81º período de sesiones
7 de febrero a 4 de marzo de 2022
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Respuestas de Uzbekistán a la lista de cuestiones y preguntas relativas a su sexto informe periódico * , **
[Fecha de recepción: 4 de noviembre de 2020]
* El presente documento se publica sin haber sido objeto de revisión editorial oficial.
** Se puede acceder al anexo del presente documento desde la página web del Comité.
Divulgación de la Convención
Pregunta 1
Los tribunales y las fuerzas del orden han incorporado en su práctica actividades periódicas de sensibilización sobre la violencia de género:
•En 2018, miembros de la magistratura se presentaron en 80 ocasiones en los medios de comunicación e impartieron 252 conferencias;
•Los tribunales elaboraron y distribuyeron dos manuales metodológicos;
•En 2019, miembros de la magistratura se presentaron en 151 ocasiones en los medios de comunicación e impartieron 319 conferencias;
•En los primeros 8 meses de 2020, se presentaron en 104 ocasiones en los medios de comunicación e impartieron 128 conferencias;
•Los tribunales distribuyeron un total de 341 manuales metodológicos. En lo que va de 2020, los organismos del Ministerio Público han llevado a cabo 287 actividades para promover la legislación de protección de los derechos de la mujer, incluidas 102 actividades en los medios de comunicación.
En el párrafo 6 de la Hoja de Ruta para la Aplicación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos, aprobada por un decreto de 22 de junio de 2020, se prevén medidas para preparar materiales metodológicos sobre la observancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos y mejorar las competencias en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, de los funcionarios públicos y representantes de las ONG en el marco del programa de formación del Centro Nacional de Derechos Humanos.
Los tribunales no invocan directamente la Convención, ya que en el artículo 15 de la Constitución se establece la primacía de la Constitución y de las leyes de Uzbekistán, y ellos se rigen por el derecho interno, y las normas de los instrumentos internacionales solo se invocan después de su incorporación en la legislación nacional.
En el artículo 3 de la nueva versión de la Ley de Tratados Internacionales de la República de Uzbekistán, de 6 de febrero de 2019, se establece que “los tratados internacionales a los que se haya adherido Uzbekistán, junto con los principios y normas universalmente reconocidos del derecho internacional, constituyen parte integrante del ordenamiento jurídico del país “. De conformidad con la Estrategia Nacional de Derechos Humanos y la Hoja de Ruta para su aplicación (párr. 5), el Pleno del Tribunal Supremo ha elaborado un proyecto de resolución sobre la práctica de los tribunales en lo que respecta a la aplicación de los principios y normas del derecho internacional, así como de los tratados internacionales en los que Uzbekistán es parte. El proyecto se está debatiendo actualmente.
Pregunta 2
El 24 de julio de 2020, se aprobó el Decreto sobre medidas complementarias para seguir mejorando la labor de los tribunales y aumentar la eficacia de la administración de justicia, con el objetivo de aumentar el acceso de los ciudadanos, en particular las mujeres, a la justicia, y mejorar la calidad de la tramitación de las causas en los tribunales.
Las mujeres de las zonas rurales tienen igual acceso a la justicia que las de las zonas urbanas. Se está trabajando sistemáticamente para mejorar las conexiones de transporte, teléfono e Internet a fin de garantizar el acceso de la población rural a la justicia. Se han creado más de 70 grupos de estudio y solución de los problemas de la mujer, que han estudiado más de 820 reclamaciones presentadas por mujeres, de los cuales más de 600 se resolvieron en favor de las mujeres.
En la Hoja de Ruta para la Aplicación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos (párrs. 12 y 22), se contempla la aprobación de una ley sobre la igualdad y la no discriminación, en la que se prevé introducir en la legislación los conceptos de discriminación, discriminación directa, indirecta y múltiple, y motivos de discriminación. La Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 15 de octubre de 2020, contiene el concepto de “discriminación por motivos de discapacidad”.
Con el fin de ofrecer asesoramiento gratuito a la ciudadanía y en el marco de la aplicación del Decreto sobre la mejora sustancial del sistema de fomento de la conciencia jurídica en la sociedad, se ha creado el sistema de información y asesoramiento jurídico Advice.uz. Se ha instituido la insignia “Excelencia en la promoción del derecho” que se concede a los funcionarios públicos por su labor de fomento de los conocimientos básicos de derecho de la ciudadanía; 12 funcionarios, 6 de los cuales eran mujeres, han recibido esta insignia.
Efectos de la pandemia en los derechos de la mujer y la igualdad de género
Pregunta 3
El 29 de enero de 2020 se emitió un decreto presidencial por el que se establecía una comisión nacional especial encargada de elaborar un programa de medidas para prevenir la importación y la propagación del coronavirus en Uzbekistán.
El 19 de marzo de 2020 se emitió un decreto sobre medidas prioritarias para mitigar los efectos adversos de la pandemia de coronavirus y de las crisis mundiales en los distintos sectores de la economía, destinado a prestar un apoyo social eficaz a la población, incluidas las mujeres, durante el período de lucha contra la propagación del coronavirus. Se creó un fondo de lucha contra la crisis por valor de 10 billones de som, para financiar las medidas de lucha contra la propagación del COVID-19. Con arreglo a dicho Decreto, los padres (o personas a cargo, tutores o guardianes) que se encuentren en cuarentena debido a una infección o sospecha de infección por coronavirus, así como las personas que cuiden de sus hijos menores de 14 años, recibirán un subsidio por incapacidad laboral temporal equivalente al 100 % del sueldo medio.
Se adoptaron medidas para aumentar, a partir del 1 de abril de 2020, en un 10 % el número de beneficiarios de los subsidios concedidos a las familias con hijos menores de 14 años y por el cuidado de niños menores de dos años, así como para aumentar las ayudas económicas. Se introdujo un suplemento diario del 6 % del sueldo mensual de los trabajadores de la salud y de otro tipo que participan en las actividades de lucha contra la propagación del COVID-19.
Al final del primer trimestre de 2020, el número de centros de adaptación y rehabilitación de las víctimas de violencia y de prevención del suicidio era de 197, incluidos 13 centros regionales y 184 locales a nivel de ciudad y de distrito, y se creó la línea telefónica directa de respuesta emergencia 1146, a la que las mujeres pueden recurrir de forma anónima. En la actualidad, dichos centros albergan a 19 mujeres y 19 niños víctimas de violencia doméstica. Durante la pandemia, se les proporcionan alimentos, medicamentos y productos de higiene.
En la Decisión del Gobierno, de 4 de enero de 2020, sobre medidas para mejorar el sistema de protección de las mujeres y las niñas contra el acoso y la violencia, se establecieron los procedimientos para:
•La expedición de órdenes de protección, su aplicación y su seguimiento;
•La remisión de personas que han cometido actos violentos o son propensas al acoso y la violencia a los programas de rehabilitación.
Se creó un centro nacional para la rehabilitación y adaptación de las víctimas de la violencia y la prevención del suicidio.
El 3 de abril de 2020, se aprobó el Decreto sobre medidas complementarias de apoyo a la población, los sectores de la economía y las entidades empresariales durante la pandemia de coronavirus. En virtud de ese decreto, se prolongó el pago, por un período de 6 meses, sin interrupción, de los subsidios a las familias con hijos, las asignaciones para el cuidado de los niños y las ayudas económicas, sin que fuera necesario presentar una solicitud para la continuación del pago ni otros documentos. En un decreto de 5 de mayo de 2020 sobre medidas urgentes de apoyo a la industria textil y de la confección, se prevén medidas para mitigar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus en el desarrollo de la industria textil y de la confección, en la que trabajan principalmente mujeres.
El 18 de mayo de 2020, se emitió el Decreto sobre medidas complementarias de apoyo a la población y a las entidades empresariales durante la pandemia de coronavirus, por el que se incrementaron, a partir del 1 de junio de 2020, en un 10 % el número de beneficiarios de los subsidios que se otorgaban a las familias con hijos menores de 14 años y por el cuidado de niños menores de dos años, así como el apoyo económico.
El 20 de julio de 2020, se emitió el Decreto sobre medidas complementarias de apoyo a la población, las empresas, la restauración, el comercio y los servicios para mitigar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, a fin de proporcionar un apoyo adicional a la población y a las entidades empresariales, especialmente en los sectores de la restauración, el comercio y los servicios, donde trabaja un gran número de mujeres.
El 25 de julio de 2020, se emitió el Decreto sobre medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus, mejorar sustancialmente el sistema de salud y bienestar epidemiológico y proteger la salud pública, con el fin de crear un sistema integral para velar por el bienestar epidemiológico y la salud pública de la población a nivel de las majalias y los hogares.
El 30 de julio de 2020, se emitió el Decreto sobre medidas complementarias de apoyo económico a los sectores de la población necesitados de asistencia y protección social durante la pandemia de coronavirus, por el que se creó el movimiento popular denominado “Bondad y Apoyo”, y se proporcionó ayuda económica puntual con cargo al presupuesto nacional a más de 400.000 familias necesitadas, integradas por más de 1,7 millones de personas.
El 29 de agosto de 2020, se emitió el Decreto sobre medidas complementarias de apoyo social a la población con el fin de impulsar el movimiento nacional denominado “Bondad y Apoyo”, mediante el cual se proporcionaron ajuares de invierno, uniformes escolares y útiles escolares a los niños de familias necesitadas.
Se estableció una ayuda económica puntual de 500.000 som por cada hijo menor de 16 años.
En el primer trimestre de 2020, se emitieron órdenes de protección a 316 mujeres, 2 de las cuales eran menores de edad, 70 eran jóvenes, y 254 habían sido objeto de maltrato físico, 1 de violencia sexual, 31 de violencia psicológica y 30 de acoso.
Con el fin de apoyar a las familias de bajos ingresos, se proporcionó ayuda económica a unas 600.000 familias. Los centros de coordinación de las actividades de apoyo distribuyeron alimentos a 320.027 ciudadanos.
Se ha elaborado una lista exhaustiva con las direcciones de 101.980 familias necesitadas de ayuda, de las cuales 49.961 son familias pobres, 52.019 son familias que han perdido su fuente de ingresos debido a la cuarentena, y 106.439 son familias socialmente vulnerables de personas mayores de 65 años. Se ha establecido un registro de pacientes con la cooperación del presidente de la majalia y el inspector de prevención. Un total de 74.836 familias han sido objeto de un seguimiento especial en colaboración con los centros de atención de salud.
