Comité de Derechos Humanos
13 8 º período de sesiones
26 de junio a 28 de julio de 2023
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto
Respuestas de Colombia a la lista de cuestiones relativa a su octavo informe periódico * **
[Fecha de recepción: 31 de enero de 2023]
I.Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto
Dictámenes Comité
1.Mediante el Grupo Interno de Trabajo de Seguimiento a Ordenes y Recomendaciones de Órganos Internacionales en materia de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores adelanta las gestiones tendientes al cumplimiento de los dictámenes del Honorable Comité.
2.A través de la Ley 288 de 1996 se creó el Comité Interinstitucional encargado de determinar la entidad que asumirá las medidas pecuniarias dispuestas por el Comité.
3.El Gobierno nacional renueva la disposición de trabajar con el Comité a fin de alcanzar acuerdos fundados en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Alertas Tempranas
4.La Defensoría del Pueblo señaló que, desde la entrada en vigor del Decreto 2124 de 2017, ha emitido:
a)Alertas Tempranas: 260
2017: 1 AT
2018: 86 AT
2019: 56 AT
2020: 54 AT
2021: 29 AT
2022: 34 AT
b)Informes de Seguimiento: 177.
5.A partir de los Informes de Seguimiento se ha evidenciado la siguiente evolución en las situaciones de riesgo advertidas por la Defensoría del Pueblo:
Mitigado: 1 %
Se mantiene: 64 %
Tiende a agravarse: 35 %
6.Por su parte, la Procuraduría General de la Nación en el 2022 ha realizado seguimiento a las 32 alertas tempranas emitidas por la Defensoría a través de las procuradurías regionales y provinciales.
II.Lucha contra la impunidad y violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado interno
Reparación a Niños Niñas y Adolescentes (NNA)
7.La Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF ha proferido el Manual Operativo de Modalidades y Servicio para el restablecimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes en el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD). Las modalidades en que son ubicados los NNA se dividen en tres: modalidades de ubicación inicial, modalidades de apoyo y fortalecimiento a la familia o red vincular o modalidades de acogimiento. El Lineamiento del Modelo indica que los procesos de atención deberán ajustarse de acuerdo con las particularidades y afectaciones identificadas en cada caso concreto, definiendo planes de caso con acciones concretas para el restablecimiento efectivo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las modalidades y servicio de atención, buscando la superación de las situaciones que dieron origen a la vulneración para asegurar el egreso del PARD, su reintegro a un medio familiar de manera definitiva.
Restitución de Tierras
8.La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - URT reportó que, al 30 de noviembre de 2022 se contaba con 143.881 solicitudes de restitución, de las cuales 143.085 corresponden a la ruta individual, de estas, 117.536 están micro focalizadas ya que poseen criterios de seguridad para iniciar este trámite; 25.549 están en zonas no micro focalizadas, siendo zonas que presentan algún nivel de riesgo que impide dar paso al inicio del trámite. Del total de solicitudes, 101.595 cuentan con una decisión de fondo, 65.594 tienen decisión negativa y 36.001 tienen decisión de descripción en el Registro. De estas, 32.628 cuentan con demanda ante los despachos judiciales, de ellas, 13.697 cuentan con sentencia en la que se ha ordenado la restitución de tierras de 200.294 hectáreas, que favorecen a 36.883 personas, 18.493 son mujeres.
9.La URT informó que, al 30 de noviembre de 2022 se reportan 796 casos de comunidades étnicas iniciados por vías oficiosas, solicitud de parte y órdenes judiciales, comprendiendo un total de 819 territorios, que corresponden a la ruta colectiva. De estos casos, 284 (que comprenden 295 territorios de comunidades étnicas) tienen una decisión de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas. Forzosamente (RTDAF), 127 no contaron con recomendación de caracterización de afectaciones territoriales, y 7 fueron objeto de desistimiento tácito o expreso. Precisando que, la adopción de estudio preliminar sin recomendación de caracterización de afectaciones territoriales conlleva a la no continuidad del trámite administrativo de restitución de derechos territoriales; reconociendo que la restitución va más allá del derecho a la propiedad y se enmarca en un contexto de justicia transicional, que tiene como finalidad materializar la protección de los derechos de las víctimas, atendiendo a los lineamientos de la Corte Constitucional.
10.Asimismo, desde el 07 de agosto de 2022 se han recibido 2.356 solicitudes de restitución, 2.345 de ruta individual y 4 de ruta colectiva; y durante este lapso, se han emitido 1.362 decisiones de fondo, 1.335 de ruta individual y 27 de ruta colectiva. Mientras que en el gobierno de Iván Duque se recibieron 20.857 solicitudes y se emitieron 40.147 decisiones de fondo.
11.De igual forma, la URT ha previsto para el próximo año revisar aquellos casos que no contaron con recomendación de caracterización de afectaciones territoriales o que fueron objeto de desistimiento, para determinar que dichas decisiones contienen el análisis probatorio pertinente y se encuentran ajustadas a la normatividad aplicable.
12.Desde el 07 de agosto de 2022 se han revocado un total de 339 actos administrativos de la etapa administrativa mediante los cuales se decretó desistimiento, no inicio o no inscripción, equivalentes a 54.115 hectáreas que contaban con una decisión negativa, por considerar que no se cumplían los requisitos de la Ley 1448 de 2011 para inscribir el Registro.
13.Por ello, la Unidad pensó crear unas líneas estratégicas que armonicen el proceso; en la ruta individual, por ejemplo, conformarán un equipo de profesionales al interior de la Dirección Jurídica de Restitución (DJR) para la revisión de las decisiones negativas, para determinar si las mismas se encuentran ajustadas a la normatividad aplicable y contienen el análisis pertinente para la adopción de la decisión. Mientras que, en la ruta colectiva, una de las estrategias es que, en las restituciones étnicas, con el fin de evitar rezagos, se hará una priorización para la definición de las metas de vigencia 2023, para que estos trámites tengan prioridad de casos nuevos y de años anteriores, logrando dar mayor atención a las comunidades y pueblos étnicos.
Reparación Integral a las Víctimas
14.La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV remitió las cifras del Registro Único de Víctimas respecto a la inclusión individual (ver Anexo 1) y la inclusión de Sujetos de Reparación Colectivos (ver Anexo 2).
15.De igual forma, la UARIV reportó la siguiente información sobre los resultados obtenidos en el marco de la implementación del proceso de Reparación Individual:
Indemnización individual y giros respectivos, según hecho victimizante, pertenencia étnica, género ciclo vital y discapacidad: Durante el periodo 01 de noviembre de 2020 a 31 de octubre de 2022 se han indemnizado a 209.393 víctimas, que conllevaron la ejecución de 232.548 giros por concepto de indemnización y un presupuesto de $ 2.011.146.072.899.
16.Respecto a los planes integrales de reparación colectiva aprobados y protocolizados con sujetos étnicos, comunidades campesinas y organizaciones y grupos: Durante el periodo requerido, se avanzó con la aprobación del Plan Integral de Reparación Colectiva -PIRC con 54 sujetos de reparación colectiva; 18 sujetos de comunidades campesinas, 8 sujetos de organizaciones y grupos y 28 sujetos étnicos con la protocolización de la consulta previa.
Todos los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) tienen acceso al acompañamiento psicosocial en todas las fases de la ruta: Alistamiento, caracterización del daño, diseño y formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) y en la implementación de la medida de Rehabilitación.
