Prefacio
El Gobierno de Uganda, regido por el Movimiento de Resistencia Nacional, ha mantenido su empeño por lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La obligación que asumimos de cumplir las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer están bien arraigadas en el marco jurídico, político y de planificación del país. Las disposiciones de la Convención se han incorporado en el plan Uganda Vision 2040, el Segundo Plan Nacional de Desarrollo para el período comprendido entre 2015-2016 y 2019-2020 y las políticas y estrategias sectoriales específicas, como el Plan del Sector de Desarrollo Social para el período comprendido entre 2015-2016 y 2019-2020.
Desde que el Gobierno ratificó la Convención en 1985, ha demostrado su determinación de cumplir las disposiciones que figuran en ella y sigue en esa senda puesto que cumple el requisito de presentar informes periódicos al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En los informes periódicos octavo y noveno combinados se presentan los progresos que ha hecho Uganda en cuanto a la aplicación de la Convención desde que presentó el último informe en 2010.
La descripción de los progresos responde a las preocupaciones y recomendaciones que figuran en las observaciones finales del Comité respecto de los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados de Uganda, presentadas a nuestro Gobierno en 2010. La redacción del informe estuvo precedida por numerosas consultas con organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de desarrollo comunitario, oficiales técnicos y agentes populares y nacionales, y los anexos contienen todos los cuadros explicativos, diagramas y datos estadísticos.
En los informes periódicos octavo y noveno combinados se ofrece una evaluación exhaustiva de los progresos realizados por Uganda en el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud de la Convención que reflejan las actividades colectivas y la colaboración que llevan adelante todas las partes interesadas del Gobierno, los asociados para el desarrollo, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades para defender y proteger los derechos de las mujeres y las niñas.
En nombre del Gobierno de Uganda, quisiera manifestar nuestra disposición a continuar colaborando con el Comité a fin de hacer realidad las disposiciones de la Convención.
Frank K. Tumwebaze (MP)
Ministro
Agradecimientos
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha coordinado la presentación de informes del Gobierno que se exige en la Convención y agradece la colaboración de las diversas partes interesadas en el proceso de consultas, en particular la recopilación de datos e información.
Quisiera reconocer y agradecer la contribución de los ministerios, departamentos y organismos gubernamentales que participaron en la recopilación de datos para elaborar el informe y, en particular, de los integrantes del equipo de trabajo y del equipo que corrigió el último borrador del documento.
También deseo expresar, en nombre del Gobierno, nuestro sincero agradecimiento a los organismos asociados de las Naciones Unidas por el apoyo técnico y financiero prestado durante la preparación de este informe periódico. Agradecemos en particular a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. También queremos agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales, al Comité Interministerial y a la Unión Europea por su apoyo técnico y financiero para la elaboración de este informe.
Agradezco a los expertos y a los integrantes del equipo de trabajo sus aportaciones técnicas y su pericia.
James Ebitu
Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos de Género,
Trabajo y Desarrollo Social
I.Introducción
El Gobierno de Uganda ratificó sin reservas la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1985. El 22 de julio de 2010, demostró una vez más su determinación de lograr la igualdad de género al ratificar el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo).
El Estado reconoce la importancia de presentar informes sobre la aplicación de los tratados pues considera que es importante para hacer realidad la igualdad de género en el país. Tras la presentación de los informes de 2010, el Gobierno difundió los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados y las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer entre los ministerios, departamentos y organismos, los dirigentes políticos, religiosos y culturales, los organismos del orden público, las mujeres dirigentes y los representantes de la juventud, entre otros.
En 2011, Uganda se sometió al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, en el cual el Consejo formuló varias recomendaciones relacionadas con los derechos de la mujer y señaló que las prioridades eran redoblar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 (igualdad de género), 1 (erradicación de la pobreza), 3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Además, el Consejo indicó que los principales garantes de la aplicación de sus recomendaciones relativas a los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación eran el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, la Comisión de Igualdad de Oportunidades, el Parlamento de Uganda y la Comisión de Derechos Humanos de Uganda.
El Gobierno ha puesto todo su empeño en armonizar su marco de política nacional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con las cuestiones de las mujeres, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos en el último examen periódico universal y aceptadas por Uganda.
Las intervenciones mencionadas han ayudado a avanzar considerablemente hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Por ejemplo, el índice mundial de disparidad entre los géneros de 2018 sitúa a Uganda en el puesto 43 de 149 países en lo que respecta a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La mejora se deriva de que se ha avanzado considerablemente la promoción de la educación de las niñas, la salud de la mujer y la participación de las mujeres en los procesos decisorios y la política. En este contexto, el Gobierno presenta sus informes octavo y noveno combinados correspondientes a los períodos 2011-2014 y 2015-2018, respectivamente.
Novedades legislativas
Uganda ha promulgado leyes y reglamentos que responden a las cuestiones de género, como la Ley de la Violencia Doméstica de 2010, por la que se protege y se ofrecen recursos jurídicos a las víctimas de la violencia en el hogar, y el Reglamento sobre la Violencia Doméstica de 2011; la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina de 2010, en la que se tipifica como delito esa práctica nociva; el Reglamento de Empleo (Acoso Sexual) de 2012, que aplica las disposiciones sobre el acoso sexual de la Ley de Empleo; la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2015, por la que se dispone que la planificación y la presupuestación deben responder a las cuestiones de género y equidad; y la Ley de Prevención y Control del VIH/Sida de 2015, mediante la que se protege a las mujeres y los hombres que viven con el VIH de la discriminación por ser seropositivos. El Parlamento de Uganda está examinando el proyecto de ley sobre la protección de datos y la privacidad para dar respuesta a la inquietud cada vez mayor acerca de la falta de respeto a la intimidad de las mujeres en los casos de pornografía vengativa. El proyecto de ley dispondría la creación de una oficina de protección de los datos personales para aplicar sus disposiciones y promover la protección y el cumplimiento del derecho de la mujer a la intimidad, incluso en Internet.
Novedades en el plano institucional
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social es el organismo gubernamental que tiene el mandato de formular y aplicar programas e intervenciones nacionales en materia de género. El Gobierno ha continuado fortaleciendo la capacidad del Ministerio para hacer realidad los derechos de la mujer de conformidad con la Convención. En el ejercicio económico 2018/19, el Ministerio recibió 161.570 millones de chelines ugandeses, o el 91,06 % del presupuesto del sector de desarrollo social, lo que destaca el compromiso permanente del Gobierno de poner a la mujer al frente de la planificación y la presupuestación del desarrollo social.
Novedades en el ámbito judicial
La judicatura ha sido fundamental para dictar sentencias que protegen los derechos de las mujeres casadas y en concubinato. En la causa Mifumi and Others v. Attorney General and Anor, la judicatura proscribió el levirato y la práctica de exigir el reembolso del precio por la novia. En la causa Uganda v. Yiga Hamidu and 2 others (causa penal número 005 de 202), la judicatura proscribió la violación marital y negó el argumento de que el pago del precio por la novia habilitaba al marido a ejercer derecho pleno sobre el cuerpo de su esposa. En la causa Hajj Musa Kigongo v. Olive Kigongo (demanda civil del Tribunal Superior núm. 295 de 2015), el tribunal determinó que los bienes en litigio entre las partes que habían vivido en concubinato durante 27 años debían dividirse en partes iguales en virtud de la doctrina de los actos propios (estoppel).
II.Respuesta a las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Párrafo 9: El Comité recuerda la obligación del Estado parte de poner en práctica de forma sistemática e ininterrumpida todas las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y considera que el Estado parte debería prestar atención prioritaria, entre el momento actual y la presentación del próximo informe periódico, a las inquietudes y recomendaciones planteadas en estas observaciones finales.
El Gobierno ha comunicado ampliamente estas recomendaciones a todos los ministerios, departamentos y organismos en el idioma oficial. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda y las organizaciones de la sociedad civil han difundido las recomendaciones entre las comunidades de todo el país. Las recomendaciones también se han incorporado en la base de datos de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, entidad que supervisa la aplicación de las recomendaciones sobre derechos humanos de los mecanismos regionales e internacionales que deben aplicar los ministerios, departamentos y organismos.
Párrafo 10: El Comité invita al Estado parte a que aliente a su Asamblea Nacional a que, de conformidad con su reglamento y según proceda, adopte las medidas necesarias con respecto a la aplicación de las presentes observaciones finales y al próximo proceso de presentación de informes que corresponde al Gobierno con arreglo a la Convención.
El Estado observa que el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social facilita la capacitación de los miembros del Parlamento y los concejales locales recién elegidos en materia de legislación que responda a las cuestiones de género. Además, el Ministerio ha ofrecido orientación a la Legislatura sobre la importancia de las reformas jurídicas con perspectiva de género, que ha abarcado sesiones de capacitación, reuniones de diálogo y debates sobre el mandato de los parlamentarios respecto de la promulgación de leyes que respondan a las cuestiones de género.
Párrafo 12: El Comité pide al Estado parte que acelere el proceso de revisión de sus leyes para que, sin demora y dentro de unos plazos claramente establecidos, su legislación se ajuste a los principios constitucionales de no discriminación e igualdad entre hombres y mujeres y sea conforme a las obligaciones dimanantes de la Convención. A tal efecto, el Comité insta al Estado parte a:
a)Promulgar sin demora la Ley del Matrimonio y el Divorcio, la Ley de Delitos Sexuales y la Ley de Prevención y Control del VIH/Sida;
El Gobierno promulgó la Ley de Prevención y Control del VIH/Sida en 2015. El proyecto de ley del matrimonio y el divorcio de 2009, ahora denominado proyecto de ley del matrimonio de 2017, se ha presentado ante el Décimo Parlamento y está a la espera de ser debatido. El proyecto de ley de delitos sexuales de 2016 se encuentra en el Parlamento. El Gobierno está examinando las cinco leyes relacionadas con los delitos sexuales, a saber, el proyecto de ley de enfermedades venéreas (modificación) de 2012, el proyecto de ley de pruebas (modificación) de 2012, el proyecto de ley de procesamiento y enjuiciamiento (modificación) de 2012, el proyecto de ley de tribunales de primera instancia (modificación) de 2012 y el proyecto de ley del Código Penal (modificación) de 2012, en consonancia con la evolución del enjuiciamiento de los delitos de violencia sexual y de género. Los proyectos de ley tienen por objeto, entre otros propósitos, eliminar el requisito de que las víctimas de delitos sexuales corroboren las pruebas. También legislan la violación agravada, los delitos sexuales con personas incapaces de dar su consentimiento y la indemnización de las víctimas.
b)Sensibilizar a los legisladores sobre la necesidad de prestar atención prioritaria a las reformas jurídicas para lograr la igualdad de iure de las mujeres y cumplir las obligaciones del Estado parte dimanantes de los tratados internacionales;
El Gobierno de Uganda, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, orienta a la Asamblea Legislativa sensibilizando a sus miembros sobre la importancia de las reformas jurídicas que responden a las cuestiones de género, organizando sesiones de capacitación, reuniones de diálogo y debates sobre el mandato de los parlamentarios respecto de la promulgación de leyes que respondan a las cuestiones de género. En 2014 y 2016, el Gobierno impartió varias capacitaciones acerca de la Convención y otras normas internacionales, regionales y nacionales relativas a los derechos de la mujer a las mujeres que formaron parte del Décimo Parlamento. Gracias a las actividades de concienciación llevadas adelante por la Asamblea Legislativa, el Parlamento aprobó leyes y reglamentos que responden a las cuestiones de género, como se indica en el párrafo 6.
c)Seguir aumentando su apoyo al proceso de reforma legislativa mediante alianzas y lazos de colaboración con dirigentes religiosos y comunitarios, abogados, jueces, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales de mujeres.
El artículo 33 6) de la Constitución de la República de Uganda de 1995 prohíbe las leyes, culturas, costumbres o tradiciones que atenten contra la dignidad, el bienestar o los intereses de la mujer o que menoscaben su condición social. El Gobierno ha aplicado diversas medidas para respetar, proteger y cumplir su obligación de acabar con la discriminación, por ejemplo, mediante reformas legislativas y fiscales, estrategias para transversalizar la perspectiva de género, cursos de formación dirigidos a las mujeres que ocupan cargos decisorios e intervenciones educativas y programáticas en los ministerios, departamentos y organismos.
El proceso de reforma legislativa de Uganda es sumamente participativo y consultivo, puesto que intervienen diferentes partes interesadas, como miembros de organizaciones confesionales, la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, los medios de comunicación y las instituciones culturales, y garantiza que las partes interesadas, tanto hombres como mujeres y de diversos orígenes, hagan aportaciones durante el proceso. La Asociación Parlamentaria de Mujeres de Uganda (UWOPA) promueve continuamente la aprobación de leyes que respondan a las cuestiones de género, y organiza actividades de capacitación, diálogos y reuniones consultivas con el fin de dotar a los parlamentarios de capacidad para efectuar reformas legislativas que respondan a las cuestiones de género. Asimismo, ejerce presión para que los parlamentarios apoyen las iniciativas legislativas en materia de género. Esas medidas han dotado a las mujeres parlamentarias de capacidad para impulsar leyes que respondan mejor a las cuestiones de género, lo que a su vez ha aumentado el número de leyes promulgadas. Gracias a la reforma jurídica, Uganda ha promulgado leyes y reglamentos que responden a las cuestiones de género, como se indica en los párrafos 6 y 12.
El Parlamento de Uganda está examinando el proyecto de ley sobre la protección de datos y la privacidad para dar respuesta a la inquietud cada vez mayor acerca de la falta de respeto a la intimidad de las mujeres en los casos de pornografía vengativa. El proyecto de ley dispondría la creación de una oficina de protección de los datos personales encargada de aplicar sus disposiciones y promover la protección y el cumplimiento del derecho de la mujer a la intimidad, incluso en Internet.
El Décimo Parlamento está próximo a aprobar otras leyes sobre los derechos de la mujer, pero la aprobación de algunas se ha retrasado debido a cuestiones de sensibilidad cultural y religiosa. Tal es el caso del proyecto de ley del matrimonio y el divorcio de 2009, ahora denominado proyecto de ley del matrimonio de 2018, el proyecto de ley de sucesiones (modificación) de 2018 y el proyecto de ley de delitos sexuales de 2016.
El Gobierno promueve la conciencia de género en el sector de la justicia, la ley y el orden público para fomentar una cultura jurídica que responda a las cuestiones de la mujer y las vaya incorporando progresivamente. La Comisión de Reforma Legislativa ha estado trabajando con organizaciones de la sociedad civil para examinar, reformar y aprobar leyes y políticas esenciales sobre la igualdad de género, como el proyecto de ley del matrimonio de 2017, el proyecto de ley de asistencia letrada de 2016, y el proyecto de ley de delitos sexuales. El sector de la justicia, la ley y el orden público también ayudó al Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social a formular la política nacional sobre la eliminación de la violencia de género, con lo que se fortaleció el marco normativo de Uganda para poner fin a la violencia contra las mujeres. Además, definió indicadores de vigilancia de las cuestiones de género en sus sucesivos planes de desarrollo del sector y está abordando la justicia de género mediante diversos planes, metas y respuestas programáticas.