Desde que se declaró la cuarentena, se ha puesto en cuarentena a 1.961 mujeres embarazadas, se ha prestado atención médica de urgencia a 338 mujeres embarazadas y se ha diagnosticado una infección por coronavirus a 30 mujeres embarazadas. Se han puesto en funcionamiento 13 clínicas de maternidad con 340 camas para mujeres embarazadas infectadas por el coronavirus, y 14 maternidades con 740 camas en las que se proporciona una atención médica especializada oportuna y de calidad.
Se ha aprobado una disposición sobre el cambio provisional al régimen de teletrabajo, que se aplica a las mujeres embarazadas, las personas mayores, las personas con discapacidad y los trabajadores con enfermedades crónicas.
La Inspección Estatal de Trabajo, en colaboración con el servicio epidemiológico, realiza una supervisión sistemática de las normas sanitarias y de seguridad en las empresas. Los grupos de supervisión de inspectores de trabajo visitaron 5.757 empresas y determinaron violaciones de las normas sanitarias y de seguridad en 892 empresas, y formularon recomendaciones sobre cada caso a fin de subsanar las deficiencias existentes. En total, unas 4.500 personas recibieron sanciones por infringir el Código de Trabajo.
En los primeros ocho meses de 2020, se registraron 3.600 nuevos empresarios, incluyendo 1.400 mujeres y 1.300 jóvenes, que recibieron ayudas por valor de 801,6 millones de som. Se otorgaron subsidios por valor de 635,3 millones de som a 92 empleadores para el pago de sueldos mensuales por la contratación de 175 mujeres y 146 jóvenes por encima de la cuota establecida.
Durante la pandemia, se han salvaguardado los derechos humanos en materia de administración de justicia gracias a un sistema electrónico que permite presentar demandas a los tribunales por Internet. En su resolución de 28 de abril de 2020 sobre determinadas cuestiones relativas a la aplicación por los tribunales de la legislación sobre medidas para prevenir la propagación del coronavirus, el pleno del Tribunal Supremo ofreció a los tribunales aclaraciones a fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a la protección judicial durante la cuarentena.
Durante la cuarentena, los tribunales siguieron instruyendo causas por videoconferencia, en particular las que requerían atención urgente, como las demandas civiles relacionadas con el cobro de la pensión alimenticia para menores; las causas civiles y económicas en las que las partes hayan solicitado que el examen se realice en su ausencia, cuando el tribunal estime que no es obligatoria la participación de las partes en la audiencia.
Definición de la no discriminación
Pregunta 4
En el artículo 3 de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres se define la discriminación directa e indirecta. Por discriminación sexual directa se entiende toda distinción, exclusión o restricción destinada a no reconocer los derechos y libertades de las mujeres y los hombres en todas las esferas de la sociedad, incluida la discriminación por motivos de estado civil, embarazo, obligaciones familiares, así como el acoso sexual y una remuneración diferente por igual trabajo e igual cualificación. La discriminación sexual indirecta consiste en crear una situación, disposición o criterios que pongan a las personas de un sexo en una posición menos favorable con respecto al otro sexo, por ejemplo, mensajes que afirmen la desigualdad de género en los medios de comunicación, la educación o la cultura, el establecimiento de condiciones o requisitos que puedan tener efectos adversos para las personas de determinado sexo.
Cabe destacar que estas definiciones de discriminación directa e indirecta se aplican no solo en el ámbito estatal, sino también en las actividades de las instituciones públicas y privadas, que están obligadas a respetar la Constitución y las leyes del país, incluso en lo relativo a la no discriminación por razón de sexo.
El proyecto de ley sobre la igualdad y la no discriminación prevé aclarar el contenido del concepto de discriminación múltiple y el sistema de protección jurídica contra la posible discriminación en diferentes ámbitos de la vida de la sociedad.
Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
Pregunta 5
La Comisión de Igualdad de Género fue creada por el Decreto de 7 de marzo de 2019 sobre medidas para reforzar las garantías de los derechos laborales y apoyar la actividad empresarial de las mujeres. Su mandato específico se define en el artículo 12 de la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, de 2 de septiembre de 2019, según el cual la Comisión coordina las actividades de los organismos estatales destinadas a lograr la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida de la sociedad.
La Comisión supervisa y analiza la situación en lo que respecta a la garantía de la igualdad de género en el país y la mejora de las condiciones sociales de las mujeres, el apoyo y el desarrollo integral de la institución de la familia, la incorporación en la legislación nacional de las normas internacionales generalmente aceptadas relativas a la mujer, la cooperación con las organizaciones internacionales y la aplicación efectiva de medidas para mejorar la cultura jurídica de las mujeres, e informa anualmente al Parlamento sobre la situación en ese ámbito.
La Comisión del Senado sobre la Mujer y la Igualdad de Género ejerce la supervisión parlamentaria de la igualdad de género y promueve la aplicación de las normas de derecho internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en la legislación nacional. La Comisión elabora recomendaciones para mejorar la política gubernamental sobre la igualdad de género y promover la participación de las mujeres en el trabajo público y social, y examina las cuestiones relativas a la igualdad de género y las leyes sobre el fomento de la institución de la familia a fin de que sean coherentes con los fines y objetivos de las reformas nacionales y las normas del derecho internacional.
El Ministerio de Apoyo a las Majalias y a la Familia fue creado por el decreto de 18 de febrero de 2020 sobre medidas para mejorar el ambiente social y espiritual en la sociedad, seguir apoyando la institución de la majalia y seguir mejorando el sistema de trabajo con las familias y las mujeres. El Ministerio se ocupa de formular y aplicar la política estatal de apoyo a la familia, las mujeres y las personas mayores, proteger sus derechos e intereses legítimos, y establecer la cooperación con los órganos de autogobierno de los ciudadanos. También colabora ampliamente con las organizaciones de base de la mujer y ayuda a hacer más eficaces sus actividades.
De enero a septiembre de 2020, la Comisión del Senado sobre la Mujer y la Igualdad de Género recibió 699 reclamaciones. El 46 % de ellas se referían a cuestiones de vivienda y tierras, el 14 % a cuestiones relativas a la familia y a la labor de los órganos de autogobierno locales (majalias), el 12 % a cuestiones de igualdad de género y el 7 % al empleo y las remuneraciones. La Comisión remitió esas reclamaciones a las instancias correspondientes para su examen.
La Comisión de Igualdad de Género supervisa periódicamente las medidas de respuesta a las reclamaciones presentadas. Hasta la fecha, se han resuelto los problemas planteados en 100 reclamaciones.
Hasta el 10 de septiembre de 2020, el Ministerio de Apoyo a las Majalias y a la Familia había recibido 124.680 reclamaciones de personas físicas y jurídicas. De estas, 119.410 (94,1 %) se recibieron a través de los despachos virtuales de la Presidencia, 2.920 (2,5 %) a través del mostrador de recepción virtual de la Fiscalía, y 2.350 (1,5 %) fueron recibidas directamente por la dirección del ministerio. Las reclamaciones recibidas estaban relacionadas con:
•Ayudas económicas y las prestaciones sociales - 56.766;
•Asuntos familiares - 4.062;
•Asuntos de la mujer - 183;
•Desacuerdos con las decisiones de los presidentes de las asambleas de ciudadanos - 1.492;
•Mujeres que habían participado en concursos de admisión a centros de enseñanza superior - 317;
•La ayuda económica para el tratamiento médico - 537;
•Cuestiones relacionadas con la vivienda - 248;
•Prevención del delito - 539;
•Quejas contra miembros de comités y asambleas de las majalias - 5.209; y
•Ayudas económicas, alimentos y protección durante la cuarentena - 24.478.
El Ministerio examinó 105.182 reclamaciones y 19.498 se están examinando. Unas 60.800 de las reclamaciones examinadas fueron aprobadas, a 30.244 de ellas se respondió con aclaraciones, y 13.752 fueron rechazadas.
Pregunta 6
El Plan de Acción Nacional para poner en práctica las recomendaciones de la Comisión tras el examen del quinto informe periódico de Uzbekistán sobre la aplicación de la Convención fue elaborado con la participación de ONGs de mujeres y aprobado el 10 de octubre de 2017. En 2019 se cumple el plazo para la aplicación del Plan de Acción Nacional, que consta de 24 objetivos destinados a reforzar el marco jurídico e institucional para la protección de los derechos de la mujer, teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El proceso de reunión de información y seguimiento de la aplicación del Plan de Acción Nacional se desarrolló en 3 fases:
•Fase 1, iniciada el 5 de julio de 2018;
•Fase 2, iniciada el 3 de octubre de 2018;
•Fase 3, abarca los dos últimos años (marzo a julio).
Sobre la base de los materiales y la información recibidos de los órganos gubernamentales y las ONG, se preparó un informe sobre todos los objetivos del Plan de Acción Nacional a fin de analizar su aplicación en las distintas regiones, y se celebraron mesas redondas en las provincias de Ferganá, Andiyán, Namangán, Syrdarya, Yizaks, Samarcanda, Bujará y Navoiy sobre la aplicación del Plan de Acción Nacional atendiendo a las observaciones finales y recomendaciones formuladas tras el examen del quinto informe nacional de Uzbekistán al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Del 6 al 10 de mayo de 2019, se realizó un examen de la aplicación del Plan de Acción Nacional en las provincias de Yizaks, Bujará y Andiyán, en el que se proporcionaron ejemplos concretos y datos estadísticos.
Como resultado de la aplicación del Plan de Acción Nacional, se han adoptado las siguientes medidas:
•Se aprobó un decreto sobre medidas para mejorar sustancialmente las actividades de apoyo a la mujer y fortalecer la institución de la familia;
•Se creó un fondo de apoyo a las mujeres y las familias;
•Se sufragó el pago de la entrada requerida para adquirir una vivienda a fin de ayudar a las mujeres necesitadas;
•Se elaboró un programa de actividades de apoyo a las niñas, incluida la organización de la Cumbre de las Niñas, celebrada en Samarcanda;
•Se crearon centros de rehabilitación y adaptación social adscritos a la Comisión de la Mujer;
•Se establecieron incubadoras de empresas en las provincias;
•Se creó una comisión sobre cuestiones relativas a la igualdad de las mujeres;
•Se formuló un proyecto de concepto para la aplicación de la política estatal de igualdad de género;
•Se aprobaron la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres y la Ley de Protección de la Mujer contra el Acoso y la Violencia.
•Más de 9.000 mujeres trabajan eficazmente en las majalias como especialistas en el trabajo con mujeres y el fortalecimiento de los valores espirituales y morales de las familias, entre otros.
