En 2020, las dependencias estructurales de las administraciones estatales regionales y la administración estatal de la ciudad de Kiev registraron 211.362 comunicaciones, de las cuales el 86 % fueron de mujeres; ello supuso un aumento del 62 % con respecto a las 130.514 comunicaciones registradas en 2019. De las comunicaciones presentadas, 262 fueron sobre casos de violencia doméstica contra personas con discapacidad.

Las demandas y denuncias sobre delitos perpetrados en relación con la violencia doméstica y otros incidentes conexos examinadas por el Ministerio del Interior fueron las siguientes:

	2018	2019	2020
Demandas recibidas	115 473	141 814	208 784
Demandas presentadas por mujeres	89 498 (78 %)	113 403 (80 %)	182 088 (87 %)
Protocolos administrativos establecidos en virtud del artículo 173.2 del Código de Infracciones Administrativas	99 531	106 721	130 285
Órdenes de alejamiento de emergencia emitidas para los autores del delito	–	–	42 197

A fin de prestar asistencia a las víctimas de la violencia doméstica, especialmente durante el confinamiento, se garantizaron las siguientes medidas: 1) los centros de acogida siguieron en funcionamiento; 2) todas las unidades de la Policía Nacional continuaron trabajando; 3) en todas las regiones de Ucrania se distribuyeron carteles y pegatinas con el texto “Violencia doméstica: plan de seguridad para protegerse durante el confinamiento”, en las que se indicaban las medidas que había que adoptar y se facilitaban los datos de contacto de los servicios de asistencia para casos de violencia doméstica; y 4) el chatbot #ДійПротиНасильства (#ActúaContraLaViolencia) en aplicaciones de mensajería proporcionó a las víctimas información completa sobre la legislación y sus derechos y oportunidades, así como datos de contacto de los servicios correspondientes.

Pregunta 12

Los procedimientos para establecer los principios básicos de funcionamiento y organización del trabajo de los equipos móviles que prestan asistencia social y psicológica a las víctimas de la violencia doméstica o de género quedaron establecidos en una política aprobada por el Gobierno en 2018; por su parte, los equipos móviles de la policía que responden a los casos de violencia doméstica se guían por una orden del Ministerio del Interior de 2019.

El número de equipos móviles que prestan asistencia social y psicológica se ha multiplicado por 15 con respecto a 2017, y en la actualidad operan en todas las regiones de Ucrania (véase el párr. 127).

Por ejemplo, en la región de Luhansk hay diez equipos móviles en funcionamiento, seis de los cuales cuentan con el apoyo del UNICEF, la fundación benéfica internacional “Fundación Ucraniana de Salud Pública” y el UNFPA, mientras que los cuatro restantes se financian con cargo a los presupuestos locales. Hasta octubre de 2020, por iniciativa de la fundación benéfica “Corazón Eslavo” y con el apoyo del ACNUR, un equipo móvil estuvo operando en los distritos de Popasna y Stanytsia Luhanska, que se encuentran en la línea de fuego.

Los equipos móviles de la organización internacional “Médicos del Mundo”, integrados por un médico, una enfermera, una comadrona y un psicólogo, proporcionan atención sanitaria primaria, asistencia psicológica, apoyo psicosocial y atención a la salud sexual y reproductiva a las víctimas de la violencia de género y doméstica.

En 2020, en la mayoría de los lugares aislados ubicados junto a la línea de fuego funcionaron clínicas móviles financiadas por el UNFPA. Los médicos de familia y ginecólogos que trabajan en estas clínicas han recibido formación especializada para reconocer las señales que alertan de la violencia de género, y pueden remitir a las víctimas a los servicios adecuados.

En 27 ciudades operan equipos móviles de policía de respuesta a la violencia doméstica, financiados con cargo a los presupuestos locales. Desde 2021 hay 45 grupos de este tipo en funcionamiento.

En los programas avanzados de capacitación policial (de corta duración, de larga duración y especializados) impartidos en siete instituciones de enseñanza superior se han incorporado contenidos sobre la lucha contra la violencia doméstica y de género. Esto contribuyó en gran medida a que aumentara el número de órdenes de alejamiento de emergencia tramitadas contra los agresores, que las unidades correspondientes de la Policía Nacional vienen emitiendo desde 2018 cuando existe una amenaza inminente para la vida o la salud de la víctima con el fin de detener inmediatamente los actos de violencia doméstica y evitar que continúen o se repitan.

El Ministerio de Política Social organiza cursos de capacitación para el personal encargado de responder a los casos de violencia doméstica y de género. Así, en 2019 se realizaron, con el apoyo del UNFPA y del Coordinador de Proyectos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania, 239 talleres y cursos para 8.337 funcionarios de las administraciones estatales locales. Entre 2017 y 2020, el Ministerio de Política Social, con el apoyo del Coordinador de Proyectos de la OSCE en Ucrania, impartió cursos de capacitación sobre la aplicación de programas correccionales para los agresores, a los que asistieron 565 funcionarios de 23 regiones y de la ciudad de Kiev. Al mismo tiempo, ha habido un problema de movimiento de personal.

Se preparó el curso en línea “Enfoque integrado para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas en Ucrania”, de cuya realización se encargó el Ministerio de Política Social en colaboración con el UNFPA. De ese modo, 5.352 funcionarios de las administraciones locales encargados de combatir la violencia doméstica recibieron capacitación, lo cual supone casi el 90 % de las 6.102 personas que desempeñan esa tarea.

Al 1 de noviembre de 2020 se ofrecía asistencia a las víctimas de la violencia doméstica y de género en 21 centros de asistencia social y psicológica (frente a 20 en 2017); 33 unidades y centros de acogida (5 en 2017); 410 equipos móviles de asistencia social y psicológica (26 en 2017); dos centros de rehabilitación médica y social; y 11 centros de día.

La red de centros de acogida para las víctimas de la violencia doméstica está siendo ampliada. El 54 % de ellos se financian con cargo a presupuestos locales, mientras que el 27 % son financiados por ONG y asociados internacionales. En 2020 se crearon nueve refugios, cinco de los cuales reciben financiación de los presupuestos locales y cuatro de fondos de asistencia de donantes. Siete de las 25 regiones de Ucrania todavía no disponen de centros de acogida.

En 2019 se realizó un gasto de 39,9 millones de grivnas (1.534.617 dólares) en mantenimiento de los servicios especializados de apoyo a las víctimas. En 2020 se destinaron aproximadamente 7 millones de grivnas (250.000 dólares) a actividades de sensibilización, es decir, el doble que en 2019.

Para ampliar la red de servicios especializados de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica y de género se introdujo una subvención con cargo al presupuesto estatal, que en 2021 había ascendido a 274,2 millones de grivnas (9.792.857 dólares).

Entre febrero y noviembre de 2020, en el teléfono de asistencia nacional de 24 horas para cuestiones de trata de personas, violencia doméstica, violencia de género y violencia contra los niños se recibieron 8.859 notificaciones de casos de violencia doméstica (5.014 realizadas por mujeres y 785 por hombres). Además, en 2020 se impartió capacitación a 16 especialistas.

El Centro de Coordinación de la Asistencia Jurídica Gratuita puso en marcha en 2020 el chat de Telegram “Asistencia jurídica para luchar contra la violencia” (@Non_Violence_Bot), a través del cual las víctimas y testigos de la violencia doméstica pueden obtener asesoramiento jurídico sobre el modo de proteger sus derechos.

Con el fin de crear una tolerancia cero ante la violencia de género entre la población se lleva a cabo regularmente la campaña nacional de sensibilización “Rompe el círculo”, en la que se utilizan canales dentro y fuera de Internet. También se han hecho públicas varias series de videos musicales y videos (véase http://rozirvykolo.org).

La Encuesta sobre Actitudes Públicas ante la Violencia de Género y Doméstica, realizada entre marzo de 2019 y febrero de 2020 por el Ministerio de Política Social en colaboración con el UNFPA, reveló que la conciencia pública sobre la violencia doméstica y sus manifestaciones había aumentado: concretamente, el 57 % de las personas sabía qué es la violencia psicológica y cómo reconocerla, y el 49 % estaba familiarizado con el concepto de violencia económica. Sin embargo, los estereotipos siguen existiendo. Uno de cada cuatro ucranianos conoce la campaña de sensibilización “Rompe el círculo”.

Los miembros del personal que participa en las actividades de prevención y respuesta a la violencia doméstica y de género reciben un kit de herramientas facilitado con el apoyo financiero de la Embajada Británica en Ucrania en el marco del programa “Enfoque integrado para resolver el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas en Ucrania”, que ejecuta el UNFPA en cooperación con el Ministerio de Política Social.

Se han puesto en marcha auditorías de seguridad para prevenir el acoso sexual en los espacios públicos (véase el párr. 44), que proseguirán hasta 2025 conforme a lo previsto en el plan de acción nacional sobre las mujeres y la paz y la seguridad.

El Gobierno sometió a la consideración del Parlamento el proyecto de ley núm. 3892, de 17 de julio de 2020, relativo a las reparaciones para las víctimas de delitos violentos. También se presentó al Parlamento el proyecto de ley sobre las modificaciones del Código Presupuestario relativas al mecanismo de apoyo financiero para las indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos.

Pregunta 13

Tráfico de personas y explotación de la prostitución

El marco de la lucha contra la trata de personas y los ámbitos políticos fundamentales en esta esfera se rige por la Ley sobre la Lucha contra la Trata de Personas y por los reglamentos que se mencionan a continuación: el mecanismo nacional de derivación; la determinación de la condición de víctima de la trata de personas y el pago de una ayuda económica única a dichas personas; el Programa Social Estatal de Lucha contra la Trata de Personas, que se reedita cada cinco años (el segundo programa terminó en 2020); las directrices para proporcionar servicios sociales a las víctimas de la trata de personas; las orientaciones para recoger información estadística sobre las víctimas y hacer su seguimiento; y las normas para proporcionar servicios sociales a dichas personas.

