Poder Ejecutivo – cargos políticos en el primer año del gobierno, (2005) ocupados por mujeres

Electivos	Designados
Juntas Departamentales 17,1%	Confianza 21,3%

Poder Legislativo

Partidos Políticos en Parlamento	% CRR	% CSS	Total
Encuentro Progresista Frente Amplio. Nueva Mayoría	15,4	18,8	16,2
Partido Nacional	8,3	0,0	0,4
Partido Colorado	0,0	0,0	0,0

Estereotipos y educación

De acuerdo con la recomendación del Comité sobre el segundo y tercer informe periódico del Estado p arte, sírvase dar información sobre las medidas tomadas para eliminar los persistentes estereotipos socioculturales en el Uruguay que discriminan contra las mujeres, en particular, medidas orientadas a los medios de comunicación, oficiales en el sistema judicial y profesionales de la educación .

El Instituto ha priorizado la sensibilización y capacitación de periodistas y comunicadores/as con la finalidad de que los medios de comunicación incorporen a su agenda la temática de género y los temas relacionados especialmente a las mujeres. Con ese propósito se realizaron en el año 2007, las jornadas “Desafíos para una mirada de género en los medios de comunicación” con la participación de periodistas y comunicadores de todo el país y con responsables de comunicación de diversas organizaciones sociales.

A partir de la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos se constituyó un espacio de coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) – Consejo Directivo Central (CODICEN) denominados “Educación, género y violencia doméstica”. En este espacio se han organizado y coordinado diversas acciones en relación a los temas violencia doméstica, educación y género. Es de destacar que durante dicho año se ha llegado a 400 docentes y maestros /as de todo el país, a través de las jornadas de capacitación realizadas y a todos los centros educativos públicos con materiales distribuidos. En ese mismo año el Consejo de Educación Primaria declaró de interés educativo los temas de violencia doméstica, promoviendo la semana previa al Día Internacional de lucha contra la Violencia hacia las Mujeres la discusión de ese tema en las aulas.

Sírvase proveer información actualizada s obre las propuestas del Estado p arte para incluir educación sexual en los programas curriculares escolares.

El Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (CODICEN) por Acta No. 35, Res. 4, Exp. 1-100213/05, del 12/12/005 resolvió: “Crear una comisión de Educación Sexual integrada por representantes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, de la Dirección de Ecuación para la Salud del Consejo Directivo Central y de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública”, asignándole como cometido principal la elaboración de un Proyecto sobre Educación Sexual para la educación pública uruguaya, proyecto que debía ser presentado al Consejo Directivo Central antes del 30/06/06.

El documento fue elaborado y resume el trabajo de seis meses en los que se abocó a diversas líneas con la intención de efectuar una propuesta participativa, con conocimiento de la realidad en que está inserta y que sea respetuosa de la visión y perspectivas de la comunidad educativa y la población en general, donde los jóvenes han podido expresar su palabra.

Luego de presentado el Proyecto al CODICEN, dicho Consejo por Acta No. Ext. 35, Res. Nº 1, Exp. 1-100318/06, del 16/11/2006 resolvió aprobar en términos generales el Proyecto “La incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal: una propuesta de trabajo” y señalar la calidad técnica y conceptual de la propuesta. Se encomendó a la Comisión de Educación Sexual la coordinación de las actividades necesarias para instrumentar, conjuntamente con los respectivos órganos rectores, un Programa de Educación Sexual que, previa aprobación del respectivo Consejo o Dirección, impulse en cada subsistema de la educación pública nacional un subprograma específico en la materia.

De acuerdo al informe, la Comisión de Educación Sexual fue creada en Diciembre de 2005 y formalizada en el 2006. La Comisión tuvo por cometido elaborar un nuevo programa de educación sexual a ser implementado en el 200 7 . Sírvase proporcionar información sobre el contenido de este programa y los resultados obtenidos después de su primer año de implementación.

El programa de Educación Sexual tiene como eje transversal el marco de los derechos humanos, la bioética y la promoción de la salud integral. La misma es abordada en la confluencia de tres vertientes conceptuales: la sexualidad en su vinculación con el proceso de construirse persona, el desarrollo y promoción de la salud integral en la niñez y adolescencia y el proceso educativo como formador de ciudadanía en el marco de los DDHH. Se entiende la Sexualidad como “una dimensión constitutiva de los seres humanos, integradora de la personalidad y en estrecha conexión con la vida afectiva, emocional y familiar de las personas, que se proyecta y expresa en las relaciones sociales y en los diversos vínculos que establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural determinado”. Se incorpora el concepto de Desarrollo al de Salud Integral, con lo que se enriquece y profundiza el valor de la educación en la construcción de la calidad de vida de las personas.

De la sexualidad humana se abordan las diferentes dimensiones: biológica, psicológica, socio-cultural, axiológica, comunicacional, procreativa y el proceso de sexuación; aproximación a los conceptos de identidad sexual, orientación sexual, diversidad Sexual.

En cuanto a los contenidos conceptuales específicos para el Ciclo Básico Tecnológico se destacan:

–Creencias y mandatos en nuestra cultura sobre sexualidad: mujer, feminidad y sexualidad, mandatos de género. Componentes del Modelo hegemónico: pasividad, dependencia, maternidad, privilegio del mundo familiar. Modelo de Sexualidad Femenina: pasividad sexual, desconocimiento del cuerpo/placer como valor, sexualidad permitida – matrimonio.

–Varón, masculinidad y sexualidad. Mandatos de género: componentes del modelo hegemónico: construcción social, cultural y familiar. Atributos y roles asignados. Modelo de sexualidad masculino: prácticas emergentes, ejercicio del poder, exigencias sociales y culturales versus expectativas y vivencias personales.