A fin de garantizar la igualdad de género y aplicar medidas de apoyo a las mujeres en todas las esferas de la sociedad, se ha elaborado un proyecto de estrategia para lograr la igualdad de género para el período 2020-2030, en el que se prevé:
•Ampliar los programas de apoyo a las mujeres para que hacer efectivos sus derechos e intereses en la esfera socioeconómica y hacer un amplio uso de la tecnología moderna, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones, a fin de promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres;
•Garantizar que los mecanismos y marcos jurídicos para proteger a las mujeres de la violencia doméstica se ajusten plenamente a las normas internacionales;
•Sensibilizar a la opinión pública sobre la igualdad de género;
•Aplicar medidas eficaces para garantizar la igualdad de género en todas las esferas de la vida pública, especialmente en la actividad política y la toma de decisiones;
•Elaborar propuestas con miras a la adhesión de Uzbekistán a los instrumentos internacionales sobre los derechos de la mujer, así como al Convenio núm. 156 de la OIT relativo a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, y al Convenio núm. 183 de la OIT relativo al Convenio de 1952 sobre la protección de la maternidad (revisado), entre otros.
Medidas especiales de carácter temporal
Pregunta 7
En el marco de la elaboración de una estrategia para la adopción y aplicación de medidas especiales de carácter temporal con miras a lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, se realizó un estudio destinado a formular propuestas para la adopción de medidas especiales de carácter temporal con el fin de incorporar las disposiciones del artículo 4 de la Convención en la legislación nacional.
Se alcanzaron los siguientes objetivos del estudio:
•Se aprobaron la Ley de Garantías de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, la Ley de Protección de la Mujer contra el Acoso y la Violencia y la Ley de Protección de la Salud Reproductiva;
•Se introdujeron disposiciones sobre la igualdad de edad de consentimiento para mujeres y hombres en el artículo 15 del Código de la Familia, y se introdujeron modificaciones en el Código de Trabajo.
Por una resolución sobre medidas para seguir reforzando las salvaguardias de los derechos laborales y el apoyo a la actividad empresarial de las mujeres, de 7 de marzo de 2019. se consiguió:
•Levantar la prohibición del empleo de la mujer en determinados sectores o profesiones;
•Aprobar una lista de sectores o profesiones que podían tener efectos negativos en la salud de las mujeres;
•Y prohibir la jubilación forzosa de las mujeres por parte de los empleadores, entre otros objetivos.
Mediante una decisión del Gobierno de 12 de abril de 2018, se aprobó el procedimiento para proporcionar viviendas asequibles a mujeres y niñas en situaciones difíciles, madres con discapacidad, madres de bajos ingresos o que crían a sus hijos en una familia monoparental y que necesitan mejorar sus condiciones de vivienda.
Con la colaboración de activistas de las majalias y las organizaciones competentes, se han reconciliado 15.290 parejas que estaban al borde del divorcio. Se han dictado órdenes para proteger a 3.592 mujeres víctimas de la violencia y a sus familias.
En el marco de un programa destinado a promover el empleo de las mujeres en condiciones de vida difíciles en las distintas regiones del país en 2020, se identificaron 7.700 mujeres que vivían en condiciones difíciles. Se proporcionó empleo a 5.500 de ellas (71,0 %).
Se ha ayudado a 11.000 mujeres profesionales con habilidades empresariales a obtener créditos por más de 1 billón de som de bancos comerciales.
En las majalias se identificaron 37.000 mujeres que requerían orientación profesional y cursos de corta duración y 3.716 de ellas recibieron capacitación.
A fin de conceder préstamos preferenciales para proyectos de pequeñas empresas de 5.500 mujeres con cargo al Fondo Fiduciario Estatal de Apoyo a la Mujer y la Familia, los bancos comerciales financiaron recursos crediticios por valor de 92.000 millones de som.
Se crearon consejos consultivos para el fomento de la iniciativa empresarial de las mujeres con el fin de apoyar las actividades empresariales de las mujeres, en especial para impulsar el movimiento de granjas agrícolas de mujeres en las zonas rurales. El consejo consultivo es un órgano permanente integrado por mujeres empresarias y representantes de las ONG y los organismos gubernamentales encargados de regular la actividad empresarial.
Los resultados del estudio sociológico titulado “Ciudadanos de Uzbekistán sobre la igualdad de género”, realizado en 2019 con la participación de 1.400 personas encuestadas, mostraron que el público comprendía la importancia de brindar el mismo nivel de educación a los niños y las niñas (89 %). Hombres y mujeres de todos los grupos de edad señalaron la necesidad de que los jóvenes de ambos sexos cursaran estudios superiores para mejorar su competitividad en el mercado laboral. Sin embargo, cerca del 60 % de los participantes pensaban que los hombres eran mejores líderes, mientras que el 26 % pensaba que la capacidad de liderazgo no dependía del género.
Los resultados de la encuesta de opinión pública sobre la salud reproductiva, los derechos reproductivos y los comportamientos reproductivos de los ciudadanos permitieron llegar a las siguientes conclusiones:
•La mayoría de los participantes (73,9 %) en todas las regiones del país, hombres y mujeres, independientemente de la edad, el nivel de educación o la situación económica, están de acuerdo con la afirmación de que “el principal sentido y valor de la familia es tener hijos”;
•La encuesta reveló la opinión pública sobre la edad óptima para que la mujer tenga su primer hijo. La mayoría considera que es mejor que una mujer dé a luz a su primogénito entre los 21 y los 25 años.
Una encuesta de opinión pública sobre el tema “La familia uzbeka en condiciones de confinamiento: las relaciones y los ámbitos de responsabilidad” mostró que la familia y los hijos, su crianza y su desarrollo espiritual y moral, seguían siendo los valores más significativos de la sociedad uzbeka. La mayoría de los encuestados (67,5 %) consideraba que la familia era responsable de la educación de los hijos y de su maduración satisfactoria, y que la crianza de los hijos era la responsabilidad primordial de los padres, su deber parental más importante.
Estereotipos y prácticas nocivas
Pregunta 8
La Comisión de Igualdad de Género y el Comité del Senado para la Mujer y la Igualdad de Género están coordinando la elaboración y aprobación con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de un proyecto de estrategia para lograr la igualdad de género en la República de Uzbekistán en el período 2020-2030 con el fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres en las esferas social, económica y política, y desarrollado en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030.
En el marco de la elaboración de la estrategia, se realizó un estudio sociológico titulado “Los ciudadanos de Uzbekistán sobre la igualdad de género” con el fin de evaluar de manera objetiva e integral los aspectos sociales de las relaciones de género y los estereotipos de género tradicionales existentes en la sociedad. Se espera que las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos antes mencionados contribuyan de forma global a la eliminación de los estereotipos de género discriminatorios, las actitudes patriarcales y las prácticas nocivas.
El artículo 5 de la Ley de Educación regula la garantía de la igualdad de derechos a la educación, independientemente del sexo, la raza, el origen étnico, el idioma, la religión, el origen social, las creencias o la condición personal o social. A fin de inculcar a los niños en edad escolar el concepto de igualdad de género, se han creado condiciones iguales para que los estudiantes de la enseñanza general, independientemente de su sexo, reciban una educación de calidad.
Se prevé introducir en la enseñanza superior los cursos especiales de “Derechos Humanos”, “Derechos de la Mujer” y “Derechos del Niño” a fin de dotar a los estudiantes de conocimientos jurídicos, así como incluir temas relativos a los derechos humanos y las cuestiones de género en los programas de reciclaje y desarrollo profesional para docentes de enseñanza superior a fin de sensibilizarlos acerca de los efectos de las conductas con sesgo de género en el proceso educativo.
Se han creado 146 “escuelas innovadoras para futuros novias y novios”. Más de 400 especialistas imparten enseñanza en estas escuelas en las que se han formado más de 62.070 futuros novios y novias.
La Unión de Jóvenes ha donado más de 700 libros de arte a estas escuelas innovadoras. Con el apoyo del Centro de Servicios Sociales y Psicológicos para Jóvenes, se elaboraron y publicaron 20.000 folletos titulados “Notas a las futuras novias” y “Notas a los futuros novios” a fin de preparar a los jóvenes para el matrimonio. Se han publicado carteles de 3 tipos con una tirada de 30.000 ejemplares, que se han distribuido en todas las majalias del país, como los titulados “Para los padres”, “Para los niños y las niñas” y “La separación no es una solución”. Los canales de televisión “Mi Patria” y “Canal de la Juventud” han producido 16 vídeos sociales, que se han transmitido en los proyectos televisivos del Canal de la Juventud titulados “La familia: garantía del éxito”, “Familia” y “El millón de la felicidad”.
Violencia de género contra la mujer
Pregunta 9
Por un decreto de 4 de enero de 2020, se aprobó el Reglamento sobre el procedimiento para la emisión de órdenes de protección y la garantía de los derechos y el seguimiento de las mujeres víctimas de acoso y violencia. Se registraron 8.773 personas en los órganos de las fuerzas del orden (8 meses, 2018, 16.692; 8 meses, 2019, 12.237) infracciones administrativas de carácter doméstico y 571 (8 meses, 2018, 473), (8 meses, 2019, 292) delitos graves y especialmente graves en los que las víctimas eran mujeres.
En los primeros 8 meses de 2020, 4.780 mujeres (entre ellas 44 menores, 1.222 de entre 18 y 30 años) recibieron órdenes de protección, 2.421 por violencia física, 25 por violencia sexual, 1.946 por violencia psicológica y 57 por violencia económica y 398 por acoso. Durante ese período, el servicio de prevención de los organismos de las fuerzas del orden identificó en los centros de rehabilitación y adaptación de víctimas de la violencia y prevención del suicidio a 213 mujeres y niñas en condiciones de vida difíciles.
El 2 de septiembre de 2019, se aprobó la Ley de protección de las mujeres contra el acoso y la violencia, en la que se definen los términos “violencia”, “violencia sexual”, “violencia física”, “violencia económica” y “violencia psicológica”, entre otros.
En el artículo 118 del Código Penal se define la “violación” como “relación sexual mediante el uso o la amenaza de uso de violencia, o el abuso del estado de indefensión de la víctima”. De conformidad con el apartado b) del párrafo 3 de dicho artículo, la violación de un familiar cercano constituye una circunstancia agravante y se castiga con una pena más severa.
En el artículo 119 del Código Penal se tipifica como delito, entre otras formas de violencia sexual, la “satisfacción no natural de una necesidad sexual mediante el uso o la amenaza del uso de la violencia o el abuso del estado de indefensión de la víctima”. De conformidad con el apartado b) del párrafo 3 de dicho artículo, la violación de un familiar cercano constituye una circunstancia agravante y se castiga con una pena más severa.