En 2012, el Poder Judicial formuló su política y estrategia de género —Attaining Gender Equality in Access and Treatment by the Judiciary— para mejorar su respuesta a las formas interseccionales de discriminación a las que se enfrentan las mujeres en el sistema de justicia penal. El Instituto de Formación Judicial creó un módulo de capacitación sobre las leyes que responden a las cuestiones de género dirigido a los funcionarios judiciales que tiene por objeto instruirlos sobre justicia de género y derechos humanos. Además, la judicatura está integrada por al menos una magistrada de primer grado en todos los distritos, lo que mejora el acceso a la justicia de las mujeres que, de lo contrario, se sentirían incómodas al comparecer ante magistrados varones en casos de violencia sexual y otros casos delicados.
El Instituto de Estudios Judiciales redactó un manual sobre género en el sistema judicial (The Gender Bench Book) dirigido a los funcionarios judiciales para que adopten perspectivas de género al administrar justicia. Además, el Instituto ofrece un plan de estudios sobre género, derecho y práctica judicial en Uganda que enseña a los funcionarios judiciales a dictar sentencias que reflejen su conocimiento acerca de los problemas contemporáneos de las mujeres y el derecho de la mujer a la no discriminación.
Párrafo 14: El Comité insta al Estado parte a tomar las medidas apropiadas para que todos los poderes públicos y la judicatura conozcan suficientemente y apliquen la Convención como marco de todas las leyes, decisiones judiciales y políticas sobre la igualdad de género y el adelanto de la mujer.
Está aumentando la conciencia pública sobre la importancia de las normas y los principios de derechos humanos, lo que obedece, en gran medida, a que el Gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales difundieron y aplicaron diversas leyes y políticas relativas a los derechos de la mujer. Algunas de las actividades de difusión fueron diálogos organizados en los ámbitos nacional, distrital y comunitario, y diversas apariciones en los medios de comunicación.
En 2016, el Gobierno formuló una estrategia multimedia quinquenal para subsanar las deficiencias de conocimiento sobre los derechos de la mujer en diversas comunidades. La Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación de Uganda (UMWA) lleva adelante actividades continuas para sensibilizar al personal de los medios de comunicación y al público sobre los derechos de la mujer. La UMWA opera una emisora de radio que sirve de plataforma abierta para que las mujeres expresen sus inquietudes y conversen sobre cuestiones relacionadas con el adelanto de la mujer y la igualdad de género. El Gobierno sigue impartiendo capacitación al personal de los medios de comunicación sobre la importancia de comunicar información de una manera que responda a las cuestiones de género.
El Gobierno ha redactado manuales que contienen información sobre los derechos de la mujer y los instrumentos jurídicos conexos cuyos destinatarios son todos los consejos locales a fin de concienciar a las comunidades. Se han traducido a los idiomas locales versiones populares de las leyes que responden a las cuestiones de género con el objeto de difundirlas para aumentar el conocimiento acerca del marco jurídico que protege a las mujeres.
Párrafo 16: El Comité recomienda al Estado parte que refuerce sin demora su mecanismo nacional para las cuestiones de género, en particular el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, a fin de contar con un sólido mecanismo institucional encargado de promover la igualdad de género.
En el ejercicio económico 2018/19, el Ministerio recibió 161.570 millones de chelines ugandeses, o el 91,06 % del presupuesto del sector de desarrollo social, lo que destaca el compromiso permanente del Gobierno de poner a la mujer al frente de la planificación y la presupuestación del desarrollo social. El Gobierno aprobó la Estrategia de Incorporación de la Perspectiva de Género para aplicar el artículo 33 2) de la Constitución de 1995, conforme al cual todos los agentes deben incorporar la perspectiva de género en las políticas, los planes, los presupuestos, los programas y las actividades que les competan. El Gobierno promulgó la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2015 para obligar a todos los ministerios, departamentos y organismos a elaborar planes y presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género y la equidad, en los que se especifiquen las medidas adoptadas para equiparar las oportunidades de las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad y otros grupos marginados. La Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2015 exige que todos los ministerios, departamentos, organismos y administraciones locales obtengan un certificado anual de cumplimiento de las consideraciones relativas al género y la equidad, que emite el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico una vez expedida la aprobación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades.
El informe anual sobre el estado de la igualdad de oportunidades en Uganda correspondiente al ejercicio económico 2017/18 revela que mejoró la actitud hacia las cuestiones de género y equidad en los diversos sectores y ministerios, departamentos y organismos, en parte gracias a la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2015. El Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico formuló y distribuyó directrices sobre género y equidad a los respectivos funcionarios contables, lo que también ayuda a que la planificación y la presupuestación respondan a las cuestiones de género y equidad.
A fin de fortalecer los mecanismos para transversalizar la perspectiva de género en los ministerios, departamentos y organismos, el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha apoyado el nombramiento de coordinadores de las cuestiones de género que las analizan en diversos sectores, idean intervenciones apropiadas e informan sobre los avances de la aplicación en su respectivo ministerio, departamento u organismo. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Deportes creó una dependencia de género y grupos de trabajo técnico sobre el género para examinar los compromisos, determinar las medidas prioritarias y ofrecer su perspectiva sobre los avances en el sector educativo. En 2015, el Gobierno elaboró un marco multisectorial de vigilancia y presentación de informes sobre los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos regionales e internacionales en materia de igualdad de género, empoderamiento y derechos de la mujer en los diferentes sectores.
Las funciones del Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social están descentralizadas en el Departamento de Servicios Comunitarios, que vela por la igualdad de género y la equidad en la planificación y la presupuestación en la administración local. Este ministerio también llega a las comunidades a través de las estructuras del Consejo Nacional de la Mujer, que moviliza a las mujeres desde el nivel local hasta el nacional para que participen en los procesos de desarrollo.
La Oficina de Estadística de Uganda ha fortalecido la preparación de estadísticas desglosadas en función del sexo y el género a fin de disponer de información que sirva a la formulación de políticas y la planificación con perspectiva de género, así como a la vigilancia de los progresos nacionales para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Además, en 2016, definió indicadores nacionales prioritarios de igualdad de género ajustados al Segundo Plan Nacional de Desarrollo, los planes de desarrollo de los sectores y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos indicadores sirven de guía a los ministerios, departamentos y organismos para fijar metas desde una perspectiva de género, respecto de las cuales los ministerios, departamentos y organismos deben rendir cuentas.
El Gobierno pretende incorporar competencias analíticas en cuanto al género organizando cursos específicos al respecto en diversas instituciones académicas. Por ejemplo, uno de los cursos, que se dicta en la Universidad Makerere, es sobre género y desarrollo económico local; otro, que se imparte en el Instituto de Administración de Uganda, es sobre presupuestación con perspectiva de género y equidad. Con el fin de crear conciencia sobre los costos directos e indirectos de la desigualdad de género en África, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se asoció con la Universidad Makerere para comenzar a ofrecer la Maestría en Economía con Conciencia de Género, primera de estas características en el continente.
La Facultad de Estudios de la Mujer y de Género de la Universidad Makerere se ha asociado con universidades internacionales e instituciones gubernamentales para abordar las cuestiones de género en diversos ámbitos. Estas iniciativas abarcan el proyecto antipobreza que busca reducir el estigma y aumentar la dignidad de las personas pobres que son beneficiarias de planes de crédito en los distritos de Hoima y Kagadi, el Programa de Estadísticas de Género 2015-2018 y el proyecto por una Universidad Makerere sin violencia ejecutado con el Centro para la Prevención de la Violencia Doméstica en 2017.
Párrafo 18: El Comité insta al Estado parte a reforzar su sistema de denuncias para que las mujeres gocen efectivamente de la tutela judicial, en particular estableciendo un procedimiento de denuncia accesible que haga efectivas las garantías constitucionales y las disposiciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades.
En 2010, el Gobierno dio un paso importante en cuanto a la aplicación del artículo 33 6) al aprobar la Ley de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y crear dicha Comisión. El mandato de la Comisión es luchar contra la marginación y la discriminación por motivos de género y otros motivos como la edad, la raza, el color, el origen étnico, la tribu, el nacimiento, el credo o la religión, el estado de salud, la situación social o económica, la opinión política o la discapacidad, entre otros factores. La Comisión se encarga de supervisar, evaluar y garantizar que las políticas, las leyes, los planes, los programas, las actividades, las prácticas, las tradiciones, las culturas y las costumbres de las entidades jurídicas sean acordes al principio de igualdad de oportunidades y a la acción afirmativa en favor de los grupos marginados.
La Comisión trabaja en la estructura de las administraciones locales para velar por que los servicios lleguen a todo el país. En el ejercicio económico 2018/19, el Gobierno asignó a la Comisión 6.367.700 chelines ugandeses para crear y poner en marcha cuatro nuevas oficinas de la Comisión con el fin de descentralizar su labor y dar a conocer mejor sus servicios a las mujeres. Al ampliar el mandato de la Comisión, el Gobierno ha dado una señal firme de que la discriminación contra la mujer y otros grupos marginados no es aceptable ni debe tolerarse en la familia, en la comunidad ni en el Estado.
La Comisión también creó un tribunal para que resolviera las controversias relativas a la marginación, la discriminación y otros actos que socavan el principio de igualdad de oportunidades. El Reglamento de la Comisión de 2014 ofrece orientación sobre los procedimientos para presentar denuncias, efectuar investigaciones y tramitar remisiones, así como sobre la naturaleza de los dictámenes y las decisiones de la Comisión. Los testigos que comparecen ante el tribunal tienen los mismos privilegios que quienes se presentan ante un tribunal de justicia.
A finales de junio de 2017, el tribunal había celebrado 16 audiencias en todo el país para examinar las denuncias recibidas de los distritos de Sheema, Bushenyi, Mbarara, Ibanda, Busia, Wakiso, Mubende y Mukono. De las 221 denuncias registradas en este período, se resolvieron 189 (85 %), lo que demuestra que la Comisión está decidida a acelerar los mecanismos de tramitación de las denuncias.
El tribunal recibió 390 denuncias en el ejercicio económico 2017/18 y respondió a 279 (véase el cuadro 2 del anexo 2), de las cuales el 46 % fueron presentadas por mujeres y el 54 %, por hombres. Las denuncias de las mujeres concernieron principalmente al acceso a un medio ambiente limpio y saludable (76 %) y al derecho a la propiedad (69 %). La mayor parte de las denuncias versaron sobre cuestiones relacionadas con la tierra (147 denuncias), mientras que otras concernieron a cuestiones de discriminación religiosa, sanitaria, política y étnica en relación con el uso de la tierra o los bienes inmuebles y el acceso a pensiones y a la educación. El tribunal ha recibido más de 500 denuncias desde su creación (Comisión de Igualdad de Oportunidades, 2017-2018).
Para continuar capacitando a los integrantes del tribunal en su labor, el Gobierno concedió a la Comisión su propio voto en el presupuesto de Uganda (124) y aumentó su dotación de personal de 26 funcionarios en el ejercicio económico 2013/14 a 50 en el de 2016/17. Las asignaciones presupuestarias del Gobierno a la Comisión también han aumentado de 171.000 dólares en el ejercicio económico 2010/11 a 1.714.000 dólares en el de 2017/18.
Párrafo 20: El Comité insta al Estado parte a que establezca sin demora una estrategia amplia, que incluya la revisión y la formulación de leyes y la definición de objetivos y plazos, para modificar o eliminar las prácticas tradicionales y los estereotipos que discriminen a la mujer, de conformidad con los artículos 2 f) y 5 a) de la Convención. Esas medidas deberían incluir iniciativas encaminadas a concienciar sobre el tema a las mujeres y los hombres de todos los niveles sociales, incluidos los dirigentes tradicionales, en colaboración con la sociedad civil.
Las normas y los estereotipos culturales son responsables de la discriminación y la violencia de género y refuerzan las actitudes negativas respecto de la condición social y las capacidades de la mujer. Según la encuesta sobre el uso del tiempo efectuada por la Oficina de Estadística de Uganda en 2017 y 2018, importantes segmentos de la población ugandesa siguen teniendo estereotipos de género: por ejemplo, el 81 % de las mujeres que respondieron a la encuesta consideraban que era deber de la mujer cuidar del hogar. La mayor parte de los encuestados respondieron que las mujeres debían encargarse de gestionar el hogar y cuidar de los enfermos y los ancianos (véase el cuadro 6 del anexo 4). Algunos resultados más positivos fueron que los encuestados consideraron que los niños y las niñas menores de 18 años no debían contraer matrimonio, si bien una proporción mayor consideró que obligar a contraer matrimonio a las niñas era más aceptable que hacer lo propio con los niños.
En el artículo 33 4) de la Constitución se dispone que las mujeres tendrán derecho a recibir el mismo trato que los hombres y que ese derecho abarca la igualdad de oportunidades en las actividades políticas, económicas y sociales. Con el fin de hacer realidad esta disposición, el Gobierno ha adoptado medidas para lograr que la sociedad vaya cambiando poco a poco su comportamiento a fin de ampliar el reconocimiento sobre los derechos de la mujer.
Está aumentando la conciencia pública sobre la importancia de las normas y los principios de derechos humanos, lo que obedece, en gran medida, a que el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, los ministerios, departamentos y organismos, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales difundieron y aplicaron diversas leyes y políticas relativas a los derechos de la mujer. Algunas de las actividades de difusión fueron diálogos organizados en los ámbitos nacional, distrital y comunitario, y diversas apariciones en los medios de comunicación.
Precio por la novia
En 2015, el Tribunal Constitucional de Uganda declaró que la costumbre y la práctica de reembolsar el precio por la novia era contraria al artículo 31 3) de la Constitución, en el que se dispone que el matrimonio se celebrará con el libre consentimiento del hombre y la mujer que tengan intención de contraerlo. El tribunal declaró que la devolución del precio pagado por la novia era una condición sine qua non para que fuera válida la disolución del matrimonio consuetudinario, que practicaban varias tribus de Uganda. Además, la exigencia de que se pague un precio por la novia socava la dignidad de la mujer y viola el artículo 33 6) de la Constitución, así como el derecho de la mujer a la igualdad respecto del hombre en el matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución (artículo 31 1)).
Otras regiones adoptaron estatutos para promover que se reemplazara el precio por la novia con regalos nupciales, como la Ordenanza sobre Regalos Nupciales de Tororo, por la cual se dispone que ninguna persona podrá exigir la devolución de los regalos nupciales para disolver el matrimonio y, quien lo intente, estará cometiendo un delito.
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social convocó a las instituciones culturales para que ayudaran a redactar declaraciones y resoluciones del Consejo sobre el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y el VIH/sida. El sector de la justicia, la ley y el orden público elaboró instrumentos para los sistemas de justicia oficiosos a fin de ayudar a las instituciones culturales a responder a la violencia contra la mujer, entre los que se cuentan los principios culturales de Karamojong y un manual sobre la gestión de los casos en el pueblo acholi de KerKwaro.
