Comité de Derechos Humanos
123 er período de sesiones
2 a 27 de julio de 2018
Tema 5 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes
en virtud del artículo 40 del Pacto
Lista de cuestiones relativa al cuarto informe periódico de Argelia * **
Adición
Respuestas de Argelia a la lista de cuestiones
[Fecha de recepción: 14 de marzo de 2018]
Respuesta 1
1.En Argelia el marco jurídico relativo a los derechos humanos se basa en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. La Constitución de Argelia establece en su artículo 150 que los tratados ratificados tienen primacía sobre la legislación.
2.Con respecto a las medidas adoptadas en relación con la aplicación práctica de las disposiciones del Pacto en el ordenamiento jurídico interno, habida cuenta de que el corpus jurídico nacional en general está en consonancia con este, las decisiones judiciales dictadas por diferentes fueros a menudo se remiten a sus disposiciones en la legislación nacional. En el período 2015-2017, seis decisiones se remitieron a las disposiciones del Pacto.
3.Entre las causas judiciales en que se ha invocado el Pacto cabe mencionar las siguientes:
Una sentencia del Tribunal Supremo sobre la aplicabilidad del artículo 11 del Pacto con respecto a la práctica del encarcelamiento en caso de incumplimiento de una obligación contractual
Dos sentencias del Tribunal de Constantina y una de la Corte de Constantina, relativas al cese de la acción pública de conformidad con el artículo 14, párrafo 7, del Pacto en relación con la fuerza de cosa juzgada
Una sentencia del Tribunal de Constantina, en relación con el artículo 14, párrafo 2, del Pacto en relación con la presunción de inocencia
Una sentencia de la Corte de Constantina, sobre la aplicación del artículo 14 del Pacto
Una sentencia de la Corte de Constantina, relativa al cese de la acción pública de conformidad con el artículo 15, párrafo 1, del Pacto
4.Con respecto a las medidas adoptadas para dar a conocer las disposiciones del Pacto entre los organismos públicos y las escuelas, el Gobierno ofrece formación continua a los miembros del poder judicial y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (véase el anexo II).
5.Las escuelas nacionales se ocupan de impartir conocimientos básicos sobre las convenciones mediante su inclusión en los programas y manuales escolares de diversas asignaturas: educación cívica, educación islámica, lenguas, historia y geografía.
6.Las convenciones internacionales y regionales de derechos humanos ratificadas por Argelia se publican en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.mjustice.dz). Se suministra en forma gratuita a los magistrados un compendio que contiene los principales instrumentos jurídicos internacionales.
Respuesta 2
7.La invasión y la ocupación ilegales en 1975 de la antigua colonia española del Sáhara Occidental por el Reino de Marruecos ha socavado el ejercicio por la población de ese territorio de su derecho a la libre determinación y ha provocado una tragedia humanitaria que causó la fuga de la población civil saharaui a Argelia.
8.Argelia se solidariza con este pueblo y su causa y, de conformidad con su tradición de hospitalidad, proporciona asilo a esta población, como lo demuestra un acuerdo con las autoridades del movimiento de liberación representado por el Frente Polisario, por el cual dejó en manos de este el funcionamiento interno de los campamentos de refugiados, en razón de las particularidades sociológicas, culturales y de otra índole de la población saharaui.
9.Esta delegación de competencia afecta también a la organización del sistema educativo, de la atención de la salud, del estatuto personal y de la jurisdicción en los campamentos de refugiados.
Respuesta 3
10.El Consejo Nacional de Derechos Humanos, previsto en los artículos 198 y 199 de la Constitución, se ha establecido en virtud de la Ley núm. 16-13, de 3 de noviembre de 2016, por la que se estableció la composición y las modalidades de nombramiento de sus miembros, así como las normas que rigen su organización y funcionamiento. El Consejo está plenamente operativo desde el 9 de marzo de 2017.
11.El Consejo es una institución constitucional permanente e independiente. No está sujeta a ninguna autoridad y no recibe instrucciones del Gobierno. El pleno del Consejo es soberano y aprueba su programa de acción, su presupuesto y la contratación de su personal.
12.Los miembros del Consejo representan a diversos sectores de la sociedad, con una participación significativa de mujeres (16 mujeres de un total de 38 miembros del Consejo). Actualmente está presidido por una mujer.
13.El Consejo tiene autonomía administrativa y financiera y aprueba y gestiona su propio presupuesto, consagrando así la autonomía prevista en el artículo 198, párrafo 1 de la Constitución.
14.Tiene competencia para recibir denuncias y, desde su creación, ha recibido 717, a las que se suman 131 denuncias que seguían pendientes de la Comisión Consultiva Nacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, desglosadas del siguiente modo:
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (342)
Asuntos jurídicos y judiciales (239)
Derechos civiles y políticos (228)
Condición de la mujer, el niño y las personas vulnerables (39)
15.Se han previsto medidas de transición entre la Comisión y el Consejo Nacional de Derechos Humanos, en particular para el seguimiento de las denuncias y las observaciones formuladas al Gobierno de Argelia por los órganos creados en virtud de tratados.
16.Con respecto a la función de las comisiones del Parlamento (bicameral) encargadas de las cuestiones de derechos humanos, esta tiene lugar en los siguientes ámbitos:
A nivel del Consejo de la Nación (Senado), la Comisión de Asuntos Jurídicos, Administrativos y de Derechos Humanos, Organización Local, Ordenación Territorial y Planificación Urbana, tiene competencia sobre las cuestiones relacionadas con el régimen jurídico de los derechos humanos, así como del estatuto de las personas.
En el plano de la Asamblea Popular Nacional, la Comisión de Asuntos Jurídicos, Administrativos y de Libertades, se ocupa de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las libertades y el estatuto de las personas.
17.La cooperación entre el Consejo Nacional de Derechos Humanos y estas dos Comisiones entraña la participación en el estudio de los proyectos de ley y actividades de sensibilización, información y comunicación para la promoción de los derechos humanos.
Respuesta 4
18.El Gobierno coopera de buena fe con el Comité en relación con las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo Facultativo. Estima que ha proporcionado la información pertinente sobre las denuncias que se señalan a su atención, en particular las relacionadas con la tragedia nacional de los casos de “desaparición” del decenio de 1990.
19.El Gobierno ha presentado un aide-mémoire sobre las denuncias enumerando las circunstancias en que se produjeron delitos de terrorismo contra la población civil y las fuerzas del Estado, en el período en que ocurrieron las presuntas desapariciones forzadas.
20.El Gobierno no está de acuerdo con los dictámenes aprobados por el Comité, por un lado, porque este parece ignorar la profundidad y complejidad de la crisis de seguridad sufrida por Argelia como consecuencia de los delitos de terrorismo y, por el otro, por el sufrimiento del pueblo argelino, cuya recuperación solo podrá lograrse mediante una política de armonía y reconciliación nacional, que el pueblo argelino ha adoptado con miras a retomar la senda de la paz.
21.Los presuntos casos de acoso a los que se hizo referencia durante el período de que se informa no están relacionados con el estatuto ni con las actividades de las personas que se presentan como derechohabientes de las víctimas, sino con delitos del derecho común aplicable a todos los ciudadanos argelinos.
Respuesta 5
22.La cuestión de la aplicación de la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional se analizó detenidamente en el debate interactivo con la delegación de Argelia en ocasión del examen del último informe celebrado en 2007.