Se han implementado acciones de la medida de rehabilitación con 82 SRC no étnicos en el marco de las acciones de la estrategia entrelazando y se ha logrado el cierre de las acciones de la media en 42 SRC. Para sujeto étnicos, en el periodo mencionado, se han implementado acciones de la medida de rehabilitación con 76 SRC y se ha logrado el cierre de las acciones de la media en 12 SRC.
La medida de Rehabilitación Étnica se enfoca en el fortalecimiento de las formas propias de recuperación de la armonía y el equilibrio espiritual, parte del pensamiento propio de cada SRC y fortalece las prácticas propias relacionadas con el cuidado colectivo, así como la participación de los sujetos de especial protección y las formas propias de transmisión de conocimientos y el reconocimiento de los mecanismos de afrontamiento y resistencia. De esta forma el acompañamiento psicosocial. Y cada SRC parta de su propia cosmovisión y sus formas propias de cuidar y mantener la armonía y el equilibrio espiritual.
Lineamientos construidos en la implementación de medidas de satisfacción y garantías de no repetición a favor de sujetos étnicos y no étnicos: Durante el periodo, se logró la implementación de 766 acciones de reparación beneficiando a 159 Sujetos de Reparación Colectiva (56 sujetos étnicos, 90 no étnicos y 13 sujetos de organizaciones y grupos). Del total de acciones implementadas, 414 acciones en 86 sujetos corresponden a implementación en municipios PDET. Del total de acciones implementadas durante el periodo, 133 acciones son de Garantías de No Repetición y 171 acciones de Satisfacción, beneficiando a 104 Sujetos de Reparación Colectiva.
Acuerdo de Paz
17.A continuación, el Estado relaciona los logros alcanzados en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera de conformidad con la información reportada por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación:
a)Logros capítulo de mujer y género Plan Marco de Implementación.
Con gestiones para garantizar su funcionamiento a través de la aprobación de proyectos de financiamiento por USD 850.000 con el Fondo Multidonante para las Naciones Unidas.
Elección de nuevas representantes de la Instancia Especial de Mujeres, realizada por parte de la CSIVI
La Mesa Técnica de Género del CNR. El cual se viene abordando en 4 líneas estratégicas:
Territorialización de las acciones de género en el CONPES 393 de 2018 mediante viajes a departamentos y municipios priorizados y el seguimiento a la implementación de planes de género.
Entrenamientos a nivel nacional y territorial sobre procesos de reincorporación y género mediante jornadas de sensibilización a funcionarios(as) del nivel nacional y territorial.
Transversalización del enfoque de género en la reincorporación.
Seguimiento e impulso de acciones CONPES 3931 de 2018
Elaboración y publicación del documento de “Lineamientos Estratégicos en clave de transversalidad de género”.
Funcionamiento de la Alta Instancia de Género de Gobierno (AIGG).
Funcionamiento la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación
Se expidió la Resolución No. 0845 de 2018 del Ministerio del Interior, por la cual se adopta el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.
En el marco de la Instancia de Alto Nivel (IAN) y de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) se crearon: la sesión técnica de género de la CNGS y el Comité Operativo de Mujer y Género de la Instancia de Alto Nivel.
Se desarrolló la herramienta digital “Así avanzan las mujeres en la paz”.
b)Logros capítulo étnico
La Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos – IEANPE. Se han apoyado las gestiones para la aprobación del proyecto de financiamiento de la Instancia, desde junio de 2020, hasta diciembre de 2022
Se puso en marcha de la Mesa Étnica de Reincorporación del CNR. En la actualidad la mesa se encuentra definiendo su plan de trabajo.
Se creó la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, mediante la expedición de los Decretos 1097 y 1158 del 2020.
El Consejo Nacional de Planeación incorporó dentro de su reglamento la vinculación de los representantes de la población ROM como invitados permanentes.
211 territorios étnicos han sido declarados libres de Minas Antipersonal, 74 de ellos durante este gobierno y 25 durante el año 2021. Esto corresponde a un 57% de aquellos territorios que cuentan con condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades de desminado humanitario.
c)Logros de seguridad y protección a personas en reincorporación (párrafo 5)
18.En el marco de la estrategia institucional del Estado para la seguridad de las personas en reincorporación, integrantes del partido político FARC y sus familias, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación lidera la articulación de 15 instancias con competencias en la materia, las cuales, en el ámbito de sus funciones y competencias, han articulado más de 50 medidas para reforzar la seguridad de esta población. Las medidas impulsadas buscan reforzar la seguridad de las personas en reincorporación de las extintas FARC- EP, los integrantes del partido político FARC y sus familias, y corresponden a 23 medidas encomendadas por el Presidente de la República en junio de 2019 y más de 20 medidas que posteriormente las complementaron, así como las medidas para la seguridad de candidatos del partido político FARC en las elecciones territoriales de octubre de 2019.
Investigaciones Disciplinarias
19.Respecto a las cifras correspondientes a las conductas investigadas, resaltando aquellas que corresponden a presuntas vulneraciones de derechos humanos (lesiones personales; homicidios; torturas y desaparición forzada), la Procuraduría General de la Nación - PGN reporta la información contenida en el Anexo No. 07.
20.Sobre las medidas adoptadas para garantizar la reparación integral a todas las víctimas, la Procuraduría General de la Nación indicó que la Delegada con funciones de Coordinación de Intervención para la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, en lo corrido del año 2022, ha realizado: 21 jornadas de pedagogía y el diligenciamiento de acreditación ante la JEP con participación de más de 500 víctimas de las regiones del Urabá Chocoano y Antioqueño, Norte de Santander, Meta, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Cundinamarca. A través de su función de intervención se ha trabajado en la materialización de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, presentando observaciones a:
Versiones voluntarias de exmiembros de las FARC-EP y el Ejército Nacional en los diferentes macrocasos.
Asuntos que llaman a reconocer a los máximos responsables e identifican los delitos cometidos y las afectaciones ocasionadas a las víctimas del conflicto.
Reconocimientos de verdad que hicieron los miembros del secretariado de las extintas FARC-EP y 23 exmiembros de la Fuerza Pública.
Propuestas de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (TOAR) como parte de la dimensión restaurativa de las sanciones propias a ser impuestas por el Tribunal Especial para la Paz.
21.La PGN participa en calidad de interviniente especial ante la JEP en los 7 macrocasos que cursan ante dicha jurisdicción. A la fecha, se han:
Emitido 732 conceptos en casos individuales.
Radicado ante la JEP 132 macro conceptos.
Elaborado 2.838 estudios preparatorios al interior de los macro casos.
Intervenido en 986 audiencias y diligencias.
Realizado 1.106 estudios preparatorios de audiencias y diligencias.
Desarrollado 1.237 actuaciones relacionadas con víctimas.
22.En relación con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad – CNGS, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz ha adelantado actuaciones preventivas como:
Seguimiento permanente a las condiciones de seguridad de las lideresas y defensoras de derechos humanos impulsando el otorgamiento de esquemas y otras medidas de protección.
Seguimiento a los casos de mujeres en proceso de reincorporación que han sido víctimas de homicidio, buscando impulsar las investigaciones.
Seguimiento permanente a la estrategia de seguridad para mujeres en proceso de reincorporación.
Inclusión del análisis de género transversal en el “IV Informe para el Congreso”, con 29 recomendaciones para fortalecer las políticas y medidas en favor de las mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas rurales, en proceso de reincorporación y las lideresas y defensoras de Derechos Humanos víctimas del conflicto.
