NACIONES

UNIDAS

CCPR 

Pacto internacional

de Derechos Civiles

y Políticos

Distr.

GENERAL

CCPR/C/ALB/2004/1

16 de febrero de 2004

ESPAÑOL

Original: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Informe inicial

ALBANIA*

[2 de febrero de 2004]

_______________

* El presente informe se publica sin revisión editorial, atendiendo al deseo formulado por el Comité de Derechos Humanos en julio de 1999, durante su 66º período de sesiones.

GE.04-40397 (EXT)

ÍNDICE

PárrafosPágina

Introducción1 – 34

I. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL44

II.APLICACIÓN CONCRETA DE LOS ARTÍCULOS DEL

PACTO5 – 14764

Artículo 1.El derecho de libre determinación de todos los

pueblos5 – 204

Artículo 2.Los derechos humanos y la protección de esos

derechos21 – 1426

Artículo 3.Igualdad entre los sexos143 – 26521

Artículo 4.Suspensión de derechos266 – 28353

Artículo 5.Restricción de derechos284 – 30957

Artículo 6.Derecho a la vida310 – 35462

Artículo 7.Prohibición de la tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanos y degradantes355 – 55178

Artículo 8.Prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el

trabajo obligatorio552 – 596106

Artículo 9.Derecho a la libertad y a la seguridad personales597 – 638114

Artículo 10.Derechos de las personas privadas de libertad639 – 750120

Artículo 11.Prohibición del encarcelamiento por el solo hecho

de no poder cumplir una obligación contractual751136

Artículo 12.Derecho a circular libremente y a escoger

libremente el lugar de residencia752 – 769136

Artículo 13.Expulsión de extranjeros770 – 788139

Artículo 14.Igualdad de todas las personas ante los tribunales789 – 874142

Artículo 15.Irretroactividad de las leyes penales875 – 876155

Artículo 16.Derecho al reconocimiento por ley de la

personalidad jurídica877 – 882155

ÍNDICE (continuación)

PárrafosPágina

Artículo 17.Respeto a la vida privada, la familia, el domicilio y

la correspondencia y protección de la honra y la

reputación883 – 938156

Artículo 18.Libertad de pensamiento, de conciencia y de

religión939 – 956164

Artículo 19.Libertad de expresión957 – 1002167

Artículo 20.Prohibición de la propaganda en favor de la guerra

y de la incitación al odio nacional, religioso o racial1003 – 1013172

Artículo 21. Derecho de reunión pacífica1014 – 1029173

Artículo 22.Libertad de asociación y derecho a fundar

sindicatos y a afiliarse a ellos1030 – 1114175

Artículo 23.Protección de la familia, el derecho al matrimonio y

la igualdad de los cónyuges1115 – 1157195

Artículo 24.Derechos del niño1158 – 1278204

Artículo 25.Derecho a participar en los asuntos públicos,

derecho a votar y derecho a tener acceso en

condiciones de igualdad a las funciones públicas 1279 – 1329226

Artículo 26.Prohibición de la discriminación1330 – 1389238

Artículo 27.Derechos de las minorías1390 – 1476247

Introducción

1.La República de Albania presenta al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su informe inicial sobre las medidas que ha adoptado para aplicar los derechos definidos por ese Pacto.

2.Este informe, que Albania presenta como Estado Parte en el Pacto, fue elaborado por un grupo permanente de expertos integrado por representantes del Gobierno de Albania y de organizaciones no gubernamentales tras estudiar, sobre la base de los artículos del Pacto, las cuestiones y la información pertinentes.

3.La República de Albania se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en virtud de su ley No. 7510, de 8 de agosto de 1991, proclamada por el Presidente de la República en el decreto No. 19 el 13 de agosto de 1991. El Pacto fue ratificado el 4 de octubre de 1991 y entró en vigor para Albania el 4 de enero de 1992.

I. INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

4.El marco jurídico general con arreglo al cual se garantizan los derechos civiles y políticos en la República de Albania se ha descrito en la versión corregida y revisada del Documento Básico que Albania presentó a las Naciones Unidas en 2003 (HRI/CORE/1/Add.124).

II. APLICACIÓN CONCRETA DE LOS ARTÍCULOS DEL PACTO

Artículo 1

El derecho de libre determinación de todos los pueblos

5.De conformidad con el principio del derecho de los pueblos a la libre determinación enunciado en la Carta de las Naciones Unidas, la República de Albania respeta la soberanía, la inviolabilidad de las fronteras y la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, el derecho de los pueblos a la libre determinación y los derechos humanos fundamentales.

6.La República de Albania observa las normas internacionalmente aceptadas sobre las relaciones entre los Estados y el principio del fomento de las relaciones y la mutua comprensión entre las naciones.

7.Albania proclamó su independencia el 28 de noviembre de 1912, independencia que fue reconocida por el Tratado de Londres el 30 de mayo de 1913 y por la Decisión de la Conferencia de Embajadores el 29 de julio de 1913. Albania fue aceptada como Miembro de la Sociedad de las Naciones el 17 de diciembre de 1920 y fue admitida como Miembro de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955.

8.La nueva Constitución fue aprobada por el Parlamento el 21 de octubre de 1998, tras la celebración de referendos populares. El preámbulo y los artículos subsiguientes de la Constitución están directamente vinculados al derecho de los pueblos a la libre determinación:

"Nosotros, el pueblo de Albania, orgullosos y conscientes de nuestra historia, teniendo presente nuestra responsabilidad por el futuro y animados por nuestra fe en Dios o en otros valores universales, o por ambas cosas,

Resueltos a construir un Estado social y democrático basado en el régimen de derecho, y a garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Animados de un espíritu de tolerancia y coexistencia religiosa,

Comprometidos a proteger la dignidad del ser humano y la persona, así como la prosperidad de toda la nación, en pro de la paz, el bienestar, la cultura y la solidaridad social, conforme a la aspiración tradicional del pueblo albanés a la identidad y unidad nacional,

Totalmente convencidos de que la justicia, la paz, la armonía y la cooperación entre las naciones constituyen valores supremos de la humanidad,

Promulgamos esta Constitución."

9.De conformidad con el artículo 1, Albania es una república parlamentaria. La República de Albania es un Estado unitario en indivisible. Su régimen gubernamental se basa en elecciones periódicas, realizadas por sufragio universal, libre e igual.

10.La soberanía en la República de Albania radica en el pueblo. El pueblo ejerce su soberanía a través de sus representantes o directamente. Con miras a preservar la paz y los intereses nacionales, la República de Albania puede participar en un sistema de seguridad colectiva, de conformidad con una ley que apruebe al respecto la mayoría de los miembros de la Asamblea (artículo 2).

11.El artículo 3 expresa que la independencia, la integridad territorial, la dignidad del individuo, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la justicia social, el orden constitucional, el pluralismo, la identidad y el patrimonio nacionales, la coexistencia religiosa, la coexistencia con las minorías y la comprensión hacia esas minorías constituyen las bases del Estado, y el Estado debe respetarlas y protegerlas.

12.La ley fundamenta y delimita la actividad del Estado. La Constitución es la ley suprema de la República de Albania. Las disposiciones de la Constitución son de aplicación inmediata, salvo en los casos en que la propia Constitución establece otra cosa (artículo 4).

13.La República de Albania aplica el derecho internacional y reconoce su fuerza vinculante (artículo 5). El artículo 7 de la Constitución determina que el sistema de gobierno de la República de Albania se base en la separación del poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial y en el equilibrio entre los tres poderes.

14.Los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, inalienables e inviolables y constituyen el fundamento de todo el ordenamiento jurídico interno. Los órganos del poder público, en el desempeño de sus funciones, han de respetar los derechos y libertades fundamentales y contribuir a su realización (artículo 15).

15.De conformidad con el artículo 122 de la Constitución, todo acuerdo internacional que ha sido ratificado pasa a ser parte del ordenamiento jurídico interno una vez que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República de Albania. Su aplicación es directa, salvo cuando no es de efecto inmediato y hay que promulgar una ley al respecto. La enmienda, la complementación y la derogación de una ley aprobada por la mayoría de los miembros de la Asamblea a los efectos de ratificar un instrumento internacional también requieren mayoría.

16.Todo acuerdo internacional que haya sido ratificado por ley prevalece sobre las leyes del país que no sean compatibles con él. Las normas dictadas por una organización internacional prevalecerán sobre las leyes del país cuando haya conflicto entre ambas cosas si el acuerdo de participación ratificado por la República de Albania prevé expresamente la aplicabilidad inmediata de las normas esa organización.

17.El pueblo, por conducto de 50 000 ciudadanos facultados para votar, tiene derecho a celebrar un referéndum para derogar una ley, así como a pedir al Presidente de la República que convoque un referéndum acerca de alguna cuestión de importancia especial. La Asamblea, atendiendo a la propuesta de no menos de la quinta parte de sus diputados o del Consejo de Ministros, puede decidir que un determinado asunto o un proyecto de ley de importancia especial sea sometido a referéndum. La ley establece los principios y procedimientos para convocar referendos, así como las condiciones que determinan su validez (artículo 150).

18.La República de Albania es parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor en el país el 4 de octubre de 1991.

19.Según el artículo 56 de la Constitución, toda persona tiene derecho a ser informada de la situación del medio ambiente y de su protección. Además, el Estado, en virtud de los poderes constitucionales y de los medios de que dispone, trata de crear un medio ambiente sano y ecológicamente adecuado para la explotación racional presente y futura de los bosques, las aguas, los pastos y demás recursos naturales sobre la base del principio del desarrollo sostenible (artículo 59).

20.En el marco de la protección del medio ambiente y la aplicación de las disposiciones constitucionales pertinentes, desde 1998 se ha aprobado una serie de leyes y estatutos a este respecto.

Artículo 2

Los derechos humanos y la protección de esos derechos

21.Un componente esencial de la democracia constitucional de Albania es la delimitación precisa de los derechos del Estado sobre el individuo. En la segunda parte de la Constitución, que se refiere a "Los derechos humanos y las libertades fundamentales", se enumeran los derechos y garantías que protegen a todo individuo, tanto albanés como extranjero, de la injerencia del Estado en su vida privada.

22.El artículo 18 de la Constitución garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley. Nadie puede ser objeto de discriminación por motivos tales como el sexo, la raza, la religión, la etnia, el idioma, las ideas políticas, religiosas o filosóficas, la situación económica, la educación, la posición social o la ascendencia. Ningún individuo puede ser víctima de discriminación por esos motivos de no existir causas legales razonables y objetivas.

23.La anterior disposición no impide la discriminación positiva. Esto permite que se proporcionen trato y apoyo especiales a determinadas categorías de personas. Por ejemplo, son admisibles los incentivos educacionales para estudiantes superdotados que procedan de familias de bajos ingresos y las ayudas a discapacitados y otros casos concretos.

24.Los derechos humanos y libertades fundamentales y los deberes previstos en la Constitución para los ciudadanos albaneses son igualmente aplicables a los extranjeros y a los apátridas en el territorio de la República de Albania, salvo en los casos en que la Constitución vincule específicamente el ejercicio de determinados derechos y libertades a la nacionalidad albanesa. Los derechos humanos y libertades fundamentales y los deberes previstos en la Constitución también rigen para las personas jurídicas, siempre y cuando los propósitos generales de tales personas coincidan con esos derechos, libertades y deberes y con su esencia (artículo 16).

25.De conformidad con el artículo 17, la ley únicamente puede limitar los derechos y libertades previstos en la Constitución en interés público o con objeto de proteger los derechos de los demás. Tal limitación estará acorde con la situación que la origine. Además, las limitaciones impuestas no pueden afectar a la esencia de los derechos y las libertades y en ningún caso pueden exceder a las estipuladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

26.La segunda parte de la Constitución se refiere en su totalidad a los derechos humanos y las libertades fundamentales y comienza por garantizar los derechos individuales, políticos, económicos, sociales y culturales. En un capítulo aparte se enuncian los objetivos sociales de Albania y se establecen las disposiciones generales sobre la Defensoría del Pueblo.

27.El artículo 21 de la Constitución prevé el derecho a la vida.

28.Se garantiza la libertad de expresión. También se garantiza la libertad de prensa, radio y televisión. Se prohíbe la censura previa de un medio de comunicación (artículo 22).

29.Se garantiza asimismo el derecho a la información. Toda persona tiene derecho, de acuerdo con la ley, a obtener información acerca de la actuación de los órganos estatales, así como de las personas que ejercen funciones oficiales (artículo 23).

30.Por el artículo 24 de la Constitución se garantiza la libertad de conciencia y de religión.

31.Nadie debe ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 25).

32.Nadie puede ser obligado a realizar trabajos forzosos, excepto en la ejecución de una decisión judicial, la prestación del servicio militar o el desempeño de un servicio como consecuencia de un estado de excepción o de guerra o de un desastre natural que amenace la vida o la salud humana (artículo 26).

33.No se puede privar a nadie de su libertad, salvo en las circunstancias que establezca la ley y de conformidad con los procedimientos legales (artículo 27).

34.Toda persona que sea privada de su libertad tiene derecho a que se le comuniquen de inmediato, en un lenguaje que le resulte comprensible, los motivos de esa medida y los cargos que se hayan formulado contra ella (artículo 28).

35.En el artículo 35 de la Constitución se dispone que: "Nadie puede ser obligado a divulgar datos sobre su persona, salvo cuando la ley así lo requiera. Para proceder a la reunión, utilización y divulgación de datos personales es preciso contar con la autorización de la persona de que se trate, salvo en los casos previstos por la ley. Todo individuo tiene derecho a conocer la información que

se haya reunido acerca de su persona, salvo en los casos previstos por la ley. Todo individuo tiene derecho a pedir que se corrijan o eliminen los datos sobre su persona que sean incorrectos o incompletos o que se hayan obtenido de manera ilegal".

36.Se garantiza la libertad y el secreto de la comunicación respecto de la correspondencia y otros medios de contacto (artículo 36).

37.El artículo 37 garantiza la inviolabilidad del domicilio.

38.Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia y a transitar libremente por el territorio nacional (artículo 38).

39.El párrafo 9 del artículo 39 prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. La expulsión de individuos está sujeta a las condiciones especificadas por la ley.

40.El artículo 40 de la Constitución determina que los extranjeros tienen derecho a solicitar asilo como refugiados en la República de Albania con arreglo a las condiciones que establece la ley.

41.Se garantiza el derecho a la propiedad privada (artículo 41).

42.Con arreglo al artículo 42, no se pueden vulnerar los derechos a la libertad, a la propiedad y demás derechos reconocidos en la Constitución y en la ley sin el debido proceso legal.

43.Toda persona tiene derecho a apelar de una decisión judicial ante un tribunal superior, salvo cuando la Constitución disponga lo contrario (artículo 43).

44.Toda persona tiene derecho a ser rehabilitada o a ser indemnizada, o a ambas cosas, si ha sufrido daños y perjuicios a causa de un acto, acción u omisión de algún órgano estatal (artículo 44).

45.Además, los derechos humanos y las libertades fundamentales se protegen, fomentan y aplican a través de otras leyes y estatutos aprobados por el Parlamento y el Gobierno, de conformidad con las normas constitucionales.

46.En virtud del artículo 31 de la Constitución, durante un proceso penal todo individuo tiene derecho:

a)a que se le comuniquen de manera inmediata y detallada los cargos formulados en su contra y los derechos de que goza y a que se le permita ponerse en contacto con su familia y otros allegados;

b)a disponer del tiempo y de los recursos necesarios para preparar su defensa;

c)a que se le faciliten los servicios gratuitos de un traductor si no habla ni entiende el albanés;

d)a defenderse personalmente o a disponer de los servicios de un abogado defensor de su elección; a comunicarse libremente y en privado con su abogado; y a que se le proporcione asistencia letrada gratuita si no dispone de medios económicos suficientes;

e)a interrogar a los testigos presentes y a solicitar la comparecencia de testigos, expertos y otras personas que puedan aclarar los hechos.

47.El artículo 20 garantiza que los miembros de minorías nacionales puedan ejercer, en condiciones de plena igualdad ante la ley, sus derechos humanos y libertades fundamentales. Así pues, tienen derecho a manifestar libremente, sin restricción ni coacción alguna, los valores étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos inherentes a su origen. Tienen derecho igualmente a preservar y fomentar esos valores, a aprender su lengua materna y a educarse en esa lengua y a constituir organizaciones y sociedades para la protección de sus intereses e identidad.

48.El Gobierno considera que el principio de la no discriminación constituye una obligación que emana de las orientaciones básicas de la República de Albania en materia de respeto y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Tales derechos y libertades están garantizados por la Constitución y las leyes vigentes, que se han elaborado de conformidad con las normas internacionales pertinentes.

49.Además de velar por que las leyes y su aplicación práctica eviten la discriminación y la intolerancia, las instituciones del país han emprendido una serie de medidas encaminadas a promover el respeto mutuo y la comprensión entre todos los habitantes de Albania.

50.Uno de los principales objetivos de la política de no discriminación que aplica el Gobierno de Albania es la protección de las distintas minorías que viven en el país, como factor fundamental del establecimiento de relaciones de amistad con los países vecinos. En ese sentido, la política albanesa se apoya en dos bases principales, definidas por los instrumentos internacionales sobre la protección de los derechos de las minorías, según se explica a continuación.

51.La garantía jurídica y el ejercicio práctico del derecho de los ciudadanos que pertenecen a minorías nacionales o lingüísticas a un trato no discriminatorio en materia de derechos humanos, derechos civiles y libertades políticas están previstos en la Constitución y las leyes para todos los ciudadanos albaneses.

52.Las leyes vigentes aseguran la adopción de medidas concretas para proteger los derechos de las minorías, como el derecho del individuo a expresar libremente la pertenencia a una minoría, la preservación y el desarrollo de su identidad a través de la manifestación libre y sin trabas de los aspectos especiales que caracterizan su vida como miembro de una minoría, el aprendizaje de su lengua materna, la realización de actividades culturales, la profesión de su religión, y otros aspectos.

53.Ninguna disposición legislativa se refiere en particular al derecho de las personas que pertenecen a minorías nacionales a participar en actividades de organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional. Sin embargo, la legislación albanesa ni limita ni prohíbe que esas personas o las asociaciones y organizaciones que ellas constituyan participen en tales actividades a nivel nacional o internacional.

54.Las leyes de Albania prevén para todos los ciudadanos albaneses por igual, incluidas las minorías nacionales, la libertad para circular sin ningún tipo de trabas y para trasladarse a otros Estados, la libertad de expresión y de organización, la libertad para enviar y recibir correspondencia y el secreto de esa correspondencia y otras libertades fundamentales.

55.Todos estos elementos crean el ámbito necesario para que las minorías nacionales establezcan y amplíen sus contactos y participen libremente en las actividades de las organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales. Las muchas actividades conjuntas que llevan a

cabo en Albania las organizaciones no gubernamentales en el marco de la cooperación recíproca con otras organizaciones análogas de distintos países y con organizaciones internacionales, así como la amplia participación de los representantes de esas organizaciones, es testimonio patente de ello.

56.Por otra parte, la participación de miembros de distintas minorías nacionales en conferencias, seminarios y diversas actividades en el extranjero, entre ellas, la asistencia a las conferencias y seminarios organizados por el Consejo de Europa, o la intervención en distintos foros como el Parlamento Europeo y la exposición de sus opiniones sobre cuestiones muy variadas en esos foros, así como otras actividades análogas, es prueba evidente de que las minorías nacionales que viven en Albania gozan de sus derechos y los ejercen.

57.El artículo 19 de la Constitución dispone que los hijos de padre o madre de nacionalidad albanesa obtendrán automáticamente esa nacionalidad. También se otorga la nacionalidad albanesa en otras circunstancias previstas por la ley. Jamás se pierde la nacionalidad albanesa, salvo si renuncia a ella.

58.De conformidad con el artículo 1 de la Ley de la nacionalidad (No. 8389) de 5 de agosto de 1998, la ciudadanía albanesa constituye un vínculo legal estable, concretado por los derechos y deberes mutuos del individuo y el Estado albanés. La nacionalidad albanesa se puede adquirir, recuperar o perder, o se puede renunciar a ella, según se dispone en esta Ley, que respeta las normas y principios reconocidos en el derecho internacional en materia de nacionalidad y aceptados por la República de Albania.

59.En el artículo 5 de la susodicha Ley se establece que los menores pueden adquirir y recuperar la nacionalidad albanesa, o renunciar a ella, con la aprobación de sus padres. Cualquier cambio de nacionalidad de un menor de 14 a 18 años de edad requiere el consentimiento de ese menor.

Con arreglo a esta Ley, la nacionalidad albanesa se adquiere por:

nacimiento;

naturalización; y

adopción.

60.La Ley No. 8442, de 21 de enero de 1999, modificó las condiciones para adquirir la nacionalidad albanesa por nacimiento; en dicha Ley se establece que los hijos de padre o madre de nacionalidad albanesa adquieren automáticamente esa nacionalidad. La Ley de la Nacionalidad prevé incluso los casos en que los menores puedan resultar apátridas.

61.Todo menor que haya nacido o que haya sido encontrado en el territorio nacional de la República de Albania adquiere la nacionalidad albanesa si es hijo de padres desconocidos y, por consiguiente, puede resultar apátrida. Si los padres aparecen antes de que el menor cumpla los 14 años de edad y son ciudadanos extranjeros, se le puede retirar al menor la nacionalidad albanesa a solicitud de sus padres legítimos, siempre y cuando el menor no se convierta así en apátrida (artículo 8).

62.En esta Ley se han previsto asimismo los casos de hijos de padres extranjeros (que tienen otra nacionalidad). En esas circunstancias, el menor puede adquirir la nacionalidad albanesa con el consentimiento de ambos padres, si se satisfacen las dos condiciones siguientes:

Primero, el menor nació en el territorio nacional de la República de Albania; y

Segundo, los padres residen legalmente en la República de Albania.

63.Con arreglo al artículo 9 de la Ley de nacionalidad, un extranjero que solicite la nacionalidad albanesa por naturalización deberá reunir los siguientes requisitos para obtenerla:

Haber cumplido los 18 años de edad;

Haber residido legalmente en el territorio nacional de la República de Albania durante

un período mínimo ininterrumpido de cinco años;

Poseer una vivienda e ingresos suficientes;

No haber sido sentenciado nunca ni en su país de origen, ni en la República de

Albania, ni en un tercer país por un delito castigado por la ley con un período mínimo de prisión de 5 años.

64.Si ambos padres adquieren la nacionalidad albanesa por naturalización, los hijos menores de 18 años que vivan con ellos también adquieren la nacionalidad albanesa a solicitud de sus padres, y con el consentimiento del menor si éste tiene de 14 a 18 años de edad (artículo 11).

65.Según el artículo 17, las solicitudes para adquirir o recuperar la nacionalidad albanesa, o para renunciar a ella, deberán presentarse, junto con la documentación exigida por esta misma Ley, a la dependencia del Ministerio de Orden Público del lugar de residencia del solicitante o, si el solicitante vive en el extranjero, a la misión diplomática o consular competente de la República de Albania.

66.En un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y de conformidad con los requisitos fijados en la Ley sobre el particular, el Ministerio de Orden Público decidirá si ha de elevar la solicitud de adquisición o recuperación de la nacionalidad albanesa, o de renuncia a ella, al Presidente de la República, quien emitirá el decreto pertinente.

67.En la República de Albania no hay religión oficial. El Estado se mantiene neutral sobre las cuestiones de credo y conciencia y garantiza la libertad para manifestarse públicamente a ese respecto. Se observa una posición de respeto mutuo hacia la independencia del Estado y de las comunidades religiosas y uno y otras colaboran en su propio beneficio y en beneficio de todos.

68.Las comunidades religiosas son entidades jurídicas. Gozan de independencia para administrar sus bienes de acuerdo con sus principios, normas y preceptos en la medida en que no se vulneren los intereses de terceros.

69.En el artículo 24 de la Constitución se garantiza la libertad de toda persona para elegir o cambiar su religión o credo y para manifestarse a ese respecto individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la educación, las prácticas o los ritos. No se puede imponer a nadie la obligación o la prohibición de participar en una comunidad religiosa o en sus prácticas, ni tampoco de hacer públicas sus creencias o su fe.

70.Con arreglo al artículo 265 del Código Penal de la República de Albania, la incitación al odio o al antagonismo nacional, racial o religioso y la preparación o distribución de textos a esos efectos, así como la conservación de textos de ese tipo con el propósito de distribuirlos, se sancionan con multas o con penas de prisión de hasta diez años.

71.Los actos dirigidos a obstaculizar las actividades de organizaciones religiosas, a destruir o destrozar los lugares de culto y a impedir las ceremonias religiosas se castigan con multas o con penas de prisión de hasta tres años (Código Penal, artículos 131, 132 y 133).

72.La prohibición de las actividades de personas que deseen participar en las ceremonias religiosas o expresar libremente sus creencias religiosas también se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta una año. La Ley de educación no permite la propaganda religiosa de ningún tipo de fe.

73.En virtud de la Decisión No. 459 del Consejo de Ministros, de 23 de septiembre de 1999, se estableció un Comité Nacional de Culto, que presenta al Ministerio de Educación y Ciencia sus opiniones sobre los planes de estudio, los programas de las materias y los textos de la enseñanza no laica.

74.El Código de la Familia establece los derechos y obligaciones de padres y tutores en relación con la educación del menor. Ese Código no impide que el menor elija libremente su religión.

75.Cabe señalar que las comunidades religiosas, incluidos los representantes religiosos de las minorías, siempre se han caracterizado por su profundo y sincero afán de armonía que se ha reflejado en las relaciones entre las personas que profesan distintas religiones y entre las personas religiosas y las ateas.

76.El principio de la no discriminación también se ha incorporado a las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo, en cuyo artículo 11 se prevé lo siguiente:

a)En sus relaciones con los particulares, la administración pública se guía por el principio de la igualdad, lo que significa que nadie debe gozar de privilegios ni ser objeto de discriminación por motivos de sexo, raza, religión, etnia, opinión política, religiosa o filosófica, situación económica, educacional o social o ascendencia;

b)La administración pública, debe respetar el principio de la proporcionalidad y no debe violar la esencia de los derechos y las libertades cuando, al adoptar medidas destinadas a proteger el bien público o los derechos de otros, limite los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, los acuerdos internacionales, las leyes y los estatutos. Esto significa que en su actuación la administración pública debe velar por:

La realización de intereses público legítimos;

La utilización en todo momento de medios apropiados, que se ajusten a los

objetivos que se quieran alcanzar;

En cualquier caso, los organismos de la administración pública están obligados a considerar, cuando proceda, que en la consecución de un determinado fin se han de utilizar los medios menos represivos, sin comprometer la eficacia.

77.En su tarea de garantizar la protección de los ciudadanos, la administración pública se rige, entre otros, por el principio del control administrativo interno y el control judicial externo, de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Es así que en el artículo 234 y siguientes del Código se prevé la posibilidad de presentar una demanda por una medida administrativa que se considere ilegal o que se considere que vulnera directa o indirectamente, individual o colectivamente, los derechos e intereses de determinadas personas.

78.También se protege de discriminación en el empleo y los seguros sociales a las personas que pertenecen a minorías nacionales. El artículo 9 de Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales públicas y privadas, prohíbe todo tipo de discriminación en el empleo y la vida profesional.

79.Además, las leyes relativas a los seguros sociales, como los seguros médicos o de otros tipos (invalidez o jubilación) establecen la igualdad de derechos para todos, independientemente de la raza o la nacionalidad. Se ha creado una Comisión de Apelaciones para examinar las demandas a este respecto cuyas decisiones son vinculantes.

80.Con arreglo al artículo 5 de la Ley de los derechos y el trato de los presos (No. 8328), de 16 de abril de 1998, los reclusos han de ser tratados imparcialmente y no han de ser objeto de ningún tipo de discriminación por motivos de sexo, nacionalidad, raza, situación económica o social, opinión política o credo religioso.

81.El Reglamento de Cárceles de la República de Albania, que fue aprobado por el Consejo de Ministros por su Decisión No. 96, de 9 de marzo de 2000, prevé en sus artículos 13, 45 y 63 la utilización del idioma del sancionado para comunicarse con él e informarle de la forma en que se han de cumplir las sentencias, de los derechos y los deberes de los reclusos y de otros aspectos de la reclusión.

82.En el capítulo VI de la Constitución se dispone la creación de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos, las libertades y los intereses legítimos del individuo ante acciones u omisiones ilegales o impropias cometidas por organismos de la administración pública. El Defensor del Pueblo ejerce sus funciones de manera independiente (artículo 60).

83.De conformidad con el artículo 63 de la Constitución, el Defensor del Pueblo está facultado para formular recomendaciones y proponer medidas si observa que se ha cometido alguna violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la administración pública. Los órganos públicos y oficiales están obligados a presentar al Defensor del Pueblo todos los documentos y la información que solicite.