23.Se mencionó que la Carta estipulaba que, con exclusión de los agentes del orden y todos los participantes en operaciones de lucha contra el terrorismo en ejercicio de sus funciones, los tribunales podían entender en hechos de carácter penal, tratar toda denuncia de violación de los derechos humanos y darle el curso correspondiente.
24.Por tanto, existe el derecho de recurso si los hechos denunciados tuvieron lugar fuera del ámbito del mantenimiento del orden y la seguridad públicos o de la lucha contra el terrorismo.
25.La delegación observó además que el indulto, la conmutación de la pena o el cese de las actuaciones no eran aplicables, según la legislación de Argelia, a las personas culpables de violación, tortura, atentado con explosivos contra lugares públicos, homicidio premeditado o secuestro.
26.Con respecto a los procesos que podrían incoarse, conforme al artículo 46 de la Carta, contra ciudadanos residentes en Argelia o en el extranjero, el Gobierno no tiene conocimiento de ellos y el Comité no ha dado información precisa sobre la cuestión.
Respuesta 6
27.A falta de una definición aceptada universalmente, la legislación argelina adoptó una definición inspirada en la legislación de varios países.
28.Por tanto, para que exista delito de terrorismo, es necesario que el autor haya cometido un acto determinado (por ejemplo, asesinato) y que este se haya ejecutado con un fin determinado (por ejemplo, atentar contra la estabilidad de las instituciones). Se trata pues del fin buscado por el autor y de los medios que ha usado para conseguirlo.
29.La ley tipifica como delito toda acción destinada a sembrar el terror entre la población civil, contra el derecho a la vida o a las libertades fundamentales de los ciudadanos y con el fin de socavar la seguridad del Estado, la integridad territorial, la estabilidad y el funcionamiento normal de las instituciones.
30.El Estado parte no ha recibido casos documentados sobre la posible aplicación de disposiciones sobre el terrorismo contra presuntos defensores de los derechos humanos o periodistas. Cabe recordar que la aplicación de este procedimiento es dictada por el ministerio fiscal y con su supervisión, y está regulada por el Código de Procedimiento Penal.
31.Durante los últimos cinco años se entablaron 1.264 enjuiciamientos sobre la base del artículo 87 bis3 del Código Penal, de los cuales 315 dieron lugar a sentencias condenatorias y 1.112 a sentencias absolutorias.
32.Con respecto a las normas para garantizar la prevención y represión de los abusos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cabe recordar que el Código Penal de Argelia tipifica como delito las acciones irregulares y abusivas de la fuerza pública, y prevé estrictas sanciones penales contra los acusados.
33.A modo de ejemplo, cabe citar los siguientes mecanismos:
El fortalecimiento de la función de supervisión interna de las distintas instituciones de seguridad (policía y gendarmería) por medio de inspecciones y el establecimiento de una línea de atención telefónica gratuita para los ciudadanos.
La supervisión permanente por el ministerio fiscal de las actividades de los elementos de los servicios de seguridad que cumplen la función de policía judicial a fin de velar por la aplicación de los cambios recientes que establecen un nuevo mecanismo de autorización de las diversas dependencias de la policía judicial (la policía, la gendarmería y la policía de seguridad militar), que deben mantener informados de sus actividades a los fiscales y los fiscales de los tribunales de apelación.
La recepción del público para la presentación de reclamaciones (véase el cuadro 21).
El establecimiento por el Ministerio de Justicia, a través de su sitio web, de un correo electrónico (mjustice.dz, véase el enlace) a disposición de toda la población para facilitar la presentación de quejas, denuncias u otras reclamaciones, que son tramitadas y examinadas por una dependencia permanente que se ocupa exclusivamente de ellas (véase el cuadro 22).
La utilización por las fiscalías de los artículos de prensa y la información difundida en relación con abusos presuntamente cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones para disponer la iniciación de investigaciones preliminares de manera sistemática.
Respuesta 7
34.A continuación se consignan las principales medidas adoptadas para combatir la discriminación:
El reconocimiento en la Constitución del principio de la igualdad de todas las personas y la prohibición de cualquier forma de discriminación, independientemente de la causa (nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social)
La afirmación mediante diversas leyes (el Código Electoral, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Información, de Salud, de Comercio) de la prohibición de todas las formas de discriminación entre los ciudadanos
El acceso a la justicia basado en el principio de la igualdad de todas las personas
En la esfera de los derechos económicos, el reconocimiento de la igualdad de los ciudadanos (derecho al trabajo, a la igualdad de remuneración y a la seguridad social, entre otros)
La diversificación de las actividades de promoción y protección de los derechos humanos, en el marco de los valores del respeto a las diferencias, la tolerancia y la hermandad entre los pueblos
35.El Gobierno ha adoptado iniciativas sobre la cuestión de la lucha contra la discriminación mediante la modificación del Código Penal, que se refleja en dos artículos: el 295 bis1 y el 295 bis2 de la Ley núm. 14-01, de 4 de febrero de 2014. En lo que respecta a las estadísticas relacionadas con la discriminación racial durante el período objeto de examen, véase el cuadro 1.
Respuesta 8
36.Argelia es un Estado-nación, que funciona de conformidad con el principio de la ciudadanía. No tiene un enfoque comunitarista, como el de los países que, debido a su trayectoria histórica, alentaron o favorecieron la inmigración, que formó comunidades diversas o variadas. Argelia tiene un rico patrimonio cuya base está formada por tres culturas: la árabe, la islámica y la amazigh. El pueblo argelino es el producto de una fusión de muchos siglos que las diferentes invasiones han tratado de dividir por medio de clasificaciones étnicas, religiosas o lingüísticas.
37.La sociedad argelina rechaza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y en la legislación nacional se tipifican como delito. Esta disposición se basa en consideraciones morales, religiosas, filosóficas y sociológicas con las que la sociedad argelina está profundamente comprometida y que comparten todos sus miembros. Argelia no prevé derogar la legislación que penaliza estas prácticas.
Respuesta 9
38.Los principios constitucionales que constituyen la base de la legislación del trabajo se fundamentan en la no discriminación entre los ciudadanos. La Ley núm. 90-11, relativa a las relaciones del trabajo, en su artículo 17, confirma el principio constitucional de la igualdad de los ciudadanos.
39.La Ley mencionada dispone que la mujer que trabaja tiene derecho, en las mismas condiciones que los hombres, a que se respete su integridad física y moral y su dignidad (art. 6). Ese mismo artículo garantiza, en el párrafo 3, que las mujeres que trabajan tienen derecho a la protección contra la discriminación para desempeñar todos los cargos, así como a la formación profesional y el ascenso en el lugar de trabajo (párr. 4).
40.La Orden de 15 de julio de 2006, sobre el estatuto general de la función pública (art. 27) establece que no se puede discriminar entre los funcionarios en razón de sus opiniones, sexo, origen o cualquier otra condición personal o social. El artículo 74 dispone que la contratación de funcionarios está sujeta al principio de la igualdad de acceso al empleo público.
41.La legislación del trabajo se basa en 59 convenios internacionales del trabajo ratificados por Argelia, incluidos los 8 convenios fundamentales, en particular el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100) y el Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111).
42.La remuneración que pagan los empleadores en Argelia es la que corresponde al puesto de trabajo y no está determinada por el sexo del trabajador, tanto en el sector público como en el sector privado.
43.No se discrimina contra la mujer ni en la ley ni en la práctica. La pertinencia de la Constitución así lo destaca en muchos ámbitos:
Los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por motivos de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Las instituciones tienen por finalidad garantizar la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos y ciudadanas suprimiendo los obstáculos que impiden el pleno desarrollo de la persona humana y previenen la participación efectiva de todos en la vida política, económica, social y cultural.
