Distr.RESERVADA*

CCPR/C/95/D/1163/200322 de abril de 2009

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

95º período de sesiones

6 de marzo a 3 de abril de 2009

DICTAMEN

Comunicación N º 1163 /200 3

Presentada por:Sra. Umsinai Isaeva (no está representada por un abogado)

Presunta s víctima s :Sres. Abror Isaev (hijo de la autora) y Nodirbek Karimov

Estado parte :Uzbekistán

Fecha de la comunicación:20 de febrero de 2003 (comunicación inicial)

Referencias :Decisión del Relator Especial con arreglo a los artículos 92/97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 20 de febrerode 2003 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:20 de marzo de 2009

Asunto :Imposición de la pena de muerte al término de un juicio sin las debidas garantías y torturas durante las investigaciones preliminares

Cuestiones de fondo:Tortura; confesión forzada; juicio sin las debidas garantías

Cuestiones de procedimiento :Valoración de hechos y pruebas; fundamentación de la demanda

Artículos del Pacto:Artículos 6, 7, 9, 10, 14 y 16

Artículo s del Protocolo Facultativo:Artículos 1, 2 y párrafo 2 a) del artículo 5

El 20 de marzo de 2009, el Comité de Derechos Humanos aprobó el texto adjunto como dictamen del Comité emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo respecto de la comunicación Nº 1163/2003.

[Anexo]

Anexo

DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS EMITIDO A TENOR

DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO

DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

-95 º PERÍODO DE SESIONES-

respecto de la

Comunicación Nº 1 163 /200 3**

Presentada por:Sra. Umsinai Isaeva (no representada por un abogado)

Presunta s víctima s :Sres. Abror Isaev (hijo de la autora) y Nodirbek Karimov

Estado parte :Uzbekistán

Fecha de la comunicación:20 de febrero de 2003 (comunicación inicial)

El Comité de Derechos Humanos, creado en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 20 de marzo de 2009,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 1163/2003, presentada al Comité de Derechos Humanos en nombre de los Sres. Abror Isaev y Nodirbek Karimov con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado por escrito la autora de la comunicación y el Estado parte,

Aprueba el siguiente:

Dictamen emitido a tenor del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo

1.1.La autora de la comunicación es la Sra. Umsinai Isaeva, de nacionalidad uzbeka y nacida en 1956. La autora presentó la comunicación en nombre de su hijo, el Sr. Abror Isaev, y de un conocido de éste, el Sr. Nodirbek Karimov, ambos de nacionalidad uzbeka y nacidos en 1984 y 1980, respectivamente. A la fecha de presentación de la comunicación, las dos víctimas presuntas se encontraban en espera de su ejecución tras haber sido condenadas a muerte el 23 de diciembre de 2002 por el Tribunal Regional de Tashkent. La autora sostiene que los Sres. Isaev y Karimov son víctimas de una violación por parte de Uzbekistán de los derechos que se les reconocen en los artículos 6, 7, 9 y 10, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 14 y el artículo 16 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La autora no está representada por un abogado.

1.2.La comunicación inicial de la autora no iba acompañada de un poder de representación para actuar en nombre del Sr. Karimov. Si bien se pidió a la autora que presentara una autorización escrita del Sr. Karimov, este documento no se ha recibido, ni se ha facilitado ninguna explicación al respecto.

1.3.Cuando inscribió la comunicación el 20 de febrero de 2003, y de conformidad con el artículo 92 de su reglamento, el Comité de Derechos Humanos actuando por conducto de su Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, pidió al Estado parte que no llevase a cabo la ejecución de las presuntas víctimas mientras se examinaba su caso. El 25 de mayo de 2004, el Estado parte informó al Comité de que el 16 de abril de 2004 el Tribunal Supremo de Uzbequistán había conmutado la pena de los Sres. Isaev y Karimov por una pena de 20 años de prisión.

Los hechos expuestos por l a autor a

2.1.En su comunicación inicial, la autora sostiene que su hijo y el Sr. Nodirbek Karimov fueron condenados a la pena de muerte el 23 de diciembre de 2002 por el Tribunal Regional de Tashkent, mientras que los otros dos acusados por el mismo crimen, los Sres. Rustamov e I. Karimov (hermano de Nodirbek Karimov) fueron condenados a una pena de 20 años de prisión. La condena fue confirmada en segunda instancia por el órgano de apelaciones del Tribunal Regional de Tashkent el 19 de febrero de 2003. El hijo de la autora y el Sr. Nodirbek Karimov fueron declarados culpables del asesinato, el 24 de mayo de 2002, de dos personas, la Sra. M. Mirzokhanova y el Sr. R. Mirzokhanov, cometido de forma particularmente violenta, y de robo a esas dos personas.

