Comité de Derechos Humanos

Séptimo informe periódico que Alemania debía presentar en 2019 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes *

[Fecha de recepción: 12 de marzo de 2020]

Introducción

1.La República Federal de Alemania reitera sus disculpas por el retraso en la presentación al Comité de Derechos Humanos de sus respuestas a la lista de cuestiones previa a la presentación del informe.

2.Las respuestas a la lista de cuestiones que figuran a continuación han sido recopiladas por el Gobierno Federal de Alemania. Salvo que se indique otra cosa, estas respuestas se refieren a la situación a 31 de diciembre de 2019.

3.Se han adjuntado al presente documento varios anexos con datos estadísticos a fin de mejorar su legibilidad.

A.Información general sobre la situación nacional en materia de derechos humanos, con inclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto

Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones previa a la presentación del informe (CCPR/C/DEU/QPR/7)

4.La mayoría de las cuestiones mencionadas en las anteriores observaciones finales del Comité se abordan en la lista previa. Estas cuestiones se tratan en las respuestas que figuran a continuación.

5.En relación con el párrafo 12 de las anteriores observaciones finales del Comité en el contexto de las extradiciones y las garantías diplomáticas, el Gobierno Federal se remite a la respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones transmitida por el Comité contra la Tortura (CAT/C/DEU/QPR/6) que Alemania presentó en lugar del sexto informe periódico (CAT/C/DEU/6).

6.La aplicación de los dictámenes del Comité en virtud del Protocolo Facultativo con respecto a las denuncias individuales dirigidas contra Alemania se halla coordinada por el Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor. Según cuál sea el caso concreto, se solicitará la intervención de otras autoridades federales o de los ländercuando sea necesario para aplicar los dictámenes del Comité en cada caso.

Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones

7.Gracias a la Ley para la Aplicación de las Recomendaciones de la Comisión de Investigación del Parlamento Alemán sobre el grupo Nationalsozialistische Untergrund, o NSU (Gesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages), de 12 de junio de 2015, el Código Penal ha pasado a incluir expresamente los fines y motivos racistas, xenófobos o de otra índole que pongan de manifiesto un desprecio por la humanidad entre los principios en materia de sanciones consagrados en la segunda oración del párrafo 2 del artículo 46 del Código Penal (Strafgesetzbuch,StGB). La expresión “los fines y motivos de otra índole que pongan de manifiesto un desprecio por la humanidad” abarca igualmente otros principios reconocidos de no discriminación.

8.En octubre de 2016 entró en vigor la Ley de Mejora de la Lucha contra la Trata de Personas por la que se modifican la Ley Federal del Registro Penal y el Libro VIII del Código de Seguridad Social (Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Menschenhandels und zur Änderung des Bundeszentralregistergesetzes sowie des Achten Buches des Sozialgesetzbuches). Dicha ley reformó y amplió de manera fundamental las disposiciones de derecho penal para combatir la trata de personas. Asimismo, sirvió para aplicar la Directiva 2011/36/UE y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos. El delito de la trata de personas (artículo 232 del Código Penal) ahora no solo abarca la explotación con fines de prostitución, trabajo o esclavitud, sino también con fines de realización de actividades delictivas, mendicidad y tráfico de órganos. Además, se ha ampliado la definición de las circunstancias agravantes, como el hecho de que las víctimas no hayan alcanzado los 18 años de edad. En lo que respecta a la explotación de las víctimas de la trata de personas, se han introducido nuevos delitos de prostitución forzada (artículo 232a del Código Penal) y de trabajo forzoso (artículo 232b). En particular, el artículo 232a 6) del Código Penal regula la responsabilidad penal de los usuarios de los servicios sexuales en la medida en que tipifica como delito la explotación de la situación de la víctima para la realización de actos sexuales. Aparte de la revisión del delito de explotación laboral (artículo 233 del Código Penal), se ha introducido recientemente el delito de explotación con privación de libertad (artículo 233 a) para reforzar la protección penal contra la explotación en circunstancias de tan excepcional gravedad.

9.Por efecto de la Ley de 20 de julio de 2017 por la que introdujo el derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo (Eheöffnungsgesetz; BGBl I, pág. 2.787), en vigor desde el 1 de octubre de 2017, pueden contraer matrimonio todas las parejas independientemente de su sexo. El Primer Reglamento por el que se modifica el Reglamento del Estado Civil (Erste Verordnung zur Änderung der Personenstandsverordnung) contiene disposiciones para la ejecución de la Ley de Estado Civil (Personenstandsgesetz) y garantiza la aplicación de la Ley sobre el Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo en el registro civil.

10.La Ley de 18 de diciembre de 2018 por la que se modifica la información que debe consignarse en el Registro de Nacimientos (Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Angaben; BGBl I, pág. 2.635) prevé una opción adicional para registrar el sexo de las personas con variaciones en el desarrollo del sexo. De ese modo se hace efectiva la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 10 de octubre de 2017 (1 BvR 2019/16). Aparte de las categorías de mujer y hombre, así como la opción de certificar un nacimiento omitiendo el sexo de la persona, las nuevas disposiciones permiten inscribir en el registro a las personas con variaciones en el desarrollo sexual bajo la categoría “diverso” (en alemán, “divers”). La inscripción puede modificarse posteriormente. Además, las personas que solicitan la modificación de su inscripción ahora pueden realizar una declaración adicional para modificar su nombre de pila de modo que coincida con su sexo oficial.

11.El 22 de julio de 2017 entró en vigor la Ley de Rehabilitación Penal de las Personas Condenadas después del 8 de mayo de 1945 por la Realización de Actos Homosexuales Consentidos (Gesetz zur strafrechtlichen Rehabilitierung der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilten Personen). Como consecuencia de dicha Ley, se anularon todas las condenas dictadas entre 1945 y 1994 por la realización de actos homosexuales consentidos entre personas mayores de 16 años en virtud de varias disposiciones derogadas hacía tiempo de los artículos 175 y 175a del Código Penal de la República Federal de Alemania y del artículo 151 del Código Penal de la República Democrática Alemana. El principal objetivo de la Ley de Rehabilitación consistió en eliminar el estigma jurídico que sufrían las personas afectadas a causa de su condena. Cabe señalar igualmente que los afectados pueden recibir una indemnización. Además, el 13 de marzo de 2019 entró en vigor la Directiva sobre el Pago de Indemnizaciones con cargo al Presupuesto Federal a los Afectados por la Prohibición en Derecho Penal de los Actos Homosexuales Consentidos, que reconoce el derecho de indemnización a un número todavía mayor de personas. En diciembre de 2019 se habían desembolsado un total de más de 715.500 euros. El Gobierno Federal ha puesto en marcha una línea directa para asesorar a los posibles solicitantes.

12.La ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) tuvo lugar el 12 de octubre de 2017.

13.La Ley de Protección de los Trabajadores Sexuales (Prostituiertenschutzgesetz), de 21 de octubre de 2016, entró en vigor el 1 de julio de 2017. Esta Ley ofrece protección contra la prostitución forzada.

14.La Ley relativa al Teléfono de Ayuda de Violencia contra las Mujeres (Hilfetelefongesetz) se adoptó el 7 de marzo de 2012 (BGBl I, pág. 448).

15.El 1 de octubre de 2017 entró en vigor la Ley sobre la Introducción de un Requisito de Aprobación por un Tribunal de Familia de las Medidas Privativas de Libertad de Niños (Gesetz zur Einführung eines familiengerichtlichen Genehmigungsvorbehaltes für freiheitsentziehende Maßnahmen bei Kindern). El objetivo de esta Ley consiste en mejorar la protección de los niños en las clínicas psiquiátricas infantiles y juveniles, en los centros de protección de la infancia y la juventud y en los centros para personas con discapacidad.

16.Las disposiciones fundamentales de la Ley por la que se Refuerzan los Derechos Procesales de los Acusados en los Procesos Penales a Menores de Edad (Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren, BGBl I, pág. 2.146) entraron en vigor el 17 de diciembre de 2019. Las disposiciones sobre la grabación audiovisual de los interrogatorios de los acusados del Código de Procedimiento Penal alemán (Strafprozessordnung) y la referencia cruzada del artículo 70c de la Ley de Tribunales de Menores (Jugendgerichtsgesetz) entraron en vigor el 1 de enero de 2020. La Ley aporta aclaraciones jurídicas explícitas y más concretamente introduce nuevas disposiciones en la Ley de Tribunales de Menores para mejorar la condición jurídica de los menores de edad y garantizar que se tenga en cuenta su necesidad especial de protección en los procesos penales.

17.La Ley de Participación Igualitaria de Mujeres y Hombres en los Puestos Directivos del Sector Privado y la Administración Pública (Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst) fue promulgada el 24 de abril de 2015 (BGBl I, pág. 642). La Ley se articula en torno a tres pilares: el primero es una cuota de representación de la mujer del 30 % en los consejos de vigilancia de las empresas que cotizan en bolsa y están sujetas a un régimen de plena cogestión con los trabajadores; el segundo es la obligación de las empresas que cotizan en bolsa o están sujetas a un régimen de cogestión con los trabajadores de fijar objetivos en relación con el porcentaje de mujeres presentes en los consejos de vigilancia, los consejos de administración y los puestos directivos de alto nivel; el tercer pilar guarda relación con la Ley de Nombramientos a Órganos (Gesetz über die Mitwirkung des Bundes an der Besetzung von Gremien) y con la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Administración Federal y en las Empresas y Tribunales Federales (Gesetz für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesverwaltung und in den Unternehmen und Gerichten des Bundes). Una versión revisada de esta última tiene por objeto aumentar la presencia de la mujer en los puestos ejecutivos de alto nivel en la administración pública y mejorar la compatibilidad de las obligaciones familiares y de cuidado con las actividades profesionales. Las estadísticas sobre la aplicación de esta Ley se publican anualmente como un índice de igualdad de género. Desde 2016 se exige una cuota de género de al menos el 30 % para cubrir las vacantes de los consejos de vigilancia en los que el Gobierno Federal tiene al menos tres puestos, y en los denominados “órganos esenciales”, en los que al menos un miembro es nombrado por el Gobierno Federal. Desde 2018, el objetivo es aumentar esa proporción al 50 %.

18.La Ley Federal de Igualdad de Género de 24 de abril de 2015 difiere en muchos aspectos de la ley anterior. En el futuro, los planes de igualdad deberán incluir objetivos concretos, y cada objetivo deberá ir acompañado de medidas específicas a nivel laboral, social y organizativo.

19.Para promover el principio de un salario igual por un trabajo igual o equivalente, el 6 de julio de 2017 entró en vigor la Ley de Transparencia Salarial (Entgelttransparenzgesetz). Como complemento de la Ley General de Igualdad de Trato (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), esta norma prohíbe específicamente la discriminación salarial por motivos de género e introduce instrumentos para lograr una mejor aplicación del principio de igualdad de remuneración por un trabajo igual o equivalente.

20.La Ley sobre la Condición Jurídica y las Funciones del Instituto Alemán de Derechos Humanos (Gesetz über die Rechtsstellung und Aufgaben des Deutschen Instituts für Menschenrechte), de 16 de julio de 2015 (BGBl I, pág. 1.194), define la condición jurídica, las tareas y la financiación del Instituto Alemán de Derechos Humanos de conformidad con los Principios de París.

21.A continuación figura una lista de causas recientes en las que los tribunales nacionales superiores se remitieron explícitamente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

Tribunal Constitucional Federal – Ley de Unicidad de la Regulación Colectiva (Tarifeinheitsgesetz), sentencia de 11 de julio de 2017: 1 BvR 1571/15, 1 BvR 1588/15, 1 BvR 2883/15, 1 BvR 1043/16 y 1 BvR 1477/16, párrafo 206.

Tribunal Constitucional Federal, auto de 29 de enero de 2019: BvC 62/14, párrafos 61, 67 y ss.

Tribunal Supremo Administrativo, remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de agosto de 2014: 1 C 1/14, párrafos 16 y ss.

Tribunal Superior Administrativo de Baden-Württemberg, sentencia de 29 de agosto de 2017: 10 S 30/16, párrafos 44 y 46.

Tribunal Superior Administrativo del Land de Renania del Norte-Westfalia, sentencia de 19 de marzo de 2019: A 1361/15, párrafos 216, 407 y ss.

B.Información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluida la relacionada con las recomendaciones anteriores del Comité

Marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (art. 2)

Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones

22.El Gobierno Federal siempre ha considerado necesaria la reserva que restringe la competencia del Comité en relación con el artículo 26 del Pacto, formulada al ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto. La reserva limita la competencia del Comité a los casos en que se denuncie un trato desigual en relación con los derechos garantizados en el Pacto.

23.El Gobierno Federal ha tomado nota del dictamen del Comité relativo a la comunicación 3232/2018 con respecto a la reserva sobre el artículo 5 2) a) del Protocolo Facultativo y examinará las posibles consecuencias.

Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones

24.La ejecución de las medidas previstas en el Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos para el período 2016 a 2020 es un proceso continuo. Un comité interministerial asegura que estas medidas sean coherentes. El Plan de Acción Nacional formula la expectativa de que todas las empresas comerciales domiciliadas en Alemania integren los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos en su cadena de valor. La diligencia debida en materia de derechos humanos se basa en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los derechos humanos citados en los Principios Rectores incluyen los consagrados en el Pacto, el cual también se menciona explícitamente en el Plan de Acción Nacional como una norma específica obligatoria y un elemento central de la diligencia debida en materia de derechos humanos.

25.El Gobierno Federal está realizando un estudio sobre una muestra representativa de empresas domiciliadas en Alemania con más de 500 empleados para comprobar si al menos el 50 % de esas empresas han integrado los elementos de la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus procesos corporativos y están cumpliendo sus responsabilidades en ese terreno. Los resultados del estudio se publicarán en un informe provisional a principios de 2020. El resultado del seguimiento llevado a cabo en el marco del Plan de Acción Nacional determinará de manera fundamental la decisión del Gobierno Federal sobre las medidas que conviene adoptar, que podrían incluir disposiciones legales, tal como se prevé tanto en el Plan de Acción Nacional como en el acuerdo de coalición.

26.La Directiva de la UE sobre la responsabilidad social de las empresas ya se ha incorporado en el derecho alemán. La ley de ejecución entró en vigor el 19 de abril de 2017 (Ley para Reforzar la Presentación de Información No Financiera de las Empresas en sus Informes de Gestión e Informes Consolidados; Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten).

27.El Gobierno Federal no comparte las preocupaciones relativas a un acceso insuficiente a la justicia en el caso de las violaciones de los derechos humanos que entran dentro de la esfera de responsabilidad de las empresas comerciales. Las empresas alemanas acusadas de haber incurrido en violaciones de los derechos humanos en el extranjero pueden ser demandadas en Alemania ante un tribunal alemán aunque el daño sufrido por la persona agraviada (es decir, la víctima de una violación de derechos humanos enmarcada en la esfera de responsabilidad de la empresa comercial) se haya producido en el extranjero. El derecho procesal civil internacional permite el acceso a los tribunales. El hecho de que los demandantes no residentes en Alemania puedan recibir asistencia letrada en las mismas condiciones que los demandantes residentes en Alemania facilita en mayor medida el acceso a la justicia. El Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor ha elaborado un folleto informativo multilingüe sobre estas cuestiones para informar a las personas afectadas sobre las vías de acceso a los tribunales alemanes y los mecanismos procesales disponibles para facilitar los procedimientos judiciales (como el “modelo de acción declarativa” introducido para mejorar la aplicación del derecho del consumo; recursos colectivos). El que un demandante tenga o no derecho a una indemnización depende del derecho sustantivo aplicable en cada caso, que suele ser el derecho sustantivo del país extranjero si el daño se produjo en otro país. Todo esto se explica en el folleto informativo. Aparte de la vía judicial, las víctimas tienen la opción de presentar una reclamación ante el Punto Nacional de Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

28.El Gobierno Federal es consciente de sus responsabilidades en el ámbito del control de las exportaciones de armas y por ello aplica una política de exportación de armas restrictiva y responsable. El Gobierno Federal adopta las decisiones relativas a la concesión de licencias de exportación de armas según las circunstancias de cada caso y a la luz de la situación concreta, tras un minucioso examen y teniendo en cuenta consideraciones de política exterior y de seguridad. Esas decisiones se basan en los requisitos de la Ley de Control de Armas de Guerra (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen), la Ley de Comercio Exterior y Pagos (Außenwirtschaftsgesetz) y el Reglamento de Comercio Exterior y Pagos (Außenwirtschaftsverordnung), así como en los Principios Políticos Adoptados por el Gobierno de la República Federal de Alemania para la Exportación de Armas de Guerra y otros Equipos Militares (versión del 26 de junio de 2019), en la Posición Común del Consejo de la Unión Europea de 8 de diciembre de 2008 por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (en la versión del 16 de septiembre de 2019) y en el Tratado sobre el Comercio de Armas.