Articulación con la Mesa Técnica de Género del CNR Comunes, para fortalecer la implementación y territorialización de las acciones de género del CONPES 3931 de 2018.
Seguimiento al Auto 1057 de 2022 de la JEP, y a la estrategia para familiares de personas en proceso de reincorporación fallecidas.
Investigaciones penales
23.De acuerdo con el sistema de información SPOA (Sistema Penal Oral Acusatorio) de la Fiscalía General de la Nación, en el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2022, el número de procesos por actos de racismo o discriminación en el marco del conflicto armado fue de 151. En atención a Ley penal colombiana estas denuncias corresponden a actos de discriminación racial, de racismo, de hostigamiento por motivos de raza u otros motivos y apología al genocidio, los cuales se encuentran contenidos en los artículos 147, 134A, 134B y 102 del Código Penal.
24.En cuanto a noticias criminales relacionadas con conductas que pueden ser asociadas a la protección de los derechos humanos, así como al derecho a la vida, entre el 1° de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2022, el sistema de información SPOA reportó 17 casos únicos por la categoría de “homicidio presentado como baja por la Fuerza Pública”.
25.Para el período consultado (1° de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2022), el SPOA registró 6 procesos únicos por delitos relacionados con tortura (art. 137 y178) y tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida (art. 146) en el marco del conflicto armado.
III.Estado de excepción
26.Para hacer frente a la pandemia por el CORONAVIRUS, la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud, el Estado ha realizado diversas acciones como:
a)Establecimiento de protocolos de atención médica para el diagnóstico y tratamiento de casos sospechosos y confirmados de COVID-19.
b)Implementación de medidas de control y prevención, como la distribución de equipos de protección personal para el personal de salud y la implementación de medidas de distanciamiento social.
c)Fortalecimiento de la red de atención médica para hacer frente al aumento de casos de COVID-19, incluyendo la activación de hospitales de campaña y la contratación de personal adicional.
d)Realización de campañas de comunicación para promover medidas de prevención y difundir información sobre el virus y cómo protegerse.
e)Colaboración con otras instituciones y organizaciones internacionales para obtener apoyo técnico y financiero para hacer frente a la pandemia.
f)Desarrollo de planes de contingencia y de respuesta a emergencias para garantizar la continuidad de los servicios de salud y proteger a la población.
g)Coordinación con otras entidades del gobierno y el sector privado para garantizar el suministro de insumos y equipos necesarios para hacer frente a la pandemia.
h)Realización de pruebas de detección del virus en una amplia escala para identificar a personas infectadas y aislarlas para evitar la propagación del virus.
i)Establecimiento de centros de aislamiento y cuarentena para personas que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 o que presenten síntomas compatibles con la enfermedad.
j)Desarrollo de una plataforma digital para el seguimiento y monitoreo de casos de COVID-19 y para facilitar la toma de decisiones en la gestión de la pandemia.
k)Adquisición de vacunas para inmunizar a la población y protegerla contra el virus.
l)Implementación de medidas de protección especiales para grupos de riesgo, como personas mayores y aquellas con enfermedades crónicas.
27.Entre las múltiples medidas adoptadas por el Ministerio de Salud de Colombia se incluyen la implementación de protocolos de atención médica, medidas de control y prevención, fortalecimiento de la red de atención médica, campañas de comunicación, coordinación con otras entidades y organizaciones, desarrollo de planes de contingencia y de respuesta a emergencias, realización de pruebas de detección, establecimiento de centros de aislamiento y cuarentena, desarrollo de una plataforma digital de seguimiento y monitoreo, adquisición de vacunas e implementación de medidas de protección especiales para grupos de riesgo.
IV.Violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica
28.En lo atinente a la garantía de los derechos de las mujeres, en materia de salud el Ministerio de Salud reportó las siguientes acciones:
1.Establecimiento de líneas de atención y apoyo para mujeres víctimas de violencia, incluyendo líneas telefónicas de emergencia y centros de atención y asesoramiento.
2.Implementación de protocolos de atención médica para brindar asesoramiento y tratamiento a mujeres víctimas de violencia, incluyendo atención psicológica y médica.
3.Desarrollo de programas de prevención y sensibilización para promover la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.
4.Promoción de la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la definición de políticas públicas relacionadas con la violencia de género.
5.Coordinación con otras instituciones y organizaciones para garantizar la atención integral y la protección de las mujeres víctimas de violencia.
6.Desarrollo de campañas de comunicación para difundir información sobre la violencia de género y promover la denuncia de casos de violencia.
7.Fortalecimiento de la red de atención médica para brindar atención especializada y de calidad a mujeres víctimas de violencia.
29.Por su parte, la UARIV resaltó las siguientes gestiones:
Indemnizaciones administrativas reconocidas durante el periodo en mención por el hecho victimizante de: Delitos contra la libertad e integridad sexual. Ver Anexo 8.
Programas psicosociales relacionados con violencia contra la mujer y niños, niñas y adolescentes: Estrategia de Reparación Integral Fortaleciendo Capacidades, desde el Enfoque de Derechos se implementa a través de (7) siete metodologías con enfoque diferencial y de género, que contribuyen al fortalecimiento de los proyectos de vida de las víctimas participantes en su entorno familiar y social, y aportan a la construcción de un sentido reparador y transformador de sus recursos de indemnización, con la implementación de una medida de satisfacción y el desarrollo de acciones que favorecen a la no repetición.
Programas psicosociales de la UARIV relacionados con violencia contra la mujer y niños, niñas y adolescente
30.La UARIV implementó la Estrategia de Reparación Integral Fortaleciendo Capacidades -creada en 2019- desde el Enfoque de Derechos se implementa a través de 7 metodologías con enfoque diferencial y de género, que contribuyen al fortalecimiento de los proyectos de vida de las víctimas participantes en su entorno familiar y social, y aportan a la construcción de un sentido reparador y transformador de sus recursos de indemnización, con la implementación de una medida de satisfacción y el desarrollo de acciones que contribuyen a la no repetición.
31.Esta propuesta metodológica responde al compromiso que tiene la Entidad de fortalecer el proceso de reparación integral con enfoque diferencial y perspectiva de derechos, específicamente para sujetos de especial protección (ver Anexo 9), así
CRE-SER: Dirigida a niños y niñas entre los 6 y los 12 años, fomentando su autoestima y autonomía, el conocimiento de sus derechos como ciudadanos y sujetos de especial protección, y el reconocimiento de sus habilidades y capacidades.
PROYECTÁNDONOS: Dirigida a adolescentes entre los 13 y los 17 años, fortaleciendo los conocimientos sobre DD.HH. y sus derechos como sujetos de especial protección. Para que se reconozcan como personas dignas, con habilidades y fortalezas, contribuyendo a la mitigación de los daños morales causados por el conflicto. Además de herramientas que aportan al desarrollo de proyectos de vida.
VIVIFICARTE: Mujeres entre 18 y 65 años de edad. Es una estrategia que ha contribuido a su reparación, al fortalecer en las participantes sus habilidades y capacidades, reconocer los daños ocasionados en razón del conflicto y utilizar este pasado en común y su memoria, generando reflexiones y conocimiento en relación a los derechos humanos, la importancia de la memoria histórica y su relevancia en el presente, generando, con estos elementos, herramientas de agenciamiento que les permitan construir o reconstruir una proyección hacia un futuro mejor.