El Estado se esfuerza por promover los derechos políticos de la mujer aumentando sus oportunidades de acceso a la representación en las asambleas elegidas.
El Estado se esfuerza por promover la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y alienta la promoción de la mujer a puestos de responsabilidad en las instituciones y administraciones públicas y en las empresas.
44.La participación de la mujer en el mercado de trabajo ha aumentado considerablemente gracias a la nueva política de empleo aprobada por el Gobierno en 2008. Así pues, la presencia de la mujer en el mercado de trabajo aumenta en forma sostenida: entre 1962 y 2017, el número de mujeres que trabajan aumentó de 90.500 (el 5,2% de la población económicamente activa) a 1,965 millones (18,9%) en septiembre de 2017 (encuesta de la Oficina Nacional de Estadística).
45.El Código Penal, en su artículo 341 bisdestaca la sanción que conlleva el acoso de la mujer en el lugar de trabajo: una pena de prisión de dos meses a un año y una multa de 50.000 a 100.000 dinares. En caso de reincidencia, se duplicará la pena.
46.Argelia ha adoptado una serie de medidas constitucionales, legislativas y prácticas con el fin de promover una mayor participación de la mujer en la esfera pública. Estas incluyen, entre otras cosas, la aplicación del artículo 31 bisde la Constitución revisada de 2008 mediante la Ley Orgánica de 12 de enero de 2012, por la que se establecen las modalidades de acceso de la mujer a la representación en las asambleas electivas, lo que ha posibilitado un aumento considerable del número de mujeres en las asambleas electivas de nivel municipal (de 105 en 2007 a 4.142 en 2017), provincial ( wilaya ) (de 133 en 2007 a 586 en 2017) y parlamentario (de 30 en 2007 a 121 en 2017).
47.La Ley Orgánica de Partidos Políticos asigna al partido político la responsabilidad de “promover los derechos políticos de la mujer” e introduce nuevas disposiciones para fortalecer la presencia y la participación de la mujer en los partidos políticos, en particular mediante:
El requisito de una proporción representativa de mujeres entre los miembros fundadores de los nuevos partidos políticos
El requisito de la presencia de una proporción representativa de mujeres entre los participantes en el congreso (congresistas) del partido político
El requisito de la presencia de una proporción de mujeres en los órganos directivos del partido político y de que esta condición se enuncie claramente en los estatutos del partido
48.Estas medidas han permitido a Argelia sumarse a los 30 países que han alcanzado el objetivo del Programa de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2015).
49.El estatuto de la mujer en el Código de la Familia, desde su reforma de 2005, reforzó los derechos de la mujer mediante las siguientes innovaciones:
El matrimonio se celebra mediante un contrato consensual que requiere el consentimiento de ambos cónyuges.
El matrimonio se declara nulo si el consentimiento de uno de los cónyuges es defectuoso.
La edad legal de matrimonio es 19 años para la mujer y para el hombre.
La mujer celebra su matrimonio en presencia de su wali (guardián o ayudante), que puede ser cualquier persona de su elección.
El wali no puede obligarla a contraer matrimonio ni oponerse a su elección.
Los cónyuges tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que se enumeran en el Código de la Familia.
Los cónyuges deben ponerse de acuerdo sobre el manejo de los asuntos de la familia.
50.Con respecto a la poligamia, se han instituido condiciones draconianas en el Código de la Familia, que estipula en su artículo 8 que la poligamia está permitida únicamente:
Con la autorización de un juez
Con el consentimiento libre de la esposa anterior y el de la futura
La verificación de que el marido tiene motivo justificado
Si se cumplen las condiciones de equidad entre las esposas y el marido reúne y asegura las condiciones necesarias para la vida conyugal (vivienda separada, trabajo)
51.La mujer puede demandar el divorcio por la infracción de las cláusulas contenidas en el contrato de matrimonio o por el procedimiento llamado jolh. En caso de divorcio, el derecho de tutela se asigna a la madre, sobre los hijos bajo su custodia. El marido está obligado por ley a asegurar, en caso de divorcio, una vivienda digna para los hijos menores de edad que estén bajo la custodia de la madre o, en su defecto, su alquiler.
Respuesta 10
52.Las reformas que se han incorporado al Código Penal y que figuran en el párrafo 103 del informe, constituyen un adelanto considerable hacia la erradicación de la violencia en todas sus formas y conceden a la víctima medios jurídicos para entablar acciones judiciales contra el autor mediante la asistencia letrada prevista en la legislación (véanse los cuadros 5 y 6 sobre estadísticas relativas a la asistencia judicial).
53.A fin de preservar la dignidad de las mujeres divorciadas que se hallen en una situación social difícil y de satisfacer, en particular, sus necesidades materiales, se han adoptado nuevas medidas de asistencia material y económica consistentes en asignarles una pensión alimenticia, con cargo a un fondo especial creado en virtud de la Ley núm. 15-01, de 4 de enero de 2015.
54.El hecho de que el perdón previsto en la legislación argelina sobre la violencia contra el cónyuge solo sea aplicable a actos tipificados como faltas se fundamenta únicamente en el objetivo de preservar la unión de la familia. Sin embargo, si el acto reviste carácter penal, como la violación, esta medida (el perdón de la víctima) no está permitida.
55.En cuanto a las medidas adoptadas para alentar a las víctimas mujeres a vencer el miedo a las represalias, el Código de Procedimiento Penal establece medidas de protección cuando la vida de las víctimas, su integridad física o la de sus familiares o allegados o sus intereses fundamentales se ven seriamente amenazados.
56.En 2007 se elaboró una estrategia nacional para combatir la violencia contra la mujer y se encomendó su aplicación a una comisión nacional integrada por representantes de diferentes ministerios competentes, asociaciones que trabajan para combatir la violencia contra la mujer, académicos y expertos.
57.La atención de las mujeres que han sido víctimas de la violencia o están en situación de desamparo está a cargo de centros nacionales de acogida para mujeres y niñas víctimas de la violencia. Se prevé la creación de dos nuevos centros. Estos ofrecen:
La acogida, el alojamiento y la prestación de atención médica y socio-psicológica por servicios calificados de salud, a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia o en circunstancias difíciles que son admitidas a esos centros
La protección de las mujeres de los problemas sociales
El establecimiento de un diagnóstico psicológico de las mujeres admitidas a fin de ofrecerles una atención integral
La reconciliación de las mujeres con su entorno familiar y su reinserción social
La valorización de las mujeres mediante su autonomía financiera
La provisión de formación profesional básica
58.Además de los dos centros mencionados, el Gobierno cuenta con otros establecimientos de alojamiento temporal, como los cinco establecimientos Diar-Rahma (en Argel, Constantina, Orán, Skikda y Ouargla) y seis anexos. Cabe mencionar que hay centros de orientación y alojamiento de organizaciones de la sociedad civil que funcionan durante todo el año. A estos se suman:
Las líneas de atención telefónica gratuitas (1.527)
El espacio de mediación familiar y social
El equipo de tareas de asesoramiento familiar
59.En la esfera de la sensibilización y el fomento de la labor creativa relativa a la lucha contra la violencia, se ha instituido un premio nacional para combatir la violencia contra la mujer, a fin de alentar a la población a elaborar trabajos científicos y culturales sobre este tema.