29.El respeto de los derechos humanos en el país destinatario tiene gran peso en el proceso decisorio. Por principio, no se conceden licencias cuando hay suficientes sospechas de que el equipo militar despachado se utilizaría indebidamente con fines de represión interna o en un cuadro sistemático de violaciones de los derechos humanos.

No discriminación y prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso (arts. 2, 3, 20 y 26)

Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones

30.La Ley Fundamental (Grundgesetz) ya contiene en su artículo 3 una prohibición de la discriminación por las entidades públicas, que por lo tanto tiene rango constitucional. La Ley General de Igualdad de Trato (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) versa principalmente sobre la discriminación por parte de entidades privadas o particulares. En la medida de lo posible, las disposiciones de dicha Ley también son aplicables a los trabajadores de la administración pública (artículo 24 de la Ley General de Igualdad de Trato). En su artículo 1, la Ley General de Igualdad de Trato protege expresamente a todas las personas contra la discriminación por motivos de raza u origen étnico, género, religión o credo, discapacidad, edad o identidad sexual. En el documento explicativo que acompaña a la Ley se indica explícitamente que el criterio del origen étnico debe entenderse en sentido amplio, teniendo en cuenta la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Así pues, también constituirá una discriminación indirecta por motivos de origen étnico la distinción realizada presuntamente por motivos de nacionalidad o idioma pero que en realidad se base en el origen étnico.

31.La Ley General de Igualdad de Trato también brinda protección a las personas que son objeto de un trato discriminatorio por múltiples motivos. Si en un caso concreto el trato discriminatorio basado en uno de esos motivos se halla justificado, ello no significará automáticamente que el trato discriminatorio basado en otro motivo también se halle justificado (artículo 4 de la Ley General de Igualdad de Trato). Además, la multiplicidad de motivos de discriminación puede afectar a la cuantía de una eventual reclamación de indemnización.

32.No hay peligro de que la excepción prevista en el artículo 19 3) de la Ley General de Igualdad de Trato se utilice para justificar un trato discriminatorio por motivos arbitrarios en el alquiler de viviendas. Esta disposición tiene como único propósito lograr estructuras residenciales socialmente estables y estructuras habitacionales socialmente equilibradas, así como condiciones económicas, sociales y culturales equilibradas.

33.En la etapa inicial de planificación y al conceder financiación se procura garantizar la distribución espacial de las viviendas sociales en toda la zona urbana con el fin de evitar la segregación. La creación de estructuras habitacionales socialmente estables también determina la asignación de habitantes a las viviendas subvencionadas.

34.La existencia de estructuras sociales problemáticas dentro de un barrio concreto se puede evitar o remediar procurando asignar las viviendas de modo que haya una mezcla de grupos de población, al menos en cierta medida. El artículo 19 3) de la Ley General de Igualdad de Trato ofrece el margen de maniobra necesario para ello. Sin embargo, no permite prácticas discriminatorias en la compra y el alquiler de propiedades residenciales; más bien —con sujeción a condiciones estrictas— esta disposición tiene como finalidad exclusiva evitar la formación de guetos y ámbitos de vida que puedan tener efectos negativos en los residentes actuales o futuros.

35.El plazo general de dos meses previsto en los artículos 15 4) y 21 5) de la Ley General de Igualdad de Trato no se ha modificado.

Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones

36.Las víctimas de la discriminación tienen un acceso asequible y efectivo a la justicia. Lo más importante es que pueden presentar demandas en virtud de la Ley General de Igualdad de Trato ante un tribunal civil, laboral o administrativo, en función de la situación específica. Con arreglo a la legislación procesal civil, los demandantes pueden recibir asistencia jurídica si sus circunstancias personales y económicas les impiden sufragar las costas procesales.

37.Alemania no prevé la posibilidad de la acción popular. No obstante, es posible intervenir como tercero en determinados procedimientos (por ejemplo, en los procedimientos ante el Tribunal Constitucional, artículo 27a de la Ley del Tribunal Constitucional Federal [Bundesverfassungsgerichtsgesetz], y en los procedimientos ante los tribunales administrativos, artículo 65 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo [Verwaltungsgerichtsordnung]), y presentar informes amicus curiae. Por ejemplo, el Instituto Alemán de Derechos Humanos ha utilizado su amplio mandato para presentar informes amicus curiae en las causas por discriminación.

38.Además, la Ley de Igualdad de las Personas con Discapacidad (Behindertengleichstellungsgesetz) permite que las asociaciones reconocidas entablen determinadas acciones por discriminación de personas con discapacidad ante los tribunales administrativos y sociales. Las asociaciones reconocidas también pueden emprender acciones específicas en el ámbito de la protección del consumidor.

39.El Organismo Federal de Lucha contra la Discriminación tiene facultades para brindar asistencia a las personas que se consideran víctimas de discriminación. En particular, puede poner los medios para lograr una solución amistosa entre las partes, si bien no tiene autoridad para iniciar procedimientos judiciales.

40.Las asociaciones contra la discriminación , en el marco de la finalidad declarada en sus estatutos, están autorizadas para prestar asesoramiento jurídico a las personas desfavorecidas en los procedimientos judiciales, aunque solo los abogados pueden hacerse cargo de la representación legal.

Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones

41.Con respecto al discurso de odio en Internet, Alemania sigue una doble estrategia: eliminar rápidamente el discurso de odio y enjuiciar a los autores.

42.La nueva Ley Reguladora de la Aplicación del Ordenamiento Jurídico en las Redes (Netzwerkdurchsetzungsgesetz o NetzDG), que entró en vigor en octubre de 2017, tiene por objeto garantizar la rápida eliminación del discurso de odio. La Ley aborda los delitos motivados por el odio, las noticias falsas penalmente sancionables (el “desorden informativo”) y otros contenidos ilícitos de las redes sociales y obliga a los operadores de las grandes plataformas sociales a establecer un sistema eficiente que facilite a los usuarios la denuncia de dichos contenidos. Si se denuncia un contenido de esas características, los operadores están obligados a retirarlo o bloquearlo en un plazo de siete días o de 24 horas si es manifiestamente ilícito. Los operadores también deben publicar informes sobre su gestión de las denuncias. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a multas de hasta 50 millones de euros. Esas sanciones no se imponen por haber faltado puntualmente a la obligación de suprimir una publicación individual, sino más bien en casos de incumplimiento sistemático de los requisitos mencionados.

43.Alemania ha creado un día nacional de acción contra los mensajes de odio en las redes con la intención de mejorar la aplicación de la ley en esa esfera. Durante los tres últimos años, ello se ha traducido en la realización de interrogatorios policiales y registros domiciliarios coordinados en toda Alemania. Ese día sirve para recordar que Internet no es un vacío jurídico y permite concienciar a la población desde un enfoque preventivo. Asimismo, a principios de 2017 se creó el grupo de trabajo “Enjuiciar y no solo suprimir: la aplicación de la ley en Internet” en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia para promover la actuación coordinada de las autoridades de interior y justicia, las empresas del ámbito de los medios de comunicación y la autoridad supervisora de los medios de comunicación contra el discurso de odio penalmente perseguible en la web.

44.Además, desde 2015, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud financia las actividades de jugendschutz.net, un centro de competencias conjuntas para la protección de los menores en Internet a nivel federal y de los länder. Aunque jugendschutz.net no es una entidad pública, su mandato se halla definido en el Tratado Interestatal de Medios de Difusión y Protección del Menor (Jugendmedienschutz-Staatsvertrag). Jugendschutz.net ofrece una línea directa para denunciar contenidos nocivos en Internet, evalúa los casos denunciados, valora el presunto origen del material e intenta determinar quién es el responsable del contenido.

45.El Centro Federal de Educación Política (BpB) sabe desde hace tiempo que el discurso de odio y la incitación a la hostilidad de cualquier tipo en Internet causarán grandes problemas a las sociedades del siglo XXI. El BpB actúa como defensor de la democracia a través de una labor de concienciación, tematización y denuncia del odio en Internet, e invita a todos los ciudadanos a construir activamente una narrativa democrática alternativa. Entre otras cosas, ha emprendido múltiples actividades educativas y de fomento de la capacidad como la recopilación de material didáctico en línea para su inclusión en los planes escolares ordinarios o en clases especiales. Asimismo, ha reunido información básica detallada y ha elaborado guías y folletos en los que se sugieren posibles estrategias para actuar contra el discurso de odio y se explican los instrumentos jurídicos vigentes destinados a combatir dicho fenómeno.

46.El 14 de junio de 2017, el Gobierno Federal aprobó un nuevo Plan de Acción Nacional contra el Racismo. En el capítulo sobre el racismo y el odio en Internet se describen varias iniciativas específicas emprendidas o financiadas por el Gobierno Federal y los länder. Aparte de las iniciativas mencionadas en el Plan de Acción, desde 2017, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud financia numerosos proyectos de prevención y lucha contra el discurso de odio en línea y en pro de la democracia y la participación cívica en Internet en el marco de su programa federal “¡Vivir la democracia!” (Demokratie Leben!).

47.El Plan de Acción Nacional contra el Racismo puede consultarse en: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2018/nap-en.pdf?_blob=publicaciónArchivo &v=4.

48.Con su programa federal “¡Vivir la democracia!” para el período 2015-2019 el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud promueve la participación cívica y las actitudes democráticas a nivel local, regional y nacional. En mayo de 2018 se decidió prolongar el programa federal por un segundo período (2020-2024) con un presupuesto total de 115,5 millones de euros. Los destinatarios del programa federal son los niños y los jóvenes, sus padres, familiares y otros cuidadores, las personas que se dedican a la protección de la infancia con carácter voluntario, a tiempo parcial o a tiempo completo, los creadores de opinión y los representantes de las organizaciones estatales y de la sociedad civil. Los objetivos básicos del programa federal son promover la democracia, celebrar y aceptar la diversidad y prevenir el extremismo. El proyecto “¡Vivir la democracia!” financia unas 300 “asociaciones para la democracia” a nivel local, 16 centros regionales para la democracia en los ländery cerca de 150 proyectos piloto, así como 40 organizaciones para crear centros de competencia y redes con el fin de combatir fenómenos como la discriminación, el antisemitismo y el extremismo de derecha. Su función consiste en reunir conocimientos especializados en sus respectivos ámbitos y actuar como nexo y punto de contacto, creando redes y reuniendo a diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil.

Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones

Aplicación de las disposiciones penales en las investigaciones (estadísticas policiales)

49.Los delitos de odio quedan registrados en una categoría estadística separada por el Servicio de Información de la Policía Judicial para los Delitos por Motivos Políticos (Kriminalpolizeilicher Meldedienst Politisch motivierte Kriminalität), creado en 2001. El registro de los delitos de odio como “delitos por motivos políticos” no implica restricción alguna en cuanto a los delitos registrados; el citado epígrafe abarca más bien la totalidad de los delitos perpetrados por motivos racistas. Dentro de este epígrafe, los delitos se clasifican en varias subcategorías para permitir matices en el registro de los motivos a los que responden. Las subcategorías son las siguientes: antisemitismo, discapacidad, xenofobia, condición social, racismo, religión y orientación sexual. Asimismo, desde el 1 de enero de 2017, los delitos islamófobos y contra los cristianos y los gitanos se han registrado en subcategorías independientes. La policía local notifica los delitos en cuestión a las oficinas de la policía judicial de los länder,que a su vez informan a la Policía Judicial Federal, donde se centralizan los datos.

50.En la sinopsis titulada “Delitos de odio” (véase el anexo de la pregunta 8a) se describe la evolución del número de casos entre 2001 y 2018.

51.El número de delitos antisemitas con un trasfondo de extrema derecha alcanzó su máximo nivel en 2014, año en el que se registraron 1.799 casos. En 2017, el número de delitos registrados fue de 1.504. La gran mayoría de los delitos antisemitas se siguen enmarcando en la categoría de los delitos políticos dentro del espectro de la derecha. Por su parte, los delitos xenófobos experimentaron un aumento constante entre 2012 y 2016, pasando de 2.922 a 8.983. En 2017 disminuyeron por primera vez tras años al alza. En 2018 repuntaron hasta alcanzar los 7.701 casos, pero no llegaron a rebasar los niveles registrados en 2016. El número de delitos racistas alcanzó su máximo nivel en 2018, año en el que se registraron 1.725 delitos. En 2018, el número total de delitos por motivos políticos constitutivos de un delito de odio volvió a aumentar. El Gobierno Federal tiene la obligación de luchar contra el extremismo, el racismo y los delitos de odio en todas sus formas, y seguirá haciéndolo, utilizando todos los medios a su alcance e intensificando las medidas adoptadas.

Ampliación del registro de los delitos de odio en las estadísticas judiciales

52.Los departamentos de justicia de los länderde Alemania llevan registrando el número de procedimientos debidos a delitos xenófobos o de extrema derecha desde 1992. La Oficina Federal de Justicia (Bundesamt für Justiz – BfJ) centraliza esos datos y elabora un conjunto de estadísticas de alcance nacional. Este sistema estadístico fue objeto de una reforma de gran calado que se hizo efectiva en 2013 con el fin de producir conjuntos de datos mejorados y más fácilmente comparables para toda Alemania. Los resultados a partir de 2013 pueden consultarse en el sitio web de la Oficina Federal de Justicia (véase el anexo de la pregunta 8c). Esas estadísticas reflejan los procedimientos penales relacionados con delitos xenófobos o de extrema derecha. Los delitos antisemitas y la ciberdelincuencia figuran por separado. Las cifras correspondientes a 2018 aún no están disponibles.

53.No hay planes de modificar el artículo 130 del Código Penal (incitación al odio). Dicha disposición ya ofrece un marco desarrollado por los tribunales alemanes que ofrece suficiente protección tanto a los grupos de población como a sus miembros. El artículo sirve para proteger el interés público y la coexistencia pacífica en toda la nación. La “capacidad de alterar el orden público” no requiere más que un riesgo abstracto de alteración de la paz; no es necesario un quebrantamiento real de la paz o un riesgo específico de que tal quebrantamiento se produzca. Los elementos del delito en su configuración actual se consideran suficientes.

Respuesta al párrafo 9 de la lista de cuestiones

54.Las medidas policiales basadas exclusiva o principalmente en la apariencia exterior de una persona o en su origen étnico (la “elaboración de perfiles raciales”, de conformidad con la definición aplicada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea) no figuran entre los métodos policiales utilizados en Alemania. La elaboración de perfiles raciales vulnera la legislación alemana aplicable, en particular el principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 3, párrafo 3, primera oración, de la Ley Fundamental. Ni la Ley de la Policía Federal (Bundespolizeigesetz) ni los reglamentos y prescripciones aplicables en el ámbito de este cuerpo permiten un trato desigual de las personas por motivos de raza, origen o religión. Lo mismo ocurre con los reglamentos correspondientes aplicables a las autoridades policiales de los länder.

55.A fin de garantizar que todos y cada uno de los agentes de policía ejerzan sus facultades de manera no discriminatoria, la formación de la policía a nivel federal y de los länderaborda en particular las cuestiones del racismo y la discriminación. El objetivo es sensibilizar a los agentes de policía (en formación) en la medida necesaria de cara a su interacción con personas de diversos orígenes, lo que permite prevenir la aparición de prejuicios y actitudes discriminatorias (conscientes o inconscientes). Desde 2014, la elaboración de perfiles raciales ha figurado directa o indirectamente en los planes de estudios de todas las etapas formativas. Se mantienen y se siguen desarrollando las soluciones existentes, como los seminarios internos organizados por el Ministerio Federal del Interior y la Policía Federal sobre la definición del racismo y la elaboración de perfiles raciales de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Desde 2016, la Policía Federal procura actualizar y mejorar sucesivamente la formación básica y continua, los materiales conexos y las prescripciones y reglamentos aplicables en materia de discriminación, racismo y elaboración de perfiles raciales.