Párrafo 21: El Comité expresa su preocupación por la persistencia de la práctica nociva de la mutilación genital femenina en el Estado parte, que constituye una violación grave de los derechos humanos de la niña y la mujer y de las obligaciones que incumben al Estado parte en virtud de la Convención.
En 2010, el Tribunal Constitucional de la República de Uganda declaró que la mutilación genital femenina era una práctica inconstitucional tras concluir que contravenía los artículos de la Constitución 21 1), 22 1), 24, 32 2), 33 1) y 44 a). El Gobierno promulgó la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina en 2010 y, en 2013, el Reglamento sobre la Mutilación Genital Femenina, que lleva a la práctica la Ley de 2010.
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social formuló la Política Nacional y Plan de Acción para Eliminar la Violencia de Género en Uganda de 2016, el Mecanismo de Remisión para Responder a los Casos de Violencia de Género en Uganda de 2013, las Directrices sobre la Creación y la Gestión de Refugios para las Víctimas de Violencia de Género en Uganda de 2013 y las Directrices sobre la Prevención y la Respuesta a la Mutilación Genital Femenina de 2012. Este marco normativo sirve a los agentes estatales, no estatales y particulares para combatir la práctica, lo que se traduce en una respuesta holística e integrada frente a la mutilación genital femenina.
El Gobierno, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, organizaciones confesionales, instituciones culturales y organismos de las Naciones Unidas, ha puesto en marcha campañas y programas educativos que promueven el abandono de la mutilación genital femenina. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, elaboró un manual de formación de formadores que tiene por objeto mejorar la calidad del diálogo sobre la prevención de la mutilación genital femenina en las comunidades locales. Con el fin de promover la inclusión, el Gobierno está trabajando junto con la sociedad civil y los líderes culturales para plantear ritos de iniciación alternativos distintos de la mutilación genital femenina.
La Alianza Nacional contra la Mutilación Genital Femenina se creó con el objeto de resolver los factores estructurales que limitan la aplicación de la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina, entre las que se cuentan el acceso limitado de la policía y la escasa comprensión de la Ley en las comunidades remotas y otras comunidades que la practican, las dificultades para recopilar pruebas y el aumento de la mutilación genital femenina transfronteriza y la “ablación en vacaciones” para evitar el enjuiciamiento.
El Gobierno está poniendo todo su empeño en que quienes practiquen la mutilación genital femenina rindan cuentas ante los tribunales y ha establecido, junto con los asociados para el desarrollo, 13 refugios para víctimas de la violencia de género en todo el país, incluso en las subregiones de Sebei y Karamoja (véase la figura 5 del anexo 3). Los refugios ofrecen servicios médicos, protección jurídica, asistencia psicológica, apoyo psicosocial y servicios de reintegración. Asimismo, se ha incorporado la prevención y el tratamiento de la mutilación o ablación genital femenina en los programas de salud reproductiva que tratan las infecciones de transmisión sexual, las fístulas y otras consecuencias negativas de la práctica.
Ha aumentado el número de denuncias de casos de mutilación genital femenina, de detenciones y de enjuiciamientos. Desde 2013, se ha detenido al menos a 62 personas, de las cuales fueron juzgadas y sentenciadas 33 en los seis distritos donde más se practica la mutilación genital femenina.
Debido a los esfuerzos sostenidos del Gobierno, en 2011, comenzó a disminuir la percepción positiva respecto de la mutilación genital femenina: el 91 % de las mujeres apoyaban su erradicación y solo el 9 % creían que debía continuar (Uganda Demographic Household Survey, 2011). De todas las personas encuestadas, las jóvenes fueron quienes más denunciaron la práctica, lo que indica que esta cultura nociva llegará a su fin en el futuro (Uganda Bureau of Statistics, 2017).
Párrafo 24: El Comité insta al Estado parte a que considere prioritario combatir la violencia contra las mujeres y las niñas y aprobar medidas integrales para tratar ese tipo de violencia, de conformidad con su recomendación general núm. 19.
El Gobierno ha adoptado un enfoque multisectorial para responder a la violencia contra la mujer como problema social, económico y de derechos humanos, reconociendo que esta, dado que se ha incluido en el término más amplio “violencia de género”, ha aumentado la desigualdad de género en Uganda. En agosto de 2016, el Gobierno aprobó la Política Nacional y Plan de Acción para la Eliminación de la Violencia de Género, marco cuyo propósito es crear un entorno de tolerancia cero frente a la violencia de género y una respuesta integral a las necesidades de las personas que sobreviven a esos actos.
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha creado una base de datos nacional sobre la violencia de género en el marco de la Política y Plan de Acción para la Eliminación de la Violencia de Género. Estos datos son esenciales para que la formulación de políticas sea uniforme e incorpore las cuestiones de género. La base de datos ha mejorado la capacidad del Ministerio de dirigir y coordinar la respuesta del país a la violencia de género.
En 2011, el Gobierno redactó el Reglamento sobre la Violencia Doméstica para hacer cumplir la Ley sobre la Violencia Doméstica de 2010. El Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales está revisando los proyectos de ley de delitos sexuales.
A pesar de este marco, la prevalencia de la violencia sexual y de género en Uganda sigue siendo alta y el estupro constituyó el 50 % de todos los delitos graves denunciados a la Fuerza de Policía de Uganda en 2017. El informe anual sobre la delincuencia de 2017 de la Fuerza de Policía de Uganda revela que los casos de estupro aumentaron un 34 % entre 2015 y 2016 (de 13.118 a 17.567), mientras que los casos de violación aumentaron de 1.419 a 1.572 en el mismo período. Un dato más positivo es que los casos de violencia doméstica disminuyeron un 54 % entre 2011 y 2016, de 358 a 163 (Uganda Demographic and Health Survey, 2011 y 2016).
A fin de facilitar la solución oportuna de los casos de violencia sexual y de género, el sector de la justicia, la ley y el orden público celebró audiencias especiales a modo de prueba, que comenzaron el 12 de noviembre de 2018 y entrañaron la tramitación de las denuncias de violencia de género presentadas en 14 juzgados del Tribunal Superior y tribunales principales de primera instancia. Como preparación, el sector de la justicia, la ley y el orden público impartió capacitación sobre la manera de tratar los casos de violencia sexual y de género a las partes interesadas, como la policía, el personal penitenciario, la Oficina de la Dirección del Ministerio Público, la Sociedad Jurídica de Uganda, los laboratorios analíticos del Gobierno y los funcionarios judiciales. Además, inició campañas en los medios de comunicación sobre las audiencias especiales para darlas a conocer en 13 distritos a más tardar en noviembre de 2018. El tribunal resolvió 788 casos de violencia sexual y de género en el plazo de un mes, con lo que disminuyó el número de casos pendientes. Está en marcha un proceso para institucionalizar este tribunal e instaurarlo de manera permanente en la administración de justicia relativa al género.
En 2015, la Oficina de la Dirección del Ministerio Público creó el Departamento de la Infancia, el Género y los Delitos Sexuales. Además, elaboró un manual para mejorar el trato que dan los fiscales a los niños que entran en contacto con el sistema de justicia penal, incluidos aquellos que sobreviven a la violencia sexual y de género. El manual incluye directrices sobre la forma de tratar a los niños, la reintegración social y los mecanismos de seguimiento una vez que los niños se reintegran en la sociedad. Asimismo, orienta a la Oficina de la Dirección del Ministerio Público sobre la manera de tratar los casos de niños que están en conflicto con la ley, los niños en zonas de conflicto, la trata de niños con fines de explotación sexual, los niños con discapacidad y otras situaciones en las que las niñas son más vulnerables.
La Oficina de la Dirección del Ministerio Público también encargó un examen de sus mecanismos de asistencia a las víctimas, protección de testigos y tramitación de denuncias. Gracias al examen, se formularon directrices para los fiscales sobre la garantía de protección de los testigos, que ayudarán a quienes sobrevivan a la violencia de género a transitar el sistema de justicia penal y mejorarán su protección antes de que se inicien los procesos penales, durante su transcurso y una vez finalizados. Además, el Gobierno creó 13 refugios que ofrecen alojamiento temporal, apoyo jurídico, asistencia psicológica y orientación a las víctimas de actos de violencia sexual y de género.
La Fuerza de Policía de Uganda añadió un módulo sobre la violencia de género en el plan de estudios de capacitación de los oficiales que se incorporan en la fuerza. En la categoría de personal sanitario autorizado a comparecer como testigo experto en casos de violencia de género del formulario 3A de la policía, se añadió a los asociados médicos, a las enfermeras y a las parteras. Dentro de la Fuerza, la Dirección de Investigaciones Penales incluye ahora un departamento específico para las víctimas de violencia sexual y de género.
Con el fin de abordar la prestación de apoyo psicosocial a las víctimas de violencia de género, el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social incorporó directrices nacionales al respecto (National Guidelines for the Provision of Psychosocial Support for Gender Based Violence Victims/Survivors), en las que se definen normas mínimas para los garantes de derechos y los prestadores de servicios en cuanto al trato que se debe dispensar a las víctimas.
En 2015, el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social elaboró un manual de capacitación introductorio sobre la atención y el apoyo psicosociales para normalizar la respuesta de los prestadores de servicios a las necesidades psicosociales de las víctimas de la violencia de género. Estas directrices se están aplicando junto con el programa de orientación psicosocial y apoyo a la salud mental para supervivientes y víctimas de la violencia de género de 2010 del Ministerio de Salud. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social recibió 3 billones de chelines ugandeses para continuar ejecutando los programas de lucha contra la violencia contra las mujeres en los ejercicios económicos de 2018/19 a 2022/23.
En los juzgados del Tribunal Superior, se ha incorporado un sistema de enlace audiovisual para que las víctimas de la violencia de género puedan sentarse en un lugar distinto de donde se encuentra el acusado, lo que redujo la carga psicológica de las mujeres que comparecen en los casos de violencia de género y el número de casos que se retiran cuando las mujeres que temen represalias se niegan a comparecer ante el tribunal para declarar.
Párrafo 26: El Comité exhorta al Estado parte a que siga implicando plenamente a las mujeres en los procesos de consolidación de la paz, reconciliación, rehabilitación y recuperación, especialmente en el contexto del Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo.
El marco jurídico y regulatorio de Uganda ha seguido abierto y ha continuado aceptando a los desplazados internos, los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas. El Gobierno ha trabajado junto con las organizaciones de la sociedad civil para elaborar planes de acción distritales a fin de aplicar el Plan de Acción Nacional que figura en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008) y en la Declaración de Goma. El Plan, elaborado en 2008 y modificado en 2011, tiene por objeto garantizar la protección de las mujeres y las niñas contra la violencia de género y aumentar la representación y la participación de la mujer en todos los niveles decisorios de los procesos de solución de conflictos y de paz. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha examinado la aplicación del Segundo Plan de Acción Nacional para orientar la formulación del Tercer Plan sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. El Gobierno puso en marcha las ediciones primera, segunda y tercera del Plan de Paz, Recuperación y Desarrollo, así como el Tercer Fondo de Acción Social para Uganda Septentrional (2015-2020), cuyo propósito es reasentar y empoderar económicamente a los desplazados por el conflicto, en particular a las mujeres. El Fondo tiene por objeto apoyar y fomentar la resiliencia de los hogares pobres y vulnerables promoviendo la participación de las mujeres en la cría de animales, la metalurgia y la fabricación, la carpintería y la cría de aves de corral. El Tercer Plan sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad se propone consolidar la paz, desarrollar la economía y reducir la vulnerabilidad de los desplazados. El Plan y el Fondo tienen mecanismos alternativos de solución de controversias para abordar los problemas relacionados con la tierra y los conflictos étnicos. La política de justicia de transición prevé la prestación de asistencia jurídica, el apoyo a los medios de subsistencia, la asistencia médica, la seguridad y el refugio para las víctimas de la violencia sexual y de género.
Párrafo 28: El Comité insta al Estado parte a que aplique plenamente el artículo 6 de la Convención, en particular mediante la aplicación efectiva de la nueva legislación sobre la trata, velando por que los autores sean sancionados y las víctimas reciban una protección y asistencia adecuadas.
Los objetivos nacionales y principios rectores de la política del Estado que prevé la Constitución de 1995 disponen que la política exterior de Uganda debe estar fundamentada, entre otros principios, en la prohibición de todas las formas de dominación, racismo y demás formas de opresión y explotación. Además, en virtud del artículo 34 4), la Constitución protege a los niños de la explotación social y económica, en particular en el empleo o la realización de trabajos que puedan ser peligrosos o interferir en su educación o que puedan ser perjudiciales para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Trata de personas
En Uganda, la trata de personas tiene lugar tanto a nivel nacional como transnacional y generalmente entraña la explotación sexual comercial, la servidumbre doméstica de niñas y mujeres de 13 a 24 años, el trabajo infantil y la mendicidad forzada en Kampala y otros centros urbanos. Los grupos que están expuestos a un riesgo mayor son las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, los niños de las zonas rurales y los presos o las mujeres en prisión preventiva. Muchas mujeres ugandesas también son víctimas de contratación fraudulenta para oportunidades de empleo en otros países, donde son explotadas para el comercio sexual y el trabajo forzoso.
La Ley de Prevención de la Trata de Personas de 2009 prevé la creación de una oficina dependiente del Ministro del Interior que coordine, supervise y garantice la aplicación de la Ley. La Oficina de Coordinación para la Lucha contra la Trata de Personas se creó en 2012 con el mandato de servir de relatoría nacional sobre cuestiones relacionadas con la trata de personas y está integrada por un equipo de tareas interministerial que ejecuta sus programas.
El equipo de tareas, integrado por organizaciones no gubernamentales de mujeres, prepara el plan de acción nacional sobre la prohibición de la trata de personas, formula políticas dirigidas a apoyar y proteger a las víctimas de la trata, actualiza el banco de datos nacional sobre los casos de trata y ofrece capacitación sobre las mejores prácticas en la lucha contra la trata de personas a los ministerios, departamentos y organismos, además de entablar el diálogo con ellos. La Oficina ha formulado un procedimiento operativo estándar, cuyo fin es orientar a las partes interesadas, y una estrategia nacional de concienciación sobre la prevención y la gestión de los casos de trata.
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social investiga a las agencias de contratación de trabajadores, cancela las licencias de las que no cumplen con los reglamentos e investiga a las personas que entran y salen del país. Los organismos del orden público reciben capacitación en técnicas prácticas de investigación, identificación y tratamiento de las víctimas, en el papel que desempeñan las instituciones del orden público para prevenir la trata de personas y en la elaboración de estrategias nacionales eficaces para combatir la trata de personas de conformidad con las normas internacionales.
