Naciones Unidas

CED/C/CHE/RQ/1

Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas

Distr. general

23 de enero de 2020

Español

Original: francés

Español, francés e inglés únicamente

Comité contra la Desaparición Forzada

18 o período de sesiones

30 de marzo a 9 de abril de 2020

Tema 5 del programa provisional

Examen de los informes de los Estados partes en la Convención

Respuestas de Suiza a la lista de cuestiones relativa al informe presentado por Suiza en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención *

[Fecha de recepción: 20 de diciembre de 2019]

I.Información general

A.Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CED/C/CHE/Q/1)

1.Desde 2011 existe en Suiza un proyecto piloto sobre una institución nacional de derechos humanos, denominada Centro Suizo de Competencia para los Derechos Humanos. Una consulta realizada con los cantones, los partidos políticos y las partes interesadas entre julio y octubre de 2017 confirmó la necesidad de crear una institución nacional de derechos humanos en Suiza. El 13 de diciembre de 2019, el Consejo Federal aprobó el proyecto de creación de tal institución. Se prevé que la base jurídica de la institución nacional de derechos humanos garantice su independencia. El proyecto será examinado por el Parlamento en 2020. Se espera que la nueva institución esté operativa en 2021.

II.Definición y tipificación como delito de la desaparición forzada (arts. 1 a 7)

A.Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

2.La expresión “con la intención de sustraer a una persona a la protección de la ley” utilizada en los artículos 185 bis del Código Penal y 151d del Código Penal Militar debe entenderse como un elemento intencional, de conformidad con el texto explícito del delito y del principio nullum crimen sine lege. Por consiguiente, se trata de un elemento constitutivo subjetivo de la figura delictiva.

B.Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

3.Cabe recordar que el artículo 20 del Código Penal Militar y el artículo 80, párrafo 2, del Reglamento de Servicio del Ejército, mencionados en el párrafo 43 del informe de Suiza, se aplican también, específicamente, a los casos de desaparición forzada que no constituyen crímenes de lesa humanidad. En el caso de los crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad del superior jerárquico se rige por el artículo 264k del Código Penal y por el artículo 114a, párrafo 1, del Código Penal Militar. Por último, en los otros casos se aplican las normas generales relativas a la provocación (art. 24 del Código Penal), el autor mediato y la tentativa de provocación (art. 24, párr. 2).

C.Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

4.Es cierto que el marco jurídico para la imposición de penas es relativamente amplio en el derecho suizo. Se trata de una característica general del sistema judicial suizo. Sin embargo, las sanciones impuestas en un caso concreto por un tribunal deben ser explicadas y justificadas en la sentencia que se dicte. Además, el Ministerio Público (y el acusado) pueden interponer un recurso contra la sanción.

5.Como se explica en el informe (párr. 49), son los tribunales los que determinan la pena en función de la culpabilidad del autor. Esta dependerá, en particular, del grado en que han sido afectados (o puestos en peligro) los bienes jurídicos en cuestión; del carácter reprobable del acto, y de las motivaciones y los objetivos del autor.

6.Así pues, se aplicará la pena privativa de libertad mínima de un año en los casos en que la culpabilidad sea la menos grave imaginable teniendo en cuenta todos los criterios de culpabilidad intervinientes. Cabe imaginar, a título ilustrativo, el caso de que el autor desempeñara funciones totalmente subalternas en la cadena de mando; que su participación se limitase, por ejemplo, a negarse a comunicar información; que se tratase de un caso aislado, y que la desaparición forzada no hubiese durado mucho tiempo ni tenido consecuencias graves (asumiendo que todas estas condiciones se acumulen).

7.Por lo que respecta a las circunstancias atenuantes y agravantes mencionadas en el artículo 7, párrafo 2, de la Convención, de carácter facultativo, las autoridades suizas no han estimado necesario incorporarlas específicamente en el derecho interno. De hecho, tales casos quedan comprendidos en las normas generales relativas a la imposición de penas. Concretamente el artículo 48 prevé la mitigación de la pena en los casos de arrepentimiento sincero, lo que requiere, entre otras cosas, la reparación del daño en la medida en que pueda esperarse del autor. Tal presunción general del derecho suizo abarca, pues, los casos mencionados en el artículo 7, párrafo 2 a), de la Convención. En cambio, cuando el autor de la desaparición forzada también es declarado culpable del fallecimiento de la persona desaparecida, las normas sobre concurso de delitos dan lugar a un aumento de la pena (art. 49). Lo mismo se aplica a los casos de desapariciones forzadas múltiples.

III.Procedimiento judicial y cooperación en materia penal (arts. 8 a 15)

A.Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

8.En el derecho suizo son los militares, con algunas excepciones, los que se consideran autores de los delitos militares contenidos en el Código Penal Militar suizo. En el artículo 3 de dicho Código se indican las personas a quienes se aplica el derecho penal militar.

9.Por lo tanto, los posibles casos de desaparición forzada cometidos por civiles no se rigen por el derecho penal militar ni por la justicia militar, ni siquiera en una situación de servicio activo (art. 4 del Código Penal Militar) o en tiempos de guerra (arts. 5 y 6 del Código Penal Militar), ya que el artículo 151d de dicho Código, referido a las desapariciones forzadas, no constituye una de las excepciones mencionadas en los artículos 4, 5 y 6 del Código.

B.Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

10.En Suiza, la actividad policial está enmarcada en el estado de derecho. La Oficina Federal de la Policía es controlada administrativamente por el Consejo Federal, judicialmente por los tribunales federales y políticamente por el Parlamento. Lo mismo ocurre a nivel cantonal con las autoridades policiales, que trabajan bajo la supervisión de las administraciones, los tribunales y los parlamentos cantonales. Las autoridades policiales cantonales no son subdivisiones de la Oficina Federal de la Policía, sino organizaciones independientes a nivel cantonal.