56.La formación inicial y continua de la Policía Federal aborda sistemáticamente el tema de la aplicación del artículo 22 1a) de la Ley de la Policía Federal y lo retoma de continuo. El artículo 22 1a) de la Ley de la Policía Federal autoriza a la policía a interrogar a cualquier persona que se encuentre en una estación de ferrocarril, en un aeropuerto o a bordo de un tren, así como a pedirle los documentos de identidad e inspeccionar los objetos que estén en su posesión, cuando la inteligencia circunstancial o la experiencia de la policía de fronteras sugieran que se trata de un caso de inmigración ilegal. El Gobierno Federal estima que esta disposición es compatible con la Ley Fundamental y con el derecho internacional y europeo en la medida en que la inteligencia circunstancial y la experiencia de la policía de fronteras son criterios permisibles que, cuando van acompañados de una formación y una sensibilización suficientes de los agentes de policía en cuestión, posibilitan una selección no discriminatoria. Por ello, la Policía Federal hace especial hincapié en la capacitación y la sensibilización en este ámbito, como se ha indicado anteriormente.

57.En los casos aislados en que se denuncia una conducta policial discriminatoria, el ordenamiento jurídico alemán ofrece procedimientos inmediatos y eficaces para esclarecer las circunstancias. Cualquiera que sienta que ha sido objeto de una discriminación al pararlo la policía puede acudir a los tribunales administrativos alemanes, que procederán a examinar el caso. Los procedimientos oficiales de denuncia de la Policía Federal incluyen diversas opciones internas y externas para presentar una denuncia con miras a la revisión de las posibles infracciones cometidas por los agentes de policía mediante un proceso independiente a cargo de las autoridades supervisoras.

58.Las personas interesadas pueden transmitir sus quejas verbalmente, por escrito o por teléfono en cualquier comisaría de la Policía Federal. Además, es posible ponerse en contacto con todas las autoridades de la Policía Federal a través de Internet. Para garantizar una investigación independiente, imparcial y exhaustiva, toda nueva denuncia se procesa y examina con extremo cuidado.

59.En decisiones anteriores de varios tribunales alemanes (como la sentencia del Tribunal Administrativo Superior de Coblenza de 21 de abril de 2016 y la sentencia del Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia de 7 de agosto de 2018) se ha subrayado que, de conformidad con el artículo 22 1 a) de la Ley de la Policía Federal, los controles policiales deben basarse en indicios fiables respecto de un determinado grupo de infractores reconocibles por su apariencia exterior, y que en ese sentido recae sobre las autoridades una mayor carga de la prueba. Así pues, ya se aplica un requisito de sospecha razonable. El Gobierno Federal no ve la necesidad de adoptar nuevas medidas legislativas. La Policía Federal dio seguimiento a las sentencias mencionadas actualizando sus directivas internas y sus materiales de formación continua en 2016.

60.Asimismo, en 2016 la Policía Federal introdujo un mecanismo independiente de denuncias internas.

Medidas de lucha contra el terrorismo y de seguridad (arts. 9, 12, 14 y 17)

Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones

61.En opinión de los länder, las recientes modificaciones de las leyes de policía en Baviera, Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Hamburgo, Brandemburgo, Baja Sajonia, Sajonia y Sajonia-Anhalt no socavan en modo alguno las obligaciones que incumben a Alemania en materia de derechos humanos en virtud del derecho internacional (por ejemplo, en lo referente al acceso a la asistencia jurídica y a los recursos).

62.La Ley de la Policía de Schleswig-Holstein se ha sometido a una “evaluación de vulnerabilidad” cuyos resultados están siendo examinados por los responsables políticos. Aún está pendiente una decisión concluyente sobre el alcance de las enmiendas.

63.Las reformas de la Ley sobre las Labores y Facultades de la Policía del Land de Baviera o Ley de Atribuciones de la Policía Bávara (Bayerisches Polizeiaufgabengesetz) ampliaron las facultades de intervención de la policía para adaptarlas a los avances tecnológicos y permitir una respuesta eficaz de la policía bávara a las nuevas amenazas terroristas y de otro tipo. Las facultades establecidas en la Ley de Atribuciones de la Policía Bávara son de carácter general y permiten a la policía responder a los diferentes tipos de amenazas de las que debe defender al ciudadano en virtud de esa misma legislación. La Ley de Atribuciones de la Policía Bávara no otorga facultades excepcionales únicamente para defender al ciudadano frente a las amenazas terroristas. Algunas de las facultades contempladas en la Ley de Atribuciones de la Policía Bávara exigen una decisión judicial, lo que protege los derechos de las personas afectadas por las medidas policiales. Además, todas esas personas tienen derecho a utilizar recursos legales contra las medidas policiales. En determinadas circunstancias, un tribunal otorga asistencia letrada a las personas que se encuentran bajo custodia policial y toda persona afectada por una medida policial tiene la libertad de solicitar la asistencia de un abogado. Los deberes de información, documentación y presentación de informes garantizan igualmente una vigilancia efectiva de la conducta policial.

64.La Ley de la Policía Judicial Federal (Bundeskriminalamtgesetz), que entró en vigor a nivel federal el 25 de mayo de 2018, aplica tanto las exigencias europeas en materia de protección de datos como la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 20 de abril de 2016 (BVerfGE 141, 220) que aclara los requisitos para la ejecución de medidas de vigilancia encubierta. En el cumplimiento de su labor de lucha contra la amenaza del terrorismo internacional, descrita en el artículo 5 de la Ley de la Policía Criminal Federal, la Oficina de la Policía Criminal Federal puede ejercer las facultades establecidas en los artículos 38 y ss. de dicha Ley en función de la gravedad de la medida en cuestión y únicamente si se dan ciertos elementos de hecho y otra serie de condiciones (por ejemplo, el requisito general de una orden judicial). Ello se complementa con las obligaciones legales de información, documentación y presentación de informes. La Ley de la Policía Judicial Federal defiende los principios de seguridad jurídica (principio de taxatividad) y proporcionalidad. Las personas afectadas tienen acceso a recursos efectivos, incluida la posibilidad de la revisión judicial.

65.La detención cautelar (Sicherungshaft), regulada en el artículo 62 2) de la Ley de Residencia (Aufenthaltsgesetz), se reformó por última vez mediante la Segunda Ley para Mejorar la Aplicación de la Obligación de Salida del Territorio Alemán (Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht), que entró en vigor el 21 de agosto de 2019.

66.Se revisaron y ampliaron los requisitos de la detención cautelar y la Ley redefinió las circunstancias que conducen automáticamente a una presunción de ley de un riesgo de fuga.

67.La necesidad y proporcionalidad de las medidas citadas viene dada por la ley. La Ley de Residencia, en su artículo 62 1), dice lo siguiente: “No se permitirá la detención de personas para su deportación si el propósito de la detención puede lograrse por otros medios menos severos. La duración de la detención será tan breve como resulte posible. Los menores y las familias con menores solo podrán ser objeto de una detención para su deportación en casos excepcionales y únicamente por el tiempo que resulte razonable teniendo en cuenta el bienestar del niño”.

68.A fin de proteger a las personas contra la arbitrariedad y los abusos, el internamiento únicamente puede ordenarlo un juez, que examina si se cumplen los requisitos legales para ello.

Violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual y doméstica (arts. 2, 3, 6, 7 y 26)

Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones

Mutilación genital femenina

69.En septiembre de 2013, se procedió a la tipificación autónoma del delito de la mutilación genital femenina (MGF) en el Código Penal (artículo 226a) estableciendo como sanción máxima una pena de 15 años de cárcel. Antes, dichos actos ya se sancionaban con una pena de hasta diez años de prisión por delito de lesión corporal peligrosa (artículo 224 del Código Penal) o, según las circunstancias de cada caso, por lesión corporal grave (artículo 226 del Código Penal).

70.En 2016, el Gobierno Federal financió un estudio empírico sobre la MGF en Alemania, y ese mismo año presentó por primera vez cifras sobre las mujeres y niñas afectadas por la mutilación genital femenina o en peligro de sufrirla.

71.De octubre de 2017 a diciembre de 2018, el Gobierno Federal financió un proyecto destinado a proporcionar información sobre la MGF en los centros de acogida de refugiados.

72.En virtud de una decisión adoptada por los presidentes de los länderen octubre de 2019, se prevé elaborar una declaración uniforme contra la mutilación genital femenina con información sobre la MGF y sus consecuencias jurídicas en Alemania, con la idea de ponerla a disposición de las autoridades públicas de toda la República Federal. Las personas en riesgo de ser objeto de una MGF (o sus padres) podrán llevar consigo dicha declaración y enseñársela a otros en sus países de origen como forma de protegerse de las presiones a favor de la propia circuncisión o de la de sus hijas.

Acoso

73.Con la Ley sobre la Mejora de la Protección contra el Acoso (Gesetz zur Verbesserung des Schutzes gegen Nachstellungen), que entró en vigor en marzo de 2017, Alemania ha ampliado la protección que se ofrece a las personas afectadas (en la práctica, principalmente mujeres). Gracias a la modificación del artículo 238 del Código Penal, ya no es necesario demostrar que un acto de acoso ha restringido gravemente el estilo de vida de la persona afectada (lo que constituía un nivel de prueba sumamente riguroso). Ahora basta con que uno de los actos enumerados se cometa de manera que pueda causar dicha restricción grave.

74.Cuando uno de los miembros de una pareja se compromete a comportarse de una determinada manera mediante un acuerdo homologado judicialmente, toda vulneración de dicho acuerdo será susceptible de enjuiciamiento penal con arreglo al artículo 4 de la Ley de Protección contra la Violencia (Gewaltschutzgesetz). Así, se ha creado una disposición legal paralela a las salvaguardias que ofrece el derecho penal cuando los tribunales emiten órdenes de protección en casos de violencia. Además, una nueva disposición garantiza que la autoridad policial competente y otras autoridades públicas reciban una notificación obligatoria de todo acuerdo homologado judicialmente.

Recopilación de datos

75.A fin de mejorar la reunión de datos y arrojar luz sobre los delitos no denunciados, se llevó a cabo un estudio con miras a introducir un plan de vigilancia de la violencia contra la mujer. El plan de vigilancia ofrecerá datos e información sistemática y fundamentada que constituirá una base sólida para las políticas federales y de los länder, así comopara las políticas de los sistemas de asistencia en el ámbito de la violencia contra la mujer a largo plazo. Uno de los elementos del proceso de vigilancia consiste en analizar las estadísticas de los delitos de violencia en las relaciones de pareja. La evaluación de estas estadísticas se ha venido realizando anualmente desde 2016. La última evaluación fue publicada por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud el 25 de noviembre de 2019.

Violencia doméstica

76.El 11 de mayo de 2011, el Consejo de Europa abrió a la firma el Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) por el que se establecieron medidas amplias y específicas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y para proteger a las víctimas. Alemania firmó el Convenio ese mismo día y lo ratificó el 12 de octubre de 2017. El Convenio entró en vigor para Alemania el 1 de febrero de 2018.

77.Con la entrada en vigor del Convenio, todos los niveles de gobierno —la Federación, los ländery los municipios— adquirieron la obligación de asegurar su aplicación duradera.

78.En el futuro, la Federación tiene previsto prestar un apoyo aún mayor a los länderen el cumplimiento de su labor de velar por que exista una red de servicios de apoyo y protección contra la violencia.

79.En la XIXª legislatura, el Gobierno Federal puso en marcha un plan de acción para apoyar y reforzar el sistema de servicios de apoyo para mujeres víctimas de la violencia. Un elemento clave de ese plan de acción es el programa de financiación federal “Afrontar juntos la violencia contra las mujeres”.

80.Se trata de un programa de inversión en proyectos de construcción de instalaciones e innovación. Dentro de los límites de su competencia de financiación, la Federación utilizará este programa para poner a prueba diversos conceptos con el fin de suplir las deficiencias conocidas de la red de servicios de apoyo. Ello incluye facilitar el acceso a los servicios de atención y apoyo a las mujeres que hasta el momento no se han podido beneficiar de esos servicios en un número suficiente (por ejemplo, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con varios hijos o con hijos mayores, las mujeres con deficiencias físicas y las mujeres con problemas psicológicos o de adicción) y elaborar modelos innovadores de mejores prácticas para brindar apoyo a las víctimas de la violencia.

81.En 2012, el Gobierno Federal publicó un informe sobre los centros de acogida para mujeres, los servicios de consulta y asesoramiento especializado y otros sistemas de ayuda destinados a las mujeres víctimas de la violencia y sus hijos. En el informe se señala la existencia de unas 350 casas de acogida y 40 albergues con más de 6.000 camas que cada año ofrecen protección y asesoramiento a entre 15.000 y 17.000 mujeres, a las que se suman sus hijos, es decir, a un total de entre 30.000 y 34.000 personas. A estos se añaden más de 750 servicios de consulta y asesoramiento especializado en el conjunto de la República Federal donde las mujeres víctimas de la violencia pueden obtener un asesoramiento y un apoyo cualificados. Además del gran número de centros de asesoramiento y líneas telefónicas de socorro que brindan un apoyo profesional general en el ámbito de la violencia contra la mujer o se especializan en el apoyo y el asesoramiento a las víctimas de la violencia sexual, estos servicios comprenden unos 130 servicios de intervención contra la violencia doméstica y unos 40 servicios de consulta y asesoramiento especializado para las mujeres víctimas de la trata y otras formas específicas de violencia. Entre ellos figuran por ejemplo los centros de cooperación y los centros de asesoramiento especializados para las víctimas del acoso o los matrimonios forzados.

82.De 2020 a 2023, la Federación tiene previsto invertir un total de 120 millones de euros en la ampliación, renovación y construcción de centros de acogida y orientación para mujeres en toda Alemania. El 21 de octubre de 2019, los detalles relativos a la ejecución de dicho programa de inversión se presentaron y debatieron en la reunión de la Mesa Redonda del Gobierno Federal, los ländery los municipios para la erradicación de la violencia contra la mujer.

83.En marzo de 2013, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud puso en marcha una línea telefónica de socorro nacional para combatir la violencia contra las mujeres. Llamando al 08000 116 016, las mujeres víctimas de la violencia pueden hablar con consejeras especializadas las 24 horas del día en alemán y en otros 17 idiomas, sin barreras y de forma anónima y gratuita. Las mujeres que llaman a la línea directa reciben asesoramiento, apoyo, información y los datos de sus servicios locales de consulta y asesoramiento. Además, el sitio web www.hilfetelefon.de ofrece información y asesoramiento. A finales de 2018, la línea telefónica de socorro para las mujeres víctimas de la violencia ya había recibido más de 185.000 llamadas.

84.Asimismo, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud y el Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor han publicado un folleto gratuito titulado “Mayor protección en los casos de violencia doméstica” que se actualiza periódicamente y está disponible en alemán, inglés, turco, árabe y persa.

85.A ello se añade que el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud aprovecha plenamente la competencia, si bien limitada, de la Federación de apoyar el sistema de servicios a la mujer financiando proyectos de cooperación y redes nacionales (Frauenhauskoordinierung e.V., y Bundesverband für Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V.). La promoción de las redes de centros de asesoramiento y consulta y los servicios de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia es un elemento importante de la estrategia general de prevención y lucha contra la violencia contra la mujer del Gobierno Federal.

Trata de personas

86.La Ley de Ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, de 12 de octubre de 2012, incorporó dicho Convenio en el derecho interno. El Convenio entró en vigor para Alemania el 1 de abril de 2013. El Convenio del Consejo de Europa es el primer instrumento vinculante que sitúa explícitamente la trata de seres humanos en un contexto de derechos humanos mediante la creación de disposiciones centradas en los derechos de las víctimas. Dado que la situación jurídica alemana ya se halla en consonancia con el Convenio, el instrumento de ratificación no introduce modificación alguna en la legislación alemana.

87.Debido a la suma complejidad de las cuestiones que entrañan la violencia doméstica y la trata de mujeres y seres humanos, y teniendo en cuenta su relación con múltiples esferas de política, grupos destinatarios y niveles de acción, el Gobierno Federal ha creado grupos de trabajo de la Federación y los ländersobre la violencia doméstica y la trata de seres humanos bajo los auspicios del Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud. La labor de estos grupos de trabajo consiste en: mantener un intercambio de información constante sobre las múltiples actividades que se llevan a cabo en los 16 ländery en las entidades nacionales e internacionales; analizar los problemas concretos que se plantean en la lucha contra la violencia doméstica y la trata de mujeres; y elaborar recomendaciones y, cuando proceda, iniciativas conjuntas contra la violencia doméstica y la trata de mujeres. En lo que respecta a la lucha contra la trata de personas, en la primavera de 2019 tuvo lugar la primera reunión de un foro conjunto de todos los grupos de trabajo de la Federación y los länderactivos en este terreno con el fin de facilitar un diálogo amplio.