Según datos de la Fiscalía General correspondientes a 2020, se registraron 206 infracciones penales en virtud del artículo 149 (“Trata de seres humanos”) del Código Penal: se notificó la sospecha a 110 personas, y 127 casos se remitieron a los tribunales. Se notificó la sospecha a 80 personas, 69 fueron declaradas autoras de delitos (teniendo en cuenta los procedimientos de años anteriores) y 11 fueron puestas en prisión preventiva. Además, 152 personas fueron reconocidas como víctimas (el 48 % de las cuales eran mujeres).

En los primeros nueve meses de 2020, la Policía Nacional investigó 752 delitos tipificados en el artículo 149 (“Trata de seres humanos”) del Código Penal. Las investigaciones preliminares hicieron que se detuvieran las actividades de nueve grupos delictivos organizados. Se pusieron al descubierto un total de 32 grupos criminales organizados, a los que pertenecían 134 cómplices.

La investigación de los delitos, que comenzó en 2020, permitió detectar los siguientes incidentes: 86 casos de explotación sexual o explotación para la prostitución, la mayoría de cuyas víctimas eran mujeres de edades entre los 18 y los 30 años; 62 casos de explotación laboral, la mayoría de cuyas víctimas eran hombres de entre 25 y 35 años; 34 casos de delincuencia forzada, incluidos 20 casos relacionados con contrataciones para supuestos empleos en la Federación de Rusia con el fin de utilizar a las víctimas en actividades delictivas como el tráfico de drogas; tres casos relacionados con el reclutamiento de personas en buques marítimos con destino a Turquía con el fin de utilizar a la tripulación para el tráfico de migrantes ilegales hacia la Unión Europea; cinco casos de tráfico de niños; y un incidente de gestación subrogada.

De 2017 a 2020, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras impidió la trata de 144 víctimas potenciales (69 personas en 2017; 24 en 2018; 35 en 2019; y 16 en 2020).

De conformidad con la Ley sobre la Lucha contra la Trata de Personas, una persona que se considere víctima de la trata puede solicitar a la administración estatal local que se determine si posee oficialmente tal condición. Las personas a las que se haya otorgado la condición de víctimas de la trata tienen derecho a recibir de forma gratuita: 1) información sobre sus derechos y oportunidades en el idioma de su elección; 2) asistencia médica, psicológica, social, jurídica y de otro tipo, según sea necesario; 3) alojamiento temporal, a petición de la víctima y en caso de falta de vivienda, en las instalaciones para víctimas de la trata durante un período de hasta tres meses, que puede ser prorrogado por decisión de la administración estatal local, especialmente si la persona participa como víctima o testigo en un proceso penal; 4) indemnización por daños no pecuniarios o materiales; 5) ayuda económica única; y 6) asistencia para obtener empleo.

De 2017 a 2020, el Ministerio de Política Social concedió la condición de víctima de la trata a 740 personas (el 42 % de las cuales eran mujeres). En 2020, se destinó la cantidad de 759.228 grivnas (unos 27.115 dólares) del presupuesto estatal al pago de la ayuda económica única a víctimas de la trata.

Determinación de la condición de víctima de la trata, por tipo de explotación:

	2017		2018		2019		2020
	Total	Mujeres/ niñas	Hombres/ niños	Total	Mujeres/ niñas	Hombres/ niños	Total	Mujeres/ niñas	Hombres/ niños	Total	Mujeres/ niñas	Hombres/ niños
Trata de niños	3	1	2	6	2	4	1	–	1	2	–	2
Explotación laboral	118	27	91	92	21	71	85	28	57	52	17	35
Explotación sexual	46	46	–	86	81	5	37	36	1	5	5	–
Extracción de órganos	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Delincuencia forzada	18	1	17	28	2	26	40	1	39	10	1	9
Utilización en conflictos armados	–	–	–	–	–	–	17	6	11	65	12	53
Utilización en la industria de la pornografía	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–
Mendicidad forzada	11	11	–	7	4	3	1	1	–	2	1	1
Explotación mixta	2	2	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
Total	198	88	110	221	112	109	185	76	109	136	36	100

Se están fundando empresas sociales para ayudar a las víctimas de la trata. Por ejemplo, la cafetería “GoodCakeˮ, en la ciudad de Vinnytsia, dedicó en 2018 parte de los ingresos obtenidos en las ventas de pastelería a la asistencia a las víctimas, en una iniciativa enmarcada en el proyecto de empresa social “Goodstockˮ, que cuenta con el apoyo del Coordinador de Proyectos de la OSCE en Ucrania.

En los planes de estudio de las instituciones de educación superior del Ministerio del Interior y los programas de posgrado de capacitación, readiestramiento y formación superior destinados al personal de la judicatura, las fuerzas del orden, el servicio de guardia de fronteras, los trabajadores sociales y los profesionales de la salud se han incorporado la derivación temprana de las víctimas de la trata y las formas en que se les puede conceder un trato que tenga en cuenta las cuestiones de género. Entre 2017 y 2020, 16.453 personas han recibido este tipo de formación.

En 2018, el artículo 149 del Código Penal se ajustó a las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños.

El Ministerio del Interior elaboró nuevas normas que recibieron la aprobación del Gobierno, a saber: 1) con el fin de prevenir la explotación laboral, en 2018 se revisaron las condiciones para llevar a cabo actividades institucionales de prestación de servicios de intermediación laboral en el extranjero, se mejoró la protección de los derechos de las personas empleadas en el extranjero y se reforzó la responsabilidad de los titulares de licencias; 2) con el fin de prevenir la explotación sexual de los niños, en 2019 se creó el Registro Unificado de Personas Condenadas por Delitos contra la Libertad Sexual y la Inviolabilidad Sexual de Menores, y se incrementaron las penas por cometer delitos contra la libertad sexual y la integridad sexual de los menores; 3) en 2020 se puso en marcha la línea telefónica gubernamental “15-47”; 4) en relación con los servicios sociales, se optimizaron las actividades de los centros locales de servicios sociales para la familia, la infancia y la juventud; y 5) en 2020 se decidió establecer un mecanismo de utilización de fondos públicos para sufragar los servicios sociales.

En 2020 se elaboró el proyecto de marco conceptual del Programa Social Estatal de Lucha contra la Trata de Personas hasta 2025.

Se han establecido subdivisiones operativas, integradas por 25 personas, que se encargan de llevar a la práctica la legislación sobre la lucha contra la trata en todas las regiones. El Ministerio de Política Social cuenta con un equipo de expertos que se ocupa de formular las políticas estatales de lucha contra la trata. En 2021 entró en funcionamiento el Servicio Social Nacional.

Los artículos 302 y 303 del Código Penal tipifican la prostitución forzada, el proxenetismo y el mantenimiento de prostíbulos, delitos por los que se prevén penas consistentes en multas, servicios a la comunidad, detención o privación de libertad de uno a siete años.

En 2018 se introdujeron modificaciones en el Código Penal destinadas a proteger a los niños de la explotación y los abusos sexuales. Los delitos sexuales naturales o contra natura cometidos por un adulto con una persona menor de 16 años se castigan con la privación de libertad o la libertad restringida durante un período de hasta cinco años. Si esos mismos delitos son cometidos por parientes cercanos o miembros de la familia o por una persona responsable de la crianza o el cuidado de la víctima, o si esos actos provocan infertilidad u otras consecuencias graves, se prevén penas de privación de libertad por un período de cinco a ocho años, con o sin privación del derecho a ocupar determinados cargos o ejercer determinadas actividades hasta un máximo de tres años.

Pregunta 14

Participación en la vida política y pública

El Código Electoral prohíbe cualquier privilegio o restricción directa o indirecta de los derechos electorales de los ciudadanos ucranianos por motivos de raza, color, opiniones o creencias políticas, religiosas o de otro tipo, sexo, origen étnico o social, patrimonio, residencia, idioma u otros motivos. Al confeccionar las listas electorales nacionales o regionales, los partidos políticos han de asegurar que haya hombres y mujeres en cada grupo de cinco candidatos de las listas electorales. Si las listas electorales nacionales o regionales de un partido tienen un número de candidatos que no sea múltiplo de cinco, los candidatos varones y mujeres deben alternarse en la lista (por ejemplo, en los puestos 1 y 4, etc.). El incumplimiento de las cuotas de género en las listas electorales puede ser motivo de que sean rechazadas al efectuar su registro.

Los resultados de las elecciones locales celebradas en 2020 muestran que las cuotas de género han funcionado adecuadamente. Por ejemplo, del total de candidatos a los consejos locales en 2020, la proporción de mujeres fue del 44 %. Las mujeres ocupan el 28,4 % de los cargos de los consejos regionales (frente al 15,4 % de la convocatoria anterior), el 33,6 % en los consejos de distrito (frente al 24,4 % de la convocatoria anterior), el 31 % en el Consejo de la Ciudad de Kiev (frente al 19 % de la convocatoria anterior), y el 32 % en los consejos municipales de las ciudades de importancia a nivel regional (frente al 25,5 % de la convocatoria anterior).

Sin embargo, la representación de mujeres en los consejos de asentamientos y aldeas disminuyó al 37 % y el 41 %, respectivamente, con respecto al 44 % y el 54 % de la convocatoria anterior. Tras las elecciones celebradas en 2015, el 31 % de los alcaldes de aldeas, ciudades y asentamientos eran mujeres, pero en las elecciones de 2020 esta cifra fue de solo el 16 %. Esto se debió a que muchas comunidades se fusionaron, por lo que su número descendió de 11.500 a 1.469.

Del total de candidatos que se presentaron al Parlamento en los distritos electorales (circunscripciones uninominales), las mujeres constituían el 13,5 % en 2012, el 14,6 % en 2014 y el 15,6 % en 2019. De los diputados elegidos, las mujeres representaban el 8 % en 2007, el 9,7 % en 2012, el 11,4 % en 2014 y el 20,8 % en 2019.

La proporción de mujeres en cargos superiores de la administración pública (categoría A) en el primer semestre de 2020 era del 27 %, frente al 27,8 % en 2017 y el 26,7 % en 2018. Además, las mujeres ocupan el 69 % de los puestos de categoría B y el 78 % de los puestos de categoría C.