En el primer párrafo del artículo 121 del Código Penal, se establece la responsabilidad penal por “la coacción de una mujer para mantener relaciones sexuales o para satisfacer una necesidad sexual de forma no natural por una persona respecto de la cual esa mujer se encuentra en una situación de dependencia laboral, material o de otro tipo”. La ley también tipifica como delito la “violación conyugal” y cualquier otra forma de violencia sexual. No sería conveniente introducir en el Código Penal una definición de “violación consentida”, ya que el propio concepto de “violación” supone la comisión de actos de violencia, tanto física como psicológica (amenazas) o el abuso del estado de indefensión, lo que excluye el consentimiento voluntario de la víctima.
Se ha creado una comisión de igualdad de género en la Fiscalía, que promueve la inclusión en los planes de estudios de la Academia de la Fiscalía General del tema de la garantía de la igualdad de género en los órganos de la Fiscalía. En el módulo de formación titulado “Adopción de decisiones de gestión” para directores de los órganos distritales del ministerio público se han introducido cuestiones relativas a la violación de los derechos de las mujeres.
En la Academia del Ministerio del Interior se imparten formación a los funcionarios de las fuerzas del orden sobre la aplicación de la legislación que prevé la responsabilidad penal por la violencia de género y la violación de los derechos de las mujeres, y conocimientos sobre los procedimientos de investigación de casos de violencia de género sin intermediación. Con el fin de mejorar el conocimiento de las normas internacionales en ese ámbito, en el período 2018-2020 la Academia del Ministerio del Interior organizó conferencias y seminarios interactivos sobre teoría general de los derechos humanos para los estudiantes del programa de formación presencial, los estudiantes a distancia y el personal permanente. Durante ese período, la Academia del Ministerio del Interior celebró siete conferencias, nueve mesas redondas y 12 seminarios de formación directamente relacionados con la aplicación de la legislación que tipifica la violencia de género como delito.
Con el fin de informar sobre el mecanismo y las medidas de asistencia, asesoramiento y prevención del acoso y la violencia contra las mujeres, el Ministerio de Apoyo a las Majalias y a la Familia ha puesto en marcha una línea telefónica de asistencia gratuita que funciona las 24 horas del día.
En los casos de violencia, a petición de la víctima de acoso y violencia o de su representante legal, las autoridades y organizaciones competentes proporcionan refugio a las víctimas de acoso y violencia en centros especiales.
Se están poniendo a prueba materiales didácticos y programas de capacitación para dar una respuesta multisectorial a la violencia de género y se han elaborado procedimientos operativos estándar para el personal médico que presta servicios a las víctimas de la violencia de género. En dichos procedimientos se describen las medidas prácticas en la atención médica con el fin de garantizar que los servicios intersectoriales de respuesta a la violencia de género se integren en los servicios de los centros de atención de la salud a los que pueda recurrir una víctima de la violencia de género.
Con miras a lograr un entorno social y espiritual estable en las familias y prevenir la violencia de género, se celebraron más de 24.000 actividades de información, como charlas y debates.
Se creó un sistema para recibir y examinar las denuncias; en 2020 se presentaron más de 18.000 denuncias a las comisiones de las asambleas de las majalias para el fortalecimiento de los valores familiares, de las cuales unas 14.000 estaban relacionadas con disputas familiares. Como resultado del examen de dichas denuncias, las comisiones resolvieron disputas en más de 11.698 familias (en comparación con 15.000 en 2018 y 11.000 en 2019) y se evitó el divorcio en 4.577 familias (6.000 en los primeros ocho meses de 2018 y 7.000 en los primeros ocho meses de 2019).
Un análisis del número de actos de violencia doméstica y de delitos relacionados con agresiones físicas de diverso grado muestra que se cometieron 4.691 actos de violencia doméstica, de los cuales 863 fueron motivados por celos y disputas familiares, 863 incluyeron agresiones físicas, del marido contra la mujer (335), de la mujer contra el marido (41), contra vecinos (75), contra hermanos (69), contra otros familiares (343), participantes (22), personas previamente condenadas (9), con adicción al alcohol, a drogas u otras sustancias (1), con trastornos mentales (8) y personas registradas en el ministerio público (13), estado del delincuente en el momento de cometer la agresión (45), en estado de ebriedad (93), lugar donde se cometieron los delitos (863), en el propio domicilio (646), en un hotel (9), en lugares públicos (20), en otros lugares (188), inspecciones de servicio realizadas por el ministerio público (513).
Número de delitos de homicidio intencional y tentativa de homicidio (500), número de delitos cometido por motivos de celos y disputas familiares (188), homicidio premeditado en la familia (189), según el miembro de la familia contra el cual se cometió el homicidio intencional o la tentativa de homicidio (189), por el marido contra la mujer (80), por la mujer contra el marido (7), contra vecinos (8), contra hermanos (22), contra otros familiares (72), cometidos por personas procesadas anteriormente (15), personas que ya habían cometido delitos domésticos (7), personas con trastornos mentales (9), personas registradas en el ministerio público (5), personas en estado de ebriedad (40), por el lugar donde se cometieron los delitos (189), en el propio domicilio (vivienda) (152), en un hotel (2), en lugares públicos (10), en otros lugares (25), inspecciones de servicio realizadas por el ministerio público (261).
A fin de prevenir la violencia de género y garantizar la igualdad de derechos de mujeres y hombres, se crearon el Consejo Consultivo sobre la Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres en el Ministerio de Educación Superior y Secundaria Especializada, la Comisión de Igualdad de Género en la Fiscalía General, y el Consejo de Derechos de la Mujer en la Defensoría de los Derechos del Niño; El Ministerio del Interior cuenta con 360 inspectoras de plantilla que trabajan con mujeres que necesitan asistencia jurídica y social.
De conformidad con el Decreto de 2 de julio de 2018 sobre medidas para mejorar el sistema de rehabilitación y adaptación social y prevenir la violencia doméstica, se crearon centros de rehabilitación y adaptación en los que se presta a las víctimas de violencia doméstica asistencia psicológica, jurídica y social.
Pregunta 10
En 2019, se procesaron 1.309 casos de violencia de género contra 1.545 acusados, de los cuales 1.218 en 1.025 causas penales recibieron condenas. De todas las personas condenadas (1.218), 1.016 eran hombres y 202 mujeres. De estas, 40 eran menores de 18 años, 502 tenían entre 18 y 30 años, 644 tenían entre 31 y 60 años y 32 eran mayores de 60 años; 908 eran personas desempleadas. De todas las víctimas, 1.079 eran uzbekas, 1 kirguisa, 19 kazajas, 26 tayikas, 2 turcomanas, 10 tártaras, 53 rusas y 28 de otras nacionalidades.
De las 1.025 causas penales contra 1.218 acusados, había 386 casos contra 451 acusados por violencia doméstica, 197 casos contra 229 acusados por violencia sexual, 4 casos contra 7 acusados por discriminación y violencia en el trabajo, y 438 casos contra 531 acusados por discriminación y violencia de otra índole. 36 de las personas acusadas eran progenitores de la víctima, 45 eran hermanos o hermanas, cuñados o cuñadas, o concuñada, 209 cónyuges, 98 otros familiares y 830 otras personas.
De los casos examinados, se reconoció a 1.505 personas como víctimas, de estas 140 eran menores de 18 años, 560 tenían entre 18 y 30 años, 742 entre 31 y 60 años, 63 eran mayores de 60 años, y 657 estaban desempleadas. De todas las víctimas, 1.364 eran uzbekas, 1 kirguisa, 16 kazajas, 11 tayikas, 3 turcomanas, 12 tártaras, 58 rusas y 40 de otras nacionalidades. De las víctimas, 447 fueron víctimas de violencia doméstica, 248 de violencia sexual, 4 de discriminación y violencia en el trabajo y 489 de otros tipos de violencia. El tribunal ordenó la indemnización por daños materiales y morales con respecto a 155 víctimas, y ordenó que se restablecieran los derechos de 83 víctimas por otros medios. Se dictaron medidas de tratamiento obligatorio a 15 condenados, lo que también contribuyó a salvaguardar los derechos de las víctimas y a protegerlas de la violencia. En 2019 se instruyeron 256 causas contra 291 acusados en audiencias móviles, y los tribunales dictaron 700 fallos de carácter privado para eliminar las causas y condiciones que habían contribuido a la comisión del delito.
En los primeros 8 meses de 2020 se tramitaron 972 causas contra 1.141 personas por violencia de género. Se dictaron fallos condenatorios contra 807 acusados en 688 causas. De las 807 personas condenadas, 631 eran hombres y 176 eran mujeres; 16 eran menores de 18 años, 291 tenían entre 18 y 30 años, 582 tenían entre 31 y 60 años, y 18 eran mayores de 60. 639 personas estaban desempleadas. De todas las víctimas, 732 eran uzbekas, 2 kirguisas, 19 kazajas, 8 tayikas, 3 turcomanas, 3 tártaras, 23 rusas y 17 de otras nacionalidades.
De las 688 causas (807 personas condenadas), 258 causas (296 personas condenadas) fueron por violencia doméstica, 129 (149 personas condenadas) por violencia sexual, 7 contra (7 personas condenadas) por discriminación y violencia en el empleo y 294 (355 personas condenadas) por discriminación y violencia de otros tipos. De las personas condenadas, 26 eran padres de la víctima, 40 eran hermanos o hermanas, cuñados o cuñadas o la esposa del hermano del esposo de la víctima, 153 eran cónyuges de la víctima, 84 otros familiares y 504 personas de otra categoría.
De todas las causas examinadas, se reconoció a 1.077 personas como víctimas, de estas 91 eran menores de 18 años, 342 tenían entre 18 y 30 años, 576 tenían entre 31 y 60 años, y 68 eran mayores de 60 años; y 550 estaban desempleadas. De todas las víctimas, 972 eran uzbekas, 14 kazajas, 14 tayikas, 4 turcomanas, 8 tártaras, 36 rusas y 29 de otras nacionalidades. De las víctimas, 270fueron víctimas de violencia doméstica, 152 de violencia sexual, 8 de discriminación y violencia en el trabajo y 342 de otros tipos de violencia. El tribunal ordenó la indemnización por daños materiales y morales en favor de 93 víctimas, y ordenó que se restablecieran los derechos de 63 víctimas por otros medios.