–Placer y erotismo: conceptualización, autoerotismo – erotismo.

–Mitos y prejuicios: mitos en relación a la masturbación, pudor, vergüenza, temor.

–Negociación sexual.

–Proceso de sexuación: Sexo cromosómico gonadal y legal. Profundización en los conceptos de: Identidad Sexual, Orientación Sexual y diversidad Sexual.

–Desarrollo Psicosexual: Respuesta Sexual Humana: Aspectos biológicos, placenteros, comunicacionales, afectivos y Mitos relacionados con la respuesta sexual humana.

–Inicio de las actividades sexuales: Ritos de iniciación.

–Estructura y función de los Sistemas Genitales Femenino y Masculino: Maduración del Sistema Genital, Gametos, Ciclo Sexual. Eje hipotálamo-hipófisis. Menstruación y Sueños Húmedos.

–Salud sexual y reproductiva en los adolescentes: Anticoncepción, Fecundación y Embarazo. Diagnóstico, cambios fisiológicos y psicológicos, cuidados y responsabilidad de la pareja: elección y deseo.

–Aspectos biológicos, psicológicos y sociales del Embarazo Adolescente. Parto: etapas y control neuroendocrino .

– Salud: evolución de los conceptos. Derechos de niños/as y adolescentes y su vinculación con la salud y la educación de los mismos: rol del centro educativo. Concepto de Desarrollo ofrecido por la OMS.

–Promoción de la salud en la adolescencia. Promoción de factores protectores a nivel individual, familiar y social: Vida con proyectos. Determinantes de Salud psico-socioculturales.

–Salud sexual: ITS: VIH/SIDA, gonorrea, sífilis, hepatitis B. Vías de transmisión y medidas preventivas.

–Conceptualización de la Sociedad de Consumo: significados y valoraciones atribuidas al consumo: El “tener” sobre el “ser”. Demandas, mandatos y control social ¿Libertad de elección? Mandato de género. Grupo de pares. El goce del “acto” de consumir y Relaciones de ayuda. Aceptación. No discriminación. Inclusión.

– Estereotipos de belleza y su vinculación con enfermedades nutricionales .

– Alternativas saludables en el uso del tiempo libre.

– Servicios de Salud a nivel local y departamental.

Formación Docente

La definición de la incorporación de la educación sexual al conjunto de los subsistemas de ANEP, implica la incorporación al Área de Formación Docente. Desde allí es posible garantizar que los docentes cuenten con la información necesaria para poder abordar en las aulas con niños/as, jóvenes y adolescentes, las temáticas relativas e involucradas en la sexualidad, en el marco de la propuesta aprobada por CODICEN. Para lograr esos objetivos se realizaron las siguientes acciones:

–Se incorporó un Seminario obligatorio a la currícula del nuevo Plan 2008 en el 2º año, en el llamado Núcleo de Formación Curricular Común. Este núcleo es parte de la formación de Maestros/as, Profesores/as y Maestros/as Técnicos/as en todo el país. Y se propone uno opcional, articulado con las disciplinas y las didácticas para 4º año.

–Se definieron Unidades Temáticas específicas en relación a las diferentes disciplinas (Sociología, Psicología, Filosofía, Historia, Educación para la Vida y el Ambiente, entre otras).

–Se comenzó a trabajar en la incorporación de la Modalidad Semi-presencial.

El Seminario obligatorio abordará la temática de la sexualidad y las dimensiones relativas a la misma. La dimensión del desarrollo que articula los factores biológicos y psicológicos en un marco social concreto, planteadas desde las visiones contemporáneas que son ajenas a todo dualismo –mecanicista en la relación cuerpo-mente, subjetividad-objetividad entre otros y considerarse desde marcos referenciales que incorporen la noción de “construcción”, “complejidad”, en la configuración de una hermenéutica del sujeto y la subjetividad, la identidad y el género. La otra dimensión a atender es la relativa a las consideraciones éticas la bioética y de derechos involucradas. El punto de vista de la construcción de la identidad en un marco de respeto, solidaridad y responsabilidad, los aspectos no racionales, afectivos deben poder trabajarse vivencial y conceptualmente para la construcción de la autonomía y la afectividad. Por último la dimensión antropológica e histórico-cultural, ayudará a fortalecer las visiones y conceptos que permitan construir una visión de lo humano como productor y producto de la propia praxis a través de la historia en el marco de campos configurados en tensión y no deterministicamente.

Esta planificación curricular se está aplicando este año, por lo que no hay resultados concretos y la evaluación está en proceso.

Sírvase proporcionar información sobre las medidas tomadas por el Estado parte para prevenir que las adolescentes embarazadas abandonaran la escuela y para asegurar su retorno a la escuela después de dar a luz.

El Consejo Directivo Central por Acta No. 34, Resolución No. 1, de fecha 18 de mayo de 1999, resolvió por dicho acto administrativo establecer un régimen especial de control de asistencias y de apoyo para las estudiantes embarazadas y puérperas de los centros de educación media y superior dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Programa Nacional de Salud Adolescente de la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública aprueba en el año 2007 un Protocolo de Intervención de Agentes Socioeducativos/as. El mismo es una herramienta para los/as agentes socioeducativos/as que tiene como objetivo brindar apoyo para el cuidado de la salud de la/el adolescente madre, padre e hijo/a de modo de evitar futuros embarazos no planificados; la inclusión social de las y los adolescentes madres y padres a través de la reinserción en el sistema educativo, en el mercado laboral y otros espacios de socialización, para lo cual deberá procurar que el/la adolescente pueda visualizar una vida con proyectos.

El Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social entiende como prioritario optimizar los niveles de responsabilidad en la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) de las y los adolescentes. El énfasis en el trabajo se centra en la prevención, reducción y atención del embarazo adolescente no planificado estimulándolos en la construcción de un proyecto personal. Es por este motivo que en conjunto con el Ministerio de Salud Pública se diseñaron acciones integradas y coordinadas con instituciones públicas y privadas que trabajan en la temática. El trabajo aborda tres ejes:

–El acompañamiento de las y los adolescentes madres y padres en el primer año posterior al parto de su hijo/a;

–La formación de Promotores Juveniles;

–La creación de espacios de atención especializada en salud integral para adolescentes.

Las instancias de capacitación se realizan a través de talleres para jóvenes sobre la temática, con énfasis en la prevención del embarazo no planificado, formando promotores juveniles en salud sexual y reproductiva que, posteriormente, realizan tareas de difusión y multiplicación de la información entre sus pares y se constituyen en agentes facilitadores de actividades de promoción de salud en su comunidad. Estos promotores se vinculan con los cursos de Promotores Juveniles que se realizan con el INJU, afianzando la coordinación y racionalidad en la capacitación y el empoderamiento de los adolescentes. Asimismo, se incentiva su participación en el Programa de Agentes Socioeducativas antes mencionado.

Durante el año 2006, en el marco de un trabajo conjunto entre la Administración Nacional de Educación Pública/Consejo de Educación Secundaria, el Instituto Nacional de la Juventud y el Programa Infamilia del Ministerio de Desarrollo Social se propuso brindar atención a la baja asistencia de los adolescentes a la Educación Media. El Programa Aulas Comunitarias (PAC) consiste en la instalación de espacios “puente” con los liceos de referencia: Aulas Comunitarias que cuentan con distintas modalidades de intervención, todas tendientes a la reinserción de los jóvenes que han quedado fuera del sistema educativo formal, gestionadas por organizaciones de la sociedad civil y con horas docentes del Consejo de Educación Secundaria. El objetivo de dicho programa es la inserción social de 2.500 adolescentes de 12 a 15 años, residentes en áreas territoriales del Programa de los departamentos de Montevideo, Maldonado, San José y Canelones, y con problemas de vinculación a la educación media formal, sea porque: i) desertaron de la misma; ii) nunca hayan registrado matriculación; o que, iii) cursando Primer Año del Ciclo Básico, presenten elevado riesgo de desertabilidad (inasistencias reiteradas, dificultades en el comportamiento y la convivencia en el aula, bajo rendimiento”. Para el cumplimiento de dicho objetivo se procurará que los adolescentes logren la re-incorporación y permanencia en centros de enseñanza públicos de Educación Media.

Empleo

Sírvase d escrib ir el impacto de los programas orientados a combatir la discriminación contra las mujeres en el empleo, particularmente con respecto al desempleo, bajos niveles salariales y la brecha de salario entre mujeres y hombres, que afecta en forma adversa a las mujeres y en promover y asegurar la igualdad d e género en el lugar de trabajo. Sírvase d escrib ir también el estado de la propuesta para adoptar un Plan Nacional de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo (2004) e indique los resultados logrados.

No se cuenta en el país con programas de alcance nacional orientados a combatir las discriminaciones contra las mujeres en el empleo, por lo cual no es posible analizar el impacto en indicadores específicos de desempleo, niveles salariales y brecha de salario entre mujeres y hombres.

PROIMUJER es un programa de formación para el trabajo con enfoque de género orientado a apoyar el ingreso de las mujeres al mercado laboral en condiciones de equidad.

El Plan Nacional de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Empleo (2004), ha sido integrado como línea estratégica en el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007-2011), en el entendido de que ha sido consensuado entre el Estado y los sectores empresarial y sindical.

En los Consejos de Salarios, re instalados en la actual administración de gobierno, se incorporaron cláusulas de igualdad de género.

Sírvase p rove er información sobre el seguimiento a las quejas de acoso sexual en el lugar de trabajo archivadas en los años 2005 y 2006. Sírvase indicar si estas quejas fueron investigadas y los tipos de pena impuestos a los perpetradores.

En el año 2005, se tramitaron 3 denuncias de acoso sexual, 2 en que las afectadas fueron mujeres y en un caso un hombre. En cuanto a sectores de acoso sexual a mujeres una corresponde al sector gastronómico, y otra a servicio doméstico. En tanto en la que refiere a acoso sexual hacia un hombre refiere a trabajo marítimo. Ninguno de los casos derivó en aplicación de sanciones por falta de prueba.

En el año 2006, se tramitaron 3 denuncias que afectan a trabajadoras, una del sector servicios y dos del sector comercio. En 2 casos se procedió al archivo por falta de prueba, el tercero se diligencia prueba ofrecida y habiéndose asimismo presentado reclamación judicial, la denunciante solicita copia de las actuaciones y reserva del expediente administrativo hasta la conclusión de la causa judicial.

En el año 2007, se presentó una denuncia EXPTE 15946/2007. Se fijó audiencia previa citando a trabajadora, acosador y empleador para el 27/12/07. Se presenta el dueño del supermercado agregando acta de conciliación labrada el 26/12/07, y solicitando el archivo de las actuaciones. De la misma surge que las partes arribaron a acuerdo transaccional en el que específicamente se indica que deja sin efecto la denuncia presentada ante la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS).

Sírvase d escrib ir los resultados de la implementación de la Ley No. 18.065 de Noviembre de 2006 sobre trabajo doméstico. De acuerdo al informe, en el año 2004, 87.2 por ciento de las trabajadoras domésticas no estaban inscriptas en el sistema de seguridad social. Informe al Comité en qué medida las trabajadoras domésticas están actualmente cubiertas por la seguridad social.