11.El derecho federal ofrece garantías procesales en el ámbito de la investigación judicial; véanse los párrafos 62 a 64 del informe de Suiza, en donde se explican:

a)Las garantías jurídicas relativas a la independencia de las autoridades instructoras y las autoridades sentenciadoras (art. 4, párr. 1, y art. 6, párr. 1, del Código de Procedimiento Penal);

b)La obligación de establecer los hechos pertinentes de la acusación y la defensa (arts. 6 y 139 del Código de Procedimiento Penal);

c)Las normas relativas a la recusación (arts. 56 a 58 del Código de Procedimiento Penal);

d)Las garantías procesales que ya se derivan de la Constitución Federal de la Confederación Suiza (art. 29, párr. 1, y art. 30, párr. 1, de la Constitución).

12.En cuanto a la exigencia de efectuar un rápido examen de la denuncia, Suiza no dispone de un registro central que abarque todos los tipos de privación de libertad. No obstante, los requisitos en materia de protección derivados de la Convención se garantizan por la existencia de una red entre la Confederación y los cantones que permite encontrar información rápidamente sobre las personas privadas de libertad en un entorno cerrado.

13.Tal red ha sido establecida para garantizar la circulación eficaz y fiable de la información entre las distintas estructuras existentes en Suiza. Consta de un servicio federal de coordinación y un servicio de coordinación por cantón (véase el informe presentado por Suiza, párr. 106), así como de personas de referencia en cada cantón.

14.Apenas se recibe una solicitud, si existen indicios que señalen que la persona buscada está privada de libertad, el servicio federal pone en marcha una búsqueda. Se pone inmediatamente en contacto con los servicios de coordinación cantonales y, en caso necesario, con los servicios federales encargados de la ejecución de penas de privación de libertad. El servicio federal fija un plazo de respuesta para la búsqueda en la red, tal como se define en el artículo 4, párrafo 3, de la Ordenanza relativa a la Ley Federal sobre Desapariciones Forzadas. Este plazo es generalmente de seis días hábiles y tiene por objeto garantizar que la investigación sea profunda y exhaustiva, y que todas las pistas hayan sido completamente analizadas.

15.Los servicios de coordinación de los cantones consultan los registros cantonales o piden información a las autoridades competentes para determinar si la persona buscada se encuentra en una institución cantonal.

16.El procesamiento y análisis de la solicitud por parte de varios servicios y personas interesadas también contribuye a que la búsqueda sea óptima.

17.Los servicios cantonales de coordinación informan al servicio federal de coordinación con la mayor celeridad posible. Si es el caso, indican también el lugar de detención y el nombre de la autoridad que ordenó la privación de libertad, así como el estado de salud de la persona buscada. Sin embargo, la transmisión de esa información al autor de la solicitud está sujeta a la aprobación previa de esa persona (véase el informe presentado por Suiza, párr. 122). Si la persona buscada no da su consentimiento, o si alguno de los motivos previstos en el artículo 214, párrafo 2, del Código de Procedimiento Penal así lo justifica, el autor de la solicitud simplemente es informado de que la persona buscada no ha desaparecido, en el sentido definido en la Convención.

18.Así pues, el funcionamiento de la red permite encontrar a una persona privada de libertad en un entorno cerrado de la manera más rápida y eficiente posible.

C.Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

19.Todos los cantones disponen de mecanismos de procedimiento para garantizar la independencia e imparcialidad de las investigaciones. Aparte de esos mecanismos, en 23 cantones se aplica una práctica similar a la del cantón de Turgovia, que permite recurrir a un fiscal extraordinario en caso de que un miembro de la fiscalía o de la policía cantonal se vea involucrado en un procedimiento.

20.De acuerdo con la respuesta a la pregunta 6 (véase más arriba), el derecho federal ofrece garantías procesales en el ámbito de la investigación judicial.

21.En cuanto a los mecanismos procesales y a la recusación a nivel federal, la Fiscalía General de la Confederación hace una distinción entre dos tipos de casos:

a)El caso de un miembro de la Fiscalía General de la Confederación sospechoso de haber cometido un delito: si se entabla un procedimiento penal contra un fiscal jefe o un fiscal de la Fiscalía General, la Autoridad de Supervisión de tal Fiscalía designa a un miembro de la Fiscalía o nombra a un fiscal extraordinario (Ley Federal de Organización de las Autoridades Penales de la Confederación, art. 67). Se requiere la autorización del Fiscal General para iniciar actuaciones penales. En caso de que este se niegue a autorizar dichas actuaciones puede presentarse un recurso ante el Tribunal Administrativo Federal (Ley Federal de Responsabilidad de la Confederación, los Miembros de sus Autoridades y sus Funcionarios, art. 15, párr. 5 y 5 bis). En lo que respecta a los miembros de la Fiscalía General de la Confederación elegidos por la Asamblea Federal (Fiscal General y fiscales generales adjuntos), no se aplica el artículo 67 de la Ley Federal de Organización de las Autoridades Penales de la Confederación, sino el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidad de la Confederación, los Miembros de sus Autoridades y sus Funcionarios, en el que se dispone que sean las comisiones competentes de la Asamblea Federal quienes autoricen las actuaciones penales. En caso de que se conceda tal autorización, las comisiones competentes pueden (también) encargar a las autoridades penales de la Confederación que investiguen y juzguen los delitos que sean de competencia cantonal, y la Asamblea Federal (en sesión conjunta) puede elegir un fiscal general extraordinario (Ley Federal de Responsabilidad de la Confederación, los Miembros de sus Autoridades y sus Funcionarios, art. 14, párr. 3 en relación con la Ley de la Asamblea Federal, art. 17, párrs. 2 y 3);

b)El caso de una solicitud de recusación presentada en el curso del procedimiento: el miembro de la Fiscalía General de la Confederación objeto de una solicitud de recusación de parte (como director de procedimiento) solo debe pronunciarse respecto de la solicitud (Código de Procedimiento Penal, art. 58, párr. 2) y luego remitir el caso a la sala de quejas del Tribunal Penal Federal para que este adopte una decisión. Cuando una solicitud basada en el art. 56 b) a e) del Código de Procedimiento Penal no se impugna, o bien si la sala de quejas admite la solicitud de recusación, la Fiscalía General de la Confederación indica una nueva dirección para el procedimiento.