84.Según establece la Ley de la Defensoría del Pueblo (No. 8454), de 4 de febrero de 1999, la función de esta institución es proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del individuo ante acciones u omisiones ilegales o impropias cometidas por órganos de la administración pública o de terceros que actúen en nombre de esos órganos.

85.El propósito de la Defensoría del Pueblo es proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales definidos por las normas constitucionales y las leyes. Las disposiciones de la susodicha Ley son también aplicables a los derechos de los extranjeros, independientemente de que residan legalmente o no en Albania, de que sean refugiados o de que sean apátridas dentro del territorio nacional de la República de Albania, conforme a lo establecido por la ley.

86.En el artículo 12 de la Ley de la Defensoría del Pueblo se determina que: "Toda persona, colectividad u organización no gubernamental que afirme que sus derechos, libertades o intereses legítimos han sido vulnerados por acciones u omisiones cometidas por órganos de la administración pública tiene derecho a formular una denuncia o a informar sobre el particular al Defensor del Pueblo y a pedirle que intervenga a fin de corregir esa situación".

87.Ese mismo artículo dice a continuación que "El Defensor del Pueblo velará por la confidencialidad de información recibida si lo considera necesario o si el denunciante, solicitante o informante así se lo pide". Según el artículo 29, "El Defensor del Pueblo puede prestar asistencia, formular opiniones y hacer recomendaciones cuando el Estado prepare informes y otros documentos sobre el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país".

88.La Defensoría del Pueblo, al vigilar el funcionamiento de la administración pública, garantiza que en ella se observe la igualdad de trato de los ciudadanos. Esto se consigue a través de la negociación y la imparcialidad, así como mediante la aplicación de normas universales de justicia. Las características más distintivas de la Defensoría del Pueblo son su independencia del Gobierno y de toda injerencia política, su facilidad de acceso, su rapidez, flexibilidad y eficacia y el poder de sus recomendaciones.

89.La existencia de la Defensoría del Pueblo ha influido positivamente en la actuación de la administración pública por el mero hecho de que esta institución interviene como tercero para observar las relaciones de las personas con la administración. Además, el Defensor del Pueblo trata de que el público conozca mejor la Ley de la Defensoría del Pueblo, especialmente en lo tocante a la posibilidad de presentarle denuncias según un procedimiento sencillo y gratuito.

90.De conformidad con el artículo 73 del Código Penal de la República de Albania, "La ejecución de un plan premeditado cuyo objeto sea el exterminio total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso y que vaya dirigido contra los miembros de ese grupo, aunada a actos contra los miembros de ese grupo tales como el asesinato, la provocación de daños físicos y psicológicos graves, la imposición de condiciones difíciles de vida que atenten contra la integridad física de los individuos, la aplicación de medidas de control de la natalidad y el traslado forzoso de los niños de un grupo a otro, se castiga con penas mínimas de prisión de diez años o con la reclusión a perpetuidad".

91.El artículo 74 del Código Penal dispone que el asesinato, las matanzas, la esclavización, el exilio interno, la deportación, la tortura y otros actos de violencia inhumana que se cometan según un plan premeditado concreto contra un grupo de civiles por motivos políticos, ideológicos, raciales, étnicos o religiosos se castigarán con penas de prisión que variarán entre un mínimo de 15 años hasta la reclusión a perpetuidad.

92.El artículo 253 del Código Penal dispone que un trabajador que ocupe un cargo estatal o público y que, en virtud de ese cargo o en el ejercicio de las funciones correspondientes a ese cargo, practique la discriminación por motivos de ascendencia, sexo, estado de salud, religión, opinión política, actividad sindical o pertenencia a un determinado grupo étnico, nación, raza o religión y, como consecuencia de esa discriminación, establezca privilegios injustos o deniegue un derecho o beneficio determinado por la ley será castigado con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años.

93.Con arreglo al artículo 265 del Código Penal, la incitación al odio o al antagonismo nacional, racial o religioso y la preparación o distribución de textos a esos efectos, así como la conservación de textos de ese tipo con el propósito de distribuirlos, se sancionan con multas o con penas de prisión de hasta diez años. Asimismo, el quebrantamiento de la tranquilidad pública por acciones que promuevan el odio contra otros sectores de la población, que ataquen con insultos o calumnias a esos sectores o que instiguen a usar la fuerza o a realizar actos arbitrarios contra ellos se castiga con multas o con penas de prisión de hasta cinco años (artículo 206).

94.El artículo 46 de la Constitución dispone que todo individuo tiene derecho a organizarse colectivamente para cualquier fin legítimo. Las organizaciones o asociaciones deben inscribirse en los tribunales según el procedimiento establecido por la ley. La ley prohíbe la creación de organizaciones o sociedades con fines inconstitucionales.

95.El inciso d del artículo 7 y el artículo 8 de la Ley de partidos políticos (No. 8580), de 17 de febrero de 2000, prohíbe la inscripción de un partido cuyos documentos básicos explícitamente inciten al odio por motivos raciales, religiosos, regionales o étnicos o lo fomenten. Se prohíbe también que los partidos políticos realicen actividades anticonstitucionales. El Tribunal Constitucional decide sobre la naturaleza anticonstitucional de la actividad de un partido político y su prohibición. Esta Ley no impide la fundación de partidos políticos sobre bases totalmente étnicas.

96.El artículo 30 del Código Civil de la República de Albania dispone que toda persona jurídica puede ejecutar cualquier acto jurídico legal en relación con el documento constitutivo o el estatuto de una entidad, en tanto que el artículo 39 determina que las asociaciones son organizaciones sociales creadas con fines políticos, científicos, culturales, religiosos, caritativos o cualquier otro fin no lucrativo. La autoridad competente para inscribir una asociación es el tribunal de primera instancia de la jurisdicción correspondiente a las actividades de dicha asociación.

97.De acuerdo con el inciso c del artículo 52 del Código Civil, una asociación puede ser disuelta, entre otras cosas, si un tribunal competente decide que dicha asociación no tiene la intención de cumplir con los propósitos enunciados en su estatuto o si ha emprendido alguna actividad ilegal.

98.El artículo 47 de la Constitución garantiza la libertad de reunión pacífica y en ausencia de armas, y la participación en tales reuniones. Además, la Ley de la libertad de reunión (No. 8145), de 11 de septiembre de 1996, garantiza en la República de Albania el derecho de todos los ciudadanos a reunirse públicamente, cualquiera que sea su sexo, raza, color, idioma, religión, etnia, situación económica, financiera, educacional y social, opinión política, ascendencia u otro tipo de circunstancia personal.

99.El artículo 224 del Código Penal dispone que la fundación de partidos, organizaciones o asociaciones, o la participación en esas entidades, con el propósito de quebrantar mediante la violencia el orden constitucional se sancionará con multas y con penas de prisión de hasta tres años. La refundación de un partido, organización o asociación que ya haya sido prohibido por ser anticonstitucional o la continuación de sus actividades de forma manifiesta o encubierta se sancionará con penas de prisión de uno a tres años.

100.Además, el artículo 269 del Código Penal dispone que la obstrucción por la fuerza de la actividad legítima de partidos políticos, organizaciones o asociaciones se sancionará con multas o con penas de prisión de hasta dos años.

101.Con arreglo al Código Penal, la comisión de delitos por bandas armadas u organizaciones criminales se sancionará de acuerdo con las normas penales pertinentes y a esa sanción se le agregarán cinco años si la norma aplicable prevé el encarcelamiento y algún otro castigo menor, pero sin exceder de la pena máxima de prisión.

102.Si la norma penal pertinente establece sanciones de cárcel o de reclusión a perpetuidad o la pena de muerte, el delito se castiga con 25 años de prisión o con la reclusión a perpetuidad. Si la norma penal pertinente únicamente prevé la reclusión a perpetuidad, esa será la condena impuesta. Por lo tanto, se imponen penas más severas a los delitos cometidos contra un determinado grupo étnico, racial, religioso, o de otra índole.

103.El derecho de las personas a elegir su lugar de residencia y a trasladarse libremente a cualquier parte del territorio nacional está amparado por el artículo 38 de la Constitución. Gozan de ese derecho los nacionales albaneses y las personas que pertenecen a minorías nacionales o a otros grupos raciales.

104.De conformidad con la Ley de privatización de las viviendas de propiedad estatal (No. 7652), de 23 de diciembre de 1992, el Gobierno debe proporcionar viviendas a una determinada categoría de personas sin hogar. Además, el Gobierno aplica una política especial de vivienda a los huérfanos, invidentes, inválidos y otras personas muy necesitadas.

105.Las disposiciones de la Ley de la aportación del Estado en favor de las familias sin hogar (No. 8030), de 15 de noviembre de 1995, definen las formas en que el Gobierno se ocupa de manera especial de las familias sin hogar. Todo ciudadano albanés tiene derecho a beneficiarse de las prestaciones establecidas por esta Ley si satisface sus requisitos, cualquiera que sea su raza, etnia u otras características análogas.

106.El artículo 57 de la Constitución ampara el derecho de toda persona a la educación y prevé la promulgación de la ley correspondiente sobre la educación escolar obligatoria. También establece el acceso libre a la enseñanza secundaria general y condiciona el acceso a la enseñanza secundaria profesional y a la enseñanza superior a criterios basados exclusivamente en la aptitud.

107.Como ya se señaló, la Constitución garantiza los derechos de las personas que pertenecen a minorías nacionales, incluido el principio de la no discriminación y, en particular, el derecho de esas personas a que se les enseñe en su lengua materna.

108.La Constitución y las leyes de Albania, en particular, la Ley del sistema de enseñanza preuniversitaria (No. 7952), de 21 de junio de 1995, garantizan la observancia de los preceptos y normas internacionales sobre la protección de los derechos humanos y la prohibición de la discriminación al declarar que "la educación en la República de Albania es una prioridad nacional que se ejecuta de conformidad con los acuerdos y tratados internacionales que el país ha ratificado" y "...respeta los derechos de niños y adultos definidos en esos instrumentos" (artículo 1).

109.Esta Ley adopta un planteamiento amplio y pluridimensional respecto de la integridad del principio de la no discriminación y de la protección de las personas contra la discriminación al abordar esas cuestiones en el contexto del cumplimiento en la esfera de la educación de las obligaciones, principios y normas establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

110.Esta Ley garantiza asimismo:

El derecho de todos a tener igual acceso a la educación en todos los niveles de la enseñanza preuniversitaria, independientemente de la situación social, nacionalidad, lengua materna, sexo, religión, raza, opinión política, estado de salud y nivel económico del individuo (artículo 3);

El derecho de las minorías nacionales a tener acceso a la educación en su lengua materna y estudiar su historia y su cultura nacionales (artículo 10);

El derecho de los niños de 3 a 6 años de edad a la educación preescolar pública (artículos 17 a 19);

El derecho de los ciudadanos a estudiar en escuelas secundarias públicas, de carácter general o profesional, después de haber cursado la enseñanza obligatoria (artículos 26 a 28 y 33 a 37);

El derecho del personal docente de la enseñanza pública a recibir la preparación necesaria (artículos 14 y 41);

El derecho de los ciudadanos albaneses y los extranjeros a tener acceso a la educación privada, laica o religiosa (artículos 43 a 48) y el derecho a trasladarse de la escuela privada a la pública (artículo 45).

111.Los aspectos arriba enumerados de la Ley del sistema de enseñanza preuniversitaria reflejan las obligaciones que emanan de los distintos instrumentos internacionales ratificados por Albania, entre los que se cuentan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 7), la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (artículos 2 a 5), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 10) y otros instrumentos.

112.La Ley de la enseñanza superior (No. 8461), de 25 de febrero de 1999, garantiza el derecho de los ciudadanos albaneses y extranjeros a la enseñanza superior, pública o privada, en Albania (artículos 1 y 31); el derecho a terminar estudios en más de una disciplina (artículo 42); el derecho al reconocimiento y la homologación de diplomas, certificados y títulos obtenidos en centros extranjeros de enseñanza superior (artículo 43); el derecho a la enseñanza preuniversitaria especializada y a la preparación científica (artículos 37 a 39); el derecho a realizar exámenes de admisión para ingresar en establecimientos públicos de enseñanza superior (artículo 31); y el derecho de las instituciones académicas a la autonomía (artículo 7).

113.Los artículos arriba citados incorporan los requisitos básicos del respeto a los derechos humanos en la enseñanza y especializaciones superiores y excluyen todo tipo de discriminación a ese respecto.

114.En lo que respecta a los ciudadanos extranjeros o a los apátridas, ellos gozan igualmente en Albania de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución para los ciudadanos albaneses, salvo en los casos en que la Constitución establece específicamente como condición la nacionalidad albanesa para el ejercicio de determinados derechos y libertades.

115.Los extranjeros tienen derecho, de conformidad con la ley (artículo 40 de la Constitución), a solicitar asilo como refugiados. En la República de Albania está prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. La expulsión de individuos está prevista en la ley y debe efectuarse conforme a las condiciones que en ella se especifican (párrafo 3 del artículo 39).

116.La Ley de inmigración (No. 7939), de 25 de mayo de 1995, la Ley de extranjería (No. 8492), de 27 de mayo de 1999, y la Decisión del Consejo de Ministros No. 439, de 4 de agosto de 2000, regulan la entrada, la residencia y el trato de los extranjeros en el país.

117.En los artículos 3 y 4 de la Ley de inmigración se establece el reconocimiento y la observancia de los principios generales enunciados en los instrumentos internacionales pertinentes. Los funcionarios de la administración pública de Albania que intervienen en la aplicación de esta Ley, o de otros estatutos conexos, cumplen con su trabajo de conformidad con los principios generales enunciados en los instrumentos internacionales pertinentes y con las demás obligaciones internacionales contraídas por la República de Albania, sin que en su actuación influyan el sexo, la raza, el color o la religión de los que solicitan el permiso de entrada o salida o la residencia en el país.

118.De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de inmigración, en la República de Albania se prohíbe la expulsión, la devolución o la deportación de personas a un lugar donde existan motivos justificados para pensar que su vida o su libertad estarán amenazadas a causa de su raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.

119.Las disposiciones de Ley de asilo (No. 8432), de 14 de diciembre de 1998, también incorporan el principio de la no discriminación. De conformidad con esta Ley, la República de Albania reconoce y respeta el derecho de las personas a las que se ha otorgado asilo "a no ser expulsadas del territorio albanés" con destino a un Estado donde su vida y su libertad corran peligro a causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política.

120.Tras la caída del régimen comunista y la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Parlamento albanés promulgó una serie de leyes que permitieran la aplicación práctica de dicho Pacto. Entre ellas, las más importantes son el Código Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Civil, el Código de la Familia, el Código del Trabajo, la Ley de partidos políticos, la Ley de la Defensoría del Pueblo, las leyes en defensa de determinados grupos y otras leyes.

121.De conformidad con el artículo 122 de la Constitución, todo acuerdo internacional que ha sido ratificado pasa a ser parte del ordenamiento jurídico interno una vez que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la República de Albania. Su aplicación es directa, salvo cuando ese acuerdo no es de efecto inmediato y es necesario promulgar una ley. Todo acuerdo internacional que haya sido ratificado por ley prevalece sobre las leyes del país que no sean compatibles con él.

122.Las normas dictadas por una organización internacional prevalecerán sobre las leyes del país cuando haya conflicto entre ambas cosas si el acuerdo de participación ratificado por la República de Albania prevé expresamente la aplicabilidad inmediata de las normas de esa organización.

123.Con el propósito de hacer efectivos los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Gobierno de Albania ha incluido información sobre las disposiciones de este Pacto en los planes de la enseñanza básica de ocho años y de la enseñanza secundaria, así como en los planes de estudio de las instituciones académicas, y muy particularmente en los de la Facultad de Derecho.

El derecho a presentar una denuncia

124.Con arreglo al artículo 60 de la Constitución y al artículo 2 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, esa Defensoría protege los derechos, las libertades y los intereses legítimos del individuo ante acciones u omisiones ilegales o impropias cometidas por organismos de la administración pública o de terceros que actúen en nombre de esos órganos.

125.Por consiguiente, la jurisdicción de la Defensoría del Pueblo comprende el Gobierno, los ministerios, otras instituciones centrales, como los comités nacionales de devolución de bienes, los servicios de inteligencia, el Banco Nacional y los bancos con capitales estatales, los órganos de los gobiernos locales, que incluyen las prefecturas, los distritos, las municipalidades y las comunas, y las instituciones o autoridades públicas que actúan en nombre de órganos de la administración pública , así como las instituciones subsidiarias de carácter central o local.

126.Al igual que en otros países donde funciona la institución del Ombudsman, la Defensoría del Pueblo de Albania no tiene competencia para tomar decisiones sobre los órganos de la administración pública y únicamente puede formular recomendaciones. Esto no significa que el Defensor del Pueblo no disponga de medios adecuados para defender los derechos y libertades del individuo. La facultad de esta institución para seguir las distintas etapas de un caso, con arreglo a la jerarquía administrativa, hasta su presentación al Parlamento, aunada a su transparencia y a su estrecha cooperación con las organizaciones no gubernamentales y los medios de información, garantizan la efectividad de la tarea que desempeña.

127.Toda persona, grupo de personas u organización no gubernamental que considere que sus derechos e intereses legítimos han sido vulnerados por una acción u omisión cometida por la administración central o local, o por cualquier otra autoridad pública, puede presentar una denuncia, una solicitud u otro tipo de comunicación al Defensor del Pueblo en relación con su caso particular. El Defensor del Pueblo también puede, en determinados casos de dominio público, iniciar el procedimiento de investigación por iniciativa propia, aunque debe obtener después la aprobación de la parte interesada o perjudicada.

128.El Defensor del Pueblo está facultado para solicitar a los órganos de la administración cualquier tipo de información o documento sobre el caso que esté investigando, para realizar investigaciones independientes sobre el terreno, para pedir y obtener cualquier expediente o material pertinente, para interrogar a cualquier persona que considere que está vinculada a su investigación, para actuar por su cuenta, o para recabar asesoramiento especializado.

129.El Defensor del Pueblo también está facultado para que se le facilite información o documentación clasificada como confidencial. En esas circunstancias, estará obligado a respetar las restricciones necesarias para la protección de secretos de Estado. No se le puede prohibir el acceso a las oficinas de los organismos de la administración, ni a las cárceles, los centros de detención u otros establecimientos donde los derechos individuales estén sujetos a restricciones. Tampoco se le

prohibirá hablar en privado con los reclusos de esos establecimientos. Todas esas atribuciones emanan de la interpretación de la Constitución y de la Ley de la Defensoría del Pueblo, así como de los precedentes internacionales relativos a la institución del Ombudsman.

130.De conformidad con el artículo 22 de la Ley, el órgano que haya recibido del Defensor del Pueblo una recomendación, solicitud o propuesta deberá examinarla y darle respuesta en un plazo de 30 días contados desde la fecha de recibo. En dicha respuesta deberá dar explicaciones fundamentadas sobre el caso de que se trate y exponer las actuaciones y medidas que llevará o no llevará a cabo.

131.Si el Defensor del Pueblo no queda satisfecho con la respuesta que le dé el órgano interesado o con las medidas que éste haya adoptado, estará facultado para remitir el caso al superior jerárquico correspondiente. Si se trata de infracciones reiteradas o si el órgano interesado no responde a las recomendaciones del Defensor del Pueblo, éste puede presentar un informe a la Asamblea con propuestas concretas sobre la adopción de medidas para corregir la situación.

132.Gracias a la facultad que se le ha otorgado para elevar sus recomendaciones a instancias superiores, el Defensor del Pueblo constituye un medio importante y eficaz de evitar las violaciones de derechos humanos. Si el Defensor del Pueblo comprueba que la causa de que se hayan infringido determinados derechos humanos reconocidos por la Constitución u otras leyes radica en el contenido de un estatuto u otra decisión legislativa y no en su aplicación, podrá:

a)Recomendar al órgano legislativo competente que proponga las enmiendas y mejoras necesarias;

b)Proponer al Gobierno que introduzca las enmiendas o mejoras necesarias; o

c)Recomendar al Tribunal Constitucional que deje sin efecto la disposición de que se trate.

133.La Defensoría del Pueblo atribuye especial atención a sus contactos con quienes recurren a él, dado que su función consiste en ayudar a resolver las dificultades de los interesados. Su misión es evitar que se cometan violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales o detectar esas violaciones para así eliminar sus consecuencias.

134.Es muy importante que la Defensoría esté al alcance de todo individuo que necesite asistencia. Cualquier ciudadano albanés o extranjero puede comunicarse con los funcionarios de la Oficina de la Defensoría del Pueblo durante su horario de trabajo de 8.00 a 16.00 horas. El Defensor del Pueblo y los Comisionados organizan reuniones con las personas interesadas. Existe una línea telefónica gratuita que puede utilizar cualquiera, y en particular, los reclusos, los detenidos o las personas bajo custodia, para presentar denuncias, solicitudes, explicaciones e información acerca de la situación que le afecte.

135.Los ciudadanos disponen de distintas vías para dirigirse al Defensor del Pueblo. De conformidad con el procedimiento establecido, las denuncias se le presentan por escrito. En los casos urgentes, también se le pueden comunicar telefónicamente, aunque inmediatamente después se le deben presentar por escrito; de lo contrario, el examen del caso se detendrá. No se aceptan las denuncias o solicitudes anónimas.

136.Cuando la denuncia presentada esté incompleta porque falten documentos pertinentes, el Defensor del Pueblo puede pedir que sea completada o realizar investigaciones directas en el órgano de que se trate, si de la denuncia se deduce claramente la información requerida. En muchos casos, es necesario celebrar una reunión con el denunciante para presentar debidamente las pruebas del caso que se investiga, especialmente cuando es complicado y requiere muchas explicaciones. La Defensoría del Pueblo también celebra muchas reuniones fuera de sus oficinas, en distintos lugares del país.

137.Algunas de las denuncias presentadas pueden estar fuera de la jurisdicción del Defensor del Pueblo, o bien pueden no satisfacer los requisitos establecidos. Cuando esto sucede, el Defensor del Pueblo informa de esa circunstancia al denunciante en un plazo no mayor de un mes y le indica el procedimiento a seguir, las opciones disponibles o las diligencias previas al examen de la denuncia por la Defensoría del Pueblo.

138.Por lo general, el Defensor del Pueblo primeramente envía al órgano denunciado un breve resumen del caso que le ha sido presentado y pide que se le den detalles al respecto. Al mismo tiempo, fija un plazo para recibir la respuesta de dicho órgano. Ese plazo dependerá de la urgencia del caso y de su grado de complejidad, pero no debe ser mayor de 30 días. A veces, cuando la dificultad del caso obliga a atenerse a un determinado calendario, puede ser necesario que el Defensor del Pueblo recurra al teléfono o al fax.

139.Después de investigar un caso determinado, el Defensor del Pueblo prepara el informe correspondiente con sus conclusiones, informe que puede presentar a las partes interesadas. Dicho informe contiene una evaluación de los hechos y las circunstancias del caso con una indicación de qué derechos humanos están siendo violados y quiénes son los responsables de tales violaciones.

140.Al mismo tiempo, el Defensor del Pueblo puede formular propuestas para corregir la situación. También es posible que recomiende que se indemnice a la parte afectada por los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de la violación de sus derechos. Puede asimismo pedir que la parte responsable pida perdón.

141.El Defensor del Pueblo presenta un informe anual a la Asamblea sobre la labor realizada por su Oficina. El Presidente de la República y el Consejo de Ministros deben recibir también copia de ese informe.

142.Los informes anuales y los informes especiales se publican en un plazo no mayor de un mes después de su examen en el Parlamento. También se traducen al inglés y se publican para enviarlos a los homólogos del Defensor del Pueblo de otros países y a organismos internacionales interesados.

Artículo 3

Igualdad entre los sexos

143.El principio de la igualdad entre el hombre y la mujer es parte del sistema jurídico de Albania, que se basa en la Constitución y en la legislación interna. Como se señaló anteriormente, el artículo 18 de la Constitución prevé la igualdad de todos ante la ley. Nadie puede ser sometido injustamente a prácticas discriminatorias por motivos de sexo, raza, religión, etnia, lengua, ideas políticas, religiosas o filosóficas, situación económica, educación, posición social o ascendencia.

144.En sus artículos 15 a 58, la Constitución garantiza los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de todos los ciudadanos, pero no define el concepto de discriminación. No obstante, su artículo 122 dispone que los acuerdos internacionales que hayan sido ratificados por ley prevalecerán sobre las leyes del país que no sean compatibles con esos acuerdos.

145.Sobre la base de tales principios, que se han enunciado en la Constitución y que además se ajustan a las normas clásicas del derecho internacional, se desarrollan otros derechos humanos. Aparte de estar amparados por la Constitución, los derechos civiles están reconocidos por determinadas leyes y códigos.

Código Civil

146.Con arreglo al artículo 1 del Código Civil, todas las personas físicas gozan de idéntica capacidad para ejercer plenamente sus derechos civiles y contraer las obligaciones correspondientes, a la luz de las limitaciones establecidas por la ley.

147.Según el artículo 2, el individuo adquiere capacidad jurídica al nacer y esa capacidad cesa con su muerte. Cuando el niño nace vivo, goza de capacidad jurídica desde el embarazo. Por otra parte, al cumplir los 18 años de edad el individuo alcanza la mayoría de edad, de manera que sus actos entrañan derechos y obligaciones. De conformidad con el artículo 4, no se pueden limitar los derechos civiles de una persona física, salvo según las exclusiones previstas por la ley. Toda medida jurídica que imponga límites a la capacidad jurídica de una persona física carece de validez.

148.En lo que respecta a la mujer, el Código Civil establece que si contrae matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad, adquiere en ese momento capacidad jurídica plena y responsabilidad plena, y no pierde esa capacidad por la anulación del matrimonio o por el divorcio aunque todavía no haya cumplido los 18 años de edad.

Derecho al matrimonio

149.El nuevo Código de la Familia (Ley No. 9062, de 8 de mayo de 2003) representa un gran avance en la protección de la mujer de la discriminación en lo tocante a la edad de contraer matrimonio, ya que el Código de 1982 establecía que para contraer matrimonio la mujer debería haber cumplido los 16 años de edad y el hombre los 18 años, en tanto que el artículo 7 del Código actual determina que tanto la mujer como el hombre deben haber cumplido los 18 años para poderse casar.

150.El tribunal competente de distrito puede autorizar por motivos justificados que el matrimonio se celebre antes de que los contrayentes hayan cumplido la edad reglamentaria. Según lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 7 no establece ningún tipo de distinción basada en el sexo en lo que respecta a la edad para contraer matrimonio.

151.La Constitución, el Código de la Familia y el Código Civil de Albania garantizan la igualdad en materia de familia. Con arreglo al artículo 53 de la Constitución, todo individuo tiene derecho a casarse y a formar una familia; el matrimonio y la familia también reciben protección especial del Estado.

152.Las disposiciones del Código de la Familia y del Código Civil regulan el matrimonio y la disolución del matrimonio. El nuevo Código de la Familia tiene en cuenta nuevos aspectos de las relaciones que surgieron durante el período de la transición. Este Código establece con mayor fuerza que nunca antes la igualdad entre el hombre y la mujer. El capítulo II enuncia los derechos y obligaciones que emanan del matrimonio. El artículo 50 determina que el marido y la mujer tienen los mismos derechos y obligaciones en el matrimonio.

153.De conformidad con el artículo 8, el matrimonio se celebra ante un registrador, con el libre consentimiento de ambos cónyuges. El nuevo Código ha previsto una modalidad especial al respecto que consiste en que el ayuntamiento o la municipalidad coloque avisos del matrimonio en lugares apropiados. Un nuevo asunto incluido es la figura del representante a quien los contrayentes otorgan un poder para que realice distintas diligencias relacionadas con su matrimonio.

154.El artículo 51 del Código de la Familia dispone que el marido y la mujer tienen derecho a elegir el apellido que utilizarán al contraer matrimonio, pudiendo optar por conservar sus respectivos apellidos de solteros o por llevar el de uno de ellos. En realidad, son muy contados los casos en que la mujer ha conservado su apellido de soltera o en que ambos cónyuges han adoptado el apellido de la mujer. Esto es consecuencia de la tradición patriarcal que subsiste y del criterio de que el marido es el jefe de la familia.

155.En virtud del nuevo Código de la Familia, quedan anulados los artículos 86 y 87 del Código Civil, relativos a los bienes de los cónyuges. El capítulo III establece disposiciones especiales sobre la comunidad de bienes. Con ese fin, los cónyuges pueden firmar un contrato antes del matrimonio sobre el régimen de bienes por el que optan, régimen que no debe contravenir lo previsto en el Código y en las leyes pertinentes. El artículo 74 enuncia la base normativa y el artículo 77 se refiere a los bienes personales.