Según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no se cuenta con evaluación ni medición de impacto a la fecha.

El Instituto Nacional de las Mujeres realizó una investigación durante el 2007 sobre la “situación del Servicio Doméstico en el Uruguay”. Dicho estudio será presentado en el próximo mes de julio.

De acuerdo al informe, mientras el juez competente en asuntos laborales puede ordenar medidas para terminar con la discriminación contra las mujeres, no hay una provisión legal para la reinserción laboral . ¿Tiene el Estado p arte algún plan para enmendar la legislación laboral en este respecto?

El informe indica que no hay legislación que establezca centros de cuidado diurno o nurseries en los lugares de trabajo público o privado, como se estipula bajo la Convención No. 156 y Recomendación No. 165 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Piensa el Estado p arte adaptarse a los estándare s internacionales y, si no, cuáles son los obstáculos para hacerlo?

Salud

El informe reconoce la ineficacia de la Ley No. 9.763 del 24 de Enero de 1938, que criminaliza el aborto voluntario pero reconoce “el honor de la familia” como una circunstancia atenuante. También reconoce que esta Ley no ha ayudado a reducir los abortos secretos e inseguros, que aparecen continuamente. Sírvase indicar si hay algún plan para enmendar esta Ley y facilite información actualizada sobre el estado del borrador de la Ley para la Protección de la Salud Reproductiva.

Existe un proyecto de ley concreto que ya superó el Borrador y tiene media sanción de la cámara de Senadores. La cámara de diputados está presentando sus posiciones en la actualidad y verá la forma política para que sea aprobada ante el anuncio de VETO de parte del Presidente de la República. Abunda la Prensa y las opiniones, encuentros y reuniones a nivel de la sociedad y los medios de comunicación en este proceso. Hay estudios de opinión Pública que reconocen que la ley cuenta con un 63% de aprobación de parte de la población.

Sírvase proveer datos estadísticos sobre la práctica de abortos inseguros, que, de acuerdo al informe, es la causa principal de la m ortalidad materna en el Estado parte.

Con respecto al número de abortos provocados, no hay datos oficiales al respecto. El ultimo dato manejado por investigadores sociales arrojó una cifra estimada de 33.000 abortos provocados por año.

Sírvase proporcionar información sobre el impacto de la Ordenanza Ministerial No. 369 y sus protocolos y guías clínicas, así como los distintos programas para la prevención de embarazos no deseados mencionados en el informe.

El impacto de la Ordenanza Ministerial ha sido más importante desde el punto de vista cualitativo que cuantitativo. Respecto al aspecto cualitativo nos referimos a que ha contribuido a un cambio en la relación sanitaria a favor de una atención basada en derechos. También ha sido importante ya que ha contribuido a desestigmatizar el tema del aborto, ha posicionado a la problemática de la mujer en situación de embarazo no deseado desde una perspectiva de problema sanitario.

Desde el punto de vista cuantitativo existen aproximadamente 8 centros de salud donde se aplica oficialmente la normativa, estos corresponden a 2 centros departamentales y 6 policlínicas barriales. En el Hospital Pereira Rossell, centro ginecológico de referencia de nuestro país, la policlínica de Salud Sexual y Reproductiva donde se aplica la Normativa atiende de lunes a viernes de 8.00 a 17.00 horas un promedio de 30 mujeres por día en situación de embarazo no deseado.

A propósito de los programas de prevención de embarazos no deseados el que más se ha desarrollado es la provisión de métodos anticonceptivos. La compra anual del año 2007 aumentó en 20% la del año 2006 y se ha mejorado la distribución a los centros asistenciales más remotos. Se ha pasado de 157 bocas de salida en el Interior del país a 610 con sus médicos rurales que recorren las pequeñas poblaciones.

El Estado p arte reconoce que no tiene datos actualizados ni desagregados sobre la cobertura de planificación familiar. Sírvase d escrib ir los esfuerzos para cambiar esta situación y los resultados obtenidos por los distintos programas mencionados en el informe.

Se ha logrado mejorar el sistema de registros sobre la cobertura de planificación familiar.

El informe advierte sobre el aumento de l a prevalencia de HIV/SIDA, de 0, 23 % en el 2000 a 0 , 45 % en el 2004. Sírvase p roporcion ar datos actualizados sobre la incidencia del HIV/SIDA hasta fines del 2007. Describa las medidas sanitarias y educacionales que el Estado p arte tenga pensado adop tar para combatir el HIV/SIDA. Sírvase también facilitar información, en particular, sobre la acción preventiva y el tratamiento de las mujeres embarazadas e indique si este grupo poblacional tiene acceso a tratamiento antirretroviral contra el HIV/SIDA.

La epidemia del VIH-SIDA en Uruguay es de tipo concentrada, con una prevalencia de VIH inferior al 1% en población general y superior al 5% en poblaciones más expuestas a la transmisión del VIH: personas privadas de libertad, trabajadores/as sexuales, usuarios de drogas, homosexuales/gay. Las cifras acumuladas notificadas a la Unidad de Vigilancia de Salud Publica (UVISAP) al 30/X/2007, alcanzan un total de 10 324 personas con VIH/SIDA, 7168 infectados por VIH y 3156 casos de SIDA.