Se dictaron medidas para el tratamiento obligatorio de 5 condenados, lo que también contribuyó a salvaguardar los derechos de las víctimas y a protegerlas de la violencia. En los primeros 8 meses de 2020, se instruyeron 73 causas contra 78 acusados en audiencias móviles, y los tribunales dictaron 455 fallos de carácter privado para eliminar las causas y condiciones que habían contribuido a la comisión del delito.
Pregunta 11
Uzbekistán cuenta con un marco institucional y jurídico favorable para la protección de los derechos de las víctimas de la violencia de género. Actualmente existen 197 centros de rehabilitación y adaptación para las víctimas de la violencia, de los cuales uno es de nivel nacional, 14 provincial y 183 municipal y de distrito, para prestar asistencia médica, psicológica, social, educativa, jurídica y de otro tipo con carácter urgente a personas en situaciones sociales difíciles que se enfrentan a problemas familiares y de violencia doméstica.
Al 1 de octubre de 2020, 11.570 personas habían recurrido a dichos centros, 10.229 de las cuales eran mujeres (5.046 de ellas estaban en situación de vida difícil), 1.122 eran hombres y 205 eran menores de 18 años. Un total de 5.322 personas acudieron personalmente a los centros, 4.706 de ellas eran mujeres, 481 eran hombres y 135 eran menores de 18 años; 5.013 personas recurrieron a la línea telefónica de asistencia, 4.361 de las cuales eran mujeres, 624 eran hombres y 28 eran menores de 18 años.
Un total de 120 mujeres se pusieron en contacto a través de las redes sociales y 507 personas, 418 de las cuales eran mujeres y 18 menores de 20 años, se acercaron a las oficinas y departamentos del Ministerio de Apoyo a las Majalias y a la Familia; 587 personas, 548 de las cuales eran mujeres, 17 hombres y 22 menores de 18 años, recurrieron a las fuerzas del orden; una mujer recurrió a las autoridades sanitarias, dos mujeres recurrieron a las autoridades de trabajo y empleo, y 21 mujeres a otras organizaciones.
Unas 4.145 mujeres recibieron asistencia jurídica, de estas 3.242 recibieron asistencia psicológica, 708 recibieron asistencia médica, 313 fueron colocadas en empleos, 1.686 trabajaban desde casa y 412 mujeres recibieron otras formas de asistencia.
En 2019, la ONG “Madad”, cuya finalidad es proporcionar asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos, incluso a través de una línea telefónica gratuita, ha creado filiales y centros de asistencia jurídica en varias ciudades y distritos del país. De conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Fiscalía, en caso de que se vulneren los derechos y libertades de un ciudadano, protegidos ante los tribunales, cuando el ciudadano, por razones de salud, edad u otras razones, no pueda defender presencialmente sus derechos y libertades ante los tribunales, el fiscal presentará y sustentará la causa ante los tribunales.
En virtud del artículo 985 del Código Civil, la víctima también puede presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios en un proceso civil independiente de la causa penal. En las demandas de indemnización por daños materiales causados por un delito, los demandantes también quedarán exentos del pago de los derechos estatales, de conformidad con el párrafo 5 del artículo 8 de la Ley de derechos estatales de 6 de enero de 2020. Las demandas de indemnización por daños morales se resuelven en procedimientos civiles en virtud de los artículos 1021 y 1022 del Código Civil.
En 2019, 21.558 personas acudieron al Centro Nacional de Rehabilitación y Adaptación para las Víctimas de la Violencia y de Prevención del Suicidio y sus dependencias territoriales. En 2020 (de enero a septiembre), 4.317 personas acudieron a los centros para recibir asistencia jurídica gratuita: 385 mujeres y 57 hombres; asistencia psicológica: 3.140 mujeres y 208 hombres; atención médica: 307 mujeres víctimas de violencia doméstica, 6 hombres y 34 niños menores de 18 años. Se emitieron órdenes de protección para garantizar la protección e integridad de 180 mujeres.
El Centro Nacional de Rehabilitación y Adaptación para las Víctimas de la Violencia y de Prevención del Suicidio se financia con cargo a fondos públicos, fondos de sus propios fundadores y a otros fondos autorizados por la ley.
El Centro Nacional de Rehabilitación y Adaptación para las Víctimas de la Violencia y de Prevención del Suicidio ha creado una línea telefónica directa de ayuda con el número 1146 para ayudar a las mujeres en situaciones difíciles y proporcionarles asistencia psicológica, psiquiátrica y jurídica de emergencia, asesoramiento e información sobre organizaciones que pueden brindarles ayuda complementaria.
Trata y explotación de la prostitución
Pregunta 12
El 31 de julio de 2019, se aprobó el Decreto sobre medidas complementarias para seguir mejorando el sistema de lucha contra la trata de personas y el trabajo forzoso, por el que la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas pasó a ser la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso, y se creó el Instituto del Relator Nacional con el fin de consolidar la información sobre los ámbitos mencionados. En 2019, se detectaron en total 53 casos de trata de personas con fines de explotación sexual (50) y explotación laboral (3). Los 50 delitos de trata con fines de explotación sexual fueron cometidos por 61 personas (6 hombres y 55 mujeres) y los 3 actos de trata con fines de explotación laboral fueron cometidos por 3 personas, todas ellas hombres. Durante este período, se investigaron 66 casos penales (4 que habían quedado pendientes de 2018 y 6 de 2019 prorrogados a 2020) de trata de personas, 59 de los cuales eran de explotación sexual y 7 de explotación laboral.
En la actualidad, se observa un descenso en la tasa de delitos relacionados con la trata de personas, gracias a la creación de más de 170 (de 108 a 283) comisarías urbanas y rurales y más de 820 (de 4.024 a 4.848) puestos de apoyo, y un incremento del número de inspectores de prevención de más de 1.100 ((19 %) de 5.867 a 6.969) puestos de plantilla.
El 17 de agosto de 2020, se adoptó una versión revisada de la Ley sobre la Trata de Personas con el fin de armonizar determinadas disposiciones del derecho penal con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y el 16 de septiembre de 2008 se aprobó una Ley sobre enmiendas y adiciones al Código Penal en relación con la aprobación de la Ley sobre la Trata de Personas. El artículo titulado “Captación de personas con fines de explotación” ha pasado a denominarse “Trata de personas” y las penas impuestas por este delito se han endurecido sustancialmente, lo que ha permitido clasificar la trata de personas con circunstancias agravantes como un delito grave o especialmente grave.
Con el fin de reforzar el marco jurídico y normativo de la lucha contra la trata de personas, se aprobó la Ley sobre la adhesión de Uzbekistán al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y se aprobó una nueva versión de la Ley sobre la Trata de Personas de 17 de agosto de 2020.
Para ajustar la legislación penal al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, en 2020 se introdujeron complementos y modificaciones a los artículos 130, 1301 y 131 del Código Penal, y en 2019 se tramitaron 2 causas penales contra 3 personas por explotación sexual de dos menores (proxenetismo), cuyas acciones fueron tipificadas con arreglo al apartado a) del párrafo 3 del artículo 135 del Código Penal como trata de personas.
En caso de que una persona extranjera o apátrida sea reconocida como víctima de la trata de personas, se le concederá el derecho a permanecer temporalmente en Uzbekistán, independientemente de las circunstancias de su entrada en el territorio de Uzbekistán. Las víctimas de la trata de personas estarán exentas de responsabilidad civil, administrativa y penal por los actos que hayan cometido bajo coacción o amenaza.
Con el fin de identificar a las víctimas de la trata de personas y proporcionarles asistencia social y jurídica, se ha creado el sitio web www.ht.gov.uz, y el Ministerio del Interior ha puesto en funcionamiento una línea telefónica de asistencia con el número (+99899)311-01-01. En el período 2018-2020, 3.223 mujeres recibieron asesoramiento jurídico con la participación de la ONG “Istikbolli avlod”, incluidas 294 víctimas de la trata, y se ayudó a 170 mujeres víctimas de la trata para que regresaran a sus hogares.
En 2019, el número de víctimas de la trata de personas fue de 137 (incluyendo a 90 mujeres y 2 menores) y 220 personas (incluyendo a 63 mujeres y 36 menores) acudieron al Centro de Rehabilitación. En el primer semestre de 2020, el número de víctimas de la trata fue de 54 (incluyendo a 47 mujeres y 2 menores), de los cuales 54 (incluyendo a 28 mujeres y 6 menores) solicitaron ayuda al Centro de Rehabilitación.
Por una decisión del Gobierno de 10 de mayo de 2018, ha quedado establecido que la organización y la realización de hashars por parte de organismos públicos y otras organizaciones son de carácter estrictamente voluntario.
La Inspección de Trabajo del Estado aplica una serie de medidas para combatir todas las formas de trabajo forzoso. Se ha establecido un sistema de respuesta rápida a las denuncias de trabajo forzoso a través de la línea directa del Ministerio “1176”, el sitio web oficial (dmi.mehnat.uz) y el servicio de mensajes de Telegram (@mehnathuquqbot), así como a través de las redes sociales. Por ejemplo, en agosto de 2020, se impuso sanciones administrativas a 47 funcionarios, 12 de ellos mujeres, por trabajos forzosos.
Mediante una Ley de 22 de enero de 2020 se introdujeron modificaciones y complementos en el Código de Responsabilidad Administrativa. La coacción administrativa para trabajar, en cualquiera de sus formas, se castiga con una multa de entre 50 y 100 unidades básicas de cálculo. La misma infracción, cuando es cometida contra un menor de edad, será castigada con una multa de entre 70 y 100 unidades básicas de cálculo. Además, se ha establecido la responsabilidad penal por la violación de la norma que prohíbe emplear a menores de edad.
Pregunta 13
En la legislación vigente solo se contempla la responsabilidad administrativa por ejercer la prostitución. En 2019, los tribunales administrativos conocieron 1.449 causas sobre infracciones administrativas contra 1.741 personas en virtud del artículo 190 del Código de Responsabilidad Administrativa, a 1.601 personas de las cuales se les impusieron multas y detención administrativa.
Para reducir la demanda de prostitución, en 2018-2019 el Centro “Istiqbolli avlod” ejecutó el proyecto “Nuevas habilidades, nuevas oportunidades” con el apoyo financiero del Programa de Pequeñas Subvenciones de la Embajada de Estados Unidos en Uzbekistán.
En 2020, el Centro “Istiqbolli avlod” inició los preparativos para la ejecución del proyecto nacional “Ampliación de los servicios de reintegración para las víctimas vulnerables de la trata de personas en Uzbekistán” con el apoyo financiero de la UNODC.