156.El número de matrimonios es mayor en los distritos rurales que en las grandes ciudades (en una proporción de 10 a 1). Predomina la tendencia de que las personas no se casen muy jóvenes, sobre todo en los distritos urbanos. En 1990 comenzaron a celebrarse matrimonios con cónyuges extranjeros, que habían estado prohibidos durante 30 años.

157.Antes de los años noventa eran poco frecuentes en Albania las uniones extramatrimoniales, actualmente aceptadas por las sociedades más evolucionadas. En el pasado, ese tipo de relaciones de parejas no casadas por lo civil eran sancionadas por la vía administrativa, pero ahora la mayoría de los jóvenes de zonas urbanas las reconocen y aceptan.

158.Ante esa situación, fue necesario tener en cuenta esas relaciones en el Código de la Familia. En dos de sus artículos, el 163 y el 164, se define la relación de pareja no casada como unión de hecho entre un hombre y una mujer que conviven de manera estable y continuada y se prevé la firma ante notario de un contrato en que se estipulen las consecuencias de tales uniones en materia de descendencia y bienes.

Fin del matrimonio

159.El artículo 123 prevé en sus cláusulas que el matrimonio termina:

-Cuando fallece uno de los cónyuges;

-Cuando uno de los cónyuges es declarado muerto;

-Cuando se disuelve el matrimonio.

Divorcio

-Por mutuo acuerdo: En este caso, ambos cónyuges se dirigen a los tribunales para solicitar la disolución del matrimonio y a continuación redactan un proyecto de acuerdo en que se definen las consecuencias de esa disolución. Tras comprobar que se trata de un proceso iniciado de mutuo acuerdo, de forma legítima y sin coacción, el tribunal aprueba la disolución del matrimonio;

-A solicitud de uno de los cónyuges: En este caso, en el artículo 132 se enuncian las bases para la disolución del matrimonio.

160.El artículo 137 prevé el caso de juicios aplazados a solicitud de una esposa embarazada por períodos de hasta un año. Durante los años ochenta aumentó en Albania el número de divorcios. En 1980 el total de divorcios ascendió a 2.024, en comparación con 2.597 en 1988. En 1989, por cada 100 mujeres casadas había 9,5 mujeres divorciadas. En los dos primeros años de la transición se incrementó significativamente el número de divorcios. En 1991 se alcanzó una cifra máxima de un divorcio por cada 10 matrimonios.

161.En las grandes ciudades esas proporciones fueron incluso superiores. Estos valores máximos (no corroborados por datos posteriores) son atribuibles al hecho de que durante ese período se disolvieron matrimonios que desde hace tiempo habían fracasado. En años recientes ha disminuido la proporción de divorcios en relación con el número de matrimonios nuevos (de 7,5 divorcios por cada 100 matrimonios a 5,9 divorcios por cada 100 matrimonios en 1997). No obstante, después de 1997 se está registrando una tendencia ascendente en el número de divorcios.

Matrimonios y divorcios

(1990 a 1999)

Año

Matrimonios

Divorcios

Total

Número por cada 1000 habitantes

Total

Número por cada 100 matrimonios

1990

28 992

8,9

2 675

9,2

1991

24 853

7,6

2 236

9,0

1992

26 405

8,3

2 480

9,4

1993

25 963

8,2

2 251

8,7

1994

27 859

8,7

2 108

7,6

1995

26 989

8,3

2 331

8,6

1996

27 690

8,4

1 901

6,9

1997

24 122

7,3

1 430

5,9

1998

27 871

8,3

2 005

7,2

1999

27 254

8,1

2 114

7,8

162.En los últimos año ha variado la relación entre el número de hombres y de mujeres que han presentado demandas de divorcio. En 1993 presentaron demandas de divorcio 1 304 hombres y 1 589 mujeres; las cifras correspondientes a 1994 fueron 1 297 hombres y 1 454 mujeres; y las correspondientes a 1996 fueron 1 114 hombres y 1 151 mujeres. Es muy probable que el nivel más elevado de desempleo femenino haya influido en el descenso registrado en el número de mujeres que han presentado demandas de divorcio, ya que la mujer desempleada depende económicamente de su marido.

163.Según el artículo 147 del capítulo III, relativo a los efectos de la disolución del matrimonio, el tribunal puede obligar a uno de los ex cónyuges a pagar al otro, aparte de alimentos, una retribución para compensarle en la mayor medida posible por las desigualdades que ocasione en su vida la división de los bienes tras la disolución del matrimonio. El tribunal determina esa retribución, que puede consistir en un pago inmediato único o en pagos periódicos. En el artículo 149 se establecen las circunstancias en que deben hacerse esos pagos.

164.Por lo que respecta a la obligación de uno de los cónyuges de pagar al otro una pensión alimentaria, el artículo 199 del nuevo Código de la Familia fija un límite de tiempo máximo de seis años. Si uno de los ex cónyuges no puede trabajar o no dispone de medios suficientes de subsistencia, tiene derecho a reclamar al otro el pago de una pensión.

165.En cuanto al uso de la vivienda familiar que es propiedad de uno de los cónyuges, el artículo 153 prevé cuándo el ex cónyuge que no es propietario de la vivienda familiar puede seguir ocupándola después de la disolución del matrimonio. Se trata del caso del ex cónyuge que no es el propietario de la vivienda familiar y tiene la custodia de los hijos hasta que alcancen la mayoría de edad.

166.Cuando el cónyuge que es propietario de la vivienda familiar pide la disolución del matrimonio, puede ejercer su derecho durante siete años. Si el ex cónyuge que no es el propietario de la vivienda familiar tiene en ella un negocio u oficina cuya instalación ha representado una suma importante de dinero y cuyo traslado requiere muchos gastos, puede seguir haciendo uso de la vivienda familiar durante tres años. En esos casos el tribunal determina el monto del alquiler a la luz de los ingresos del ex cónyuge que no es propietario de la vivienda familiar.

Derechos de la familia

167.La familia es la institución más estable de la sociedad albanesa. Sin embargo, a causa de los cambios económicos, se ha reducido su tamaño. A principios de los años ochenta el tamaño medio de la familia rural era de 6,2 miembros, en tanto que en 1989 ese número había descendido a 5,3 miembros. Al mismo tiempo, el tamaño medio de la familia urbana disminuyó de 4,6 miembros a 3,9 miembros.

168.Las variaciones en la estructura de la unidad familiar por efecto del comunismo y el período de transición posterior ha influido apreciablemente en las relaciones entre el hombre y la mujer. En el pasado, dada la arraigada tradición patriarcal de las familias albanesas, el hombre tendía a predominar en la política local y en la adopción de las decisiones económicas. En cambio, en la actualidad, la economía de mercado ha creado una situación confusa en cuanto al papel que corresponde al hombre y a la mujer. La mayoría de las unidades familiares sigue estando integrada por el marido, la mujer, los hijos solteros y los hijos varones casados con sus respectivas esposas e hijos.

169.Otra consecuencia del período de transición ha sido el descenso de la edad a la que se casa la mujer en las zonas rurales, ya que la mayoría de la juventud emigra. Esto afecta a la educación de las mujeres jóvenes, que suelen comprometerse y casarse antes de terminar sus estudios.

170.Normalmente, las parejas casadas jóvenes siguen viviendo con los padres del marido o, en raras ocasiones, con los de la mujer, hasta que su nivel de ingresos les permite tener una vivienda propia. En el hogar de una pareja normal, la mujer puede tener el mismo estatus que el marido si contribuye al ingreso familiar y procrea un hijo varón.

171.Está aumentando el número de familias monoparentales. Aunque no se dispone de información exacta, ese tipo de familia suele ser consecuencia del fallecimiento de uno de los padres. Algunos datos parciales indican que la mujer se ocupa del 80% de las obligaciones del hogar en la familia monoparental.

La familia y la política relativa a la infancia

172.Por lo que respecta a las políticas normativas relativas a la infancia, el Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional en favor de la Infancia. No se han dictado políticas normativas especiales para la familia. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales únicamente proporciona asistencia financiera a las familias necesitadas con arreglo a categorías establecidas en función de terminadas condiciones.

Derecho a la propiedad

173.El artículo 41 de la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada y define las modalidades de la adquisición de propiedad (por regalo, herencia, compra u otros medios normales previstos en el Código Civil). También se hace referencia a este principio en el artículo 153 del Código Civil, que protege contra la pérdida total o parcial de un bien obtenido legalmente (salvo en caso de expropiación por interés público).

174.En el Código Civil se determina que la propiedad se pierde cuando la adquiere otra persona o cuando se renuncia a ella y este acto se ejecuta ante notario y se registra (artículo 191). Además, el registro de bienes inmuebles está regulado por las normas establecidas en el artículo 192 del Código Civil.

175.El título III del Código Civil se refiere a la propiedad compartida por dos o más individuos (que se supone que es a partes iguales a menos que se demuestre lo contrario). Todo copropietario tiene derechos y obligaciones que se derivan de su propiedad, pero no puede vender la parte que le corresponde sin ofrecérsela primero a los demás copropietarios para que éstos tengan la oportunidad de comprarla (artículo 204).

176.La sucesión intestada ocurre cuando el difunto no ha hecho testamento o solamente ha incluido en el testamento parte de su patrimonio, o bien cuando el testamento se anula total o parcialmente (artículo 317 del Código Civil). Una persona puede ser beneficiaria si está viva en el momento de repartirse el patrimonio y si fue concebida antes que muriera el testador y nació viva (artículo 320). Son herederos forzosos los hijos y el cónyuge supérstite, independientemente de que pueda o no trabajar, y la herencia se distribuye entre ellos a partes iguales (artículo 361).

177.Si fuera del cónyuge, no hay herederos en línea directa, son derechohabientes los herederos colaterales más inmediatos especificados en el artículo 362 del Código Civil y, de no haber ninguno, los siguientes derechohabientes en orden de sucesión, según lo previsto en el artículo 363. En cualquier caso, el cónyuge supérstite recibe la mitad de la herencia.

178.Con arreglo a la sucesión testamentaria prevista en el artículo 373, toda persona que haya cumplido los 18 años de edad, o bien que sin haber cumplido esa edad sea mujer y esté casada, puede hacer testamento (cabe aclarar que en el caso de bienes en común, un cónyuge únicamente puede incluir en su testamento el 50% que le corresponde de los bienes gananciales del matrimonio).

179.En cualquier caso, de conformidad con el artículo 379, el testador no puede excluir legalmente a sus hijos menores, ni a los menores que les sigan en orden de sucesión, ni tampoco a los derechohabientes establecidos por la ley. En la práctica, el patrimonio acumulado durante el matrimonio pertenece a ambos cónyuges por partes iguales, salvo que se demuestre lo contrario ante los tribunales. Con arreglo a la ley, ninguno de los cónyuges puede decidir sobre la parte del patrimonio común que corresponde al otro cónyuge.

Acceso al sistema judicial

180.Si bien las disposiciones jurídicas son coherentes con la protección de los derechos fundamentales, el acceso práctico de la mujer al sistema judicial para solicitar de los tribunales una solución está limitado por una serie de dificultades:

Primero, la mujer no siempre conoce plenamente sus derechos y, en consecuencia, pocas veces los hace valer. Las organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo actividades y campañas de información sobre las leyes, pero esos esfuerzos han sido limitados por falta de financiación. Ningún programa gubernamental se ocupa concretamente de mejorar los conocimientos de la mujer sobre las leyes;

Segundo, los procesos judiciales suelen ser muy largos y costosos para los demandantes, especialmente las demandas civiles, lo que en la práctica limita el acceso de los grupos más pobres a una solución judicial. De hecho, aunque un individuo quiera presentar por su cuenta una demanda civil, los procedimientos son bastante complejos y se requiere el asesoramiento de un abogado, asesoramiento que no se puede obtener de medios públicos.

Acceso a servicios jurídicos gratuitos

181.El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal garantiza la asistencia letrada. Un acusado tiene derecho a defenderse a sí mismo o a ser defendido por un abogado. Si no dispone de medios suficientes, se le proporcionará asistencia jurídica gratuita. En las demandas civiles las partes pueden asumir su propia defensa, salvo en los casos en que estén obligadas a hacerse representar por un abogado (artículo 22 del Código de Procedimiento Civil).

182.De acuerdo con el artículo 85, los casos arriba mencionados se relacionan con la condición y la capacidad jurídica de la persona: los intereses de menores representados por tutores, los casos examinados por el Tribunal Supremo y otros casos definidos por la ley.

183.Aunque en teoría es posible recibir asistencia letrada en las acciones civiles (no hay ninguna disposición de la ley en contra de ello), los demandantes y demandados suelen elegir abogados remunerados para que los representen. Actualmente algunas asociaciones gubernamentales de carácter nacional e internacional prestan asistencia jurídica gratuita en acciones civiles a grupos vulnerables. En particular, el Centro de Defensa de la Mujer proporciona asistencia letrada a las mujeres en casos de divorcio, separación, pensiones alimentarias, custodia de hijos, paternidad, y otros casos.

184.El derecho a un apellido – Toda persona física tiene el derecho y la obligación de tener un nombre de pila y un apellido. Cuando la mujer se casa, suele adoptar el apellido del marido, aunque la ley la autoriza a conservar su apellido de soltera. Después del divorcio la mujer recupera su apellido de soltera, aunque puede también seguir utilizando el apellido de su ex marido si hay motivos que lo justifiquen.

185.El derecho de residencia – De conformidad con el Código Civil y con el artículo 55 del Código de la Familia, toda persona puede elegir libremente su lugar de residencia y después del matrimonio la elección del lugar de residencia es una decisión que de común acuerdo toma la pareja a la luz de los intereses de los hijos y de la conveniencia familiar. La realidad es que la tradición y las costumbres determinan que la mujer vaya a vivir después del matrimonio a la casa de su marido, quien es el jefe de familia y a quien corresponde, en virtud de la ley y las costumbres, elegir la residencia de su familia.

186.Herencia – Las leyes prevén la igualdad entre el hombre y la mujer para realizar actos jurídicos por los cuales ejerzan derechos civiles, para contraer obligaciones mediante la celebración de contratos y otros acuerdos y para la sucesión legal.

187.Las leyes albanesas disponen que la hija y el hijo tienen los mismos derechos legales para entrar en posesión de una herencia. Ahora bien, en la práctica el marido es quien suele heredar las tierras de la familia.

188.Nacionalidad – Como ya se indicó, la Constitución y la Ley de la nacionalidad definen las bases jurídicas para gozar de la nacionalidad albanesa. Según el artículo 19 de la Constitución, los hijos de padre o madre de nacionalidad albanesa obtienen automáticamente esa nacionalidad.

189.El artículo 6 de la Ley de la nacionalidad establece que la nacionalidad albanesa se adquiere por nacimiento, por naturalización y por adopción, en tanto que el artículo 10 dispone que una persona de nacionalidad extranjera que haya estado casada con una persona de nacionalidad albanesa durante un período mínimo de tres años, puede, si así lo desea, adquirir la nacionalidad albanesa. En consecuencia, el matrimonio no entraña la obtención o la pérdida de la nacionalidad albanesa. Dado que Albania es parte en la Convención de 1954 sobre los Derechos Políticos de la Mujer, sus leyes de nacionalidad siguen las directrices de esa Convención y la cumplen.

Participación en los asuntos políticos y públicos

190.La intervención de la mujer en la vida política y pública consiste sobre todo en el ejercicio de su derecho a participar en todas las elecciones y referendos públicos y políticos, a ser elegida para todos los órganos públicos electivos, a tomar parte en la elaboración y aplicación de las políticas gubernamentales, a trabajar en todos los niveles de las instituciones públicas y políticas y a participar en órganos no gubernamentales relacionados con la vida pública y política del país.

191.Todos esos derechos fundamentales están garantizados por la Constitución (artículos 45, 46 y 48), pero los datos estadísticos demuestran que la mayoría de los puestos administrativos y políticos de los órganos rectores gubernamentales y públicos están ocupados por hombres, pese a que el nivel de preparación de la mujer es igual, y con frecuencia superior, al del hombre.

Datos estadísticos

Composición del Gobierno en enero de 2000

Cargo

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Primer Ministro

1

0

100

0

Viceprimer Ministro

0

1

0

100

Ministro

14

2

87,5

12,5

Viceministro

16

4

80

20

Director

82

23

78,1

21,9

Presidentes y miembros de los tribunales, por sexo, en el año 2000

Cargo

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Presidente del Tribunal Supremo

1

0

100

0

Presidente del Tribunal Constitucional

1

0

100

0

Presidente del Tribunal de Apelación

4

2

66,7

33,3

Miembro del Supremo Consejo de Justicia

13

2

86,7

13,3

Miembro del Tribunal Supremo

12

5

70,6

29,4

Miembro del Tribunal Constitucional

8

1

88,9

11,1

Miembro del Tribunal de Apelación

30

13

69,8

30,2

Personal universitario, por sexo, en enero de 2000

Cargo

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Rector

8

1

89

11

Vicerrector

7

2

78

22

Decano

30

6

83

17

Vicedecano

10

3

77

23

Miembro del Senado

151

40

79

21

Miembro del Consejo de una Facultad

344

150

70

30

Jefe de Departamento

101

31

76,5

23,5

Participación en los medios de información (periódicos), por sexo, en enero de 2000

Cargo

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Director

6

0

100

0

Redactor Jefe

9

0

100

0

Adjunto del Redactor Jefe

9

3

75

25

Jefe de Departamento

26

12

68

32

Articulista

92

72

56

44

192.La máxima representación política de la mujer en los anales del Parlamento albanés se alcanzó en 1974 y en 1989, cuando la tercera parte de los diputados fueron mujeres. En las primeras elecciones políticas pluripartidistas, celebradas en marzo de 1991, la representación femenina en órganos electivos disminuyó a 51 mujeres frente a 199 hombres; y en 1997 sólo fueron elegidas 11 mujeres diputadas, en comparación con 144 hombres. En las elecciones parlamentarias de 2001 resultaron elegidas 9 mujeres, de un total de 140 diputados.

193.La situación no es muy distinta en lo que respecta a la participación de la mujer en el gobierno local. En las zonas rurales es todavía más difícil que en las urbanas que la mujer ocupe cargos directivos. Por ejemplo, en 1996, de los 309 presidentes de comunas, apenas uno era mujer. De los 947 miembros de los consejos municipales, 61 eran mujeres (el 6,4%); de los 930 miembros de los consejos de distrito, 64 eran mujeres (el 6,8%); y de los 3 548 miembros de los consejos comunales, únicamente 105 eran mujeres (el 2,9%). La situación mejoró un poco en las elecciones locales del 1º de octubre de 2000, cuando de 65 alcaldes, 8 fueron mujeres; y de un total de 11 presidentes de municipalidades pequeñas, 3 fueron mujeres.

194.De conformidad con el artículo 3 del Código Electoral (Ley No. 8609, de 8 de mayo de 2000), todo ciudadano albanés que haya cumplido los 18 años de edad tiene derecho a votar y a ser elegido, sin ningún tipo de distinción por motivos de raza, etnia, sexo, idioma, opinión política, credo religioso o situación económica. Ciertas categorías de ciudadanos no pueden presentarse como candidatos ni tampoco ser elegidos diputados sin que previamente hayan renunciado a los cargos que ocupan (jueces y fiscales, militares en servicio activo, agentes de la policía y de la seguridad nacional, representantes diplomáticos o miembros del gobierno local).

195.El mismo principio aparece en el párrafo 3 del artículo 3 del nuevo Código Electoral, que fue aprobado por el Parlamento por la Ley No. 9087, de 19 de junio de 2003.

Composición del Parlamento de 1920 a 1997

Años

Número de mujeres

Número de hombres

Porcentaje de mujeres

Porcentaje de hombres

1920

0

37

0

100

1921

0

78

0

100

1925

0

75

0

100

1928

0

57

0

100

1945

6

76

7

93

1950

17

104

14

86

1958

17

171

9

93

1970

72

192

27

73

1974

83

167

33

67

1982

76

174

30

70

1990

81

169

32

68

1991

51

199

20,4

79,6

1997

11

144

7

93

Cargos en el Parlamento, por sexo

Cargo

1997

Porcentaje de mujeres

Hombres

Mujeres

Presidente del Parlamento

1

0

0

Vicepresidente del Parlamento

1

1

50

Presidente de una comisión parlamentaria

13

1

7,1

Presidente de una subcomisión parlamentaria

1

1

50

Presidente de un grupo parlamentario

6

0

0

Composición del Parlamento por partidos políticos, en junio de 1997

Partido

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Partido Socialista

97

9

92

8

Partido Demócrata

22

1

96

4

Partido Socialdemócrata

9

1

90

10

Otros partidos

16

0

100

0

Composición de las comisiones parlamentarias, por sexo, en junio de 1997

Comisiones

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Justicia

12

1

92,4

7,6

Relaciones Exteriores

11

0

100

0

Economía, Finanzas y Privatizaciones

13

2

87,0

13

Agricultura y Alimentación

10

0

100

0

Industria, Transporte y Comercio

11

0

100

0

Educación, Cultura, Ciencia y Deportes

9

1

90,0

10

Información Pública

10

0

100

0

Derechos Humanos y Minorías

6

1

85,8

14,2

Salud y Medio Ambiente

8

1

89,0

11

Trabajo y Asuntos Sociales

11

2

84,7

15,3

Defensa

9

0

100

0

Orden Público

9

0

100

0

Inmunidades y Mandatos

11

0

100

0

196.La escasa participación de mujeres es consecuencia en parte de la idea que predomina entre ellas de que la política es complicada, aunque es más bien atribuible a la opinión de que las mujeres no son aptas para los puestos en que se toman decisiones.

197.En el recientemente aprobado Código Electoral no se previó una cuota para la mujer. Por consiguiente, el destino de las mujeres representantes queda en gran medida en manos de los partidos políticos (pese al derecho que toda persona tiene de presentarse a las elecciones como independiente).

Elecciones para los gobiernos locales de octubre de 1996

Cargo

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de hombres

Porcentaje de mujeres

Prefecto

12

0

100

0

Alcalde

62

3

95,4

4,6

Presidente de un consejo de distrito

34

2

94,5

5,5

Presidente de una comuna

308

1

99,68

0,32

Miembro de un consejo municipal

886

61

93,6

6,4

Miembro de un consejo de distrito

866

64

93,2

6,8

Miembro de un consejo comunal

3 443

105

97,1

2,9

Secretario de un consejo de distrito

33

3

91,7

8,3

Secretario de un consejo municipal

56

9

86,2

13,8

Secretario de un consejo comunal

295

14

95,5

4,5

198.En las elecciones locales del 1º de octubre de 2000 el Partido Socialista Albanés, alentado por el Foro Social de la Mujer, decidió establecer como objetivo una cuota de un 30% de mujeres candidatas. Otro tanto sucedió con el partido de la oposición, el Partido Demócrata Albanés, que también previó voluntariamente un cuota de un 30% de mujeres candidatas. No obstante, pese a esas promesas, ninguno de los dos partidos propuso a una mujer como candidata para la alcaldía de Tirana y las estadísticas existentes sobre la participación de la mujer en los partidos políticos siguen mostrando una apreciable diferencia entre el hombre y la mujer.

Representación y participación internacional

199.Según la ley, todo ciudadano albanés tiene acceso a la posibilidad de representar a su Gobierno a nivel internacional (en el servicio exterior o como miembro de alguna organización internacional). Los datos estadísticas indican que el número de mujeres que trabajan en el servicio exterior de Albania aumenta de año en año.

Porcentaje de mujeres en misiones diplomáticas en enero de 2002

Cargo

Total

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Embajador

43

2

4,6

Ministro Consejero

4

1

25

Consejero

15

2

13

Primer Secretario

36

6

16,7

Segundo Secretario

30

9

30

Tercer Secretario

7

1

14,3

Agregado

2

1

50

Mujeres en puestos altos del Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2002

Cargo

Número de hombres

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Ministro

1

0

0

Viceministro

1

0

0

Director

9

3

25

Jefe

3

0

0

Especialista

34

29

46

Estrategia nacional para el adelanto de la mujer

200.La estrategia nacional para la protección y promoción de los derechos de la mujer ha evolucionado mucho desde que se puso en marcha en 1992. De 1992 a 1994 el adelanto de la mujer estuvo a cargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En 1996 se creó la Secretaría de Estado para Asuntos de la Mujer dentro del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y en 1997 esa Secretaría pasó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como Departamento de la Mujer y la Familia. En julio de 1998 el Consejo de Ministros convirtió a dicho Departamento en Comité del Consejo de Ministros de la Mujer y la Familia o para la Igualdad de Oportunidades; el Presidente del Comité depende directamente del Viceprimer Ministro y el presupuesto del Comité está incluido en el presupuesto del Consejo de Ministros.

201.Las funciones del Comité para la Mujer y la Familia o Comité para la Igualdad de Oportunidades se enuncian en la Decisión No. 415 del Consejo de Ministros, de 1º de julio de 1998, a saber:

Aplicar las políticas oficiales sobre cuestiones relativas a la mujer y la familia;

Coordinar los programas para promover la igualdad entre el hombre y la mujer en el plano central y local;

Aplicar y evaluar los programas oficiales sobre la mujer y la familia;

Proponer nuevas leyes sobre los derechos del niño y la mujer o modificar las leyes vigentes a ese respecto, de conformidad con las normas internacionales;

Apoyar y coordinar las actividades de las organizaciones no gubernamentales en la esfera de los derechos de la mujer y la familia.

202.El objetivo del Comité es aplicar la Plataforma Nacional para la Mujer (Decisión No. 267 del Consejo de Ministros, de 3 de junio de 1999). Además, el Comité está estableciendo un sistema eficaz de información para mantenerse al tanto de los progresos que se logren en todo el país y a ese efecto se ha desplegado una red nacional de centros de coordinación dentro de los gobiernos locales; además está promoviendo la adopción de medidas afirmativas por los órganos competentes (Parlamento, ministerios, gobiernos locales).

203.La estrategia del Comité se basa en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en la Plataforma de Acción de Beijing y en la Plataforma Nacional para la Mujer.

204.En este último instrumento citado se prevé, entre otras cosas:

•El aumento de la participación de la mujer en los organismos gubernamentales, en el poder judicial y en la administración pública;

•El procesamiento de información y el fomento de investigaciones sobre cuestiones de género;

•La concienciación de la mujer respecto de sus derechos sociales, económicos y culturales;

•El mejoramiento de la legislación vigente sobre el adelanto de la mujer;

•El establecimiento de mejores contactos entre las organizaciones no gubernamentales y las gubernamentales en relación con las cuestiones de género.

Proyectos de cooperación con organizaciones internacionales y nacionales en la esfera de la mujer

205.El Comité para la Igualdad de Oportunidades ha estado cooperando estrechamente desde 1999 con la sociedad civil y las organizaciones extranjeras con el fin de incrementar el número de mujeres en los niveles decisorios.

206.En el marco del Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental, el Comité ha organizado varios proyectos importantes para alcanzar los objetivos ya mencionados. Esos proyectos consisten ante todo en actividades locales y nacionales de capacitación para mujeres que deseen participar en las instituciones que adoptan decisiones, en preparación para las elecciones locales y parlamentarias.

207.También se ha aportado apoyo financiero a este respecto por conducto de la organización Norwegian People's Aid (NPA) y en colaboración con el Comité para la Igualdad de Oportunidades, la Red del Milenio para la Mujer y el Foro Independiente de Mujeres Albanesas. Se han elaborado programas escalonados de capacitación tales como "La mujer puede conseguirlo", cuyo objetivo principal es promover la autoconfianza y sensibilizar a la mujer a fin de fortalecer su posición en el proceso de adopción de decisiones de carácter político y oficial.

208.En este contexto se ha llevado a cabo un proyecto local de capacitación sobre "La mujer en posiciones de liderazgo" en beneficio de mujeres que querían ser candidatas en las elecciones locales de 2003. Este proyecto se ha ejecutado en combinación con el Comité para la Igualdad de Oportunidades, la Red del Milenio para la Mujer, los foros de mujeres de los partidos políticos y los representantes de medios de información y con el apoyo financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

209.De conformidad con la Plataforma Nacional para la Mujer, basada en la Plataforma de Acción de Beijing, y con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Comité para la Igualdad de Oportunidades ha realizado dos estudios sobre la situación de la mujer en los partidos políticos y el proceso de adopción de decisiones oficiales. El Comité está elaborando ahora un informe sobre la promoción de la igualdad de género y la potenciación de la mujer, que es uno de los objetivos de desarrollo de la Declaración del Milenio.

Igualdad entre el hombre y la mujer en el mercado de trabajo

210.La Constitución establece el derecho al trabajo en su artículo 49 (1); todo individuo tiene derecho a ganarse la vida realizando el trabajo legal que haya elegido o aceptado. Se es libre para elegir la ocupación, el lugar de trabajo y el sistema de preparación profesional.