El Código Electoral regula el ejercicio del derecho de los ciudadanos ucranianos a votar en las elecciones de todos los niveles, incluidas las locales, independientemente del lugar de residencia en el que estén registrados (2020). Los representantes de las minorías nacionales participan regularmente en las elecciones a la Rada Suprema.

Con objeto de desarrollar la capacidad de liderazgo de las mujeres en las comunidades territoriales amalgamadas se creó la Red de Mujeres Líderes de los Gobiernos Locales, y se celebraron varios actos de formación para las representantes de los gobiernos locales como parte del proyecto suizo-ucraniano “Apoyo a la Descentralización en Ucrania”.

En 2017, los órganos de gobierno local iniciaron el proceso de adhesión a la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local. A principios de 2021, 80 consejos locales de distintos niveles se habían adherido a la Carta, incluida la ciudad de Kiev.

La adhesión a los requisitos de igualdad de género es una de las principales cuestiones que quedaron definidas en el Plan Estratégico para 2020-2025 de la Comisión Electoral Central, de 2020.

Pregunta 15

Educación

La Ley de Educación, de 2017, establece que todas las personas tienen derecho a una educación de alta calidad y asequible que incluya, entre otras cosas, la disponibilidad de la educación a lo largo de toda la vida y la asequibilidad o gratuidad de la educación, especialmente la educación preescolar, la educación secundaria general completa, la formación profesional, la educación preterciaria profesional y la educación superior, de conformidad con las normas educativas.

De conformidad con la Ley de Educación, el Organismo Nacional para la Garantía de la Calidad de la Educación Superior está integrado por 23 personas nombradas por el Gabinete de Ministros sobre la base de los resultados de una selección competitiva que se ajusta a los principios de equilibrio de género y representación sectorial. Las mujeres representan el 41 % de los miembros del Organismo Nacional, frente al 16 % entre 2015 y 2017.

En el marco de la iniciativa internacional “Asociación de Biarritz para la Igualdad de Género”, Ucrania se comprometió en 2020 a incluir la perspectiva de género en el proceso educativo. Ello conlleva las medidas siguientes: 1) elaborar una Estrategia para la Integración de la Igualdad de Género en la Educación hasta 2030; 2) desarrollar un marco jurídico que introduzca un análisis obligatorio de todos los contenidos educativos para asegurar que estén libres de discriminación, así como metodologías y criterios para incorporar un enfoque no discriminatorio en los contenidos educativos; y 3) garantizar una auditoría de género de las instituciones educativas.

El Ministerio de Educación y Ciencia se ocupa de realizar los análisis antidiscriminatorios de los borradores de los libros de texto. Se han sometido más de 845 proyectos a ese proceso de evaluación. Alrededor del 98 % de los borradores de libros de texto que se presentaron contenían manifestaciones de discriminación directa o indirecta basadas en su mayoría en el sexo, la discapacidad o la edad. La proporción de libros de texto a los que se aplicó este enfoque antidiscriminatorio en 2019 aumentó en un 42 % con respecto a 2016.

El procedimiento que el Ministerio de Educación y Ciencia adoptó en 2020 para aprobar los textos escolares y los planes de estudio solo ha conseguido resolver en parte el problema del reconocimiento jurídico de los análisis antidiscriminatorios, toda vez que no todos los contenidos educativos se someten a él.

En 2019 se introdujeron modificaciones en el Reglamento del Liceo Militar (Naval), con las que se eliminaron las restricciones respecto de la admisión de mujeres.

Se están realizando actividades de sensibilización para fomentar y garantizar que las niñas puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (“STEM”). A este respecto, se está llevando a la práctica el proyecto “STEM is FEM” para el período 2019-2020. Como parte del proyecto, cada dos meses se organizan módulos educativos para las niñas, incluidas las de las zonas rurales.

La Pequeña Academia de Ciencias organizó en 2019, con el apoyo del Ministerio de Educación y Ciencia, la Olimpiada Europea de Matemáticas para Niñas, en la que tomaron parte 50 equipos de países europeos y de la Arabia Saudita, Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, los Estados Unidos, la India, el Japón y México, con un total de 200 participantes de edades entre los 13 y los 20 años. El equipo de Ucrania quedó en primer lugar.

El Departamento de Sociología de la Universidad Nacional Taras Shevchenko, en Kiev, ha abierto, en colaboración con la Universidad de Lund (Suecia), el primer programa de máster profesional en sociología en el marco del programa educativo de estudios de género, de dos años de duración y destinado a capacitar investigadores en cuestiones de género en Ucrania. Además, en la Academia Nacional de Administración Pública de la Presidencia de Ucrania se imparten cursos especializados en políticas de género. Entre 3.000 y 3.500 funcionarios asisten cada año a estos cursos avanzados.

Existe una red nacional de centros de formación en cuestiones de género que agrupa a 40 instituciones de educación superior. Los objetivos de la red son los siguientes: 1) consolidar los esfuerzos de académicos y profesionales para aplicar de forma sostenible los principios de igualdad de género en el ámbito educativo; 2) intercambiar experiencias, buenas prácticas y metodologías; 3) proporcionar apoyo organizativo y de expertos para potenciar los centros de formación existentes y facilitar la creación de otros nuevos; y 4) promover las auditorías de género de las instituciones de educación superior.

En 2018 se nombró al Ómbudsman General para Cuestiones Educativas, que se encarga de realizar tareas para proteger todos los aspectos relativos al derecho a la educación.

Los estudios de género están integrados en el proceso de capacitación en todos los niveles educativos, a saber, nivel preescolar, enseñanza secundaria general, enseñanza no reglada, formación profesional, enseñanza profesional preterciaria, enseñanza superior y educación de adultos.

El Ministerio de Educación y Ciencia convoca concursos nacionales de trabajos de investigación en estudios de género. En el año académico 2019/2020 se presentaron al concurso 57 trabajos de 39 instituciones de enseñanza superior.

El Centro de Cultura de Género como Plataforma para el Empoderamiento de la Mujer y la Acción Juvenil cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Su objetivo general es ampliar el concepto de igualdad de género y de cultura de género en la región de Jarkiv y en el este de Ucrania. En 2020, las actividades realizadas en el marco de este proyecto fueron las siguientes: 1) un concurso sobre iniciativas con perspectiva de género, al que se presentaron 58 trabajos en las categorías “Literatura infantil”, “Escenarios para actividades extraescolares” y “Desarrollo curricular”; y 2) el curso en línea “Mujeres y hombres: género para todosˮ.

De conformidad con un programa del Ministerio de Educación y Ciencia, se imparten las asignaturas “Formación laboral”, en los cursos 5º a 9º, y “Tecnologías”, en los cursos superiores de enseñanza secundaria. Los planes de estudio de estas asignaturas parten del supuesto de que el contenido de estas materias es apto tanto para niñas como para niños. Sin embargo, con respecto a las asignaturas de artes y oficios existe la posibilidad de separar a los alumnos y las alumnas, decisión que corresponde a la administración de las escuelas independientemente de cuál sea la titularidad del centro educativo. La separación de alumnos y alumnas en las clases de artes y oficios sigue siendo una práctica muy extendida, debido en gran medida a la falta de locales y equipos, como, por ejemplo, talleres mecánicos.

Las niñas romaníes tienen una baja tasa de asistencia a la escuela, debido principalmente al bajo nivel de ingresos de las familias romaníes, al modo de vida nómada, a la escasa motivación para cursar estudios y a la falta de documentación. Para alentar a las niñas romaníes a seguir estudiando, se están realizando campañas de sensibilización, incluidas las relativas a la matriculación de los niños (véase el párr. 252).

Pregunta 16

Empleo

El Gobierno está adoptando medidas activas para aumentar la capacidad económica de las mujeres. Esta prioridad se refleja en el Programa de Acción del Gobierno, el Programa Estatal para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y la Estrategia de Reducción de la Pobreza, y en varios documentos sectoriales aprobados por el Ministerio de Salud, el Organismo Nacional para el Servicio Público y el Ministerio del Interior. El Gobierno se adhirió a la Declaración sobre el Comercio y el Empoderamiento Económico de las Mujeres en 2017, a las iniciativas internacionales de la Asociación de Biarritz en 2020 y a las Coaliciones de Acción para la Igualdad en 2020.

Conforme a los datos del Servicio Estatal de Estadística, la tasa de empleo aumentó en 2019 tanto a nivel nacional (del 56,1 % al 58,2 %) como entre las mujeres (del 51,4 % al 52,9 %) con respecto a 2017. La tasa de desempleo de la población activa, calculada según la metodología de la OIT, se redujo del 9,5 % en 2017 al 8,2 % en 2019. Por su parte, la tasa de desempleo entre las mujeres aumentó del 7,7 % al 7,9 %. En 2020, la situación en el mercado laboral de Ucrania se vio agravada por la pandemia de COVID-19: la tasa de empleo descendió del 57,9 % en el primer semestre de 2019 al 56,7 % en el primer semestre de 2020, y del 53,0 % al 51,7 % entre las mujeres; y la tasa de desempleo, calculada según la metodología de la OIT, aumentó del 8,5 % al 9,2 % y, en el caso de las mujeres, del 7,8 % al 9,0 %.

Según un informe analítico realizado por la OIT en 2018, la proporción de jóvenes ucranianos que no trabajaban ni cursaban estudios o recibían formación era del 14,5 % de la población de edades entre los 15 y los 29 años (el 61,8 % de la cual eran mujeres).

En el mercado de trabajo sigue existiendo un alto grado de segregación de género, tanto horizontal como vertical: aunque la proporción de entidades jurídicas dirigidas por mujeres es del 28,9 %, las mujeres solo ocupan el 7 % de los puestos directivos de conglomerados de empresas y el 12 % de los puestos directivos de empresas. En el sector público, las mujeres también suelen trabajar en puestos de nivel inferior. Las mujeres constituyen el 78,3 % del personal que trabaja en el sector educativo, labor por la que reciben salarios equivalentes al 78,5 % del salario promedio de la economía. En los ámbitos de la sanidad y la atención social, las mujeres representan el 82,8 % del personal, con salarios del 88,6 % del salario promedio. Los estereotipos de género en la orientación profesional siguen suponiendo un reto tanto en el sistema de educación secundaria y superior como en el readiestramiento y formación de mujeres y hombres sin empleo, del que se ocupa el Servicio Estatal de Empleo.