Protección de las mujeres refugiadas

88.En 2016, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud puso en marcha una iniciativa, junto con la organización de las Naciones Unidas para el bienestar infantil, el UNICEF, y otros socios, para la protección de las mujeres y los niños en los centros de acogida de refugiados. Esta iniciativa federal conllevó la redacción y publicación de un documento de normas mínimas para la protección de refugiados y migrantes en los centros de acogida de refugiados. Dicho documento se centra en particular en las mujeres, los niños y otros grupos de personas vulnerables, como las personas con discapacidad, los refugiados y migrantes con trastornos postraumáticos y las personas refugiadas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.

89.Hasta finales de 2018, con el fin de traducir a la práctica las Normas Mínimas, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud financió un total de 100 puestos de coordinación para la protección contra la violencia en los centros de acogida de refugiados. Asimismo, se promueve el desarrollo y la creación de estructuras descentralizadas de asesoramiento y apoyo dentro de las organizaciones sociales de Alemania para proteger a las personas contra la violencia en los centros de acogida de refugiados, así como el desarrollo de sistemas de supervisión para ayudar a los proveedores de servicios.

90.Otro aspecto importante son las campañas encaminadas a sensibilizar e informar a las mujeres y niñas de los centros de acogida de refugiados sobre sus derechos y sobre los servicios de asesoramiento, orientación y protección a los que pueden optar en Alemania. En este sentido resultan especialmente importantes la línea telefónica nacional de socorro para los casos de violencia contra la mujer y las dependencias de coordinación de la lucha contra la violencia contra la mujer y la trata de personas que funcionan en toda Alemania.

91.La Segunda Ley para Mejorar la Aplicación de la Obligación de Salida del Territorio Alemán (Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht), que entró en vigor el 21 de agosto de 2019, introdujo disposiciones de alcance federal para proteger a las personas vulnerables en los centros de acogida de refugiados. De conformidad con la Ley de Asilo (Asylgesetz), artículo 44 2a), los länder“deberán adoptar las medidas adecuadas con respecto al alojamiento de las personas que soliciten asilo de conformidad con el párrafo 1 para garantizar la protección de las mujeres y las personas vulnerables”. Como se indica en el documento explicativo correspondiente, las personas vulnerables a las que se refiere este apartado son las mujeres y principalmente “los menores, las personas con discapacidad, las personas de edad, las mujeres embarazadas, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales, los progenitores solos con hijos menores, las víctimas de la trata de seres humanos, las personas que padecen enfermedades graves, las personas con trastornos mentales y las personas que han sido objeto de tortura, violación u otras formas graves de violencia emocional, física o sexual, como, por ejemplo, las víctimas de la violencia de género, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzado, o las víctimas de violencia sexual o por motivos de género, raza o religión”.

Interrupción voluntaria del embarazo (arts. 3, 6, 7, 17 y 26)

Respuesta al párrafo 12 de la lista de cuestiones

92.Aunque el aborto constituye fundamentalmente un delito punible en virtud del Código Penal (artículo 218), se han introducido una serie de posibilidades para que las mujeres embarazadas puedan acceder de forma legal y segura a la interrupción del embarazo en determinados supuestos. El artículo 218a del Código Penal dispone que la interrupción del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación no es punible si la mujer embarazada decide interrumpirlo por su propia voluntad, si demuestra que obtuvo asesoramiento por lo menos tres días antes del procedimiento y si la interrupción es realizada por un médico. Además, la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer embarazada no es ilegal y por lo tanto no es punible si el embarazo fue causado por un acto de abuso sexual o por una violación y si no han transcurrido más de 12 semanas desde entonces. Las mismas condiciones se aplican, independientemente de la duración del embarazo, si la interrupción es necesaria para evitar un riesgo para la vida o un riesgo grave para la salud de la mujer embarazada. Habida cuenta de la situación específica de las mujeres embarazadas, el artículo 218a del Código Penal prevé una exención de pena (únicamente) para las mujeres embarazadas en los casos de aborto entre las semanas 12 y 22 del embarazo si la mujer recibió asesoramiento antes del procedimiento y si la interrupción fue realizada por un médico. Por último, se tienen en cuenta circunstancias extraordinarias, como un grave malestar personal o social. Cuando se determine que se dan esas circunstancias, el tribunal podrá abstenerse de sancionar a una mujer que se someta a un aborto sin indicación médica en cualquier momento del embarazo.

93.La Ley para Mejorar la Información sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch), que entró en vigor el 29 de marzo de 2019, modificó el artículo 219a del Código Penal (“Publicidad del aborto”). Esta disposición ahora aclara que médicos, hospitales y centros están autorizados a aludir públicamente al hecho de que practican abortos legales. Ello permite a las mujeres averiguar en el sitio web de un médico, por ejemplo, si en el marco de su actividad profesional este practica interrupciones del embarazo. Además, médicos, hospitales y centros están autorizados a remitirse a la información sobre la interrupción del embarazo proporcionada por la autoridad competente de la Federación o del land, un servicio de asesoramiento conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Embarazos en Situaciones de Conflicto (Schwangerschaftskonfliktgesetz) o un colegio médico.

94.También se ha modificado la Ley sobre Embarazos en Situaciones de Conflicto. De conformidad con el artículo 13 3) de dicha Ley, el Colegio Federal de Médicos (Bundesärztekammer) ahora mantiene una lista de consultorios médicos, hospitales y centros que han declarado practicar interrupciones del embarazo con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 218a, 1) a 3), del Código Penal. Dicha lista se actualiza mensualmente y se publica en línea. De conformidad con el artículo 13 a) de la Ley sobre Embarazos en Situaciones de Conflicto, el Centro Federal de Educación para la Salud (BundeszentralefürgesundheitlicheAufklärung) también publica la lista del Colegio Federal de Médicos, junto con información adicional sobre el aborto. Además, la centralita nacional de asistencia a mujeres embarazadas en situación de necesidad, establecida en virtud de la Ley sobre Embarazos en Situaciones de Conflicto, facilita información de la lista. A finales de julio de 2019, el Colegio Federal de Médicos cumplió su obligación legal de publicar esa lista por primera vez. Entretanto la lista ha pasado a contener 302direcciones de médicos, hospitales y centros de todos los länderde Alemania y hay otros en proceso de homologación. La próxima actualización tendrá lugar en febrero de 2020.

95.Los anticonceptivos hormonales exigen receta médica. Los proveedores del seguro médico obligatorio reembolsan estos anticonceptivos a las mujeres menores de 22 años (artículo 24a del Libro V del Código Social). En este contexto, cabe señalar que los beneficiarios de ayudas estatales como el subsidio por desempleo también tienen derecho a las prestaciones contempladas en el sistema de seguro médico obligatorio de Alemania. Además, en base a los resultados de un proyecto modelo en materia de asesoramiento, información y reembolso de anticonceptivos (Beratung, Information und Kostenübernahme bei Verhütungsmitteln) financiado por el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud, las autoridades federales competentes están examinando la posibilidad de sufragar los anticonceptivos recetados a mujeres con pocos recursos.

96.En los casos de acoso callejero, las fuerzas policiales y otros agentes del orden son los principales encargados de garantizar que las mujeres que solicitan asesoramiento sobre el aborto tengan libre acceso a los centros de asesoramiento para mujeres embarazadas en situaciones de conflicto. La legislación sobre la policía y el orden público en términos generales es competencia de los länder(artículos 30 y 70, párrafo 1, de la Ley Fundamental). En cambio, la Federación es responsable del derecho penal y del derecho civil. Las víctimas pueden presentar una demanda contra los actos de acoso callejero o una denuncia por injuria (Beleidigung) o difamación (üble Nachrede). Sin embargo, llegado el momento de su evaluación, los tribunales también deben sopesar el derecho a la libertad de expresión en cada caso concreto.

97.Recientemente, varias causas relativas a la protección de mujeres embarazadas y médicos contra el acoso callejero han sido objeto de una serie de demandas presentadas por un activista contrario al aborto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Después de pronunciarse contra Alemania en una causa inicial de 2015 (Annen c. Alemania, 3690/10), en varias sentencias recientes, el Tribunal ha aprobado el enfoque de los tribunales civiles alemanes respecto de las denuncias presentadas por varios médicos y un científico en respuesta a la enérgica campaña del activista Klaus Günter Annen, que incluía, entre otras cosas, el “rescate” a pie de calle de posibles pacientes en las inmediaciones de las consultas de los médicos (TEDH, sentencias de 20 de septiembre de 2018, Annen c. Alemania (núms. 2 a 5), demandas núms. 3682/10, 3687/10, 9765/10 y 70693/11 y TEDH, sentencia de 18 de octubre de 2018, Annen c. Alemania (núm. 6), demanda núm. 3779/11).

98.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado en sus sentencias que las acciones de los activistas provida están protegidas en gran medida por la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, ha dejado claro que existe un límite en los casos en que los médicos que practican abortos de conformidad con la legislación nacional son desacreditados públicamente como delincuentes y las pacientes que buscan asistencia médica son acosadas, por ejemplo, mediante la fórmula del “rescate” a pie de calle (véase Annen c. Alemania (núm. 4), 9765/10, párrafo 26).

99.Esta jurisprudencia resulta positiva, ya que garantiza una mayor seguridad jurídica en futuras causas tanto para los médicos que practican abortos como para los tribunales nacionales. Por consiguiente, cabe esperar que, en futuras causas, las autoridades y los tribunales nacionales competentes puedan encontrar soluciones adecuadas sobre la base del derecho interno vigente.

Niños con variaciones de las características sexuales (intersexuales) (arts. 7, 9, 17, 24 y 26)

Respuesta al párrafo 13 de la lista de cuestiones

100.A raíz de las observaciones finales del Comité, el Gobierno Federal encargó un informe al Consejo de Ética de Alemania (un consejo de expertos independiente) sobre la situación de las personas intersexuales en el país. En su informe de 2012, el Consejo recomendó que las intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos de lactantes y niños se permitieran únicamente en caso de ser estrictamente necesarios a la luz del interés superior del niño. El Gobierno Federal ha iniciado procedimientos legislativos para abordar la cuestión de las intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos médicos de niños intersexuales. Los partidos que forman el actual gobierno han acordado introducir una legislación en virtud de la cual esos procedimientos solo se permitirán en caso de riesgo inminente y para evitar una situación potencialmente mortal.

101.Entre los preparativos para el proceso de redacción, el Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor organizó un simposio interdisciplinario en octubre de 2018 en el que participaron expertos de campos tan diversos como la medicina, el derecho, la psicología y los estudios de género, así como las personas afectadas y sus representantes, y diversos grupos de presión. El simposio demostró que existía un consenso mayoritario en cuanto a la necesidad de introducir una prohibición. Sin embargo, la forma concreta que debía adoptar esa prohibición ha sido objeto de un gran debate.

102.En estos momentos, los ministerios competentes están estudiando el proyecto de ley y se espera que el Consejo de Ministros se pronuncie al respecto en los primeros meses de 2020.

103.El estudio realizado en 2016 con el apoyo del Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud sobre la actual relevancia de las cirugías cosméticas en niños con genitales “ambiguos” fue el primer estudio completo en Alemania que analizó la frecuencia de la genitoplastia en niños diagnosticados con los denominados “trastornos del desarrollo sexual”. En el estudio se evaluaron retrospectivamente los datos relativos a casos concretos de las estadísticas hospitalarias sobre las cirugías de feminización o masculinización de genitales realizadas en los hospitales alemanes entre 2005 y 2014. En base al consenso de la actual coalición de gobierno que establece que la cirugía de reasignación de sexo en la infancia debe permitirse solo en casos imperativos y con el fin de evitar un peligro inmediato para la vida del niño, la Universidad de Bochum examinó en 2018 la evolución de la frecuencia de las cirugías de feminización o masculinización de genitales infantiles en los últimos años. El resultado global más destacado del análisis es que el número de niños menores de 10 años con variaciones congénitas de las características sexuales físicas que se sometieron a una cirugía de feminización o masculinización en un hospital alemán permaneció relativamente estable entre 2005 y 2016 en proporción al número de casos diagnosticados. Nada indica una disminución en el número de cirugías genitales de feminización o masculinización en los niños incapaces de dar su consentimiento. Este resultado concuerda con el del primer estudio (2016) correspondiente al período comprendido entre 2005 y 2014.

104.Asimismo, desde la primavera de 2019, el Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud lleva a cabo una labor específica de sensibilización y educación de la población a nivel nacional mediante su “Portal Arco Iris” con el fin de difundir la información de que una variación en el desarrollo físico sexual por sí misma no suele exigir un tratamiento médico y que debe tenerse en cuenta el derecho del niño a desarrollar su propia identidad de género.

105.Además, se están llevando a cabo preparativos para crear un foro de diálogo con el fin de ampliar los servicios de asesoramiento y apoyo para las personas intersexuales y sus familiares, así como para mejorar y garantizar la calidad de esos servicios. Está previsto que el foro de diálogo entre en funcionamiento a finales de marzo o a principios de abril de 2020.

106.El Ministerio Federal de Asuntos de la Familia, las Personas de Edad, la Mujer y la Juventud encomendó a la Asociación Federal de Personas Intersexuales (Bundesverband Intersexuelle Menschen e. V.) la elaboración de un plan de estudios para posibilitar la prestación de un asesoramiento cualificado a las personas intersexuales y a sus familias. El plan de estudios adoptó la forma de unas directrices que servirán de punto de partida para mejorar la calidad de las actividades de asesoramiento y apoyo destinadas a las personas intersexuales.

Derecho a la vida, prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, libertad y seguridad de la persona y trato dispensado a las personas privadas de libertad (arts. 6, 7, 9, 10 y 24)

Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones

107.En sus conversaciones con los Estados Unidos, el Gobierno Federal exige sistemáticamente que las fuerzas armadas estadounidenses en Alemania actúen de conformidad con sus obligaciones en virtud del acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas de la OTAN, en particular con arreglo al artículo II de dicho acuerdo, y que respeten el derecho aplicable en Alemania, que incluye el derecho internacional. La parte estadounidense confirma sistemáticamente que se considera obligada a cumplir ese requisito.

Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones

108.En Hamburgo, las investigaciones penales contra los miembros de la policía se llevan a cabo en una oficina de investigación centralizada dependiente del Ministerio del Interior (el Departamento de Investigaciones Internas, Dezernat Interne Ermittlungeno DIE). El DIE tiene un total de 168 investigaciones abiertas en relación con la cumbre del G20 en Hamburgo (última actualización: 21 de enero de 2020) basadas en las acusaciones formuladas contra un total de 221 agentes de policía. De estas, 146 investigaciones sobre 189 agentes de policía versan sobre un uso ilícito de la fuerza. De un total de 168 investigaciones, 83 fueron iniciadas de oficio por la policía, el DIE o la fiscalía tras una evaluación exhaustiva del material de vídeo disponible, 36 se emprendieron sobre la base de la información proporcionada por terceros y solo 49 se basaron en las denuncias de las personas agraviadas.

109.Una vez concluye la fase de averiguación del DIE, la fiscalía procede a la valoración jurídica y decide cómo debe concluir el procedimiento. Según la información facilitada por la Fiscalía de Hamburgo, 103 casos se archivaron con arreglo al artículo 170 2) del Código de Procedimiento Penal (Strafprozessordnung) por falta de sospechas suficientes (vigente a 14 de octubre de 2019). En 54 de los casos archivados no se había podido determinar la intervención de los acusados. En once de esos casos, ello se debió a la imposibilidad de identificar a los agentes de policía. Además, las investigaciones se habían visto dificultadas porque en los expedientes abiertos por lesiones corporales infligidas por funcionarios se desconocía la identidad de 60 personas agraviadas. Las restantes investigaciones siguen su curso.

110.Como respuesta al problema de la imposibilidad de identificar a los agentes de policía acusados, Hamburgo ha introducido un requisito de identificación de los agentes de policía (inicialmente limitado a dos años). En octubre de 2019, el parlamento de Hamburgo aprobó la Ley por la que se modifica la Ley de Funcionarios Públicos de Hamburgo (introducción del artículo 111a HmbBG). Además, en noviembre de 2019, el Senado de Hamburgo dictó un decreto mediante el cual especificó lo dispuesto en la Ley. Dicho decreto obliga a la policía antidisturbios de Hamburgo a portar un distintivo de identificación en las operaciones a gran escala bajo un mando conjunto en manifestaciones, otros eventos públicos y concentraciones.

Respuesta al párrafo 15 a)

111.Los datos relativos a las denuncias contra la policía entre los años 2011 y 2018 figuran en el anexo adjunto.