El Gobierno ha concertado acuerdos y arreglos para facilitar la repatriación de las víctimas de la trata, quienes tienen acceso a documentos de viaje especiales y están autorizadas a mantener la residencia en un país de acogida si la repatriación resultara más traumática. Además, el sector de la justicia, la ley y el orden público recibió capacitación por un valor de 18,325 millones de chelines ugandeses para mejorar la protección de las víctimas de la trata. El Estado está procesando cada vez más casos de trata de personas. En 2018, se notificaron más casos transnacionales de trata de personas que en 2017 y también aumentó el número de casos de trata de niños que fueron enjuiciados (16 casos en 2018 frente a 11 en 2017), así como de trata de adultos (254 casos en 2018 frente a 123 en 2017). De los 286 casos o incidentes registrados en 2018, 77 fueron llevados ante la justicia y 19 sospechosos recibieron una condena en 14 causas (Ministry of Internal Affairs, 2018; véanse la figura 11 y los cuadros 7 a 11 del anexo 5).
Prostitución
Aunque, según la Ley del Código Penal (capítulo 120), es ilegal beneficiarse de las ganancias de la prostitución, las prostitutas pueden acogerse al marco nacional para prevenir la explotación de la mujer. Las causas subyacentes que llevan a las mujeres hacia la prostitución se abordan mediante diversos programas gubernamentales que tienen por objeto asegurar el empoderamiento económico de la mujer, eliminar la violencia de género y aliviar otros factores que predisponen a la prostitución. En última instancia, las mujeres que se dedican al trabajo sexual son beneficiarias de las mismas intervenciones gubernamentales que todas las mujeres, pese a que esté prohibido ejercer la prostitución. El Ministerio de Salud también ofrece información y presta servicios, como anticonceptivos y atención y apoyo en relación con el VIH y el sida, a las poblaciones prioritarias clave, entre las que se cuentan las trabajadoras sexuales.
Sacrificio de niños
La Ley del Niño (modificación) de 2016 tipifica como delito todos los rituales en los que se sacrifica a niños. La Ley del Código Penal tipifica como delito el acto de asesinato e incluye disposiciones aplicables al sacrificio de niños. En 2011, el Gobierno elaboró un plan de acción nacional contra el sacrificio de niños y lo está aplicando en los diversos sectores, en cooperación con los ministerios, departamentos y organismos pertinentes. La policía y la Oficina de la Dirección del Ministerio Público han aumentado las detenciones y el enjuiciamiento de personas que cometieron actos relacionados con el sacrificio de niños. Las condenas por el delito han aumentado en el Tribunal Superior, donde se han dictado más de 20 condenas entre 2010 y 2014.
Con la colaboración de clubes y sociedades de la infancia, el Gobierno ha organizado campañas de concienciación en las escuelas sobre la seguridad infantil, impartiendo asesoramiento sobre las precauciones de seguridad que deben tomar los niños cuando se dirigen a la escuela y vuelven a casa. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda ha ayudado a concienciar sobre los derechos y la seguridad a través de sus clubes escolares de paz y las organizaciones no gubernamentales están utilizando su plataforma para promover el fin del sacrificio de niños. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social estableció un teléfono de asistencia nacional para la infancia (116) a fin de facilitar la denuncia de los incidentes de violencia contra los niños, incluidos los presuntos incidentes de sacrificio y maltrato infantil. El Gobierno y los medios de comunicación privados siguen concienciando sobre el sacrificio de niños.
Párrafo 30: El Comité recomienda al Estado parte que aplique sistemáticamente políticas destinadas a la promoción de la participación plena e igualitaria de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones como requisito democrático en todos los ámbitos de la vida pública, política y profesional.
El artículo 1 1) de la Constitución de 1995 dispone que todo el poder pertenece al pueblo que, mediante elecciones periódicas libres y limpias, expresará su voluntad y consentimiento sobre cómo será gobernado y por quién. El artículo 59 de la Constitución garantiza el derecho de voto a todas las personas. El Gobierno ha aumentado considerablemente su atención en promover la participación plena e igualitaria de la mujer en los procesos decisorios de todas las esferas de la vida pública, política y profesional.
El Estado mantiene su compromiso de cumplir y superar el cupo mínimo de que el 30 % de los puestos directivos estén ocupados por mujeres. El actual Décimo Parlamento está constituido por 157 mujeres, que representan el 34,86 % de los parlamentarios, y el 76,25 % son representantes directas de las mujeres.
En el Décimo Parlamento ingresaron por primera vez dos mujeres líderes de la oposición y la presidencia del Noveno y del Décimo Parlamento estuvo ocupada por una mujer. Cada vez son más las mujeres que encabezan comisiones parlamentarias: actualmente, 11 comisiones de 28 están presididas por mujeres. Además, las mujeres ocupan el 46 % de las presidencias y el 41 % de las vicepresidencias de las comisiones permanentes. También fue una mujer la primera parlamentaria de una circunscripción establecida en 2015 para que estuviera representado el pueblo ik marginado.
En la actualidad, hay 33 ministros de categoría superior, 12 de los cuales son mujeres (36 %). De los 46 ministerios de Estado, 14 están ocupados por mujeres (30,43 %). En el gabinete paralelo de la oposición, son mujeres 8 de los 39 ministros (20,5 %). Entre las autoridades locales, la representación de las mujeres se ha mantenido por encima del 30 % que exige la Constitución. En 2016, las mujeres representaban el 45,7 % de todos los representantes de las administraciones locales (27.755 personas), lo que obedece a la disposición sobre la acción afirmativa que figura en la Ley de Administración Local, por la que se estipula que una tercera parte de quienes integran los Consejos locales deberán ser mujeres.
En el Poder Judicial, el cargo de Secretario Judicial Principal está ocupado por una mujer. Las mujeres representan el 44 % de los magistrados del Tribunal Superior, el 36 % en el Tribunal de Apelaciones y el 44 % en la Corte Suprema. En cuanto a los puestos de Vicesecretario o Secretario Adjunto, los hombres representan el 46,7 % y las mujeres, el 53,3 %. La composición de los demás puestos judiciales, por ejemplo, en la administración y las finanzas, está bastante equilibrada: un 49,4 % de mujeres y un 50,6 % de hombres.
En la auditoría de género realizada por la Oficina del Auditor General en 2013 se observó que, en los puestos gubernamentales, las mujeres ocupaban solo el 33 % y los hombres, el 67 %. La representación de las mujeres en las distintas ocupaciones también era baja. Hacia 2014, esta cifra había aumentado notablemente, pues había llegado al 44 %. Los hombres dominaban los campos técnicos de la ingeniería y las obras (94 %), la contabilidad (73 %), la auditoría (80 %) y la agrimensura y la arquitectura (77 %), mientras que las mujeres dominaban los campos de la secretaría (92 %) y las tareas domésticas (55 %). En 2011, el Ministerio de Servicios Públicos difundió directrices en las que se pedía el nombramiento de coordinadores de cuestiones de género que velaran por el cumplimiento de las normas relativas a la transversalización de la perspectiva de género.
La representación femenina en los puestos gubernamentales se mantuvo siempre por encima del cupo del 30 % (véase el cuadro 11 del anexo 3). El informe de la Comisión de Igualdad de Oportunidades sobre la situación del empleo de la mujer en el sector público de Uganda consigna que, del personal de 21 ministerios, las mujeres representaban el 39,8 % y los hombres, el 60,2 %. Tres ministerios (el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, la Oficina del Presidente y el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales) tenían una dotación de personal femenino del 50 % o más.
El Estado parte ha avanzado en la integración de la mujer en las fuerzas armadas, un campo que siempre estuvo dominado por el hombre. Entre las medidas especiales de carácter temporal que están aplicando las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda figuran la promoción intencionada de las mujeres a puestos decisorios superiores, el pago de igual remuneración por un trabajo de igual valor y el acceso a los mismos beneficios, la representación de las empleadas en el Parlamento Nacional y el derecho a una licencia de maternidad de 60 días. Los problemas de género se han incorporado en los procesos de mantenimiento de la paz, en particular en la capacitación de los oficiales desplegados en las operaciones de mantenimiento de la paz.
La dependencia de género de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, Dirección de Asuntos de la Mujer, está encabezada por una oficial con rango de coronel, el segundo rango en jerarquía de los ocupados por mujeres. En enero de 2017, el Gobierno nombró a la primera mujer General de División en las Fuerzas, lo que allanó el camino para lograr una mejor representación de la mujer en la esfera pública y constituyó un modelo de conducta para las mujeres que quieren trabajar en profesiones con estereotipos masculinos, como la defensa.
Los representantes del Gobierno en la esfera internacional son principalmente embajadores y altos comisionados y el número de mujeres que ocupan esos cargos ha ido en aumento. En agosto de 2014, eran mujeres 13 (23 %) del total de 57 embajadores y altos comisionados.
En el ejercicio económico 2012/13, se desplegaron 69 oficiales femeninas en la Misión de Observadores Militares de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), cifra que constituyó el segundo despliegue de mujeres desde el inicio de la misión. Las mujeres ugandesas representan al Estado en la Asamblea Legislativa de África Oriental, la Unión Africana, el Comité Parlamentario sobre la Paz, la Comisión de Amnistía, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Desarme.
En cada despliegue de personal de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, al menos el 10 % deben ser mujeres. Sin embargo, de los 228 efectivos desplegados en las misiones en el extranjero, solo 51 (22,3 %) fueron mujeres. Las mujeres que ocupaban puestos de mando constituían solo el 17,3 %, mientras que los hombres representaban el 82,7 %. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda siguen reclutando y desplegando mujeres en las misiones de mantenimiento de la paz y están institucionalizando una política de tolerancia cero con respecto a la violencia de género para que las mujeres gocen plenamente de su derecho de representar al Estado en la esfera internacional. Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda emplean a su Policía Militar, los Servicios de Espionaje y Contraespionaje y la Unidad de Investigaciones Especiales para investigar, detener y enjuiciar a los autores de actos de violencia de género en las zonas de conflicto.
Las mujeres ugandesas están capacitadas para servir en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas. En 2013, la antigua Vicepresidenta de Uganda fue nombrada Enviada Especial del Secretario General para el VIH/Sida en África. Hasta 2014, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos era una mujer ugandesa.
Párrafo 32: El Comité insta al Estado parte a que mejore su cumplimiento del artículo 10 de la Convención y eleve el nivel de conciencia acerca de la importancia de la educación como derecho humano y como base del empoderamiento de la mujer.
El artículo 30 de la Constitución de Uganda reconoce que la educación es un derecho humano fundamental. El Ministerio de Educación y Deportes incorporó la educación primaria universal en 1997 y la educación secundaria universal en 2007 con el propósito de ofrecer una educación asequible a todos los niños que van a la escuela. La Política de Género en la Educación de 2017 fue concebida de conformidad con el Plan Estratégico del Sector Educativo, que guía la transversalización de la perspectiva de género en el sector. La política se complementa con otras iniciativas y planes estratégicos que abordan los obstáculos que dificultan la educación de las niñas y las mujeres, entre los que se cuentan el Plan Estratégico de Género en la Educación 2015-2020 y la Estrategia Nacional de Educación de las Niñas 2014-2020. Las escuelas primarias que reciben ayuda del Estado también instruyen a los refugiados y a las niñas de las regiones circundantes (véanse los cuadros 23 y 24 del anexo 7).
En 2012, el Ministerio de Educación y Deportes creó una Dependencia de Género cuya función es coordinar y prestar apoyo técnico a la transversalización de la perspectiva de género en el sector educativo y consignó créditos presupuestarios para facilitar la labor de la Dependencia. En las administraciones locales, los Consejos están aprobando estatutos, ordenanzas y resoluciones para poner fin al trabajo infantil, el matrimonio infantil, el embarazo en la adolescencia y la mutilación genital femenina. Estas iniciativas son importantes porque promueven el acceso a la educación y apuntan a derribar los obstáculos que encuentran las mujeres y las niñas para acceder a la educación.
En 2007, el Gobierno incorporó la educación secundaria universal, lo que tuvo el efecto positivo de aumentar un 136,2 % la matriculación de las chicas en la escuela secundaria. La cifra bruta de matriculados en la educación secundaria universal aumentó de 518.931 en el año 2000 (290.176 chicos y 228.755 chicas) a 1.225.692 en 2010 (654.971 chicos y 570.721 chicas). El número de chicas matriculadas en la escuela secundaria ascendió al 46,9 % en 2016 (ficha técnica del Ministerio de Educación y Deportes, 2016). En 2015, se matricularon en la escuela secundaria 1.391.250 estudiantes (738.391 chicos y 652.859 chicas, cifra que representó el 46,90 % del total). El porcentaje de estudiantes que aprueban la escuela secundaria subió del 93,3 % en 2006 al 95 % en 2016 (ficha técnica del Ministerio de Educación y Deportes, 2016).
Las tasas de alfabetización siguen siendo más altas entre los varones (80,8 %) que entre las mujeres (67,2 %) (Uganda National Household Survey 2016/17). Para resolver esta disparidad, el Gobierno ha hecho grandes inversiones en la educación de las niñas y ha logrado la paridad de género en la matriculación en la escuela primaria. En 2016, de los 8.655.924 alumnos matriculados en la educación primaria, 4.294.473 (49,6 %) eran varones y 4.361.451 (50,3 %) eran mujeres. También ha aumentado considerablemente el índice de finalización de la educación primaria entre las niñas: del 42 % en 2006 al 63,4 % en 2016, frente a las cifras de los niños, que fueron del 55 % y el 59,7 % (ficha técnica del Ministerio de Educación y Deportes). En 2016, aprobaron los siete años de educación primaria el 85 % de las niñas y el 89 % de los niños.
Mediante las subvenciones estatales dirigidas a promover los centros escolares, el Gobierno sigue construyendo escuelas y ampliando y renovando las instalaciones escolares (por ejemplo, internados e instalaciones sanitarias para niñas) para satisfacer las necesidades de las niñas. En 2012, se creó un comité intersectorial encargado de hacer frente a los problemas de violencia contra los niños en las escuelas, que se encargó de elaborar directrices sobre la denuncia, el seguimiento, la derivación y la actuación al respecto. Estas directrices se están aplicando junto con el Plan Estratégico Nacional para la Eliminación de la Violencia contra los Niños en las Escuelas para 2015-2020.
Por conducto del Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, el Gobierno estableció un teléfono de asistencia nacional gratuita para ayudar a los niños (Sauti 116) y facilitar la denuncia y la respuesta a la violencia contra los jóvenes. El teléfono de asistencia ofrece información a los niños y los vincula con los prestadores de servicios para la infancia de todo el país. Además, el sector educativo incorporó un conjunto de directrices sobre el embarazo en la adolescencia y el VIH que prevén la reincorporación de las chicas en su respectiva comunidad escolar después del embarazo.