La evolución de la epidemia evidencia una tendencia creciente de la prevalencia del VIH en Uruguay, según Estudios Estimativos/Centinela: 0,23% año 2000, 0,36% al año 2002 y 0,45% al año 2004. Se observa un proceso de feminización y una reducción de la edad promedio de la población infectada. Es una epidemia que se concentra en la Capital del país – Montevideo (77%), así como en el entorno de la misma (Zona Metropolitana, Canelones y San José) Departamento de Maldonado (zona turística), y en las ciudades frontera con Brasil; persistiendo todavía en la población uruguaya algunas creencias erróneas en cuanto a los modos de transmisión del VIH y riesgos ligados a la sexualidad y al VIH/SIDA. Los primeros resultados de la encuesta CAPS que viene implementando el PP ITS/SIDA conjuntamente con Equipos Mori, en diciembre del 2007, confirman la persistencia de estas tendencias en la sociedad uruguaya, en particular en los grupos de mas alto riesgo de infección sexual:

–Entre las personas de 15 a 24 años, 18% declaran haber tenido su primera relación sexual antes de los 15 años (24% de los varones, y 10% de las mujeres), 16% piensan que el VIH se transmite por el mate, 6% que una persona saludable NO puede tener el VIH y 4% que la utilización del condón NO reduce el riesgo de infección por el VIH.

El Programa Prioritario de ITS/SIDA (PPITS/SIDA) depende de la Dirección General de la Salud (DIGESA) del Ministerio de Salud Pública, destacándose entre sus funciones :

1.El carácter rector en ITS/SIDA, promoviendo la articulación de actores, elaborando y planteando pautas, normativas de carácter nacional.

2.El Promover las Políticas Públicas Saludables con los componentes educativos y comunicacionales.

3.El Monitoreo, evaluación de las normativas vigentes y de las prestaciones implementadas por los efectores de salud.

Por otro lado a través del Programa Nacional de Adolescencia DIGESA- MSP se pretende promover y liderar la creación de un Plan de Adolescente y Juventud con carácter intersectorial dando participación a la comunidad y familias. Adoptando un Modelo de Atención Integral de Adolescencia privilegiando la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de probables riesgos, centrándose no solo en las familias sino también en el soporte social contando con la activa participación de los jóvenes.

El País, conjuntamente con otros países de la región (Chile, Argentina, Brasil, Perú, Paraguay) con el apoyo de la Cooperación Alemana (GTZ), el Centro Internacional de Cooperación Técnica ( CICT- Ministerio Salud-Brasil) y Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA), viene implementando el Proyecto de Armonización de Políticas Públicas Salud Sexual y Prevención del VIH y Drogas en el ámbito escolar, teniendo como ejes del proceso de implementación del Programa de Educación Sexual en el Sistema Educativo formal (fortalecer el proceso que viene realizando Uruguay, en este caso) constituirse en un Proyecto Intersectorial, de articulación multisectorial (Estado, Sociedad Civil, Organismos Internacionales) teniendo al sistema educativo como ámbito prioritario pero incluyendo iguales espacios de educación no formal a nivel comunitario.

El Programa también ha trabajado en la elaboración Programa de Educación Sexual – Sistema Educativo Formal de la ANEP/CODICEN.

En cuanto a la acción preventiva, tratamiento y atención a mujeres embarazadas el país cuenta con decretos y resoluciones que incluyen la cobertura universal de medicamentos antirretrovirales a todos los enfermos de SIDA tanto en el sector público como el privado y el Decreto 158/97 del Poder Ejecutivo que establece el ofrecimiento de la prueba de detección del VIH a toda embarazada previo a su consentimiento informado. Dicho consentimiento también deberá ser realizado para su tratamiento en caso de que la embarazada resulte VIH positivo.

Mujeres rurales y minoría

El informe señala las disparidades severas entre el promedio salarial de hombres jefes de hogar y mujeres jefas de hogar, particularmente en las áreas rurales. El porcentaje de trabajadoras no remuneradas en el área rural es también alta. En este contexto, el informe menciona que Uruguay no tiene políticas públicas para las mujeres rurales. Sírvase indicar si las medidas específicas han sido tomadas o se piensan tomar para asegurar el respeto por los derechos humanos de este grupo poblacional, particularmente en las áreas de trabajo, educación y salud.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) no cuenta con políticas específicas para mujeres rurales, aunque cuenta con líneas de trabajo sobre el tema. Entre ellas se destacan:

–Trabajo del Grupo de Trabajo de Género en el marco de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (REAF). En la REAF articulan propuestas el MGAP y las organizaciones sociales vinculadas a la agricultura familiar. En ese contexto funciona el Grupo Temático de Género que genera propuestas de trabajo específicas sobre el tema y aporta el enfoque al resto de los GT: Comercio, Tierra y Juventud.

–El Proyecto “Uruguay Rural” funciona en el marco del MGAP en convenio con FIDA. Este trabaja básicamente con agricultores/as familiares de pequeña escala y asalariados/as rurales. El proyecto tiene como objetivo contribuir a atacar las causas de la pobreza rural a través dos grandes ejes de trabajo, mejora de los ingresos y organización social. El proyecto provee herramientas financieras adaptadas a la población beneficiaria y asesoramiento técnico (fundamentalmente en el área agro-productiva y socio-organizacional). En el marco de este proyecto funcional existe la Unidad Asesora para el Enfoque de Género. Esta Unidad ha comenzado un proceso de transversalización del enfoque básicamente a través de sensibilización de técnicos de campo y representantes territoriales y técnicos de la oficina central, inclusión del enfoque en la planificación de la Gerencia de Apoyo a la Producción y Desarrollo Rural y en la Unidad de Seguimiento y Evaluación.

Conforme a la recomendación previa del Comité, sírvase prove er información sobre la situación de los derechos humanos de las indígenas y las mujeres afrodescendientes .