Respuesta al párrafo 15 b)

112.Cuando existe la sospecha de que se ha cometido un delito, la instrucción del sumario por regla general corre a cargo de la fiscalía. En casi todos los länder existen salvaguardias para garantizar que las investigaciones específicas que son necesarias en un caso concreto se transfieran a otra comisaría distinta de aquella contra cuyo personal se han formulado las acusaciones.

113.Además, Baviera, Bremen, Hamburgo y Schleswig-Holstein tienen un órgano central de investigación que depende del Ministerio del Interior o de la Oficina de la Policía Penal de cada land y que se encarga de investigar las denuncias formuladas contra los agentes de policía.

114.Se han establecido oficinas centrales de denuncias de la policía en los ministerios del interior de Baja Sajonia, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Schleswig-Holstein.

115.Los ciudadanos de Renania-Palatinado pueden dirigirse al Intendente General de Policía del Land (Beauftragter für die Landespolizei) para denunciar conductas indebidas de los agentes de policía o medidas adoptadas por la policía. El Intendente General es el punto de contacto para que los ciudadanos formulen denuncias o sugerencias relativas a la policía del Land.

116.En Schleswig-Holstein, la Intendencia General de Policía (similar a la de Renania-Palatinado) se introdujo el 1 de octubre de 2016.

117.Cualquier persona de Mecklemburgo-Pomerania Occidental tiene derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en el marco del Parlamento del Land de Mecklemburgo-Pomerania Occidental en caso de presunta mala conducta. El Defensor del Pueblo es independiente en el ejercicio de su cargo y únicamente está sujeto a la ley.

118.El Land de Baden-Württemberg cuenta desde 2016 con un Defensor del Pueblo, que es independiente en el ejercicio de su cargo y no está sujeto a ninguna instrucción, sino únicamente a la ley. El Defensor del Pueblo tiene una responsabilidad específica en relación con la policía. Funciona como enlace para los agentes de policía y al mismo tiempo es una persona de contacto clave para los ciudadanos y representa sus intereses en calidad de mediador cuando estos denuncian posibles conductas indebidas de agentes de la policía o alegan la ilegalidad de una determinada medida policial.

119.En Bremen, todo ciudadano puede ponerse en contacto con el Departamento de Investigaciones Internas si una determinada situación de hecho reviste carácter penal (como en el caso de una lesión corporal). Cuando dicha circunstancia da lugar a una denuncia contra la policía, el asunto se remite inmediatamente al Departamento de Investigaciones Internas, que depende del Senador de Interior, para su ulterior investigación.

120.En Turingia, el Ministro del Interior y la Comunidad creó un servicio de defensa de la ciudadanía (Vertrauensstelle) dentro de la policía del Land el 1 de diciembre de 2017.

Respuesta al párrafo 15 c)

121.A nivel de los länder, a día de hoy tienen obligación de identificarse los agentes de policía de Berlín, Brandemburgo, Bremen, Hamburgo, Hesse, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein y Turingia (obligación que hasta cierto punto se halla limitada a las unidades bajo mando conjunto). Si bien actualmente no existe una obligación de identificación en otros länder, se está valorando en cierta medida la posibilidad de introducirla. Algunos länderhan decidido introducir una marca de identificación de carácter voluntario.

122.No está previsto que los agentes de la policía federal lleven distintivos o números de identificación. En la práctica, hasta ahora no se ha conocido ningún caso en el que haya sido imposible identificar a los agentes de la Policía Federal y ello haya impedido investigar una denuncia.

123.En su sentencia de 7 de mayo de 2019 (LVG 4/18), el Tribunal Constitucional del Land de Sajonia-Anhalt declaró que las normas que obligan a los agentes de policía a portar distintivos y números de identificación son constitucionales.

124.En su sentencia de 26 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo Administrativo confirmó la constitucionalidad de la norma legal del Landde Brandemburgo que ordena la identificación de los agentes de policía. El Tribunal estimó que la obligación de llevar un distintivo o un número de identificación constituía efectivamente una injerencia en el derecho de autodeterminación informativa de los agentes, pero concluyó que dicha injerencia era constitucional (BVerw 2 C 32.18 y BVerwG 2 C 33.18).

Organismo Nacional para la Prevención de la Tortura

125.Dado que su labor abarca tanto el ámbito nacional como el regional, el Organismo Nacional se estableció sobre la base de un acuerdo administrativo entre la Federación y los länder. Desde 2015, el Organismo Nacional se financia con 180.000 euros del presupuesto del Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor (Bundesstelle) y 360.000 euros de los presupuestos de los länder. En el acuerdo administrativo de cooperación entre la Bundesstelley la comisión de los länder se especificó la cuantía de la financiación, de modo que cualquier cambio requiere una enmienda del acuerdo administrativo.

126.En noviembre de 2019, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Länderdecidió aumentar la financiación del Organismo Nacional un total de 100.000 euros anuales a partir de 2020.

Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones

Detención policial

127.Se anima constantemente a los länderque aún mantienen la opción de los medios mecánicos de coerción (Fixierung) en el contexto de la detención policial a que tomen nota de las experiencias de los länderque han abandonado esta práctica. La restricción con medios mecánicos en las prisiones se ha convertido en una práctica poco frecuente. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) ha formulado las observaciones que se exponen a continuación sobre las prácticas constatadas en su visita de 2015.

128.“El CPT acoge con satisfacción el hecho de que, desde la visita de 2010, las autoridades policiales hayan abandonado el uso de la restricción con medios mecánicos (Fixierung) en el contexto de la detención policial en varios ländercomo Baden-Wurtemberg, Berlín, el Sarre y Turingia. El Comité exhorta a las autoridades policiales de Baja Sajonia, Renania del Norte-Westfalia, Sajonia-Anhalt y los demás länderafectados a poner fin al uso de esta práctica con carácter inmediato.”

129.“El CPT se complace en observar que persiste la tendencia a la baja del uso de la restricción mecánica (Fixierung) en las cárceles constatada durante la visita de 2013. De hecho, en la mayoría de las cárceles visitadas, prácticamente ningún preso había sido objeto de Fixierungen los últimos años. El CPT alienta a las autoridades competentes de todos los ländera abandonar el uso de la Fixierungen las prisiones.”

130.Con su Ley de Fortalecimiento de los Derechos de las Personas bajo Custodia Policial (Gesetz zur Stärkung der Rechte von im Polizeigewahrsam festgehaltenen Personen; GV.NRW, 995), que entró en vigor el 31 de diciembre de 2019, Renania del Norte-Westfalia cumplió los requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional Federal en su decisión de 24 de julio de 2018 sobre las formas especialmente invasivas de restricción física (2 BvR 309/15; 2 BvR 502/16) con respecto a las personas bajo custodia policial. Esta Ley solo permite el uso de este tipo de restricción mecánica cuando se cumplen una serie de nuevos requisitos legales mucho más estrictos.

Asistencia

131.En cuanto a la inspección de los servicios de asistencia y atención ambulatoria, véase la pregunta 17.

132.Las medidas de privación de libertad son objeto de una atención creciente, como demuestra entre otras cosas la publicación de una guía de base empírica elaborada en estrecha colaboración con profesionales y expertos en la materia para ayudar a los cuidadores a evitar el uso de medidas que restrinjan la libertad de los residentes (www.leitlinie-fem.de). La guía, actualizada en 2015, se elaboró junto con un grupo de expertos de diversos ámbitos. En el proyecto participaron representantes de los usuarios y los centros de atención, las autoridades supervisoras de las residencias y el Servicio Médico del Seguro de Enfermedad. La financiación corrió a cargo del Ministerio Federal de Educación e Investigación.

133.Dos proyectos —Werdenfelser Weg y ReduFix— ofrecen seminarios de capacitación sobre la mejor forma de evitar el uso de medidas de privación de libertad. El proyecto Werdenfelser Weg ha tenido un gran impacto. Tras sus comienzos como un proyecto regional en Baviera, ahora funciona en toda Alemania y ofrece orientación a quienes se ocupan de esas cuestiones en la práctica. El proyecto ReduFix ha servido para capacitar a varios instructores (“multiplicadores”) que imparten cursos de formación en el servicio a las instituciones competentes. En su sitio web, el proyecto ofrece manuales y materiales de orientación, así como una lista de contactos para las personas interesadas en los cursos de formación. Los materiales y seminarios de formación ofertados tienen por objeto concienciar no solo sobre lo que dice la ley, sino también sobre la necesidad de evitar el uso de medidas privativas de la libertad en general.

134.La Escuela Judicial de Alemania también sigue ofreciendo seminarios sobre el tema.

Enjuiciamiento

135.Cuando se producen casos inadmisibles de contención mecánica, las autoridades instructoras competentes deben iniciar una investigación de conformidad con el principio del procesamiento obligatorio. En el caso de las víctimas que son objeto de un deber de protección especial, la obligación de velar por un enjuiciamiento efectivo puede ser mayor. Por ejemplo, en una decisión de 15 de enero de 2020, el Tribunal Constitucional Federal admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la suspensión de las actuaciones penales en un caso de restricción física coercitiva y remitió el caso al tribunal inferior para su esclarecimiento.

Respuesta al párrafo 17 de la lista de cuestiones

Respuesta al párrafo 17 a)

136.Todos los servicios de asistencia están obligados a respetar la dignidad humana y deben tener un sistema de gestión de la calidad. El cumplimiento de estos requisitos y muchos otros parámetros de calidad se supervisa mediante la inspección anual de todas las residencias para personas de edad y los servicios de atención ambulatoria a cargo del Servicio Médico del Seguro de Enfermedad y el servicio de inspección de la Asociación del Seguro Privado de Enfermedad (Prüfdienst des Verbandes der privaten Krankenversicherung e. V.). Los resultados de las inspecciones se publican y pueden dar lugar a medidas correctivas o a sanciones.

137.En el marco de las inspecciones anuales de control de calidad realizadas en los centros residenciales en virtud de los artículos 114 y ss. del Libro XI del Código Social (SGB XI), se recogen datos relativos a los pacientes incluidos en la muestra, entre otras cosas, sobre el uso de medidas que implican restricciones de su libertad. Una de las cuestiones examinadas es si el uso de esas medidas exige un consentimiento o autorización y si la necesidad de dicho consentimiento o autorización se confirma asiduamente. Cada tres años, el Servicio Médico de la Asociación del Seguro de Salud Obligatorio (MDS) elabora un informe basado en las conclusiones de estas auditorías de control de calidad. El quinto informe sobre calidad del MDS, que se presentó en febrero de 2018 y se basó en los resultados de la inspección de 2016, refleja una disminución del uso de medidas de restricción de la libertad en los centros de atención residencial.

138.El 1 de octubre de 2019 comenzó el proceso de implementación de un nuevo sistema de medición, control y presentación de informes de calidad en los centros institucionales de cuidados de larga duración a tiempo completo mediante indicadores específicos para evaluar la calidad de los resultados. El nuevo sistema comprende la evaluación bianual del uso de correas y barandillas en las camas de todos los residentes de estos centros. Esta evaluación permitirá responder aún mejor al uso de medidas coercitivas en el futuro. Actualmente no se prevé la adopción de medidas adicionales a este respecto.

139.Además de las inspecciones anuales ya descritas, pueden realizarse inspecciones ad hoc tras un incidente, un aviso o una denuncia. Si los pacientes que reciben cuidados de larga duración o sus familiares encuentran deficiencias sustanciales en los servicios prestados, o si no aprueban la elección del proveedor de servicios de atención ambulatoria o residencial, pueden recurrir al seguro de cuidados de larga duración o a la autoridad supervisora competente.

140.Además, se llevan a cabo inspecciones periódicas en virtud de la normativa de supervisión de las residencias, de conformidad con las respectivas disposiciones legales de los länder.

Respuesta al párrafo 17 b)

141.El personal de la Clínica de Psiquiatría Forense de Brandemburgo participa periódicamente en cursos de formación obligatorios sobre la cuestión de las medidas de restricción de la libertad de los pacientes. Una vez al año tiene lugar una formación de desescalada. La participación en dichos cursos se somete a una supervisión estricta con el fin de garantizar que todos los miembros del personal reciban la capacitación oportuna. En caso de emergencia, los médicos intervienen para indicar al personal el tipo de medidas de protección que se han de aplicar y su alcance, y permanecen a la vista en todo momento. Una vez termina la emergencia, tiene lugar una reunión informativa con el paciente para evaluar la situación, y la clínica notifica sin demora cada incidente a la fiscalía o a la división de ejecución del tribunal competente.

142.El ministerio competente del Landno ha recibido comunicación ni información alguna sobre el caso concreto en que el personal de la Clínica de Psiquiatría Forense de Brandemburgo presuntamente utilizó la fuerza de forma reiterada contra un paciente. Además, dichas acusaciones no se confirmaron en las reuniones que se celebraron a continuación con arreglo a la normativa de supervisión.

143.De producirse violencia entre pacientes en la clínica, el jefe del servicio médico se reúne con los pacientes afectados y les indica las acciones legales y otras medidas que podrían adoptarse. Si es necesario, se mantiene separados a los pacientes en distintos lugares de la clínica.

144.No obstante, hay que tener en cuenta que seguirá siendo preciso respetar las libertades fundamentales de los pacientes. La clínica es un centro terapéutico, de modo que no es posible autorizar una vigilancia permanente.

Respuesta al párrafo 17 c)

145.De conformidad con las leyes de salud mental de los länder(PsychKG), se puede internar a una persona en una clínica contra su voluntad si existe un riesgo grave y considerable de que se haga daño a sí misma o a los demás como resultado de un trastorno o una enfermedad mental. En los casos de internamiento, la mayoría de los länderno prevén la aplicación de ninguna sanción disciplinaria.

146.El Tribunal Constitucional Federal ha dejado claro que el tratamiento médico sin el consentimiento de una persona en el contexto de un internamiento es permisible, pero solo como medida de último recurso y si la persona interesada, debido a su enfermedad, es incapaz de apreciar que necesita tratamiento o de actuar de acuerdo con esa apreciación. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, los länderya han revisado sus leyes de salud mental o están en proceso de hacerlo. Los derechos y necesidades de las personas afectadas ocupan un lugar primordial en las consideraciones en esta esfera. La coerción debe evitarse en la medida de lo posible y solo se permite de acuerdo con los estrictos requisitos definidos por el Tribunal Constitucional Federal. Está previsto crear nuevas estructuras para evitar la coerción y para seguir desarrollando los servicios de apoyo. Entretanto, los ländertambién han elaborado propuestas sobre los procedimientos que deben seguir todas las clínicas psiquiátricas dentro de sus respectivos ámbitos de supervisión.

147.En sus leyes, los ländertambién han previsto la introducción de nuevas estructuras para mejorar los servicios de prevención y seguimiento de niños, jóvenes y adultos, así como la interconexión de esos servicios. Una mejora de la prevención y el seguimiento puede reducir el número de estancias hospitalarias involuntarias y los internamientos forzados. Además, se han podido reducir las medidas de privación de libertad mediante el nombramiento de tutores ad litem con experiencia en medidas de sustitución. La supervisión del respeto de los derechos de los pacientes corre a cargo de diversos organismos del sistema sanitario y varias organizaciones independientes de consumidores y pacientes.

148.El Gobierno Federal financia un proyecto de investigación titulado “Evitar las medidas coercitivas en el sistema de atención psiquiátrica” cuyo objetivo es hacer más transparente el uso de las medidas coercitivas en Alemania y averiguar cómo evitar la coerción utilizando opciones alternativas de tratamiento voluntario. La idea consiste en formular recomendaciones encaminadas a reducir el uso de las medidas coercitivas y desarrollar un sistema de supervisión para registrar los datos sobre el uso de la coerción y sobre las medidas adoptadas para evitarlo.