El Gobierno está ejecutando el Programa para la Garantía de la Equidad en el Aula a fin de fomentar que las niñas y los niños tengan el mismo grado de participación en clase. En el marco del programa, el personal docente recibe apoyo técnico, capacitación e información sobre las cuestiones concretas que influyen en la educación de las niñas y sobre métodos didácticos que aumentan poco a poco su participación. Este programa se aplica en los institutos de formación docente de educación primaria y ha capacitado a más de 450 coordinadores de centros para llegar a otras escuelas primarias del país.
Las directrices de la Política Nacional Integrada de Desarrollo en la Primera Infancia exigen a los padres y las madres que protejan a sus hijos de los posibles daños y abusos que puedan sufrir cuando se dirigen a la escuela y vuelven a casa. El número de centros de desarrollo de la primera infancia ha ido aumentando progresivamente con el correr de los años: de 4.956 en 2014 a 6.798 en 2016 (véase la figura 14 del anexo 7). La matriculación de las niñas en estos centros es superior a la de los varones (Ministry of Education and Sports, 2016; véase la figura 15 del anexo 7). En 2016, el sector de desarrollo de la primera infancia estaba integrado en su mayor parte por docentes mujeres (18.887, frente a 2.854 hombres; véase el cuadro 22 del anexo 7).
En el nivel terciario, siguen siendo profundas las diferencias entre los hombres y las mujeres. Si bien los hombres y las mujeres están matriculados casi por igual en disciplinas como la informática, la economía, las artes, la administración y las ciencias sociales, los hombres siguen dominando la industria agrícola (81 %), la silvicultura (72 %), las ciencias (69 %), la medicina veterinaria (82 %) y la educación (75 %). Además, las profesoras constituían solo el 30 % de todo el claustro docente de las universidades públicas de Uganda (Sistema de Información sobre la Gestión Educativa, 2015).
En 2014, el Gobierno promulgó la Ley de la Junta de Financiación para Estudiantes de Educación Superior, que ofrece préstamos para aumentar el acceso de las jóvenes a la educación terciaria. La matriculación total de mujeres en la educación terciaria presentó una mejora mínima, pues pasó del 43,2 % en 2007 al 44,3 % en 2016 (ficha técnica del Ministerio de Educación y Deportes).
El Gobierno ha puesto en marcha intervenciones intencionadas para promover la igualdad de oportunidades entre los niños y las niñas en la educación y la formación comercial, técnica y profesional transversalizando la perspectiva de género en el Plan Estratégico de Educación y Formación Comercial, Técnica y Profesional 2011-2020 (también denominado “Skilling-Uganda”) y concediendo becas a los estudiantes con mejor rendimiento.
El Gobierno está llevando a cabo la Iniciativa Presidencial sobre Ciencia y Tecnología en colaboración con el Instituto de Investigaciones Industriales de Uganda, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Uganda y el Instituto Científico de la Universidad Makerere. Esas iniciativas han aumentado la matriculación de las jóvenes en la educación superior, que pasó del 28,5 % en 2007 al 34,6 % en 2016 (ficha técnica del Ministerio de Educación y Deportes).
Las autoridades locales de los distritos y subcondados deben garantizar que las vías de acceso a las escuelas sean transitables y seguras y estén mantenidas como corresponde. Los distritos tienen el mandato, conforme al capítulo 243 de la Ley de Administración Local y la Directiva Presidencial de 2010, de velar por que la infraestructura vial sea adecuada.
En los cuatro últimos años, el Gobierno ha trabajado para definir metas normativas sobre la distancia mínima a los centros de desarrollo de la primera infancia y las escuelas de educación primaria. El Gobierno aprobó directrices aplicables al sector educativo según las cuales se establecía que ningún niño tuviera que viajar más de 4 km para llegar a la escuela. El Gobierno sigue alentando a los inversionistas privados a que instalen centros de educación de la primera infancia en las proximidades de las escuelas primarias, por lo que se han creado centros y escuelas de ese nivel conforme al marco de orientación, como se muestra en la figura 14 del anexo 7.
En 2016, el Ministerio de Educación y Deportes asignó 10 millones de dólares de los Estados Unidos. para aplicar el Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas, que aborda la reticencia de las mujeres iks a enviar a sus hijas a la escuela (Ministerio de Educación y Deportes, Marco de Planificación de los Pueblos Indígenas, 2016). El Ministerio de Educación y Deportes está elaborando un marco relativo a los grupos vulnerables y marginados para el proyecto de ampliación de la educación secundaria universal de 2019 en consulta con los pueblos benet, batwa, ik y karimajong de los distritos de Bundibugyo, Kabale, Kasese, Moroto, Kaabong y Kween.
El Gobierno facilitó la construcción de 22 internados en Karamoja, con la asistencia de los asociados para el desarrollo. Se ha dado prioridad al fomento de la educación de las niñas en Karamoja, dado que allí predominan la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces. Se han construido residencias para estudiantes mujeres en siete instituciones de formación profesional de las regiones de Karamoja, Rwenzori y Albertine (Ministry of Gender, Labour and Social Development, 2019:48). Por último, el Gobierno ha rehabilitado cinco institutos nacionales de formación docente en Unyama, Kabale, Mubende, Kaliro y Muni con el objeto de promover entornos de aprendizaje seguros y accesibles. Estos institutos de formación cuentan con instalaciones aptas para mujeres, como incineradores, guarderías e instalaciones para mujeres con discapacidad, y reciben apoyo para idear y aplicar programas que respondan a las cuestiones de género.
Párrafo 34: El Comité pide al Estado parte que garantice la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado de trabajo, de conformidad con el artículo 11 de la Convención.
Las mujeres tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones que los hombres a cambio de una remuneración igual y con los mismos derechos y protecciones que sus pares varones. En el artículo 33 3) de la Constitución se prevé la protección de la mujer y sus derechos y se tienen en cuenta sus contribuciones singulares a la sociedad mediante el trabajo de cuidados no remunerado y, cuando corresponde, su condición de madre en la comunidad. El artículo 40 de la Constitución faculta al Parlamento a aprobar leyes que garanticen condiciones de trabajo seguras para todas las personas y el artículo 40 4) dispone que los empleadores deben conceder a las mujeres protección durante el embarazo y después del parto, de conformidad con la ley. El Gobierno también ha ratificado varios convenios internacionales de derechos humanos que protegen los derechos de los trabajadores, entre los que se cuentan varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, a través de la Dirección de Trabajo, Empleo y Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene a su cargo la administración laboral en el país. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 2006, la Ley de Empleo de 2006, el Reglamento de Empleo de 2011, la Política Nacional de Empleo de Uganda de 2011 y el Reglamento de Empleo (Acoso Sexual) de 2012 tienen por objeto velar por el empleo decente y remunerado para todas las personas, incluidas las mujeres. En virtud de la Ley de Empleo, las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad de 60 días hábiles con sueldo completo y a volver a su puesto de trabajo.
El Reglamento de Empleo de 2011, que pone en práctica la Ley de Empleo de 2006, prevé el acceso a la seguridad social, la licencia de paternidad y maternidad, las vacaciones anuales remuneradas, el equipo de protección laboral, si corresponde, la asistencia médica y la no discriminación en todos los lugares de trabajo. El Reglamento también faculta a los funcionarios de asuntos del trabajo de las administraciones locales a realizar inspecciones laborales y verificar que los empleadores cumplan las normas antes mencionadas. Para eliminar la segregación laboral horizontal y vertical y promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el lugar de trabajo, el Gobierno puso en marcha la Política Nacional de Empleo que estipula que todas las personas deben trabajar en condiciones libres, iguales y dignas, por una remuneración justa.
El Reglamento de Empleo (Acoso Sexual) de 2012 lleva a la práctica el artículo 7 de la Ley de Empleo. El Reglamento dispone que todos los empleadores deberán tener una política de acoso sexual por escrito, establecer un comité sobre el acoso sexual y mecanismos y procedimientos de denuncia para fomentar la notificación y el tratamiento adecuados de los casos de acoso sexual en el lugar de trabajo. Además, el artículo 9 4) de la Ley de Empleo exige que cada comisión distrital de servicios designe a un funcionario de asuntos del trabajo y a otro funcionario que administre la aplicación de la ley. Por lo tanto, los casos de acoso sexual pueden ser denunciados al Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social tanto en los distritos como en la sede, lo que garantiza que se los tome en serio en todos los niveles de gobierno y fomenta la tolerancia cero del acoso sexual en los espacios de trabajo de todo el país.
El Gobierno ha conformado sólidas alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en su intento de satisfacer las necesidades de las mujeres empresarias, que constituyen el 52,4 % de los 16,3 millones de personas en edad de trabajar (Employment Diagnostics Analysis Report, 2018). Las mujeres que tienen un empleo remunerado constituyen el 33 % de la población femenina empleada, mientras que las que trabajan por cuenta propia representan el 51 %. En la figura 18 y el cuadro 25 del anexo 8 se compara en detalle el empleo de mujeres y hombres en diversos sectores.
Junto con los asociados de las Naciones Unidas, el Gobierno comenzó a ejecutar el Programa de Empleo Verde, dirigido tanto a las mujeres como a los jóvenes con formación y no formados, a fin de promover el trabajo sostenible y ecológico. En el marco de este proyecto, se dota a las mujeres de los recursos que necesitan para participar en empresas jua kali, en tareas como la fabricación de cocinas ecológicas, el reciclado, la recogida de basura y la sastrería.
En 2018, el Gobierno puso a prueba un plan de voluntarios graduados dirigido a los jóvenes que tenían un diploma de posgrado para que una organización los tomara como voluntarios durante un año. Este plan exigía que el 50 % de los beneficiarios fueran mujeres jóvenes. Además, el programa Skilling the Girl Child enseña a las jóvenes labores como la sastrería, la cestería, el bordado, el tejido de punto, la confección de zapatos y la panadería, entre otras.
La Política de Contenido Nacional de 2007 da prioridad al empleo de los ugandeses, a la contratación de empresas nacionales en proyectos de infraestructura y al uso de productos de fabricación nacional. El principal objetivo de la política es beneficiar a las pequeñas y medianas empresas y, así, a las mujeres empresarias. La aplicación está en curso y el 67 % de las sumas de los contratos se adjudican a empresas nacionales, lo que supone un aumento respecto del 61 % registrado en 2016-2017 (véase la figura 27 del anexo 14).
Más del 95 % de las mujeres trabajan en la economía informal; las mujeres constituyen el 48 % del personal de las empresas del sector (Employment Diagnostics Analysis Report, 2018). La Comisión de Igualdad de Oportunidades, en su evaluación de los documentos de marco presupuestario y las declaraciones de política ministerial, ha subrayado la necesidad de intervenir en la economía informal.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades ha auditado programas como el de medios de subsistencia para la juventud y el de mujeres empresarias de Uganda para determinar si cumplen con las normas de igualdad de oportunidades en lo que respecta a la distribución de los servicios en todos los distritos de Uganda (Equal Opportunities Commission, 2017-2018). Los resultados de los estudios efectuados por la Comisión en esta esfera ayudarán en gran medida a racionalizar la respuesta del Gobierno a las trabajadoras de la economía informal. El Ministerio de Comercio, Industria y Cooperativas está enseñando a las vendedoras ambulantes a hacer artesanías y ayudándolas a formalizar su emprendimiento.
El Ministerio de Administración Local, con la asistencia del Banco Africano de Desarrollo, invirtió en la construcción de mercados centrales para los comerciantes de los municipios de Kampala, Jinja, Mbale, Lira, Gulu, Hoima y Fort Portal en el marco del Proyecto de Mejora de los Mercados y el Comercio Agrícola. La intervención tuvo por objeto mejorar y reconstruir los mercados urbanos para satisfacer mejor las necesidades de los comerciantes y aliviar los problemas estructurales actuales, como el saneamiento deficiente, la falta de acceso para las personas con discapacidad y la ausencia de servicios de guardería.
El Gobierno, en colaboración con la OIT, formuló el Programa de Trabajo Decente de Uganda 2013-2017 para proteger mejor la maternidad de las mujeres que trabajan en el sector informal. El Reglamento de Empleo (Contratación de Trabajadores Migratorios Ugandeses en el Extranjero) de 2005 y las directrices sobre la contratación y la inserción de trabajadores migratorios en el extranjero de 2015 (Guidelines on Recruitment and Placement of Migrant Workers Abroad) ofrecen orientación sobre la concesión de licencias a las empresas, y la contratación y la protección de los trabajadores migratorios. El objetivo de este reglamento es prevenir la trata de personas y reducir el riesgo al que se exponen los migrantes ugandeses al trabajar en el extranjero.
Párrafo 36: El Comité insta al Estado parte a que tome todas las medidas necesarias para mejorar el acceso de la mujer a información y servicios de atención de la salud y relacionados con ella, en el marco de la recomendación general núm. 24 sobre el artículo 12.
La Constitución de 1995 otorga a todos los ugandeses el derecho de acceso a la educación, a los servicios de salud, al agua potable, al trabajo, a una vivienda digna, a vestimenta suficiente, a la seguridad alimentaria y a las prestaciones de pensión y jubilación. El plan Uganda Vision 2040 destaca la necesidad de concebir un sistema de seguro médico universal mediante alianzas público-privadas.
El Gobierno ha elaborado varios planes estratégicos para satisfacer las necesidades sanitarias interrelacionadas de las mujeres ugandesas y promover el acceso a una amplia gama de servicios de salud en todos los distritos, incluidas las zonas de difícil acceso. El Plan de Desarrollo del Sector de la Salud para el período comprendido entre 2015-2016 y 2019-2020, la Política Nacional de Salud de 2010 y el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/Sida 2015-2020 son las principales políticas que guían la prestación de servicios de salud a las mujeres.
La esperanza de vida de las mujeres de Uganda es superior a la de los hombres: 64,2 años frente a 62,2 años (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2014). Aunque la población de Uganda sigue siendo predominantemente joven, la esperanza de vida de las mujeres ha ido aumentando sin interrupción, pues ha pasado de los 47 años en 1969 a los 50 en 2002 y a los 62,2 en 2014, lo que refleja que el Gobierno ha redoblado los esfuerzos para resolver los problemas de las mujeres, incluso en los contextos rurales y de difícil acceso en los que las mujeres presentan cifras más altas de VIH/sida, mutilación genital femenina y violencia de género (véanse las figuras 9 y 10 del anexo 5).
El sector de la salud de Uganda ha destinado 700 millones de chelines ugandeses a la construcción de una unidad especializada de neonatología y atención materna en el Hospital de Mulago, 1.000 millones a un hospital regional de cirugía pediátrica, 83.400 millones al Proyecto de Mejora de los Servicios de Salud Reproductiva y Maternoinfantil de Uganda y 753.660 millones al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Ministry of Finance, Planning and Economic Development, 2018). El Ministerio de Relaciones Exteriores está construyendo una planta farmacéutica en Jinja/Mukono por un valor aproximado de 10 millones de dólares de los Estados Unidos en colaboración con la empresa Pearl Health Sciences Limited de la India (Equal Opportunities Commission, 2018-2019).