El Centro llevó a cabo las siguientes actividades destinadas a prevenir la trata de personas:
•En 2018 se celebraron 10 seminarios informativos con la participación de 1.187 asistentes, voluntarios y miembros del personal del Centro;
•En 2019 se celebraron 63 seminarios informativos que llegaron a 14.000 personas;
•En 2020 se creó un campamento de formación de invierno para voluntarios titulado “Nadie se quedará atrás”, y se celebraron 14 seminarios y 70 reuniones en las majalias de Tashkent y la maratón informativa titulada “30 días de colaboración contra la trata de personas”, entre otras actividades.
Participación en la vida política y pública
Pregunta 14
En el marco de la aplicación de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades de Mujeres y Hombres, se está trabajando para fomentar la actividad social y política de las mujeres y crear condiciones necesarias para la realización de su potencial y sus oportunidades en diversos ámbitos. En la actualidad hay más de 1.380 mujeres en puestos directivos en organizaciones estatales y de la sociedad civil.
Se ha puesto en marcha un sistema para preparar a las mujeres socialmente activas para ocupar puestos directivos, y para su formación y desarrollo profesional. Mientras que en 2016 el número de mujeres en puestos directivos era del 7 %, en 2020 esa cifra alcanzó el 12 %. En 2019, por primera vez en la historia de Uzbekistán, el número de mujeres en el parlamento nacional ascendió a 48, es decir, el 32 % de los 150 diputados elegidos para la Cámara Legislativa eran mujeres. En el Senado, esa cifra alcanzó casi el 25 %.
En los consejos locales, más del 23 % de los representantes son mujeres. Más de mil mujeres dirigen las reuniones de ciudadanos de las majalias y, por primera vez, seis mujeres fueron nombradas hakims de distritos.
Las mujeres ocupan altos cargos como la presidenta del Senado, la Defensora de los Derechos del Niño, la Ministra de Educación Preescolar, la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Uzbekistán en Israel y las viceministras de los Ministerios de Salud, Cultura y Apoyo a las Majalias y a la Familia, entre otros.
El Senado está elaborando un plan de acción para aplicar la decisión de la Comisión de Igualdad de Género del 16 de julio de 2020 sobre la creación de una reserva de mujeres para ocupar cargos directivos y para su formación. Se está debatiendo actualmente un proyecto de Ley de la Función Pública, elaborado por el Organismo de Desarrollo de la Función Pública.
En la actualidad, el número de mujeres en la dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores asciende al 22,6 %; en las misiones diplomáticas y consulares en el extranjero al 4 %; la agencia informativa “Dunyo” del Ministerio de Relaciones Exteriores al 32 %; la Oficina de intérpretes del Ministerio de Relaciones Exteriores al 32 %; la Dirección de Servicios al Cuerpo Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores al 18 %; el Centro del Ministerio de Relaciones Exteriores para la información y el análisis de las relaciones internacionales al 32 %; y en la Universidad de Economía Mundial y Diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores, el 62 % de los docentes y otro personal de responsabilidad son mujeres; mientras que el 20 % de los estudiantes son mujeres.
De conformidad con el Código Electoral, la participación de los partidos políticos en las elecciones se financia únicamente con cargo a los fondos públicos asignados a ese fin. Está prohibido financiar o prestar otro tipo de apoyo económico con cargo a otros recursos a los partidos políticos en las elecciones. Se consignaron 46.600 millones de som en el presupuesto público para financiar la participación de los partidos políticos en las elecciones parlamentarias de 2019.
A propuesta de los partidos políticos, el 30 % de los recursos destinados a la campaña preelectoral se depositaron directamente en las cuentas bancarias de los candidatos.
Nacionalidad
Pregunta 15
Hasta la fecha, no se ha presentado ninguna solicitud oficial para la concesión de asilo político a ciudadanos extranjeros en Uzbekistán. Atendiendo a las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, se está debatiendo la cuestión relativa a la elaboración y aprobación de una Ley de Asilo Político.
El 13 de mayo de 2020, se aprobó una nueva versión de la Ley de Ciudadanía. Desde 2016 hasta la fecha, 16.298 (179 en 2016, 1.064 en 2017, 2.759 en 2018, 6.318 en 2019 y 5.978 en los primeros 8 meses de 2020) personas apátridas han recibido la ciudadanía de Uzbekistán.
De conformidad con dicha Ley, 4.734 apátridas que estaban inscritos como residentes permanentes en Uzbekistán antes del 1 de enero de 1995 pero que no habían obtenido la ciudadanía fueron reconocidos como ciudadanos de Uzbekistán.
Uzbekistán está realizando esfuerzos concertados para mejorar el marco legal de protección de los derechos de los ciudadanos y no ciudadanos que residen en el país contra la discriminación en diversos ámbitos de la sociedad. La Hoja de Ruta para la aplicación de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos incluye la elaboración del proyecto de Ley de Igualdad y No Discriminación (párr. 12), la Ley sobre el Estatuto Jurídico de los Extranjeros y Apátridas en Uzbekistán (párr. 15), la Ley de Migración Laboral (párr. 41), el estudio de la cuestión de la ratificación de la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (párr. 43), y la preparación de propuestas para la adhesión de Uzbekistán a los instrumentos internacionales sobre la protección de los migrantes (párr. 72), entre otras, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia.
Educación
Pregunta 16
De conformidad con la Ley de Educación, la educación por un período de 11 años es obligatoria. Por lo tanto, las niñas tienen derecho a la educación secundaria gratuita en las escuelas de educación general y a la educación profesional primaria en las escuelas de formación profesional, dentro del límite de 11 años de educación, independientemente de la región en la que vivan o de estado de salud.
En 2018, había en Uzbekistán 5.850.852 estudiantes matriculados en los centros de enseñanza general, de los cuales 2.847.197 eran niñas; en 2019, había 6.168.198, de los cuales 2.989.962 eran niñas. En 2018/19, en los liceos académicos, había 71.809 estudiantes, de los cuales 29.502 eran niñas; en 2019/20, había 43.193 estudiantes, de los cuales 15.679 eran niñas; en 2018/19, en los colegios profesionales, había 656.297 estudiantes, de los cuales 327.432 eran niñas; y en 2019/20, había 239.240 estudiantes, de los cuales 129.003 eran niñas. En el mismo período, en los centros de enseñanza superior, había 360.204 estudiantes, de los cuales 159.399 eran niñas, y 440.991, de los cuales 202.537 eran niñas.
En la actualidad, hay más de 78.000 niños con discapacidad, 21.100 (27 %) de los cuales estudian en 86 escuelas e internados escolares especiales, 6.100 (8 %) en 21 internados de tipo sanatorio, 13.300 (17 %) están escolarizados en casa, y más de 13.000 (17 %) estudian en escuelas de enseñanza general.
Teniendo en cuenta la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE 2011) y la demanda del mercado laboral, se ha elaborado y aprobado una clasificación de profesiones para personas con discapacidad, en la que se describen los tipos de profesiones a las que pueden optar los alumnos en función de su discapacidad.
A fin de garantizar un lugar digno en la sociedad para las mujeres, se han creado las condiciones necesarias para su educación. La proporción de mujeres estudiantes aumenta año a año, con una tasa media de crecimiento del 16 % en 2019 (humanidades 14,3 %, ciencias sociales, economía y derecho 11,9 %, producción y tecnología 8,8 %, agricultura y ordenación de recursos hídricos 13 %, salud y bienestar social 17,9 %, servicios 24,2 %), con respecto a 2017.
En el período 2017-2019, aumentó el número de estudiantes mujeres que continúan sus estudios hasta el nivel de maestría. En 2017, eran 1.632, en 2018, 2.706, y en 2019, 4.488, lo que representa un aumento del 27,5 % con respecto a 2017.
En el decreto de 12 de junio de 2020 sobre los criterios de la orden estatal para la admisión a las instituciones de enseñanza superior de la República de Uzbekistán en el año académico 2020/21, la admisión de mujeres y niñas a las instituciones de enseñanza superior se realiza mediante una recomendación del Ministerio de Apoyo a las Majalias y a la Familia y sobre la base de una subvención estatal del 4 %, adicional al programa de pregrado general a tiempo completo basado en becas estatales, con lo que se elimina la desigualdad en la educación de niñas y mujeres, puesto que hasta el año académico 2019/20, los ciudadanos que eran recomendados por el mando de su unidad militar, recibían un 50 % adicional de la puntuación para la admisión.
Un grupo de trabajo especial de expertos adscrito al Centro Nacional de Educación ha establecido un sistema de evaluación de los libros de texto y materiales didácticos elaborados para los centros de enseñanza secundaria general, así como de los planes de estudio, incluidos los que se refieren a la igualdad de género. La Hoja de Ruta de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos prevé la formación avanzada en materia de derechos humanos y de la mujer en los cursos de desarrollo profesional del Centro Nacional de Derechos Humanos (párrafo 4); la introducción en los planes de estudio de todos los niveles y tipos de enseñanza de temas relativos a los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer (párr. 64), y cursos y libros de texto sobre los derechos de la mujer (párr. 68).
Empleo
Pregunta 17
Se están aplicando medidas para garantizar el empleo de la población, incluidas las mujeres, sobre la base de una amplia participación de los ciudadanos en el trabajo remunerado y la formación profesional. Por una orden del Ministerio de Trabajo se aprobó un reglamento para la concesión de subsidios y subvenciones con cargo al Fondo Estatal de Promoción del Empleo, en el que se establece que se pagarán los siguientes subsidios y subvenciones a los empleadores: a las empresas, para cubrir los costos de formación, reciclaje y desarrollo profesional de los empleados, a razón de 4 veces la unidad básica de cálculo al mes durante 6 meses; como resultado, más de 19.000 desempleados, incluidas más de 13.500 mujeres, participaron en actividades de formación, readiestramiento y desarrollo profesional a través de los órganos regionales de trabajo.
En total, en los primeros ocho meses de 2020, se registraron unos 3.600 nuevos empresarios, entre ellos 1.400 mujeres y 1.300 jóvenes, que recibieron subvenciones por valor de 801,6 millones de som. Se han concedido subvenciones por valor de 635,3 millones de som a los empresarios para el pago mensual de salarios por emplear a 261 personas que requerían asistencia social para trabajar, 175 de las cuales eran mujeres y 146 jóvenes, por encima de la cuota establecida.
De conformidad con el Decreto de 5 de marzo de 2019 sobre la contratación pública para el empleo y la creación de puestos de trabajo en 2019, se asignaron subvenciones a las instituciones de formación profesional para reembolsar los costos de reciclaje de los desempleados, especialmente los ciudadanos que regresaban de la migración laboral y las mujeres de familias de bajos ingresos.