60.Además, de conformidad con los procedimientos jurídicos que requieren dar a los menores de edad un trato diferenciado, los organismos de seguridad han establecido brigadas especiales denominadas Brigadas de Protección de Menores, que son entidades de orientación que funcionan a nivel de la comunidad y tienen por objeto prevenir cualquier acto de delincuencia contra menores de ambos sexos, o que estos pudieran cometer.
61.Por último, y en lo que respecta a datos sobre las causas judiciales relacionadas con la violencia contra la mujer, véase el cuadro 2.
Respuesta 11
62.La aplicación de las disposiciones previstas en la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional permitió encontrar una solución a la dolorosa cuestión de los casos de desaparición que presuntamente se produjeron durante la tragedia nacional.
63.Se materializó a través de la adhesión voluntaria de las familias de las personas presuntamente desaparecidas, que recibieron indemnizaciones y subsidios sociales adecuados.
64.Argelia participa desde hace muchos años en un diálogo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias para aclarar definitivamente los presuntos casos de desaparición.
65.En este marco, en diciembre de 2013 el Gobierno dirigió una invitación a ese mecanismo, y actualmente se están estudiando los arreglos prácticos correspondientes.
Respuesta 12
66.Argelia ha realizado importantes progresos en relación con la cuestión de la pena de muerte mediante su abolición como castigo de un gran número de delitos en que estaba prevista. Sigue en vigor únicamente en casos de delitos de sangre, terrorismo y asuntos graves relacionados con la seguridad del Estado, como se indica en el informe.
67.El artículo 293 bis1 del Código Penal tipifica como delito el secuestro de menores de 18 años. Su primer párrafo establece la pena de reclusión a perpetuidad, mientras que el segundo prevé la pena de muerte en los casos en que los actos cometidos provocaron la muerte de la víctima.
68.La moratoria de la pena de muerte que observa Argelia desde 1993 se mantiene.
69.En los últimos años el número de personas condenadas a muerte ascendió a un total de 269. En el marco de la moratoria, las penas impuestas a estas personas se conmutarán a prisión perpetua.
Respuesta 13
70.La salud reproductiva y la planificación familiar forman parte integrante de la política nacional de salud, ya que constituyen una dimensión esencial de la política nacional de población y desarrollo.
71.El organigrama del Ministerio de Salud incluye una estructura central encargada de la planificación familiar y cuenta con un Comité Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que reúne a profesionales de la salud y representantes de asociaciones que trabajan en esta esfera. El Comité ha contribuido, entre otras cosas, a la normalización de las actividades relacionadas con la salud reproductiva y los métodos anticonceptivos, la revisión y ejecución de programas de formación continua y la determinación de los subprogramas prioritarios relacionados con la salud reproductiva. A nivel descentralizado, desde 1997 un departamento u oficina se encarga de esta cuestión.
72.El conocimiento de los métodos anticonceptivos está muy generalizado. Las diversas encuestas realizadas hasta la fecha así lo demuestran. Estos considerables avances en materia del conocimiento de métodos anticonceptivos guardan relación, por un lado, con la ampliación de los servicios de planificación familiar en todo el país y, por el otro, con actividades de información y sensibilización de toda la población, así como la integración de conceptos relativos a cuestiones de población, en particular de salud reproductiva y planificación familiar, en los programas de educación y alfabetización. Por lo tanto, la ignorancia de la anticoncepción ya no es un obstáculo para la planificación familiar.
73.En Argelia, el principio básico del programa nacional de planificación familiar es la adhesión libre, voluntaria e informada de las parejas.
74.La Ley núm. 85-05, en su artículo 72, establece que el aborto terapéutico se considera una medida indispensable para salvar la vida de la madre en peligro o preservar su equilibrio fisiológico y mental gravemente amenazado. El aborto es realizado por un médico en un entorno apropiado, tras la realización de un reconocimiento conjunto con un médico especializado.
75.El Estado parte no dispone de una fuente fiable para estimar el número de abortos clandestinos, prohibidos por ley.
76.La tasa de mortalidad materna en Argelia se estima en 57,7 por cada 100.000 nacidos vivos en 2016, en comparación con 117 por cada 100.000 nacidos vivos en 1999 y con 230 por cada 100.000 nacidos vivos en 1989. La tasa de mortalidad materna relacionada con el aborto, según el sistema de registro obligatorio de muertes maternas supervisado mediante auditorías sistemáticas de las muertes maternas, no registra ningún caso de muerte a causa de un aborto desde su establecimiento en julio de 2013.
77.El Estado parte no tiene previsto modificar su legislación para establecer excepciones adicionales a la prohibición del aborto ni despenalizarlo.
Respuesta 14
78.La Constitución de Argelia tipifica como delito la vulneración de la integridad física de las personas. El uso de la tortura y otros malos tratos para obtener una confesión es un delito grave, pasible de una pena de 10 a 20 años de prisión (art. 263 bis, 263 tery 263 quater del Código Penal).
79.Se impondrá la pena de prisión perpetua cuando se hayan infligido torturas corporales a una víctima de secuestro, reclusión, detención o privación ilícita de la libertad (art. 293 del Código Penal).
80.Se han introducido cambios legislativos importantes a fin de consolidar y fortalecer los mecanismos existentes para la prevención de los malos tratos durante la detención. Cabe destacar los principales cambios en la materia introducidos en virtud de la nueva Constitución, y de los Decretos núms. 15-02, de 23 de julio de 2015, y 17-07, de 27 de marzo de 2017, por los que se modifica y complementa el Código de Procedimiento Penal.
81.En lo que respecta a las facultades de la policía de seguridad militar en virtud de la nueva enmienda del Código de Procedimiento Penal introducida por el Decreto núm. 17-07, este estipula en el artículo 15 bis, que las funciones de estos servicios ahora se limitan a los hechos delictivos que atentan contra la seguridad del Estado definidos por el Código Penal.
82.En lo que respecta a los mecanismos de denuncia de que disponen las víctimas de malos tratos, los tribunales están obligados a recibir e investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas por los servicios de seguridad en el ejercicio de sus funciones e informar a la Cancillería o a una oficina especial sobre el seguimiento de estas.
83.En cuanto a las cifras de enjuiciamiento penal contra los funcionarios encargados de aplicar la ley por los actos de esta naturaleza, cabe señalar que durante el período examinado, se entablaron 258 procedimientos por hechos de violencia, 6 por actos de tortura y 33 actuaciones penales por abuso de autoridad.
84.Las nuevas disposiciones de 23 de julio de 2015 prevén, en su artículo 52, párrafo 4, que la detención preventiva tendrá lugar únicamente en locales destinados a tal fin que sean conocidos por la fiscalía y que respeten la dignidad de la persona. Estos lugares están sujetos al control de los fiscales competentes (civiles o militares), que los inspeccionan periódicamente.
Respuesta 15
85.El uso de la tortura para obtener confesiones es un delito grave, castigado con 10 a 20 años de reclusión penal. Una vez probado el delito e identificado el autor, la confesión obtenida con violencia no puede ser tenida en cuenta para el juicio de la víctima.
86.Cabe recordar las disposiciones del Código de Procedimiento Penal relativas a la prueba que estipulan que la validez de la confesión, al igual que todas las demás pruebas, queda a discreción del juez y la ley prevé, en el contexto de los procedimientos de prueba, que las actas y los informes en que constan los crímenes y hechos delictivos solo tienen valor informativo.
87.Actualmente, con la capacidad científica y técnica que poseen los servicios de seguridad, la confesión se usa cada vez menos como prueba.