2.2.Según la autora, el tribunal no fue imparcial y basó su fallo en las confesiones obtenidas de las presuntas víctimas a las que se sometió a tortura durante la investigación preliminar. La autora añade, sin dar más detalles, que todas las denuncias por parcialidad y empleo de la tortura presentadas en nombre de las presuntas víctimas durante la investigación preliminar y el juicio siguen sin respuesta.

La denuncia

3.La autora sostiene que se han conculcado los derechos que se reconocen a las presuntas víctimas en los artículos 6, 7, 9 y 10, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 14 y el artículo 16 del Pacto.

Observaciones del Estado parte

4.1.El 31 de marzo de 2003 el Estado parte tomó nota de que, el 23 de diciembre de 2002, el Tribunal Regional de Tashkent había declarado culpables a los Sres. Isaev y Karimov en virtud de los artículos 97 y 164 del Código Penal de Uzbekistán y los había condenado a la pena de muerte. El órgano de apelaciones del Tribunal Regional de Tashkent confirmó la condena. La causa fue examinada también por el Tribunal Supremo, que el 20 de marzo de 2003 confirmó las condenas de los Sres. A. Isaev y N. Karimov. Los tribunales determinaron que las presuntas víctimas habían asesinado, en circunstancias agravantes, a R. Mirzokhanov (nacido en 1971) y M. Mirzokhanova (nacida en 1972). La culpabilidad de los Sres. A. Isaev y N. Karimov había quedado plenamente demostrada y sus actos habían sido debidamente calificados. Para determinar la pena, los tribunales habían tenido en cuenta la gravedad de los actos cometidos.

Comentarios de la autora respecto de las observaciones del Estado parte

5.1.La autora presentó otras comunicaciones los días 5 de julio y 24 de noviembre de 2003. En ellas sostenía que su hijo no había cometido el asesinato por el cual lo condenaban y que había sido golpeado y torturado por los investigadores, siendo así obligado a declararse culpable. A su juicio, la condena impuesta a su hijo era especialmente severa y carente de fundamento y el castigo no se correspondía con su personalidad. Sus vecinos habían dado buenas referencias de él y se habían presentado documentos al tribunal a este respecto. No tenía antecedentes penales.

5.2.Según la autora, su hijo se había presentado a la policía para denunciar el delito y explicar que no había participado en él. Sin embargo, la policía lo detuvo de inmediato y le propinó una paliza, hasta el punto que se cortó las venas de la muñeca y hubo que hospitalizarlo, pero una vez estabilizado se reanudaron los golpes y las torturas. La autora afirma que vio a un investigador llamado "Nariman" que golpeaba a su hijo en la comisaría y presentó una queja ante la Oficina de la Presidencia, el Parlamento y el Fiscal Regional de Tashkent. Sin embargo, todas sus denuncias se habían enviado al mismo servicio contra el que se quejaba. El Sr. Nodirbek Karimov, que no negaba su participación en el asesinato, también fue objeto de torturas. Posteriormente el tribunal tuvo en cuenta las confesiones forzadas del Sr. Isaev, a pesar de que en 1996 el Tribunal Supremo había determinado que las pruebas obtenidas con métodos de investigación no autorizados eran inadmisibles.

5.3.Según la autora, los tribunales han llegado a la conclusión errónea de que el asesinato se cometió de manera particularmente violenta. La autora afirma además que los tribunales no aclararon cuál de los acusados había tomado la iniciativa de cometer el delito de asesinato ni determinaron cuál había sido el papel de cada uno de ellos.

5.4.La autora también impugna la conclusión de los tribunales de que su hijo cometió el delito de asesinato por motivaciones egoístas. El Sr. Isaev había explicado al tribunal que al cometer el delito se encontraba en estado de profunda agitación y no se daba cuenta de lo que estaba haciendo; él no había robado nada, pero se habían llevado cosas para simular un robo.

5.5.Al parecer el tribunal no tuvo en cuenta el hecho de que, poco antes del asesinato, los Mirzakhanov, que venían humillando y chantajeando a su hermana, habían provocado a su hijo. Esto tenía que haberse considerado una circunstancia atenuante.

5.6.La autora afirma también que el tribunal, al fijar la pena para su hijo, había hecho caso omiso de un fallo del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 1996, según el cual aunque la pena de muerte estuviera prevista por ley no era obligatoria.

5.7.Según la autora, los investigadores y los tribunales han violado el derecho de las víctimas a la presunción de inocencia. No se tuvieron en cuenta en favor del acusado las dudas que subsistían en relación con el delito.