Protección a mujeres Defensoras de Derechos Humanos
32.La PGN ha llevado actuaciones preventivas como:
Acompañamiento de procesos de identificación y mapeo de organizaciones y mujeres lideresas y defensoras en los territorios, procesos de formación y capacitación, construcción de agendas de incidencia y gestión y apoyo en espacios de concertación con entidades territoriales.
Seguimiento al Plan de Acción Nacional 2019-2022
Espacios de Diálogo con organismos del sistema de Naciones Unidas, como con ONU Mujeres o ACNUR.
Espacios de diálogo y seguimiento con las plataformas y organizaciones de mujeres lideresas y defensoras.
Articulación con la Defensoría del Pueblo delegada para los Derechos de las Mujeres y asuntos de género en espacios conjuntos de trabajo.
Apoyo a la gestión de riesgos y desarrollo de acciones en los territorios para la protección de mujeres lideresas y defensoras.
Participación en instancias interinstitucionales para la implementación del PIGMLD y la protección integral de mujeres lideresas y defensoras.
Diálogo permanente con el Ministerio del Interior.
Con la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para Asuntos Penales y en el marco de la estrategia PROMUJERES, se ha desarrollado una instancia de seguimiento denominada Mesa de Seguimiento a Casos. En 2020 se hicieron dos:
Putumayo: en la cual se realizó seguimiento a 19 amenazas de homicidio, desaparición y violencia sexual.
Montes de María: donde se realizó el seguimiento a 33 casos.
33.El Ministerio de Justicia implementó el Programa integral de garantías para mujeres rurales, lideresas y defensoras de derechos humanos, en el que se articulan veintiocho (28) entidades nacionales para el desarrollar los siguientes ejes estratégicos:
a)Prevención: centrado en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y las organizaciones de lideresas y defensoras de derechos humanos para reducir las vulnerabilidades propias de su labor.
b)Protección: busca incrementar la capacidad de respuesta institucional ante situaciones de riesgo inminente.
c)Garantías de no repetición: mediante la lucha contra la impunidad y la salvaguarda de la memoria histórica. Partiendo de las mujeres que se encuentran en la ruralidad colombiana, especialmente las que realizan acciones para la defensa de la vida y del territorio, puesto que se encuentran más expuestas a violencias y violaciones a sus derechos humanos.
Acceso a la justicia para las mujeres
34.El Ministerio de Justicia ha implementado la estrategia “Tejiendo Justicia: Red Universitaria por la Igualdad, Inclusión y Transparencia”, en la que participan 136 Facultades de Derecho con Consultorio Jurídico. El propósito de esta Red es movilizar a las universidades para incorporar los temas de género en la formación de los futuros abogados, detección y acompañamiento en situaciones de violencia contra las mujeres y personas LGBT. También, se realiza acompañamiento a las comisarías de familia, autoridades territoriales, inspecciones de policía, centros de conciliación y otros actores del sector justicia.
35.Realizando con ello, procesos de formación y asistencias técnicas sobre violencias basadas en género, enfoque de género para la atención, rutas de atención, violencia intrafamiliar, contextos de discriminación y protección especial para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. Asimismo, se ha implementado la Guía de atención a mujeres y personas LGBTI en los servicios de acceso a la justicia proceso abarca el desarrollo de actividades de formación, evaluación de la prestación del servicio a la luz de los lineamientos técnicos, elaboración de planes de mejoramiento, acompañamiento especializado para cumplir el plan de mejoramiento, y evaluación de cierre para evidenciar las transformaciones logradas.
Investigaciones Penales
36.La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación considerando el impacto de los delitos relacionados con violencia basada en género acaecidos en el marco del conflicto armado, desde el año 2013 se inició la construcción del patrón de macrocriminalidad respectivo, respecto de las distintas estructuras armadas que conformaron las AUC.
37.Igualmente, para los años 2020 a 2022, se implementó como estrategia investigativa el impulso de manera priorizada y efectiva de los procesos relacionados con violencia basada en género -VBG, entre otras temáticas.
38.En cuanto a los delitos que comprenden la violencia basada en género, entre el 1° de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2022, se informa que se encuentran 786 hechos en fase de indagación que comprenden 900 víctimas, y 2.375 hechos están ante los Magistrados de Justicia y Paz surtiéndose las respectivas audiencias, los cuales abarcan 2.582 víctimas.
39.La Dirección de Políticas y Estrategia informa que, respecto del número de denuncias con al menos una víctima mujer por violencia sexual, feminicidio y violencia intrafamiliar, del 1° de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2022, se registraron 82.772 noticias criminales por los delitos relacionados con violencia sexual, 187.876 casos por violencia intrafamiliar y 1.125 casos por feminicidio.
40.En relación con defensoras y lideresas de derechos humanos, se han reportado desde el 2016 al 31 de octubre del 2022 un total de 84 víctimas de las cuales 54 cuentan con avance investigativo hacia el esclarecimiento, correspondiente al 64.29% y se encuentran en las siguientes etapas:
Ejecución de penas – Sentencia Condenatoria: 17
Juicio: 16
Investigación: 9
Indagación con orden de captura: 7
Preclusión – Muerte del indiciado: 5
41.En lo que respecta a la temporalidad comprendida entre el mes de noviembre del 2020 y noviembre del 2022, frente a las afectaciones que fueron documentadas por la Defensoría del Pueblo, sobre la población de mujeres líderes sociales y Defensoras de Derechos Humanos, las cifras ascienden a 36 víctimas, de las cuales 16 cuentan con avance investigativo hacia el esclarecimiento, correspondiente al 44.44% y se encuentran en las siguientes etapas:
Juicio: 6
Investigación: 2
Indagación con orden de captura: 6
Preclusión – Muerte del indiciado: 2
V.Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y derechos reproductivos
42.El Ministerio de Salud indicó que ha realizado las siguientes gestiones:
Desarrollo de políticas y programas para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad y la protección de los derechos reproductivos.
Implementación de protocolos de atención médica para brindar servicios de salud reproductiva de manera segura y eficiente, incluyendo la IVE.
Desarrollo de campañas de comunicación para promover la salud reproductiva y los derechos reproductivos y sensibilizar a la población sobre la importancia de estos temas.
Fortalecimiento de la red de atención médica para garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva de calidad y reducir la brecha de acceso a estos servicios.
Coordinación con otras instituciones y organizaciones para garantizar la atención integral y la protección de los derechos reproductivos.
Promoción de la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y en la definición de políticas públicas relacionadas con la salud reproductiva y los derechos reproductivos.
Establecimiento de líneas de atención y apoyo para brindar asesoramiento y orientación sobre temas de salud reproductiva y derechos reproductivos.
43.El Ministerio de Salud de Colombia ha tomado una serie de medidas para promover la salud reproductiva y los derechos reproductivos de la población, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Estas medidas incluyen el desarrollo de políticas y programas, la implementación de protocolos de atención médica, el desarrollo de campañas de comunicación, el fortalecimiento de la red de atención médica, la coordinación con otras instituciones y organizaciones, la promoción de la participación activa de las mujeres y el establecimiento de líneas de atención y apoyo.
Aprehensiones por el Delito de Aborto
44.La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, informó que, de conformidad con el “Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo”-SIEDCO PLUS”, se realizaron diez (10) aprehensiones por el delito de aborto para el año 2021 y tres (03) para el 2022.