Respuesta 16
88.Toda detención que contravenga las disposiciones constitucionales, así como los procedimientos legislativos previstos por la ley, constituye un delito grave, que sanciona:
Al funcionario que cometa u ordene un acto arbitrario o que atente contra la libertad individual, o contra los derechos civiles de uno o varios ciudadanos.
A los funcionarios, los miembros de la fuerza pública, los titulares de la autoridad pública y los agentes de la policía administrativa o judicial que, deliberadamente o por negligencia, hagan caso omiso de una reclamación legal cuyo objetivo sea constatar detenciones ilegales o arbitrarias.
A todo agente de reeducación de un establecimiento penitenciario o de un local destinado a la custodia de detenidos que haya recibido a un preso sin un mandamiento de detención regular o que se haya negado, sin justificación del juez de instrucción, a hacer comparecer a ese preso ante las autoridades o a las personas facultadas para visitarlo, o se haya negado a presentar registros a las personas competentes.
89.El principio general de que “todo daño conlleva reparación” puede invocarse cuando se basa en una sentencia firme de que una persona ha sido víctima del mal funcionamiento del sistema de justicia. El Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la rehabilitación y la indemnización.
Respuesta 17
90.La Constitución de 7 de febrero de 2016 dice en su artículo 59 que “nadie puede ser procesado, detenido ni encarcelado sino en las condiciones y según las formas que fija la ley”.
91.Con respecto a la detención preventiva, se ha incluido en el Código de Procedimiento Penal una nueva disposición que impide al juez de instrucción dictar la detención preventiva de una persona que haya cometido un delito castigado con una pena de prisión de tres años o menos, salvo en el caso de las personas que tengan antecedentes penales.
92.Si existen contra una persona indicios graves y concordantes que motiven su inculpación, la policía judicial puede detenerla durante 48 horas antes de presentarla al tribunal. La detención preventiva puede prolongarse, previa autorización escrita de Fiscal de la República, en virtud del artículo 51 del Código de Procedimiento Penal. Esta prolongación excepcional se justifica por la naturaleza misma del delito, a menudo organizado, a veces incluso transnacional, que requiere tiempo para rastrear grupos delictivos organizados y desmantelar redes a veces muy complejas.
93.En 2015 los legisladores argelinos tomaron varias medidas para fortalecer los derechos de las personas detenidas. Estas medidas pueden desglosarse del siguiente modo.
94.Mejoras introducidas por el Código de Procedimiento Penal (Orden núm. 15-02, de 23 de julio de 2015):
Posibilidad de recurrir a un intérprete que ayude al detenido extranjero (o nacional)
Derecho del detenido a comunicarse inmediatamente con una persona de su elección entre sus ascendientes, descendientes, hermanos o hermanas o cónyuge
Posibilidad de que la persona detenida pueda llamar por teléfono a su abogado y recibir su visita en una zona segura que garantice el secreto de la conversación bajo la vigilancia del oficial de policía judicial
Derecho del detenido extranjero a comunicarse con su empleador o con la representación diplomática o consular del Estado del que sea ciudadano
95.Novedades introducidas por la Ley de Protección del Niño, de 15 de julio de 2015:
Un psicólogo puede ayudar en la audiencia del niño.
Un niño menor de 13 años que presuntamente ha cometido o intentado cometer un delito no puede ser objeto de detención policial.
La detención preventiva de un niño no puede durar más de 24 horas.
Un niño en detención preventiva debe ser objeto de un examen médico al principio y al final de la detención por un médico que ejerza en la jurisdicción del tribunal, designado por el representante legal del niño o, en su defecto, por el oficial de policía judicial.
Los certificados médicos deben adjuntarse al expediente so pena de nulidad.
La detención preventiva debe efectuarse en locales adecuados y en el marco del respeto de la dignidad humana y las particularidades y necesidades del niño, y que sean independientes de los locales destinados a los adultos.
El fiscal y el juez de menores de cada jurisdicción territorial deben visitar los lugares destinados a la detención preventiva periódicamente y por lo menos una vez por mes.
96.En el contexto de la detención preventiva, habida cuenta de la respuesta proporcionada en el primer informe, las cifras correspondientes al período de 2013 a 2017 fueron las siguientes:
Número de personas detenidas de forma preventiva (45.500)
Promedio de personas en detención preventiva en relación con el número total de presos: 10,93%
97.La prolongación de la duración de la detención preventiva de los casos relacionados con el terrorismo no puede aplicarse a otros delitos, y sigue bajo la supervisión de la fiscalía, que tiene la obligación de investigar toda excepción en este sentido.
98.El funcionario encargado de la aplicación de la ley que contraviene las disposiciones del artículo 51 bisdel Código de Procedimiento Penal relativas a las visitas de los familiares, los abogados y las consultas con los médicos es pasible de sanciones (véase el cuadro 19 sobre las visitas a los lugares de detención preventiva).
Respuesta 18
99.Las disposiciones del artículo 175 bisdel Código Penal no contradicen en modo alguno las disposiciones del artículo 12 del Pacto, que prevé restricciones, siempre que sean necesarias por razones de seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros.
100.El artículo 175 del Código Penal penaliza a toda persona que abandona el territorio ilegalmente utilizando para salir un puesto de frontera con documentos falsificados, una identidad falsa u otros medios fraudulentos. Tipifica como delito el hecho de salir del territorio nacional por lugares de paso distintos de los puestos de fronteras conocidos y aceptados.
101.Para las sentencias dictadas sobre la base del artículo 175 bisdel Código Penal, véase el cuadro en el anexo núm. 4.
Respuesta 19
102.Argelia ratificó la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, mediante el Decreto núm. 63-274, de 25 de julio de 1963, que fija las modalidades de aplicación de la Convención.
103.Una orden de expulsión contra un refugiado solo puede ejecutarse de conformidad con las condiciones y modalidades fijadas en el artículo 220 de la Convención de Ginebra de 1951. Se está elaborando un proyecto de ley sobre asilo.
104.Con respecto a la expulsión de los migrantes ilegales, cabe señalar que a veces las autoridades oficiales toleran su presencia en el país, siempre que no participen en actividades delictivas (falsificación de documentos o de moneda, trata de personas, mendicidad infantil). Toda actividad que atente contra el orden o la seguridad expone a estas personas a una orden de traslado tras su identificación por las autoridades consulares de su país de origen.
Respuesta 20
105.La revisión constitucional de 7 de febrero de 2016 ha confirmado, en sus artículos 56 y 57, el principio de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a la asistencia jurídica.
106.La Ley núm. 09-02, de 25 de febrero de 2009, relativa a la asistencia letrada, introdujo nuevas disposiciones que conceden el beneficio de la asistencia letrada ante los tribunales ordinarios y administrativos en forma gratuita y para medidas cautelares a:
Las personas físicas y las personas jurídicas sin fines de lucro cuyos recursos sean insuficientes
Los extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular cuyos recursos sean insuficientes
Las personas que no cumplan las condiciones de la citada Ley, con carácter excepcional
107.La Ley también prevé la designación de un abogado de oficio en los siguientes casos:
Un menor ante una jurisdicción penal
Un acusado ante un tribunal penal
Un imputado con invalidez
108.Además, se prevé la concesión automática de asistencia letrada a las siguientes personas:
Las viudas
Las hijas solteras de un shahid (mártir)
Los inválidos de guerra
Los menores imputados
La madre en relación con la custodia del hijo
Los trabajadores en relación con accidentes de trabajo
Las víctimas de trata de personas o tráfico de órganos
Las víctimas de tráfico ilícito de migrantes
Las víctimas de terrorismo y las personas con discapacidad
109.Cabe señalar que se han hecho esfuerzos considerables para modernizar el sector de la justicia, facilitando el acceso a la justicia mediante la informatización generalizada de todos los servicios judiciales, el establecimiento de un sistema de gestión automatizada de las causas judiciales, ventanillas únicas en todos los tribunales, la conexión de intranet entre todos los tribunales y una plataforma en la web que da a los ciudadanos acceso a los distintos servicios judiciales y a la información y les permite enviar mensajes por correo electrónico al Ministerio de Justicia y a los tribunales.