5.8.La autora sostiene además que los tribunales examinaron la causa de forma superficial y no imparcial. Según el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal de Uzbekistán, no incumbe al acusado demostrar su inocencia, y ha de aplicarse el principio in dubio pro reo. El tribunal, sin embargo, no cumplió esos principios en el caso de su hijo. La condena se basó en pruebas indirectas reunidas por los investigadores y que no se pudieron confirmar en el proceso, mientras que durante la investigación se perdieron pruebas que podían haber demostrado la inocencia del Sr. Isaev. En particular, la autora sostiene que si se acusaba a su hijo de haber apuñalado a las víctimas con un cuchillo, tenía que haber trazas de sangre en el pelo, las manos y la ropa. Sin embargo, en ningún momento se hizo una pericia del pelo, las manos o el material extraído de debajo de las uñas, y el cuchillo nunca fue encontrado.

5.9.La autora reitera que la investigación no se llevó a cabo de forma profesional. Los tribunales aceptaron todos los errores cometidos y dictaron una sentencia ilegal. Además, los tribunales no determinaron circunstancias atenuantes en el caso de su hijo, pese a que nunca había sido condenado. Por otra parte, los tribunales hicieron caso omiso de un fallo del Tribunal Supremo según el cual, en los casos que entrañan la pena de muerte, deben tenerse en cuenta todas las circunstancias en que se cometió el delito y datos completos acerca de la personalidad de los acusados y de las víctimas.

5.10. La autora visitó a su hijo en las celdas de los condenados a muerte en abril de 2003 y lo encontró en mal estado de salud. Le dijeron que había intentado suicidarse y que, desde entonces, estaba en tratamiento psicotrópico. Debido a ello, no la reconoció. El psiquiatra que lo examinó llegó a la conclusión de que tenía un "síndrome astenofóbico de tipo reactivo, con mutación". Según la autora, su hijo no podía recibir tratamiento adecuado en la prisión, sino que había que ingresarlo en un hospital psiquiátrico. La autora se quejó en varias ocasiones y pidió, en vano, que su hijo fuera hospitalizado.

Información adicional presentada por las partes

6.El Estado parte envió otra comunicación el 11 de julio de 2003 en la que repetía sus explicaciones anteriores y agregaba que se había suspendido la ejecución de las presuntas víctimas hasta que se examinaran sus peticiones de indulto presidencial. Las presuntas víctimas estaban detenidas de conformidad con lo dispuesto en el Código sobre la Ejecución de Sanciones Penales y sus familiares tenían derecho a visitarlos periódicamente en la prisión.

7.1.En otra comunicación de fecha 11 de diciembre de 2003, el Estado parte explicó, en relación con la solicitud presentada por el Comité con arreglo al artículo 92 de su reglamento, que había tomado disposiciones para que no se llevara a cabo la ejecución de los Sres. Karimov e Isaev mientras se examinaba su comunicación.

7.2.El 25 de mayo de 2004 el Estado parte informó al Comité de que, con fecha 16 de abril de ese año, el Tribunal Supremo de Uzbekistán había conmutado la pena de las presuntas víctimas por la de 20 años de prisión.

7.3.Se envió a la autora copia de todas las comunicaciones del Estado parte y se la invitó a formular sus observaciones. Se le enviaron varios recordatorios sin resultado alguno. En una respuesta de fecha 6 de marzo de 2008, la autora informó al Comité de que su hijo estaba recluido en la colonia penitenciaria Nº 64/72, que su estado de salud y su situación eran "malos", que no había allí trabajos "normales" y que percibía un salario muy reducido.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

8.1.Antes de examinar toda reclamación contenida en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

8.2.El Comité observa, conforme a lo dispuesto en los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, que el mismo asunto no está siendo examinado por otro procedimiento de examen o arreglo internacionales. Observa, asimismo, que el Estado parte no ha impugnado la afirmación de que se han agotado todos los recursos internos.

8.3.El Comité observa que la autora presentó inicialmente la comunicación en nombre de su hijo y en nombre del Sr. Karimov, conocido de su hijo y coacusado. El Comité observa asimismo que la autora no presentó una autorización escrita para actuar en nombre del Sr. Karimov ni en la comunicación inicial ni posteriormente, a pesar de que se le pidió expresamente que lo hiciera, y que no dio ninguna explicación al Comité a este respecto. En esas circunstancias, y en lo referente exclusivamente al Sr. Karimov, el Comité considera que la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo.