Entre las medidas que se están realizando para combatir la segregación por razón de género, cabe destacar las siguientes: 1) erradicación de los estereotipos sobre las profesiones “femeninas” y “masculinas”; 2) prestación de apoyo metodológico a los empleadores; 3) capacitación impartida a los centros de empleo, los cuerpos de inspección laboral, las organizaciones empresariales y los sindicatos sobre la forma de hacer frente a la discriminación en el empleo y en el lugar de trabajo; 4) concesión de facilidades a los empleados que tienen responsabilidades familiares; y 5) apoyo a las niñas para que cursen estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En 2017, el Ministerio de Salud abolió una orden que contenía una lista de más de 450 profesiones prohibidas para las mujeres, manteniendo únicamente la minería, cuya prohibición quedará abolida tras la denuncia del Convenio de la OIT sobre el Trabajo Subterráneo (Mujeres), 1935 (núm. 45). Como resultado de la supresión de estas restricciones, las mujeres han formado parte durante dos años consecutivos del equipo de la Expedición Antártica Ucraniana por primera vez en 20 años, y desde 2018 hay una mujer buceadora en el Servicio Estatal de Emergencias. En 2021, el Ministerio de Política Social llevará a cabo un estudio sobre la presencia de mujeres en los ámbitos profesionales antes vedados a las mujeres.

El Ministerio de Desarrollo de la Economía, el Comercio y la Agricultura fomenta el emprendimiento de las mujeres en Ucrania. Para ello, se ha creado la plataforma #SheExports en la Oficina de Promoción de las Exportaciones. El objetivo de la plataforma es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en Ucrania y promover a las empresarias ucranianas, a las emprendedoras y a las exportadoras.

Servicios prestados por el Servicio Estatal de Empleo (en miles de personas):

	Mujeres		Hombres
	al 1 de diciembre de 2019	al 1 de diciembre de 2020	al 1 de diciembre de 2019	al 1 de diciembre de 2020
Beneficiarios	502,4	601,9	482,9	537,3
Beneficiarios sin condición de “desempleados”	164,5	245,1	124,4	163,7
Beneficiarios que recibían prestaciones de desempleo (una ayuda media de 3.700 grivnas (132 dólares) en octubre de 2020)	130,6	207,4	102,9	145,0

El 66 % de todos los desplazados internos desempleados son mujeres. Desde 2015 se proporciona a los desplazados internos vales puntuales para recibir readiestramiento, especialización y formación avanzada en profesiones y especialidades para tipos de actividades económicas prioritarias (53 especialidades) en las que falta trabajo adecuado.

El Programa de las Naciones Unidas de Recuperación y Consolidación de la Paz (véase el párr. 54) prestó apoyo para establecer 650 empresas, lo que contribuyó a que se crearan puestos de trabajo para 3.360 personas afectadas por los conflictos (el 54,8 % de las cuales eran mujeres), y más de 8.300 empresarios (el 56,2 % de ellos mujeres) adquirieron conocimientos y capacidades en materia de gestión empresarial, comercialización y recaudación de fondos. Además, 225 microempresas y pequeñas y medianas empresas del este de Ucrania presentaron sus productos y servicios en exposiciones comerciales.

La gran mayoría de los trabajadores domésticos, que prestan servicios domésticos y personales en las familias, pertenecen al sector informal. Según las estimaciones del Servicio Estatal de Estadística, el número total de estos trabajadores en Ucrania es de unas 162.000 personas. De acuerdo con la OIT, aproximadamente el 80 % de ellos son mujeres, en su mayoría mujeres del medio rural. El Ministerio de Desarrollo de la Economía, el Comercio y la Agricultura ha redactado una ley que añade un nuevo capítulo, “Regulación del trabajo de los trabajadores domésticos”, al Código de Trabajo. En dicho capítulo se definen los conceptos de trabajo doméstico y trabajadores domésticos, se establece la condición jurídica de los trabajadores domésticos y las características de la reglamentación jurídica que les corresponde y se establecen disposiciones obligatorias de los contratos de trabajo de los trabajadores domésticos.

El Código de Trabajo prohíbe toda discriminación en el ámbito laboral, incluidas las violaciones del principio de igualdad de derechos y oportunidades, así como toda restricción directa o indirecta de los derechos de los trabajadores por motivos de raza, color, creencias políticas, religiosas o de otro tipo, sexo, identidad de género, orientación sexual, origen étnico, social o de otra nacionalidad, edad, salud, discapacidad, sospecha o existencia de VIH/sida, estado civil y situación patrimonial, responsabilidades familiares, lugar de residencia y pertenencia a un sindicato u otra asociación cívica, o por participación en una huelga o recurso o por la intención de recurrir a los tribunales o a otras instancias con el fin de proteger sus derechos o de apoyar a otros trabajadores en la protección de sus derechos. También queda prohibido negar el empleo a las mujeres y reducir su salario por estar embarazadas o por tener a su cargo hijos menores de 3 años y, en el caso de las madres solteras, por tener hijos menores de 14 años o hijos con discapacidad.

El Código de Trabajo contiene una serie de garantías para las mujeres con hijos, que pueden correr el riesgo de sufrir discriminación durante su vida laboral y mientras se desarrollan profesionalmente y experimentar restricciones a su derecho a elegir libremente un trabajo mejor remunerado y a acceder a él. Esas garantías impiden, entre otras cosas, que se las obligue a trabajar de noche o en horas extraordinarias, se las envíe en viaje de negocios, se las transfiera a un trabajo más fácil, se las despida o se les rebaje el sueldo. Las garantías también se aplican a aquellos padres que están al cuidado de los hijos sin la presencia de la madre, incluidos los casos en que la madre ha de permanecer en un centro médico durante un período prolongado.

El 28 de diciembre de 2019, el Gobierno presentó al examen del Parlamento el proyecto de ley núm. 2708, que contenía una nueva Ley de Trabajo. Tras el examen del proyecto de ley por parte de los diputados y representantes de autoridades ejecutivas centrales y organizaciones no gubernamentales, se retiró el proyecto debido a consideraciones sustanciales sobre violaciones de los derechos humanos.

El Parlamento aprobó en primera lectura un proyecto de ley por el que se modificaban ciertas leyes relativas a la garantía de la igualdad de oportunidades para las madres y los padres en el cuidado de los hijos (reglamento núm. 3695, de 2020). El proyecto de ley se elaboró teniendo en cuenta la resolución núm. 2079, sobre igualdad y corresponsabilidad parental y el papel de los padres, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y varias disposiciones de la Directiva 2010/18/UE del Consejo por la que se aplica el acuerdo marco revisado sobre el permiso parental.

La Ley de Sindicatos y sus Derechos y Garantías de Actividades no contiene disposiciones específicas sobre la protección contra la discriminación de género. Los sindicatos, sin embargo, representan y protegen los derechos e intereses laborales y socioeconómicos de sus miembros en los órganos de gobierno estatales y locales y en las relaciones con los empleadores y con las asociaciones cívicas. Los sindicatos y sus asociaciones, así como las organizaciones de la sociedad civil, representan ante los tribunales los intereses de las personas o grupos que han sido objeto de discriminación y realizan análisis cívicos de los proyectos de ley y los reglamentos contra la discriminación.

Los sindicatos protegen los derechos de los trabajadores en el entorno laboral, adoptan medidas preventivas para evitar los casos de discriminación y acoso sexual contra las mujeres en el lugar de trabajo y vigilan estos aspectos a nivel nacional en sectores específicos de la industria. En 2020, el 61,47 % de las organizaciones y asociaciones sindicales (28.486) estaban dirigidas por mujeres.

Un grupo de diputados presentó el proyecto de ley sobre las modificaciones a ciertas leyes relativas a cuestiones acerca de los sindicatos (reglamento núm. 2681), que restringía considerablemente los derechos y las garantías de las actividades de los sindicatos.

Pregunta 17

En 2020, la disparidad salarial por razón de género era del 20,4 % (frente al 21,2 % en 2017). En algunos sectores económicos, la brecha salarial supera el 30 %: por ejemplo, es del 32,2 % en el transporte aéreo, del 36,1 % en las actividades postales y de mensajería, del 32,1 % en las actividades financieras y de seguros y del 36,6 % en las actividades artísticas, deportivas, de entretenimiento y recreativas (véase el anexo, cuadro 3).

El Gobierno se adhirió a la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial en 2020. Los miembros ucranianos de la Coalición son también miembros de la Federación de Sindicatos, la Confederación de Empleadores y la ONG Instituto de Estudios de Género de Kiev (2019-2020).

Se están adoptando medidas para reducir y eliminar la brecha salarial de género y garantizar el pleno cumplimiento del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (véase el párr. 183).

Para crear conciencia entre los empleadores sobre la aplicación reforzada de la Ley de Garantía de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, que exige que los empleadores paguen a las mujeres y a los hombres por igual si reúnen las mismas cualificaciones y se dan las mismas condiciones de trabajo e incluyan en los convenios colectivos disposiciones que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, el Ministerio de Política Social aprobó en 2020 unas directrices sobre la inclusión de dichas disposiciones en los convenios colectivos con el fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en las relaciones laborales. En ese documento figuran ejemplos típicos de discriminación por razón de sexo, en particular en relación con lo siguiente: 1) anuncios de trabajo discriminatorios; 2) discriminación basada en el estado civil o las responsabilidades familiares; 3) discriminación por motivos múltiples (sexo, edad, estado civil, discapacidad, etc.); 4) discriminación basada en la apariencia y acoso sexual en el lugar de trabajo; 5) sexismo; y 6) disparidad salarial por trabajo de igual valor. Las directrices presentan una lista indicativa de disposiciones que se aconseja incorporar en los convenios colectivos, así como una normativa orientativa sobre los coordinadores de género, que se ocupan de asesorar a la dirección de una empresa, institución u organización.