211.Este principio es igualmente aplicable a todos los ciudadanos, hombres y mujeres. El Código Penal prohíbe la discriminación por motivos de sexo, que influye en la igualdad de oportunidades en el empleo, la capacitación, la contratación, las condiciones de trabajo, la remuneración, la asistencia social y la conclusión de los contratos de trabajo, así como en la participación en sindicatos.

212.El artículo 253 del Código Penal dispone que un trabajador que ocupe un cargo estatal o pública y que, en virtud de ese cargo o en el ejercicio de las funciones correspondientes a ese cargo, practique la discriminación por motivos de ascendencia, sexo, estado de salud, religión u opinión política, actividad sindical o pertenencia a un determinado grupo étnico, nación, raza o religión y, como consecuencia de esa discriminación, establezca privilegios injustos o deniegue un derecho o beneficio determinado por la ley será castigado con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años.

213.El artículo 1 del Código Civil establece la plena igualdad de oportunidades para todas las personas y en sus disposiciones se utilizan término tales como "todo individuo", "nadie" y "persona", sin establecer ninguna distinción de sexo.

214.El Código del Trabajo prevé en particular las cuestiones siguientes:

Artículo 9 (1): Prevención de la discriminación;

Artículo 9 (2): Definición de la discriminación;

Artículo 10: Participación en organizaciones sindicales;

Artículo 32 (1): Obligación de los empleadores de respetar y proteger la personalidad del empleado;

Artículo 32 (2): Prohibición del acoso sexual;

Capítulo 8, artículos 39 a 75: Seguro de salud y empleo;

Capítulo 9, artículos 76 a 97: Horas de trabajo y vacaciones pagadas;

Capítulo 10, artículos 98 a 108: Medidas especiales de protección de la mujer y el menor;

Capítulo 11, artículos 109 a 134: Remuneración y compensación.

La violación de las anteriores disposiciones se sanciona con una multa por un monto equivalente a entre 20 y 50 veces el salario mínimo establecido por la ley.

215.En el Código del Trabajo se enuncian disposiciones especiales para proteger a la mujer que trabaja. Es así que en el párrafo 3 del artículo 54 se especifica que la mujer embarazada que trabaja de pie debe gozar de períodos mínimos de descanso de 20 minutos cada cuatro horas. El artículo 55 establece que la mujer no debe levantar en su trabajo pesos superiores a 20 kilogramos, en tanto que el límite para el hombre es de 55 kilogramos.

216.Con arreglo al artículo 72, en los establecimientos laborales en que trabajen mujeres, el empleador está obligado a proporcionarles instalaciones sanitarias separadas, independientemente de las que ya existan.

217.El Código del Trabajo está basado en las normas laborales internacionales, ratificadas por el Parlamento de Albania, y su artículo 9 recoge las disposiciones del Convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

218.Aunque se han adoptado leyes modernas y no discriminatorias hacia la mujer, es necesario mejorar el ejercicio y la aplicación de la igualdad de derechos, especialmente en lo tocante a la libre elección del lugar de residencia, la herencia y la propiedad.

219.Albania es Miembro de las Naciones Unidas desde el 14 de diciembre de 1955 y ha ratificado casi todas las principales convenciones sobre derechos humanos que ha aprobado esta Organización. En la esfera de la discriminación, la República de Albania es parte en las siguientes convenciones:

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)), 1960 (1963);

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1969 (adhesión en 1994).

La República de Albania también ha ratificado el siguiente convenio de la OIT sobre la discriminación:

Convenio No. 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 1958, ratificado el 27 de febrero de 1997.

220.Además, Albania es miembro del Consejo de Europa desde el 13 de julio de 1995. Es también parte en muchos instrumentos importante aprobados por el Consejo de Europa, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos adicionales Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 (los protocolos Nos. 12 y 13 han sido firmados). Por ser parte en el Protocolo No. 11, sus nacionales tienen derecho a dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de haber agotado todos los recursos de jurisdicción interna.

Mercado de trabajo

221.Los primeros años de la transición se caracterizaron por un aumento drástico en el número de desempleados a causa del cierre de empresas estatales. Esta tendencia negativa se ha corregido, ya que en el período comprendido entre 1993 y 1996 el desempleo disminuyó gracias a la mejora de la economía y a la aparición creciente de empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, resulta difícil evaluar con alguna precisión el mercado de trabajo actual en Albania, porque la mayoría de los habitantes vive en zonas rurales, donde no están registrados como desempleados, y porque hay una alta proporción de desempleados que realizan trabajos no declarados.

222.El incremento en las cifras de desempleo después de 1997 ha sido consecuencia de que la mayoría de los que antes habían estado en condiciones de trabajar no se habían declarado ni registrado como desempleados, ya que recibían pagos mensuales de sus inversiones en planes piramidales.

223.El mercado de trabajo de Albania ofrece oportunidades limitadas a los desempleados poco preparados. El 48% de los desempleados ha cursado la enseñanza básica de ocho años y el 49% de ese grupo ha llegado al nivel medio. Por ese motivo, necesitan formación profesional para determinados empleos. Las oportunidades de obtener esa formación son escasas, tanto cuantitativa como cualitativamente. La tasa de desempleo asciende al 21% en el caso de las mujeres y al 16% en el caso de los hombres.

Composición de la fuerza de trabajo

Miles de personas

1992

1994

1999

Población total

3 190

3 202

3 373

Hombres

1 580

1 616

1 662

Mujeres

1 600

1 586

1 711

Población en edad de trabajar

1 849

1 786

1 911

Hombres

912

900

957

Mujeres

937

886

954

Fuerza de trabajo

1 489

1 423

1 305

Hombres

782

609

791

Mujeres

707

814

514

Total de personas que trabajan

1 095

1 161

1 065

Hombres

588

673

661

Mujeres

507

488

404

Total de desempleados registrados

394

262

240

Hombres

194

141

130

Mujeres

200

121

110

Desempleados registrados, desempleados de larga duración y tasa de desempleo

1994

1996

1997

1998

1999

Número total de esempleados

Miles de personas

262

158

194

235

240

Mujeres

Miles de personas

121

70

85

108

110

Hombres

Miles de personas

141

88

109

127

130

Desempleados de larga duración

Miles de personas

124.3

120.2

162.6

209

216

Tasa de desempleo

Porcentaje

18

12,3

15

18

18

Mujeres

20

17

21

21

Hombres

17

14

16

16

Empleo en el sector público, por principales grupos ocupacionales y sexo (porcentaje)

1993

1994

1997

1998

1999

M

H

M

H

M

H

M

H

M

H

Total de personas que trabajan

35,1

64,9

36,3

63,7

38,2

61,8

39,0

61,0

41,8

58,2

Personal directivo

20,9

79,1

19,8

80,2

24,2

75,8

24,5

75,5

24,4

75,6

Especialistas con

título universitario

43,3

56,7

46,2

53,8

46,3

53,7

46,0

54,0

45,9

54,1

Técnicos

35,5

64,5

45,4

54,6

45,4

54,6

45,3

54,7

45,2

54,8

Empleados de oficina

49,5

50,5

47,1

52,9

49,9

50,1

50,4

49,6

50,3

49,7

Trabajadores

32,3

67,7

29,9

70,1

28,4

71,6

29,9

70,1

38,3

61,7

Personal directivo en la empresa privada, por sexo

Año

Número de personas

Porcentaje de mujeres

Total

Mujeres

1994

32 968

6 868

20,8

1997

58 626

10 772

18,3

1998

56 453

9 800

17,4

Actividades empresariales de la mujer, por tipo de actividad

Tipo de actividad

1996

1998

Total

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Total de mujeres

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Agricultura

1 466

31

2,11

1 241

32

2,57

Industria y agroindustria

5 231

560

10,7

5 674

606

10,7

Construcción

1 417

93

6,56

1 905

124

6,5

Comercio

30 750

6 501

21,14

29 370

6 415

21,8

Transporte

9 117

150

1,64

8 199

157

1,9

Servicios

9 732

2 342

24

10 042

2 564

25,5

Total

57 712

9 677

16,7

56 453

9 902

17,5

La tasa actual de desempleo de la mujer es de un 21%, frente a una tasa de un 16% para el hombre.

Tasa de desempleo por sexo

Porcentaje

1989

1993

1994

1997

1998

1999

Tasa de desempleo total

7

22

18

15

18

18

Tasa de desempleo de la mujer

8

24

20

17

21

21

Tasa de desempleo del hombre

6

21

17

14

16

16

224.Hay distintos factores internos y externos que han obstaculizado el desarrollo de las empresas privadas (salvo en actividades tales como el comercio, los servicios y la construcción). La principal causa de desempleo en las zonas urbanas, descontando la poca preparación profesional, es la afluencia masiva de población del campo a las ciudades.

225.Según el Instituto de Estadísticas de Albania (INSTAT), en 1989 la tasa de empleo ascendía al 85% en el caso de la mujer y al 94% en el caso del hombre, tasas que han descendido después de 1990 a proporciones del 50% al 60% para ambos sexos.

Igualdad de remuneración

226.En lo tocante a la igualdad de remuneración entre el hombre y la mujer, el artículo 115 del Código del Trabajo dispone en su párrafo 3 que los empleadores deben dar al hombre y a la mujer igual salario por igual trabajo, lo que corresponde al principio de igual remuneración por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor. La carga de la prueba de que no existe discriminación recae en el empleador. Esta formulación se ajusta a los instrumentos internacionales en los que Albania es parte (Convenio de la OIT No. 100 sobre igualdad de remuneración, 1951).

227.Durante el último decenio, el monto de los salarios ha variado mucho. Hasta fines de 1989 el salario era la única fuente de ingresos de toda la población trabajadora y el Estado determinaba su monto según un sistema establecido de pago basado en la calidad y la cantidad del trabajo realizado.

228.Desde 1991 los salarios han aumentado en todos los sectores principales de la economía. Se ha implantado un sistema nuevo de remuneración para los empleados estatales que consta de 22 categorías basadas en una evaluación del trabajo, en que se tiene en cuenta la naturaleza de las tareas, las responsabilidades y el grado de dificultad. El nuevo sistema ha marcado el inicio del proceso de diferenciación del salario por trabajo calificado y no calificado.

Salario mensual medio de un empleado del sector público,

por principales grupos ocupacionales

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Salario mensual medio general

3 084

4 778

6 406

8 638

9 558

11 509

12 708

14 963

Personal directivo

4 595

7 503

10 105

14 067

16 129

19 450

22 750

24 437

Especialistas

3 447

5 334

7 747

10 158

11 554

13 877

15 913

18 159

Técnicos

3 044

4 756

6 286

8 237

8 440

9 411

11 951

13 482

Empleados de oficina

2 905

4 674

6 116

7 645

8 483

9 603

12 829

14 415

Trabajadores

2 833

4 215

5 701

7 242

7 974

9 119

8 605

12 394

Derecho a las prestaciones por maternidad

229.Toda mujer embarazada tiene derecho a la licencia de maternidad si ha estado inscrita en el plan de la seguridad social durante los últimos 12 meses y ha tenido un contrato de trabajo desde el comienzo de su embarazo hasta el comienzo de su licencia de maternidad. El período de licencia de

maternidad es de 365 días, lo que incluye un mínimo de 35 días antes del parto y de 42 días después del parto (artículo 104 del Código del Trabajo). La licencia de maternidad en un embarazo de más de un feto es de 390 días, lo que incluye un mínimo de 60 días antes del parto y de 42 días después del parto.

230.Durante la licencia de maternidad, una trabajadora recibe el 80% de su jornal medio en el período anterior al parto y el 50% en los 150 días posteriores al parto, y ese jornal medio se calcula sobre la base de la remuneración media del año anterior. Las prestaciones de maternidad de las trabajadoras son iguales a sus prestaciones de jubilación. La madre que adopta un niño también tiene derecho a esas prestaciones si está inscrita en la seguridad social y cumple con los requisitos establecidos por la ley (artículo 106 del Código del Trabajo). El empleador está obligado a conservar el puesto de una trabajadora que esté gozando de licencia de maternidad remunerada.

231.En 1996 el Consejo de Ministros estableció nuevas normas en favor de la maternidad y para proteger a las mujeres embarazadas y lactantes de actividades que las expusieran a condiciones de trabajo o a sustancias peligrosas. Las mujeres embarazadas y lactantes no pueden iniciar su jornada de trabajo antes de las 5.00 horas en el verano o las 6.00 horas en el invierno, ni tampoco trabajar después de las 20.00 horas. Cabe señalar que el Código Penal de la República de Albania incorpora circunstancias agravantes a la comisión de un acto delictivo contra una embarazada (artículo 50 (e)) y que el inciso b del artículo 79 sanciona con la prisión a perpetuidad el homicidio de una embarazada.

232.En la esfera de la seguridad social, la mujer goza de una serie de beneficios, como las prestaciones por enfermedad, la jubilación, la invalidez, las prestaciones familiares y otros beneficios en materia de accidentes profesionales, enfermedades profesionales, desempleo y otras circunstancias laborales.

233.Con arreglo a la Ley No. 7703, de 11 de mayo de 1993, una mujer puede recibir prestaciones por incapacidad temporal ocasionada por una enfermedad o un accidente ajeno al trabajo que realiza. Tal incapacidad debe demostrarse con un certificado médico, de conformidad con el Reglamento No. 3, de 5 de octubre de 1993, relativo a "La presentación de certificados médicos por incapacidad temporal", certificado que debe ser expedido por el Instituto de la Seguridad Social y el Ministerio de Salud.

234.En la esfera de la seguridad social, la mujer goza de una serie de beneficios, como las prestaciones por enfermedad, la jubilación, la invalidez, las prestaciones familiares y otros beneficios en materia de accidentes profesionales, enfermedades profesionales, desempleo y otras circunstancias laborales. Con arreglo a la Ley No. 7703, una mujer puede recibir prestaciones por incapacidad temporal ocasionada por una enfermedad o un accidente ajeno al trabajo que realiza.

235.Tal incapacidad debe demostrarse con un certificado médico, de conformidad con el Reglamento No. 3, de 5 de octubre de 1993, relativo a "La presentación de un certificados médicos por incapacidad temporal", certificado que debe ser expedido por el Instituto de la Seguridad Social y el Ministerio de Salud.

236.Según la ley anterior, la mujer cobraba la pensión completa a los 55 años de edad si había estado asegurada durante 35 años y no realizaba actividad económica alguna. Las madres de seis o más hijos de más de 8 años de edad pueden jubilarse a los 50 años si han estado aseguradas por un mínimo de 30 años.

237.La nueva Ley de seguridad social modifica la edad reglamentaria para cobrar una pensión de jubilación. En el caso de la mujer, la edad de jubilación se aumenta de 55 a 60 años y en el del hombre de 60 a 65, siempre y cuando hayan estado trabajando durante 35 años.

238.La prestación por desempleo, que es parte de la seguridad social, se paga por un período máximo de un año. En 1998 recibieron esta prestación 25 000 beneficiarios. La protección social incluye un programa de asistencia social para las familias más vulnerables de bajos ingresos. También existe un plan de protección social para los discapacitados. Son beneficiarias de este plan las personas que han nacido con alguna deficiencia mental y no pueden trabajar.

239.Aunque desde hace muchos años funciona una red de programas de protección social, gran parte de la población está fuera de ella. Actualmente recibe asistencia social un 54% del total de desempleados y un 9% recibe una prestación por desempleo, por lo que todavía queda un 37% de desempleados que no recibe nada.

Trabajo nocturno

240.El artículo 108 del Código del Trabajo y el decreto gubernamental No. 145, de 10 de agosto de 1998, prohíben el trabajo nocturno de la embarazada. Esta disposición fue objeto de un amplio examen en la elaboración del Código del Trabajo, por considerarse que el trabajo nocturno perjudicaba la salud de la embarazada. El Consejo de Ministros ha establecido una reglamentación especial que define los casos excepcionales en que la mujer puede realizar trabajos nocturnos.

Emigración

241.La mujer emigrante suele ser más vulnerable que el hombre. Muchas mujeres albanesas trabajan en el extranjero en la economía no estructurada, sin contrato de trabajo y, por consiguiente, sin seguro de salud ni seguridad social. La mayoría se dedica a empleos no calificados como el servicio doméstico o la agricultura, o como camareras en bares y restaurantes, independientemente de su preparación académica o su experiencia laboral.

242.La emigración de la mujer casada suele incluir a los hijos en edad escolar y, aunque sea de carácter temporal, ocasiona problemas de desarraigo familiar y social y debilita y amenaza las estructuras familiares tradicionales.

243.Sin embargo, es más frecuente que los maridos emigren, dejen de remitir fondos a su familia y pierdan el contacto con ella, lo que da origen a familias monoparentales a cargo de la madre. Además, las políticas estrictas de inmigración de muchos países dificultan la reunión de la familia.

244.Las ancianas constituyen otra categoría social afectada por las consecuencias negativas de la emigración. En una encuesta sobre las personas de edad llevada a cabo en Tirana en 1997 se comprobó que muchas ancianas vivían solas y en condiciones económicas difíciles porque los requisitos migratorios no les habían permitido reunirse con los hijos que trabajaban en el extranjero.

El trabajo a tiempo parcial y el trabajo a domicilio

245.Los artículos 14 y 15 del Código del Trabajo se refieren, respectivamente, al trabajo a tiempo parcial y al trabajo a domicilio. Conforme a la definición enunciada en dicho Código, el trabajo a tiempo parcial es una actividad laboral en que el trabajador es contratado por horas,

medias jornadas o jornadas completas y cuya duración total por semana es inferior a la de la semana laboral a tiempo completo. El trabajo a tiempo parcial entraña proporcionalmente los mismos derechos y obligaciones que el trabajo a tiempo completo.

246.El trabajo a domicilio, definido en el artículo 15, es una actividad laboral que la persona realiza en una localidad de su elección, con arreglo a condiciones establecidas por el empleador. El trabajador a domicilio tiene los mismos derechos que el que trabaja en locales del empleador.

Trabajo no remunerado

247.En la actualidad no se ha implantado en Albania ningún sistema para calcular como parte del producto interno bruto (PIB) del país el trabajo no remunerado que realiza la mujer en el hogar.

Trabajo por cuenta propia

248.Todavía es muy reducido el número de mujeres en la empresa privada (las mujeres que ocuparon cargos directivos en la empresa privada representaron el 21% en 1994, el 16,8% en 1996 y el 18% en 1997). Las principales actividades económicas llevadas a cabo por mujeres son:

El comercio mayorista y minorista;

Los servicios (notarios, abogadas, peluqueras, dentistas);

Las agroindustrias y las industrias (principalmente las industrias lechera y textil, la imprenta, las artesanías y la confección de ropa).

Personal directivo en la empresa privada, por sexo

Año

Número de personas

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

1994

32 968

6 868

20,8

1997

58 626

10 772

18,3

1998

56 453

9 800

17,4

Actividades empresariales de la mujer, por tipo de actividad

Tipo de actividad

1996

1998

Total

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Total

Número de mujeres

Porcentaje de mujeres

Agricultura

1 466

31

2,11

1 241

32

2,57

Industria y agroindustria

5 231

560

10,7

5 674

606

10,7

Construcción

1 417

93

6,56

1 905

124

6,5

Comercio

30 750

6 501

21,14

29 370

6 415

21,8

Transporte

9 117

150

1,64

8 199

157

1,9

Servicios

9 732

2 342

24

10 042

2 564

25,5

Total

57 712

9 677

16,7

56 453

9 902

17,5

El derecho a la educación

249.De acuerdo con el artículo 57 de la Constitución, toda persona tiene derecho a la educación. Todo el mundo tiene acceso a la enseñanza escolar obligatoria pública y a la enseñanza secundaria general pública. El aporte de la mujer a la educación es muy importante. En el país hay 58 856 maestros, de los cuales 36 939 son mujeres, o sea, el 63,2%, en tanto que el total de alumnos en el año lectivo 1998/1999 ascendió a 694 474. En el año 2000 el sistema docente estaba integrado por 1 852 instituciones preescolares, 1 798 escuelas de enseñanza básica obligatoria, 375 escuelas secundarias y 11 universidades y establecimientos de enseñanza superior.

250.La importancia atribuida a la educación ha decrecido en comparación con la época previa a la transición. En los primeros años de la transición las escuelas fueron destruidas y saqueadas; muchos maestros competentes dejaron su empleo y muchos alumnos abandonaron la enseñanza secundaria. Son aspectos preocupantes de la transición la pérdida de maestros competentes, que han sido sustituidos por personal poco preparado, y la creciente deserción escolar.

251.En el año lectivo 1992/1993, el 7,8% de los maestros de primaria carecía de la preparación necesaria, proporción que actualmente se eleva al 10%. En la enseñanza escolar obligatoria de ocho años, el número de maestros con una formación insuficiente aumentó del 24,2% en el año lectivo 1992/1993 al 26% actual y en la enseñanza secundaria la proporción correspondiente se incrementó entre el 6% y el 8%.

Enseñanza obligatoria

252.La enseñanza primaria de ocho años va dirigida al grupo de edades de 6 a 14 años y consta de dos ciclos: el ciclo inferior, de primero a cuarto grado, que es análogo al régimen de occidente, y el ciclo superior, de quinto a octavo grado. En la actualidad 553 411 alumnos están matriculados en la enseñanza primaria, de los cuales el 48% son niñas y el 52% varones.

253.Durante varios decenios, Albania atribuyó máxima importancia al desarrollo del sistema de enseñanza primaria de ocho años, pero, a causa de la negligencia, el escaso mantenimiento y la falta de financiación, los establecimientos escolares se fueron deteriorando irreversiblemente y no fue posible seguir utilizándolos para impartir una enseñanza de calidad.

254.Un aspecto importante de la enseñanza básica obligatoria ha sido la creación en los últimos años de instituciones docentes de carácter privado. Así pues, tan sólo en 1997 se abrieron tres escuelas particulares, con lo cual el número total de establecimientos docentes autorizados de carácter privado ha aumentado a 36 en los últimos cinco o seis años. De esas instituciones, 22 son laicas y 14 religiosas. En 1998 asistieron a escuelas particulares alrededor de 3 800 alumnos, incluidos los de edad preescolar.

255.Las estadísticas demuestran que la proporción de niñas y varones en esas instituciones es casi igual. Es así que de un total de 522 alumnos matriculados en el colegio M. Akif, el 52% son niñas y el 48% varones; en la escuela Medrese de Shkodra, de los 258 alumnos matriculados en el ciclo superior y en la enseñanza secundaria, el 53% son niñas. Hay, no obstante, otras 13 escuelas religiosas (musulmanas) donde no se admiten niñas.

Enseñanza secundaria

256.La segunda enseñanza, a la que corresponde al grupo de edades de 14 a 18 años, está compuesta por la educación secundaria general de cuatro años y por la formación profesional de cuatro a cinco años. El número de jóvenes que cursa estudios en ambos tipos de escuelas secundarias, ya sea de forma continua o discontinua, asciende a 102 161, de los cuales el 48% son niñas y el 52 % varones.

Alumnos de la enseñanza primaria matriculados en la enseñanza secundaria

Año lectivo

Porcentaje de alumnos matriculados en la enseñanza secundaria

Porcentaje del total

de niñas y varones

Porcentaje del total

de niñas

Porcentaje del total

de varones

1990 ‑1991

97

113

82

1991 ‑1992

72

78

64

1992 ‑1993

70

79

61

1993 ‑1994

72

83

58

1994 ‑1995

60

70

50

1995 ‑1996

55

61

48

1996 ‑1997

65

69

60

1997 ‑1998

63

70

55

1998 ‑1999

67

74

58

Número de escuelas secundarias por tipo

Año lectivo

Tipo de enseñanza

Zonas rurales

Total

General

Profesional

Combinada

Total

General

Profesional

Combinada

1990 ‑1991

827

75

575

177

568

7

438

112

1991 ‑1992

763

89

209

465

510

20

114

376

1992 ‑1993

650

107

95

448

428

42

17

369

1993 ‑1994

577

161

87

329

371

86

18

267

1994 ‑1995

472

362

69

41

288

267

8

13

1995 ‑1996

430

352

50

24

269

262

1

6

1996 ‑1997

408

337

51

20

259

251

2

6

1997 ‑1998

400

337

60

3

252

247

5

0

1998 ‑1999

394

331

54

9

1999 ‑2000

386

326

51

9

Algunos porcentajes indicativos sobre la enseñanza secundaria

Año lectivo

Porcentaje de alumnos en la enseñanza secundaria

Varones

Niñas

General

Profesional

Tiempo completo

Tiempo parcial

Zonas urbanas

Zonas rurales

1990‑1991

55

45

28

72

70

30

40

60

1991‑1992

51

49

49

51

80

20

46

54

1992‑1993

48

52

63

37

87

13

51

49

1993‑1994

50

50

71

29

88

12

55

45

1994‑1995

51

49

78

22

92

8

58

42

1995‑1996

51

49

79

21

92

8

63

37

1996‑1997

52

48

82

18

92

8

71

29

1997‑1998

53

47

84

16

92

8

71

29

1998‑1999

52

48

85

15

1999‑2000

51

49

86

14

257.La segunda enseñanza, a la que corresponde al grupo de edades de 14 a 18 años, está compuesta por la educación secundaria general de cuatro años y por la formación profesional de cuatro a cinco años. El número de jóvenes que cursa estudios en ambos tipos de escuelas secundarias, ya sea de forma continua o discontinua, asciende a 102 161, de los cuales el 48% son niñas y el 52 % varones.

258.El 59% de los alumnos que terminan la enseñanza primaria obligatoria ingresa en la enseñanza secundaria. En 1998 terminaron la enseñanza primaria obligatoria 50 387 alumnos (el 50% correspondió a niñas), pero únicamente 30 350 se matricularon en el primer año de la enseñanza secundaria (el 44% correspondió a niñas).

259.En los centros urbanos, el 52% de las niñas que termina la enseñanza primaria obligatoria ingresa en la enseñanza secundaria, en tanto que en las zonas rurales esa proporción es de un 28% en el caso de las niñas y un 72% en el caso de los varones. Es así que, de 14 458 niñas de zonas rurales que terminaron la enseñanza obligatoria, sólo 4 065 se matricularon en los centros secundarios locales. Tal vez cierto número de esas niñas se matriculó en centros secundarios de otros lugares; no obstante, sigue siendo muy grande la disparidad entre niñas y varones.

260.Otro fenómeno preocupante es la baja proporción de alumnos matriculados en las escuelas profesionales (apenas el 14% del total). Hay 14 423 alumnos matriculados en las escuelas profesionales, de los cuales el 30% corresponde a niñas y el 70% a varones; esas proporciones en las zonas rurales son de un 22,6% en el caso de las niñas y de un 77,4% en el caso de los varones. En la formación sobre la agricultura, la construcción y la mecánica el número de alumnas varía entre un 10% y un 25%. La causa de que esos porcentajes sean tan bajos radica en las dificultades que ese tipo de ocupación plantea a las niñas o en la actitud tradicionalista respecto de dichas ocupaciones.

261.Antes de los años noventa, muchas niñas de los pueblos asistían a las escuelas agrícolas porque sus posibilidades de matricularse en los centros de enseñanza secundaria general o en escuelas profesionales eran muy limitadas. En cambio, la proporción de niñas que ahora realizan estudios en escuelas profesionales de idiomas, artes y pedagogía es muy elevada y supera el 90% en algunos lugares. También es muy alta la proporción de niñas en los centros de formación comercial y técnica (informática), donde alcanza un 50% y un 70% respectivamente. En el grupo de edades correspondiente a la segunda enseñanza hay mayor riesgo de deserción escolar y de conducta delictiva (principalmente en relación con las drogas y la prostitución). Un análisis parcial de esos casos revela que los menores que participan en delitos son con frecuencia desertores escolares, aunque no se dispone de ningún estudio nacional sobre dicho fenómeno.