VI.Derechos a la vida
Reforma Policía Nacional
45.Como resultado a las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidasrespecto al Paro Nacional del 2021 la Policía creó la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) como “última ratio” y como manual para el restablecimiento de las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana. Inclusive, “Control de Disturbios” se debe considerar la última instancia de intervención para reestablecer el orden público. Asimismo, se ha entrado en validaciones en terreno para verificar que los funcionarios cumplan con lo establecido en la doctrina institucional.
46.Para el entrenamiento de estos funcionarios se estableció una hoja de ruta con cinco líneas:
Sistema Táctico Básico Policial.
Mediación Policial.
Resiliencia y manejo de estrés (Heart Math).
Atención al ciudadano.
Habilidades comunicativas.
47.Desde el Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional se han adelantado las siguientes actividades de capacitación, con el propósito de fortalecer los conocimientos de los uniformados de la Policía Nacional:
2021
En coordinación con la Universidad Sergio Arboleda, la Policía Nacional desarrolló el curso de “Formación de Instructores en Derechos Humanos y Uso Adecuado de la Fuerza”, dirigido a 100 funcionarios de la Policía Nacional; 70 de Derechos Humanos y 30 docentes de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional.
Se desarrolló el “Seminario Virtual Derechos Humanos y sus Enfoques” por parte de la Pontificia Universidad Javeriana, dirigido a 150 funcionarios de la Policía Nacional adscritos a las Direcciones, Metropolitanas, Departamentos y Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD hoy llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) durante los meses de agosto y octubre del 2021.
Se realizó capacitación dirigida al Escuadrón Móvil Antidisturbios hoy llamada Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) con la Universidad EAFIT (Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico), denominada "Seminario Taller Mecanismos para la protección de derechos humanos y poblaciones de especial protección Constitucional en Colombia" impactando a mil (1.890) funcionarios de esta unidad.
Seminario “Género y Liderazgo Policial para la Transformación de las Relaciones Humanas en el Ambiente laboral” impartido a 98 funcionarios.
2022
Con la Universidad Santiago de Cali, se llevó a cabo capacitación en Derechos Humanos a 100 funcionarios de la Policía Nacional.
De igual forma, se habilitó el Diplomado virtual denominado “Transversalización del Enfoque de Género” a 70.000 funcionarios.
Cooperación Internacional
48.La Policía Nacional desarrolló actividades de capacitación con apoyo de Ministerio de Defensa Nacional y la delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR-, en los siguientes temas:
Conferencias Violencia Sexual.
Talleres Estándares Internacionales del Uso de Fuerza.
Uso de Fuerza y mantenimiento del orden público.
Modelo para la implementación del Proceso de Transformación Integralde la Policía Nacional
49.El Proceso de Transformación Integral de la Policía Nacional se plantea de manera armónica con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial, la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Así, se establece la hoja de ruta hacia el fortalecimiento de la confianza social, mediante un servicio de policía de calidad, cercano al ciudadano, transparente, innovador, humano y mucho más efectivo. Igualmente, han fomentado escenarios de conversación y participación hacia entornos digitales, vinculando así un chatbot virtual en el cual la ciudadanía podía participar de dicha construcción (13 insumos fueron recibidos hasta 2021 y el uso de correo electrónico de la Mesa Asesora (8 insumos recibidos). Con propuestas, falencias, fortalezas, inquietudes, quejas y otros.
50.Igualmente, el Mando Institucional ha establecido ocho proyectos estratégicos que fortalecerán el respeto, garantía y protección de los derechos humanos, a través del Comisionado de Derechos Humanos para la Policía Nacional con la asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así:
1.Plan Cuatrienal de Derechos Humanos, construcción con participación de la sociedad civil y asistencia de expertos internacionales.
2.Capacitación en estándares de Derechos Humanos, dirigido a jueces y operadores disciplinarios.
3.Observatorio de derechos humanos, recolección, tratamiento, procesamiento y análisis de datos, para la caracterización de fenómenos y construcción de contextos, en materia de derechos humanos.
4.Creación del Instituto de Investigación en Derechos Humanos y Conflictividad Social “Antonio Nariño”, donde se busca generar estudios y desarrollar investigaciones en materia de derechos humanos, uso de la fuerza, enfoque de género, entre otras, con entidades y organizaciones nacionales o internacionales que impulsen la promoción de los derechos humanos, para fortalecer el servicio de policía.
5.Creación de Cursos mandatorios y certificación en derechos humanos, evaluar la apropiación de los principios y estándares de derechos humanos.
6.Fortalecimiento comandantes con capacidades de interlocución con sociedad civil: organizaciones de derechos humanos; líderes sociales y juntas de acción comunal; comunidades indígenas y afrodescendientes; población LGBTI, jóvenes y universitarios; gremios de la industria y el comercio.
7.Programa radial de derechos humanos, mecanismos de comunicación con sectores de la sociedad civil.
8.Enfoque de género, transversalización del enfoque de género en la Policía Nacional.
Mesa permanente Interinstitucional
51.En atención al compromiso del Ministerio de Defensa Nacional, con familiares de las víctimas de los hechos acontecidos en el marco de la manifestación pública se estableció una mesa permanente interinstitucional para la revisión de las investigaciones que se adelanta por parte de las entidades comprometidas con ocasión a la manifestación pública.
52.Dentro de las actividades desarrolladas se encuentran:
1.Revisión de los avances y determinaciones disciplinarias y penales adoptadas con ocasión a los casos de homicidios.
2.Revisión de las 57 actuaciones disciplinarias con decisión de archivo.
3.Actualización de la información de cada caso por parte de las entidades.
4.Entrega y retroalimentación de la información.
Nuevo Estatuto Disciplinario Policial
53.Con el nuevo Estatuto Disciplinario Policial se busca garantizar, y mediante la Ley 2196 de 2022, los principios y normas rectoras contenidas en los sistemas Internacionales de los Derechos Humanos, se define la disciplina policial, se establece una imparcialidad en los procesos que se adelantan y se da la creación de un sistema de garantía para la formulación consulta y seguimiento ciudadano. Entre las principales modificaciones en el estatuto se encuentran:
Faltas leves, graves y gravísimas: son agregadas unas nuevas tales como:
Exceso en el uso de armas, la fuerza y los medios coercitivos que deriven en afectaciones tanto a los bienes como a la integridad de las personas.
Efectuar acciones contrarias a la transparencia institucional, con comportamientos contrarios a las normas vigentes respecto a procesos de incorporación o ascenso, que puedan generar incumplimiento de los requisitos.
Propiciar la distribución de información sin autorización, así como el uso de tecnologías que afecten medidas institucionales, y el mal uso de las redes sociales.
Conductas sexuales indebidas.
Ocultar la identificación policial.
Interferir o impedir grabación de procedimientos policiales.
Generar o permitir actos de maltrato animal.
Actos irregulares durante medidas sanitarias o en periodos de descanso.
Faltas al sistema de salud institucional.
Comportamientos discriminatorios.
Abusos de autoridad en actuaciones policiales.
Indebida intervención en manifestaciones públicas y pacíficas.
Disciplina policial: conjunto de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que debe ser asumido por todos los uniformados; para efectuar correctamente el servicio policial. Por medio de: principios y valores, código de ética policial, fundamentos éticos policiales, entre otros.
Fortalecimiento de la atención de denuncias y procesos sancionatorios: fortalecer la pronta atención de denuncias por parte de la ciudadanía ante una eventual falta a los derechos humanos y el correcto seguimiento del debido proceso.