El número de mujeres en puestos administrativos y directivos sigue aumentando. Mientras que en 2018, de los 149.479 empleados administrativos, 40.364 eran mujeres, en 2019, de 153.945, eran mujeres 41.015. El número de mujeres entre los directivos de empresas y organizaciones también aumentó: mientras que en 2018, de 434.135 directivos, 47.632 eran mujeres, en 2019, de 462.634 directivos, 51.495 eran mujeres.
La proporción de mujeres respecto del número total de empleados de pequeñas y medianas empresas (pymes), incluidas las explotaciones agrícolas, creció con bastante lentitud entre 2014 y 2016 (del 21,7 % al 22,5 %). Sin embargo, a partir de 2017, la participación de las mujeres en las pymes y en la actividad empresarial ha venido aumentando rápidamente: a principios de 2018, había más de 182.000 empresarias, lo que representaba el 29 % de todas las entidades empresariales registradas.
El 25 de febrero de 2019 se firmó un memorando de cooperación entre el Ministerio de Trabajo, la Oficina de Tashkent de la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea y la Universidad Keimyong College de la República de Corea para la ejecución del proyecto denominado “Capacitación en el Centro de Formación Profesional de Samarcanda para el desarrollo profesional de especialistas”. De conformidad con el Memorando, se impartió capacitación a especialistas en tecnología de ingeniería mecánica y diseño informático en el Centro de Formación Profesional y se creó la “Incubadora de Empresas de Samarcanda”.
En el artículo 5 del Código de Trabajo, se explican el principio de igualdad de derechos laborales de los trabajadores y la prohibición de la discriminación en el trabajo y el empleo. En el artículo 256, se establece la prohibición de la discriminación en la remuneración del trabajo. Con arreglo al artículo 112 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo de cada empleado debe incluir las condiciones obligatorias, en particular las funciones del cargo y las condiciones de remuneración, la tasa salarial o sueldo del empleado, los complementos, las prestaciones y los incentivos.
La Inspección General del Trabajo supervisa mensualmente las entidades presupuestarias y también realiza inspecciones de empresas atendiendo a datos recibidos a través de distintos canales de información. Durante el período sobre el que se informa, de enero a agosto de 2020, la Inspección General del Trabajo detectó 2.708 infracciones en la remuneración del trabajo, 336 de las cuales estaban relacionadas con los derechos laborales de mujeres.
Las medidas para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres están basadas en la clasificación de ocupaciones y la clasificación de los cargos y profesiones de los trabajadores, aprobadas por el Gobierno, en las que se establecen los títulos de las profesiones (cargos) sin distinción de género, y las cualificaciones requeridas para acceder a ellos.
De conformidad con el Decreto de 7 de noviembre de 2018 sobre medidas de refuerzo de los incentivos económicos para empleados de los centros de salud pública y funcionarios de los órganos de administración de la atención de la salud, los sueldos de los trabajadores médicos y farmacéuticos de los centros de salud pública se incrementaron por etapas: 1,2 veces a partir del 1 de diciembre de 2018, y 1,5 veces a partir del 1 de abril de 2019. El Ministerio de Salud ha creado un Fondo de Desarrollo e Incentivo Económico para los empleados de los órganos de administración de atención de la salud.
En 2018, el número de convenios colectivos en el país ascendía a 157.186. En la sección “Regulación del trabajo de las mujeres. Prestaciones y garantías complementarias para las mujeres y las personas con responsabilidades familiares”, se introdujo un complemento para reducir la semana laboral en una hora, sin modificar la remuneración, para las mujeres con dos o más hijos menores de 12 años o con hijos discapacitados menores de 16 años, así como para las mujeres sin pareja cuyos hijos estén cursando estudios en la escuela primaria.
Pregunta 18
En el artículo 225 del Código de Trabajo, “se prohíbe el empleo de mujeres en trabajos con condiciones laborales desfavorables, así como en trabajos subterráneos, con la excepción de algunos trabajos subterráneos”. Está prohibido que las mujeres levanten a mano o trasladen objetos que superen el peso máximo permitido para las mujeres.
De conformidad con el Decreto de 7 de marzo de 2019 sobre medidas para reforzar las garantías de los derechos laborales y apoyar la actividad empresarial de las mujeres, se levantaron las prohibiciones de utilizar el trabajo de las mujeres en determinados sectores o profesiones.
Dejó de estar en vigor la lista de puestos de trabajo con condiciones laborales desfavorables, que fue aprobada el 5 de enero de 2000, en la que se prohibía total o parcialmente el uso de mano de obra femenina. En 2019, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud elaboraron y aprobaron una lista de profesiones y trabajos que tienen efectos negativos en la salud de las mujeres y en los que no es recomendable utilizar la mano de obra femenina.
En 2020, Uzbekistán ratificó los Convenios de la OIT núm. 187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, de 2006; núm. 17, sobre la indemnización por accidentes del trabajo, de 1952; núm. 183, sobre la Revisión del Convenio sobre la Protección de la Maternidad (Revisado), de 2000, y núm. 167, sobre seguridad y salud en la construcción, de 1988.
Las disposiciones de estos instrumentos internacionales se han aplicado en el Código de Trabajo, la Ley de seguridad y salud en el trabajo y otras leyes y normas. La Ley de seguridad y salud en el trabajo garantiza ese derecho.
Los asociados de la sociedad civil han presentado al Parlamento un proyecto de Código de Trabajo en el que se prevé establecer una lista de determinados trabajos con condiciones laborales desfavorables en los cuales se restringe el empleo de las mujeres.
Salud
Pregunta 19
En los años trascurridos desde la independencia, la mortalidad materna se ha reducido a casi un tercio, de 65,3 a 21,4 por cada 100.000 nacidos vivos. La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible era del 22,7. Ese objetivo se alcanzó en 2015. Además, el indicador de mortalidad materna varió de 17,4 en 2016 a 21,0 en 2017, 20,1 en 2018, y 19,1 en 2019.
La tasa de mortalidad infantil fue del 9,9 % en 2018 y del 9,3 % en 2019, es decir que disminuyó un 0,6 % respecto del año anterior.
En los 12 meses de 2019, se registraron 3,8 % casos de muerte neonatal (de 0 a 7 días), en comparación con el 4,8 % registrado el año anterior, lo que representa una disminución del 1,0 %. En el mismo período de 2020, se observó que la mortalidad neonatal tardía (8 a 28 días) fue del 5,2 %, mientras que en el mismo período de 2018 fue del 6,3 %, lo que representa una disminución de 1,1 % con respecto a 2018.
De conformidad con los datos operativos, el perfil de las causas de los decesos de los recién nacidos en los 12 meses del 2019 fue como sigue: el síndrome respiratorio representó el 39,2 %, las anomalías congénitas el 18,2 %, la asfixia el 16,5 %, los traumatismos en el parto el 8,2 %, la neumonía congénita el 6,9 %, la septicemia el 5,3 % y otras el 5,7 %.
En total, había 5.146 ginecólogos-obstetras en el país, o 57,6 por cada 100.000 mujeres en edad de procrear. En las zonas rurales había 2.124, o 48,8 por cada 100.000 mujeres en edad de procrear. El número de mujeres en edad de procrear (15 a 49 años) era de 1.564 (2019).
Las mujeres embarazadas y las niñas diagnosticadas con tuberculosis reciben tratamiento en régimen de internamiento en hospitales nacionales, regionales y municipales (hospitales pediátricos y de adultos) especializados en tuberculosis, así como tratamiento ambulatorio en dispensarios especializados municipales y en policlínicas familiares del lugar de residencia.
Las mujeres embarazadas y las niñas diagnosticadas con VIH/SIDA reciben tratamiento en régimen de internamiento en los hospitales de enfermedades infecciosas nacionales, regionales y municipales, en los centros de SIDA y en el Instituto de Investigación Virológica, así como tratamiento ambulatorio en policlínicas familiares del lugar de residencia.
En el período 2018-2020, se ha producido un descenso de las tasas de suicidio entre las mujeres. En 2018, hubo 857 muertes por suicidio de mujeres, en 2019 esa cifra fue de 793 y en el primer semestre de 2020 de 389. En 2019, se registró un aumento del suicidio entre las niñas, a saber, la cifra pasó de 145 en 2018 a 164 en 2019. En el primer semestre de 2020, se han registrado 68 muertes por suicidio de niñas.
La atención especializada en salud mental se presta de conformidad con la Ley de Atención de la Salud Mental, tanto en régimen ambulatorio como de internamiento, independientemente del sexo o la edad. Este tipo de atención se presta a las personas que la procuran de forma voluntaria o con su consentimiento. No está permitido limitar los derechos y libertades de las personas con problemas de salud mental.
Todos los hospitales psiquiátricos son accesibles a las mujeres con discapacidad en pie de igualdad con los demás pacientes.
Corregir las deficiencias de micronutrientes, que aumentan considerablemente durante el embarazo y la lactancia materna, ayuda en gran medida a reducir las altas tasas de mortalidad neonatal y la mortalidad de niños menores de 1 año. El 22 de julio de 2010 se adoptó una decisión sobre medidas complementarias para mejorar la salud de las madres y los niños en las zonas rurales del país, que preveía la aplicación en 2018-2020 de medidas para proporcionar a las mujeres embarazadas de las zonas rurales complejos multivitamínicos especiales que contienen, entre otros componentes, ácido fólico.
En el marco del Programa Nacional de Fortificación de la Harina con Hierro y Micronutrientes, se administran suplementos semanales de hierro a los grupos de riesgo. Se ha elaborado y aplicado un Concepto de alimentación sana para el período 2015-2020. En los últimos 7 años, por medio del sistema de atención primaria de salud, se ha proporcionado en forma gratuita a todas las mujeres embarazadas un complejo multivitamínico que contiene ácido fólico y hierro.
Como resultado de la aplicación de esta estrategia, entre 1996 y 2019, las tasas de anemia en las mujeres en edad de procrear disminuyeron en 3 veces, del 60 % al 20 %, y en más de cuatro veces entre los niños menores de 5 años, del 61 % al 16 %.
Pregunta 20
En Uzbekistán, los hombres y las mujeres tienen derecho a informarse y a acceder a métodos de planificación familiar que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, así como a otros métodos de regulación de la fertilidad, según lo que prevé la ley. Tienen derecho a acceder a centros de salud en los que las mujeres y adolescentes pueden recibir servicios de anticoncepción. La mejora de la calidad de los servicios de planificación familiar y de la elección de métodos anticonceptivos permite reducir la frecuencia de los embarazos no deseados y el riesgo para la salud de las mujeres, las tasas de mortalidad materna y mortalidad infantil y el número de embarazos entre adolescentes, así como prevenir las infecciones de transmisión sexual y la infección por el VIH.