Número de centros de segunda enseñanza, año lectivo 2000/2001

Escuelas y cursos de estudio

Total

Centros situados en pueblos y aldeas

Centros de segunda enseñanza

375

227

Escuelas de enseñanza secundaria general

318

222

Escuelas de enseñanza secundaria profesional

50

2

Programa de 3 años

16

Programa de 4 años

16

Programa de 5 años

18

2

Escuelas combinadas

7

3

Escuelas de enseñanza secundaria general y profesional

7

3

Cursos de la enseñanza secundaria general

2 455

957

Primer curso

722

273

Segundo curso

622

245

Tercer curso

585

233

Cuarto curso

526

206

Quinto curso

Cursos de la enseñanza secundaria profesional

625

37

Cursos del programa de estudios de 3 años

237

11

Primer curso

80

3

Segundo curso

79

4

Tercer curso

78

4

Cursos del programa de estudios de 4 años

219

24

Primer curso

60

6

Segundo curso

58

5

Tercer curso

55

7

Cuarto curso

46

6

Cursos del programa de estudios de 5 años

169

2

Primer curso

51

2

Segundo curso

40

0

Tercer curso

32

0

Cuarto curso

0

Quinto curso

22

0

Matrícula en los centros de segunda enseñanza, año lectivo 2000/2001, tiempo completo

Número de alumnos matriculados

Total de alumnos

Total de niñas

Centros situados en pueblos y aldeas

Niñas en centros de pueblos y aldeas

Matrícula total

95 195

48 229

27 679

12 710

Alumnos nuevos

31 476

14 322

9 595

4 150

Primer curso

32 637

14 350

9 810

4 097

Segundo curso

23 926

12 057

6 829

3 190

Tercer curso

20 974

11 705

5 994

2 842

Cuarto curso

17 206

9 952

5 011

2 570

Quinto curso

452

165

35

11

Alumnos de la enseñanza secundaria general

79 263

43 288

25 333

12 112

Alumnos nuevos

25 924

12 939

8 703

3 915

Primer curso

26 898

12 956

8 899

3 912

Segundo curso

19 180

10 612

6 108

3 023

Tercer curso

17 452

10 539

5 481

2 701

Cuarto curso

15 690

9 181

4 845

2 476

Quinto curso

43

0

0

0

Enseñanza secundaria profesional

15 975

4 941

2 346

598

Alumnos nuevos

5 552

1 383

892

235

Enseñanza profesional – programa de 3 años

6 169

533

755

22

Alumnos nuevos

2 575

207

288

12

Primer curso

2 677

207

301

12

Segundo curso

1 967

148

250

9

Tercer curso

1 525

178

204

1

Enseñanza secundaria profesional – programa de 4 años

5 408

3 348

908

482

Alumnos nuevos

1 420

888

278

176

Primer curso

1 475

899

284

126

Segundo curso

1 700

1 059

301

140

Tercer curso

1 250

778

199

128

Cuarto curso

983

612

124

88

Enseñanza secundaria profesional – programa de 5 años

4 398

1 060

683

94

Alumnos nuevos

1 557

288

326

47

Primer curso

1 587

288

326

47

Segundo curso

1 079

238

170

18

Tercer curso

747

210

110

12

Cuarto curso

533

159

42

6

Quinto curso

452

165

35

11

Matrícula en los centros de segunda enseñanza, año lectivo 2000/2001, tiempo parcial

Número de alumnos matriculados

Total de alumnos

Total de niñas

Centros situados en pueblos y aldeas

Niñas en centros de pueblos y aldeas

Matrícula total

12 240

4 798

2 477

1 004

Alumnos nuevos

2 536

958

514

216

Primer curso

2 672

1 019

513

205

Segundo curso

2 479

1 059

586

259

Tercer curso

2 350

932

496

196

Cuarto curso

2 590

930

494

187

Quinto curso

2 149

858

388

157

Alumnos de la enseñanza secundaria general

11 828

4 771

2 477

1 004

Alumnos nuevos

2 364

948

514

216

Primer curso

2 500

1 009

513

205

Segundo curso

2 393

1 055

586

259

Tercer curso

2 316

930

496

196

Cuarto curso

2 501

922

494

187

Quinto curso

2 118

855

388

157

Enseñanza secundaria profesional

412

27

Alumnos nuevos

172

10

Primer curso

172

10

Segundo curso

86

4

Tercer curso

34

2

Cuarto curso

89

8

Quinto curso

31

3

Número de profesores de segunda enseñanza, año lectivo 2000/2001

Número de profesores

Total

Número de maestros en los pueblos y aldeas

Número de mujeres maestras en los pueblos y aldeas

Número total de profesores

5 760

1 763

693

que han cursado la segunda enseñanza

267

104

55

que han recibido formación académica superior

5 493

1 659

638

Profesores de la enseñanza secundaria general

4 396

1 742

682

que han cursado la segunda enseñanza

135

103

55

que han recibido formación académica superior

4 261

1 639

627

Profesores de la enseñanza secundaria profesional

1 364

21

11

que han cursado la segunda enseñanza

132

1

que han recibido formación académica superior

1 232

20

11

De los totales anteriores:

Profesores de escuelas secundarias combinadas

1 141

1 103

405

que han cursado la segunda enseñanza

66

60

37

que han recibido formación académica superior

1 075

1 043

368

Educación superior

262.En 2001 en Albania había 11 universidades y establecimientos de enseñanza superior en tanto que en 1991 únicamente había una universidad y siete instituciones de enseñanza superior (de Pedagogía, Agricultura, Artes y Educación Física). El número de universidades ha aumentado por la reclasificación de algunas instituciones de enseñanza superior ya existentes a la categoría de universidades.

263.En los niveles académicos superiores únicamente 10 de 146 profesores son mujeres (el 6,8%) y 58 de 250 profesores adjuntos son mujeres. Se registra una disminución marcada en el número de alumnos procedentes de zonas rurales debido a la difícil situación económica en que viven y a las corrientes migratorias internas. Es así que en tanto que en 1991 había 7 670 alumnos procedentes de zonas rurales, en 1998 la cifra correspondiente había disminuido a 3 231, o sea, al 42%, cuando por otra parte había aumentado en un 30% la matrícula general de las universidades.

264.De todos modos, la relación entre el número de mujeres y de hombres de zonas rurales matriculados en la educación superior es satisfactoria según lo indican las cifras siguientes: 33% de hombres y 77% de mujeres; en 1991 las proporciones correspondientes eran: 54% de hombres y 46% de mujeres. Está aumentando el número de mujeres que se matriculan en la universidad. Así pues, en el año lectivo 1990/1991 las mujeres representaban el 53,1%, proporción que había aumentado al 65% en 2001.

265.Algunas facultades como Ciencias Sociales, Medicina y Economía atraen a gran número de estudiantes y sólo ingresa uno de cada 10 aspirantes, a la vez que en Pedagogía y Agricultura apenas se alcanzan a llenar las plazas disponibles.

Egresados de la enseñanza superior en régimen de tiempo completo y tiempo parcial

Año lectivo

Total

Mujeres

Tiempo completo

Tiempo parcial

Total

Mujeres

Total

Mujeres

1990‑1991

4 647

2 407

4 029

2 145

618

262

1991‑1992

4 373

2 408

3 633

2 049

740

357

1992‑1993

4 416

2 431

3 931

2 141

485

290

1993‑1994

3 972

2 112

3 343

1 932

629

180

1994‑1995

4 436

2 556

3 711

2 135

725

421

1995‑1996

4 630

2 606

3 702

2 086

928

520

1996‑1997

3 708

1 990

3 295

1 761

413

229

1997‑1998

3 861

2 456

2 861

1 821

1 000

635

1998‑1999

3 997

2 612

2 953

1 991

1 044

621

Egresados por facultad, año lectivo 1996/1997

Facultad

Total

Mujeres

Porcentaje de mujeres

Ingeniería Mecánica

89

18

20,2

Ingeniería Eléctrica

84

18

21,4

Ingeniería Civil

85

18

21,1

Geología e Ingeniería de Minas

1

0

0

Economía

481

238

49,4

Historia y Filología

164

115

70,1

Idiomas

207

144

69,5

Medicina

432

207

47,9

Ciencias Sociales

50

40

80

Derecho

299

127

42,4

Ciencias Naturales

708

439

62

Agricultura

164

59

35,9

Silvicultura

65

10

15,3

Veterinaria

88

16

18,1

Ciencias Políticas

493

313

63,4

Pedagogía

240

215

89,5

Música

61

22

36

Bellas Artes

27

7

25,9

Artes Escénicas

26

8

30,7

Educación Física

81

14

17,2

Estudiantes matriculados en el primer año, por facultad, año lectivo 1999/2000

Facultad

Total

Mujeres

Porcentaje de mujeres

Ingeniería Mecánica

145

53

36,5

Ingeniería Eléctrica

223

37

16,6

Ingeniería Civil

274

92

33,5

Geología e Ingeniería de Minas

91

22

24,17

Economía

1 084

647

59,6

Historia y Filología

332

277

83,4

Idiomas

429

350

81,5

Medicina

299

201

67,2

Ciencias Sociales

149

122

81,8

Derecho

206

104

50,4

Ciencias Naturales

776

511

65,8

Agricultura

528

233

44,1

Silvicultura

73

17

23,28

Veterinaria

44

12

27,27

Ciencias Políticas

917

654

71,3

Pedagogía

851

791

92,9

Música

54

25

46,3

Bellas Artes

51

19

37,2

Artes Escénicas

25

14

56

Educación Física

82

20

24,4

Ingeniería Mecánica

141

93

65,9

Ingeniería Eléctrica

48

2

4,16

Ingeniería Civil

337

276

81,9

Fuente: INSTAT, año 2000

Indicadores educacionales, 2001 a 2003

Número de instituciones de educación pública

Año lectivo

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

Escuelas de párvulos

2 002

1 881

1 690

Escuelas de enseñanza elemental

1 820

1 798

1 744

Escuelas secundarias

375

372

366

Universidades

11

11

11

Número de alumnos matriculados

Año lectivo

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

Alumnos de preprimaria

80 443

78 473

76 165

Total de estudiantes matriculados

684 270

683 990

674 244

en la enseñanza primaria

535 238

523 253

503 992

en la enseñanza secundaria

108 173

118 577

126 652

- en la enseñanza secundaria general

91 786

100 082

106 361

- en la enseñanza secundaria profesional

16 387

18 492

20 291

en establecimientos de educación superior y universidades

40 859

42 160

43 600

- en régimen de tiempo completo

23 704

25 929

30 132

- en estudios por correspondencia

17 155

16 231

13 468

Número de alumnos matriculados por primera vez en el primer curso

Año lectivo

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

Enseñanza primaria

64 104

63 737

60 018

Enseñanza secundaria

34 058

38 173

38 228

- Enseñanza secundaria general

28 334

31 811

32 074

- Enseñanza secundaria profesional

5 724

6 362

6 154

Establecimientos de educación superior y universidades

7 636

7 389

9 972

- En régimen de tiempo completo

6 537

7 389

9 642

- En estudios por correspondencia

1 099

0

330

Alumnos que han terminado sus estudios

Año lectivo

1999‑2000

2000‑2001

2001‑2002

Enseñanza primaria

48 395

53 774

55 935

Enseñanza secundaria

15 609

18 843

20 069

- Enseñanza secundaria general

14 400

16 733

16 997

- Enseñanza secundaria profesional

1 209

2 110

3 072

Establecimientos de educación superior y universidades

4 735

4 618

5 016

- En régimen de tiempo completo

3 545

3 442

3 734

- En estudios por correspondencia

1 190

1 176

1 282

Maestros, profesores y catedráticos

Año lectivo

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

Preprimaria

3 749

3 570

3 545

Primera enseñanza

28 293

27 672

26 850

Segunda enseñanza

5 760

5 720

5 857

Educación superior

1 683

1 716

1 699

Algunos indicadores educacionales

Año lectivo

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

Número de alumnos por aula

Primera enseñanza

28

30

29

Segunda enseñanza

35

35

38

Número de alumnos por maestro

Primera enseñanza

19

19

19

Segunda enseñanza

19

21

22

Enseñanza privada, año lectivo 2002-2003

Nivel

Número de escuelas

Número de alumnos

Número de maestros

Total

165

18 170

1 575

1. Preprimaria

61

3 581

206

2. Primera enseñanza

65

9 649

825

3. Segunda enseñanza

38

4 830

539

a) Enseñanza secundaria general

33

4 207

466

b) Enseñanza secundaria profesional

5

623

73

4. Niveles superiores de educación

1

110

5

Porcentaje de los grupos de edades correspondiente que asiste a la escuela

Año lectivo

2000‑2001

2001‑2002

2002‑2003

Preprimaria

38

45

42

Primera enseñanza

89

103

97

Segunda enseñanza

43

47

49

Educación superior y universidades

15

16

17

Artículo 4

Suspensión de derechos

266.De conformidad con el artículo 170 de la Constitución, se pueden adoptar medidas extraordinarias por estado de guerra o de excepción o por catástrofes, y esas medidas seguirán vigentes mientras subsista la situación por la que se hayan adoptado. La ley establece los principios

que determinarán las actuaciones de los organismos públicos y el alcance de las limitaciones que se impondrán a los derechos humanos y las libertades fundamentales durante la situación que requiera la adopción de medidas extraordinarias.

267.En cuanto a la limitación de derechos humanos y libertades fundamentales, la ley debe definir los principios y las esferas de aplicación pertinentes, así como la forma de reparación por las pérdidas causadas durante el período en que rijan las medidas extraordinarias. Las disposiciones del decreto ley que se dicte ante una situación de urgencia deberán ser proporcionales al nivel de riesgo que dicha situación entrañe y deberán procurar restablecer cuanto antes las condiciones necesarias para que el Estado funcione con normalidad.

268.Durante el estado de guerra o de excepción no se pueden limitar los derechos y libertades amparados y garantizados por los siguientes artículos de la Constitución:

Artículo 15 – sobre la indivisibilidad, la inalienabilidad y la inviolabilidad de los derechos humanos;

Artículo 18 – sobre el derecho a no ser objeto de discriminación,

Artículo 19 – sobre el derecho a la ciudadanía;

Artículo 20 – sobre los derechos de la minorías;

Artículo 21 – sobre el derecho a la vida;

Artículo 24 – sobre el derecho a la libertad de conciencia y de religión, así como a cambiar de religión;

Artículo 25 – sobre el derecho a no ser sometido a torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

Artículos 29 y 30 – sobre la irretroactividad de las disposiciones penales y sobre el derecho a la presunción de inocencia;

Artículos 31 y 32 – sobre los derechos durante los procesos penales;

Artículo 34 – sobre la prohibición de un segundo enjuiciamiento por un mismo delito;

Artículo 39 – sobre el derecho de los ciudadanos albaneses a no ser expulsados del territorio de su país;

Artículo 41 – sobre el derecho a la propiedad privada y los medios previstos por la ley para protegerla;

Artículos 42 y 43 – sobre el derecho a apelar de una decisión judicial ante un tribunal superior;

Artículo 48 – sobre el derecho a elevar solicitudes, denuncias u observaciones a los organismos públicos, que esos organismos están obligados a responder con arreglo a plazos y condiciones establecidos por la ley;

Artículo 54 – sobre el derecho del niño, el joven, la mujer embarazada, la madre de un lactante y el hijo nacido fuera del matrimonio a que el estado les proporcione protección especial;

Artículo 55 – sobre el derecho a recibir servicios de salud sin ningún tipo de discriminación.

269.Durante las catástrofes se pueden limitar los derechos y libertades amparados por la Constitución en los artículos 37 y 38, en el párrafo 4 del artículo 41 y en el artículo 51, según se enumeran a continuación:

El derecho a la inviolabilidad del domicilio;

El derecho a elegir libremente el lugar de residencia;

El derecho a circular libremente por cualquier parte del territorio nacional y a trasladarse libremente al extranjero;

El derecho a recibir una compensación justa por la limitación del derecho a la propiedad;

El derecho a elegir libremente la profesión, el lugar de trabajo y el sistema de formación profesional;

El derecho a la protección social en el trabajo;

El derecho del trabajador a la huelga.

270.Del mismo modo, la ley puede imponer limitaciones a determinadas categorías de trabajadores a fin de garantizar a la sociedad los servicios necesarios. Las disposiciones de procedimiento vinculadas a la declaración del estado de guerra, de excepción o de catástrofe deben especificar que el ejercicio de los derechos y libertades arriba mencionados quedará limitado.

271.En lo tocante a las disposiciones administrativas que se adopten ante un estado de excepción, el artículo 9/2 del Código de Procedimiento Administrativo de la República de Albania, aprobado por la Ley No. 8485, de 12 de mayo de 1999, establece que las disposiciones administrativas adoptadas en un estado de excepción que sean contrarias a las normas enunciadas en este Código tendrán validez a la luz de las circunstancias que imponga la situación de urgencia si no es posible hacer frente a esas circunstancias por otros medios. Las partes afectadas por tales disposiciones tendrán derecho a recibir una reparación por las pérdidas sufridas, de conformidad con las normas jurídicas que determinan la responsabilidad de la administración pública.

272.La Ley de proclamación del estado de excepción ante violaciones graves del orden constitucional y público (No. 8194), de 2 de marzo de 1997, define el estado de excepción como situaciones en que en la República de Albania o en parte de su territorio se cometan actos violentos con el fin de quebrantar por la fuerza el orden constitucional o el funcionamiento de las estructuras gubernamentales, o de atacar los arsenales de las Fuerzas Armadas, las fábricas de armas y las instituciones estatales centrales y locales. Se considera además estado de excepción toda situación en que la vida económica del país o la libertad de los habitantes se vea gravemente amenazada por la comisión de diversos delitos penales contra la seguridad y el orden públicos.

273.El estado de excepción se declara por decisión del Parlamento (Kuvendi). Si el Parlamento no está reunido, es el Presidente de la República quien declara el estado de excepción.

274.El estado de excepción puede ser parcial o general. Es de carácter temporal y se mantiene hasta que se restablece el orden público e impera la paz. En los casos en que la duración del estado de excepción ha sido determinada por el decreto ley correspondiente, su prolongación requiere una resolución especial del Parlamento.

275.Cuando se declara un estado de excepción de conformidad con las disposiciones constitucionales arriba mencionadas, en el decreto ley correspondiente se indicará claramente cuáles son los derechos y libertades cuyo disfrute se limitará durante el período de excepción. Si se autoriza a los organismos de orden público a que, en el ejercicio de las funciones que les incumben, hagan frente, neutralicen y eliminen las actividades ilegales que amenacen el orden constitucional y público, se puede asimismo disponer que intervengan las fuerzas armadas a fin de que ayuden a las fuerzas policiales.

276.Durante un estado de excepción los organismos de orden público están facultados para detener, según las condiciones previstas por la ley, a todo individuo respecto del cual existan indicios suficientes de que intenta cometer actos violentos contra el orden público y la tranquilidad que violan las disposiciones dictadas por las autoridades competentes para proteger el orden constitucional y público durante el estado de excepción.

277.Cuando se declara un estado de excepción, quedan prohibidas todas las reuniones en lugares públicos, así como las actividades de carácter político, deportivo, cultural y sindical. Los organismos de orden público pueden utilizar gases lacrimógenos y armas de fuego para disolver reuniones en lugares públicos si no les resulta posible dispersar a los participantes por otros medios a fin de cumplir con las funciones que les asigna la ley.

278.El Consejo de Defensa se ocupa de la ejecución de las medidas necesarias para hacer frente a un estado de emergencia. En la aplicación de las disposiciones de la arriba citada Ley, el Consejo de Defensa analiza la situación y adopta todas las medidas necesarias a fin de salvaguardar y proteger el orden público. Coordina asimismo el funcionamiento de las autoridades centrales y locales con objeto de garantizar las actividades económicas y las necesidades básicas de los ciudadanos.

279.Con el propósito de ejecutar las medidas de emergencia, en todas las prefecturas se establecen cuarteles generales de defensa. El prefecto actúa como presidente del cuartel general, que está además integrado por el alcalde, el oficial de mando superior de la unidad militar de la zona, los jefes de policía y el Servicio de Información del Estado.

280.El 2 de marzo de 1997, día en que se aprobó la susodicha Ley, el Parlamento de la República de Albania declaró, por resolución No. 297, el estado de excepción en el país. Con arreglo a esa resolución, el estado de excepción se mantendría hasta que se restableciera el orden constitucional y público en el territorio nacional. Esa resolución entró en vigor el 2 de marzo de 1997, a las 17.35 horas (hora local) (huso horario centroeuropeo).

281.Para hacer frente a esa crisis, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el despliegue en Albania de una fuerza internacional liderada por Italia. Esa fuerza militar estuvo en el país de abril a agosto de 1997.

282.En la resolución No. 319 del Parlamento, de 5 de agosto de 1997, se determinó que la composición del Consejo de Defensa de la República de Albania fuera la siguiente:

Presidente: el Presidente de la República;

Miembros:

El Presidente del Parlamento;

El Presidente del Consejo de Ministros;

El Ministro de Defensa;

El Ministro de Relaciones Exteriores;

El Ministro de Orden Público;

El Ministro de Hacienda;

El Ministro de Asuntos Públicos y Transporte;

El Ministro de Economía y Privatizaciones;

El Presidente del Servicio de Información del Estado;

El Jefe del Estado Mayor del Ejército.

283.En julio de 1997 se levantó oficialmente al estado de excepción.

Artículo 5

Restricción de derechos

284.De conformidad con lo dispuesto en la Constitución (artículo 17), los derechos y libertades reconocidos por la Constitución únicamente podrán limitarse por ley, por el bien público o para proteger los derechos de otras personas. Tal limitación será proporcional a la situación que la origine. Además, las limitaciones impuestas no pueden infringir la esencia de los derechos y las libertades y en ningún caso pueden exceder a las estipuladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

285.De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución, el sistema económico de la República de Albania se basa en la propiedad privada y pública, en una economía de mercado y en la actividad económica libre. La ley protege por igual a la propiedad privada y a la pública. Únicamente puede limitarse la actividad económica por ley si existen causas importantes de interés público.

286.El artículo 41 garantiza el derecho a la propiedad privada. La ley únicamente puede disponer la expropiación o la limitación del derecho a la propiedad por el bien público. Toda expropiación o limitación equivalente del derecho a la propiedad requiere el pago de una compensación justa. En caso de desacuerdo sobre el monto de esa compensación, el interesado podrá presentar una demanda ante los tribunales.

287.El artículo 51 ampara el derecho a la huelga de un empleado. La ley puede establecer ciertas limitaciones para determinadas categorías de empleados a fin de garantizar el mantenimiento de servicios esenciales para la sociedad.

288.El párrafo 2 del artículo 151, que se refiere a cuestiones relacionadas con la integridad territorial de la República de Albania, establece que la limitación de derechos humanos y libertades fundamentales, el presupuesto, los impuestos, las obligaciones financieras del Estado, la declaración y suspensión del estado de excepción, la declaración de guerra, la concertación de paz y la amnistía no pueden ser sometidas a referendos.

289.Según el párrafo 2 del artículo 170, la ley determina las normas de actuación de los organismos públicos y el alcance de las limitaciones impuestas a los derechos humanos y libertades fundamentales en situaciones que requieran la adopción de medidas extraordinarias.

290.De conformidad con el artículo 4 del Código Civil, no se pueden limitar los derechos civiles de las personas físicas, salvo en las circunstancias que prevea la ley. Toda medida que imponga límites a la capacidad jurídica de una persona física carece de validez.

291.Con arreglo al artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo, las partes interesadas deben ser notificadas del contenido de toda disposición administrativa por la que:

Se tomen decisiones sobre reclamaciones que hayan hecho;

Se les impongan obligaciones o sanciones o se les ocasionen daños y perjuicios;

Se establezcan, eliminen, amplíen, limiten, o de alguna otra forma se modifiquen sus intereses o derechos legítimos.

292.Según el artículo 132 de dicho Código, los organismos de la administración pública no pueden ejecutar ninguna medida que de alguna forma limite los derechos individuales reconocidos por la ley sin que se dicte previamente la decisión administrativa pertinente que legalice tales medidas. Únicamente en situaciones de excepción es posible apartarse de esta norma.

293.El párrafo 1 del artículo 5 del Código de Procedimiento Penal dispone que únicamente se puede limitar la libertad del individuo mediante medidas cautelares en los casos y según los procedimientos que determine la ley.

294.La Ley de los derechos y el trato de los presos (No. 8328), de 16 de abril de 1998, determina en su artículo 6 que sólo en las circunstancias previstas y según los criterios establecidos en esta Ley se pueden limitar o suspender los derechos de un sancionado que haya infringido esta Ley o las normas internas.

295.El artículo 7 dispone que por orden del Ministro de Justicia se pueden restringir o suspender temporalmente de manera colectiva los derechos de los presos en los siguientes casos especiales: cuando se haya declarado un estado de excepción, por fuerza mayor, por la realización de obras importantes en el establecimiento penitenciario y cuando estén en peligro la vida y la salud de los reclusos; en esa orden se determinará el alcance y la duración de tales medidas. El director de la institución o, en ausencia de éste, su adjunto podrá imponer restricciones según las circunstancias

arriba descritas, pero el Ministro de Justicia deberá aprobarlas en un plazo no mayor de 24 horas. En las instituciones de alta seguridad la limitación de los derechos de los reclusos está sujeta a las condiciones y los criterios que la ley define.

296.El artículo 44 de la Ley prevé la implantación de un reglamento de cárceles, así como de un reglamento para cada institución penitenciaria, en que se establezcan las normas que regularán el tratamiento de los reclusos, el régimen de la institución y la conducta de los reclusos, a fin de establecer un marco normativo legal en que se tenga en cuenta la rehabilitación de los presos.

297.Los reclusos que ingresan en una institución penitenciaria para cumplir una pena están obligados a conocer y a respetar el reglamento interno, incluidas las disposiciones sobre sus derechos y deberes, el tratamiento que deben recibir y la disciplina que deben observar. No deben asignarse a los reclusos tareas que los coloquen en una posición privilegiada con respecto a los demás reclusos.

298.De conformidad con el artículo 56 de la Ley de los derechos y el trato de los presos, en la institución penitenciaria se deben imponer las restricciones necesarias para mantener el orden y la seguridad, garantizar el ejercicio de los derechos de los reclusos y observar las normas sobre el tratamiento de los reclusos previstas en el reglamento interno. En cualquier caso, esas restricciones no deben afectar al recluso en materia de higiene, salud, ropa, nutrición, enseres, alimentos y otros artículos adquiridos, consumidos o conservados de conformidad con el reglamento, lectura, prácticas religiosas, uso de receptores de radio autorizados, ventilación y comunicaciones con el abogado, el cónyuge y los hijos, o de comunicaciones con los padres en el caso de un menor recluso.

299.Con arreglo al artículo 15 de la Ley de la salud mental (No. 8092), de 21 de marzo de 1996, una comisión psiquiátrica integrada como mínimo por tres miembros puede proponer que una persona que sufra de trastornos mentales sea sometida a restricciones físicas o a la reclusión. Con arreglo al Código de Procedimiento Civil, el tribunal ha de tomar una decisión definitiva al respecto. En dicha decisión también se nombrará un representante personal del enfermo mental.

300.De conformidad con los artículos 19 y 20 de esta Ley, la persona que sufra trastornos mentales puede ser sometida a restricciones físicas que incluyan la reclusión, la administración de medicamentos, la inmovilización y el aislamiento.

301.Según las disposiciones de Ley de la salud mental, una persona que sufra trastornos mentales será sometida a restricciones físicas únicamente si representa un peligro para su vida o su salud o para la vida o la salud de otros; si constituye una amenaza para la seguridad pública; si causa daños o destrozos en su entorno; y en los casos previstos en el reglamento del servicio de salud mental correspondiente.

302.Además, según los artículos 25 y 27 de dicha Ley, una persona que, a causa de los trastornos mentales que padece, represente un peligro para su vida o su salud o para la vida o la salud de otros, o carezca de capacidad para ocuparse de sus cosas, puede ser sometida a un reconocimiento psiquiátrico sin su consentimiento o sin el consentimiento de su representante personal. Ese reconocimiento se realizará solamente por decisión del profesional de salud mental que la atienda quien, si lo considera necesario, podrá disponer el traslado inmediato del paciente a un hospital tras haberlo examinado.

303.Cuando sea necesario someter a un paciente a restricciones físicas, el especialista o la persona a cargo del paciente deberá acompañarlo al hospital. Se deben registrar en el historial del paciente la actuación y las decisiones del médico, así como las razones para someter al paciente a restricciones físicas.

304.Un enfermo mental puede ser tratado en un establecimiento de salud mental sin su consentimiento previo o sin el consentimiento previo de su representante legal únicamente cuando constituya una amenaza evidente para su integridad física o para la integridad física de otros. La decisión de hospitalizar a un enfermo mental deberá ser tomada por un especialista que lo haya examinado personalmente. El paciente, sus padres o su representante legal tienen derecho a ser informados de los motivos de esa decisión. El tratamiento que se le administre al enfermo mental durante la hospitalización deberá registrarse en el historial del paciente.

305.El profesional de salud mental que tome la decisión de hospitalizar a un enfermo mental sin su consentimiento previo o sin el consentimiento previo de su representante legal deberá notificar ese hecho al director de la institución en un plazo de 24 horas; el director de la institución está facultado para aprobar o rechazar tal decisión. Tras dar su aprobación, el director de la institución deberá, antes de que transcurran 48 horas, presentar el caso al juez del tribunal de primera instancia, que es competente a ese respecto.