22.Con respecto a los procedimientos penales de la justicia militar, también es posible, en algunos casos, designar fiscales militares extraordinarios.

D.Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

23.Los cantones han indicado que los servicios y las personas designadas en el marco de la red tienen acceso ilimitado a los lugares de detención y a cualquier otro lugar en el que haya motivos suficientes para suponer que se encuentra la persona desaparecida. Los cantones recordaron que en Suiza, debido a su carácter de Estado de derecho, no existe, fuera de esos lugares, ningún lugar de privación de libertad no oficial.

E.Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

24.El derecho del personal de la Confederación prevé, en el art. 103 de la Ordenanza sobre el Personal de la Confederación, la posibilidad de suspender inmediatamente a un empleado, como medida cautelar, si el correcto desempeño de sus funciones se ve comprometido. La situación puede surgir cuando se observan o sospechan hechos graves que podrían justificar la adopción de medidas penales o disciplinarias; cuando se comprueban reiteradas irregularidades, o incluso cuando se obstaculiza un procedimiento en curso. Esta medida será decidida por la autoridad competente, que suele ser la Oficina de la Administración Federal que haya contratado a la persona en cuestión. La autoridad competente podrá, mientras dure la suspensión, retirar o modificar el sueldo y otras prestaciones. Estas normas se aplican a todo el personal de la administración federal central, incluido el personal militar.

25.La suspensión preventiva también está prevista para el personal cantonal. De hecho, existen en todos los cantones normas complementarias aplicables a nivel cantonal.

F.Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

1.Respuesta al apartado a)

26.La ley se aplica a toda persona que esté o pueda estar expuesta, como consecuencia de su colaboración o de su voluntad de colaborar en un procedimiento penal llevado a cabo por la Confederación o por los cantones, a un peligro que entrañe riesgos para su vida o su integridad física o bien a sufrir algún otro daño grave (art. 2, párr. 1 a), de la Ley Federal de 23 de diciembre de 2011 relativa a la protección extraprocesal de los testigos). También se aplica a las personas que tienen una relación (familiar), en el sentido del artículo 168, párrafos 1 a 3, del Código de Procedimiento Penal, con la persona en cuestión y que, debido a ello, su vida o su integridad física esté o pueda estar en peligro o bien se exponga a otros daños graves (art. 2, párr. 1 a), de la Ley Federal de Protección Extraprocesal de los Testigos).

27.La protección así proporcionada es total. Se extiende a los testigos, las personas que dan información, las víctimas, los agentes de policía, los agentes encubiertos, los expertos, los traductores y los allegados que reciben amenazas de esas personas. En cambio, los fiscales y los jueces no están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Protección Extraprocesal de los Testigos.

28.En caso de no aplicarse la ley, la protección extraprocesal de las personas amenazadas se garantiza de acuerdo con la legislación cantonal o federal por que se rija la policía. En tales casos se aplican los medios de intervención habituales (vigilancia, patrullas, acompañamiento policial de las personas amenazadas, etc.). El Servicio de Protección de Testigos de la Confederación puede ofrecer asesoramiento y apoyo a las autoridades policiales competentes a este respecto. El mismo derecho de procedimiento penal prevé además medidas de protección procesales, por ejemplo, garantizar el anonimato de los testigos.

2.Respuesta al apartado b)

29.Las personas amenazadas pueden ser integradas a un programa de protección de testigos. Dicho programa incluye, entre otras, las siguientes medidas de protección (art. 5 de la Ley Federal de Protección Extraprocesal de los Testigos):

a)Alojar a la persona en un lugar seguro;

b)Cambiar su lugar de trabajo y su domicilio;

c)Poner a disposición instrumentos auxiliares;

d)Bloquear la comunicación de datos en relación con la persona;

e)Proporcionar a la persona una nueva identidad durante el tiempo que necesite ser protegida;

f)Apoyar a la persona financieramente.

30.La solicitud de incorporación a un programa de protección de testigos debe ser presentada por la dirección del procedimiento pertinente al Servicio de Protección de Testigos. Este lleva a cabo un examen completo de la solicitud. Verifica asimismo si la persona afectada está dispuesta a respaldar las medidas de protección y a seguir las instrucciones. El Servicio de Protección de Testigos informa además a la persona que ha de ser protegida de las posibilidades, limitaciones y condiciones del programa de protección de testigos, así como de la manera en que el programa afectará a su situación personal. La persona es, pues, consultada y se comprueba si, y en qué medida, está dispuesta a beneficiarse de las medidas de protección.

31.La decisión de ofrecer un programa de protección la toma la dirección de la Oficina Federal de la Policía a petición del Servicio de Protección de Testigos. Cuando se ofrece un programa de protección, el Servicio de Protección de Testigos informa a la persona que se beneficiará de él sobre el desarrollo del programa, sus derechos y obligaciones, así como sobre las consecuencias de la violación de esas obligaciones. El programa de protección no comienza hasta que la persona que recibirá protección o su representante legal hayan dado su consentimiento por escrito. Se escucha (nuevamente) a la persona interesada y se le da la oportunidad de participar. El requisito del consentimiento especifica que las medidas de protección no se autorizarán si son contrarias a los deseos de la persona que vaya a ser protegida. El testigo debe estar dispuesto a apoyar activamente las medidas adoptadas y contribuir a que prosperen.