Fortalecimiento de la profesionalización: enfocado a los operadores disciplinarios, busca dar prioridad a la autonomía y a la independencia en la investigación disciplinaria. Integrando de manera más efectiva la Política Integral de Transparencia Policial.
Mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas: crean el Sistema de Garantías para la Formulación, Consulta y Seguimiento Ciudadano, con acceso al público, y la realización obligatoria de audiencias públicas semestrales para informar los avances y resultados.
Nueva figura en materia disciplinaria: se crea el Inspector Delegado Especial para la Manifestación Pública, encargado de la investigación disciplinaria por queja ciudadana frente a procedimientos policiales en el contexto de hechos violentos que afecten el derecho a la manifestación pública.
Doctrina institucional: mediante la “Cartilla de Derechos Humanos en el Marco del Servicio de Policía”, con el cual se regula su comportamiento y se aplicará cuando trasgreda el estatuto o se vulneren los derechos fundamentales de la Constitución Política o los instrumentos internacionales que Colombia ha ratificado. Además, se enseña en las escuelas el “Sistema Táctico Básico Policial”, con el cual ellos intervienen, para de esta manera incorporar la enseñanza y aprendizaje de protocolos para el diálogo, respeto absoluto de los derechos y las libertades
Enfoque de género: mediante la Resolución No. 03872 del 19 de noviembre de 2021 se adoptan e implementan criterios para la transversalización del enfoque de género al interior de la Institución, a efectos de darle cumplimiento a los estándares internacionales y a los instrumentos normativos, legales y procedimentales del orden nacional e internacional.
Masacres acaecidas en el país
54.Entre los meses de noviembre del año 2020 a octubre del año 2022 se presentaron 60 eventos que dejaron 278 víctimas y cuya distribución mensual y discriminación se encuentra en el Anexo no. 10.
Investigaciones Penales
55.La Fiscalía General de la Nación, con fecha de corte a 1° de diciembre de 2022, por el delito de homicidio, reporta 24.241 hechos en fase de indagación los cuales comprenden 29.798 víctimas, mientras que 52.420 hechos están ante los Magistrados de Justicia y Paz, los cuales abarcan 61.801 víctimas.
56.Adicionalmente desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022, se radicaron 10.944 hechos para imputación por Fiscales adscritos a la Dirección de Justicia Transicional, con lo cual se afectaron estructuras al margen de la ley como el Bloque Metro; Bloque Norte; Bloque Cacique Nutibara; Bloque Sur Oeste Antioqueño; Bloque Héroes de Granada, entre otros.
57.De igual forma, la Dirección de Justicia Transicional, en cumplimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición de las víctimas, para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, radicó solicitud de imputación sobre 24.539 hechos ante los Magistrados de Justicia y Paz. De la misma manera se generaron 768 compulsas de copias a la Justicia Ordinaria por parte de los Fiscales adscritos a Dirección de Justicia Transicional. Adicionalmente, se emitieron por parte de las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial 3 sentencias que abarcan 14 postulados y 101 hechos.
58.Finalmente, el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional entregó con vocación reparadora al Fondo para la Reparación a las Víctimas 435 bienes por valor de 433.120.754.558 COP (95,222,766.75 USD).
59.Por otra parte, la Unidad Especial de Investigación -UEI desde el año 2018 diseñó y ejecutó una metodología de investigación y judicialización para contribuir al desmantelamiento de las organizaciones criminales que afectan la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC-EP a través de la violencia ejercida en contra de defensores de derechos humanos.
60.Así, la UEI ha configurado 13 proyectos regionales (investigaciones estructurales contra las organizaciones criminales), 3 de ellos se adelantan contra estructuras criminales pertenecientes a los denominados sucesores del paramilitarismo en Riosucio (Chocó), en la región del Bajo Cauca antioqueño, y en el departamento de Casanare
VII.Libertad y seguridad personal
Traslado por protección
61.La Policía Nacional, aclaró que el traslado por protección fue legislado por la Ley 2197 de 2022 en su artículo 155 que establece:
62.Cuando la vida e integridad de una persona natural se encuentre en riesgo o peligro y no acepte la mediación policial como mecanismo para la solución del desacuerdo, el personal uniformado de la Policía Nacional, podrá trasladarla para su protección en los siguientes casos:
a)Cuando se encuentre inmerso en riña.
b)Se encuentre deambulando en estado de indefensión.
c)Padezca alteración del estado de conciencia por aspectos de orden mental.
d)Se encuentre o aparente estar bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas ilícitas o prohibidas y exteriorice comportamientos agresivos o temerarios.
e)Realice actividades peligrosas o de riesgo que pongan en peligro su vida o integridad, o la de terceros.
f)Se encuentre en peligro de ser agredido.
63.Al respecto, la Policía Nacional efectúa las siguientes consideraciones:
Policía Nacional, entregará la persona a un familiar que asuma su protección, o en su defecto al coordinador del Centro de Traslado por Protección, para que garantice sus derechos.
La implementación y dotación del Centro de Traslado por Protección será responsabilidad de la entidad territorial, distrital o municipal.
El control y protocolo de ingreso, salida, causa y sitio en el cual se realizó el traslado por protección, deberá estar supervisado por funcionarios de la Alcaldía, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
El traslado por protección en ningún caso se realizará en las instalaciones de la Policía Nacional o a sitios de reclusión de personas retenidas.
En aquellos lugares donde no se cuente con un Centro de Traslado por protección, no se ejecutará el medio de policía hasta tanto la entidad territorial, distrital o municipal disponga de un lugar idóneo que garantice el respeto por los derechos fundamentales.
La Alcaldía Municipal y el Ministerio Público supervisarán control y protocolo de ingreso, salida, causa y sitio donde se produjo el traslado.
VIII.Eliminación del trabajo forzoso y la trata de personas
Acciones para prevenir la Trata de personas.
64.El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF indicó que, ha desplegado las siguientes actuaciones:
i.Programa de atención diferenciada: aborda la prevención de la trata de personas en contextos de movilidad internacional, proyecto que fue implementado en alianza con La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dirigida a 1.503 niñas, niños, padres, madres y cuidadores migrantes y de comunidades de acogida en 13 municipios del país, priorizados por su posición geográfica y por las dinámicas territoriales que han facilitado la ocurrencia de la trata de personas y otros riesgos asociados a las dinámicas migratorias.
ii.Generación Explora: la prevención de la trata de personas es abordada en elPrograma Generación Explora, a través de sesiones especializadas orientadas a la deconstrucción de imaginarios, la transformación de los estereotipos y prejuicios quenormalizan y legitiman la violencia en contra de las niñas y niños;y el fomento de habilidades, fortalezas y oportunidades de transformación existentes en cada territorio, en beneficio de la vida y desarrollo de las niñas y niños que participan de la oferta.
iii.Asistencias técnicas: desde 2021 se han llevado a cabo un total de 48 procesos de asistencia virtuales y 1 presencial, dirigidos a 3.973 funcionarios públicos y aliados estratégicos del ICBF en todo territorio nacional.
iv.Promoción de acciones de movilización social para la prevención de la trata de personas: Para la vigencia 2022, el Compromiso 2 de los Acuerdos de Gestión de la entidad, estableció como compromiso No. 2 “Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a las estrategias de prevención territorial de las violencias sexuales, Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes –ESCNNA y trata de personas que afectan a la infancia”. En este sentido, las 33 Regionales del ICBF iniciaron un proceso de diseño, revisión, implementación y evaluación de una acción para fortalecer los conocimientos y las capacidades protectoras a partir de la visibilización de las distintas finalidades de la trata de personas, la desnaturalización de las prácticas sociales y culturales y promover herramientas para la autoprotección y reconocimiento de sus derechos.