Respuesta 21
110.La reforma constitucional de 2016 ha introducido nuevas disposiciones para reforzar la independencia de los jueces, en particular los artículos 166 y 176. La Ley Orgánica núm. 04-11, de 6 de septiembre de 2004, sobre el Estatuto de la Magistratura, las atribuciones y su funcionamiento ya garantizaba ese principio.
111.Esta Ley será objeto de una futura modificación destinada a facilitar su armonización con las nuevas disposiciones constitucionales.
112.La introducción y el uso generalizado y sistemático de la tecnología de la información y de las comunicaciones para la modernización de la justicia ha dado lugar a la mejora del funcionamiento del sector, incluidos los enjuiciamientos, así como todos los servicios públicos asignados al sector (antecedentes penales, certificado de ciudadanía, estado civil).
Respuesta 22
113.La Constitución de Argelia dispone en su artículo 42: “La libertad de conciencia y la libertad de opinión son inviolables. La libertad de culto está garantizada dentro del respeto de la ley”.
114.La libertad de culto para la práctica del islamismo está regulada por el Decreto Ejecutivo núm. 91-81, de 23 de marzo de 1991, sobre el estatuto de las mezquitas, que fue revisado y modificado mediante Decreto Ejecutivo núm. 13-377, de 9 de noviembre de 2013.
115.Las religiones distintas del culto musulmán se rigen por la Orden núm. 06-03, de 28 de febrero de 2006, que establece las condiciones y normas para la práctica y se inspira en las mismas disposiciones que son aplicables a la fe musulmana.
116.Tanto para el islamismo, la religión de prácticamente todos los argelinos, como para las demás religiones, las limitaciones al ejercicio son las previstas en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
117.Por lo tanto, los Estados reconocen expresamente en virtud de la legislación internacional el derecho de intervenir, en el marco de la ley, para salvaguardar el orden público o las libertades fundamentales de terceros, y en Argelia el ejercicio de todas las religiones se rige por este marco.
118.Si bien la manifestación de las creencias religiosas de los ciudadanos es libre, el ejercicio del culto colectivo debe guiarse por las siguientes consideraciones:
Los organizadores deben obtener la aprobación de la asociación religiosa.
El culto debe celebrarse en un lugar declarado, apropiado y conocido.
El sermón debe ser pronunciado por una persona cualificada autorizada por la Autoridad Nacional de Culto (Ministerio de Asuntos Religiosos y Wakfs).
119.La igualdad de trato de las religiones en Argelia se pone de relieve mediante la celebración de todas las fiestas religiosas, sean musulmanas, cristianas o judías.
120.Por último, al igual que las asociaciones islámicas, las asociaciones religiosas de cultos distintos del islamismo reciben la asistencia y protección del Estado, y los “ministros” de nacionalidad argelina, como los imanes, reciben una remuneración pagada por el Estado. Lo mismo es válido para el mantenimiento de los lugares de culto y los cementerios.
121.Los ciudadanos argelinos que se consideran ahmadíes son enjuiciados ante los tribunales por infringir las leyes y no por sus creencias religiosas. En Argelia no hay presos de conciencia ni se hostiga a nadie por su pertenencia a una religión.
122.No existe acoso judicial ni restricciones a las libertades fundamentales, sino un procedimiento ordinario, sin ninguna vinculación con el ejercicio de la libertad religiosa garantizada por la Constitución.
123.La legislación argelina no sanciona en absoluto la conversión de un argelino del islamismo a otra religión.
Respuesta 23
124.La Ley núm. 90-07, de 3 de abril de 1990, relativa a la información, fue derogada por la Ley Orgánica núm. 12-05. Esta última es compatible con el artículo 19 del Pacto en que se dispone expresamente en su artículo 2 el ejercicio del derecho a la libertad de información.
125.La Ley dispone en su artículo 3 que “de conformidad con la Ley Orgánica núm. 12-05 se entiende por actividad de información toda publicación o difusión de hechos de actualidad, mensajes, opiniones, ideas y conocimientos... destinados a la población o a un grupo de población”. Estas aclaraciones se remiten a la libertad de publicar, editar y difundir hechos de actualidad, información, mensajes, opiniones y conocimientos destinados a un grupo de la población.
126.En el artículo 3 también se señala que la difusión de información se lleva a cabo en todos los medios: escritos, audiovisuales, electrónicos y sonoros. Esta disposición está en consonancia con el párrafo 2 del artículo 19 del Pacto, que garantiza la difusión de información en todas las formas.
127.El artículo 2 de la Ley Orgánica de Información también prevé, en el marco del deber de la rendición de cuentas, restricciones como las establecidas en el artículo 19 del Pacto relativas a la necesidad de respetar:
A la persona humana y los derechos conexos
El derecho a la información
Los requisitos del orden público, la seguridad y la defensa nacional
Las libertades individuales y colectivas
La libertad de conciencia y de religión
La Constitución y las leyes de la República
Los valores sociales
El secreto de la instrucción judicial
128.El requisito impuesto a las publicaciones periódicas de declarar y justificar el origen de los fondos que constituyen su capital social y que son necesarios para su gestión está motivado por el deseo de garantizar la transparencia y la rastreabilidad de dichos fondos. También puede impedir la concentración de títulos y órganos que pueden ser perjudiciales para el principio de pluralismo de las corrientes de pensamiento y opinión (art. 2, párr. 11, de la Ley Orgánica).
129.Aunque el artículo 84 prevé algunas limitaciones que podrían restringir el derecho de acceso a las fuentes de información, estas limitaciones son compatibles con el artículo 19 del Pacto, debido a que reflejan en esencia, las disposiciones del artículo 2 de la Ley Orgánica que, como se ha demostrado anteriormente, son compatibles con las restricciones autorizadas por el Pacto.
130.El artículo 92 de la Ley Orgánica está en consonancia con el artículo 2 en el sentido de que recomienda la observancia de los requisitos deontológicos y éticos tendientes a salvaguardar el derecho de los ciudadanos a la información completa, objetiva y respetuosa de los derechos humanos al prohibir la apología del racismo, el colonialismo, la intolerancia, la violencia, el plagio, la calumnia, la difamación y el aprovechamiento del prestigio que da la profesión, entre otras cosas.
131.La próxima creación de un Consejo Superior de Ética y Deontología, que se encargará de la preparación y aprobación de una carta de ética y normas deontológicas para su utilización por los profesionales de los medios de comunicación, tiene por objeto, en última instancia, la regulación de la actividad periodística por la propia empresa (autorregulación), dado que el Consejo está integrado exclusivamente por periodistas elegidos por sus pares.