306.Ese juez examinará el caso en los tres días siguientes a su presentación e interrogará al paciente que haya sido internado sin su consentimiento o sin el consentimiento de su representante legal, al médico que lo haya atendido, al director de la institución que haya aprobado la internación y a los familiares del paciente y otras personas interesadas para que le informen sobre el caso. La decisión del juez de mantener recluido al paciente o de ordenar su salida de la institución será de efecto inmediato.

307.La familia o el representante legal puede pedir en cualquier momento que se permita que el enfermo mental abandone el hospital. Esa solicitud, que puede tener carácter informal, debe constar en el registro de la institución. Si se rechaza dicha solicitud, las personas arriba mencionadas pueden apelar ante el tribunal de primera instancia que tenga jurisdicción sobre la institución en un plazo de siete días, contados desde la fecha en que se les haya comunicado el rechazo, y el caso será examinado por el juez, cuya decisión será definitiva.

Instrumentos internacionales

308.Durante el período que se examina, la República de Albania se constituyó en parte en los instrumentos que se enumeran a continuación con objeto de proteger y promover en el país los derechos humanos y las libertades fundamentales:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que entró en vigor el 11 de mayo de 1994;

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 11 de mayor de 1994;

Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma, de 17 de julio de 1998), que fue ratificado por el Parlamento el 23 de diciembre de 2002;

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue ratificada el 12 de diciembre de 2000.

309.Además de haber ratificado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como sus Protocolos adicionales Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11, Albania ha ratificado la mayor parte de los Convenios del Consejo de Europa, según se indica a continuación:

Convenio Europeo de Extradición, firmado y ratificado el 19 de mayo de 1998, que entró en vigor el 17 de agosto de 1998;

Protocolo Facultativo del Convenio Europeo de Extradición, firmado y ratificado el 19 de mayo de 1998, que entró en vigor el 17 de agosto de 1998;

Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado el 19 de mayo de 1998 y ratificado el 4 de abril de 2000, que entró en vigor el 3 de julio de 2000;

Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, firmada y ratificada el 2 de octubre de 1996, que entró en vigor el 1º de enero de 1997;

Protocolo No. 1 de la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, firmado y ratificado el 2 de octubre de 1996, que entró en vigor en esa misma fecha;

Protocolo No. 2 de la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, firmado y ratificado el 2 de octubre de 1996, que entró en vigor en esa misma fecha;

Convenio europeo sobre traslado de personas condenadas, firmado el 19 de mayo de 1998 y ratificado el 4 de abril de 2000, que entró en vigor el 1º de agosto de 2000;

Convenio sobre el blanqueo, la investigación, la incautación y el decomiso del producto del delito, firmado el 4 de abril de 2000 y ratificado el 20 de julio de 2000, que entró en vigor el 1º de febrero de 2002;

Convenio europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales, firmado el 8 de junio de 2000;

Acuerdo europeo sobre la transmisión de solicitudes de asistencia judicial, firmado el 8 de junio de 2000 y ratificado el 4 de abril de 2000, que entró en vigor el 3 de julio de 2000;

Protocolo adicional No. 1 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado el 19 de mayo de 1998 y ratificado el 10 de junio de 1999, que entró en vigor el 3 de julio de 2000;

Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo, firmado el 4 de abril de 2000 y ratificado el 21 de septiembre de 2000, que entró en vigor el 22 de diciembre de 2000;

Convenio europeo sobre la transmisión de procedimientos en materia penal, firmado el 19 de mayo de 1998 y ratificado el 4 de abril de 2000, que entró en vigor el 5 de julio de 2000;

Convención europea sobre la vigilancia de las personas condenadas o liberadas condicionalmente, firmado el 8 de junio de 2000 y ratificado el 17 de mayo de 2001, que entró en vigor el 18 de agosto de 2001;

Acuerdo europeo sobre las personas que participan en procedimientos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, firmado el 21 de septiembre de 2000;

Protocolo adicional No. 2 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado el 12 de noviembre de 2001 y ratificado por el Parlamento, cuyo instrumento de ratificación ha sido depositado;

Protocolo adicional del Acuerdo europeo sobre la transmisión de solicitudes de asistencia judicial, firmado el 12 de noviembre de 2001 y ratificado por el Parlamento, cuyo instrumento de ratificación ha sido depositado;

Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales (1999).

Artículo 6

Derecho a la vida

310.Desde que en 1991 ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la República de Albania ha tomado medidas importantes para abolir la pena de muerte y convertirla en reclusión a perpetuidad. El derecho a la vida también está amparado por algunos instrumentos internacionales ratificados por Albania, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

311.El Estatuto del Consejo de Europa fue ratificado y entró en vigor en Albania el 13 de julio de 1995. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa fue firmado el 13 de julio de 1995 y ratificado el 2 de octubre de 1996.

312.Albania también firmó y ratificó el 2 de octubre de 1996 los Protocolos adicionales Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 al mencionado Convenio, que entraron en vigor en esa misma fecha. El Protocolo No. 11 fue firmado el 13 de julio de 1995 y ratificado el 2 de octubre de 1996 y entró en vigor el 1º de noviembre de 1998.

313.El Protocolo adicional No. 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, fue firmado el 4 de abril de 2000 y ratificado el 21 de septiembre de 2000 y entró en vigor el 1º de octubre de 2000.

314.Desde 1992, cuando se ejecutó la última sentencia de muerte conforme al Código Penal, se ha suspendido la ejecución de esa sentencia. Tras la ratificación del Protocolo adicional No. 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la pena de muerte ha sido reemplazada por la reclusión a perpetuidad. Los Protocolos adicionales Nos. 12 y 13 a dicho Convenio están en vías de ratificación.

315.Según el artículo 21 de la Constitución de la República de Albania, el derecho de la persona a la vida está protegido por la ley.

316.Dada la gravedad de todo hecho delictivo que atente contra la vida de la persona, el Código Penal prevé en una sección especial sanciones muy severas para esos actos.

317.De conformidad con ese criterio, en el Código Penal se dispone lo siguiente:

a)Artículo 73: La ejecución de un plan premeditado cuyo objeto sea el exterminio total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, aunada a actos contra los miembros de ese grupo tales como el asesinato, la provocación de daños físicos y psicológicos graves, la imposición de condiciones difíciles de vida que atenten contra la integridad física de los individuos, la aplicación de medidas de control de la natalidad y el traslado forzoso de los niños de un grupo a otro, se castiga con penas de prisión que varían entre un mínimo de diez años y la reclusión a perpetuidad;

b)Artículo 74: El asesinato, la matanza, la esclavización, el exilio interno, la deportación, la tortura y otros actos inhumanos de violencia que se cometan por motivos políticos, ideológicos, raciales, étnicos o religiosos se castigan con penas de prisión que varían entre 15 años y la reclusión a perpetuidad;

c)Artículo 75: Ciertos actos cometidos en tiempos de guerra como el asesinato, el maltrato o la deportación de personas como mano de obra esclava, así como otros actos inhumanos de explotación cometidos contra la población civil o en un territorio ocupado, el asesinato y maltrato de prisioneros de guerra, el asesinato de rehenes, la destrucción de bienes privados y públicos y la devastación de ciudades, plazas y pueblos sin ninguna justificación militar, se castigan con penas de prisión que varían entre un mínimo de 15 años y la reclusión a perpetuidad;

d)Artículo 76: El asesinato se castiga con penas de prisión de entre diez y veinte años;

e)Artículo 77: El asesinato cometido junto con otro delito, o antes o después de otro delito, se castiga con la prisión a perpetuidad;

f)Artículo 78: El homicidio premeditado se castiga con penas de 15 a 25 años de prisión y si existen circunstancias agravantes, con la prisión a perpetuidad;

g)Artículo 79: Se sancionará con la prisión a perpetuidad el asesinato de:

Un menor de 16 años;

Una persona con discapacidades físicas o mentales, un enfermo grave o una mujer embarazada, cuando esa condición sea evidente o conocida;

Un diputado, un juez, un fiscal, un policía, un oficial del ejército o un empleado del Estado, si está de servicio o por el trabajo que desempeña, cuando esas funciones sean evidentes o conocidas;

El denunciante, el testigo, la víctima u otra parte que intervenga en el enjuiciamiento de un acto delictivo;

Artículo 80: Todo individuo que facilite las condiciones y los medios materiales necesarios para cometer un asesinato será castigado con una pena de prisión de hasta cinco años;

Artículo 81: La madre que comete un infanticidio voluntario inmediatamente después del parto es culpable de un delito menor que se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta dos años;

Artículo 82: El homicidio intencional cometido en un estado de enajenación mental provocado por la violencia o un delito grave se castiga con una pena de prisión de hasta ocho años;

Artículo 83: El homicidio cometido en defensa propia mediante el uso de fuerza excesiva se castiga con una pena de prisión de hasta siete años;

Artículo 84: El empleo de amenazas graves de muerte o de algún otro perjuicio serio es un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta un año;

Artículo 87: La tortura o cualquier otro trato degradante o inhumano que ocasione a la víctima la muerte o alguna discapacidad, mutilación u otro daño permanente se castiga con penas de prisión de entre diez y veinte años;

Artículo 88: Todo acto deliberado por el que se ocasione a la víctima un daño grave como la discapacidad, la mutilación u otro daño permanente para su salud, o por el que se interrumpa el embarazo y se ponga en peligro la vida de la víctima se castiga con penas de prisión de entre tres y diez años. Cuando ese mismo acto se comete contra un grupo de personas o cuando causa la muerte de la víctima, se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años;

Artículo 93: La interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer, salvo cuando esa intervención se realice por motivos justificados de salud, se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años;

Artículo 94: La interrupción del embarazo cuando la intervención se realiza en un establecimiento no autorizado, o cuando quien la realiza no es médico, o cuando el tiempo de embarazo es superior al prescrito para tal interrupción, sin que existan motivos justificados de salud, y esa interrupción ocasiona la muerte de la mujer o pone su vida en grave peligro, se castiga con una multa o con penas de prisión de hasta cinco años;

Artículo 95: El suministro del instrumental necesario para que la embarazada un otra persona interrumpa el embarazo es un delito menor, que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta un año;

Artículo 96: La administración por un médico u otro trabajador sanitario de un medicamento equivocado o la no administración por un trabajador sanitario o un farmacéutico del tratamiento prescrito constituye delito si de esa forma se daña gravemente la salud del paciente, se pone en peligro su vida o se ocasiona su muerte y ese delito se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años;

Artículo 97: La denegación injustificada de ayuda cuando se esté obligado a prestarla por ley o en virtud de la responsabilidad contraída es un delito menor, que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta dos años si, como consecuencia de esa omisión, se quebranta seriamente la salud de la persona necesitada de ayuda, se pone en peligro su vida o se ocasiona su muerte;

Artículo 98: El capitán de un barco que se haya negado a prestar ayuda, cuando ha podido socorrer a los náufragos sin poner en serio peligro a su barco, a su tripulación y a sus pasajeros, será castigado con una multa o con una pena de prisión de hasta cuatro años;

Artículo 99: La provocación del suicidio o del intento de suicidio de una persona por infligirle malos tratos sistemáticos u otra conducta dolosa sistemática que afecten gravemente a su dignidad, en circunstancias en que el suicida dependa materialmente o de alguna otra forma del causante del acto suicida se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años;

Artículo 100: El coito con una menor que sea causa de la muerte o el suicidio de la menor se castiga con una pena de prisión de veinte años como mínimo;

Artículo 101: La violación de una menor de 14 a 18 años de edad que sea la causa de la muerte o el suicidio de la menor se castiga con una pena de prisión de quince años como mínimo;

Artículo 102: La violación de una mujer que sea causa de la muerte o el suicidio de la mujer se castiga con una pena de prisión de entre diez y veinte años;

Artículo 103: El coito con una persona con discapacidad física o mental que haya cumplido los 14 años y haya alcanzado la pubertad o con una persona que esté inconsciente se castiga con una pena de prisión de cinco a veinte años si ese acto ha sido la causa de la muerte o el suicidio de la víctima;

Artículo 110: La detención ilegal que haya puesto en peligro la vida del detenido o le haya ocasionado trastornos físicos graves se castiga con una pena de prisión de hasta cinco años;

Artículo 124: El abandono de un menor que no haya cumplido los 14 años de edad por sus padres o su tutor se castiga con una pena de prisión de entre tres y diez años si ese abandono le ocasiona al menor trastornos graves de salud o la muerte;

Artículo 141: El robo unido a otros actos que ocasionen la muerte de la víctima se castiga con una pena de prisión de entre quince y veinte años o con la reclusión a perpetuidad;

Artículo 151: El incendio intencional de bienes con el fin de destruirlos o dañarlos, que acarree consecuencias graves para la vida y la salud de personas, se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años;

Artículo 152: La utilización intencional de explosivos con el fin de destruir o dañar bienes, que acarree consecuencias graves para la vida y la salud de personas, se castiga con penas de prisión de entre diez y veinte años;

Artículo 153: La provocación intencional de inundaciones con el fin de destruir o dañar bienes, que acarree consecuencias graves para la vida y la salud de personas, se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años;

Artículo 154: Todo acto en que se utilicen otros medios con el fin de destruir o dañar bienes, por el que se ponga en peligro la calidad del medio ambiente y la salud de personas y que acarree consecuencias graves para la vida y la salud de personas, se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años;

Artículo 155: Todo acto intencionado cuyo fin sea destruir o dañar carreteras y ferrocarriles, así como la infraestructura conexa, que acarree consecuencias graves para la vida y la salud de personas, se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años;

Artículo 203: La contaminación de las aguas de mares, ríos, lagos o sistemas de abastecimiento de agua con desperdicios tóxicos o radiactivos u otras sustancias nocivas, que destruya el equilibrio ecológico y que acarree consecuencias graves para la vida y la salud de personas, se castiga con penas de prisión de entre cinco y diez años;

Artículo 204: La pesca con utilización de explosivos, sustancias nocivas u otros medios peligrosos para el público es un delito menor que se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta dos años;

Artículo 207: La infracción de las reglamentaciones relativas a la cuarentena de plantas y animales, que acarree consecuencias graves, ya sea en forma de pérdidas materiales o de riesgos para la salud y la vida de personas, es un delito menor que se castiga con una multa;

Artículo 219: El asesinato, el secuestro, la tortura y otros actos de violencia cometidos contra los máximos representantes del Estado con el fin de quebrantar el orden constitucional se castigan con penas de prisión que varían entre un mínimo de quince años y la reclusión a perpetuidad;

Artículo 232: La descarga en la atmósfera, el suelo o el agua de sustancias nocivas para los humanos y los animales con el propósito de perturbar seriamente el orden público y sembrar el pánico en el público se castiga con penas de prisión de entre diez y veinte años;

Artículo 233: La organización de bandas armadas que cometan actos violentos contra la vida, la salud, la libertad individual y la propiedad para así quebrantar el orden público y sembrar el pánico y la confusión en el público se castiga con penas de prisión de hasta diez años;

Artículo 234: Las producción, el almacenamiento y el transporte de armas bélicas, químicas, biológicas o nucleares de carácter explosivo o tóxico con el fin de cometer actos de terrorismo se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años;

Artículo 278: La fabricación de armas y municiones bélicas, bombas y minas sin autorización de los órganos estatales competentes se castiga con penas de prisión de entre cinco y diez años. La tenencia, compra o venta de armas, bombas o minas sin autorización de los órganos estatales competentes se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta siete años. La tenencia de proyectiles de armas ligeras sin autorización de los órganos estatales competentes es un delito menor que se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta un año.

Artículo 279: La fabricación, tenencia, compra o venta de armas blancas, como espadas, bayonetas, cuchillos y otras armas análogas con el fin expreso de atacar a las personas o para la propia defensa, sin autorización de los órganos estatales competentes se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta cinco años;

Artículo 280: La fabricación, tenencia, compra o venta de escopetas y municiones de caza o deporte sin autorización de los órganos estatales competentes es un delito menor que se castiga con un multa o una pena de prisión de hasta dos años;

Artículo 281: Toda infracción de la reglamentación correspondiente a la tenencia, fabricación, utilización, almacenamiento, transporte y venta de sustancias altamente venenosas es un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta 2 años. Si esa infracción ocasiona la muerte de personas o daña seriamente su salud o si tiene otras consecuencias materiales graves, se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta diez años;

Artículo 282: Toda infracción de la reglamentación correspondiente a la tenencia, fabricación, utilización, almacenamiento, transporte y venta de explosivos y sustancias incendiarias o radiactivas es un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta dos años. Si esa infracción ocasiona la muerte de personas o daña seriamente su salud o si tiene otras consecuencias materiales graves, se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta diez años;

Artículo 289: El responsable de observar y aplicar las normas relacionadas con el trabajo, la producción y los servicios que hayan sido establecidas en leyes, decretos del Consejo de Ministros o reglamentaciones pertinentes sobre seguridad técnica, procedimientos técnicos, protección laboral, higiene y protección contra incendios que incumpla esas normas y que con esa infracción ocasione la muerte o graves daños para la salud de una persona será castigado con una multa o con una pena de prisión de hasta diez años. Si tal incumplimiento acarrea la muerte o graves daños para la salud de más de una persona, el responsable será castigado con una pena de prisión de cinco años como mínimo.

Artículo 290: Toda infracción del reglamento de circulación vial que ocasione la muerte o lesiones graves a una persona o lesiones menos graves a más de una persona se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta diez años. Si tal infracción ocasiona la muerte o lesiones graves a más de una persona, se castiga con una pena de prisión de cinco años como mínimo.

Artículo 292: Toda infracción de las normas de tráfico ferroviario, marítimo, fluvial o aéreo por empleados de esos medios de transporte que ocasione la muerte o lesiones graves a una persona se castiga con una multa o con un pena de prisión de hasta diez años. Cuando tal infracción ocasione la muerte o lesiones graves a más de una persona, se castiga con una pena de prisión de cinco años como mínimo.

El artículo 334 del Código Penal prevé castigos más severos en los siguientes casos:

La comisión de delitos por bandas armadas u organizaciones criminales se sancionará de acuerdo con las normas penales pertinentes y a esa sanción se le agregarán cinco años si la norma aplicable prevé el encarcelamiento y algún otro castigo menor, pero sin exceder de la pena máxima de prisión.

Si la norma penal pertinente establece sanciones de cárcel o de reclusión a perpetuidad o la pena de muerte, el delito se castigará con 25 años de prisión o con la reclusión a perpetuidad.

Si la norma penal pertinente únicamente prevé la reclusión a perpetuidad o la pena de muerte, el delito se castigará con la reclusión a perpetuidad.

318.El Código Penal de la República de Albania es una de las legislaciones más importantes del ordenamiento jurídico albanés. El Parlamento aprobó ese Código el 27 de enero de 1995, como parte de la reforma general del ordenamiento jurídico del país. El Código ha sido objeto de

modificaciones importantes por la Ley No. 8175, de 23 de diciembre de 1996, la Ley No. 8204, de 10 de abril de 1997, y la Ley de 24 de enero de 2001 con objeto de adaptar sus disposiciones a los problemas sociales que se están planteando en el país.

Desaparición de personas

319.Como se señaló anteriormente, el artículo 21 de la Constitución establece que el derecho de la persona a la vida está protegido por la ley.

320.La Policía Criminal ordena la búsqueda de desaparecidos (de conformidad con los artículos 15 a 23 del Código Civil) en todos los casos de secuestro o de personas cuyo paradero se desconozca o que se hayan fugado de su hogar. En este último caso, si se trata de menores o de personas mentalmente discapacitadas, la Policía ordena la búsqueda antes de que el tribunal se pronuncie sobre la desaparición. Como paso previo, la Policía realiza todas las comprobaciones necesarias para localizar al desaparecido en un plazo no mayor de un mes.

A continuación se indican las disposiciones pertinentes de los artículos 15 a 23 del Código Civil.

321.Si una persona falta de su domicilio o de su último lugar de residencia sin que se sepa nada de ella durante más de dos años, a solicitud de una parte interesada, el juez puede declarar desaparecida a esa persona por decisión judicial. Cuando se desconoce con exactitud cuándo se supo por última vez de la persona no localizable, el plazo de dos años comenzará al mes siguiente de la última vez en que se haya tenido noticias de ella. Si tampoco se puede determinar el mes, el plazo comenzará el 1º de enero del año siguiente.

322.Cuando se declara desaparecida a una persona, se designa a un curador de ausente para que administre sus bienes. La decisión correspondiente se publica en el Boletín Oficial y se remite a la oficina competente del registro civil.

323.La persona declarada desaparecida puede ser declarada muerta por decisión judicial al cabo de cuatro años, contados desde la fecha de la declaración de desaparición si así lo solicita alguna parte interesada.

324.Un militar desaparecido en una acción bélica cuya desaparición haya sido confirmada por las autoridades militares competentes, puede ser declarado muerto por decisión judicial, sin que primero se le declare desaparecido, si no se ha sabido nada de él al cabo de dos años de la entrada en vigor del acuerdo de paz o de tres años del fin de la acción bélica.

325.Una persona desaparecida en un desastre natural o en circunstancias que permitan considerar que ha fallecido puede ser declarada muerta por decisión judicial, sin que primero se le declare desaparecida, si han transcurrido dos años desde que ocurrió el desastre y no se ha sabido nada de ella. Si no hay fecha precisa del desastre, el plazo de dos años comenzará el día 1º del mes siguiente al desastre y, si tampoco puede precisarse el mes, entonces comenzará el 1º de enero del año siguiente al desastre.

326.Si dos o más personas han muerto y no se puede comprobar el orden en que se produjeron esas muertes, se considerará a los efectos legales que todas las muertes se produjeron a la vez.

327.Es preciso fijar una fecha de defunción para una persona desaparecida y declarada muerta. Si no es posible determinar con exactitud esa fecha, el tribunal decidirá al respecto con arreglo a las normas previstas en el Código. A solicitud de una parte interesada, el tribunal competente podrá cambiar la fecha si se aportan pruebas sobre la fecha verdadera de la defunción.

328.La muerte declarada por decisión judicial tiene las mismas consecuencias legales que la muerte real. La decisión correspondiente se publica en el Boletín Oficial y se remite a la oficina competente del registro civil.

329.Cuando la persona que había sido declarada muerta aparece, ella misma u otra parte interesada puede solicitar al tribunal que la haya declarado muerta que anule su decisión. Al aparecer, tiene derecho a pedir que se le devuelvan sus bienes y los beneficios que se hayan derivado de ellos durante su ausencia, incluso cuando sus bienes hayan pasado a terceros, con arreglo a los límites y las condiciones previstos en el Código Civil o en el Código de la Familia.

330.Al 30 de junio de 2003, en los archivos de la División de Búsqueda del Ministerio de Orden Público figuraban 91 personas de paradero desconocido. Este número incluye los desaparecidos; ahora bien, como son los familiares de un desaparecido u otra parte interesada quienes deben tomar la iniciativa de dirigirse a los tribunales para que declare a la persona desaparecida, cosa que raramente ocurre, no se dispone de una cifra exacta sobre el número de desaparecidos.

Menores

331.Con arreglo al artículo 21 de la Constitución, el derecho de la persona a la vida está protegido por la ley y esto se aplica también a los menores.

332.El aborto es una cuestión debatible, dado el derecho irrefutable de todo niño a la vida. Hasta 1995 el aborto voluntario estaba prohibido por la ley en Albania. El 7 de diciembre de 1995 la Asamblea del Pueblo aprobó la Ley de la interrupción del embarazo (No. 8045). Aunque su artículo 1 garantiza el respeto al derecho a la vida de todo ser humano, desde que comienza a vivir, también subraya que hay excepciones a este principio, cuando así lo exigen las circunstancias y con arreglo a las condiciones enunciadas en dicha Ley.

333.La Ley de interrupción del embarazo garantiza el respeto al derecho a la vida de todo ser humano, desde que comienza a vivir, o sea, desde el momento de su concepción. Únicamente se permite la interrupción del embarazo por motivos de salud (de la madre y el feto) y por razones psicosociales. En los casos en que menores de 16 años quedan embarazadas estando solteras, puede interrumpirse su embarazo con el consentimiento de sus padres o de su tutor legal. También se permite la interrupción voluntaria del embarazo a solicitud de la madre.

334.La Sección V del Código Penal, relativa a "Delitos que ponen en peligro la vida y la salud consistentes en la interrupción del embarazo o la denegación de ayuda", determina en su artículo 93 que "la interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer, salvo cuando esa intervención se realice por motivos justificados de salud, se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años".

335.El Código Penal contiene disposiciones especialmente destinadas a proteger el derecho del niño a la vida. El artículo 81 del Código Penal se refiere concretamente a la madre que comete un infanticidio voluntario inmediatamente después del parto. En este caso se trata de un delito menor y la culpable, o sea, la madre, puede ser castigada con una multa o una pena de prisión de hasta dos años.

336.El Capítulo II del Código Penal, relativo a "Delitos contra la vida", establece en el inciso a) de su artículo 79 sobre "El asesinato motivado por características especiales de la víctima" que el asesinato de un menor de 16 años se castiga con la reclusión a perpetuidad.

337.En Albania la alimentación de los niños de las zonas urbanas es distinta a la de los niños de las zonas rurales. Además, existen diferencias muy marcadas en materia de alimentación entre la montaña y la llanura. En las regiones montañosas las familias viven en condiciones de extrema pobreza por las características del terreno, de manera que la alimentación de los niños es cualitativamente inferior. Por esa causa, las tasas de mortalidad infantil son más altas que las de otras regiones.

Mortalidad infantil

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Mortalidad infantil

28,3

1,2

2,8

3,4

35,7

30,0

25,8

22,5

20,5

17,5

16,0

17,5

Malnutrición

Prevalencia de la malnutrición en niños de 0 a 3 años de edad

Año

1991*

1992**

1994***

1996***

1997***

Porcentaje

28

28

18,4

14,6

7,4&

* Estudio del Instituto de Pediatría, 1991.

** Estudio de la Cruz Roja.

*** Estudio de una organización no gubernamental italiana (S Eugidi); datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y datos basados en el indicador de malnutrición aguda (emaciación).

Esperanza de vida

Esperanza de vida al nacer

(1950 a 1999)

Años de vida

Total

Varones

Niñas

1950‑1951

53,5

52,6

54,4

1951‑1956

57,8

57,2

58,6

1960‑1961

64,9

63,7

66,0

1979‑1980

69,5

67,0

72,3

1980‑1981

70,2

67,7

72,2

1984‑1985

71,5

68,7

74,4

1985‑1986

71,9

68,7

75,5

1986‑1987

72,0

68,8

75,5

1987‑1988

72,2

69,4

75,5

1988‑1989

72,4

69,6

75,5

1989‑1990

72,2

69,3

75,4

1990‑1995*

71,4

68,5

74,3

1999*

74,0

71,7

76,4

*Cálculo basado en proyecciones de población preparadas por el INSTAT.

Longevidad media

Años de vida

Año

1950

1955

1960

1965

1969

1975

1979

1985

1990

1995

2002‑2001

Duración media de la vida humana

51,6

55,0

62,0

64,1

66,5

67,0

68,0

70,2

70,7

73,1

74,6

Aborto

Embarazos, nacimientos y abortos, 1990 a 2001

Año

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Número de embarazos

108 237

107 769

103 562

104 520

103 471

104 349

Número de nacimientos

82 125

77 361

75 425

71 079

72 179

72 081

Número de abortos notificados

26 112

30 408

27 745

33 441

31 292

32 268

Año

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Número de embarazos

96 092

83 872

78 355

70 969

71 081

68 616

Número de nacimientos

68 358

61 739

60 139

57 948

53 833

52 888

Número de abortos notificados

27 734

22 133

18 948

16 360

17 120

15 728

Abortos por grupos de edades, 1994 a 1997

Grupo de edades

1994

1995

1996

1997

13 a 19

3,5

4,9

2,7

3,6

20 a 34

67

63,2

58

64,4

35 o más

27,7

19,5

26,4

32

Abortos por nivel de instrucción, 1994 a 1997

Nivel de instrucción

1994

1995

1996

1997

Enseñanza básica

2,5

2,5

1,8

0,7

Ocho años de enseñanza obligatoria

47,6

47,1

47,9

32,9

Segunda enseñanza

44,3

47,1

45,1

62,7

Educación superior

4,7

3,3

3,2

3,4

Abortos por tipo y lugar

Año

Total

Tipo de aborto

Medio urbano

Medio rural

Provocado

Espontáneo

1994

18 361

14 456

3 905

10 455

7 906

1995

17 504

13 615

3 889

9 057

8 447

1996

10 310

8 435

1 875

5 738

4 572

1997

10 564

8 979

1 585

6 312

4 252

Nacimientos y abortos

Período 1994-2000

Año

Abortos

1994

31 622

1995

31 874

1996

32 538

1997

22 103

1998

18 944

1999

19 930

2000

21 004

Fuente: INSTAT

338.En 1990 el 32% del total de nacimientos se registró en zonas urbanas y el 68% en zonas rurales; en cambio, en 1999 las proporciones correspondientes fueron de un 44,6% en las zonas urbanas y un 55,4% en las zonas rurales. La tasa global de fecundidad disminuyó de 7 hijos por mujer en 1960 a menos de 2,6 hijos por mujer en 1995 y 2,5 hijos por mujer en 1997. La tasa de mortalidad infantil fue inferior en 1998, 20, 5 por 1 000 nacidos vivos, que en el período comprendido entre 1987 y 1997. En 1996 el número de varones nacidos vivos fue de 35 000, o sea, el 51,4% del total de nacidos vivos, en tanto que el número correspondiente a las niñas fue de 33 000, o el 48,6% del total de nacidos vivos. La fecundidad es aproximadamente un 25% más alta en las zonas rurales.