El Ministerio de Política Social elaboró en 2020 un proyecto de lista de verificación para vigilar la igualdad salarial entre hombres y mujeres en empresas, instituciones y organizaciones.

El Ministerio de Política Social puso a prueba en 2020 una metodología para una encuesta sobre el uso del tiempo en el hogar, especialmente el tiempo no remunerado dedicado al trabajo doméstico y la prestación de cuidados, que se había elaborado en 2019 con el apoyo de ONU‑Mujeres. Personas de 150 hogares rellenaron diarios sobre el modo en que empleaban el tiempo. En los hogares integrados por tres, cuatro o más personas, las mujeres dedicaban, en promedio, 3,5 veces más tiempo al cuidado de los niños que los hombres.

La Ley de Garantía de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres exige a los empleadores que adopten medidas para evitar el acoso sexual y otras manifestaciones de violencia de género y proteger de ellas a sus empleados. Las cuestiones relativas a la lucha contra el acoso sexual en el lugar de trabajo se abordan en las directrices dirigidas a los empleadores (véase el párr. 200), y también figuran en el plan de acción nacional de 2020 sobre las mujeres y la paz y la seguridad para el período hasta 2025.

Se está estudiando la legislación ucraniana para examinar la posible ratificación del Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190), de la OIT, en la que se propugna la eliminación de la violencia y el acoso en el entorno laboral.

La cuestión de la prevención y respuesta a la discriminación de género y al acoso sexual queda recogida en documentos de instituciones y organizaciones. Por ejemplo, en 2017 la Guardia Nacional aprobó una instrucción sobre el seguimiento de las denuncias por discriminación de género y acoso sexual; por su parte, la Universidad Nacional de Asuntos Internos de Jarkiv cuenta con un código deontológico y una política de prevención y lucha contra el acoso, el acoso sexual, la discriminación y el abuso de poder.

Las directrices (véase el párr. 200) incorporan las disposiciones del Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156), de la OIT. En concreto, se aconseja que en los convenios colectivos se incluyan las siguientes disposiciones: 1) tomar en consideración las responsabilidades familiares de los empleados a la hora de asignar el trabajo nocturno y los turnos de trabajo; 2) acondicionar espacios para niños, guarderías, salas para niños, salas de lactancia materna y transporte para los empleados con responsabilidades familiares; 3) establecer modalidades de trabajo flexibles, tiempo de descanso y vacaciones para los empleados con responsabilidades familiares; 4) regular y vigilar las condiciones de trabajo de las personas que trabajan a tiempo parcial, con contratos de duración determinada y desde sus hogares; y 5) velar por que los empleados reúnan las condiciones para compaginar trabajo y formación.

En 2020, el Ministerio de Política Social preparó un reglamento sobre el funcionamiento de las salas para niños en instituciones y organizaciones. El reglamento prevé que se disponga de instalaciones para la lactancia y el cambio de pañales.

De conformidad con la Ley de Permisos, las mujeres disfrutarán de un permiso de maternidad de 70 días naturales antes de dar a luz y 56 días naturales después del parto. Una vez finalizado dicho permiso, si la mujer lo desea, se le concederá un permiso parental para cuidar del niño hasta los 3 años de edad. Este permiso también puede ser utilizado, total o parcialmente, por el padre, los abuelos o cualquier otro pariente que se ocupe efectivamente del niño, por la persona que haya adoptado o asumido la custodia del niño o por uno de los padres adoptivos o de acogida; además, si lo desean, pueden trabajar a tiempo parcial o desde casa. Al nacer el niño se asigna una ayuda por un importe de 41.280 grivnas (unos 1.474 dólares). La ayuda se abona en un primer pago por un importe de 10.320 grivnas y en pagos sucesivos en partes iguales durante los 36 meses siguientes hasta completar el monto total de la ayuda. El Ministerio de Política Social ha implantado un servicio electrónico de registro que permite recibir estas ayudas. En 2020, 862.438 personas (el 96 % de ellas mujeres) recibían asistencia gubernamental tras el parto.

Desde el 1 de septiembre de 2018, cuando nace un niño se concede una ayuda única en especie, conocida como “paquete para el bebé”, que contiene una serie de artículos básicos necesarios para cuidar al bebé durante sus primeras semanas de vida. Desde el 1 de septiembre de 2020 existe un nuevo mecanismo para recibir la compensación monetaria de dicha ayuda: anteriormente, el Ministerio de Política Social se encargaba de preparar los “paquetes para el bebé”, pero ahora los padres pueden elegir los artículos necesarios en una cadena comercial de 2.570 tiendas, de las cuales 62 están en línea. A finales de 2020 se habían emitido 96.500 tarjetas sociales para sufragar los paquetes y 66.400 personas se habían registrado para recibirlas.

En 2019 se puso en marcha el programa de asistencia social para familias jóvenes “Niñera municipal”, que contribuye al empoderamiento económico de las mujeres proporcionando a las familias una ayuda adicional no reembolsable, independiente de las prestaciones mensuales por hijos a cargo, por un importe de 1.626 grivnas mensuales como reembolso del costo de los servicios de niñera. Desde que se inició, 71.246 mujeres se han beneficiado de este programa.

Aproximadamente el 76,4 % de los niños de edades entre los 3 y los 5 años asisten a centros preescolares, el 86,8 % de ellos en ciudades y el 56,4 % en zonas rurales. Los jardines de infancia tienen un índice de ocupación superior a la prevista, con 105 niños por cada 100 plazas, sin tener en cuenta los niños de los grupos de corta estancia.

En 2019 se convocó una mesa redonda para abogar por la ratificación del Convenio de la OIT sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183), en la que participaron empresarios, sindicatos y autoridades ejecutivas. A marzo de 2021, el Convenio no había sido ratificado.

El Acuerdo General sobre la Regulación de los Principios y Normas Básicas de la Aplicación de la Política Socioeconómica y las Relaciones Laborales en Ucrania, de 2019, suscrito por empleadores, sindicatos y órganos ejecutivos, recoge, entre otras cosas, cuestiones sobre la forma de aumentar los salarios en el sector público y de organizar auditorías de género en empresas, instituciones y organizaciones.

En los ministerios se ha dado comienzo a las auditorías de género. Por ejemplo, en 2019 se realizaron auditorías en el Ministerio de Política Social, con el apoyo de la OIT, y en el servicio diplomático de Ucrania, con la asistencia de ONU-Mujeres. El Ministerio de Relaciones Exteriores se basó en esta última auditoría para aprobar la Estrategia para Garantizar la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el sistema del servicio diplomático hasta 2025.

Pregunta 18

Salud

En los últimos años ha aumentado el gasto en asistencia sanitaria con cargo al presupuesto estatal, como consecuencia de la mayor disponibilidad de recursos financieros en los ingresos presupuestarios. Los gastos en asistencia sanitaria fueron los siguientes: 102.400 millones de grivnas en 2017 (3.900 millones de dólares, o el 3,43 % del PIB); 115.900 millones de grivnas en 2018 (4.300 millones de dólares, o el 3,26 % del PIB); 128.400 millones de grivnas en 2019 (5.000 millones de dólares, o el 3,23 % del PIB); y 175.800 millones de grivnas en 2020 (6.300 millones de dólares, o el 4,31 % del PIB).

Anualmente, las actividades financiadas con cargo al presupuesto del Estado pertenecen a los siguientes programas presupuestarios: “Salud reproductiva”; “Adquisición centralizada de medicamentos para la atención médica de urgencia en caso de hemorragia”; “Adquisición centralizada de medicamentos y pequeños equipos de laboratorio para el tratamiento de la infertilidad en las mujeres mediante tecnologías de reproducción asistida”; etc.

En los últimos años se ha producido una tendencia positiva en la cobertura de la atención prenatal hasta las 12 semanas de embarazo, período durante el cual se identifican los grupos de riesgo de las embarazadas en términos de patología perinatal. Esto se ha conseguido mediante la intervención de unidades de atención médica primaria en esta labor. Se ha creado una red de centros perinatales de nivel III para que las mujeres puedan acceder a equipos de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y a la asistencia de personal médico altamente cualificado capaz de prestar asistencia médica en casos de patologías perinatales graves y en la atención a embarazadas con defectos cardíacos congénitos, enfermedades circulatorias, diabetes mellitus, preeclampsia grave y eclampsia. De ese modo se ha podido mejorar la atención obstétrica y ginecológica, independientemente del lugar de residencia de la mujer, previniendo complicaciones perinatales en mujeres con patologías extragenitales graves y garantizando una maternidad segura y el nacimiento de niños sanos.

Mortalidad infantil y materna:

	Mortalidad infanti l		Mortalidad materna
	Muertes (número total de personas)	Mortalidad por cada 1.000 nacidos vivos	Muertes (número total de personas)	Mortalidad por 100.000 nacidos vivos
2017	2 786	7 , 6	33	9 , 1
2018	2 397	7 , 0	42	12 , 5
2019	2 189	7 , 0	46	14 , 9

El Ministerio de Salud aprobó los protocolos clínicos de asistencia a las mujeres embarazadas, parturientas y en período posnatal en unas directrices fundamentadas en medicina con base empírica y en las normas internacionales para la prestación de asistencia médica.

Para mejorar la calidad y la accesibilidad de la atención médica, el Gobierno ha establecido paquetes de atención médica que se financian con cargo al programa de garantía médica, en particular para los servicios de mamografía en régimen ambulatorio, servicios de diagnóstico, tratamiento y apoyo a las personas con VIH y servicios para el tratamiento de personas con trastornos mentales y de comportamiento debidos al uso de la terapia de mantenimiento de sustitución de opiáceos, como los medicamentos.

Según el Centro de Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud, 18.425 personas fueron diagnosticadas con VIH, de las cuales 7.346 eran mujeres y 4.473 residentes en zonas rurales. De las 140.333 personas registradas en los centros de salud, 65.010 son mujeres y 32.165 residentes en zonas rurales.