3.Respuesta al apartado c)

32.Las personas de cuya involucración se informe a la Oficina Federal de la Policía no podrán participar en una iniciativa de protección de testigos bajo ningún concepto. La Oficina Federal de la Policía está legalmente obligada a adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución de las tareas. Se requiere su intervención en particular cuando se comprueban hechos graves que puedan justificar la adopción de una medida penal (art. 25 de la Ley del Personal de la Confederación, de 24 de marzo de 2000, y art. 103 de la ordenanza de 3 de julio de 2001 relativa a dicho personal). Se han previsto, además, mecanismos de protección preventivos. Concretamente, la Ley de Protección Extraprocesal de los Testigos exige que el Servicio de Protección de Testigos sea independiente —tanto por lo que respecta al personal como a la organización administrativa— de las dependencias encargadas de realizar las investigaciones (art. 22, párr. 2 de la Ley Federal de Protección Extraprocesal de los Testigos). Por supuesto que el personal del Servicio de Protección de Testigos se selecciona de acuerdo con criterios estrictos. Además, los programas de protección de testigos y las medidas adoptadas están sujetos a requisitos de confidencialidad restrictivos. El círculo de personas que pueden ser informadas de las medidas de protección de testigos que se estén aplicando está muy limitado por la Ley de Protección Extraprocesal (arts. 24, 25 y 30 de la Ley). Por último, el personal de la administración federal está sujeto a la obligación de denunciar. De conformidad con el artículo 22a, párrafo 1, de la Ley del Personal de la Confederación, los empleados tienen la obligación de denunciar a las autoridades de procesamiento penal, a sus superiores o a la Auditoría Federal todos los delitos perseguidos de oficio y los delitos de los que hayan tenido conocimiento o que les hayan sido comunicados en el desempeño de sus funciones. De este modo, aumenta la probabilidad de que se expongan rápidamente los fallos de funcionamiento y puedan tomarse las medidas necesarias.

IV.Medidas para prevenir las desapariciones forzadas (arts. 16 a 23)

A.Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

33.El principio de no devolución está garantizado por el artículo 25, párrafo 3, de la Constitución Federal, y es un componente obligatorio del procedimiento de asilo en Suiza.

1.Respuesta al apartado a)

34.Los datos de todos los solicitantes de asilo se registran y guardan en el Sistema de Información Central sobre Migración y en el archivo correspondiente de la Secretaría de Estado de Migración. Por lo que respecta al tratamiento de los datos personales de los solicitantes de asilo, la Secretaría de Estado de Migración lleva registros impresos y electrónicos. La base jurídica del tratamiento de los datos personales, incluidos los confidenciales, se establece en el artículo 96 de la Ley de Asilo. Los datos personales de los solicitantes de asilo también quedan registrados en el Sistema de Información Central sobre Migración. Las disposiciones legales son de naturaleza formal y material. En la Ley Federal sobre el Sistema de Información Común en Materia de Extranjeros y Asilo y la Ordenanza relativa al Sistema de Información Central sobre Migración se enumeran todas las variables contenidas en el sistema (apellido, nombre, fecha de nacimiento, etc.), así como los derechos de acceso correspondientes a cada grupo de usuarios. Lo mismo se aplica al sistema de información de los centros de la Confederación y de los alojamientos en los aeropuertos, previsto en los artículos 99 a) a d) de la Ley de Asilo y en el artículo 1 i) de la Ordenanza 3 en materia de asilo, referida al tratamiento de los datos personales.

35.Las disposiciones legales mencionadas anteriormente incorporan todos los principios previstos en la Ley Federal de Protección de Datos y su correspondiente ordenanza.

2.Respuesta al apartado b)

36.Si una persona presenta una solicitud en un aeropuerto, el cumplimiento de la prohibición de devolución se examina, en el marco del procedimiento de asilo, en relación con ese caso particular (véase la cuestión c) a continuación).

3.Respuesta al apartado c)

37.La legislación nacional garantiza protección total contra la devolución, prohibiendo en particular la devolución contraria a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 25, párrafo 3, de la Constitución, y toda devolución que viole los derechos de los refugiados en virtud del artículo 5, párrafo 1, de la Ley de Asilo. Estas disposiciones también abarcan la protección contra la devolución a que se refiere el artículo 16 de la Convención (véase a este respecto el mensaje de aprobación y aplicación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/437.pdf, págs. 454 y 455, art. 16, sobre la garantía de no devolución). En el marco del procedimiento de asilo se realiza un examen cuidadoso, exhaustivo e individual para determinar si la ejecución de la expulsión viola la prohibición de la devolución. En los casos en que la expulsión se ordena en virtud del derecho de extranjería —de competencia cantonal, por lo general—, el posible riesgo de desaparición se examina caso por caso. De existir duda, el cantón también solicita la opinión de la Secretaría de Estado de Migración.

38.El Consejo Federal puede designar los Estados de origen o procedencia seguros, es decir, aquellos en los que considera que el solicitante estará a salvo de cualquier persecución (art. 6a, párr. 2 a) de la Ley de Asilo). Los criterios pertinentes para la designación de un país como Estado seguro son, entre otros, el respeto de los derechos humanos y la aplicación de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y refugiados. Elementos tales como el riesgo de desaparición forzada ya se han tenido en cuenta antes de clasificar a un país de origen como seguro. Asimismo, el Consejo Federal puede designar terceros Estados seguros, es decir, aquellos en los que considera que se respeta efectivamente el principio de no devolución en el sentido de lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 1 de la Ley de Asilo (artículo 6a, párrafo 2 b)). Las solicitudes de asilo presentadas por personas procedentes de un país seguro o por personas que pueden regresar a un tercer país seguro también se examinan cuidadosamente y caso por caso; si existen indicios concretos de amenaza de persecución o de violación de la prohibición de devolución, la presunción mencionada puede ser refutada de acuerdo con cada caso.