Atención de la salud materna
La mejora de la atención de la salud materna es una prioridad de las iniciativas dirigidas a reducir el cociente de mortalidad materna de Uganda. El informe sobre el examen de las defunciones maternas y perinatales de 2014-2015 reveló que el cociente de mortalidad materna obedecía en gran medida a las demoras en la solicitud de atención (60 %) y la falta de apoyo del cónyuge (24 %). Una de las prioridades estratégicas del Plan de Desarrollo del Sector de la Salud para el período comprendido entre 2015-2016 y 2019-2020 es bajar el cociente de mortalidad materna y hacer realidad los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, ya que las tendencias de los indicadores del desempeño del sector de la salud revelaron mejoras de la salud materna con el correr de los años: el cociente de mortalidad materna bajó un 20,2 %, puesto que se notificaron 524 muertes en 2000-2001 y 368 en 2016 (Uganda Demographic and Health Survey 2016).
Los planes nacionales de salud dan prioridad a la atención obstétrica de las mujeres embarazadas y a la asistencia cualificada en el parto. En 2017, el 47,6 % de las mujeres embarazadas habían consultado con un médico cuatro veces o más durante su embarazo, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (NHPS, 2017). El porcentaje de mujeres que recibieron alguna forma de atención prenatal de un prestador cualificado aumentó del 95 % en 2011 al 97 % en 2016. También aumentó del 58 % en 2011 al 74 % en 2016 el porcentaje de partos atendidos por un prestador cualificado. El porcentaje de mujeres que dieron a luz en centros de salud aumentó del 57 % en 2011 al 73 % en 2016.
El Gobierno puso en marcha el Plan Nacional de Cobertura de Salud Mínima de Uganda, que ofrece atención prenatal y obstétrica de urgencia y da asesoramiento nutricional a las mujeres embarazadas y lactantes.
La tasa de mortalidad de menores de 5 años ha ido disminuyendo: de 90 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2011 a 64 muertes en 2016 (Uganda Demographic and Health Survey 2016). La tasa de mortalidad de menores de 1 año disminuyó de 54 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2011 a 43 muertes en 2016, mientras que la tasa de mortalidad infantil bajó de 38 muertes cada 1.000 nacidos vivos en 2011 a 22 muertes en 2016, lo que indica que ha mejorado la atención de la salud infantil.
Embarazo en la adolescencia
Por conducto del Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social, el Gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y al Embarazo en la Adolescencia con el objetivo de abordar de una manera holística la cuestión del matrimonio infantil, el embarazo en la adolescencia, la maternidad infantil, la viudez infantil, la violencia contra las niñas y la propagación de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida. Según la Encuesta Demográfica y de Salud de Uganda de 2016, el 25 % de las adolescentes de 15 a 19 años habían comenzado a tener hijos, cifra que no ha cambiado desde 2005. El Gobierno ha tomado medidas para incorporar la salud sexual y reproductiva en la educación primaria y secundaria. En 2018, elaboró el Marco Nacional de Sexualidad para normalizar la educación sexual en el país. Además, está aplicando un Plan Multisectorial para 2015-2020 para aumentar el uso de anticonceptivos e integrar las intervenciones en todos los sectores y a todos los niveles. En el Plan se da prioridad a que los centros de salud dispongan de sectores atractivos para la juventud a fin de concienciar sobre la planificación familiar a los jóvenes, en especial a las chicas, intervenciones que lograron aumentar el uso de anticonceptivos entre las mujeres del 30 % en 2011 al 39 % en 2016. La Encuesta Demográfica y de Salud de 2016 reveló que había aumentado el uso de métodos de planificación familiar entre la población femenina de 15 a 49 años del 13,4 % en 1995 al 50,6 % en 2016 (véase el cuadro 30 del anexo 9).
Cáncer
Se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional para la Prevención y el Control del Cáncer Cervicouterino en Uganda para 2010-2014 con el propósito de mejorar el acceso a las medidas de prevención primaria y secundaria. El sector de la salud también está aplicando una estrategia integrada que prevé la vacunación, la atención obstétrica de urgencia y los servicios de tamizaje y detección del cáncer cervicouterino y de mama de mujeres y adolescentes.
Salud mental
El Parlamento de Uganda ha avanzado considerablemente en la protección de los derechos de los enfermos mentales, incluidas las mujeres, mediante la aprobación de la Ley de Salud Mental de 2014, por la que se reconoce que las enfermedades mentales son un problema de salud pública y se prevén protecciones jurídicas y normas eficaces para tratar a las personas que padecen enfermedades mentales, incluidas las mujeres encarceladas. La salud mental está integrada en la Política Nacional de Atención de la Salud Mental de Uganda, que prevé la descentralización de los servicios de salud mental en los hospitales regionales de referencia.
Párrafo 38: El Comité insta al Estado parte a que vele por la aprobación expedita del proyecto de política nacional sobre VIH/sida y la Ley de Prevención y Control del VIH/Sida.
VIH y sida
A pesar de los enormes progresos realizados para poner fin al VIH y al sida, las mujeres y las niñas siguen estando expuestas de manera desproporcionada a contraer la infección por el VIH debido a factores biológicos, sociales, culturales y económicos. Hasta 2017, la prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 64 años era del 6,2 %, es decir, había alrededor de 1,2 millones de personas infectadas. En cuanto a la prevalencia en función del sexo, era del 7,6 % entre las mujeres y del 4,7 % entre los hombres (Uganda Population-Based HIV Impact Assessment 2016-2017).
La prevalencia del VIH entre las adolescentes y mujeres jóvenes ugandesas de 15 a 24 años era cuatro veces mayor que la de los hombres del mismo grupo etario. La prevalencia era mayor en las zonas urbanas (9,8 %) que en las zonas rurales (6,7 %) y las mujeres de la zona sudoccidental, la zona central del norte y Kampala presentaban la prevalencia más alta (Uganda Population-Based HIV Impact Assessment 2016-2017; véanse las figuras 22 y 23 del anexo 9).
El Gobierno ha aplicado leyes, políticas, planes y programas para luchar contra la epidemia de VIH y sida. Uganda adoptó las directrices mundiales para poner fin a la epidemia de VIH, que contienen metas dirigidas a acabar con la epidemia de sida para 2030, reducir a cero las nuevas infecciones, la mortalidad secundaria al VIH y al sida y la discriminación, y lograr una generación sin sida.
La política del Gobierno en materia de VIH y sida es el marco que orienta las iniciativas dirigidas a impedir la propagación del VIH y mitigar los efectos socioeconómicos del VIH y el sida. La Ley de Prevención y Control del VIH/Sida de 2015 aborda la prevención, el control, la protección, el asesoramiento y las pruebas de detección del VIH y el sida. Se han elaborado directrices sobre la prevención y la atención del VIH y el sida, así como sobre el apoyo a los trabajadores seropositivos.
Otros marcos de orientación son la Estrategia Multisectorial de Movilización de Recursos en pro de la Lucha contra el VIH/Sida para el período comprendido entre 2015-2016 y 2020, y la Política Nacional sobre el VIH/Sida y el Mundo del Trabajo, que promueve los principios de no discriminación, igualdad de género, confidencialidad y mayor participación de las personas que viven con el VIH/sida en la prevención, el tratamiento y la atención de los pacientes en el mundo del trabajo. El Gobierno también publicó un manual sobre el VIH y el sida dirigido a los magistrados y otros profesionales del derecho para concienciarlos sobre el tema.
En junio de 2017, el Excmo. Presidente de la República de Uganda puso en marcha una iniciativa acelerada que promueve la participación masculina en el control, la atención y el apoyo en relación con el VIH como estrategia para reducir las nuevas infecciones entre las mujeres jóvenes. Además, se han elaborado directrices sobre la implicación de los hombres en la salud sexual y reproductiva con el fin de fomentar la participación de los hombres en las actividades de salud reproductiva y promover una mayor conciencia acerca de las prácticas positivas a este respecto, en especial en las zonas rurales.
El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha entablado un diálogo con las instituciones culturales para redactar mensajes sobre epidemias como la del VIH y el sida que tengan en cuenta la cultura y para efectuar investigaciones sobre los cambios de comportamiento necesarios para luchar contra el VIH y el sida. El Ministerio concibió un sistema de puntuación nacional que tiene por objeto dar seguimiento a los programas de género y VIH y sida. Este sistema ha mejorado la respuesta institucional al VIH y el sida en diversos sectores. El Centro Nacional de Información sobre el Sida ha creado un portal nacional en línea en el que se gestiona el conocimiento sobre el VIH que oficia de centro de información e incluye una base de datos de interesados y un mapa de sus actividades a nivel local y nacional.
Párrafo 40: El Comité insta al Estado parte a que siga intensificando la aplicación de programas de desarrollo y de reducción de la pobreza que tengan en cuenta las cuestiones de género en las zonas rurales y urbanas y a que preste especial atención a las mujeres batwa en la elaboración de esos programas.
Uganda está poniendo todo su empeño en convertirse en un país de ingreso mediano a más tardar en 2040 y está aplicando políticas y programas que irán empoderando a las mujeres progresivamente. Los tribunales de Uganda entienden que el principio de realización progresiva significa que el Estado tiene la obligación de fijar metas alcanzables y aplicarlas de forma gradual y sostenible para que la población goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Es fundamental situar esta labor en el contexto de los recursos de que dispone el Estado parte. No obstante, el Gobierno de Uganda está obligado a tomar medidas concretas y específicas para subsanar la desigualdad entre los hombres y las mujeres instituyendo planes socioeconómicos.
El Gobierno se ha comprometido a aumentar la diversidad y la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente del género, la tribu, el origen étnico o la religión, y a cuidar y proteger a los grupos vulnerables para que logren sus objetivos económicos (Uganda Vision 2040). También se ha comprometido a aumentar la media del ingreso anual per cápita de 1,8 millones de chelines ugandeses, cifra registrada en 2010, a 34 millones en 2040 y a reducir la prevalencia de la pobreza del 21,4 %, porcentaje correspondiente a 2016-2017, al 5 % en 2040 (Uganda Vision 2040). En este contexto, el Segundo Plan Nacional de Desarrollo ofrece un marco general para lograr el empoderamiento socioeconómico de las mujeres.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades vigila que la presupuestación y la planificación de los ministerios, departamentos y organismos cumplan las directrices relativas al género y la equidad a fin de que se planifiquen y presupuesten como corresponde las necesidades de los grupos vulnerables como las mujeres, los jóvenes, los niños con necesidades especiales, las minorías étnicas, las personas de edad, los pobres de las zonas rurales y otros grupos marginados.
Antes de aprobar el presupuesto nacional, el Parlamento exige a los ministerios, departamentos y organismos que presenten un certificado de que cumplen las normas relativas al género y a la equidad. Las organizaciones de la sociedad civil, como Forum for Women in Democracy, Action for Development y Uganda Women’s Network, son muy activas en su defensa de la presupuestación que tiene en cuenta el género y la equidad.
La Ley de Gestión de las Finanzas Públicas de 2015 faculta a la Comisión de Igualdad de Oportunidades a examinar que las declaraciones ministeriales de políticas respondan a las cuestiones de género, se ajusten a las normas de presupuestación y planificación que tienen en cuenta el género y la equidad e incluyan intervenciones dirigidas a las mujeres. De las 142 entidades con voto evaluadas en 2018, 140 (98,6 %) correspondieron a aquellas cuya declaración de misión reflejaba un compromiso efectivo con la inclusión. Además, se determinó que los objetivos estratégicos de 81 de las entidades (56 %) cumplían al menos con un 80 % de las normas de la presupuestación que tiene en cuenta el género y la equidad.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades, el Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico, el Parlamento y la Asociación de Mujeres Parlamentarias de Uganda se encargaron de capacitar a 35 instructores nacionales y certificar su formación en materia de presupuestación que tiene en cuenta el género y la equidad. Esos funcionarios capacitan al personal de la administración central y local para que incorporen las cuestiones de género y equidad en la planificación y la presupuestación. A fin de recibir al número cada vez mayor de refugiados, la Oficina del Primer Ministro está adquiriendo terrenos en Namanve para construir otro almacén central o de socorro por un valor de 800 millones de chelines ugandeses. Esta medida mejoraría la respuesta inmediata a las necesidades interrelacionadas de las mujeres refugiadas, incluidas las niñas, las mujeres embarazadas, las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad.
Por otra parte, el Gobierno asignó 16.743 millones de chelines ugandeses a las personas con discapacidad y a las personas de edad, 65.667 millones al Programa de Medios de Subsistencia para la Juventud y 3.782 millones al Programa de Protección Social para Grupos Vulnerables. Otras intervenciones programáticas para lograr el empoderamiento económico de las mujeres son el Programa de Mujeres Empresarias (al que se han asignado 38.734 millones de chelines ugandeses), el Subsidio de Asistencia Social para el Empoderamiento, la Operación de Creación de Riqueza y el Programa de Desarrollo Impulsado por las Comunidades. El Programa de Mujeres Empresarias y el Programa de Medios de Subsistencia para la Juventud están destinados a las mujeres y los jóvenes y tiene por objeto generar riqueza ofreciéndoles préstamos asequibles que, de lo contrario, no obtendrían de los bancos comerciales, con el fin de que agreguen valor y les resulte más sencillo acceder a los mercados con sus bienes y servicios, mejoren su capacidad empresarial y se fomente el ahorro. Aunque los préstamos del Programa de Mujeres Empresarias se conceden sin garantía, han presentado un alto porcentaje de cancelación, del 80,1 %. Hasta abril de 2019, se habían financiado 9.381 proyectos de mujeres, que beneficiaron directamente a 117.551 mujeres, principalmente mujeres de las zonas rurales, que constituyen el 80 % de las beneficiarias del programa. Desde su inicio en el ejercicio económico 2013/14, el Programa de Medios de Subsistencia para la Juventud ha financiado 17.850 proyectos que llegaron a 216.366 beneficiarios, el 46 % de los cuales son mujeres jóvenes.
En el ejercicio económico 2017/18, el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social invirtió 17.500 millones de chelines ugandeses en el Fondo de Capital de Riesgo para la Juventud, con lo que se financió más de 4.450 proyectos que ayudaron directamente a las mujeres de 18 a 30 años que buscaban trabajar de forma independiente o en grupo. Cabe destacar que, desde la creación del Fondo, el 90 % de los jóvenes que han recibido dinero eran prestatarios particulares. El Gobierno también puso en marcha el Subsidio Especial para las Personas con Discapacidad, que también beneficia a las mujeres.
Mujeres vulnerables y marginadas, en particular las batwa
El artículo 32 de la Constitución de 1995 dispone que se deben tomar medidas de acción afirmativa que favorezcan a los grupos que siempre estuvieron desfavorecidos. La Constitución de Uganda describe que los pueblos indígenas son grupos vulnerables y marginados, término que también se utiliza en esta sección del informe.
El Gobierno ha ampliado el alcance de las iniciativas existentes dirigidas a reducir la pobreza para incluir a los grupos vulnerables. El Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo Social ha documentado el patrimonio cultural de los pueblos alur, ik y basongora para conservar sus normas culturales y fundamentar la toma de decisiones respecto de su protección.