Número de nacidos vivos por sexo, 1990 a 1999

Año

Total

Varones

Niñas

Relación entre varones y niñas

1990

82 125

42 564

39 561

1,08

1991

77 361

40 748

36 613

1,11

1992

75 425

39 505

35 920

1,10

1993

67 730

35 570

32 160

1,11

1994

72 179

38 022

34 157

1,11

1995

72 081

38 085

33 996

1,12

1996

68 358

35 519

32 818

1,08

1997

61 739

32 178

29 561

1,09

1998

60 139

31 556

28 583

1,10

1999

57 948

30 308

27 640

1,10

Número de nacidos vivos por lugar de nacimiento, 1990 a 1999

Año

Total

Zonas urbanas

Zonas rurales

1990

82 125

25 642

56 483

1991

77 361

22 550

54 811

1992

75 425

22 530

52 895

1993

67 730

22 350

45 380

1994

72 179

26 809

45 370

1995

72 081

27 379

44 702

1996

68 358

29 016

39 342

1997

61 739

26 295

35 444

1998

60 139

25 758

34 381

1999

57 948

25 836

32 112

Número de defunciones por sexo, 1990 a 1999

Año

Total

Varones

Mujeres

1990

18 193

10 311

7 882

1991

17 743

10 296

7 447

1992

17 743

10 408

7 618

1993

18 026

10 438

7 482

1994

17 920

10 788

7 554

1995

18 060

10 447

7 613

1996

17 600

10 294

7 306

1997

18 237

11 121

7 116

1998

18 250

10 808

7 442

1999

16 720

9 695

7 025

Número de defunciones por lugar de fallecimiento, 1990 a 1999

Año

Total

Zonas urbanas

Zonas rurales

1990

18 193

6 190

12 003

1991

17 743

6 546

11 197

1992

18 026

6 572

11 454

1993

17 920

6 820

11 100

1994

18 342

7 605

10 737

1995

18 060

7 312

10 748

1996

17 600

7 459

10 141

1997

18 237

8 695

9 542

1998

18 250

8 891

9 359

1999

16 720

7 837

8 883

Número de nacidos vivos, defunciones y crecimiento natural, 1990 a 1999

Año

Población Total

Número de nacidos vivos

Número de defunciones

Crecimiento natural

Tasa bruta de natalidad

Tasa bruta de mortalidad

1990

3 255 891

82 125

18 193

63 932

25,2

5,6

1991

3 259 814

77 361

17 743

59 618

23,7

5,4

1992

3 190 103

75 425

18 026

57 399

23,6

5,7

1993

3 167 478

67 730

17 920

49 810

21,4

5,7

1994

3 202 031

72 179

18 342

53 837

22,5

5,7

1995

3 248 836

72 081

18 060

54 021

22,2

5,6

1996

3 283 000

68 358

17 600

50 758

20,8

5,4

1997

3 324 317

61 739

18 237

43 502

18,6

5,5

1998

3 354 336

60 139

18 250

41 889

17,9

5,4

1999

3 373 445

57 948

16 720

41 228

17,2

5,0

Uso de armas de fuego por la policía

339.La ley de uso de armas de fuego (No. 8290), de 24 de febrero de 1998, y el Reglamento (No. 721) sobre el uso de armas de fuego por los organismos policiales de orden público y demás personal armado en cumplimiento de la ley, de 25 de junio de 1998, establecen las condiciones sobre el uso de armas de fuego por las fuerzas policiales.

340.De conformidad con el artículo 1 de la susodicha Ley, las armas de fuego constituyen un medio último y extremo de detener o frenar los actos delictivos de un individuo si los demás medios no han servido o si es evidente que el uso de otros medios resultará ineficaz.

341.El artículo 2 dispone que las Fuerzas Armadas, la Policía, otras instituciones policiales establecidas por la ley que no sean parte de las Fuerzas Armadas y los guardias estarán autorizados a usar armas de fuego para su propia protección y para proteger la vida, la salud, los derechos y los intereses de otras personas contra agresiones injustas, patentes e imprevistas, a condición de que la defensa sea proporcional al grado de peligrosidad que entrañe tal agresión (en situaciones de defensa necesaria); y también en casos en que los autorizados a utilizar armas de fuego enfrenten un

peligro real imprevisto que los amenace o amenace a otros y a sus bienes, siempre y cuando los autorizados a usar armas de fuego no hayan sido los instigadores de la situación de que se trate y los daños que se ocasionen sean menores que los daños que se eviten (en situaciones de necesidad extrema).

342.El artículo 5 determina que no pueden usarse armas de fuego en las siguientes circunstancias:

Contra personas que evidentemente sean menores, mujeres y ancianos;

En lugares públicos, durante reuniones o agrupamientos de personas, en que se ponga en peligro la vida de terceros.

343.En tales situaciones, las armas de fuego únicamente pueden usarse contra aquellos individuos que estén cometiendo delitos violentos graves y evidentes contra personas o bienes si ya han fallado otros medios coercitivos.

344.Los artículos 6 y 7 de la susodicha Ley disponen que el uso de armas de fuego cese en cuanto se interrumpa, detenga o ponga fin a la agresión o si el agresor se rinde.

345.Antes de usar armas de fuego se debe prevenir al agresor de manera clara y en voz muy alta. Si ese individuo desobedece las órdenes y trata de escapar o no reacciona consecuentemente, la Policía podrá, sin más aviso, dispararle hacia la parte inferior del cuerpo con el propósito de inmovilizarlo. Si las circunstancias no permiten observar el procedimiento descrito, se usarán las armas de fuego sin ningún tipo de aviso previo.

346.Con objeto de acatar y aplicar las disposiciones de la Ley de uso de armas de fuego, el Ministerio de Orden Público, el Ministerio de Defensa y el Servicio de Información del Estado han adoptado sus respectivos reglamentos internos sobre el uso de armas de fuego por sus empleados.

347.De conformidad con la susodicha Ley, la Policía de Seguridad Pública adoptó el Reglamento No. 721, de 25 de junio de 1998, que regula el uso de armas de fuego por los agentes policiales.

348.Con arreglo a los principios generales de ese Reglamento, están autorizados a portar y usar armas de fuego las siguientes personas:

Los agentes de la Policía de Seguridad Pública, la Policía Criminal, la Policía de Mantenimiento del Orden, la Policía de Fronteras, las Fuerzas Especiales de Intervención Rápida , la Policía de Caminos y otros cuerpos facultados por la ley para portar u usar armas de fuego al igual que las fuerzas policiales;

Las personas físicas definidas en la Ley de Servicios de Guardia Civil (No. 7996), de 7 de abril de 1993. Esas personas han sido facultadas por comisiones especiales creadas en las comisarías de policía;

Las personas físicas enumeradas en la Ley de armas. Esas personas son autorizadas por el Ministerio de Orden Público.

349.Las personas autorizadas para portar y usar armas de fuego se guiarán siempre por los principios de la legalidad, la proporcionalidad, la necesidad y la humanidad.

350.A continuación se enumeran las normas generales sobre el uso de armas de fuego:

Cuando se vaya a prevenir a un agresor del uso de armas de fuego, deberán gritársele avisos tales como "¡Alto!", "¡Pare ya!", "¡Deténgase, policía!" u otras advertencias análogas;

Cuando un detenido o recluso trate de escapar de los agentes que lo custodien o de fugarse del lugar donde se le esté reteniendo, la advertencia del uso de armas de fuego le será dada a la salida de la prisión, la celda de detención, la celda de aislamiento y otros lugares del establecimiento de detención;

Los dirigentes de los distintos cuerpos policiales deben incorporar programas especiales de adiestramiento sobre las técnicas de manejo y uso de armas de fuego en los planes de capacitación sobre las condiciones y otros aspectos del servicio;

La Dirección General de Policía determinará cuál es el tipo de armamento básico más eficaz para cada cuerpo de policía a la luz de la experiencia y de los servicios que se presten;

Los jefes de las compañías de la Guardia Civil deben también organizar programas de adiestramiento en las técnicas de manejo y uso de armas de fuego, para lo cual recabarán los servicios de especialistas en la materia pertinente.

351.El Reglamento No. 721 prevé que los agentes de la Policía de Seguridad Pública usen armas de fuego en los siguientes casos:

Para evitar o detener un acto delictivo;

Cuando, tras cometer un acto delictivo, el autor trata de escapar o reacciona con violencia ante los intentos de capturarlo;

Para evitar la fuga de uno o varios individuos que estén o hayan estado bajo vigilancia policial;

Contra uno o varios individuos que traten de liberar a detenidos o reclusos, o que traten de matarlos;

Contra individuos que usen armas de fuego u otros medios peligrosos para tratar de dañar, destruir, quemar, robar, o utilizar objetos que estén bajo protección policial.

En todos los casos arriba mencionados el Reglamento define en qué circunstancias el uso de armas de fuego debe ir precedido de una advertencia.

El Reglamento también define los casos y las normas sobre el uso de armas de fuego por la Policía de Fronteras, así como las circunstancias en que tal uso está prohibido.

352.De conformidad con el Reglamento, se prohíbe el uso de armas de fuego en los casos siguientes:

Cuando se cruce la frontera por fuerza mayor o por fallos técnicos y sin el propósito de reconocer el terreno y cuando busquen refugio en la República de Albania los ciudadanos de otro país;

Cuando se compruebe que se trata de menores, mujeres o ancianos y ellos no estén realizando acciones peligrosas contra la Policía de Fronteras u otras personas;

Cuando las fuerzas policiales consideren que de esa forma se puede lesionar a ciudadanos inocentes de un país vecino o a ciudadanos albaneses en el territorio nacional o que se pueden ocasionar daños materiales;

Cuando grupos grandes de personas estén cruzando la frontera del país.

353.Los guardias civiles y otras personas facultadas por la ley para usar armas de fuego pueden hacer uso de ellas en los casos siguientes:

Cuando sean blanco de un ataque con armas, explosivos u otros artefactos peligrosos que amenacen sus vidas y otros medios hayan fracasado o cuando sea evidente que otros medios resultarán ineficaces (en este caso las armas se usarán sin aviso previo por constituir una situación de defensa necesaria);

Contra individuos o grupos de individuos que emprendan un ataque armado contra algún objeto protegido por guardias civiles (sólo después de prevenir a los agresores);

Cuando su propia persona o las personas a quienes protejan sean blanco de un ataque con armas de fuego u otros artefactos peligrosos que amenacen sus vidas (sólo después de prevenir a los agresores).

354.En el capítulo 4 del Reglamento se especifica cómo proceder después de haber usado armas de fuego. De conformidad con lo establecido en ese capítulo, después de usar armas de fuego se deben tomar las medidas que se enumeran a continuación:

Prestar la asistencia necesaria a los heridos;

Informar a las autoridades superiores de las consecuencias del uso de armas de fuego (el superior inmediato, la comisaría de policía, la dirección de la prefectura competente, el Ministerio de Orden Público y, en el caso de incidentes en la frontera, el Ministerio de Relaciones Exteriores);

Informar a los familiares de las víctimas (en el caso de incidentes en la frontera y cuando haya víctimas extranjeras, se informará al Ministerio de Relaciones Exteriores);

Acordonar el lugar del incidente;

Solicitar que examinen el lugar del incidente las siguientes personas:

a)El fiscal, el oficial de la Policía Judicial y los criminólogos competentes;

b)En el caso de incidentes en la frontera, un grupo de expertos integrado por miembros de los dos países vecinos (de conformidad con los acuerdos pertinentes);

Prestar a los examinadores toda la asistencia necesaria, para aislar el lugar del incidente y recoger las armas y municiones empleadas;

En el caso de todos los que hayan usado armas de fuego, proporcionar la información necesaria sobre cómo se ha actuado y preparar los informes correspondientes sobre los hechos y las circunstancias que hayan motivado el uso de armas de fuego;

En el caso de los superiores jerárquicos, cuando el uso de armas de fuego haya tenido consecuencias, analizar siempre la información y enviarla al Ministerio de Orden Público;

Cuando el uso de armas de fuego haya tenido consecuencias, iniciar siempre el procedimiento judicial requerido por la ley.

Artículo 7

Prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes

355.En la Constitución, el artículo 25 se refiere concretamente a la tortura en los siguientes términos: "Nadie puede ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". A continuación, el artículo 26 dispone que nadie puede ser obligado a realizar trabajos forzosos, salvo cuando se trate de la ejecución de una decisión judicial o de la prestación del servicio militar o de un servicio que sea consecuencia de un estado de excepción o de guerra o de una catástrofe que amenace la vida o la salud humana.

356.De conformidad con el artículo 28 de la Constitución, toda persona que haya sido privada de libertad tiene derecho a ser informada inmediatamente, en un lenguaje que le resulte comprensible de los motivos de esa medida y de las acusaciones que se hayan formulado contra ella. A la persona que haya sido privada de libertad se le hará saber que no está obligada a declarar y que tiene derecho a comunicarse inmediatamente con un abogado y se le proporcionarán los medios para ejercer ese derecho. Asimismo, con arreglo al inciso c) del párrafo 2 del artículo 27, la persona privada de libertad deberá ser llevada ante un juez antes de que transcurran 48 horas desde su detención y el juez determinará, antes de que transcurran 48 horas desde la recepción de la documentación pertinente, si la mantiene en prisión preventiva o la pone en libertad.

357.La persona que se encuentre en prisión preventiva puede apelar de la decisión del juez. Tiene también derecho a ser enjuiciada en un plazo razonable o a que se le ponga en libertad bajo fianza con arreglo a la ley. En otros casos, la persona que sea privada de libertad por vía extrajudicial, puede recurrir al juez en cualquier momento, quien en un plazo de 48 horas decidirá sobre la legalidad de esa medida. Toda persona privada de libertad tiene derecho, de conformidad con el artículo 27, a ser tratada humanamente y con respeto hacia su dignidad.

358.Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43, toda persona puede apelar de una decisión judicial ante un tribunal superior, salvo cuando la Constitución determine otra cosa.

359.Toda persona, a título individual o colectivo, puede dirigir solicitudes, denuncias u observaciones a los organismos públicos, quienes están obligados a responder según los plazos y las condiciones establecidos por la ley (artículo 48 de la Constitución).

360.La República de Albania se adhirió a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes por la Ley No. 7727, de 30 de junio de 1993, que fue proclamada por el Decreto del Presidente de la República No. 592, de 6 de julio de 1993. La Convención entró en vigor en Albania el 11 de mayo de 1994. Albania ya ha presentado al Comité contra la Tortura su informe inicial y su segundo informe periódico.

361.En el marco de la lucha contra la tortura, la República de Albania también ha suscrito la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, firmada y ratificada el 2 de octubre de 1996, que entró en vigor el 1º de enero de 1997, así como sus dos Protocolos adicionales.

362.El artículo 50 del Código Penal dispone que el salvajismo y la crueldad constituyen circunstancias agravantes que aumentan la sanción aplicable al delito cometido. Con arreglo al artículo 75, determinados actos cometidos en tiempos de guerra como el asesinato, el maltrato, la deportación de personas como mano de obra esclava, así como otros actos inhumanos de explotación cometidos contra la población civil o en un territorio ocupado, el asesinato y maltrato de prisioneros de guerra, el asesinato de rehenes, la destrucción de bienes privados y públicos y la devastación de ciudades, plazas y pueblos sin ninguna justificación militar, se castigan con penas de prisión que varían entre un mínimo de quince años y la reclusión a perpetuidad.

363.El artículo 73 del Código Penal dispone que la ejecución de un plan premeditado cuyo objeto sea el exterminio total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, aunada a actos contra los miembros de ese grupo tales como el asesinato, la provocación de daños físicos y psicológicos graves, la imposición de condiciones difíciles de vida que atenten contra la integridad física de los individuos, la aplicación de medidas de control de la natalidad y el traslado forzoso de los niños de un grupo a otro, se castigará con penas de prisión que variarán entre un mínimo de diez años y la reclusión a perpetuidad.

364.El asesinato, la matanza, la esclavitud, el exilio interno y la deportación, la tortura y otros actos inhumanos de violencia que se cometan por motivos políticos, ideológicos, raciales, étnicos o religiosos se castigan con penas de prisión que varían entre un mínimo de 15 años y la reclusión a perpetuidad (artículo 74 del Código Penal).

365.Ciertos actos cometidos en tiempos de guerra como el asesinato, el maltrato y la deportación de personas como mano de obra esclava, así como otros actos inhumanos de explotación cometidos contra la población civil o en un territorio ocupado, el asesinato y maltrato de prisioneros de guerra, el asesinato de rehenes, la destrucción de bienes privados y públicos y la destrucción de ciudades, plazas y pueblos sin ninguna justificación militar, se castigan con penas de prisión que varían entre un mínimo de 15 años y la reclusión a perpetuidad.

366.Los artículos 86 y 87 del Código Penal disponen que la tortura o cualquier otro trato degradante o inhumano se castigue con penas de prisión de entre cinco y diez años. Cuando la tortura o cualquier otro trato degradante o inhumano ocasione a la víctima la muerte o alguna discapacidad, mutilación u otro daño permanente, se castigará con penas de prisión de entre diez y veinte años.

367.Todo acto deliberado por el que se ocasione a la víctima un daño grave como la discapacidad, la mutilación u otro daño permanente para su salud, o por el que se interrumpa el embarazo y se ponga en peligro la vida de la víctima, se castiga con penas de prisión de entre tres y diez años. Cuando ese mismo acto se cometa contra un grupo de personas o cuando cause la muerte de la víctima, se castigará con penas de prisión de entre cinco y quince años (artículo 88).

368.La provocación del suicidio o del intento de suicidio de una persona por infligirle malos tratos sistemáticos u otra conducta dolosa sistemática que afecte gravemente a su dignidad, en circunstancias en que el suicida dependa materialmente o de alguna otra forma del causante del acto suicida se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta cinco años (artículo 99).

369.El coito con una niña menor de 13 años o impúber se castiga con penas de prisión de entre cinco y quince años. Cuando ese acto se haya realizado por la fuerza, o cuando haya afectado seriamente la salud de la niña, se castigará con penas de prisión de entre diez y veinte años. Cuando ese acto sea la causa de la muerte o el suicidio de la niña, se castigará con una pena de prisión de veinte años como mínimo (artículo 100).

370.La violación de una niña de 14 a 18 años de edad que ya haya alcanzado la pubertad se castiga con penas de prisión de entre cinco y diez años. Cuando ese acto haya afectado seriamente la salud de la menor, se castigará con penas de prisión de entre diez y quince años. Cuando ese acto sea la causa de la muerte o el suicidio de la menor, se castigará con una pena de prisión de quince años como mínimo (artículo 101).

371.La violación de una mujer se castiga con una pena de prisión de entre tres y diez años. Cuando ese acto haya afectado seriamente a la salud de la mujer, se castigará con penas de prisión de cinco a quince años. Cuando ese acto sea la causa de la muerte o el suicidio de la mujer, se castigará con penas de prisión de entre diez y veinte años (artículo 102).

372.Con arreglo al artículo 103, el coito con una persona con discapacidad física o mental que haya cumplido los 14 años y haya alcanzado la pubertad o con una persona que esté inconsciente se castiga con una pena de prisión de cinco a diez años. Cuando ese acto haya afectado seriamente a la salud de la víctima, se castigará con penas de prisión de cinco a quince años. Cuando ese acto sea la causa de la muerte o el suicidio de la víctima, se castigará con penas de prisión de entre diez y veinte años.

373.De conformidad con el artículo 104, el coito que cause la muerte o el suicidio de la víctima se castiga con la reclusión a perpetuidad. La violación precedida o seguida de tortura, o simultánea con la tortura, se castiga con una pena de prisión de veinte años.

374.El artículo 109 dispone que el secuestro para obtener un rescate o algún otro beneficio se castigará con penas de prisión de diez a veinte años. El secuestro de un menor de 14 años y la ocultación y la sustitución de ese menor por otro se castiga con penas de prisión que varían entre un mínimo de veinte años y la reclusión a perpetuidad.

375.El inciso a) del artículo 109 determina que el secuestro o la toma de una persona como rehén se castigue con una pena de prisión de 25 años si la víctima ha sufrido lesiones física graves y permanentes por haber sido privada de necesidades vitales básicas o si son más de uno los secuestrados o rehenes. El secuestro o la toma de una persona como rehén se castiga con la reclusión a perpetuidad si esos actos han estado combinados con torturas previas o simultáneas, si la víctima es un menor o si el autor es una organización criminal. Si el menor u otras personas retenidas son liberados voluntariamente antes de que transcurran siete días de su secuestro o retención y las víctimas no han sido sometidas a torturas ni han sufrido lesiones físicas graves y permanentes, el delito cometido se castiga con una pena de prisión de diez años.

376.El secuestro o la toma de una persona como rehén, incluso de un menor de 14 años, que vaya aunado a la tortura física o psíquica, previa o simultánea, de la víctima, si se ese acto se ha cometido más de una vez o si son más de uno los secuestrados o rehenes, se castiga con una pena de prisión de veinte años como mínimo o con la reclusión a perpetuidad cuando haya alguna muerte. Si la víctima es liberada voluntariamente antes de que transcurran siete días del secuestro o la toma de rehenes sin que se haya accedido a las demandas del secuestrador y si la víctima no ha sido sometida a tortura ni ha sufrido trastornos permanentes de salud, el delito se castiga con una pena de prisión de entre tres y cinco años.

377.La detención ilegal de una persona es un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de un año. Si ese acto ha puesto en peligro la vida del detenido o le ha ocasionado trastornos físicos graves, se castigará con una pena de prisión de hasta cinco años (artículo 110).

378.El secuestro de aviones, barcos y otros medios de transporte de pasajeros con violencia e intimidación mediante armas u otros artefactos se castiga con penas de prisión de entre diez y veinte años (artículo 111).

379.El allanamiento de morada es un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta tres meses. Si ese acto se comete por la fuerza o con un arma, ese delito menor se castigará con una multa o con una pena de prisión de hasta un año (artículo 112).

380.El abandono de un menor de 14 años por sus padres o su tutor se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta tres años. Si ese abandono le ocasiona al menor problemas graves de salud o la muerte, se castigará con un pena de prisión de entre tres y diez años (artículo 124).

381.El robo unido a otros actos que ocasionen la muerte de la víctima se castiga con una pena de prisión de entre quince y veinte años o con la reclusión a perpetuidad (artículo 141).

382.El secuestro por medios violentos de personas o de un medio de transporte público por el que se atente contra la vida, la integridad física y la libertad de las víctimas con el propósito de perturbar seriamente el orden público y de sembrar el pánico y la confusión en el público se castiga con penas de prisión que varían entre un mínimo de quince años y la reclusión a perpetuidad (artículo 230).

383.La utilización de amenazas graves de muerte o de algún otro perjuicio serio contra un empleado que desempeñe alguna función estatal o servicio público por el carácter de la función o el servicio que desempeña es un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta dos años (artículo 238).

384.Los artículos 92, 93 y 94 de la Ley del Código Penal Militar (No. 8003), de 28 de septiembre de 1995, prevé castigos severos por actos de crueldad y negligencia cometidos contra prisioneros de guerra enfermos o lesionados por los responsables de atenderlos, así como por el abandono de prisioneros de guerra en el campo de batalla y por el asesinato o la agresión de prisioneros de guerra. Se prevén además castigos para los que maten o lesionen a los soldados enemigos que se hayan entregado. La profanación de cadáveres del enemigo se tipifica como delito menor.

Derechos de los detenidos

385.La Ley del Código de Ética Policial (No. 8291), de 25 de febrero de 1998, dispone en su artículo 6/2 que al escoltar, detener o arrestar a un presunto delincuente, los agentes de policía deben observar estrictamente las normas jurídicas pertinentes; se prohíbe categóricamente todo acto de tortura o cualquier otro acto que vulnere la persona y la dignidad del individuo privado de libertad.

386.El artículo 8 de la susodicha Ley establece que los agentes de policía son responsables penal, administrativa y civilmente de sus acciones y omisiones contrarios al Reglamento, ya sea que los realicen por iniciativa propia o incumpliendo órdenes, apartándose del procedimiento establecido por la ley o el Reglamento, u obedeciendo órdenes de individuos u órganos no competentes. Todo agente de policía será responsable de la ejecución de órdenes que sean evidentemente contrarias a la ley. Si un agente de policía recibe una orden oficial conforme al procedimiento establecido, pero esa orden es contraria a la ley, dicho agente será responsable de poner tal hecho en conocimiento de las autoridades superiores, ya sea antes de ejecutar la orden, si tiene la posibilidad de hacerlo, o después de ejecutar la orden.

387.El artículo 10 de la Ley prohíbe el uso de la fuerza por los agentes de policía, salvo en los casos previstos por la ley. Esos agentes deberán ser claramente informados de la forma y las circunstancias en que están autorizados a hacer uso de la fuerza o de armas de fuego.

388.En ese sentido, los artículos 6 y 7 de la Ley de la Policía Penitenciaria (No. 8321), de 2 de abril de 1998, establecen que los agentes de la Policía Penitenciaria están obligados a ejecutar las órdenes que reciban de sus superiores, con arreglo a las funciones y a la jerarquía de esos superiores.

389.Los superiores dictarán sus órdenes de conformidad con las funciones y el cometido de su cargo, en pleno respeto de la ley y de la dignidad del individuo. Cuando no estén presentes los superiores jerárquicos, en casos de emergencia, o cuando no sea posible la comunicación con los superiores jerárquicos, el agente de máxima categoría presente dará las órdenes pertinentes a los demás.

390.Según el artículo 9 de la Ley de los derechos y el trato de los presos (No. 8328), de 16 de abril de 1998, el trato de los presos debe orientarse hacia su rehabilitación, con miras a su reincorporación en la sociedad.

391.A los reclusos se les debe aplicar un criterio de individualización, de acuerdo con la situación y las características de cada cual. Esto se consigue mediante la determinación de las necesidades individuales y el conocimiento de las circunstancias y el entorno de vida de que

procede cada recluso, su grado de instrucción y los motivos sociales que lo han apartado de la normalidad. Se hace un estudio al principio y los resultados se van comprobando continuamente a lo largo del tratamiento para introducir los ajustes necesarios.

392.El personal administrativo de las cárceles, en colaboración con los órganos y las instituciones estatales competentes, se ocupa de las etapas de observación, programación y aplicación del tratamiento. La administración penitenciaria alienta y apoya a las organizaciones no gubernamentales y a determinados particulares para que ayuden al programa de tratamiento. De conformidad con el artículo 48 del Reglamento General de Cárceles y de las normas reglamentarias de las instituciones especiales, "Se prohíbe que el personal penitenciario ejecute acciones en contra de los reclusos que constituyan penas o tratos crueles o degradantes o alguna forma de tortura, salvo en las circunstancias previstas por la ley".

393.Las leyes de la República de Albania protegen contra la tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes no sólo a los ciudadanos albaneses, sino también a todas las personas, extranjeras o apátridas, que sean perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo político o social, que no se encuentren en el país de su nacionalidad y que no puedan recibir protección en su propio país, así como a las personas que no tengan ninguna nacionalidad fuera de su lugar oficial y normal de residencia y no prevean ninguna posibilidad de regresar a ese lugar.

394.Con arreglo a la Ley de inmigración (No. 7939), de 25 de mayo de 1995, se prohíbe la devolución o expulsión de extranjeros a lugares donde existan motivos justificados para creer que serán sometidos a torturas, a tratos inhumanos o degradantes o a la pena capital.

Prohibición de la tortura y medidas adoptadas a ese respecto en las esferas de la educación y la información

En el marco del sistema docente de Albania, la educación, información y capacitación sobre la prohibición de la tortura destinada a funcionarios especializados trata de alcanzar los siguientes objetivos:

Divulgar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la legislación administrativa y penal correspondiente;

Evitar la práctica de cualquier tipo de tortura mediante la aplicación de las disposiciones de la Convención y la legislación pertinente;

Vigilar y controlar los distintos fenómenos y manifestaciones en que directa o indirectamente se adviertan señales de tortura;

Sensibilizar sobre la prohibición de la tortura a los distintos grupos sociales a través de medios adecuados.