El Estado adquiere el 75 % de los medicamentos para los pacientes seropositivos para el VIH, incluidas las mujeres. El Gobierno duplicó la financiación de los programas de tratamiento del VIH, que ha alcanzado los 871 millones de grivnas (31.107.143 dólares). Estas medidas se centran en garantizar el derecho de los pacientes seropositivos, incluidas las mujeres, a recibir tratamiento inmediatamente después del diagnóstico. Así, por ejemplo, en los últimos 15 años se ha logrado proporcionar una cobertura del 95 % de los servicios preventivos para mujeres embarazadas y disminuir la transmisión del VIH de madre a hijo en nueve veces.

En los registros estadísticos oficiales del Centro de Salud Pública del Ministerio de Salud no se mantienen datos desglosados por sexo de los usuarios de drogas, ni tampoco se dispone de información sobre las trabajadoras sexuales, las mujeres con coinfección por el VIH y la hepatitis viral C, el VIH y la tuberculosis.

En 2019. el Gobierno aprobó una estrategia estatal de lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la hepatitis vírica C para el período hasta 2030. La estrategia cuenta con indicadores que permiten medir la desigualdad de género en el acceso a los servicios y la receptividad con que se prestan.

El Ministerio de Salud modificó en 2019 el procedimiento para derivar pacientes mujeres al primer curso de tratamientos de esterilidad por métodos de tecnologías de reproducción asistida basados en indicaciones absolutas, que se financia con fondos gubernamentales. De ese modo se han eliminado las barreras discriminatorias en el acceso de las mujeres que viven con el VIH a las tecnologías de reproducción asistida.

La labor de promoción que la organización benéfica “Positive Womenˮ ha llevado a cabo con el apoyo de ONU-Mujeres contribuyó a que el Tribunal de Distrito de Kiev concediera permiso a las personas que viven con el VIH para adoptar niños. Asimismo, el Ministerio de Salud excluyó en 2020 el VIH/sida de la lista de enfermedades consideradas no aptas para la adopción de niños.

En 2020, el Ministerio para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania y la organización benéfica “Cien por cien vidaˮ firmaron un memorando de cooperación para dotar de equipo a las estaciones médicas situadas en el territorio de los puestos de control de entrada y salida en las regiones de Donetsk y Luhansk, la República Autónoma de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Está previsto que estas estaciones proporcionen acceso a las pruebas de detección del VIH, la tuberculosis, la hepatitis y el COVID-19. Bajo ese mismo memorando, en una iniciativa que el Ministerio para la Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados de Ucrania viene coordinando desde 2020 con el apoyo de la organización benéfica “Red de personas que viven con el VIH/sida de toda Ucrania”, se abrió y equipó una estación médica y una sala materno-infantil en el centro de servicios de los puestos de control de entrada y salida de Shchastia y Novotroitske.

En 2000, los Centros de Prestación de Asistencia Jurídica publicaron, con el apoyo del proyecto ucraniano-canadiense “Asistencia jurídica asequible y de calidad en Ucrania”, los manuales “La salud de las mujeres en Ucrania: derechos, oportunidades y recomendaciones” y “Organizaciones e instituciones que prestan asistencia y consultas a las mujeres en materia de atención sanitaria”.

Pregunta 19

Prestaciones económicas y sociales

Para obtener información sobre el nivel de pobreza por grupos de población sociodemográficos y socioeconómicos de 2017 a 2020, véase el cuadro 5 del anexo. Los principales programas sociales, como las ayudas por nacimiento de un hijo, las ayudas que reciben las familias monoparentales o con bajos ingresos o los subsidios de vivienda, contribuyen de forma considerable a reducir la pobreza absoluta. En diciembre de 2020, 2.027.044 personas recibieron diversos tipos de prestaciones sociales del Estado. El 73 % de los beneficiarios de esas prestaciones eran mujeres, en su mayoría madres solteras y mujeres mayores, de las zonas rurales, con discapacidad, desempleadas, romaníes o desplazadas.

Ucrania vela por que las familias con niños, incluidas las familias romaníes, reciban un apoyo material garantizado y por que el Estado les proporcione ayuda económica. Para calcular las prestaciones sociales estatales específicas se aplica el mínimo de subsistencia de los principales grupos sociales y demográficos. Al 1 de enero de 2021, el importe del mínimo de subsistencia para las personas sin discapacidad era de 2.270 grivnas.

Al 1 de enero de 2020, 3,4 millones de hogares recibían un subsidio de vivienda. El importe medio de los pagos por vivienda y servicios públicos de calefacción era superior al 70 % de la pensión media en Ucrania y más del 20 % del salario medio.

La cuantía de la prestación por hijos a cargo que reciben las madres solteras equivale a la diferencia entre el 100 % del mínimo de subsistencia para el hijo de la edad correspondiente y la media por persona de los ingresos familiares durante los seis meses anteriores. Al 1 de enero de 2021, la prestación máxima por hijo era de 1.921 grivnas (69 dólares) por hijos de hasta 6 años, de 2.395 grivnas (86 dólares) por hijos de 6 a 18 años de edad, y de 2.270 grivnas (81 dólares) por hijos de 18 a 23 años de edad. En diciembre de 2020, 118.643 mujeres recibían prestaciones por hijos para madres solteras.

El Parlamento modificó en 2017 algunas leyes para cumplir mejor los pagos de la pensión alimenticia y evitar los pagos atrasados. En diciembre de 2020, 8.010 mujeres recibían prestaciones gubernamentales temporales para niños cuyos padres no pagaban la pensión alimenticia.

Para facilitar el acceso a los servicios administrativos, hay en funcionamiento 876 centros de servicios administrativos en los que se pueden obtener en un solo lugar los servicios que se necesiten.

Más de 170.000 residentes de las regiones de Donetsk y Luhansk, el 62,7 % de ellos mujeres, recibieron servicios administrativos y sociales de alta calidad en 14 nuevos centros de servicios administrativos habilitados con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas de Recuperación y Consolidación de la Paz (véase el párr. 54). Además, se transfirieron a dichos centros 16 centros de servicios administrativos ambulantes, que brindaron servicios a personas discapacitadas o de edad que vivían en zonas remotas.

Al 1 de enero de 2020 había 667 centros territoriales de servicios sociales y 129 centros de servicios sociales en funcionamiento, que organizaban la prestación de servicios sociales a personas mayores, personas con discapacidad y otras personas en circunstancias difíciles. En 2019 se proporcionó ayuda a casi 1,2 millones de personas, de las cuales el 75 % eran mujeres y 643.000 vivían en zonas rurales.

Hay 282 centros residenciales que acogen a 40.800 personas mayores o con discapacidad, el 47 % de las cuales son mujeres (además, las mujeres constituyen también el 76 % de los residentes mayores de 80 años). Los centros residenciales del sistema de protección social ofrecen los siguientes servicios: 1) cuidados paliativos en el lugar de residencia; 2) asistencia en el hogar para personas con trastornos mentales; 3) atención diurna para personas con discapacidad y personas mayores; y 4) servicios de transporte.

Se está poniendo en marcha el servicio social y educativo “Universidad de la Tercera Edad”, en el que las personas mayores pueden socializar (véase el párr. 279).

A fin de que las familias que se encuentran en situaciones difíciles puedan ser reconocidas como tales y recibir asistencia y apoyo oportunamente, se encuentra en funcionamiento una red de centros de servicios sociales para las familias, los niños y los jóvenes (que al 1 de octubre de 2020 contaba con 604 centros, 19 menos que en 2019) y 88 instituciones de apoyo social para familias, niños y jóvenes. La disminución sustancial del número de centros de la red que se realizó a finales de 2020 se debió a la reducción del número de distritos de 490 a 136, como consecuencia de las reformas de descentralización. Los órganos de gobierno local actuaron con lentitud a la hora de crear servicios sociales.

A tenor de los resultados de los servicios sociales prestados, más de 10.800 familias que se encontraban en situaciones difíciles han superado la crisis que atravesaban (el 43 % del total). En concreto, 5.900 familias han conseguido reducir al mínimo sus privaciones, y 4.900 familias han superado las circunstancias que las condujeron a situaciones difíciles.

El número total de personas sin hogar a las que se prestaron servicios sociales fue de más de 33.000, de las cuales 3.400 eran mujeres.

Puede obtenerse más información sobre las medidas adoptadas para mejorar el acceso de las mujeres al emprendimiento en los párrs. 185 y 188.

La propagación de la COVID-19 tuvo efectos perjudiciales en la situación económica tanto de las mujeres como de los hombres, especialmente de los que trabajan por cuenta propia o en empresas pequeñas o microempresas. Según la evaluación rápida de la situación y las necesidades de las mujeres en el contexto de la COVID-19 en Ucrania que ONU-Mujeres realizó en mayo de 2020, las repercusiones más negativas de la crisis recayeron sobre las mujeres, ya que el 74 % de todos los trabajadores autónomos son mujeres y su actividad laboral se concentra principalmente en las empresas pequeñas y microempresas, lo que las expuso a un mayor riesgo de pérdida de ingresos a causa de la disminución del consumo de bienes y servicios como consecuencia de las restricciones impuestas por la COVID-19.

Durante el confinamiento, el Ministerio de Política Social puso en marcha la prestación de garantías sociales adicionales para las emprendedoras con hijos, por las que se proporcionó a cada niño de hasta 10 años de edad una ayuda equivalente al mínimo de subsistencia establecido para los niños de los grupos de edad correspondientes al 1 de enero de 2020. El programa funcionó de mayo a agosto de 2020 y proporcionó ayuda a 87.000 emprendedoras. En noviembre se restableció esta ayuda, simplificando el acceso y ofreciendo la posibilidad de recibir ayudas sociales estatales a las familias con bajos ingresos de personas que hubieran perdido su empleo o no pudieran encontrar un trabajo durante el confinamiento.

En 2020 se anuló la obligación de pagar una tasa mínima de contribución social unificada durante los meses en los que no se percibieron ingresos para los emprendedores individuales, excepto aquellos que hubieran optado por un sistema simplificado de tributación, contabilidad y presentación de información, y para las personas que ejercían una actividad profesional independiente y los miembros de las explotaciones agrícolas.