El Gobierno ha tomado medidas creativas para empoderar a las mujeres batwa marginadas. En los últimos años, el Ministerio de Turismo, Vida Silvestre y Antigüedades inició la experiencia “Batwa-Bwindi”, que incluye a las mujeres batwa en las iniciativas turísticas y cuyos beneficios se devuelven a la comunidad. El objetivo del Ministerio de Turismo es reducir la pobreza entre las mujeres batwa dotándolas de competencias contemporáneas que se ajusten a su estilo de vida, por ejemplo, la cestería.
Párrafo 42: El Comité exhorta al Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias para incrementar y reforzar la participación de las mujeres en el diseño y aplicación de los planes locales de desarrollo, y a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en particular las que son cabeza de familia, asegurándose de que participan en los procesos de adopción de decisiones y tienen un mejor acceso a servicios sanitarios, educativos y de suministro de agua limpia y saneamiento, así como a tierras fértiles y a proyectos de generación de renta.
Mujeres de zonas rurales
En 2017, residían en zonas rurales el 70,6 % de las mujeres y el 72,9 % de los hombres (National Governance, Peace and Security, 2017). La prevalencia de la pobreza siguió presentando valores altos en las zonas rurales, pues fue del 34,2 % en 2005-2006 y del 30,8 % en 2016-2017, frente al 13,7 % en 2005-2006 y el 15,2 % en 2016-2017 de los valores correspondientes a las zonas urbanas (Employment Diagnostics Analysis Report, 2018). Por tanto, en el marco del Segundo Plan Nacional de Desarrollo, se están ejecutando varios proyectos subsectoriales relacionados con el agua y el saneamiento, la gestión de los recursos y los planes de acceso a la tierra. Se han puesto en marcha iniciativas para mejorar la calidad de vida de la mujer rural, lo que incluye el acceso a servicios de salud, educación, agua y electricidad de la mejor calidad posible, así como la disponibilidad de cooperativas y planes para generar renta a fin de romper el ciclo de la pobreza que desempodera a la mujer rural y le anula la capacidad de mantener a su familia.
Mujeres cabeza de familia
En 2016 y 2017, los hogares encabezados por mujeres constituían el 30,5 % de la población total mientras que los hogares encabezados por hombres constituían el 69,5 %. La pobreza era mucho mayor en los hogares encabezados por mujeres, en particular cuando las mujeres se habían divorciado o habían enviudado (Censo Nacional de Población y Vivienda, 2014). Dado que encabezar un hogar determina la propiedad y la distribución de los bienes productivos, el grado de instrucción, el empoderamiento económico y la intervención y la participación de la familia en la vida pública, el Gobierno determinó que era prioritario evaluar las necesidades específicas de los hogares encabezados por una mujer en su estrategia para lograr la paridad de género (proyecto de política de género de Uganda, 2019).
El Gobierno promueve el liderazgo inclusivo en materia de género en las administraciones locales para mejorar la planificación y la ejecución de programas que tengan en cuenta las cuestiones de género. La Ley de Administración Local de 2015 prevé la representación de la mujer en los procesos decisorios de todos los niveles de gobierno. Las mujeres constituyen el 33 % de quienes integran las juntas de tierras, el 34 % de los comités zonales de tierras y al menos una tercera parte de los comités de usuarios de agua.
En 2015, el Ministerio de Administración Local puso en marcha el Proyecto de Restablecimiento de los Medios de Subsistencia en la Región Septentrional para aumentar los ingresos y la seguridad alimentaria de los hogares vulnerables de la zona rural septentrional y ayudar a la región a recuperarse. El proyecto tiene por objeto empoderar al menos a 140.000 hogares, es decir, al 40 % de la zona donde se ejecuta. El Gobierno, con una importante contribución del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, ha asignado al proyecto 70,9 millones de dólares de los Estados Unidos.
El Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial de la Mujer de Uganda presta especial atención a las mujeres que trabajan en la agricultura de subsistencia y el sector informal, lo que beneficia en particular a las mujeres de las zonas rurales que carecen de las garantías necesarias para acceder a otras opciones de financiación. El programa también procura ayudar a las mujeres a acceder a las tecnologías apropiadas, a las competencias empresariales y a los mercados para vender sus productos y servicios. Además, instruye a las mujeres sobre los procesos decisorios antes de concederles los fondos a fin de que saquen el mejor partido posible del programa.
La política sobre microempresas y pequeñas y medianas empresas de 2015 mejora la equidad de género, promueve la inclusión y apoya los modelos empresariales respetuosos del medio ambiente para lograr el desarrollo sostenible. La política complementa el Programa de Fomento de la Iniciativa Empresarial de la Mujer, pues promueve la independencia económica y social de las mujeres abordando las desventajas geográficas, históricas y estructurales que las afectan.
El Plan de Subsidios de Asistencia Social para el Empoderamiento ofrece transferencias en efectivo a intervalos regulares y fiables a los ancianos. El plan está dirigido a las personas más pobres de la población, incluidas las mujeres, y el 90 % de los beneficiarios se encuentran en las zonas rurales de Uganda. Hasta la fecha, ha llegado a 149.091 personas de edad, de las cuales 88.890 (60 %) son mujeres y 60.201 (40 %) son hombres. Hasta julio de 2017, el programa había llegado a 112 distritos.
El Banco de Uganda comenzó a ejecutar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que propone un marco para fortalecer los vínculos entre las asociaciones locales de ahorro y préstamo y el sector financiero a fin de subsanar las deficiencias de accesibilidad en el entorno rural. Está previsto que la Estrategia refuerce la inclusión de las mujeres de las zonas rurales en los procesos financieros formales.
Tierra y agricultura
El Gobierno se propone transformar el sector agrícola capacitando a su población para que transforme la agricultura de subsistencia en agricultura comercial. Dado que los agricultores de subsistencia son sobre todo mujeres de las zonas rurales (53 %), las iniciativas apuntan a mejorar directamente los medios de subsistencia de las mujeres. El sector agrícola asignó 117.601 millones de chelines ugandeses para conceder licencias a 300 empresas o particulares a fin de que exportaran productos agrícolas y capacitó a más de 1.000 personas en tecnologías de manipulación de cultivos después de la cosecha para ayudar a los agricultores rurales y a los de zonas de difícil acceso (ejercicio económico 2018/19). El Gobierno también entrega tierras a las mujeres refugiadas para que las cultiven y mejoren sus medios de subsistencia.
Las tierras agrícolas que son propiedad de mujeres han aumentado de un promedio del 15 % en 2012 al 28 % en 2017 (Uganda National Household Survey, 2012/13-2017/18). El Gobierno aprobó el capítulo 227 de la Ley de Tierras en 2010 y la Política de Tierras en 2013 para promover la seguridad de la tenencia de la tierra de las mujeres. La Ley de Tierras prohíbe la discriminación de las mujeres y los niños en lo que respecta a la propiedad, la ocupación y el uso de la tierra, y exige su autorización antes de disponer, hipotecar o transferir una tierra de la que la familia obtiene el sustento.
Acceso a la asistencia sanitaria
El Gobierno ha instalado centros de salud de nivel III en todos los subcondados del país para llegar a más personas, en especial a las de las zonas rurales. Estos centros están dirigidos por asociados médicos y ofrecen servicios básicos de salud, como atención prenatal, planificación familiar y vacunación a mujeres y niños.
Los centros de salud de nivel IV prestan servicios especializados como atención prenatal, vacunación, planificación familiar y salud reproductiva en la adolescencia y cuentan con quirófanos y laboratorios. También tienen pabellones solo para mujeres en los que se prestan servicios más especializados.
El Plan Estratégico del Sector de la Salud para el período comprendido entre 2010-2011 y 2014-2015 puso en marcha la estrategia de sistemas de salud locales, que reserva una tercera parte de los puestos del equipo de salud local para las mujeres. Los equipos de salud locales han sido fundamentales para movilizar y concienciar a las comunidades acerca de los servicios de atención primaria de la salud y las estrategias de lucha contra la pobreza.
Electrificación rural
En 2017, solo el 22 % de la población de Uganda tenía acceso a la electricidad: la población urbana con acceso era del 57 %, mientras que la rural era del 11,4 % (Banco Mundial, Energía Sostenible para Todos (SE4All), 2017).
Los hogares encabezados por mujeres de las zonas rurales se ven afectados de manera desproporcionada por los altos costos iniciales de la conexión a la red eléctrica, que incluye el cableado de las casas, los complejos procesos de instalación que exigen desplazamientos a las oficinas de los proveedores de servicios y los altos costos de la conexión. El Gobierno ha seguido adelante con sus programas de electrificación rural con el fin de impulsar la cobertura de la red eléctrica atendiendo a las necesidades de esos hogares vulnerables.
El Gobierno proporciona un entorno propicio para las inversiones del sector privado en la distribución de energía y recursos, en particular con la empresa Umeme. Con el objeto de aumentar la accesibilidad, Umeme ha ampliado su presencia en los medios sociales para ofrecer un canal en el que las personas planteen sus problemas, consultas y quejas utilizando un teléfono móvil. Umeme también tiene líneas telefónicas gratuitas a las que las mujeres pueden notificar emergencias y quejas y el sistema “Yaka”, una opción para prepagar la electricidad que tienen a su alcance los hogares ya conectados.
Se está poniendo en marcha el sistema de la Asociación Mundial para la Ayuda en Función de los Resultados en colaboración con el Banco Mundial. El propósito de este sistema es subvencionar las conexiones eléctricas de los hogares a fin de compensar los costos iniciales de conexión que impiden obtener electricidad a las familias rurales y a los hogares encabezados por mujeres en particular. El proyecto se propone beneficiar a las zonas recién electrificadas en las que la cartografía de la pobreza revela lagunas de cobertura.
La Oficina de Estadística de Uganda está trabajando para aumentar los datos desglosados en función del sexo en esta esfera a fin de medir el efecto que tienen estos programas en las mujeres rurales. Se han puesto en marcha iniciativas para hacer realidad los objetivos de Uganda en el marco del plan Uganda Vision 2040 (80 % de electrificación para 2040), el Segundo Plan Nacional de Desarrollo (30 % de electrificación para 2020) y la Estrategia y el Plan de Electrificación Rural (26 % de electrificación rural para 2022).
Agua y saneamiento
El 85 % de la población de Uganda depende del abastecimiento de agua a las zonas rurales (Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento Ambiental, 2017). En 2012, la distancia media para obtener agua potable en las zonas rurales y urbanas era de 0,7 km, frente a la meta de 0,2 km. La Estrategia de Género para el Agua y el Saneamiento 2018-2022 tiene el propósito de orientar la transversalización de la perspectiva de género en el abastecimiento del agua y el saneamiento y su objetivo es aumentar la cobertura del abastecimiento de agua en las zonas rurales del 65 % al 79 % para 2020 y lograr una cobertura del 80 % del saneamiento en las zonas rurales y del 100 % en las zonas urbanas para 2020.
La Política Hídrica Nacional de 1999 prevé la gestión de los recursos hídricos y exige que las mujeres ocupen al menos una tercera parte de las juntas de suministro de agua y de los comités de usuarios. Las mujeres representan el 31 % del personal y el 44 % de la dirección ejecutiva de la Corporación Nacional de Aguas y Alcantarillados. El porcentaje de mujeres que ocupaban puestos importantes en los comités de fuentes de agua se mantuvo en valores altos, del 86 % en 2015 y del 85 % en 2018. Además, las mujeres ocupaban el 53 % de los puestos importantes en los comités de gestión de las cuencas fluviales.
El sector de agua y medio ambiente facilitó la rehabilitación de la infraestructura hídrica en los distritos en los que las mujeres padecían inseguridad hídrica, como los distritos de Pallisa, Gomba y Bushenyi. El sector perforó un gran número de pozos en el marco del Proyecto Orom y dirigió proyectos de construcción para aumentar la conexión de las mujeres a las fuentes de agua. La funcionalidad de las fuentes de agua ha aumentado del 53 % en 2011 al 84 % en 2017 (Water and Environment Sector Performance Report 2017).
El Gobierno asignó 42.094 millones de chelines ugandeses al sector de agua y medio ambiente para mejorar el acceso de las mujeres rurales al agua y el saneamiento, en concreto instaurando planes de abastecimiento de agua con minituberías alimentadas con energía solar en las zonas rurales. El Gobierno también destinó 7.469 millones de chelines ugandeses a programas para mejorar el saneamiento de las comisarías y los puestos de policía fronterizos. Asimismo, asignó 1.475 millones de chelines ugandeses a las administraciones locales para poner a prueba tecnologías experimentales de captación pluvial en carreteras y otras tecnologías de energía renovable a fin de aumentar el acceso a los recursos energéticos de los hogares vulnerables y de algunas instituciones públicas de cinco localidades.
Párrafo 44: El Comité exhorta al Estado parte a que deje de considerar delictivo el comportamiento homosexual y ofrezca protección efectiva frente a la violencia y la discriminación contra la mujer basada en su orientación sexual y su identidad de género.
El artículo 21 de la Constitución de Uganda de 1995 dispone la igualdad de todas las personas ante la ley. La Ley contra la Homosexualidad de 2013 fue impugnada ante el Tribunal Constitucional de Uganda, por lo que quedó anulada. No hay datos que indiquen que las mujeres hayan sido discriminadas por su orientación sexual o identidad de género. No obstante, en Uganda, las relaciones y los matrimonios entre personas del mismo sexo siguen siendo ilegales en virtud del artículo 31 2) de la Constitución de 1995 y otras leyes como la Ley del Código Penal, capítulo 120.
Párrafo 46: El Comité exhorta al Estado parte a que preste especial atención a la situación precaria de las mujeres de edad y las mujeres con discapacidad y a que adopte todas las medidas necesarias para combatir la estigmatización y la discriminación de que sufren estas mujeres, por mediación tanto de agentes privados como de programas gubernamentales.
La población de personas de edad aumentó de aproximadamente 1,6 millones en 2012-2013 a 1,7 millones en 2016-2017 y representa alrededor del 5 % de la población de Uganda (Uganda Bureau of Statistics, 2017). El sector de desarrollo social del Gobierno considera prioritarias a las personas de edad y aplica programas de protección social dirigidos a las mujeres con discapacidad y a las mujeres de edad.
Entre los programas instituidos por el Gobierno se cuentan el Programa Comunitario de Rehabilitación y el Plan de Subsidios de Asistencia Social para el Empoderamiento. El Gobierno destinó 9.000 millones de chelines ugandeses al Plan de Subsidios en el ejercicio económico 2015/16 y prometió 149.000 millones para los cinco años siguientes, lo que demuestra su determinación de satisfacer las necesidades de las personas de edad.