Respuesta al párrafo 17 d)

149.Tanto la esterilización como el aborto están prohibidos sin el consentimiento de la persona interesada. Una persona es capaz de dar su consentimiento si, tras ser informada por un médico, es capaz de comprender el significado y las repercusiones de la decisión en cuestión y de formar su voluntad en consecuencia. Solo cuando la persona interesada no sea capaz de dar su consentimiento, su tutor podrá darlo en su nombre. Sin embargo, en lo que respecta a la esterilización se aplica un criterio especialmente estricto. Esta cuestión se halla regulada en el artículo 1905 del Código Civil. Cabe destacar que, de conformidad con el párrafo 1 de dicho artículo, un tutor no puede consentir la esterilización de una persona bajo su tutela si la esterilización es incompatible con la voluntad (natural) de esa persona, independientemente de si esta es capaz de dar su consentimiento o no. Así pues, la esterilización forzada está prohibida en Alemania. A los efectos del apoyo para la adopción de decisiones, las obligaciones del tutor incluyen proporcionar información y asesoramiento a las personas bajo su tutela que no sean capaces de dar su consentimiento y dilucidar su voluntad real. Si a continuación la persona bajo tutela se opone a la esterilización, el procedimiento no podrá llevarse a cabo, independientemente de la manera en que se haya formulado esta objeción. Siempre se deberá nombrar a un tutor especial para adoptar la decisión de consentir la esterilización (art. 1899 2) del Código Civil). Además, el consentimiento del tutor requiere la aprobación del tribunal de tutela (art. 1905 2) del Código Civil). Así pues, el artículo 1905 del Código Civil también sirve para proteger a las personas bajo tutela evitando que se les practiquen esterilizaciones sin que se les haya proporcionado suficiente información y asesoramiento y sin haber dilucidado su voluntad real.

150.Solo en casos excepcionales se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 1905 1), núms. 1 a 5, del Código Civil (que no haya incompatibilidad con la voluntad natural de la persona bajo tutela, que la incapacidad de la persona bajo tutela para dar su consentimiento sea permanente, que quepa suponer de manera concreta que sin la esterilización se produciría un embarazo, que pudiera haber peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada y que no existieran otros medios razonables). Así lo confirman las estadísticas que demuestran que las esterilizaciones van a menos en los tribunales de tutela. Mientras que, en 2008, la esterilización se autorizó en 91 causas y se denegó en 22 causas en todo el país, en 2014 solo se autorizó en 36 causas y se denegó en 21 causas. Valga señalar aquí que la autorización no significa necesariamente que la medida luego se llevara a cabo. En 2015, las cifras siguieron disminuyendo considerablemente (26 autorizaciones y 13 denegaciones). Debido a un ajuste del procedimiento estadístico, actualmente no se dispone de cifras fiables más recientes, aunque hay indicios de que se mantendrá una considerable tendencia a la baja.

151.Sin embargo, no cabe duda de que es preciso realizar otra revisión del artículo 1905 del Código Civil a la luz de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello en primer lugar será necesario disponer de una base fáctica suficiente para identificar las situaciones en las que se autoriza o deniega la esterilización de personas bajo tutela en la práctica judicial sobre la base del artículo 1905 del Código Civil. Por lo tanto, el Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor planea poner en marcha un proyecto de investigación sobre la esterilización de personas bajo tutela. La convocatoria de propuestas se halla en curso de preparación. El objetivo del proyecto es establecer un corpus de estudios jurídicos empíricos para determinar si conviene mantener o modificar el artículo 1905 del Código Civil, o si por el contrario es mejor eliminarlo del todo, sustituyéndolo por una prohibición general de la esterilización de las personas bajo tutela.

152.Desde la introducción de la Ley por la que se regula el Consentimiento en virtud del Derecho de Tutela a las Medidas Coercitivas Médicas (Gesetz zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in eine ärztliche Zwangsmaßnahme), se ha modificado la ley que rige el internamiento en virtud del derecho de tutela rompiendo el vínculo entre el consentimiento a las medidas coercitivas médicas y el internamiento con privación de libertad.

153.Si bien se mantienen estrictos requisitos formales y materiales de admisibilidad, el recién creado artículo 1906a del Código Civil, en su apartado 1) núm. 7, contempla las medidas coercitivas médicas siempre que se cumpla la condición previa de que la persona interesada se halle ingresada en un hospital que proporcione a la persona bajo tutela el tratamiento médico y de seguimiento necesario. De conformidad con el principio de ultima ratio, las medidas coercitivas médicas en pacientes ambulatorios siguen estando prohibidas. Además, la Ley introdujo nuevas disposiciones que han servido para reforzar el derecho a la libre determinación de las personas bajo tutela en cuestiones relativas al tratamiento médico.

154.Además, cuando proceda, el tutor deberá informar a la persona bajo tutela de la posibilidad de elaborar un documento de voluntades anticipadas (Patientenverfügung) y, si la persona interesada lo desea, le brindará ayuda para hacerlo. Además de promover el uso generalizado de los documentos de voluntades anticipadas, esta disposición también tiene por objeto contribuir a evitar las medidas coercitivas médicas.

Respuesta al párrafo 18 de la lista de cuestiones

155.La Ley por la que se refuerzan los Derechos Procesales de los Acusados en los Procedimientos Penales y se modifica la Legislación que regula la Función de los Jueces Legos (Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts) obliga a las fuerzas del orden a facilitar información general a los acusados que desean consultar a un abogado defensor antes de ser interrogados, a fin de facilitarles dicho trámite. Asimismo, se les debe facilitar información sobre los servicios de abogados de guardia existentes.

156.El Gobierno Federal no considera necesario modificar las disposiciones jurídicas en cuestión, porque la ley ya permite que un acusado notifique su situación a un pariente o a una persona de su confianza inmediatamente después de su detención.

157.De conformidad con la primera oración del artículo 114 b 2), núm. 6, del Código de Procedimiento Penal, toda persona detenida debe ser informada de que puede notificar su situación a un familiar cercano o a una persona de su confianza, siempre que esto no ponga en riesgo grave el objeto de la investigación (enmienda de 27 de agosto de 2017 introducida en virtud de la Segunda Ley por la que se refuerzan los Derechos Procesales de los Acusados en los Procesos Penales y se modifica la Legislación que regula la Función de los Jueces Legos [Zweites Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Strafverfahren und zur Änderung des Schöffenrechts]).

158.El derecho de notificación propiamente dicho queda regulado en el artículo 114 c 1) del Código de Procedimiento Penal. El texto de esta disposición expresa claramente que el derecho del detenido a notificar a un pariente cercano o a una persona de su confianza es la norma, y que solo se puede denegar o aplazar en casos excepcionales cuando haya motivos para temer que ello pueda poner en grave peligro las investigaciones.

159.El Gobierno Federal cree que esta norma es suficientemente precisa para proteger a la persona bajo custodia policial y garantizar que la policía pueda desempeñar su labor correctamente. La única alternativa posible sería introducir disposiciones concretas para los casos individuales, si bien existiría el riesgo de que fueran incompletas, dada la variedad de situaciones que pueden surgir en la práctica.

160.Cuando se aplique la excepción prevista en los artículos 114b 2), núm. 6, y 114c 1), del Código de Procedimiento Penal, esta debe ser lo más breve y limitada posible. Ello se debe a la disposición que figura en el artículo 114c 1) de dicho Código, según la cual deberá darse al acusado la oportunidad de notificar su detención a un pariente cercano o a una persona de su confianza “sin dilaciones indebidas” ( “ unverzüglich ” ). Según la definición universal que figura en el artículo 121 1) del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch), “sin dilaciones indebidas” ( “ unverzüglich ” ) debe entenderse que significa sin demora culposa. Esto se corresponde con la norma aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, del derecho al respeto de la vida privada y familiar, deriva la obligación de los gobiernos de velar por que los familiares de las personas detenidas sean informados “rapidement” (sin demora). En este contexto, cabe señalar que el artículo 114c 2) del Código de Procedimiento Penal establece una nueva limitación de tiempo: de acuerdo con dicha disposición, si un tribunal ordena la ejecución de la prisión preventiva, también debe ordenar que se informe de la detención a un familiar o persona de confianza del detenido sin dilaciones indebidas (sin demora culposa). Esta obligación existe sin excepción o restricción alguna, aun cuando el objeto de la investigación pudiera estar en peligro, a diferencia de lo dispuesto en el artículo 114c 1) del Código de Procedimiento Penal sobre el derecho del acusado a informar a otras personas de su detención. La decisión de ejecutar la prisión preventiva se adopta cuando el acusado comparece ante el juez competente, lo que debe suceder siempre tras la detención, a más tardar al día siguiente (artículo 115 1) y 2) y artículo 128 1) del Código de Procedimiento Penal). En caso de que se ordene la ejecución de la prisión preventiva, el tribunal ante el que comparecerá el acusado para una audiencia personal a más tardar al día siguiente de su detención (artículo 128 1) del Código de Procedimiento Penal) debe ordenar que se lo notifiquen sin dilaciones indebidas a uno de los parientes del acusado o a una persona de su confianza (114c 2) del Código de Procedimiento Penal). De ese modo se garantiza la protección contemplada en el artículo 104, párr. 4, de la Ley Fundamental, según el cual se debe notificar sin dilaciones indebidas a un pariente o a una persona de confianza del detenido toda decisión judicial que imponga o mantenga la privación de libertad. La ley no prevé ninguna excepción a este deber de notificación judicial.

161.Dicho deber existe independientemente del derecho del acusado a notificar a un pariente cercano o a una persona de su confianza previsto en los artículos 114c 1) y 114b 2) núm. 6 del Código de Procedimiento Penal.

162.Por consiguiente, el familiar o la persona de confianza del acusado será informado de oficio de la privación de libertad a más tardar al día siguiente de la detención.

163.Por último, el acusado puede impugnar las decisiones del tribunal sobre la notificación a un familiar o una persona de su confianza (Beschwerde; artículo 304 del Código de Procedimiento Penal).

164.Asimismo, se deberá hacer saber a los acusados extranjeros que pueden solicitar que se informe del hecho a la representación consular de su país de origen y que se transmitan a esta los mensajes que desee (artículo114b 2), cuarta oración, del Código de Procedimiento Penal).

165.La intervención de un abogado defensor también está garantizada por la ley.

166.De conformidad con la segunda oración del párrafo 1 del artículo 136, leída conjuntamente con la segunda oración del párrafo 4 del artículo 163a del Código de Procedimiento Penal, antes del primer interrogatorio policial se deberá informar al acusado de que por ley puede responder a los cargos o guardar silencio (artículo 114b 2), núm. 2, del Código de Procedimiento Penal). La tercera oración del párrafo 4 del artículo 163a, leída conjuntamente con los párrafos 1 y 5 del artículo 168c del Código de Procedimiento Penal, establece que el abogado defensor tiene derecho a estar presente durante el primer interrogatorio policial y los que vengan a continuación. Lo mismo se aplica a los interrogatorios del tribunal o la fiscalía (artículo 168c 1) y 5) y artículo 163a 3), segunda oración, leídos conjuntamente con el artículo 168c 1) y 5) del Código de Procedimiento Penal).

167.Según el artículo 114b 2), núm. 4, del Código de Procedimiento Penal, los acusados también deben ser informados de que tienen derecho a consultar a un abogado de su elección para su defensa en cualquier momento, incluso antes del interrogatorio. Si los acusados desean consultar a un abogado defensor, los agentes de policía deberán proporcionarles información (incluido el número de teléfono de los servicios de guardia) para facilitarles el trámite (segunda oración del párrafo 4 del artículo 163a, leída conjuntamente con las oraciones tercera y cuarta del párrafo 1 del artículo 136 del Código de Procedimiento Penal).

168.Además, de conformidad con el artículo 114b 2), núm. 4a, del Código de Procedimiento Penal en su versión actual (véase la Ley de Reforma de la Legislación relativa a la Asistencia Letrada Obligatoria [Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung], en vigor desde el 13 de diciembre de 2019), se debe informar a los acusados de su derecho a solicitar que se les asigne un abogado de oficio (Pflichtverteidiger) en los casos de asistencia letrada obligatoria (es decir, especialmente en los casos que entrañen cargos considerables —véase más adelante—). Asimismo, la decisión sobre la solicitud de designación de un abogado de oficio de conformidad con el artículo 141 1) del Código de Procedimiento Penal (nueva versión) deberá adoptarse sin demora y, sobre todo, antes del interrogatorio del acusado.

169.Estas instrucciones explícitas dejan claro a los acusados que no están obligados a someterse a un interrogatorio policial sin la presencia de un abogado, lo que atenúa toda presión psicológica.

170.En el derecho alemán, la asignación de un abogado de oficio también garantiza el derecho de los acusados a tener acceso a una defensa sufragada por el Estado. Los criterios para dicha asignación se enumeran en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal. Entre ellos destacan la gravedad del delito (artículo 140 1), núms. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal), las consecuencias jurídicas previstas (artículo 140 1), núms. 1, 2, 3 y 7, y 2) del Código de Procedimiento Penal), la complejidad del caso (artículo 140 2) del Código de Procedimiento Penal) y las circunstancias personales de los acusados, especialmente su capacidad para defenderse por sí mismos (artículo 140 1), núms. 4, 5 y 9, y 2) del Código de Procedimiento Penal). Así pues, estos criterios están en consonancia con los definidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por cuanto se refiere a la interpretación de la expresión “los intereses de la justicia” que figura en el artículo 6, párr. 3 c), del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La asistencia de un abogado de oficio a expensas del Estado se brinda al acusado con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal independientemente de si el acusado tiene o no necesidades económicas, de modo que el derecho procesal penal alemán va más allá de los requisitos del artículo 6, párr. 3 c), del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

171.Además del derecho a un abogado de oficio, los acusados que no puedan costearse un abogado también pueden obtener una ayuda gratuita para la asistencia jurídica. En virtud de la Ley de Asistencia Jurídica y Representación para Ciudadanos de Bajos Ingresos (Gesetz über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem Einkommen), los acusados que no tienen derecho a un abogado de oficio en virtud del artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, pero que no disponen de los fondos necesarios para costearse un abogado, tienen derecho a una ayuda gratuita para la asistencia jurídica.

Respuesta al párrafo 19 de la lista de cuestiones

172.De conformidad con el artículo 137 1) del Código de Procedimiento Penal —que también es aplicable en los procesos penales a menores de conformidad con el artículo 2 2) de la Ley Penal Juvenil— los acusados pueden solicitar la asistencia de un abogado defensor en cualquier fase del procedimiento. Con arreglo a la segunda oración del párrafo 4 del artículo 163a y la segunda oración del párrafo 1 del artículo 136 del Código de Procedimiento Penal, leídas conjuntamente con el párrafo 2 del artículo 2 de la Ley Penal Juvenil, se debe informar a los menores antes de que comience su (primer) interrogatorio policial de que la ley les permite recurrir a un abogado defensor de su elección en cualquier momento, incluso antes de que comience el interrogatorio. Además, las disposiciones alemanas sobre la defensa obligatoria prevén el derecho a la asistencia de un abogado a expensas del Estado en los casos de tenor considerable.

173.En diciembre entraron en vigor dos leyes con miras a la incorporación de la Directiva 2016/1919 de la Unión Europea relativa a la asistencia jurídica y la Directiva 2016/800 de la Unión Europea (mencionada en la pregunta): en primer lugar, la Ley de Reforma del Derecho en materia de Asistencia Letrada Obligatoria (Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung), que principalmente amplía las disposiciones que regulan el derecho a la asistencia letrada obligatoria en la parte del Código de Procedimiento Penal que rige el derecho procesal penal general (también aplicable a los acusados menores de edad, de conformidad con el artículo 2 2) de la Ley Penal Juvenil); y en segundo lugar, la Ley por la que se refuerzan los Derechos Procesales de los Acusados en los Procesos Penales a Menores de Edad (Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren). Esta última introduce el artículo 68a en la Ley Penal Juvenil, que dispone expresamente que en los casos de defensa obligatoria (de conformidad con el artículo 68 de la Ley Penal Juvenil y el artículo 140 del Código de Procedimiento Penal, es decir, especialmente en los casos de reclusión o internamiento provisional, cargos penales graves, reclusión previsible de menores y capacidad insuficiente de los acusados para defenderse a sí mismos), por norma, el abogado defensor debe ser designado de oficio antes de que pueda comenzar el interrogatorio del menor (incluso antes del primer interrogatorio policial). El artículo 70c 4) recientemente introducido en la Ley Penal Juvenil dispone además que, en esos casos, por norma, los interrogatorios deben aplazarse para permitir la presencia del abogado defensor si este estuviera ausente. Estas nuevas disposiciones garantizan que, en los casos de defensa obligatoria, los menores acusados cuenten con la asistencia de un abogado defensor en todas las fases del procedimiento hasta que se dicte sentencia firme y definitiva.