El Ministerio de Política Social puso en marcha las medidas siguientes: 1) incluyó todas las prestaciones concedidas durante la pandemia de COVID-19 en el período de servicio con derecho a pensión; 2) eliminó este período en el cálculo de las pensiones; y 3) dispensó a los emprendedores individuales de realizar el pago de la cotización mínima, que depende del salario mínimo; en su lugar, los pagos se basarán en los ingresos percibidos de hecho.

Durante el confinamiento, el Ministerio de Política Social distribuyó, junto con la corporación АТB, ayuda específica a las poblaciones vulnerables en forma de kits de alimentos y artículos de uso cotidiano por un valor de 100 millones de grivnas (3.571.428 dólares).

El Ministerio de Política Social puso en marcha, con el apoyo del Banco Mundial, el proyecto piloto “Ruka Dopomogy” (Mano amiga). El objetivo del proyecto es ayudar a los desplazados internos y a los miembros de las familias de bajos ingresos a librarse de su dependencia de las prestaciones sociales, encontrar un trabajo decente o establecer su propio negocio mediante microcréditos. De los 237 emprendedores que se han beneficiado del proyecto, el 74 % son mujeres.

Pregunta 20

Mujeres romaníes

Mediante la aplicación de la estrategia y el plan de acción hasta 2020 de protección e integración de la minoría nacional romaní se establecieron procesos de cooperación entre las autoridades públicas y la sociedad civil romaní, por conducto de mediadores romaníes, que contribuyeron a determinar y resolver los problemas más acuciantes para los romaníes. La integración de la población romaní en la sociedad está obstaculizada por la falta de documentación de registro civil y de documentos válidos de registro de residencia: por ejemplo, los desplazados internos romaníes ven restringido su acceso a la ayuda humanitaria debido a la falta de estos documentos. La aplicación de la estrategia también ayudó a aumentar el número de documentos personales expedidos, lo que mejoró la cobertura de asistencia social, creó condiciones para que los niños romaníes recibieran educación preescolar y se matricularan en la enseñanza primaria y facilitó el reconocimiento de la identidad cultural romaní y el apoyo a la misma. Además, las actuaciones previstas en la Estrategia son neutras en cuanto al género. El Programa Social del Estado de Garantía de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Mujeres y Hombres dispone que se realicen evaluaciones de la situación de la educación de las niñas y niños romaníes y se apliquen medidas para alentarlos a que prosigan su educación y a que continúen aprendiendo en todos los niveles de la educación.

En octubre de 2018 se celebró la Conferencia Internacional para la Realización de los Derechos de las Mujeres Romaníes en Ucrania, organizada por el Parlamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Fondo de Mujeres Romaníes “Chiricli” con el apoyo de ONU-Mujeres.

Los organismos del registro civil registraron 9.622 nacimientos de niños nacidos de padres romaníes y emitieron los correspondientes certificados de nacimiento (3.299 certificados en 2017; 3.180 en 2018; 2.459 en 2019; y 684 en el primer trimestre de 2020). Las oficinas del registro civil también llevan a cabo actividades de extensión en las comunidades romaníes para fomentar el registro de los nacimientos y la familiarización con la ley, en particular sobre los efectos nocivos de los matrimonios precoces y la preservación de la salud reproductiva. Las actividades de extensión cuentan con la participación de las asociaciones de la sociedad civil, los centros educativos y los trabajadores sociales.

En las visitas que los especialistas de los centros de servicios sociales para las familias, los niños y los jóvenes y los proveedores de servicios sociales de las comunidades territoriales amalgamadas realizan a las familias romaníes en sus comunidades, proporcionan información y asesoramiento sobre el modo de solicitar la asistencia social del Estado, los servicios sociales disponibles, la paternidad y maternidad responsables y la prevención de la violencia doméstica y el maltrato infantil. También dan aclaraciones sobre los derechos de los niños y la responsabilidad de los padres de garantizar que los niños estén inscritos y disfruten de su derecho a la educación.

En 2019, 40 mediadores prestaron servicios a 34.683 miembros de la minoría nacional romaní (7.144 familias). Los servicios que tuvieron mayor demanda fueron los siguientes: asistencia para presentar una solicitud de obtención de documentos de identidad y registro de residencia; presentación de recursos ante los tribunales; acceso a las ayudas y servicios financieros públicos locales; información sobre protección social y derechos básicos; asistencia en materia de vivienda social y empleo; apoyo educativo para mejorar el nivel de educación escolar; y acceso a diagnósticos y hospitales.

Se incluyó a las mujeres romaníes en la prohibición de los delitos de odio contemplada en el artículo 161 del Código Penal (“Violación de la igualdad de los ciudadanos por motivos de raza, nacionalidad, creencias religiosas, discapacidad u otros motivos”). Durante el período 2017-2020 se iniciaron investigaciones previas al juicio en las actuaciones penales de 526 delitos contemplados en el citado artículo. No se dispone de estadísticas sobre las características de las víctimas.

Entre los miembros del Consejo de Expertos sobre la prevención y respuesta a la discriminación por razón de género se encuentra la directora del Fondo de Mujeres Romaníes “Chiricliˮ. Dicho consejo no dispone de informes sobre la discriminación de las mujeres romaníes por razón de género.

Pregunta 21

Mujeres de las zonas rurales

El 31 % de la población de Ucrania (el 30 % del total de mujeres y niñas y el 32 % del total de hombres y niños) vive en zonas rurales.

Porcentaje de residentes en zonas rurales, por grupos de edad (porcentaje del número total de hombres residentes en zonas rurales y del número total de mujeres residentes en zonas rurales):

	Niños/Hombres	Niñas/Mujeres
De edades entre 0 y 14 años	17 %	14 %
De edades entre 15 y 64 años	71 %	65 %
Mayores de 65 años	12 %	21 %

Se puede consultar la información estadística sobre la situación de las mujeres rurales en los cuadros 1, 2, 7 y 8 del anexo.

Para garantizar el acceso de los residentes de zonas rurales a la justicia, los centros locales de asistencia jurídica secundaria gratuita, que operan a nivel de aldeas, consejos de los asentamientos y comunidades territoriales amalgamadas, han ofrecido servicios en más de 330 lugares remotos. Para obtener información sobre la prestación de servicios sociales a los residentes rurales, véase el párr. 236.

En 2018, el Ministerio de Política de Información creó tres videos destinados a sensibilizar al público sobre la reforma de la asistencia sanitaria en las zonas rurales, con el objetivo de animar a los jóvenes profesionales a trabajar en los ambulatorios rurales. En ellos se hacía hincapié en la prestación de asesoramiento profesional en las aldeas remotas y se destacaba la construcción de nuevos ambulatorios (véase http://mip.gov.ua/news/2681.html).

Las tecnologías de la información y las comunicaciones son relativamente accesibles en Ucrania, incluso para las mujeres. En particular, las autoridades locales de las ciudades están creando zonas de libre acceso a la wifi. No obstante, en varias regiones de Ucrania se están tomando medidas para dotar de equipo a los centros tecnológicos públicos, a fin de que un mayor número de personas pueda acceder a las tecnologías modernas (véase el cuadro 8 del anexo).

Según el Servicio Estatal de Geodesia, Cartografía y Catastro, al 1 de enero de 2018 la superficie total de las tierras de propiedad privada de particulares registradas era de 31,5 millones de hectáreas. De ellas, 8.748.522 parcelas, con una superficie total de 16,7 millones de hectáreas (el 53 %), eran propiedad de mujeres, y 8.214.093 parcelas, con una superficie de 14,8 millones de hectáreas (el 47 %), de hombres. El índice calculado de la distribución por sexos de las tierras pone de manifiesto que, por término medio, en Ucrania sigue habiendo igualdad de género en el acceso a los recursos terrestres. Sin embargo, este indicador refleja únicamente la igualdad en el derecho a heredar tierras agrícolas y la igualdad en su uso como tierras no agrícolas; en cuanto a la propiedad de las tierras agrícolas, según las condiciones establecidas en la moratoria, es imposible extraer conclusiones sobre la igualdad en el uso de los recursos terrestres.

Existe una tendencia a la baja en la representación de las mujeres entre los presidentes de los órganos de gobierno local a nivel de las comunidades territoriales. Aunque las mujeres desempeñaban el cargo de presidentas en alrededor del 50 % de los consejos de aldeas y asentamientos antes de que comenzara el proceso de reformas de descentralización en 2016, tras las elecciones celebradas el 25 de octubre de 2020 las mujeres pasaron a ocupar el 16 % de las presidencias de los consejos de aldea y el 21% de las presidencias de los consejos de asentamiento (véase también el párr. 156).

Para aumentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones relativas al desarrollo social y económico de las zonas rurales, el Ministerio de Política Social produjo en 2020 el video “Tú eres la fuente del cambio”.

Pregunta 22

Mujeres y niñas con discapacidad y mujeres de edad

Más de 2,7 millones de ciudadanos de Ucrania (el 6,5 % de la población) presentan distintas formas de discapacidad; de ellos, más de 1,3 millones son personas con discapacidad del grupo III, es decir, capaces de trabajar. Los principales problemas a los que se enfrentan las niñas y las mujeres con discapacidad son, por una parte, la impracticabilidad arquitectónica y la falta de ajustes razonables en el transporte público, las calles, los edificios y las instituciones educativas, de protección social y de atención sanitaria, y por otra, las escasas oportunidades de acceder a la educación y el empleo.

Según la encuesta “Opiniones y actitudes de la población de Ucrania”, realizada en 2020 a nivel nacional por la ONG “Lucha por lo que es justo” en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la protección de los derechos de las personas con discapacidad” con el apoyo de los Países Bajos y la Fundación de Derechos Humanos de Ucrania, más de un tercio de las personas con discapacidad creen que las mujeres con discapacidad tienen más probabilidades que los hombres con discapacidad de tener problemas de empleo (el 37,6 %), en su vida personal (el 23,2 %), en su acceso a la atención sanitaria (el 14,4 %) y en su vida cotidiana (el 5,3 %).

Con el fin de simplificar el acceso a los centros de rehabilitación y aumentar su calidad, en 2019 se introdujeron modificaciones en el Reglamento del Banco Centralizado de Datos sobre Discapacidad. En particular, el gabinete electrónico para las personas con discapacidad les permitirá presentar de forma rápida los documentos necesarios para obtener medios técnicos y otros medios de rehabilitación en línea y para expresar su opinión sobre la calidad de los servicios.