39.En lo que respecta a la segunda parte de la pregunta, es decir, a la posibilidad de que una persona sea trasladada a otro Estado en donde podría estar expuesta a un riesgo de desaparición forzada a raíz de una extradición, hay que distinguir entre dos situaciones:

a)El traslado de la persona a otro Estado se realiza por medio de la reextradición: la reextradición a otro Estado solo es posible con el consentimiento expreso de Suiza;

b)Otras formas de traslado a otro Estado (expulsión, repatriación): el Estado en cuestión es en principio responsable de prevenir el riesgo de desaparición. Si el riesgo ya se ha invocado durante el procedimiento de extradición ante las autoridades suizas, se examinará de conformidad con el párrafo anterior.

40.En los procedimientos de extradición, la persona objeto de una solicitud de extradición también tiene la oportunidad de presentar observaciones a la Oficina Federal de Justicia —a saber, la autoridad encargada del procedimiento— para plantear quejas que pudieran indicar que la solicitud de extradición no cumple con los derechos protegidos por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Las decisiones de la Oficina Federal de Justicia pueden ser apeladas ante el Tribunal Penal Federal y, en última instancia, cuando se trata de casos importantes, ante el Tribunal Federal.

B.Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

41.Hasta la fecha, la Oficina Federal de Justicia no ha exigido nunca garantías por existir un riesgo específico de que la persona cuya extradición se solicita sea víctima de una desaparición forzada. Las garantías que suelen exigirse en la práctica son más bien garantías generales relativas al respeto de los derechos humanos.

42.En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en el marco del procedimiento ordinario, los recursos contra las decisiones de expulsión tienen, en general, efecto suspensivo, salvo que existan intereses públicos o privados de terceros importantes (peligro grave para la vida o la salud de terceros). En el caso de los procedimientos extraordinarios (solicitud de revisión), el recurso no acarrea efecto suspensivo sobre la expulsión.

C.Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

43.Por lo que respecta a los fondos asignados a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, para el período 2017-2018 esta disponía de un presupuesto de aproximadamente 0,8 millones de francos anuales. La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura puede elegir libremente la forma de disponer de esos fondos, siempre que cumpla las tareas encomendadas ajustándose al presupuesto asignado. Actualmente no se prevé un aumento de sus recursos financieros. Por lo que respecta a los recursos humanos y técnicos, la Comisión cuenta con una secretaría compuesta actualmente por seis personas (3,7 puestos equivalentes a tiempo completo). Recurre asimismo a diversos expertos en migración para que observen regularmente las repatriaciones forzosas por vía aérea en el marco de la legislación de extranjería. Está facultada además, dentro de los límites de su presupuesto, para otorgar mandatos a expertos o intérpretes (art. 7, párr. 3, de la Ley Federal sobre la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura).

44.De conformidad con el artículo 8, párrafo 2, de tal Ley, la Comisión tiene acceso a todos los lugares de privación de libertad y a sus instalaciones y equipos. Puede visitar esos lugares sin previo aviso. Tiene también acceso a toda la información que le resulte útil para el cumplimiento de su cometido (número e identidad de las personas privadas de libertad, lugar donde se encuentran, etc.). Cabe recordar a ese respecto que se trata de una comisión interdisciplinaria integrada por 12 personas, que realiza sus tareas de forma totalmente independiente (arts. 4 y 5 de la Ley).

D.Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

45.Es oportuno recordar las amplias garantías procesales que ofrece el derecho suizo a las personas privadas de libertad (véanse los párrafos 96 a 98 del informe de Suiza), en particular:

a)El derecho de toda persona privada de libertad sin una orden judicial a comparecer sin demora ante un tribunal (art. 31, párr. 4 de la Constitución);

b)La obligación de la policía o del ministerio público de informar al acusado en un idioma que entienda y desde que comience la primera audiencia de que se ha incoado un procedimiento preliminar en su contra y de los delitos que dieron lugar a tal procedimiento; de que puede negarse a declarar y colaborar; de que tiene derecho a convocar a un abogado defensor o a solicitar un abogado defensor de oficio, y de que puede solicitar la asistencia de un traductor o un intérprete (art. 158 del Código de Procedimiento Penal);

c)El derecho del acusado, en el marco de una actuación penal, a encomendar su defensa a un asesor jurídico (art. 129, párr. 1 del Código de Procedimiento Penal) y a comunicarse en cualquier momento y sin vigilancia con su abogado defensor, ya sea oralmente o por escrito (art. 223, párr. 2, del Código de Procedimiento Penal). A este respecto es importante señalar que el acusado tiene derecho a designar un abogado para su defensa en cualquier etapa del procedimiento y en todos los procesos penales (artículo 129 del Código de Procedimiento Penal);

d)La obligación de que el acusado tenga un abogado defensor, en particular cuando el período de detención y prisión preventivas haya superado los diez días (art. 130 del Código de Procedimiento Penal).

46.En cuanto al procedimiento penal, el asesor jurídico del acusado, como su representante, tiene derecho a presentar un recurso ante un tribunal para que este decida en breve plazo sobre la legalidad de la privación de libertad.