65.La Procuraduría General de la Nación cuenta con un buzón virtual para atención de casos de trata de personas y explotación sexual denominado noalatrata@procuraduria.gov.co, al cual, en el marco de la campaña #365DíasContraLaTrata, durante 2021 se recibieron 37 casos, en donde se ha activado el Centro Operativo Antitrata (COAT). Además, ha adelantado seguimiento, vigilancia y control a los Comités de lucha antitrata del nivel departamental y ciudades capitales.
66.La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos concertó acciones con Migración Colombia, orientadas al desarrollo de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas 2020 – 2024, adoptada con el Decreto 1818 Diciembre de 2020; en la cual se adelantan importantes acciones a nivel territorial en materia de prevención, sensibilización, capacitación, asistencia y protección a víctimas, e investigación y judicialización de este delito.
67.En tal sentido, Migración Colombia implementó la herramienta tecnológica para la lucha contra la trata de personas LibertApp, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información de manera directa, denunciar, solicitar ayuda e intervenir de manera inmediata casos donde se presente el delito de la trata de personas.
68.Respecto al trabajo infantil, la Dirección de Infancia del ICBF, conforme a las disposiciones de la Línea de Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, ha enfocado sus acciones en materia de prevención, a saber:
La potenciación de habilidades del siglo XXI, como herramientas de autoprotección contra vulneraciones de derechos.
Desarrollo de un proceso estratégico de acompañamiento técnico territorial para fortalecer el conocimiento, competencias y habilidades de los diferentes actores del territorio en materia de prevención del trabajo infantil, realizando un total 129 asistencias técnicas de las que hicieron parte 3.659 agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Afianzar alianzas para la mitigación de situaciones de riesgos por trabajo infantil, con la empresa privada especialmente con la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia – Asocaña.
Fundamentados en una mentalidad de emprendimiento dentro del contexto de bienestar social y legalidad, a través de la implementación de los programas Generaciones 2.0 -Sacúdete (2020) y Generación Explora en los municipios de la zona de impacto de esta producción y distribución (Valle del Cauca y Cauca).
IX.Libertad de circulación de las personas
69.Sobre el particular, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas UARIV respecto a los datos estadísticos actualizados presentados de acuerdo con los Hechos Victimizantes, Ciclo Vital, Pertenencia Étnica, Ayuda Humanitaria, Atención y Asistencia Humanitaria cursó las tablas del Anexo 11 .
70.De igual forma, la UARIV reportó:
Procesos de retorno, reubicación o integración local acompañados por la Unidad para las Víctimas: se han acompañado 10.782 hogares, los cuales 486 son por Integración Local, 2104 de Retorno y 8192 de Reubicación.
Apoyo a la sostenibilidad del retorno o reubicación: ha realizado un total de 23.931 giros, correspondientes a un valor total pagado de $12.910.218.000.
Planes de Retorno, reubicación o integración local actualizados y nuevos, aprobados por los Comités Territoriales de Justicia Transicional:
472 planes de retorno y reubicación actualizados en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.
101 nuevos planes de retorno y reubicación aprobados en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional.
Procesos de retorno, reubicación o integración local acompañados por la Unidad para las Víctimas. Ver Anexo 12.
Indemnizaciones individuales por hecho victimizante. Ver Anexo 13.
Indemnizaciones según pertenencia étnica. Ver Anexo 14.
Indemnizaciones según ciclo vital. Ver Anexo 15.
Acompañamiento de la UARIV en procesos de retorno, reubicación o reintegración local, según departamento. Ver Anexo 16.
Investigaciones penales
71.La Fiscalía General de la Nación En relación con el delito de desplazamiento forzado, con fecha de corte 1° de diciembre de 2022, registra 12.464 hechos en fase de indagación que comprenden 17.169 víctimas, y 47.531 hechos están ante los Magistrados de Justicia y Paz en trámite, los cuales abarcan 71.318 víctimas.
72.Adicionalmente se destaca que, desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022, se radicaron 6.836 hechos para imputación por Fiscales adscritos a la Dirección de Justicia Transicional. Con dicha actuación se afectaron estructuras al margen de la ley como el Bloque Norte; Bloque Metro; Casa Castaño; Bloque Bananero; Bloque Sur Oeste Antioqueño, entre otras.
73.Sobre el delito de secuestro se informa que, con corte al 1° de diciembre de 2022, se encuentran 1.060 hechos en fase de indagación que comprenden 1.380 víctimas, y 3.233 hechos están ante los Magistrados de Justicia y Paz, los cuales abarcan 3.735 víctimas.
74.Adicionalmente se destaca que, desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2022, se radicaron 678 hechos para imputación por Fiscales adscritos a la Dirección de Justicia Transicional. Con dicha actuación se afectaron estructuras al margen de la ley como el Bloque Metro; Bloque Norte; Bloque Sur Oeste Antioqueño; Bloque Mineros; Bloque Sur de Bolívar, entre otras.
X.Derecho a la vida privada
75.En lo concerniente a las “medidas tomadas para garantizar la adecuada protección de datos personales, así como la regulación del uso de la tecnología y de las bases de datos y Sistemas Biometricos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil”, la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC produce y administra un sistema multibiométrico ABIS, que le permite atender lo relativo al proceso técnico de la identificación civil de los colombianos.
76.Es importante mencionar que, las bases de datos que produce y administra la Registraduría gozan de reserva legal, como lo señala el artículo 213 del Código Electoral, conexa a asuntos de defensa y seguridad nacional de conformidad con lo señalado por la sala Tercera del Consejo de Estado.
77.Ahora bien, para garantizar el cumplimiento de las normas de habeas data, dentro de la obligación legal de suministrar información sobre la identificación de los colombianos a entidades públicas, particulares con funciones públicas, organismos de seguridad del Estado o de la rama judicial, la RNEC expidió la Resolución 5633 de 29 de junio de 2016, por la cual se reglamentan las condiciones y el procedimiento para el acceso a las bases de datos de la información que produce y administra la entidad a través de mecanismos de interoperabilidad y que exige el cumplimiento de altos estándares internacionales de seguridad de la información.
78.Así mismo, en el marco de los acuerdos y convenios celebrados con las diferentes entidades, se establecen las exigencias que permiten garantizar el debido tratamiento de datos, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, a través de mecanismos tecnológicos que garantizan la seguridad de la información, la no réplica de los datos y que cuenten con soluciones tecnológicas desarrolladas con privacidad por diseño.
XI.Libertad de pensamiento y de conciencia
Prevención al reclutamiento
79.La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, en el marco de la Política Pública de Prevención del Reclutamiento, Utilización, Uso y Violencia Sexual Contra NNA por parte de Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados, relacionó en la tabla del anexo 17. las medidas preventivas desarrolladas por esa Dirección para los años 2021 y 2022.
