otra forma de persecución.

D.Otras recomendaciones

Ratificación de otros tratados

37.Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar los tratados internacionales de derechos humanos que todavía no haya ratificado, en particular aquellos cuyas disposiciones guarden una relación directa con las comunidades que puedan ser objeto de discriminación racial, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) y el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (núm. 189), de la OIT.

Enmienda al artículo 8 de la Convención

38. El Comité recomienda al Estado parte que acepte la enmienda al artículo 8, párrafo 6, de la Convención aprobada el 15 de enero de 1992 en la 14ª reunión de los Estados partes en la Convención y refrendadas por la Asamblea General en su resolución 47/111.

Declaración prevista en el artículo 14 de la Convención

39. El Comité alienta al Estado parte a que formule la declaración facultativa prevista en el artículo 14 de la Convención a fin de reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales.

Seguimiento de la Declaración y el Programa de Acción de Durban

40. A la luz de su recomendación general núm. 33 (2009), relativa al seguimiento de la Conferencia de Examen de Durban, el Comité recomienda al Estado parte que, cuando aplique la Convención en su ordenamiento jurídico interno, haga efectivos la Declaración y el Programa de Acción de Durban, aprobados en septiembre de 2001 por la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, teniendo en cuenta el documento final de la Conferencia de Examen de Durban, celebrada en Ginebra en abril de 2009. El Comité solicita al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información específica sobre los planes de acción y demás medidas adoptadas para aplicar la Declaración y el Programa de Acción de Durban en el plano nacional.

Decenio Internacional de los Afrodescendientes

41. A la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General, en la que la Asamblea proclamó 2015-2024 Decenio Internacional de los Afrodescendientes, y la resolución 69/16 de la Asamblea, sobre el programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda al Estado parte que prepare y aplique un programa adecuado de medidas y políticas en colaboración con las organizaciones y los pueblos afrodescendientes. El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe información precisa sobre las medidas concretas adoptadas en ese marco, teniendo en cuenta su recomendación general núm. 34 (2011), relativa a la discriminación racial contra afrodescendientes.

Consultas con la sociedad civil

42. El Comité recomienda al Estado parte que siga celebrando consultas y ampliando su diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la protección de los derechos humanos, en particular las que se dedican a la lucha contra la discriminación racial, en relación con la preparación del próximo informe periódico y el seguimiento de las presentes observaciones finales.

Difusión de información

43. El Comité recomienda que los informes del Estado parte se pongan a disposición y al alcance del público en el momento de su presentación y que las observaciones finales del Comité con respecto a esos informes se pongan a disposición también de todos los órganos del Estado encargados de la aplicación de la Convención, incluidos los municipios, y se publiquen también en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores en los idiomas oficiales y otros idiomas de uso común, según proceda.

Documento básico común

44. El Comité alienta al Estado parte a que presente una versión actualizada de su documento básico común, que data de 2004, de conformidad con las directrices armonizadas para la presentación de informes en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, en particular las orientaciones relativas a la preparación de un documento básico común, aprobadas por la quinta reunión de los comités que son órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, celebrada en junio de 2006 . A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a que respete el límite de 42.400 palabras para estos documentos.

Seguimiento de las presentes observaciones finales

45. De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, de la Convención y el artículo 65 de su reglamento, el Comité solicita al Estado parte que facilite, dentro del plazo de un año a partir de la aprobación de las presentes observaciones finales, información sobre su aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 12 (aplicación del artículo 4 de la Convención), 16 (romaníes/jughi) y 24 (expulsión de nacionales del Afganistán).

Párrafos de particular importancia

46. El Comité desea señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que figuran en los párrafos 14 (pamiri) y 36 (defensores de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y periodistas) y le solicita que en su próximo informe periódico facilite información detallada sobre las medidas concretas que haya adoptado para aplicarlas.

Preparación del próximo informe periódico

47. El Comité recomienda al Estado parte que presente sus informes periódicos 14º a 18º combinados, en un solo documento, a más tardar el 10 de febrero de 2028, teniendo en cuenta las directrices relativas a la presentación de informes aprobadas por el Comité en su 71 er período de sesiones y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. A la luz de la resolución 68/268 de la Asamblea General, el Comité insta al Estado parte a que respete el límite de 21.200 palabras establecido para los informes periódicos.