En el año 2006 se realizó una Encuesta Nacional de Hogares Ampliada (ENHA), con una cobertura geográfica de todo el territorio nacional, cubriendo todas las zonas urbanas y rurales del país, teniendo en cuenta toda la población residente en el país como población objeto de estudio. Dicha encuesta incluyó en su nuevo formulario una pregunta orientada a identificar la ascendencia racial de la población. Es ésta la tercera vez en la historia del Uruguay que un instrumento estadístico oficial de cobertura nacional incorpora una pregunta dirigida a conocer la composición racial de sus habitantes.

A continuación detallamos los principales resultados del análisis de la pregunta de auto percepción de ascendencia de la ENHA 2006. Su principal objetivo es ofrecer una estimación del volumen de la población según ascendencia racial y una visión sintética del perfil, considerando sus características demográficas, económicas y sociales. Asimismo, se busca poner de manifiesto las diferencias entre los distintos grupos de ascendencia en lo relativo a su comportamiento demográfico y su desempeño socioeconómico.

La ENHA 2006 recogió una mayor proporción de las minorías raciales en la población uruguaya respecto a la medición oficial anterior. Entre las 165.000 personas que se auto identificaron como afrodescendientes en 1996 y las 280.000 que se contabilizaron en 2006, hay una distancia notable que no puede ser explicada por el crecimiento demográfico de este grupo. Aún más importante fue el aumento de la población de ascendencia indígena, que pasó de poco menos de 15.000 a 90.000 personas.

Si bien existe acuerdo en que las identidades raciales y étnicas no son atributos fijos, sino que se modifican en función de una variedad de factores, la magnitud del crecimiento es demasiado importante como para ser explicada por un cambio social en la auto percepción racial. El factor principal que explica este aumento radica en los cambios introducidos en la formulación de la pregunta utilizada para relevar la pertenencia racial de la población. En 1996 se le pidió a la población que definiera a qué “raza” pertenecía, en 2006 se le solicitó que determinara cuántas y cuáles eran sus líneas de ascendencia racial. La referencia a conceptos y horizontes temporales diferentes se presenta como la principal explicación del aumento de las minorías raciales. No obstante, es posible que también haya incidido en el resultado una mayor conciencia étnica y racial, favorecida por los movimientos de autoafirmación de los afrodescendientes y por un contexto cultural que en los últimos años ha promovido la recuperación de las raíces indígenas y africanas.

En términos generales, se encontraron diferencias de magnitud considerable entre las características demográficas y los desempeños sociales y económicos de las minorías raciales frente a la población blanca. Este comentario vale en particular para la minoría de afrodescendientes, que se ubica en una posición claramente desfavorable frente a la mayoría blanca. La población indígena se sitúa en una posición intermedia en varios indicadores, mientras que en otros se asemeja mucho a la población de ascendencia blanca.

La minoría de ascendencia indígena tiene contornos más difíciles de definir que la población afro y por su peculiaridad, parece necesario investigar en profundidad qué generaciones y sectores sociales tienen mayor propensión a declarar esta ascendencia. Dado que en Uruguay no existen grupos indígenas como categorías étnicas, es probable que la población que se auto percibe indígena reúna un conjunto heterogéneo de personas. Entre otras posibles, aquellas que reconocen que sus antepasados remotos eran indígenas, los que saben que hubo un ascendiente indígena en línea directa en una generación más o menos próxima la suya, y los que suponen que por su aspecto físico actual sus ascendientes fueron indígenas. Si ello fuera así, es factible suponer que la población indígena promedia los perfiles y los desempeños de individuos que reconocen tener ascendientes indígenas pero su fenotipo es básicamente blanco, con los de personas que tienen trazas físicas definidas de ascendencia indígena.

En lo que refiere a la distribución territorial, se encontró que las mayores proporciones de población afrodescendiente se registran al norte del Río Negro y particularmente en los departamentos del noreste del país. En el departamento de Artigas este grupo llega a representar el 25% de la población total del departamento, en el que también la población indígena registra su mayor guarismo (10%). En la comparación del conjunto del Interior con Montevideo no se encontraron diferencias significativas: en ambas áreas la población de ascendencia blanca se sitúa en 88%, la afrodescendiente representa en torno a 9% y la indígena en torno a 3%.

En Montevideo, capital del país, la concentración de población afrodescendiente sigue un patrón definido. Su participación es netamente marginal en los barrios costeros, escasa en las zonas céntricas y aumenta a medida que se acerca la periferia de la ciudad. Cabe destacar que las concentraciones más importantes de la población afrodescendiente y en menor medida indígena, tanto en el nivel nacional como en la capital, coinciden con las zonas de menor desarrollo económico y humano, de acuerdo a las estimaciones realizadas en 2005.

La población negra se destaca por tener una composición demográfica particularmente joven, en contraposición a la población blanca e indígena, cuya estructura refleja el envejecimiento demográfico de la población uruguaya. Asimismo, la fecundidad de las afrodescendientes es mayor que la de los otros grupos y el inicio de su vida reproductiva es más temprano. A ello se suma que también inician su vida conyugal más precozmente. En conjunto, esta categoría racial experimenta transiciones familiares más tempranas que la población blanca y la indígena. Esta última se ubica en una posición intermedia.

La estructura de hogares de los afrodescendientes está en consonancia con las especificidades de su composición demográfica: son hogares más jóvenes, de mayor tamaño y tienen mayor representación que la población blanca e indígena en los hogares nucleares con hijos.

Si bien no se relevaron indicadores de mortalidad en la ENHA y en este trabajo no se abordaron los aspectos referidos a la salud, algunos indicadores sugieren que la mortalidad es más alta entre los afrodescendientes. En particular, las tasas de viudez por edad son sistemáticamente mayores a partir de los 50 años entre las mujeres y los varones afro, respecto a los mismos grupos entre la población de ascendencia blanca. Dado que la población afrodescendiente tiene tasas de pobreza significativamente más altas que el promedio nacional, es necesario investigar en qué medida este resultado responde a sus peores condiciones de vida, a su condición racial, o —más probablemente—, a una mezcla de ambas cosas.