47.Por lo que respecta a la hipótesis más específica de sospecha de desaparición forzada, mencionada en el artículo 17, párrafo 2 f) de la Convención, el recurso con que cuentan los allegados es la denuncia penal. La autoridad fiscal, autoridad independiente en virtud del artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, tiene entonces la obligación de determinar si la sospecha de desaparición forzada está justificada y, en tal caso, si la privación de libertad es o fue ilegal. En su calidad de víctimas, los allegados pueden hacer valer sus propios derechos, incluido el de interponer un recurso ante un juez, como se indica en el párrafo 100 del informe de Suiza.

48.Tras consultar con las autoridades suizas competentes, la realidad es que Suiza no dispone actualmente de estadísticas relativas a la formulación de posibles quejas o alegaciones de inobservancia de esos derechos.

49.Por último, en lo que respecta al derecho a tener acceso a un abogado en el marco del procedimiento de detención, es necesario recordar que la única finalidad de la detención en el sentido del artículo 215 del Código de Procedimiento Penal es establecer la identidad de la persona y determinar, sobre la base de los hechos concretos de una situación determinada, si tal persona podría estar relacionada de alguna forma con un delito. La mención expresa de que se trata de una entrevista breve significa que el interrogatorio no puede ser sino escueto y tener por única finalidad determinar la necesidad de realizar una investigación más profunda. Tan pronto como surge una sospecha, el arresto se convierte en detención preventiva según lo definido en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal y la policía debe informar al acusado de su derecho a recibir asistencia letrada (art. 219, párr. 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 158 de dicho Código). Así pues, la legislación suiza se ajusta plenamente a los principios elaborados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según los cuales “por regla general, debe concederse acceso a un abogado desde el primer momento en que un sospechoso es interrogado por la policía” (sentencia del TEDH de 27 de noviembre de 2008, asunto Salduz c. Turquía, párrafo 55).

E.Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

50.El propósito de la investigación penal es el establecimiento de la verdad. La información sobre la privación de libertad no se comunica a los allegados si existe un riesgo concreto de colusión, en particular con el fin de hacer desaparecer pruebas (por ejemplo, cuando todavía no se ha realizado una búsqueda en el domicilio de la persona a la que se va a informar). La no información es una medida coercitiva, como la propia privación de libertad, y debe cumplir las mismas condiciones, en particular en cuanto a la proporcionalidad. El período de no información debe ser lo más corto posible y las autoridades penales deben eliminar los motivos de la medida lo antes posible.

51.No obstante, la persona privada de libertad sigue estando bajo la protección de la ley, ya que se mantienen todas las garantías procesales, en particular su derecho a convocar a un abogado defensor, y se siguen aplicando las condiciones legales descritas en los párrafos 95 a 98 del informe de Suiza (en particular en el párrafo 97, que trata de los plazos y las autoridades competentes).

F.Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

52.La mitad de los cantones organizan sesiones de formación específicas sobre el tema de las desapariciones forzadas y sobre la Convención. Algunos otros cantones están desarrollando aspectos más amplios en relación con esta temática en el marco del aprendizaje permanente o la formación básica.

53.El cantón de Zúrich, por ejemplo, exige conocimientos de las disposiciones relativas a las medidas coercitivas en el ámbito del procedimiento penal y de la ejecución de penas, lo que se incorpora así a los cursos de formación. Las sesiones de formación tradicionales también incluyen el tema del uso de medidas coercitivas y de la privación de libertad en los hospitales psiquiátricos (por ejemplo, en el caso de internación con fines asistenciales) con el fin de garantizar una atención médica adecuada a los pacientes aplicando la coerción sólo con mucha cautela.

54.Según la información facilitada por el Centro Suizo Especializado en la Ejecución de Sanciones Penales, la Convención (aún) no forma parte de la formación básica para la obtención del certificado federal de agente de detención. Tal Centro expresó interés en que el tema fuera tratado durante la capacitación. Además, la formación aborda varios fundamentos jurídicos europeos e internacionales:

a)la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984;

b)el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950;

c)el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, de 26 de noviembre de 1987;

d)la recomendación Rec(2006)2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa dirigida a los Estados miembros sobre las Reglas Penitenciarias Europeas;

e)la recomendación Rec(2012)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa dirigida a los Estados miembros sobre el Código Europeo de Ética para el Personal Penitenciario.

V.Medidas de reparación y de protección de los niños contra las desapariciones forzadas (arts. 24 y 25)

A.Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

1.Respuesta al apartado a)

55.La presentación de una denuncia que dé lugar a un proceso penal no es una condición para obtener una indemnización y/o una reparación moral en virtud de la Ley de Apoyo a las Víctimas. No obstante, el procedimiento penal puede facilitar la prueba de la existencia de un delito y de la condición de víctima.

2.Respuesta al apartado b)

56.La ayuda inmediata consiste en la prestación de apoyo para atender las necesidades más urgentes derivadas del delito (art. 13, párr. 1 de la Ley de Apoyo a las Víctimas). Se presta asistencia médica, psicológica, social, material y legal apropiada. La ayuda inmediata es gratuita, sin importar el nivel de ingresos de la víctima. Para recibir ayuda inmediata basta con ser considerado una víctima.

57.La prestación de apoyo a más largo plazo abarca los mismos servicios prestados en el marco de la ayuda inmediata, pero durante un período más largo, a saber, hasta que el estado de salud de la víctima se estabilice y que, en la medida de lo posible, se eliminen o compensen las demás consecuencias del delito (art. 13, párr. 2, de la Ley de Apoyo a las Víctimas). Los requisitos en materia de pruebas son más exigentes en el caso del apoyo a largo plazo. La condición de víctima debe ser verosímil, es decir, que deben existir más argumentos a favor de la existencia de un delito que confiera la condición de víctima que en contra. El apoyo a largo plazo, cuando es prestado por los centros de consulta, no depende de los ingresos de la víctima. Cuando el centro de consulta recurre al apoyo de terceros, la ley habla de una contribución para sufragar los gastos de apoyo a largo plazo aportada por una tercera parte (art. 16 de la Ley de Apoyo a las Víctimas). La cobertura de esos costos depende de los ingresos de la víctima, y puede ser total o parcial.