174.El derecho del acusado a que un abogado defensor de su elección o un abogado defensor de oficio esté presente durante los interrogatorios se deriva directamente de la tercera oración del párrafo 4 del artículo 163a, leída conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 168c del Código de Procedimiento Penal (en lo relativo a los interrogatorios policiales), de la segunda oración del párrafo 3 del artículo 163a, leída conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 168c del Código de Procedimiento Penal (en lo relativo a los interrogatorios de la fiscalía) y del párrafo 1 del artículo 168c del Código de Procedimiento Penal (en lo relativo a los interrogatorios judiciales). El derecho a que el abogado defensor esté presente en los interrogatorios policiales se introdujo en la Segunda Ley por la que se refuerzan los Derechos Procesales de los Acusados en los Procesos Penales y se modifica la Legislación que regula la Función de los Jueces Legos, de 27 de agosto de 2017.

Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones

175.La detención disciplinaria en las prisiones alemanas (Arrest) es una medida disciplinaria que se aplica en el caso de las infracciones especialmente graves cometidas durante la privación de libertad y que consiste en separar al recluso de los demás presos. En los länderen los que la ley prevé la posibilidad de ordenar la detención disciplinaria, esta es la sanción más grave posible. Solo se impone en muy raras ocasiones y en el caso de las faltas más graves; además, para ello deben darse unas condiciones previas muy estrictas. Así sucede especialmente en el caso de los presos menores de edad.

176.El régimen de aislamiento (Einzelhaft) debe diferenciarse de la detención disciplinaria. El régimen de aislamiento no es una medida disciplinaria y está sujeto a requisitos legales distintos.

177.La normativa de los länderen materia de detención disciplinaria varía en función del tipo de privación de libertad de que se trate. En algunos länder,la detención disciplinaria puede ordenarse como medida disciplinaria durante períodos de hasta cuatro semanas para los presos adultos y de hasta dos semanas para los menores. En otros, los períodos permitidos son más cortos (véase el anexo).

178.La legislación de varios länderestablece específicamente que, en el caso de los reclusos menores de edad, la detención disciplinaria debe hallarse sustentada en consideraciones educativas. Por regla general, las medidas disciplinarias contra los reclusos menores de edad solo pueden ordenarse si la solución amistosa del conflicto o las medidas educativas resultan insuficientes.

Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones

179.Los legisladores alemanes han traducido la sentencia del Tribunal Constitucional Federal (BVerfG) de 4 de mayo de 2011 en una amplia reforma de las disposiciones que rigen la prisión preventiva tanto a nivel federal como de los länder. La nueva reglamentación entró en vigor el 1 de junio de 2013.

180.La Ley relativa a la Aplicación a nivel Federal de la Obligación de Divergencia Cualitativa entre la Pena de Cárcel y la Prisión Preventiva en el Derecho en materia de Prisión Preventiva (Gesetz zur bundesrechtlichen Umsetzung des Abstandsgebotes im Recht der Sicherungsverwahrung) fue aprobada a nivel federal; de ese modo se asegura el cumplimiento de los requisitos impuestos tanto por el Tribunal Constitucional Federal como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

181.A través de dicha Ley, el legislador federal aplicó las directrices formuladas por el Tribunal Constitucional Federal en relación con la obligación de divergencia cualitativa entre la pena de cárcel y la prisión preventiva (artículo 66c del Código Penal). En sus respectivas leyes penitenciarias, los länderhan traducido dichas directrices en términos concretos y han adaptado en consecuencia las condiciones de alojamiento de los presos preventivos.

182.El objetivo de la reforma es distinguir con mayor claridad entre la ejecución de una pena de cárcel y la prisión preventiva, reflejando así el carácter exclusivamente preventivo de esta última, así como su enfoque terapéutico.

183.Concretamente, las nuevas normas contienen disposiciones relativas a la terapia que se debe ofrecer a los presos preventivos, el diseño de su alojamiento y la preparación para su puesta en libertad. En consonancia con lo solicitado por el Tribunal Constitucional Federal, el planteamiento general está claramente orientado a la libertad y la terapia.

184.En lo relativo a los casos de prisión preventiva retrospectiva (esto es, únicamente una vez cumplida la pena de cárcel) o prórroga retrospectiva de la prisión preventiva (es decir, más allá de los diez años permitidos inicialmente), la situación es la siguiente:

De conformidad con las exigencias del Tribunal Constitucional Federal se creó una disposición para estos casos (artículo 316f de la Ley de Introducción al Código Penal [Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch]), según la cual el ingreso en prisión preventiva o la prórroga de la prisión preventiva con carácter retrospectivo solo pueden producirse si se cumplen los requisitos previos del artículo 5 1), letra e, del Convenio Europeo de Derechos Humanos; para ello es preciso que el preso preventivo sufra un “verdadero trastorno mental” (que debe ser tratado terapéuticamente en el marco de una prisión preventiva “reformada”) y que su conducta proporcione motivos concretos para pensar que existe un alto riesgo de que cometa delitos violentos o sexuales extremadamente graves.

Básicamente, esta nueva norma solo es pertinente en el caso de la prórroga retrospectiva, ya que en 2010 se suprimió la prisión preventiva retrospectiva tras una pena de cárcel por delitos cometidos después del 1 de enero de 2011.

Todos los casos de prisión preventiva retrospectiva o prórroga retrospectiva de la prisión preventiva fueron revisados por los tribunales de conformidad con los principios establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 4 de mayo de 2011 (que adoptó forma legislativa con fecha efectiva de 1 de junio de 2013).

De hecho, hemos constatado que la prisión preventiva retrospectiva y la prórroga retrospectiva de la prisión preventiva tras una pena de cárcel son figuras que básicamente se están quedando obsoletas debido al continuo declive del número de personas que se encuentran en prisión preventiva sobre esa base; en noviembre de 2017, no había más de 40 personas detenidas sobre la base de la prisión preventiva retrospectiva o la prórroga retrospectiva de la prisión preventiva. La ley vigente ya no permite la prisión preventiva retrospectiva ni la prórroga retrospectiva de la prisión preventiva tras una pena de cárcel.

185.La nueva Ley también se halla en consonancia con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Federal, ya que ha limitado a un año el intervalo máximo para la revisión judicial periódica de la prisión preventiva en curso (al cabo del cual el tribunal volverá a examinar si la prisión preventiva debe continuar). Cuando una persona ha estado en prisión preventiva durante más de diez años, dicho intervalo se reduce a nueve meses (artículo 67e 2) del Código Penal).

186.Ya en 2016, varias salas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminaron que la nueva reglamentación que se había hecho efectiva el 1 de junio de 2013 y las medidas prácticas de aplicación adoptadas por los länderhabían logrado que la situación se ajustase al Convenio Europeo de Derechos Humanos (Bergmann c. la República Federal de Alemania (núm. 23279/14), de 7 de enero de 2016; e Ilnseher c. la República Federal de Alemania (10211/12 y 27505/14), de 2 de febrero de 2017).

187.Por decisión de 4 de diciembre de 2018, la Gran Sala confirmó dicha valoración y declaró que la situación jurídica de Alemania se ajustaba a la Convención.

188.En el anexo de la pregunta 21 figuran datos estadísticos sobre la evolución de la prisión preventiva en Alemania desde 2010.

Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones

189.El Gobierno Federal no puede confirmar esos números. El archivo de personas desaparecidas de la Policía Judicial Federal (Vermisstendatei) solo registra el número de denuncias, lo que significa que sus cifras no se corresponden necesariamente con el número real de personas desaparecidas. A este respecto, cabe remitirse al informe del Gobierno Federal sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados en Alemania, de 20 de septiembre de 2018, documento parlamentario (BT-Drucksache) 19/4517, págs. 31 y ss.

190.La Segunda Ley para mejorar el Registro y el Intercambio de Datos a efectos del Derecho de Residencia y Asilo (2. Datenaustauschverbesserungsgesetz) introdujo nuevas normas que permiten incluir información en el Registro Central de Extranjeros (Ausländerzentralregister) sobre si se ha emitido una alerta para el acogimiento de una persona. La autoridad en materia de inmigración y otras autoridades con acceso a esa información son informadas automáticamente de los casos en que se ha emitido una alerta (entrada en vigor: 1 de mayo de 2020). Se trata de una medida que sirve especialmente para proteger a los adultos y a los menores extranjeros desaparecidos, ya que permite avisar a la autoridad competente (policía, servicio social para menores, etc.) cuando se encuentra a la persona.

191.Si los padres de un recién nacido no pueden proporcionar un documento de identificación válido, las entidades de registro expedirán una “copia certificada de registro” que tendrá el mismo valor jurídico que un certificado de nacimiento (artículo 35 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Estado Civil [Personenstandsverordnung]).

Trato dispensado a los extranjeros, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo (arts. 7, 9, 10, 13 y 17)

Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones

192.Tras el enorme e imprevisible aumento del número de solicitantes de asilo que se produjo entre 2015 y 2017 y en vista de las deficiencias que se hicieron patentes a raíz de la tensión que ello conllevó para el sistema, en el otoño de 2017 se emprendieron medidas para llevar a cabo una reforma estructural de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF). Dichos cambios tienen por objeto asegurar y mejorar la calidad del trabajo de la Oficina. Esto también se refleja en el “Plan Maestro de Migración” del Ministerio Federal del Interior, para la Construcción y la Patria (BMI), de 4 de julio de 2018, en el que se formulan los siguientes objetivos:

Optimización del proceso de asilo y control de calidad en las decisiones de asilo

En el otoño de 2017 se introdujeron medidas de control de calidad “centralizadas” y “descentralizadas” en forma de un concepto de control de calidad en materia de asilo.

Este concepto establece, por ejemplo, que todas las sucursales de la BAMF (en el marco del control de calidad descentralizado) deben seleccionar y revisar aleatoriamente el 10 % de los trámites individuales que llevan a cabo en los procedimientos de asilo (aceptación de la solicitud, entrevista y finalización). Además, todas las decisiones de asilo deben someterse a una revisión antes de ser notificadas (véase el siguiente apartado).

Establecimiento del principio de revisión múltiple

En virtud del principio de revisión múltiple, las decisiones de asilo en todas las dependencias de la Oficina ahora no solo se examinan en términos de verosimilitud (como ocurría antes), sino que también deben examinarse exhaustivamente en cuanto a su integridad en la forma y en el fondo.

Controles nacionales de las decisiones de asilo

El control de calidad “centralizado” comprende la realización de controles aleatorios mensuales en la sede de la BAMF: se seleccionan y revisan al azar 1.055 decisiones notificadas y 106 informes finales para identificar las deficiencias recurrentes o estructurales en una fase temprana. A continuación, las deficiencias se comunican dentro de la organización. Si se encuentran decisiones erróneas, se informa a la división responsable y se ordena la revocación o la supresión de la decisión.

Control de las tasas de reconocimiento a nivel nacional

Dos veces al año se cotejan las tasas de reconocimiento de cada país de origen de las distintas sucursales de la Oficina con el promedio nacional, y si se constatan desviaciones significativas, se realizan exámenes más detallados. Por desviación significativa se entiende cualquier desviación de más del 10 % por encima o por debajo del promedio nacional. Con ello se pretende que, pese a la tramitación descentralizada de las solicitudes de asilo, la toma de decisiones sea lo más uniforme posible.

Introducción de la rotación de personal

Para evitar la colusión entre los trabajadores sociales y los revisores, se ha elaborado un sistema de rotación que lleva aplicándose a nivel nacional desde octubre de 2019.

Capacitación integral y directrices uniformes para todas las etapas del procedimiento de asilo

La campaña de cualificación llevada a cabo en gran parte en el verano de 2018 y la reintroducción de un programa de capacitación de 12 semanas de duración para los nuevos trabajadores sociales han constituido un completo marco de capacitación. Casi todos los trabajadores sociales ahora poseen un nivel de conocimientos uniforme y se han subsanado las carencias de conocimientos existentes. Con ayuda de directrices para las distintas etapas de los procedimientos de asilo en forma de listas de control comunes, el personal puede realizar su labor de manera uniforme y trabajar observando un alto nivel de calidad.

Además, el Ministerio del Interior considera que el control de calidad en la BAMF es una tarea permanente que exige una renovación sistemática y que habrá que adaptar a medida que surjan nuevas perspectivas. Valga decir a ese respecto que el control de calidad “centralizado” y “descentralizado” en la BAMF no ha dejado de ampliarse desde 2017.

Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones

193.Toda denuncia de malos tratos se investiga de conformidad con el principio de la obligatoriedad de la acción penal o Legalitätsprinzip. Siempre que se ha constatado la legitimidad de las acusaciones, los responsables han sido enjuiciados. En el caso particular de los sucesos acaecidos en 2014 en un centro de refugiados de Burbach, la fiscalía presentó cargos contra 38 personas ante el Tribunal Regional de Siegen; a principios de 2020, habían sido condenadas 11 personas, entre ellas el director del centro, que había sido contratado por una entidad privada. En el marco de dicho caso, hay varios juicios en curso.

194.En la situación jurídica actual, los extranjeros cuya deportación se ha suspendido (los “migrantes tolerados”) están obligados por ley a fijar su residencia habitual en una localidad específica (restricción de residencia) si su subsistencia no está asegurada (artículo 61 1d) de la Ley de Residencia). De ese modo, el legislador pretende lograr una distribución justa de los gastos sociales entre los länder. El sistema garantiza que las prestaciones sociales se liquiden únicamente en la localidad donde el beneficiario debe residir. Cabe señalar que la tercera oración del párrafo 1d) del artículo 61 de la Ley de Residencia permite modificar la restricción de residencia de oficio o a petición del extranjero, si es necesario, por ejemplo, para mantener la unidad familiar o por otros motivos humanitarios. Ello permite dar una respuesta adecuada en cada caso a los problemas descritos en la pregunta.

195.La BAMF examina y evalúa individualmente todas y cada una de las solicitudes de asilo. Cada decisión se toma en función de los detalles del caso concreto. El Gobierno Federal no está de acuerdo con la afirmación de que a menudo solo se concede la residencia temporal a las víctimas extranjeras de la trata de personas si cooperan con la policía.

196.Como Estado signatario de la Convención de Ginebra sobre los Refugiados, la República Federal de Alemania tiene en cuenta las disposiciones y los principios de la Convención —incluido el principio de no devolución establecido en el artículo 33— en todas sus iniciativas legislativas.

Derecho a la vida privada (art. 17)

Respuesta al párrafo 25 de la lista de cuestiones

197.Un instrumento clave para el cumplimiento efectivo del mandato del Servicio de Información Federal (BND) es la vigilancia estratégica de las telecomunicaciones entre ciudadanos no alemanes en el extranjero desde el territorio nacional (la llamada inteligencia de señales extranjero-extranjero). Ello permite al BND reunir información auténtica y actualizada sin demoras y recabar datos especialmente importantes de los flujos internacionales. En términos de contenido, se trata de inteligencia de importancia estratégica, es decir, cuestiones de alcance internacional o global que afectan a la política exterior alemana, como el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores, la delincuencia organizada internacional y la evolución de la situación política en determinados países.

198.El marco jurídico de la inteligencia de señales extranjero-extranjero lo regulan con exactitud varias disposiciones específicas (Ley del Servicio de Información Federal, artículos 6 y ss., Gesetz über den Bundesnachrichtendienst).

199.Los requisitos legales relativos a la inteligencia de señales extranjero-extranjero se han cumplido dentro del BND a través de varias medidas institucionales. Por ejemplo, el control de calidad como servicio central de la División de Inteligencia Técnica (Technische Aufklärung) garantiza que todo uso de términos de búsqueda se circunscriba únicamente a una misión o incidente. Se han definido y aplicado normas uniformes de calidad y plausibilidad de los datos mediante la creación del servicio de control de calidad. Antes de utilizar un término de búsqueda, se comprueba que su uso es lícito, plausible y razonable.

200.La supervisión de la inteligencia de señales extranjero-extranjero corre a cargo de la recién creada Comisión Independiente (Unabhängiges Gremium). Dicho órgano está compuesto por dos jueces y por un fiscal federal del Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, así como por tres suplentes. Entre sus funciones está examinar la permisibilidad y necesidad de las órdenes dictadas en virtud del párrafo 6 1) de la Ley del Servicio de Información Federal. Además, los ciudadanos de la Unión Europea, las instituciones de la UE y las entidades públicas de los Estados miembros de la UE gozan de especial protección frente a las medidas de inteligencia. La Comisión Independiente también supervisa el cumplimiento de las disposiciones vigentes a este respecto. Asimismo, examina si se cumplen las disposiciones legales en los casos en que se transmite a los servicios de inteligencia extranjeros información específica obtenida por medio de la inteligencia de señales extranjero-extranjero.

201.Como autoridad federal superior, el BND se inscribe en el ámbito de competencia de la Cancillería Federal, la cual es responsable de la supervisión administrativa y sustantiva del BND. Ello incluye la vigilancia de la legalidad de los medios empleados, así como su conveniencia.