En el marco del Plan de Subsidios, el Gobierno entrega el subsidio para las personas de edad, pensión social que también beneficia las mujeres. El Gobierno está ampliando este subsidio a todas las personas de 60 años en adelante, en el marco de un plan de implantación por etapas para llegar a otros 40 distritos en los ejercicios económicos 2015/16 a 2019/20. El plan de subsidios ha aumentado el acceso a la educación, la seguridad alimentaria, las oportunidades de empleo y la atención sanitaria de las mujeres de edad.
El Programa Comunitario de Rehabilitación tiene por objeto concienciar a los prestadores de servicios, las instancias decisorias, la familia de las personas con discapacidad y su respectiva comunidad sobre los derechos, las necesidades y las capacidades de las personas con discapacidad. Además, incorpora un sistema nacional de protección social que beneficia a los sectores más pobres de la población. En julio de 2017, el programa había llegado a 149.091 personas de edad en todas las zonas beneficiarias, de las cuales el 60 % (88.890) eran mujeres y el 40 %, hombres (60.201).
La Ley del Consejo Nacional para las Personas de Edad de 2013 creó el Consejo Nacional y la Secretaría para las Personas de Edad. La estructura del Consejo va desde el plano local hasta el nacional y exige que un tercio de los integrantes de su comité sean mujeres de edad. Tanto esta ley como la de Administración Local prevén la representación de las personas de edad, tanto hombres como mujeres, en los diversos niveles de la administración local.
La Política Nacional para las Personas de Edad de 2009 y la Política Nacional sobre Discapacidad de Uganda de 2006 constituyen el marco general de las iniciativas destinadas a las personas de edad y las personas con discapacidad. El Gobierno ha emprendido campañas de divulgación y en los medios de comunicación durante los días internacionales para conmemorar los derechos de las mujeres, las personas de edad y las personas con discapacidad.
El Gobierno ha creado un entorno para que las mujeres formen y administren cooperativas de ahorro y crédito como fuente de capital y movilización para generar ingresos. Las mujeres de esas cooperativas reciben información para trasmitirla a otras mujeres de su comunidad. Las integrantes de las cooperativas pueden pedir prestado hasta el 80 % de lo depositado con un interés nominal.
Las mujeres de edad que se han jubilado de la administración pública y del sector privado reciben su jubilación del Plan de Pensiones de la Administración Pública y de la Caja Nacional de Seguridad Social, respectivamente. En 2017, la Caja Nacional de Seguridad Social presentó una aplicación para teléfonos móviles (NSSFGo), creada en colaboración con una plataforma móvil para facilitar el acceso a los fondos de la Caja de todas las personas, en particular de las mujeres de edad en contextos rurales y de difícil acceso.
Mujeres con discapacidad
La política del Gobierno sobre la violencia de género de 2016 está dirigida a todas las personas, incluidas las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2014, la prevalencia de la discapacidad era del 12,5 % y las personas de edad con discapacidad (de 65 años en adelante) representaban el 2,1 % de la población.
El Gobierno ha trabajado para mejorar la vida de las mujeres con discapacidad aumentando su acceso a instalaciones adecuadas en el sistema educativo. A finales del ejercicio económico 2017/18, el sector educativo había realizado una evaluación de las necesidades especiales en 20 escuelas, construyó un taller de carpintería en Mbale, capacitó a 120 docentes sobre evaluación funcional de los estudiantes de educación especial, enseñó lengua de señas a 65 docentes de las escuelas para sordos de Wakiso y Mbale, y adquirió 28 máquinas Perkins y papel de escritura en braille y distribuyó los materiales entre 18 escuelas (Equal Opportunities Commission, 2018-2019).
Para el ejercicio económico 2018/19, el Gobierno asignó 3.320 millones de chelines ugandeses a la educación especial y otros 1.036 millones a la vigilancia, la evaluación y la ampliación de la infraestructura para los niños y las niñas con necesidades especiales.
Acceso a la justicia
El Gobierno promulgó la Ley de Defensa de los Pobres de 2000 y la Ley de la Abogacía (enmienda) de 2002 para aumentar el acceso a la justicia de las mujeres vulnerables, incluidas las mujeres con discapacidad. El Estado también aprobó el Reglamento de la Abogacía (Prácticas de los Estudiantes) de 2004 y el Reglamento de la Abogacía (Asistencia Letrada a Personas Indigentes) de 2007 para garantizar la accesibilidad a los servicios de asistencia letrada gratuita en el país. Se está examinando el proyecto de ley nacional de asistencia letrada, que tiene por objeto garantizar que todas las personas en Uganda tengan acceso a la asistencia letrada y a recursos jurídicos.
El plan de expedientes estatales, el plan de asesoramiento gratuito del Consejo Jurídico de Uganda y el proyecto del Centro de Justicia del sector de la justicia, la ley y el orden público se proponen mejorar el acceso a la justicia de las personas indigentes, incluidas las mujeres de edad con discapacidad. Otros mecanismos institucionales son el tribunal de la Comisión de Igualdad de Oportunidades, la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, la Oficina de Personas Vulnerables y los agentes no estatales del sector de las organizaciones no gubernamentales.
Los centros de justicia de Uganda, que prestan asistencia jurídica con un modelo de atención integral y ayudan a las mujeres con discapacidad, aumentaron en número de 23 a 459 en 2013-2014. Estos centros ofrecen representación jurídica, asesoramiento y derivación a servicios médicos y funcionan en diez distritos, ejecutan programas de divulgación comunitaria y entablan diálogos con la comunidad para ofrecer servicios de asesoramiento jurídico, representación y mediación que, en última instancia, conciencian a las niñas y las mujeres sobre sus derechos.
El sector de la justicia, la ley y el orden público está trabajando con la Sociedad Jurídica de Uganda y la sede de Uganda de la Federación Internacional de Abogadas para reforzar la prestación de servicios de asistencia jurídica a más de 20.000 mujeres y niñas. Como se explica en el artículo 5 42), el sector de la justicia, la ley y el orden público también celebró audiencias especiales sobre la violencia de género a modo de prueba como estrategia preliminar para crear un tribunal de delitos sexuales. En 2018, la Secretaría del sector de la justicia, la ley y el orden público puso a prueba un proyecto para resolver los casos de violencia de género mediante audiencias especiales de los tribunales penales en 14 juzgados del Tribunal Superior y de tribunales de primera instancia. Tras la conclusión satisfactoria del proyecto experimental, el Gobierno está considerando la posibilidad de crear una división especial del Tribunal Superior para que se ocupe de estos casos.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades concibió un pacto de género y equidad del sector de la justicia, la ley y el orden público para el período comprendido entre 2016-2017 y 2019-2020 que describe intervenciones prioritarias dirigidas a hacer frente a las cuestiones de género y de equidad y definir indicadores de desempeño en relación con los resultados y productos. Además, el sector de la justicia, la ley y el orden público preparó un informe en el que se examina la aplicación de la negociación de los cargos y la condena en Uganda, en particular los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia. Los informes han servido para formular directrices dirigidas a los fiscales en relación con la negociación de los cargos y la condena y otras reformas institucionales sobre el acceso de las mujeres a la justicia.
Párrafo 48: El Comité insta al Estado parte a que armonice la legislación civil, religiosa y consuetudinaria con el artículo 16 de la Convención y a que concluya su reforma legislativa en la esfera del matrimonio y las relaciones familiares.
El artículo 31 1) de la Constitución fija que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años y el artículo 33 6) prohíbe las leyes, culturas, costumbres o tradiciones que sean contrarias a la dignidad, el bienestar o los intereses de la mujer o que menoscaben su condición social. El artículo 31 3) de la Constitución prevé la igualdad de condición social entre el hombre y la mujer tanto en el matrimonio como en su disolución.
Uganda tiene cuatro regímenes matrimoniales basados principalmente en argumentos religiosos y culturales. En 2012, el Gobierno redactó el proyecto de ley de los tribunales de cadíes de conformidad con el artículo 129 1) d) de la Constitución, que faculta al Parlamento a establecer tribunales de cadíes que entiendan en asuntos sobre el matrimonio, el divorcio, la herencia de bienes y la tutela. En la actualidad, las chicas de 16 años pueden casarse con arreglo al derecho consuetudinario o las leyes islámicas y los padres pueden habilitar a los menores de 21 años a casarse en virtud de la Ley del Matrimonio. El proyecto de ley del matrimonio de 2009 tiene por objeto armonizar las diversas formas de matrimonio que se celebran en Uganda con la Constitución de 1995, el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4 y 5.
En 2013, el Noveno Parlamento aplazó el proyecto de ley del matrimonio y el divorcio de 2009 para celebrar más consultas sobre las disposiciones controvertidas, entre las que se contaban el intercambio de regalos maritales (precio por la novia), el consentimiento de los padres para que el menor contraiga matrimonio, la definición de los bienes gananciales, la división de los bienes al disolverse el matrimonio, la ruptura irremediable de la relación conyugal como causal de divorcio, el concubinato como forma de matrimonio y los derechos de propiedad de los concubinos, la denegación de los derechos conyugales y el título del proyecto de ley, que contenía los vocablos “matrimonio” y “divorcio”. El Décimo Parlamento tiene ante sí el proyecto de ley del matrimonio de 2017.
La judicatura de Uganda ha sido fundamental para dictar sentencias que protegen los derechos de las mujeres casadas y en concubinato pese al retraso de la aprobación del proyecto de ley del matrimonio. En la causa Mifumi and Others v. Attorney General and Anor, la judicatura proscribió el levirato y la práctica de exigir el reembolso del precio pagado por la novia. En la causa Uganda v. Yiga Hamidu and 2 others, la judicatura proscribió la violación marital y negó el argumento de que el pago del precio de la novia habilitaba al marido a ejercer derecho pleno sobre el cuerpo de su esposa. En la causa Hajj Musa Kigongo v. Olive Kigongo, el tribunal determinó que los bienes en litigio entre las partes que habían vivido en concubinato durante 27 años debían dividirse en partes iguales en virtud de la doctrina de los actos propios (estoppel).
Matrimonio infantil
El artículo 29 (capítulo 120) de la Ley del Código Penal (modificación) prohíbe mantener relaciones sexuales con niños, es decir, con personas menores de 18 años. La Ley de la Infancia, modificada en 2016, prohíbe los matrimonios formales e informales de personas menores de 18 años y califica la práctica de violencia contra los niños. El Gobierno formuló la Estrategia Nacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y al Embarazo en la Adolescencia para el período comprendido entre 2014-2015 y 2019-2020, que propone principalmente estrategias dirigidas a modificar la mentalidad de las comunidades e influir en el comportamiento social para que las comunidades rechacen esta práctica nociva. Las intervenciones previstas en la Estrategia consisten en mejorar el acceso de las niñas a la educación, mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, y empoderar a las comunidades para proteger a los niños e influir en las normas sociales.
Protocolo facultativo
Párrafos 49 y 50: El Comité hace un llamamiento al Estado parte para que acelere sus iniciativas encaminadas a ratificar el Protocolo Facultativo. El Comité alienta al Estado parte a que acepte lo antes posible la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo a la periodicidad y la duración de las reuniones del Comité.
Se ha iniciado el proceso de ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención, conforme al cual están celebrando consultas el Ministerio de Asuntos de Género, Trabajo y Desarrollo, el Ministerio de Justicia y Asuntos Constitucionales y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estas consultas culminarán con una recomendación al Gabinete respecto de la ratificación del Protocolo Facultativo.
Párrafo 51: El Comité insta al Estado parte a que, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, aplique plenamente la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.
El Plan de Acción Nacional sobre la Mujer es el marco que guía la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing. El Plan ayuda a todas las partes interesadas a definir las prioridades para empoderar a las mujeres. El Gobierno se ha guiado por la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing para definir su programa de paridad de género, el adelanto de la mujer y el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. En preparación del 25º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en 2020, el Gobierno llevó a cabo un examen nacional para evaluar el grado de aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing en todo el país. El examen comprendió consultas con las autoridades locales, los ministerios, departamentos y organismos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de mujeres y concluyó con la publicación de un informe de situación en 2019.
Párrafo 52: El Comité hace hincapié en que, para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es indispensable la aplicación plena y efectiva de la Convención.
En 2016, el Gobierno de Uganda comenzó a tomar medidas oficiales para incorporar la Agenda para el Desarrollo Sostenible en los procesos de planificación nacional adoptando el Marco de Coordinación Nacional para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En 2017, el PNUD indicó que Uganda había sido uno de los primeros países en armonizar su plan nacional de desarrollo plenamente con la Agenda 2030, ya que el Segundo Plan Nacional de Desarrollo había incorporado el 76 % de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uganda fue también el primer país de África en el que 13 empresas adoptaron el sello de igualdad de género del PNUD, instrumento para aplicar el Objetivo 5. El sello complementa el actual certificado de equidad de género de Uganda, concedido en virtud de la Ley de Gestión de las Finanzas Públicas, cuyo propósito es que se utilice un mecanismo armonizado y holístico para aplicar el Objetivo 5 de la Agenda 2030.
Con el apoyo de los organismos de las Naciones Unidas, en 2018 el Gobierno puso en marcha la hoja de ruta que permitirá crear un entorno propicio para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Uganda. La hoja de ruta detalla directrices sobre la planificación y la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la coordinación, la supervisión, la evaluación y la presentación de informes sobre los progresos realizados en la movilización de recursos y la recopilación de datos desglosados en función del sexo.
El Gobierno está trabajando de manera concertada con la sociedad civil y los dirigentes locales para aumentar la producción de datos desglosados en función del sexo, lo que aumentaría la posibilidad de medir los progresos conseguidos en Uganda en cuanto a la implementación de la Agenda 2030. El Gobierno está facilitando un programa para crear capacidad en materia de estadísticas de género en el sistema estadístico nacional para el período comprendido entre 2018-2019 y 2022-2023, que prestará apoyo técnico a quienes elaboran y utilizan datos desglosados en función del sexo. El Programa ya ha detectado las deficiencias de capacidad que es necesario subsanar (véase el cuadro 38 del anexo 12).
Los indicadores nacionales prioritarios de igualdad de género se emplean para supervisar la transversalización de las cuestiones de género en la ejecución de los planes y programas y están armonizados con la Agenda 2030, pues incorporan los derechos humanos como indicador prioritario para allanar el camino hacia el logro de la igualdad de género en Uganda. Los indicadores constituyen un instrumento esencial para supervisar los progresos de Uganda en la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en relación con el Objetivo 5. Por consiguiente, el Gobierno reafirma su determinación de implementar la Agenda 2030 y allanar la senda para lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres en Uganda.
Párrafo 53: El Comité pide que se dé amplia difusión en Uganda a las presentes observaciones finales a fin de que la población, los funcionarios públicos, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos conozcan las medidas que se han tomado y que deben tomarse.
Poco después de la presentación de informes de 2010, el Gobierno difundió los informes periódicos cuarto, quinto, sexto y séptimo combinados y las observaciones finales formuladas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer entre los ministerios, departamentos y organismos, los dirigentes políticos, religiosos y culturales, los organismos del orden público, las mujeres dirigentes y los representantes de la juventud, entre otros.
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