58.La víctima y sus allegados tienen entonces derecho a una indemnización por el daño que hayan sufrido como consecuencia de la lesión o la muerte de la víctima (art. 19, párr. 1 de la Ley de Apoyo a las Víctimas). Tan pronto como el estado de salud de la víctima se haya estabilizado, los costos de la ayuda prestada por terceros deberán ser absorbidos en la indemnización. Dependiendo de la situación económica de la víctima, la indemnización será total o parcial.

59.Por último se ofrece una reparación moral, según se define en la Ley de Apoyo a las Víctimas, en los casos en que así lo justifique la gravedad del daño sufrido (art. 22 párr. 1 de la Ley de Apoyo a las Víctimas). La reparación moral se concede independientemente de los ingresos del derechohabiente (art. 6, párr. 3, de la mencionada Ley).

60.Toda persona que desee hacer valer su derecho a una indemnización o reparación moral debe presentar una solicitud a la autoridad cantonal competente (art. 24 de la Ley de Apoyo a las Víctimas). Los casos de indemnización y reparación moral requieren cumplir condiciones exigentes para probar la condición de víctima. Debe mantenerse un grado de verosimilitud preponderante: el grado de verosimilitud de la condición de víctima es tan elevado que no es posible considerar seriamente otro tipo de situación.

B.Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

1.Respuesta al apartado a)

61.Según los artículos 35 y 36 del Código Civil, la declaración de ausencia se pronuncia si el fallecimiento de una persona desaparecida en peligro de muerte durante al menos un año o de la que no se tenga noticias desde por lo menos cinco años parece “muy probable”. Si no hay testigos directos, no es posible probar con certeza la muerte de la persona desaparecida. Sin embargo, su muerte debe parecer el resultado más probable dadas las circunstancias. Corresponde a quienes tienen derechos supeditados a la muerte alegar y probar tales circunstancias, por ejemplo, la desaparición durante un terremoto. Si el juez considera que no se cumple la condición de desaparición en peligro de muerte, no puede iniciar el procedimiento de ausencia, a menos que hayan transcurrido cinco años desde que se tuvo noticias por última vez de la persona en cuestión.

2.Respuesta al apartado b)

62.La declaración de ausencia presupone una ignorancia completa del lugar donde se encuentra la persona desaparecida y de lo que pueda estar haciendo. Es menester que la muerte de la persona desaparecida sea una posibilidad genuina (art. 35, párr. 1, del Código Civil). No sería el caso si, por ejemplo, se sabe que se ha ido al extranjero para reconstruir su vida bajo una identidad diferente.

63.La declaración de ausencia puede solicitarse una vez transcurrido por lo menos un año desde que se haya producido la situación de peligro de muerte, o bien como mínimo un período de cinco años desde las últimas noticias de la persona (art. 36, párr. 1, del Código Civil). La diferencia en la duración se explica por la mayor probabilidad de muerte en el primer caso que en el segundo. Tales plazos no se pueden acortar.

3.Respuesta al apartado c)

64.Propiedad y asuntos financieros: Antes de la declaración de ausencia no se abre la sucesión; la persona desaparecida sigue siendo la propietaria de sus bienes (art. 537 en relación con el art. 38, párr. 1 del Código Civil). La autoridad de protección de adultos puede instituir la tutela cuando una persona mayor de edad se ve imposibilitada de actuar por sí misma por estar ausente y no ha nombrado un representante para los asuntos que deben resolverse (art. 390, párr. 1, cap. 2 del Código Civil). La Ordenanza sobre Gestión del Patrimonio en el Marco de la Tutela regula la inversión y la conservación de los bienes (art. 1).

65.Familia: Un matrimonio o una unión registrada solo se disolverá mediante la declaración de ausencia (art. 38, párr. 3 del Código Civil). Se considera que un niño nacido dentro de los 300 días siguientes a la situación de peligro de muerte o a las últimas noticias obtenidas es hijo del marido desaparecido (art. 255, párr. 3, del Código Civil).

66.Protección social: Según las Directrices sobre las pensiones del seguro de vejez, supervivencia e invalidez (versión 16 del 1 de enero de 2019, núm. 3430 y siguientes), el derecho a recibir una pensión se origina el primer día del mes siguiente al fallecimiento del cónyuge. Resulta determinante la fecha de fallecimiento inscrita en el registro de familias y que corresponde a la fecha en que la declaración de ausencia comienza a tener efecto retroactivo. En principio, la pensión de viudedad no podría asignarse antes de que el juez haya emitido una declaración de ausencia. Cuando existen circunstancias especiales que lo avalen, y si parece probable que en el caso concreto el juez haga una declaración de ausencia, se podrá conceder excepcionalmente la pensión antes de la declaración de ausencia, siempre que se trate de casos de desaparición por circunstancias que entrañen peligro de muerte. No obstante, la pensión se paga, como muy pronto, una vez iniciado el procedimiento de declaración de ausencia. En lo que respecta a los hijos de la persona desaparecida, en caso de ausencia, el derecho a la pensión de orfandad también rige a partir del primer día del mes siguiente al fallecimiento del progenitor. En principio, la pensión de orfandad no debe pagarse antes de la declaración de ausencia. Sin embargo, en circunstancias especiales y cuando puede partirse del principio de que el progenitor desaparecido será declarado ausente, la pensión puede concederse excepcionalmente antes de que se emita tal declaración, pero no antes de que comience el procedimiento correspondiente (núm. 3324 y siguientes).