202.Desde el 1 de julio de 2017, los proveedores de servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de almacenar los datos de tráfico que generan sus usuarios cada vez que utilizan los servicios de telefonía e Internet por un período limitado a diez semanas, y de conservar los datos de localización durante cuatro semanas (la denominada conservación de datos). La obligación de conservación no se aplica a algunas categorías de datos, como, por ejemplo, los sitios web visitados y los correos electrónicos. La obligación de conservación no se aplica tampoco a los servicios telefónicos anónimos, como las líneas telefónicas de asistencia. Aparte del corto período de conservación y la restricción de las categorías de datos que se deben conservar, la legislación limita estrictamente el acceso a los datos conservados. Durante el período de conservación, los datos permanecen en las empresas de telecomunicaciones. La recuperación de esos datos, por ejemplo, a efectos de un enjuiciamiento solo se autoriza si existe la sospecha que se han producido unos delitos concretos (artículo 100g 2) del Código de Procedimiento Penal). Dicho trámite únicamente lo puede ordenar un tribunal y por lo general se lleva a cabo abiertamente, es decir, con el conocimiento del interesado.

203.La constitucionalidad de estas disposiciones y su conformidad con la legislación de la Unión Europea ha sido y sigue siendo objeto de varias causas judiciales.

204.Tres recursos de inconstitucionalidad contra las normas de conservación de datos se hallan pendientes ante el Tribunal Constitucional Federal. De momento es imposible predecir con certeza cuándo recaerá sentencia en esas causas.

205.En su sentencia de 21 de diciembre de 2016 en un procedimiento prejudicial relativo a la normativa sueca y británica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la legislación nacional que se refiere de manera generalizada a todos los abonados y usuarios registrados, todos los medios de comunicación electrónica y todos los datos de tráfico sin establecer ninguna distinción, limitación o excepción en función del objetivo no es admisible porque excede de los límites de lo estrictamente necesario y por tanto es desproporcionada.

206.El 22 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo Superior de Renania del Norte-Westfalia, con sede en Münster, remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictaminó en un procedimiento sobre medidas provisionales a nivel nacional que un proveedor de servicios de telecomunicaciones que había denunciado la normativa alemana en la materia no estaba obligado a conservar los datos en tanto el procedimiento principal sobre la compatibilidad de dicha normativa con el derecho europeo no hubiera concluido. Posteriormente, el Organismo Federal de las Redes de Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correos y Ferrocarriles (Bundesnetzagentur), en su calidad de autoridad supervisora competente, anunció que se abstendría de exigir el cumplimiento de la obligación de conservación a todas las empresas por ella vinculadas.

207.Las principales actuaciones están pendientes ante el Tribunal Supremo Administrativo (BVerwG). El 25 de septiembre de 2019, el Tribunal Supremo Administrativo decidió suspender las actuaciones y remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la cuestión de la compatibilidad de la normativa alemana sobre conservación de datos con el derecho europeo para su aclaración. El Tribunal Supremo Administrativo basó esta decisión en la consideración de que, a diferencia de la normativa sueca y británica sobre la que versaba la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 (C-203/15), la obligación de conservación establecida por la normativa alemana solo afectaba a un determinado tipo de medios de comunicación durante un período de conservación limitado, por lo que la compatibilidad de dicha normativa con el derecho europeo exigía una nueva decisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía no se ha pronunciado al respecto.

208.Las obligaciones legales de conservación de datos siguen vigentes. Sin embargo, el Organismo Federal de las Redes de Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correos y Ferrocarriles prescinde de dictar órdenes o adoptar otras medidas para exigir el cumplimiento de la obligación de conservación de datos a todas las empresas por ella vinculadas en tanto no concluya el procedimiento principal ante el Tribunal Supremo Administrativo.

Libertad de religión (arts. 2, 18 y 26)

Respuesta al párrafo 26 de la lista de cuestiones

209.El Tribunal Constitucional Federal indicó en su sentencia de 27 de enero de 2015 (BVerfGE 138, 296) que las leyes de los länderque prohíben a los profesores el uso de vestimenta por motivos religiosos deben tener en cuenta de manera razonable la libertad de culto de los profesores y los alumnos afectados, así como el derecho de los padres a educar a sus hijos y el deber de neutralidad ideológica y religiosa del Estado. Teniendo en cuenta el deber de tolerancia como expresión de la dignidad humana (artículo 1 de la Ley Fundamental), se debe establecer un equilibrio entre la libertad de culto y la obligación del Estado de impartir educación en un entorno caracterizado por la neutralidad religiosa y la sensibilidad ante los conflictos.

210.Sin embargo, las prohibiciones de ese tipo pueden ser lícitas si se plantean conflictos importantes que alteren de forma concreta la paz en la escuela o que vayan en contra de la neutralidad del Estado.

211.Todas las leyes de los länderpor las que se prohíbe el uso de vestimenta religiosa a los funcionarios públicos deben cumplir los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional Federal que, a su vez, se ajustan plenamente a lo dispuesto en el artículo 18, párrafo 3 del Pacto, como se ha descrito anteriormente.

Libertad de expresión (art. 19)

Respuesta al párrafo 27 de la lista de cuestiones

212.En el documento explicativo de la Ley de Regulación de las Redes Sociales (NetzDG – documento parlamentario 18/12356, pág. 18) se anunció que el Gobierno Federal llevaría a cabo una evaluación a más tardar tres años después de la entrada en vigor de la Ley. Dicha evaluación se halla en curso de elaboración.

213.Las redes sociales con más de dos millones de usuarios registrados en Alemania están obligadas a publicar informes semestrales de transparencia sobre las reclamaciones de los usuarios y la eliminación de contenidos. Según los informes de transparencia correspondientes a los dos primeros semestres de 2018 y al primero de 2019, estas redes sociales eliminaron en promedio cerca de una cuarta parte del contenido denunciado en virtud de la NetzDG (con algunas variaciones entre proveedores). No hay indicios de que las redes estén recurriendo a una política excesiva de eliminación de contenidos ( “ overblocking ” ).

214.Solo se deben eliminar los contenidos ilícitos que vulneran disposiciones específicas del Código Penal alemán. Entre ellos figuran la incitación pública a la comisión de delitos, la formación de organizaciones delictivas o terroristas, la incitación al odio, la difusión de representaciones de violencia, la difamación de asociaciones religiosas e ideológicas, la distribución de pornografía infantil, la injuria, la difamación deliberada y la amenaza de comisión de un delito.

215.En una democracia próspera, la libertad de expresión también ofrece protección a las declaraciones de mal gusto o desagradables. Sin embargo, la libertad de expresión termina allí donde comienza el derecho penal. El discurso de odio constitutivo de delito debe estar tan fuera de lugar en las redes sociales como lo está en nuestras calles. Cuando las personas se sienten intimidadas por un discurso de odio punible que las lleva a retirarse del foro público, ello constituye un peligro para la democracia.

216.La definición de los contenidos ilícitos que figura en la NetzDG sienta sus bases en las disposiciones del Código Penal alemán. Existe gran cantidad de jurisprudencia sobre esos delitos y las numerosas decisiones anteriores de los tribunales están ampliamente documentadas en la doctrina. Por ello, no es necesario establecer nuevas directrices de interpretación. Además, la NetzDG permite que las redes sociales remitan el contenido para su revisión a una institución de autorregulación reconocida, cuyos analistas deben ser independientes y poseer la experiencia necesaria.

217.Es importante destacar que la NetzDG exime de la posibilidad de una multa a las redes sociales afectadas si, en el contexto de su sistema de gestión de denuncias, toman la decisión equivocada en un caso concreto. Únicamente se les imponen multas cuando faltan a sus obligaciones debido a fallos sistémicos en la gestión de los contenidos ilícitos. Asimismo, la ilegalidad del contenido también debe haber sido confirmada mediante una decisión judicial (“procedimiento prejudicial”) y los usuarios tienen la opción de solicitar una revisión judicial de los casos de eliminación o bloqueo de contenidos.

218.Hasta el momento se ha impuesto una multa de dos millones de euros a Facebook que aún no es firme y definitiva por incumplir sus obligaciones de información en virtud de la NetzDG en el primer semestre de 2018.

Respuesta al párrafo 28 de la lista de cuestiones

219.Por el momento no se estudia despenalizar la difamación. Sin embargo, dado el aumento del número de causas por difamación en línea y en los medios sociales, se está debatiendo si la difamación cometida en público o con publicidad debería conllevar una pena mayor.

220.El artículo 202d del Código Penal, que entró en vigor el 18 de diciembre de 2015, tipifica como delito la obtención de datos para uno mismo o para un tercero, el suministro de datos a un tercero y la difusión o facilitación del acceso a los datos cuando estos no sean de acceso general y hayan sido obtenidos por otra persona mediante un acto ilícito. En cuanto a los elementos subjetivos del delito, la disposición exige —además del dolo— que el acto se cometa con fines de enriquecimiento personal o de un tercero, o para perjudicar a otra persona.

221.La pena aplicable es un máximo de tres años de prisión o una multa. La pena no puede ser más severa que la pena aplicable al delito principal.

222.Las “filtraciones de datos” en general no están contempladas en el artículo 202d del Código Penal. Según el texto de la disposición, el tráfico ilícito de datos únicamente tiene lugar si el autor del delito principal ha obtenido los datos de manera ilegal. En cambio, si los datos ya estaban a disposición del autor del delito principal, queda excluido el tráfico ilícito de datos. Así pues, con arreglo al artículo 202d del Código Penal, si una persona a la que se le han confiado unos datos luego los transmite (“filtra”) a un tercero, dicha persona no incurre en responsabilidad penal alguna. Si la persona en cuestión estuviera obligada a mantener la confidencialidad de los datos (como por ejemplo en el ámbito de su cargo como funcionario), podría incurrir en responsabilidad penal al transmitirlos por incumplir otras disposiciones (en particular, sus obligaciones de confidencialidad). Sin embargo, la obtención de los datos no es punible en el marco de dicho delito: así pues, el tercero que acepte los datos filtrados tampoco incurrirá en responsabilidad penal por tráfico ilícito de datos.

223.Además, en la disposición se indica expresamente que no son constitutivas de delito las actividades que sirven exclusivamente para el desempeño de funciones oficiales o profesionales lícitas, como, por ejemplo, las actividades de los funcionarios o sus agentes encaminadas a suministrar datos con el único fin de utilizarlos en procedimientos fiscales y penales o en procedimientos sobre incumplimiento. También se excluyen las actividades profesionales de las personas que se dedican o se han dedicado profesionalmente a la elaboración, producción o difusión de material impreso, emisiones de radio o filmaciones, y a los colaboradores de los servicios de información y comunicación destinados a facilitar información o a formar a la opinión pública, que impliquen la recepción, el análisis o la publicación de datos.

224.Las actividades de los medios de comunicación entran en el ámbito de esta última exención y por lo tanto queda expresamente establecido que no son constitutivas del delito regulado en esta disposición.

225.Asimismo, este delito no abarca los datos a los que se puede acceder con carácter general, por ejemplo, mediante una búsqueda en Internet.

226.Así pues, el delito no tiene por objeto imponer restricciones desproporcionadas al derecho de acceso a la información de valor público legítimo.

227.Con arreglo a la división de responsabilidades vigente en el sistema federal, los länderse encargan de perseguir los delitos previstos en el artículo 202d del Código Penal. En enero de 2018, el Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor realizó una encuesta entre las administraciones de justicia de los länderpara averiguar el número de investigaciones realizadas contra periodistas en virtud del artículo 202d del Código Penal desde que dicha disposición entró en vigor. Según la información facilitada por las administraciones de justicia de los länder, las investigaciones contra periodistas emprendidas en virtud del artículo 202d del Código Penal desde que dicha disposición entró en vigor no llegan a diez y ninguna de ellas había ofrecido suficientes motivos para presentar cargos contra un periodista. Además, tampoco se habían realizado incautaciones relacionadas con el delito previsto en el artículo 202d del Código Penal.

Libertad de asociación (art. 22)

Respuesta al párrafo 29 de la lista de cuestiones

228.En opinión del Gobierno Federal, la prohibición de participar en huelgas que afecta a los trabajadores del sector público en Alemania se ajusta al artículo 22 del Pacto, así como al artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en gran medida paralelo a este.

229.El derecho de huelga solo es uno de los múltiples componentes de la libertad de asociación. En casos como el de Alemania en los que se ofrecen otros medios comparables de participación y representación para la reglamentación de las condiciones de trabajo, la restricción de la acción sindical puede considerarse proporcionada. El Tribunal Constitucional Federal, en su sentencia de 12 de junio de 2018 (https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2018/06/rs20180612_2bvr173812en.html, en inglés, párrafos 163 y ss.), analiza ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la cuestión y dictamina que la prohibición de participar en huelgas que afecta a los funcionarios es compatible con el Convenio Europeo y, por consiguiente, con el Pacto. El Gobierno Federal está de acuerdo con las conclusiones del Tribunal Constitucional Federal. Con todo, varias demandas relacionadas con este tema se hallan pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se pronunciará al respecto a su debido tiempo.

Derecho a participar en la vida pública (arts. 25 y 26)

Respuesta al párrafo 30 de la lista de cuestiones

230.En Alemania, el principio constitucional del sufragio universal establece que todos los ciudadanos alemanes, incluidas las personas con discapacidad, tienen derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones al Bundestag, al Landtag y en las elecciones municipales (artículo 38 1), primera oración, y artículo 28 1), segunda oración, de la Ley Fundamental). El principio del sufragio universal también se aplica a las elecciones europeas (artículo 1 1), segunda oración, de la Ley para las Elecciones Europeas (Europawahlgesetz).

231.En Alemania, las personas con discapacidad y las personas con responsabilidad penal reducida no están privadas del derecho de voto. Antes, las personas bajo tutela permanente (y no únicamente temporal) en todos sus asuntos (personas bajo tutela plena), así como los delincuentes internados en un hospital psiquiátrico por ausencia completa o limitada de responsabilidad penal, no podían votar en las elecciones al Bundestag ni en las elecciones europeas. En su sentencia de 29 de enero de 2019 (2 BvC 62/14), el Tribunal Constitucional Federal declaró que la privación del derecho de voto de las personas internadas en un hospital psiquiátrico por falta de responsabilidad penal era incompatible con la Ley Fundamental y por lo tanto nula. La privación del derecho de voto de las personas bajo tutela plena y permanente era incompatible con la Ley Fundamental, por lo que la disposición pertinente, en la medida en que se consideraba inconstitucional, ya no podría ser aplicada por los tribunales y por las autoridades administrativas.

232.La Ley de Enmienda de la Ley Electoral Federal y Otras Leyes (Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und anderer Gesetze, BGBl I, pág. 834), que entró en vigor el 1 de julio de 2019, suprimió la privación del derecho de voto que anteriormente existía para las personas bajo tutela plena y permanente y para los delincuentes internados en un hospital psiquiátrico por falta de responsabilidad penal. Al mismo tiempo, definió los límites de la asistencia permisible para el ejercicio del derecho de voto y modificó el artículo 107a del Código Penal para dejar claro que toda persona que, prestando esa asistencia permisible, emita un voto contrario a la elección del votante al que está ayudando, o sin que el votante al que está ayudando haya expresado su elección, habrá cometido un delito penal.

233.Antes de la entrada en vigor de la reforma, una sentencia del Tribunal Constitucional Federal (2 BvQ 22/19), ya en vigor en el momento de las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, determinó que la privación del derecho de voto en los casos mencionados debía dejar de aplicarse en el ámbito de las solicitudes de inscripción de votantes (artículos 17 y 17a del Reglamento para las Elecciones Europeas) y en relación con las objeciones y reclamaciones contra la exactitud y la exhaustividad del censo electoral.

234.Las disposiciones de los ländersobre las elecciones al Landtag y sobre las elecciones municipales eran similares en lo referente a la privación del derecho de voto. Entretanto, debido en gran medida a la sentencia mencionada, los länderhan suprimido las disposiciones relativas a la privación del derecho de voto o tienen previsto hacerlo con la debida antelación antes de sus próximas elecciones.

235.La Ley Electoral Federal contiene numerosas disposiciones para facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones, incluido el acceso sin barreras a los colegios electorales, la asistencia y la información, así como disposiciones especiales para los votantes con discapacidad visual y otros colectivos.

236.Se han adoptado medidas similares, igualmente por medio de leyes u otros instrumentos, para las elecciones al Landtag y las elecciones municipales.