8.4.El Comité toma nota de que la autora afirma que se han violado los derechos que asisten a su hijo en virtud de los artículos 9 y 16 del Pacto. Sin embargo, no presenta información suficiente para corroborar sus alegaciones. En consecuencia, esta parte de la comunicación se considera inadmisible, por no estar suficientemente fundamentada a los efectos de la admisibilidad, según lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.5.El Comité ha tomado nota también de la afirmación de la autora, que puede plantear cuestiones en relación con el artículo 10 del Pacto, de que el estado de salud de su hijo se ha agravado después de su reclusión. El Comité observa que el Estado parte no ha hecho observaciones sobre el particular. Sin embargo, al no haber explicaciones más detalladas en cuanto a las medidas adoptadas para agotar los recursos internos a este respecto, el Comité considera que esta parte de la comunicación es inadmisible por no estar suficientemente fundamentada con arreglo al artículo2 y al párrafo 2 b) del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

8.6.El Comité ha tomado nota de que las alegaciones de la autora sobre la forma en que los tribunales sustanciaron la causa contra su hijo, valoraron las pruebas, calificaron sus actos y determinaron su culpabilidad pueden plantear cuestiones en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 14 del Pacto. Observa, no obstante, que esas alegaciones se refieren principalmente a la valoración de los hechos y las pruebas por los tribunales del Estado parte. Recuerda que, en general, corresponde a los tribunales de los Estados partes valorar los hechos y las pruebas en un caso concreto, a menos que pueda constatarse que la valoración fue claramente arbitraria o equivalió a una denegación de justicia. En el presente caso, el Comité considera que al no haber constancia del expediente judicial, transcripciones de diligencias del proceso u otra información pertinente que permita verificar si el proceso adoleció efectivamente de los vicios de procedimiento denunciados por la autora, esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo por no estar suficientemente fundamentada.

8.7.El Comité considera que las demás alegaciones de la autora, que parecen plantear cuestiones en relación con los artículos 6 y 7 y con el párrafo 3 g) del artículo 14 del Pacto, se han fundamentado suficientemente a los efectos de la admisibilidad, y las declara admisibles.

Examen en cuanto al fondo

9.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del Protocolo Facultativo.

9.2. La autora ha afirmado que su hijo fue golpeado y torturado por los investigadores para obligarlo a confesarse culpable del asesinato; la autora ha dado el nombre de uno de los investigadores que supuestamente golpearon a su hijo. La autora sostiene además -y el Estado parte no lo ha negado- que no se tuvieron en cuenta las explicaciones dadas por su hijo a este respecto y que el tribunal se había servido de su confesión inicial para determinar su participación en el delito. El Comité recuerda que, una vez que se ha presentado una denuncia por malos tratos en violación de lo dispuesto en el artículo 7, el Estado parte está obligado a investigarla prontamente y de forma imparcial. En este caso, el Estado parte no ha refutado específicamente las alegaciones de la autora al proporcionar al Comité los detalles del examen por los tribunales, o de otra forma, ni ha presentado información específica, en el contexto de la presente comunicación, que demuestre que llevó a cabo una investigación a ese respecto. En tales circunstancias, debe darse el debido peso a las alegaciones de la autora y, por consiguiente, el Comité considera que los hechos expuestos por ella ponen de manifiesto una violación de los derechos de su hijo con arreglo al artículo 7 y al párrafo 3 g) del artículo 14 del Pacto.

9.3. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que la imposición de una pena de muerte tras un juicio en que no se han respetado las garantías procesales constituye también una violación del artículo 6 del Pacto. No obstante, en el presente caso la pena de muerte impuesta al Sr. Isaev el 23 de diciembre de 2002, y confirmada en apelación el 19 de febrero de 2003, fue conmutada el 16 de abril de 2004 por el Tribunal Supremo de Uzbekistán. Por lo tanto, el Comité considera que, en las circunstancias particulares de este caso, la cuestión de la violación del derecho a la vida del hijo de la autora ahora carece de sentido.

10.El Comité de Derechos Humanos, actuando de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene a la vista ponen de manifiesto una violación de los derechos que asisten al hijo de la autora en virtud del artículo 7 y del párrafo 3 g) del artículo 14 del Pacto.

11.A tenor de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo 2 del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al Sr. Isaev un recurso efectivo, incluida una indemnización y la iniciación y sustanciación de un proceso penal para establecer la responsabilidad por los malos tratos al hijo de la autora de la queja, y de someterlo a un nuevo proceso. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

12.Teniendo presente que, por ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte reconoce la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, en virtud del artículo 2 del Pacto, el Estado se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a garantizar un recurso efectivo y ejecutorio cuando se compruebe una violación, el Comité

desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide al Estado parte asimismo que publique el dictamen del Comité.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso, como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

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