El uso de anticonceptivos y la información y educación sobre salud reproductiva han contribuido a reducir los embarazos y partos no deseados, en particular los partos entre adolescentes de 15 a 17 años, así como los abortos.
En marzo de 2011 se creó un grupo de trabajo sobre la adaptación de la ruta de seguridad en Uzbekistán. Se ha recomendado utilizar el modelo del programa uzbeko denominado “Ruta de la Seguridad” en actividades prácticas de prevención para los jóvenes.
La “Ruta de la Seguridad” se presenta periódicamente en colegios y liceos. Desde 2017, se han puesto en funcionamiento en cada policlínico regional una sección de salud de la mujer y un centro de salud de las niñas.
Todos los servicios médicos de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) se prestan únicamente tras el consentimiento previo libre e informado del paciente, la paciente o la pareja.
Uzbekistán, con una población de 33,3 millones y 8,9 millones (27 %) mujeres en edad de procrear, registra una tasa de abortos de 4,6 por cada 100.000 mujeres en edad de procrear y de 56,5 por cada 100.000 nacidos vivos.
El 12 de junio de 2020 se aprobó la Orden núm. 124 del Ministro de Salud relativa a la aprobación de un reglamento sobre la interrupción artificial del embarazo. Gracias a las medidas adoptadas, en los últimos 3 años no se ha registrado ninguna muerte materna por interrupción inducida del embarazo o por aborto, así como tampoco ningún caso de aborto “inseguro”.
Empoderamiento económico y prestaciones sociales
Pregunta 21
El 2 de febrero de 2018, se aprobó el Decreto sobre medidas para mejorar sustancialmente las actividades de apoyo a la mujer y fortalecer la institución de la familia, y el 7 de marzo de 2019 se aprobó el Decreto sobre medidas para reforzar las garantías de los derechos laborales y apoyar la actividad empresarial de las mujeres.
Se elaboraron un Concepto y un Programa de Reducción de la Pobreza, que se han presentado al Gobierno para su aprobación. Estos documentos no solo abarcan los aspectos generales de la reducción de la pobreza, sino que también están dirigidos a apoyar a las mujeres. El Programa de Reducción de la Pobreza incluye medidas para mejorar la salud de las mujeres y las familias, apoyar la actividad empresarial de las mujeres y proporcionarles una amplia ayuda en sus actividades.
El 9 de julio de 2019, se aprobó el Decreto sobre la introducción de una tarjeta de trabajo temporal para los ciudadanos que trabajan por cuenta propia. A partir del 1 de septiembre de 2019, en todas las oficinas principales de empleo de las provincias y de la ciudad de Tashkent y los centros de promoción del empleo, se está expidiendo la tarjeta de empleo temporal, que da derecho a recibir beneficios tributarios, registrar los años de antigüedad y a recibir formación profesional y empresarial gratuita. De septiembre a diciembre de 2019 se expidieron 39.119 tarjetas a personas empleadas en el sector informal, de las cuales 19.938 se expidieron a mujeres. Entre enero y junio de 2020 se expidieron 35.529 tarjetas, de las cuales 18.527 fueron expedidas a mujeres.
El 8 de junio 2020, se aprobó el Decreto sobre medidas para simplificar la regulación estatal de la actividad empresarial y el trabajo por cuenta propia, en la que establece que el registro de las personas que trabajan por cuenta propia se realizará mediante un procedimiento de notificación a través de una aplicación móvil especial o cuenta personal del contribuyente con la emisión de un código de barras (código QR) que certifica el hecho del alta como trabajador por cuenta propia, y cancela el procedimiento de expedición de tarjetas de empleo temporal.
El Código Fiscal no incluye los ingresos provenientes del trabajo por cuenta propia como parte de los ingresos totales de una persona física. Los trabajadores por cuenta propia pagan el impuesto social para 2020 por una cuantía de al menos el 50 % de la unidad básica de cálculo, independientemente del tiempo efectivamente trabajado como trabajador por cuenta propia, cuyo importe se destina íntegramente al Fondo de Pensiones no presupuestario y a partir del cual se determina el importe de los ingresos para el cálculo de la prestación de jubilación según el procedimiento establecido para los empresarios particulares.
Mujeres del medio rural
Pregunta 22
En el marco de los programas estatales “Aldea cómoda” y “Majalia cómoda”, se examinó la situación de más de 112.900 hogares y se identificaron más de 13.994 familias que vivían en condiciones precarias. Para mejorar la situación económica de las mujeres que residían en esos hogares, se impartió capacitación a 1.629 mujeres en técnicas de costura y se les proporcionaron máquinas de coser, y 780 de ellas se dieron de alta como trabajadoras a domicilio.
El número de mujeres que se dedican a la costura asciende a 12.185. Gracias al método “maestro-aprendiz”, 5.604 mujeres de las distintas regiones se dedican a la artesanía, 13.754 trabajan a domicilio, y se han creado más de 800 minitalleres de costura en las majalias. Por ejemplo, en Karakalpakstán, en la aldea de Manas y en la majalia de Galaba, se crearon 200 puestos de trabajo, y otros 100 en el distrito de Beruni. Se han adoptado medidas para dar empleo a unas 10.000 mujeres jóvenes.
Se prevé que en el período 2019-2022 un total de 295 talleres de costura y tejido darán empleo a 44.000 mujeres de las zonas rurales del país.
Con el fin de crear oportunidades para que las mujeres estudien en las instituciones de enseñanza superior, se aprobó el Decreto de 23 de junio de 2020 sobre un reglamento para recomendar a las mujeres para que participen en el concurso de admisión y organizar su admisión en las instituciones de educación superior, dentro de los límites establecidos para su admisión sobre la base de becas estatales adicionales.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 11 de agosto de 2020 sobre la inclusión de los ciudadanos de bajos ingresos y desempleados en las actividades empresariales, el fomento de su actividad laboral y formación profesional, y el empleo de la población, se han establecido en el sistema de empleo y trabajo 14 monocentros, 30 centros de formación profesional, 136 centros de formación profesional en las majalias y 11 cursos de formación profesional de corta duración en los distritos de Tashkent.
En 2019, la Cámara de Comercio e Industria impartió formación a 5.568 mujeres en los fundamentos de la iniciativa empresarial, y a 6.634 en 2020.
En Uzbekistán, las mujeres que dirigen explotaciones agrícolas representan el 5,4 % (8.105) y están especializadas en: horticultura y viticultura (36,3 %); cultivo de algodón y viticultura (35,5 %); cultivo de oleaginosas y melones (10 %); horticultura (7,7 %); ganadería (6,2 %); y producción de hortalizas y calabazas (4,4 %).
Está en funcionamiento un centro de formación sobre los fundamentos de la actividad empresarial que se financia con cargo a fondos del Estado, se ha aprobado un decreto sobre el procedimiento de admisión al programa de capacitación para desempleados, y también están en funcionamiento varios centros regionales de formación profesional.
Según datos estadísticos, Uzbekistán tiene actualmente una población de más de 33,5 millones, con un 49,5 % de población rural. Del total de la población, 16.544.900 son mujeres de zonas rurales.
Las principales tareas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes de 2030 son lograr la participación de las mujeres rurales en la actividad empresarial y proporcionarles apoyo económico y atención de la salud, elevar su nivel de educación y fomentar sus actividades. La consecución de los ODS es importante para el desarrollo del país y de la sociedad.
A fin de aumentar la participación de los jóvenes, incluidas las jóvenes de las zonas rurales, en la gestión de los asuntos de la sociedad, se ha creado en las cámaras del Oliy Majlis un parlamento de la juventud con miras a formar una reserva de jóvenes líderes de ambos sexos, ayudar a poner en práctica ideas innovadoras de los jóvenes, alentarlos a poner en marcha empresas emergentes, realizar un seguimiento público de la realización de los derechos de los jóvenes de las zonas rurales, incluidas las jóvenes, y mejorar su cultura jurídica y política.
Por el decreto de 29 de octubre de 2019 se aprobó la Estrategia de Desarrollo Agrícola de la República de Uzbekistán para 2020-2030 y la Hoja de Ruta para su aplicación, destinada a mejorar la política estatal de seguridad alimentaria, garantizar la seguridad alimentaria, producir la cantidad necesaria de alimentos para abastecer a la población, introducir mecanismos para reducir el papel del Estado en el ámbito agrícola, desarrollar formas modernas de gestión estatal en el ámbito del aumento de la productividad del trabajo en las explotaciones agrícolas, desarrollar la ciencia, la educación y los servicios de información para la población rural.
Grupos de mujeres desfavorecidas
Pregunta 23
Las cuestiones abordadas en el marco de este tema se examinan en detalle en el tercer informe periódico de Uzbekistán sobre la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los informes periódicos décimo a 12º sobre la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el quinto informe periódico sobre la aplicación de la Convención contra la Tortura.
Matrimonio y relaciones familiares
Pregunta 24
Mediante la resolución del Senado de 13 de julio de 2020 sobre medidas para resolver las cuestiones relacionadas con el matrimonio precoz, el parto prematuro y la ruptura familiar, se aprobó el “Programa de Acción Integral para 2020-2021 para Resolver las Cuestiones relacionadas con el Matrimonio Precoz, el Parto Prematuro y la Ruptura Familiar”.
A fin de prevenir los matrimonios precoces y los partos de menores de edad, el Ministerio del Interior celebró más de 23.000 reuniones y charlas con estudiantes de secundaria, más de 7.000 con estudiantes de liceos académicos y escuelas de formación profesional, y 321 reuniones con estudiantes de enseñanza superior, lo que supone un total de 48.000 reuniones. Para evitar los casos de matrimonios precoces, la Fiscalía General organizó 6.680 actividades de divulgación en 2019 y 3.605 en los primeros 8 meses de 2020 sobre las consecuencias adversas de los matrimonios precoces y la responsabilidad establecida por la ley (en virtud del artículo 473 del Código de Responsabilidad Administrativa y el artículo 1251 del Código Penal).
Para prevenir los matrimonios precoces y aclarar sus consecuencias negativas, por iniciativa de la Fiscalía General, se elaboró el vídeo educativo “Informe especial”, que se difundió por los medios de comunicación al público en general. Como resultado de las actividades de divulgación llevadas a cabo, durante este período, se impidieron 145 matrimonios precoces y no se determinó ningún caso de matrimonio precoz de personas con cargos administrativos o penales por violar el derecho de familia.