En el decreto del Presidente de Ucrania “Sobre la mejora de la eficacia de las actuaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad”, de 2019, se concretaron las medidas prioritarias para aumentar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios sociales, sanitarios, educativos y de otro tipo mediante la creación de entornos sin barreras.

De conformidad con el decreto del Presidente núm. 533/2020, de 3 de diciembre de 2020, el Gobierno debe elaborar en 2021 una estrategia nacional para crear un espacio sin barreras en Ucrania, a fin de garantizar la inclusión, la no discriminación, la accesibilidad y las prácticas de diseño universal.

Según los resultados de la encuesta de ámbito nacional “Opiniones y actitudes de la población de Ucrania” (véase el párr. 266), el 71 % de los hombres y el 76 % de las mujeres iban a participar en las mesas de votación de las últimas elecciones locales de 2020. La Comisión Electoral Central aprobó en 2020 el Procedimiento de Información Electoral para Personas con Discapacidad (por motivos de Discapacidad, Edad o Trastorno Temporal de la Salud).

Teniendo en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y otros grupos de baja movilidad, se ha previsto la introducción de modificaciones en varias normas estatales de construcción, como las siguientes: “Instalaciones deportivas”, “Centros educativos”, “Instalaciones sanitarias”, “Líneas de tranvía y trolebús” y “Inclusividad en edificios y estructuras”.

La Ley de Educación, de 2017, determinó que el desarrollo de un entorno de aprendizaje inclusivo era uno de los principios de la política estatal en materia de educación. En los cuatro años transcurridos desde la aprobación de esa ley, el número de alumnos que estudian en clases inclusivas en los centros de educación secundaria general se ha multiplicado por 4,5, pasando de 4.180 alumnos en el curso 2016/17 a 18.643 alumnos en el curso 2019/20.

El Gobierno estableció en 2019 un mecanismo para reembolsar a los empleadores los costos de contratación de personas con discapacidad. Así, ese mismo año se estableció una cuantía preferencial en concepto de contribución unificada para los empresarios individuales que contrataran a personas con discapacidad. En 2020, 23.900 personas con discapacidad, de las que no se disponen estadísticas desglosadas por sexo, recibieron servicios del Servicio Estatal de Empleo.

El Ministerio de Política Social aprobó en 2020 una planilla de información sobre el empleo de las personas con discapacidad. El informe recoge un desglose de datos por sexo, residencia y edad.

En 2019, el Gobierno aprobó las normas modelo de asistencia social y psicológica para víctimas de la violencia doméstica o de género en los centros de día y del servicio especializado de asesoramiento social y psicológico primario para víctimas de la violencia doméstica o de género. Por su parte, el Ministerio de Política Social aprobó en 2018 la norma nacional del servicio de rehabilitación social para personas con trastornos intelectuales y mentales. Asimismo, en 2019 se introdujeron modificaciones en la norma nacional de asistencia residencial para personas que hubieran perdido la capacidad de valerse por sí mismas o no hubieran adquirido dicha capacidad.

Se está mejorando el proceso de implementación de un modelo de rehabilitación integral para personas con discapacidad, que brinda la oportunidad de recibir una serie óptima de distintos servicios de rehabilitación en un solo centro. Al 1 de enero de 2020 había 153 instalaciones de rehabilitación que prestaban esos servicios a 23.022 personas con discapacidad (de las cuales el 42 % eran niñas y mujeres).

Los proyectos de las asociaciones cívicas de personas con discapacidad pueden optar por concurso a recibir apoyo financiero de los fondos del presupuesto estatal, que en 2020 fue de unos 6,5 millones de grivnas. En 2020, 70 organizaciones presentaron solicitudes para llevar a cabo 157 proyectos; 20 de esas organizaciones, incluidas 4 que se dedican a cuestiones de igualdad de género, recibieron ayuda para ejecutar 28 proyectos. Entre las organizaciones ganadoras se encuentran la Asamblea Nacional de Personas con Discapacidad de Ucrania, la Olimpiada Especial de Ucrania, la Unión de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Unión de Personas con Discapacidad de Ucrania.

El 66,3 % de las personas mayores de 65 años son mujeres (véase el anexo, cuadro 1). El Gobierno aprobó en 2018 la Estrategia 2022 para una Política Nacional de Longevidad Activa y Saludable de la Población.

Desde el 1 de enero de 2020 están en funcionamiento 385 “Universidades de la Tercera Edad”, que operan en los centros territoriales, incluidas las oficinas de los ayuntamientos de las aldeas. Reciben así servicios más de 53.000 personas, el 80 % de las cuales son mujeres.

Los servicios sociales para las personas mayores se prestan en su lugar de residencia u hogar, en instituciones y centros de atención residencial y en los centros territoriales de servicios sociales (véanse los párrs. 236 a 238 y 247).

Pregunta 23

Mujeres LGBTI

La Ley sobre los Principios de Prevención y Lucha contra la Discriminación en Ucrania define la discriminación como una situación en la que una persona o un grupo se enfrenta a restricciones de cualquier tipo para ejercer o disfrutar sus derechos y libertades o para que les sean reconocidos, ya sea por motivos de raza, color, opiniones políticas, religiosas o de otro tipo, sexo, edad, discapacidad, origen étnico o social, nacionalidad, estado civil o patrimonial, residencia o idioma o por otros motivos que hayan sido, sean o puedan ser reales o percibidos. Entre esos otros motivos se encuentra ser lesbiana, bisexual o transexual. La prohibición de la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género queda establecida explícitamente en el Código de Leyes Laborales (artículo 21), y por motivos de orientación sexual en la Ley sobre el Estatuto Jurídico de las Personas Desaparecidasˮ (artículo 7). La prohibición de los delitos de odio se extiende a las mujeres LGBTI (véase el párr. 254).

El derecho de las personas con disforia de género a someterse a una cirugía de reasignación de sexo está contemplado en el artículo 51 de la Ley sobre los Principios Fundamentales de la Legislación Sanitaria, y el procedimiento correspondiente quedó regulado en 2016 en la orden del Ministerio de Salud sobre el establecimiento de las indicaciones médico-biológicas y socio-psicológicas para un cambio (corrección) de sexo y la aprobación de la planilla para la documentación de registro primario y las instrucciones para su cumplimentación.

La noción de desarrollo de la salud pública formulado en 2016, entre otros principios que sirven de fundamento al sistema de salud pública, reconoce el derecho a la salud y a la atención sanitaria como derecho humano básico, independientemente de la raza, color, opiniones políticas, religiosas o de otra índole, sexo, edad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o social, patrimonio, residencia, idioma u otras características, incluida la salud.

La Policía Nacional y la Universidad Estatal de Asuntos Internos de Lviv han preparado la guía “Delitos cometidos por motivos de intolerancia: investigaciones específicas”, que se ha distribuido entre las unidades territoriales de investigación para fundamentar su labor.

Las normas de comportamiento ético de la policía exigen que, al desempeñar sus funciones, los agentes de policía respeten la dignidad de cada individuo y traten a todas las personas de manera justa e imparcial, sin consideración de su raza, etnia, idioma, sexo, edad, religión, opinión política o de otro tipo, situación patrimonial, origen o condición social, educación, residencia, orientación sexual u otras características personales.

Los eventos masivos que contaron con mayor activismo de la comunidad LGBTI se realizaron en 2019, debido a la mayor aceptación de las personas LGBTІ en la sociedad y a la contribución efectiva de las autoridades estatales, en particular de las fuerzas del orden.

Como establece la ley, no hay restricciones para que las mujeres LGBTI puedan acceder a los centros de acogida para víctimas de la violencia doméstica o de género o recibir asistencia.

Pregunta 24

Matrimonio y relaciones familiares

La edad mínima para contraer matrimonio para hombres y mujeres queda fijada, con arreglo al Código de Familia, en los 18 años. Casi el 95 % de las personas a las que se otorgó derecho a contraer matrimonio por decisión judicial sin haber alcanzado los 18 años eran mujeres, a saber: en 2017, 1.377 mujeres y 84 hombres; en 2018, 996 mujeres y 65 hombres; en 2019, 1.016 mujeres y 56 hombres; y al 8 de diciembre de 2020, 608 mujeres y 19 hombres. El 51 % de estas personas eran residentes en zonas urbanas. La razón más frecuente por las que los menores de 18 años obtienen un permiso de matrimonio es el embarazo.

Se está vigilando el cumplimiento de la edad mínima para contraer matrimonio por parte de las chicas romaníes, y se ha aumentado la concienciación de las familias romaníes sobre los perjuicios de los matrimonios precoces (véase la pregunta 20).

El ámbito de aplicación de la legislación sobre la prevención y lucha contra la violencia doméstica, independientemente de que las personas vivan juntas, se ha hecho extensivo a los tutores y cuidadores y a sus hijos y las personas que estén o hayan estado bajo su tutela o custodia. Las competencias de los órganos de tutela y custodia son, entre otras, las siguientes: 1) proteger los derechos e intereses de los niños víctimas o agresores, por medios como el recurso a los tribunales y la representación de los derechos e intereses de los niños en los tribunales cuando se consideren cuestiones relacionadas con la comisión de actos de violencia doméstica, en particular la expedición de órdenes de alejamiento; 2) en los casos en que los agresores sean los padres o los padres adoptivos, considerar si es procedente separar al niño o retirarles la patria potestad; y 3) en los casos de violencia doméstica contra el niño o que lo afecten, considerar si procede separar al niño de su tutor o cuidador, de sus padres adoptivos o de sus padres de acogida.

Pregunta 25

Información adicional

En 2018 se celebraron audiencias parlamentarias sobre la prevención y la lucha contra la discriminación de las mujeres de grupos sociales vulnerables.

En el primer semestre de 2020, los centros de formación avanzada impartieron capacitación a 4.930 personas, 4.686 de las cuales eran funcionarios públicos y 244, funcionarios de gobiernos locales, en el marco de los programas de formación superior que incluyen módulos y temas sobre los principios de la Convención.