132.Las sanciones son de naturaleza monetaria y tienen por objeto establecer un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos de las personas. Reemplazan a las penas de prisión por delitos relativos a los actos que atentan contra muchos derechos reconocidos, a saber:
El derecho de los ciudadanos a ser informados de manera justa y equitativa
El derecho de toda persona a un juicio justo e imparcial
El derecho de respuesta
El derecho de los ciudadanos a la protección
133.Cabe recordar también que el plazo de prescripción de los delitos cometidos por medio de la prensa es de seis meses, a partir de la fecha en que se cometieron (art. 124 de la Ley).
134.El Consejo Superior de Ética y Deontología, así como la Autoridad Reguladora de la Prensa Escrita aún no se han establecido. Su establecimiento dependía de la identificación de periodistas mediante el suministro de credenciales de periodistas profesionales, que se completó en 2016, y que permitirá la celebración de elecciones para la designación de los miembros de esos dos órganos.
135.El Órgano Nacional de Prevención y Lucha en materia de Delitos relacionados con la Tecnología de la Información y las Comunicaciones funciona desde 2015. Establecido en virtud del artículo 13 de la Ley núm. 09-04, de 5 de agosto de 2009, el Órgano establece normas especiales relativas a la prevención y lucha en materia de delitos relacionados con la tecnología de la información y las comunicaciones, y el Decreto Presidencial núm. 15-261, de 8 de octubre de 2015, regula la composición, la organización y el funcionamiento del Órgano.
136.El Órgano depende del Ministerio de Justicia y es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica y autonomía financiera, dotado de jueces, oficiales y agentes de la policía judicial. Se encarga de elaborar un plan para prevenir y combatir los delitos informáticos y de proponer elementos para la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha en materia de Delitos relacionados con la Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
137.Con respecto a las garantías de la libertad de expresión de los periodistas, estas figuran en la Ley Orgánica de Información, que reitera en todas sus disposiciones el libre ejercicio de la actividad de información (arts. 1, 2, 11, 34 y 72). En virtud de los artículos 82 a 85 se otorga el derecho de acceso a las fuentes de información, el derecho al secreto profesional y el reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas.
138.En relación con las medidas adoptadas para el establecimiento de medios de comunicación privados, en particular de televisión y radio, con libertad para ejercer sus funciones de manera independiente, el Estado argelino ha transferido a una autoridad independiente, a saber, la Autoridad de Regulación de los Medios Audiovisuales, un organismo que goza de personalidad jurídica y autonomía financiera (art. 64 de la Ley Orgánica), su facultad de concesión de licencias a personas físicas y jurídicas que deseen establecer un medio de comunicación.
139.Por último, la información según la cual los medios de comunicación presuntamente críticos de las autoridades serían objeto de represalias, incluida la suspensión arbitraria, la Ley no prevé el enjuiciamiento de un profesional de los medios de comunicación en el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, según el principio universal de que “no hay castigo sin ley”, las denuncias según las cuales las represalias o suspensiones por artículos presuntamente críticos son infundadas y podrían referirse delitos de derecho común o de derecho privado sin relación alguna con el estatuto de los periodistas profesionales.
140.Con respecto a las estadísticas judiciales sobre denuncias interpuestas y enjuiciamientos iniciados en virtud de los artículos 96, 144, 144 bis 2, 146, 296 y 298 del Código Penal, véanse los cuadros núms. 7 a 11.
141.En lo referente a las estadísticas judiciales solicitadas respecto de las denuncias presentadas y las actuaciones incoadas sobre la base de los artículos 97, 98 y 100 del Código Penal, véanse los cuadros núms. 12 a 16.
Respuesta 24
142.Argelia garantiza la libertad de reunión y de manifestación pacífica. Se ha reforzado aún más mediante la última revisión de la Constitución de 7 de febrero de 2016.
143.Se está elaborando un proyecto de ley sobre la libertad de reunión y de manifestación pacífica. Tiene por objeto reforzar las garantías de su ejercicio y simplificar y facilitar las modalidades correspondientes, teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes del Relator Especial sobre el tema, así como las mejores prácticas adoptadas por otras leyes en todo el mundo.
144.El ejercicio de la libertad de reunión y manifestación pacífica se rige por las disposiciones de la Ley núm. 28-89, de 31 de diciembre de 1989, modificada y complementada por la Ley núm. 19-91, de 2 de diciembre de 1991. Esta Ley establece, en su artículo 2, una definición precisa de reunión pública.
145.Además, si bien la Ley núm. 28-89, modificada y complementada consagra la defensa de la libertad de reunión y manifestación, impone ciertos límites al ejercicio de esta en cuatro ámbitos en virtud del artículo 9 de la Ley, que afirma que “queda prohibido, en toda reunión o manifestación, oponerse a los valores nacionales, atentar contra los símbolos de la revolución del 1 de noviembre, el orden público y las buenas costumbres”.
146.Estos límites se inscriben en el marco del respeto de los requisitos de forma y de fondo previstos en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
147.La celebración de un acto público sin el permiso necesario, o si se lo ha prohibido, constituye una violación de las disposiciones de la ley. El acto se considera un tumulto, puede dispersarse y sus autores pueden ser procesados.
148.En este contexto, y a título indicativo, en 2016 y el primer trimestre de 2017, se registraron al menos 303 manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional. El número de solicitudes para celebrar reuniones presentadas durante el período de que se informa ascendió a 313, de las cuales 10 se rechazaron, lo que equivale a solo el 3%.
149.Así pues, el número de casos de denegación de solicitudes de autorización sigue siendo insignificante en comparación con el número de autorizaciones otorgadas a los organizadores, y existe la posibilidad de recurrir ante el tribunal administrativo competente.
150.Como se menciona en el informe, las limitaciones impuestas a la organización de manifestaciones en Argel no pretende en modo alguno privar a los ciudadanos de esta libertad. Por el contrario, el Gobierno las ha establecido para mantener el orden público, así como la seguridad, la salud y la tranquilidad de los ciudadanos, y en particular las de los organizadores de las reuniones.
151.A ese respecto, conviene señalar que en algunas partes del país quedan vestigios de grupos terroristas que no han cesado de lanzar amenazas de atentados terroristas contra la capital, Argel, y otras ciudades importantes del país, por lo que esta medida está destinada principalmente a impedir que esto suceda y evitar la infiltración de terroristas entre la multitud.
152.Sin embargo, y a pesar de estos riesgos y dificultades, periódicamente se organizan en Argel y en otras ciudades, manifestaciones y protestas sin las autorizaciones necesarias.
153.No existe prohibición alguna de la organización de manifestaciones pacíficas en Orán.
154.Los expertos de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) han elaborado un Código de Ética Policial destinado a los agentes de policía que proporciona la base jurídica para los procedimientos administrativos disciplinarios relativos a casos de violaciones de ética policial por personal de seguridad nacional, así como una Guía de Ética Policial de bolsillo, que incluye textos explicativos simplificados de los principales artículos del Código, que también se señaló a la atención de todo el personal de la DGSN, con miras a mejorar la difusión y la aplicación estricta de las normas y los principios de la ética policial.
Respuesta 25
155.En Argelia toda persona tiene derecho a asociarse libremente. Esta libertad está garantizada por la Constitución en su artículo 41. La Ley núm. 12-06, de 12 de enero de 2012, regula el ejercicio de ese derecho.
156.La revisión constitucional de 2016 reafirmó y fortaleció esta libertad mediante la promulgación de la Ley Orgánica, que introduce el concepto de democracia participativa a nivel local (art. 14), lo que permitirá la participación activa de la sociedad civil en la gestión de los asuntos públicos.