80.Asimismo, la Dirección de Incorporación1 de la Policía Nacional señaló que, en cumplimiento a la Ley 1861 de 2017, ARTÍCULO 15. “Prestación del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio se prestará como” Literal D) “Auxiliar de Policía en la Policía Nacional”, la Dirección de Incorporación, realiza la divulgación de la convocatoria de Auxiliar de Policía a nivel nacional, esto con el fin de captar la atención de los jóvenes que deben definir su situación militar, quienes se acercan de manera voluntaria a los Grupos de Incorporación, donde formalizan su inscripción en la convocatoria diligenciando el “FORMATO DE PRESTACIÓN VOLUNTARIA DEL SERVICIO MILITAR”. Ahora bien, los ciudadanos pueden adelantar el trámite de reconocimiento de su objeción de conciencia, a través de la Comisión Interdisciplinaria creada para tal fin.
XII.Libertad de expresión
81.Respecto a las medidas adoptadas a fin de prevenir la obstrucción del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, la Policía Nacional reportó las siguientes capacitaciones:
Actualización seminario virtual “Libertad de prensa y función de policía en Iberoamérica” (2021) en coordinación con el Centro de Ginebra para la Gobernanza del sector Seguridad DCAF y la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, fortaleciendo y actualizando los conocimientos profesionales sobre principios y derechos fundamentales, como es el caso de la libertad de pensamiento y opinión. En donde se presentaron 4200 funcionarios entre 2020 y 2022.
Proceso de construcción de la Guía para fortalecer el relacionamiento entre miembros de la Policía Nacional y periodistas y medios de comunicación; sirviendo como insumo práctico para implementar procesos que mejoren las dinámicas de trabajo entre la Policía y los medios y periodistas.
XIII.Derechos de los niños
82.La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales durante el año 2022 continuó implementando la Línea de Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes, así como el mandato de los Decretos 1784 y 2081 de 2019 que encargan a la Consejería la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso/Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados organizados y por grupos delictivos organizados (CIPRUNNA).
83.Esta Comisión tiene por misión coordinar, impulsar y hacer seguimiento a las acciones que se adelanten con las entidades públicas, tanto en el nivel nacional como en el territorial, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones sociales nacionales e internacionales, destinadas a prevenir el reclutamiento, utilización y violencia sexual de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley.
84.Así, en el marco de esta instancia, en el año 2022 se realizaron 263 asistencias técnicas a 75 municipios, se adelantaron además iniciativas comunitarias en 23 municipios y se llevó a cabo la estrategia psicosocial a 6.050 personas. Adicionalmente, se actualizó el instrumento probabilístico IPOR (Índice de Probabilidad de Ocurrencia de Reclutamiento) con 294 municipios en el país cuyo riesgo de reclutamiento es alto, para focalizar en ellos la oferta estatal en reducir los factores predisponentes de esta problemática.
85.El ICBF en la vigencia 2022 tiene presencia en 219 municipios del territorio nacional con probabilidad de ocurrencia de reclutamiento, uso y utilización de niñas y niños, llegando a 79.273 niños y niñas de estos territorios priorizados con una inversión ejecutada de $44.661.439.700.
86.Una vez priorizados los territorios, el ICBF implementó una oferta que a través de encuentros vivenciales fortalece las capacidades y habilidades de niñas y niños para reconocer y ejercer sus derechos, participar y expresarse libremente, reconocer situaciones de riesgo, construir su propio proyecto de vida y resolver conflictos de forma pacífica y asertiva. Además, fortalece las capacidades familiares para promover, desde el intercambio de saberes la reflexión en torno a las dinámicas relacionales basadas en el cuidado, el afecto y la generación de oportunidades para el desarrollo integral.
87.En 2022 se desarrollaron 45 espacios de asistencia técnica, con la asistencia de 3.058 personas de 70 instituciones, provenientes de 110 municipios del territorio nacional.
88.Igualmente, 2021 y 2022 el ICBF ha orientado una modalidad de atención enfocada a la prevención del riesgo de reclutamiento, uso y utilización de adolescentes y jóvenes con edades entre los 14 y 28 años. Mediante esta modalidad de atención ha sido posible la atención a más de 5000 adolescentes y jóvenes mediante un proceso de atención diferencial, flexible y especializada para la promoción y reconocimiento de sus derechos. Esta atención ha logrado fortalecer las capacidades para el autocuidado, la autoprotección y la identificación de herramientas, haciendo énfasis entre sus beneficiarios, familias, comunidades e instituciones locales.
Medidas para evitar la estigmatización de los niños y niñas víctimasdel reclutamiento forzado
89.Al respecto, el ICBF indicó que, en lo relativo a las medidas tomadas para evitar la estigmatización de los niños y niñas víctimas del reclutamiento forzado, se hace necesario indicar que en el marco del Proceso de atención a las niñas, niños y adolescentes que se han desvinculado de grupos armados organizados al margen de la ley y que ingresan al Programa de atención especializado para el restablecimiento de derechos y acompañamiento a la reparación integral en el marco del proceso de atención son preparados hacia el desarrollo de sus proyectos vitales en el marco de la civilidad, contando con el soporte del Estado para el desarrollo de sus recursos personales y para garantizar el cumplimiento de sus derechos. En este sentido, las niñas, niños y adolescentes son incluidos en los espacios educativos, recreativos, culturales, artísticos y pre laborales con pares de edad buscando su reconocimiento, participación como sujetos de derechos. Es fundamental trabajar en la deconstrucción del imaginario social de esta población con el objeto de promover oportunidades de diálogo, intercambio de experiencias y nuevos relacionamientos que permitan superar dichas barreras.
90.Sobre el particular, en el anexo 17 se remiten los datos estadísticos de los niños, niñas y adolescentes que se han desvinculado de grupos armados organizados al margen de la ley y que han ingresado al Programa de Atención Especializada de para niños, niñas y adolescentes desvinculados
Niñas, niños y adolescentes víctimas de crímenes en el marco del conflicto armado
91.En tal sentido, el ICBF realiza la verificación del estado de cumplimiento de derechos y determinada la existencia de una amenaza o vulneración de derechos en la cual se evidencie que no se hayan adelantado acciones para la restauración de derechos del menor de edad, o de un hecho victimizante en el marco del conflicto armado, se procederá a dar apertura al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. En todos los casos, la Autoridad Administrativa Competente deberá garantizar que se realice la declaración como víctima del conflicto armado ante Ministerio Público, por cada uno de los hechos victimizantes, si hay lugar a ello, de tal manera que, sea valorada su inclusión en el Registro Único de Víctimas. Para continuar el trámite se puede responder con una de las siguientes acciones:
a)Apertura del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos: cuando la Autoridad Administrativa encuentre, luego de la verificación de derechos, que existe evidencia de amenaza o vulneración actual de algún derecho, sea por causa de un hecho victimizante en el marco del conflicto armado o de cualquier otra situación que afecte sus derechos.
b)Acompañamiento a la ruta de reparación integral sin apertura de PARD: Si de la verificación de derechos la Autoridad Administrativa determina razonadamente que NO existe, amenaza o vulneración actual de derechos del niño o la niña, o las vulneraciones producidas por el hecho victimizante han sido superadas y cuenta con una familia o grupo familiar en capacidad de garantizar sus derechos.
92.De acuerdo con la información del Sistema de Información Misional- SIM del ICBF en el anexo 18 se presenta el reporte nacional de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado que ingresaron a proceso administrativo de restablecimiento de derechos, en el periodo 2020 (noviembre a diciembre) a 2022 (enero a octubre).
93.Nota: en atención al límite de palabras, se remite información complementaria de la Fiscalía General de la Nación en el archivo de Anexos.