4.Respuesta al apartado d)

67.La declaración de ausencia es una cuestión de derecho civil y no persigue los mismos objetivos que el derecho penal. Por lo tanto, la decisión del juez civil no influye en modo alguno en la investigación penal.

C.Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

68.Las autoridades suizas examinaron esta cuestión durante el proceso de ratificación de la Convención. Sin embargo, todas las conductas descritas en el artículo 25, párrafo 1 a) de la Convención están tipificadas como delito en el Código Penal (véase el párr. 147 del informe de Suiza), aun cuando no exista un delito concreto. Por consiguiente, no resulta necesaria la tipificación como delito autónomo, pues su importancia no sería sino simbólica y carecería de sentido en el contexto suizo. Tampoco es algo exigido por la Convención.

D.Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

69.Hijos adoptivos: los niños menores de edad tienen derecho a obtener información acerca de sus padres biológicos, pero que no permita identificarlos. Solo tienen derecho a obtener información sobre su identidad si pueden demostrar un interés legítimo (art. 268c, párr. 2 del Código Civil). Una vez que el niño ha alcanzado la mayoría de edad, puede solicitar en cualquier momento conocer la identidad de sus padres biológicos y otros datos que les conciernan. Además, puede solicitar información sobre los descendientes directos de los padres biológicos si estos son mayores de edad y han dado su consentimiento (art. 268c, párr. 3 del Código Civil). Cada cantón ha designado una autoridad cantonal encargada del procedimiento de adopción. Esta autoridad es quien transmite la información sobre los padres biológicos a sus descendientes directos y al niño (art. 268d, párr. 1, del Código Civil). El niño adoptado puede ponerse en contacto con el servicio de información cantonal de su cantón de residencia o, de lo contrario, con el cantón en el que se haya llevado a cabo el procedimiento de adopción (véase el artículo 268d, párr. 4, del Código Civil). En la página web de la Oficina Federal de Justicia se enumeran todos los servicios de información y asesoramiento relativos al derecho de adopción conforme al Código Civil. Antes de comunicar los datos solicitados, el servicio de información cantonal notifica al interesado que ha recibido una solicitud de información sobre su persona y, en la medida de lo necesario, le pide su consentimiento para que se pongan en contacto con él (art. 268d, párr. 2, del Código Civil). Si el interesado se niega a reunirse con el solicitante, la autoridad notificará al solicitante al respecto y le informará de los derechos individuales de esa persona (art. 268d, párr. 3 del Código Civil).

70.Niños abandonados en “buzones de bebés”: existen actualmente ocho “buzones de bebés” en Suiza. Todos ellos se encuentran en hospitales. Los hospitales tienen la obligación de informar a la autoridad competente cuando encuentran un niño de filiación desconocida en su “buzón de bebés” (art. 38 de la Ordenanza de Registro Civil). En el caso de un niño no sujeto a la patria potestad, el Instituto de Protección de la Infancia designa un tutor para el expósito (art. 327a del Código Civil) y publica un anuncio en la oficina del Registro Civil de modo que el nacimiento del niño se inscriba en el distrito de Registro Civil del lugar donde el niño fue encontrado; la oficina del Registro Civil competente inscribe el lugar, la hora y las circunstancias en que se encontró al niño, su sexo, presunta edad y cualquier marca distintiva (art. 20, párr. 3, de la Ordenanza de Registro Civil).

E.Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

71.El informe del Consejo Federal en respuesta a la Petición Ruiz 17.4181 está actualmente en vías de elaboración y será publicado a finales de 2020. Su contenido girará en torno a tres aspectos:

a)Las leyes y prácticas de los intermediarios privados y de las autoridades cantonales y federales en el decenio de 1980 en relación con las adopciones internacionales y, más concretamente, las denuncias de prácticas ilícitas, la información de que disponían las autoridades y las medidas adoptadas en ese momento;

b)Los esfuerzos y medios disponibles hoy en día para apoyar a las personas afectadas a rastrear sus orígenes;

c)Un análisis del marco legislativo actual por el que se rigen los procedimientos internacionales de adopción, incluidas recomendaciones sobre las prácticas y el marco legislativo actual y futuro.

72.Con respecto al análisis histórico (primera parte del informe), se encomendó la debida investigación a la Escuela Superior de Trabajo Social de Zúrich. Ese informe externo se publicará en principio a comienzos de 2020, antes de que se publique el informe del Consejo Federal.

73.En lo que respecta a la segunda cuestión relativa a las garantías de no apropiación en el sentido del artículo 25, párrafo 1 a) de la Convención, conviene aclarar los siguientes aspectos: una vez que los futuros padres adoptivos reciben la autorización de Suiza declarándolos aptos para adoptar un niño de un determinado perfil y de un país en particular, el procedimiento de adopción prevé que la autoridad cantonal competente solo conceda la autorización para recibir a un determinado niño si los solicitantes han presentado los siguientes documentos:

a)Un informe médico y un informe social sobre el niño;

b)Un certificado en el que conste el consentimiento de los padres biológicos y del niño, según su edad;

c)La declaración de la autoridad competente del Estado de origen del niño que certifique que el niño puede ser confiado a futuros padres adoptivos en Suiza.

74.Cabe pedir además otros documentos.

75.Esa autorización debe exigirse y expedirse antes de que el niño entre en Suiza. Ello permite que los documentos sean verificados en distintas etapas del procedimiento por las autoridades civiles y de migración correspondientes, así como por la embajada de Suiza. El hecho de que el número de adopciones internacionales sea muy bajo (en promedio, menos de 200 por año) garantiza que las autoridades suizas estudien cuidadosamente cada caso.