La población afrodescendiente presenta una situación netamente desfavorable en todos los indicadores relativos al desempeño educativo y económico. Este grupo muestra un promedio de años de estudio menor al alcanzado por la población blanca, la diferencia alcanza a dos años entre las personas mayores de 35 años y a 1,6 años entre las de 25 a 29. Si bien la reducción de la brecha indica que las nuevas generaciones de afrodescendientes tienen más oportunidades educativas que sus predecesoras, las tasas de asistencia al sistema educativo a partir de los 14 años son sistemáticamente menores que las de los blancos. Esta diferencia alcanza un valor extremo entre los jóvenes de 18 a 24 años. En este grupo de edad, la proporción de jóvenes blancos que asiste a un centro de enseñanza duplica la proporción de asistentes de ascendencia negra (41% y 22% respectivamente). En suma, los adolescentes negros desertan más tempranamente del sistema educativo y enfrentan mayores dificultades para acceder a la educación terciaria.

En lo que refiere a los indicadores de mercado laboral, se registran mayores tasas de actividad y de empleo entre la población afro y la indígena respecto a la población blanca, pero también mayores tasas de desempleo. La mayor tasa de participación se explica por el efecto combinado de un ingreso más temprano de los jóvenes negros e indígenas al mercado laboral, respecto a sus pares de ascendencia blanca y la mayor permanencia de los grupos de edades extremos. En otras palabras, ambas minorías raciales entran antes al mercado de trabajo y salen más tarde.

Respecto al tipo de ocupación, la población afrodescendiente se concentra en los empleos de baja calificación y tiene una participación notoriamente menor en los puestos de directivos, profesionales y técnicos. Se destaca la importante participación de los varones negros en la construcción y de las mujeres en los servicios personales. Asimismo, los afrodescendientes tienen mayores probabilidades de ocupar puestos de trabajo informales que los trabajadores blancos, independientemente de la categoría ocupacional en la que se desempeñen. Entre los indígenas ocurre lo mismo, pero la brecha registrada es menor. Finalmente, se constata que las remuneraciones promedio son mas bajas para los varones y mujeres afrodescendientes en comparación con las que perciben las personas de ascendencia blanca. Este fenómeno se repite en todos los grupos de edad. Cabe destacar que aún cuando una persona negra tiene la misma educación, la misma experiencia y reside en la misma ciudad que una persona blanca, los salarios que percibe esta última son mayores. Este resultado sugiere que existe discriminación racial en el mercado de trabajo.

La situación de los afrodescendientes en términos de su ubicación en los estratos de ingreso y en sus niveles de pobreza está en concordancia con sus bajos desempeños educativos y laborales. En efecto, este subgrupo está sobre representado en los estratos más bajos de ingreso y tiene una muy baja participación en los más altos. Por otra parte, la tasa de pobreza de la población afrodescendiente duplica a la de la población blanca: el 50% de los afrodescendientes están bajo la línea de pobreza y el 5% son indigentes, mientras que estos valores alcanzan respectivamente 24% y 1.6% entre las personas de ascendencia blanca. Los indígenas nuevamente vuelven a ocupar una posición intermedia, aunque más cercana a la población blanca, con un 32% de sus integrantes por debajo de la línea de pobreza.

Para finalizar, una de las conclusiones que surge de este informe refiere a la necesidad de contar con información cualitativa respecto a los criterios de auto-identificación racial vigentes en el imaginario colectivo.

Matrimonio y familia

Sírvase indicar la extensión en la cual el Estado p arte piensa implementar la recomendación del Comité sobre los Derechos del Niño en el segundo informe periódico del Estado parte (CRC/C/URY/CO/2 para. 26) concerniente a la enmienda de ciertas provisiones discriminatorias del Código Civil en relación a la familia y el matrimonio. Sírvase i ndi car también, en particular, si el párrafo 2 del artículo 16, que establece la edad mínima para el matrimonio, ha sido enmendada. Proporcione también información sobre la práctica continua, bajo el artículo 112 del Código Civil, de prohibición a las mujeres viudas o divorciadas de volverse a casar durante un período de 300 días a partir de la muerte del esposo o la fecha del divorcio y la suspensión de alimentos a mujeres que llevan una “vida desordenada” (artículo 183).

La edad mínima para el matrimonio no ha sido modificada. Probablemente esta reforma se incluirá al reformar este Código Civil, tarea aún pendiente. A partir de la aprobación del Código de Niñez y Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes pueden reconocer a sus hijos aunque sean de estado civil solteros, lo que indirectamente desestimula la vía del matrimonio en casos de maternidades y paternidades prematuras.

Respuestas en relación al artículo 112 del Código Civil

Texto del Artículo 112 del Código Civil: “Tampoco se procederá a la celebración de la viuda o divorciada, hasta los trescientos y un días después de la muerte del marido o de la separación personal, según el caso, bien que se hubiese quedado encinta, podrá casarse después del alumbramiento.

Esta disposición es aplicable al caso en que la separación de los cónyuges se verifique por haberse declarado nulo el matrimonio.