157.El artículo 2 de la Ley núm. 12-06, de 12 de enero de 2012 incluye la definición de asociaciones, así como el marco en que se ejerce la libertad de asociación, estableciendo determinadas condiciones respecto del propósito y la finalidad de la asociación.
158.Por otra parte, cabe señalar que, a pesar de que el Pacto ofrece la posibilidad de establecer restricciones legales al ejercicio de este derecho por los “miembros de las fuerzas armadas y la policía”, la Ley núm. 12-06 relativa a las asociaciones no prevé restricciones de esta índole a las asociaciones de carácter general, lo que demuestra la evolución de la legislación nacional sobre las asociaciones en este ámbito.
159.El artículo 8 dispone que la administración debe examinar la conformidad del expediente presentado y notificar en un plazo razonable a la asociación de la categoría asignada.
160.El artículo 30 define las condiciones relativas a la financiación extranjera de las asociaciones en el marco de un acuerdo de asociación, que establece el ámbito de la cooperación, los objetivos previstos, así como los derechos y deberes de las partes interesadas.
161.La aprobación previa que se requiere para la financiación extranjera de las asociaciones contribuye a asegurar la transparencia y la coherencia de la financiación con el objeto de la asociación, de conformidad con las directrices para la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la delincuencia organizada.
162.El artículo 39, relativo a la suspensión o disolución de asociaciones, se aplica raras veces en Argelia. Su aplicación debe notificarse, es de carácter temporal y da derecho a una reparación.
163.Las asociaciones registradas en virtud de la ley anterior, la Ley núm. 90-31, de 4 de diciembre de 1990, deben ajustar sus estatutos a lo previsto en la nueva Ley núm. 12-06, de 12 de enero de 2012, relativa a las asociaciones.
164.Este requisito no impone en modo alguno la obligación de que las asociaciones existentes se sometan a un nuevo proceso de inscripción, en particular porque se concede a las asociaciones un plazo suficiente (dos años), para cumplir este requisito.
Respuesta 26
165.La Constitución de Argelia garantiza en su artículo 70 el derecho de sindicación, que se ejerce a través de la Ley núm. 90-14, de 2 de junio de 1990.
166.Argelia ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98).
167.La organización sindical convoca una asamblea general constituyente que agrupa a sus miembros fundadores de trabajadores o de empleadores de las mismas profesiones, ramas o sectores de actividad, con independencia de su ámbito de competencia, que presentan un acta y aprueban el estatuto de la organización sindical. Esta declaración de constitución se presenta contra entrega de un acuse de recibo a las autoridades competentes, acompañada de la lista de los miembros fundadores, los objetivos de la organización, el nombre y la modalidad de la organización, la jurisdicción territorial y su categoría ocupacional, rama o sector de actividad. La administración tiene un plazo de 30 días para transmitir su respuesta a los miembros fundadores.
168.Desde la entrada en vigor de la Ley, se han registrado 102 organizaciones sindicales de trabajadores y de empleadores, incluidas 65 organizaciones de trabajadores que se incorporaron a la confederación sindical Unión General de Trabajadores de Argelia.
169.El Gobierno recuerda que la citada Ley núm. 90-14, que protege a los trabajadores y los representantes sindicales, contiene un capítulo entero relativo a la protección en el lugar de trabajo.
170.La Ley núm. 90-14 prevé una serie de disposiciones que garantizan la protección de los trabajadores y de los representantes sindicales y todos los delitos cometidos son verificados y enjuiciados por los inspectores del trabajo en el marco de sus obligaciones con arreglo a la Ley núm. 90-03 sobre la inspección del trabajo.
171.La legislación nacional proporciona los medios para asegurar la representación de los delegados sindicales, en particular el ejercicio de sus funciones al servicio de la organización sindical durante un período determinado. Los representantes sindicales tienen derecho a diez horas mensuales remuneradas para desempeñar su mandato.
172.Los trabajadores y los representantes sindicales pueden recurrir a los inspectores del trabajo en el ámbito de la legislación laboral y, en su caso, ante los tribunales competentes para hacer valer sus derechos. Estas instituciones son libres e independientes y ejercen su mandato en el marco de la ley.
173.El Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y el Gas de Sonelgaz es una organización de sindicatos de trabajadores registrada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con la signatura núm. 101, de 30 de diciembre de 2013.
174.El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recibió un acta del oficial de justicia en relación con el asunto Karaoui Mohamed Karaoui, de fecha 7 de octubre de 2017, en la que se pone de relieve la disolución voluntaria por los miembros de la asamblea general del Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores de la Electricidad y el Gas de Sonelgaz. Esta medida adoptada por los miembros figura en el artículo 29 de la Ley núm. 90-14.
175.Por último, las estadísticas muestran que el número total de solicitudes presentadas por los delegados sindicales ante los servicios de Inspección de Trabajo entre 2013 y 2017 asciende a 57, de las cuales 42 corresponden a despidos.
176.Las medidas adoptadas por los empleadores son esencialmente despido, reasignación lateral, baja de categoría, suspensión de la relación laboral e inhabilitación de representantes sindicales de las organizaciones de trabajadores siguientes:
Unión General de Trabajadores de Argelia
Sindicato Nacional Autónomo de Trabajadores Postales
Unión Nacional de Agricultores de Argelia
177.Las razones citadas por los empleadores para los despidos son principalmente faltas de conducta relacionadas con la disciplina en la empresa (faltas de tercer grado), abandono del puesto y huelgas ilegales.
178.A raíz de la presentación de quejas por despidos ante la Inspección del Trabajo, se llevaron a cabo 29 inspecciones laborales, que dieron lugar a 11 actas de infracción ante los tribunales.
179.La tramitación de las solicitudes de conciliación dio lugar a 33 actas de no conciliación y a 1 acta de conciliación y, como resultado del examen de esas solicitudes, 3 de los 42 delegados sindicales despedidos fueron reintegrados.
Respuesta 27
180.La libertad para formar partidos políticos está garantizada en el artículo 52 de la Constitución. El papel y la condición de los partidos políticos se han fortalecido mediante la última revisión de la Constitución de 7 de febrero de 2016 (art. 53).
181.Las condiciones y modalidades para la creación, la organización y el funcionamiento de los partidos políticos se rigen por la Ley Orgánica núm. 12-04, de 12 de enero de 2012, que ha dado lugar a una evolución de la situación, ya que en 2012 había 28 partidos políticos, y en la actualidad hay 70, que representan las diferentes corrientes políticas. Las dos terceras partes de estos, es decir, 43, fueron reconocidos conforme a la nueva Ley.
182.Se otorgó rango constitucional a la oposición parlamentaria, acompañada de una serie de derechos, lo cual le permite ejercer su función. Así pues, el artículo 114 de la Constitución establece que “la oposición parlamentaria goza del derecho a participar efectivamente en el Parlamento y en la vida política. Cada Cámara del Parlamento dedica una sesión mensual a debatir un orden del día presentado por uno o varios grupos parlamentarios de la oposición”.
183.En lo referente a la reforma constitucional de 2008, que suprimió la limitación de los mandatos, y la de 2016, que restableció esa limitación, el pueblo soberano tiene libertad para crear las instituciones que estime apropiado y que haya elegido y, como titular de ese derecho, o por intermedio de sus representantes, puede modificar la Constitución cuando lo juzgue necesario.
184.Con respecto a la participación de la sociedad civil en el contexto de la explotación de los recursos naturales, es importante señalar que el suelo y el subsuelo son propiedad del Estado argelino y que, por lo tanto, no puede haber situaciones o personas que ejerzan este derecho, como podría suceder en otros contextos.