No obstante la mujer que se encuentre en las situaciones previstas precedentemente podrá contraer nuevo matrimonio antes del lapso prefijado y siempre que se hubieren transcurrido noventa días naturales desde que se consumó su viudez, la separación personal o se ejecutorío la sentencia de nulidad respectiva, si acreditare que no se encuentre embarazada mediante certificación de médico especialista, la que se agregará al expediente respectivo”

Sin que ello suponga desconocer la grosera discriminación que conlleva esta disposición, en pos de la precisión vale aclarar que la prohibición del Código Civil refiere a la prohibición de casamiento luego de la viudez o de la separación (no del divorcio)

Respuestas en torno al Artículo 183 del Código Civil

Texto del Artículo 183 del Código Civil: “El marido queda siempre en la obligación de contribuir a la congrua y decente sustentación de la mujer no culpable de la separación, con una pensión alimenticia que se determinará teniendo en cuenta las facultades del obligado y las necesidades de la mujer, de manera que esta conserve en lo posible la posición que tenía durante el matrimonio. Cesará esta obligación si la mujer lleva una vida desarreglada.

El cónyuge que se encuentre en la indigencia, tiene derecho a ser socorrido por su consorte, en lo que necesite para su modesta sustentación, aunque él sea el que ha dado motivo a la separación; pero en este caso, el Juez, al reglar la asignación, tomará en cuenta la conducta actual del cónyuge que reclama el socorro”.

Este artículo prevé una pensión de alimentos especial, denominada pensión congrua, a las mujeres. A diferencia de los varones que sólo acceden a la pensión alimenticia en caso de indigencia (inciso 2), las mujeres pueden llegar a acceder a la pensión congrua que es aquella que les permite mantener el status socio económico gozado durante el matrimonio (inciso 1). Se aplica, en general, sólo en aquellos casos en que las mujeres carecen de autonomía económica (por ejemplo, mujeres que no han accedido al mercado laboral)

La vida desarreglada, expresión realmente prejuiciosa, refiere a la suspensión de la pensión congrua, no a la necesaria para la sobrevivencia.

Respecto de ambos cónyuges, el Código Civil prevé el “análisis de conducta” previo a “reglar la asignación” correspondiente a la pensión en caso de indigencia (inciso 2).

Cabe destacar que desde el último Informe País elaborado, se han aprobado las siguientes leyes que establecen modificaciones con relación a las familias y el matrimonio: Ley No. 18.246 de Unión concubinaria (2007) y Ley No. 18.227 de Asignaciones familiares. Artículo 3 “titularidad materna de las prestaciones”.

Lista de Organismos Públicos que contribuyeron con las respuestas adicionales

Poder Ejecutivo

1.Ministerio de Salud Pública – Programa Nacional Salud de la Mujer y Género Responsable Directora Dra. Cristina Grela. Enviado 24/05.

2.Ministerio de Salud Pública – Programa Prioritario ITS/SIDA. Responde Directora Soc. María Luz Osimani - Enviado 29/04.

3.Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. Responde Mª Noel Gonzalez. Enviado 02/05.

4.Ministerio de Desarrollo Social - Instituto Nacional de las Mujeres – Responde Directora Lic. Carmen Beramendi 29/04

5.Ministerio de Desarrollo Social – Programa Infancia y Familia – Responde Fernanda Methol 19/05.

6.Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – Dirección Nacional de Empleo Responde Directora Sara Payseé. Enviado 12/05.

7.ANEP/CODICEN/Comisión de Educación Sexual. Responde Directora Stella Cerruti. Enviado13/05.

Poder Legislativo

8.Bancada Bi Cameral Femenina – Responde Margarita Percovich. Enviado 02/05.

Poder Judicial

9.Poder Judicial – Suprema Corte de Justicia – Responde Cra. Luz Marina Gonnet – Directora de División Planeamiento y Presupuesto. Enviado 15/05

Índice de Anexos

Pregunta 2:

•Estructura funcional del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.

Pregunta 5:

•Memoria Anual 2007 del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social

Pregunta 6:

•Proyecto de modificación a estudio del Parlamento. Reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia. Proyecto de Ley – Maltrato y abuso sexual Niños, Niñas y Adolescentes

•Documento: Tipos Penales Relativos al Maltrato y Abuso Sexual a Niños, Niñas y Adolescentes.

Pregunta 7:

•Costo anual actual estimado de cargos asignados a una oficina con dos turnos de familia especializada.

•Juzgados Letrados de Familia Especializados en materia de Violencia Doméstica (Ley 17.514) y Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823).

•Medidas de Protección dictadas en el artículo 10 de la Ley 17.514.

Pregunta 8:

•Ley 18.250 “Migración”.

Pregunta 9:

•Proyecto de Ley de Participación Política y Equidad de Genero

•Proyecto Red de Mujeres Políticas

•Proyecto de Ley Partidos Políticos – Financiación

•Resumen del Proyecto Parlamenta

Pregunta 10:

•Proyecto de Ley de Participación Política y Equidad de Genero

Pregunta 11:

•Proyecto de Ley Partidos Políticos – Financiación

Pregunta 12:

•Documentos Mujeres en Espacios de Decisión

Pregunta 14:

•Proyecto La Incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal

•Resoluciones del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública

•Programa de Educación Sexual 2008

•Programa “Primer Taller de Educación de la Sexualidad y de los Jóvenes”

•Programa “Segundo Taller de Educación de la Sexualidad y de los Jóvenes”

Pregunta 16:

•Protocolo de Intervención ASES 2008

•Resolución No. 1, Acta No. 34, fecha 18 de mayo de 1999, del Consejo Directivo Central

Pregunta 18:

•Documento: Relación de las causales porque no se aplicaron sanciones

Pregunta 23:

•Tabla de datos de los últimos años de mortalidad materna.

Pregunta 25:

•Datos sobre Planificación Familiar

Pregunta 26:

•Tabla VIH – SIDA

Pregunta 28:

•Informe “El perfil demográfico y socioeconómico de la población uruguaya según su ascendencia racial”

•Encuesta Nacional Hogares Ampliada ENHA 2006

•Tabla Mujeres afrodescendientes no registradas en la seguridad social.