Alcance de las medidas adoptadas para educar, informar y capacitar sobre la prohibición de la tortura a funcionarios especializados

395.La enseñanza general de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la legislación administrativa y penal correspondiente se imparte en las universidades, sobre todo en las facultades y departamentos donde predominantemente estudian los individuos cuya actividad futura podría exponerlos a manifestaciones de distintas formas de tortura.

Esas facultades o departamentos son:

La Facultad de Derecho (Universidades de Tirana y Shkodra);

El Programa de estudios de posgrado para fiscales y jueces en la Escuela Superior de Magistrados de Tirana;

La Maestría para juristas y médicos especializados en Psiquiatría en la Universidad de Tirana;

Los colegios militares superiores, como la Academia de Policía Arben Zylyftari de Tirana;

La Academia Militar Skenderbej de Tirana;

La Academia de la Marina y la Aviación de Vlora;

La Academia Superior de Defensa, adscrita al Estado Mayor del Ejército, en Tirana;

Diversos cursos de capacitación para policías, abogados, funcionarios y otros interesados.

396.Se incluyen nociones de la Convención y de la legislación penal y administrativa pertinente sobre la prohibición de la tortura en los programas de distintas asignaturas de la enseñanza básica obligatoria y de la enseñanza secundaria, como la educación cívica y moral, la sociología y la filosofía, la historia y la literatura.

397.Los maestros y los padres de los alumnos de la enseñanza obligatoria y de la segunda enseñanza también reciben sistemáticamente información y capacitación acerca de la prohibición de la tortura. Esas actividades se llevan a cabo a través de distintas modalidades de instrucción, cursos sociopedagógicos breves, material informativo, artículos de prensa y otros medios.

398.Se suelen mantener buenas relaciones de cooperación en materia de derechos humanos entre el sistema escolar y la sociedad civil, como sucede con el Centro de Derechos Humanos de Albania y el Comité Helsinki de Albania para los Derechos Humanos.

Vigilancia y control de los distintos fenómenos y manifestaciones en que directa o indirectamente se adviertan señales de tortura

399.En la educación, información y capacitación sobre la prohibición de la tortura destinada a funcionarios especializados resultan eficaces los casos prácticos de vigilancia y control de los distintos fenómenos y manifestaciones en que directa o indirectamente se adviertan señales de tortura.

400.En ese contexto, se han advertido señales de tortura psicológica en distintas situaciones, como en los casos en que los maestros someten a sus alumnos a presiones y abusos por medio de las calificaciones y los hacen víctimas de insultos y malos tratos físicos; también se han observado manifestaciones de violencia y malos tratos en la familia, por parte del marido o la mujer, o de los padres o adultos hacia los hijos o los menores.

401.Más preocupantes son los menores obligados a buscarse la vida en la calle y, en particular, los menores que viven encerrados en algunos lugares del norte de Albania a causa de hostilidades entre grupos tradicionalmente enemigos.

Recursos de información y capacitación para sensibilizar sobre la prohibición de la tortura a los distintos grupos sociales

402.Entre los recursos de información y capacitación que se utilizan para sensibilizar sobre la prohibición de la tortura a los distintos grupos sociales cabe citar los siguientes:

Conferencias y charlas en que se aclaran y explican las disposiciones de la Convención y de la legislación penal y administrativa pertinente sobre la prohibición de la tortura;

Actividades escolares especiales sobre los derechos humanos en que se insista en el derecho del niño a no ser obligado a hacer trabajos arduos y peligrosos y a no ser despreciado por su raza, color, sexo, idioma y otras características individuales;

Debates sobre determinados casos de violencia pública o familiar comprobados por observaciones directas o conocidos a través de entrevistas y encuestas de la prensa y la televisión;

Reseñas y discusiones sobre obras históricas, de ficción o artísticas, presentadas en películas u otros medios que se relacionan con distintas formas de tortura;

Iniciativas y actividades para rescatar a los menores de situaciones de tortura, como planes y programas para reintegrar en el sistema escolar a los que son obligados por la fuerza a buscarse la vida en la calle y, en particular, a los que deben vivir encerrados por temor a las hostilidades entre grupos tradicionalmente enemigos. Los miembros de los gobiernos locales, de organizaciones no gubernamentales y de grupos religiosos, los maestros y los estudiantes de algunas zonas del norte de Albania han emprendido una importante campaña de sensibilización para reconciliar a las partes enemigas, liberar a los menores y devolverlos a la escuela. La deserción escolar ha disminuido de un 6,4% en 1992 a un 3,1% en 1997 y a un 2% en 2002.

Procesamiento judicial de conductas que constituyen manifestaciones patentes de alguna forma de tortura. En 2002 el director de una escuela del distrito de Fieri fue sentenciado a prisión por abusar sexualmente de niños.

Situación en las cárceles

403.Aparte de la contratación de personal profesional, la Escuela de la Policía Penitenciaria desempeña un papel importante en la formación del personal penitenciario, de conformidad con la Ley de la Policía Penitenciaria. Los objetivos de esa Escuela son los siguientes:

Impartir capacitación básica al personal penitenciario nuevo;

Promover las perspectivas de carrera del personal;

Preparar al personal penitenciario de categoría superior.

404.La Escuela, que ha estado funcionando desde hace tres años, dicta cursos de entre 15 días y tres meses de duración para todo el personal básico. También organiza cursos de capacitación para el personal de categoría media. En 2002 recibieron formación 358 agentes de categoría básica y 11 de categoría media. La Escuela imparte igualmente cursos de uno o dos días de duración para el personal de categoría superior. Además, se celebran seminarios de capacitación para el personal penitenciario civil, incluido el sector docente.

405.En el artículo 8 de la Ley de la Policía Penitenciaria se dispone que "El depósito de municiones nunca puede estar dentro de la prisión, que está destinada exclusivamente para los presos. Las municiones deben siempre guardarse fuera del recinto carcelario, o en un depósito vigilado fuera de la institución". La Ley de la Policía de Seguridad Pública regula los tipos de municiones que los agentes deben emplear, así como las normas, circunstancias y procedimientos relacionados con su empleo. Únicamente se utilizan otros medios de fuerza por orden del Director de la Dirección General de Cárceles o, en situaciones de emergencia, por orden del Jefe de la Policía de la institución.

406.En el plan de enseñanza de la Academia de Policía Arben Zylyftari el estudio de los derechos humanos no constituye una asignatura aparte, sino que está incluido en el programa de muchas asignaturas en que se combinan los aspectos teóricos y los prácticos.

407.En las asignaturas sobre el Derecho Constitucional, el Código Penal, la Ética Profesional y el Código de Procedimiento Penal se tratan muchos aspectos teóricos del respeto de los derechos humanos en los procedimientos penales, así como la definición del delito de tortura y sus distintos aspectos.

408.Como tema aparte de la asignatura sobre la Ley de Policía se estudia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las tareas de escolta policial y se explican en particular las circunstancias y restricciones que determinan el uso de la fuerza por la policía.

409.La asignatura sobre las Técnicas de Seguridad Pública incluye los aspectos prácticos de la observación de los derechos humanos por la policía, con especial referencia a la prohibición de los malos tratos y la tortura.

410.En los distintos programas de formación de la Academia de Policía Arben Zylyftari se atribuye prioridad al respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la prohibición de la tortura.

411.Como se indicó anteriormente, la administración penitenciaria fomenta y apoya la contribución de las organizaciones no gubernamentales y los particulares en la ejecución de los programas de formación.

Prohibición de los procedimientos médicos no autorizados por el paciente

412.La Ley de la salud mental (No. 8092), de 21 de marzo de 1996, determina los métodos y condiciones de la atención psiquiátrica y define las obligaciones de las autoridades centrales y locales en el establecimiento de servicios para los enfermos mentales.

413.En el artículo 3 de la mencionada Ley se dispone que las bases de las políticas preventivas y de protección de la salud mental sean las siguientes:

La aplicación de los principios de protección de la salud mental en las instituciones de educación y salud, los centros de trabajo y las unidades militares;

La creación de instituciones de prevención y consulta;

La prestación de apoyo a organizaciones e iniciativas que se ocupen de la salud mental;

La inclusión de componentes de atención sanitaria en los programas de formación para empleados de los sectores de la educación, la asistencia social, la salud, la administración y el esparcimiento;

La realización de investigaciones sobre el mejoramiento de la atención sanitaria y la prevención de los trastornos mentales;

La organización de programas de recuperación de la salud mental para las personas con trastornos mentales.

414.Las personas con deficiencias y trastornos mentales son atendidas gratuitamente en las instituciones públicas, que les prestan servicios de terapia, rehabilitación y educación. Cuando el tratamiento se administra en instituciones privadas, el Estado sufraga los gastos hasta un límite equivalente al costo del tratamiento en una institución pública en el caso de menores de 18 años de edad.

415.Por otra parte, el artículo 8 de la Ley dispone que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales coloque asistentes sociales en todas las instituciones públicas de psiquiatría y rehabilitación para que atiendan a los pacientes y protejan sus derechos humanos y sociales.

416.Una comisión legal-psiquiátrica integrada como mínimo por tres miembros puede proponer la restricción física de una persona que sufra trastornos mentales. De conformidad con el Código de Procedimiento Civil, el tribunal toma la decisión definitiva. Esa decisión también incluirá la designación de un representante personal.

417.El director de la institución psiquiátrica o de rehabilitación debe notificar al tribunal de primera instancia si existen pruebas evidentes de que el representante personal de un paciente recluido en esa institución no cumple con las funciones que le incumben. En esas circunstancias, el tribunal puede retirar a ese representante o designar a otro distinto.

418.Se debe informar sobre el estado de salud del enfermo mental al propio enfermo, a su representante personal y a sus familiares, y también se les debe informar sobre los procedimientos de reconocimiento y cuidado que se vayan a utilizar. Con arreglo al estado de salud del paciente y los principios de la ética médica, el profesional de salud mental o social proporcionará la información pertinente.

419.De conformidad con la Ley, únicamente se impondrán restricciones físicas al enfermo mental cuando represente un peligro para su salud o su vida o para la salud o la vida de terceros; cuando atente contra la seguridad pública; cuando cause daños y destrozos en su entorno; y en los casos previstos en el reglamento del servicio psiquiátrico.

420.El profesional de salud mental está facultado para tomar la decisión de imponer restricciones físicas a su paciente y para determinar el procedimiento de restricción. También está obligado a ocuparse de la aplicación de dichas restricciones. Cuando en la institución psiquiátrica o de rehabilitación no sea posible conseguir que un médico adopte de inmediato la decisión de aplicar restricciones físicas a un paciente, será el personal de enfermería competente quien adopte esa decisión e informe cuanto antes al médico responsable. Si la decisión del personal de enfermería ha sido errónea, el médico la anulará. Las actuaciones del médico y las decisiones que tome deberán anotarse en el historial clínico del paciente.

421.El enfermo deberá ser advertido de las restricciones físicas que se le vayan a aplicar. En el proceso de aplicación de tales medios, el enfermo deberá ser tratado con sumo cuidado y de la forma que resulte más conveniente para su persona y su bienestar.

422.Una comisión permanente de la institución de salud mental o de rehabilitación deberá confirmar, en un plazo de máximo de 24 horas, la decisión de imponer restricciones físicas a un paciente. La reglamentación pertinente del Ministerio de Salud y Medio Ambiente determinará la composición de esa comisión, sus facultades y funciones y su método de trabajo.

423.Un enfermo mental podrá ser tratado en una institución psiquiátrica sin su consentimiento previo o sin el consentimiento previo de su representante personal únicamente cuando constituya una amenaza evidente para su vida o su salud o para la vida o la salud de otros. La decisión de hospitalizar a un enfermo mental deberá ser tomada por un especialista que lo haya examinado personalmente. El paciente, sus padres o su representante personal tendrán derecho a ser informados de los motivos de esa decisión. El tratamiento que se le administre al enfermo mental durante la hospitalización deberá registrarse en el historial del paciente.

424.El profesional de salud mental que tome la decisión de hospitalizar a un enfermo mental sin su consentimiento previo o sin el consentimiento previo de su representante personal deberá notificar ese hecho al director de la institución en un plazo de 24 horas; el director de la institución está facultado para aprobar o rechazar tal decisión. Tras dar su aprobación, el director de la institución deberá, antes de que transcurran 48 horas, presentar el caso al juez del tribunal de primera instancia, que es competente a ese respecto.

425.Ese juez examinará el caso en los tres días siguientes a su presentación e interrogará al paciente que haya sido hospitalizado sin su consentimiento o sin el consentimiento de su representante personal, al médico que lo atienda, al director de la institución que haya aprobado la internación y a los familiares del paciente y otras personas interesadas para que le informen sobre el caso. La decisión del juez de mantener recluido al paciente o de ordenar su salida de la institución será de efecto inmediato.

426.La familia o el representante personal puede pedir en cualquier momento que se permita que el enfermo abandone el hospital. Esa solicitud que puede tener carácter informal, debe constar en el registro de la institución. Si es rechazada, las personas arriba mencionadas pueden apelar ante el

tribunal de primera instancia que tenga jurisdicción sobre la institución en un plazo de siete días, contados desde la fecha en que se les haya comunicado tal rechazo, y el caso será examinado por el juez, cuya decisión será definitiva.

427.Las instituciones psiquiátricas están obligadas a examinar todas las peticiones, quejas y propuestas que formulen las asociaciones y otros grupos voluntarios de pacientes, familiares y demás partes afectadas con el fin de proteger los intereses de los enfermos mentales.

428.De conformidad con el artículo 46 del Código de Procedimiento Penal, en cualquier caso en que el estado de salud mental de un delincuente indique que debe ser internado en una institución psiquiátrica, la decisión correspondiente será tomada por el tribunal competente, que puede incluso actuar de oficio. Así pues, cuando sea imperativo someter al delincuente a tratamiento médico, la orden correspondiente de internación será dictada por el juez. Durante la investigación preliminar el fiscal pedirá al juez que decida si se habrá de internar al delincuente en una institución psiquiátrica y, si su estado plantea algún riesgo, el juez podrá disponer su internación temporal hasta que tome una decisión definitiva al respecto.

429.Con el propósito de sancionar delitos hasta ahora desconocidos para la sociedad albanesa, el Parlamento aprobó por la Ley No. 8204, de 10 de abril de 1997, algunas adiciones al Código Penal según se indica a continuación:

Las operaciones ilegales de trasplante de órganos o cualquier otra actividad relacionada con el traslado ilegal de un órgano de un ser humano a otro se castigan con penas de prisión de tres a cinco años. Si el trasplante se realiza con fines de lucro, se castigará con penas de prisión de diez a veinte años.

Normas sobre los interrogatorios

430.El artículo 28 de la Constitución de la República de Albania dispone que toda persona que haya sido privada de libertad tiene derecho a ser informada inmediatamente, en un lenguaje que le resulte comprensible, de esa medida y de los cargos que se hayan formulado contra ella. A la persona que haya sido privada de libertad se le hará saber que no está obligada a declarar y que tiene derecho a comunicarse inmediatamente con un abogado y se le proporcionarán los medios de ejercer ese derecho.

431.La persona privada de libertad deberá ser llevada ante un juez antes de que transcurran 48 horas desde su detención y el juez determinará, antes de que transcurran 48 horas desde la recepción de la documentación pertinente, si la mantiene en prisión preventiva o la pone en libertad. La persona que se encuentre en prisión preventiva puede apelar de la decisión del juez. Tiene también derecho a ser enjuiciada en un plazo razonable o a que se le ponga en libertad bajo fianza con arreglo a la ley. En otros casos, la persona que sea privada de su libertad por vía extrajudicial, puede recurrir al juez en cualquier momento, quien en un plazo de 48 horas decidirá sobre la legalidad de esa medida. Toda persona privada de libertad tiene derecho, de conformidad con el artículo 27, a ser tratada humanamente y con respeto hacia su dignidad.

432.El artículo 148 de la Constitución dispone que la Fiscalía iniciará el procedimiento penal y representará a la acusación en nombre del Estado. La Fiscalía también desempeña otras funciones que le asigna la ley. Los fiscales integran un órgano centralizado paralelo al sistema judicial. En el

ejercicio de sus atribuciones, los fiscales deben acatar la Constitución y las leyes. El párrafo 4 del artículo 149 establece que "El Fiscal General informará a la Asamblea de tiempo en tiempo sobre la situación de la delincuencia".

433.El artículo 4 de la Ley de la organización y el funcionamiento de las fiscalías en la República de Albania (No. 8737), de 12 de febrero de 2001, establece que todo fiscal, en el desempeño de su cargo, debe acatar la Constitución y las leyes. En el ejercicio de sus facultades, todo fiscal vela por que los procedimientos se desarrollen con imparcialidad, equidad y legalidad y se protejan las libertades, los derechos y los intereses legítimos de las personas.

434.Las órdenes e instrucciones de un fiscal superior deberán ser obedecidas por el fiscal subordinado. El fiscal desempeña un papel activo en el procedimiento penal y en la aplicación de las directrices dictadas de conformidad con las leyes, la jurisprudencia y las órdenes judiciales para así contribuir a la administración eficaz de la justicia.

435.De conformidad con el artículo 56 de la susodicha Ley, el Ministro de Justicia supervisa, tanto regularmente como sobre la base de la información que le proporcionan los órganos, instituciones o individuos interesados, la pertinencia de la actuación de los fiscales. Esa supervisión se centra en las siguientes cuestiones:

La atención constante a los asuntos incluidos en las recomendaciones anuales del Consejo de Ministros sobre la lucha contra el delito;

El respeto al plazo que marca la ley para la investigación;

El respeto al plazo que marca la ley para la detención;

El respeto a los derecho y libertades fundamentales de los individuos enjuiciados, detenidos o privados de libertad, en particular, la regularidad y continuidad de la investigación y el cumplimiento de la obligación de iniciar el procedimiento penal;

La coherencia de las políticas aplicadas con las disposiciones penales y las sentencias, en particular:

La regularidad del mantenimiento de datos y la administración y registro de los expedientes;

La adhesión a los principios de imparcialidad, equidad y legalidad en las relaciones con otras partes que intervengan en un procedimiento penal.

436.Debe darse aviso previo de ese control, que ha de referirse a casos en que se hayan concluido las investigaciones preliminares. Serán informados de los resultados de este tipo de control el Presidente de la República, el Fiscal General y el fiscal cuya actuación haya sido vigilada.

437.En el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal se determinan las normas que se han de observar en la conducción de un proceso, la investigación y el enjuiciamiento, así como en la ejecución del fallo. Esas normas deberán ser acatadas por todas las partes que intervengan en las actuaciones, las autoridades estatales y los ciudadanos.

438.En los artículos 5 y 38 del Código se dispone que en la restricción de la libertad individual mediante la imposición de medidas precautorias siempre deben observarse las condiciones y los métodos previstos por la ley. Nadie puede ser objeto de torturas, castigos o tratos crueles. Al condenado a prisión deberá proporcionársele trato humano y rehabilitación moral.

439.Incluso en los casos en que un presunto delincuente haya sido aislado con arreglo a medidas precautorias o que haya sido privado de libertad de alguna otra forma, se prescindirá de todo medio coercitivo durante su interrogatorio, salvo los necesarios para evitar su fuga o alguna otra transgresión. No puede emplearse, ni siquiera con autorización del interrogado, ningún método o técnica que influya en su voluntad o que altere su capacidad intelectual para evaluar los hechos. Antes de que comience el interrogatorio, deberá informársele de su derecho a guardar silencio y de que se seguirá adelante con el proceso con o sin su declaración.

440.La autoridad competente explicará clara y detalladamente al presunto delincuente de qué se le acusa y qué pruebas existen en su contra, así como la procedencia de esas pruebas si eso no perjudica la marcha de la investigación. Dicha autoridad le invitará a exponer todo cuanto contribuya a su defensa y lo interrogará cara a cara. Cuando el presunto delincuente se niegue a responder, su silencio constará en el expediente de la causa. En ese expediente también figurarán, si es necesario, las características físicas y otras posibles señas especiales del presunto delincuente (artículo 39).

441.Con arreglo al procedimiento establecido, el fiscal ha de comprobar la identidad del presunto delincuente y su edad, personalidad y grado de culpabilidad. Cuando el presunto delincuente no pueda participar responsablemente en el proceso por no estar en pleno uso de sus facultades mentales, la autoridad competente ha de decidir sobre la suspensión de las actuaciones, pero sin pronunciarse sobre la exoneración del acusado o la cesación del proceso (artículo 44, párrafo 1).

442.Si se opta por la suspensión, la autoridad competente designará un representante especial que tendrá derecho a consultar a un abogado. El fiscal, el presunto delincuente o su abogado defensor podrán apelar de esa suspensión ante el Tribunal Supremo. Esa suspensión no impedirá que la autoridad competente obtenga pruebas que puedan exonerar al presunto delincuente, así como cualquier otra prueba solicitada por las partes si el tiempo apremia. En las diligencias que se realicen en relación con la personalidad del presunto delincuente y en las que éste tenga derecho a estar presente, participará su representante especial (artículo 44).

443.En cualquier caso en que el estado de salud mental del presunto delincuente indique que debe ser internado en una institución psiquiátrica, la decisión correspondiente será tomada por el tribunal competente, que puede incluso proceder de oficio. Así pues, cuando sea imperativo someter al presunto delincuente a tratamiento médico, la orden correspondiente de internación será dictada por el tribunal. Durante la investigación preliminar, el fiscal pedirá al tribunal que decida si se habrá de internar al presunto delincuente en una institución psiquiátrica y, si su estado plantea algún riesgo, el tribunal podrá disponer la internación temporal hasta que tome una decisión definitiva al respecto (artículo 46).

444.Además, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal (artículo 255), los funcionarios y agentes de la Policía Judicial que hayan hecho el arresto o la detención o a quienes la persona privada de libertad haya sido entregada informarán inmediatamente al fiscal competente.

También explicarán a la persona que haya sido privada de libertad que no está obligada a declarar y que tiene derecho a consultar un abogado de su elección y avisarán inmediatamente al abogado defensor designado o al defensor de oficio que nombre el fiscal.

445.Los funcionarios y agentes de la Policía Judicial pondrán cuanto antes a la persona privada de libertad a disposición del fiscal mediante el envío del expediente de la causa. Si el arrestado o detenido está enfermo o es un menor, el fiscal puede ordenar que se le mantenga bajo vigilancia en su domicilio o en otro lugar. La Policía Judicial, tras recibir la autorización correspondiente del arrestado o detenido, deberá inmediatamente avisar a sus familiares. Si se trata de un menor, estará obligada a avisar a sus padres o a su tutor.

446.El fiscal interrogará al arrestado o detenido en presencia del abogado defensor contratado o de oficio. El fiscal comunicará al arrestado o detenido las causas por las que está siendo procesado y los motivos del interrogatorio, la información de que dispone e incluso la procedencia de esa información si eso no perjudica la marcha del proceso (artículo 256).

447.Todo el personal del Departamento Central de Policía y, en particular, el personal que se ocupa de los arrestados o detenidos ha sido instruido sobre la jurisprudencia, las medidas de control y otros aspectos normativos de la privación de libertad. Esa capacitación se ha orientado principalmente a la aplicación del derecho interno, la Convención contra la Tortura y otros instrumentos europeos.

448.Las disposiciones que establecen el régimen interno durante la detención prevén medidas disciplinarias para los que las vulneren. En ese sentido, la policía ha hecho todo lo posible por evitar los casos de tortura y otros tratos inhumanos, especialmente durante la detención. Se han impuesto penas severas en los casos en que se ha comprobado que el uso de la fuerza ha excedido de los límites establecidos por la ley.

449.El Departamento de Policía Criminal y la Policía de Seguridad Pública están elaborando un manual para todas las fuerzas policiales basado en las leyes y reglamentaciones vigentes con el fin de informar a esas fuerzas de los derechos y deberes de los detenidos. En ese manual también se incluirá información sobre el plazo que marca la ley para mantener a un presunto delincuente en la comisaría, así como sobre los plazos para la investigación y detención hasta la reclusión o liberación.

Indemnización por daños y perjuicios

450.El artículo 44 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona a ser rehabilitada o indemnizada, o ambas cosas, de conformidad con la ley, si ha sufrido algún daño o perjuicio a causa de una acción u omisión ilícita cometida por algún órgano estatal.

451.El capítulo V del Código de Procedimiento Penal, relativo a la indemnización por encarcelamiento injusto, determina en sus artículos 268 y 269 que: la persona declarada inocente en un fallo definitivo tiene derecho a ser indemnizada por el tiempo que haya estado detenida, salvo si se demuestra que por causas total o parcialmente imputables a ella misma hubo error judicial al dictar la sentencia o no se descubrió oportunamente la verdad. Ese mismo derecho es aplicable a un condenado si en un fallo definitivo se determina que se le impuso la pena sin que se cumplieran los requisitos establecidos en los artículos 228 y 229.

452.Las disposiciones anteriores son también aplicables si el fiscal o el tribunal deciden cesar el procedimiento. Cuando se establezca por decisión judicial que, a causa de la derogación de una ley, un determinado acto ya no es delito, no se reconocerá el derecho a indemnización por la parte de la pena de prisión cumplida antes de dicha derogación.

453.La demanda de indemnización deberá presentarse en un plazo de tres años contados desde la fecha en que la sentencia absolutoria o el auto de cesación del procedimiento sea definitivo; de lo contrario, no será admitida. Hay leyes concretas que determinan el monto de la indemnización y el método de calcularla, incluida la indemnización por arresto domiciliario.

454.El artículo 397 del Código dispone que: si el tribunal admite la demanda de restitución de un bien o una indemnización por daños y perjuicios, el acusado por la vía penal o el demandado por la vía civil está obligado a pagar las costas procesales del demandante en un pleito civil, salvo cuando el tribunal tenga que decidir qué proporción de la indemnización procede otorgar.

455.Si la demanda es rechazada o si el acusado o demandado queda exonerado, el tribunal obligará al demandante a pagar las costas procesales del acusado o demandado en un pleito civil cuando no haya motivos para otorgar una indemnización completa o parcial. Si se demuestra que ha habido negligencia grave, el tribunal puede disponer que se indemnice al acusado o demandado por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado.

456.A continuación, en el artículo 459 se dispone que la persona exonerada por la revisión de un fallo, si ella misma no ha motivado intencionalmente o por negligencia grave el error judicial, tiene derecho a recibir una indemnización proporcional a la duración de la encarcelación y a las consecuencias personales y familiares que le haya acarreado el mencionado fallo. Esa indemnización consistirá en el pago de una suma o en otro tipo de reparación.

457.Si no se está conforme con la indemnización otorgada, la apelación correspondiente deberá hacerse en un plazo de dos años desde la fecha en que el fallo sobre la indemnización haya tenido carácter definitivo y haya sido entregado al secretario judicial correspondiente. Ese hecho deberá comunicarse al fiscal y a todos los interesados. La apelación se presentará al tribunal de apelaciones.

458.Si el condenado muere antes del procedimiento de revisión, el derecho de indemnización pasará a sus herederos. Ninguna otra parte gozará de este derecho (artículo 460).

459.De acuerdo con la Ley de absolución, amnistía y rehabilitación de personas previamente condenadas y perseguidas por motivos políticos, modificada por la Ley No. 7660, de 14 de enero de 1993, y la Ley de 29 de junio de 1993, las personas absueltas, amnistiadas y rehabilitadas han de ser compensadas por los daños y perjuicios que se les hayan ocasionado y por no haber disfrutado de condiciones normales de vida, de conformidad con disposiciones especialmente aprobadas, que se ajustan a las normas internacionales. Esas personas también tienen derecho a que se les reintegren sus bienes o a que se les otorgue una indemnización a cambio de los bienes confiscados.

460.Tienen igualmente derecho a una reparación por daños y perjuicios los familiares o herederos legítimos de personas ya difuntas que fueron objeto de persecución, así como los familiares de personas ejecutadas sin orden judicial o de otras víctimas ya difuntas que no fueron sentenciadas. Con arreglo al estatuto de la caja de pensiones, tienen derecho a prestaciones de jubilación los familiares de personas ejecutadas o condenadas sin orden judicial y de personas que murieron en la cárcel mientras cumplían una pena (incisos d, h y e del artículo 5).

461.De conformidad con los artículos 6 y 7 de la misma Ley, pueden gozar asimismo de los derechos previstos en el artículo 5 las personas expulsadas o internadas por motivos políticos, así como las personas acusadas de delitos políticos que siguen recluidas en instituciones psiquiátricas por necesitar tratamiento. Los familiares de personas que murieron en el curso de la investigación o de personas ejecutadas sin juicio previo gozan de los mismos derechos previstos en esta Ley.

462.Los ex miembros de la alta nomenclatura del régimen comunista o de parte de sus organismos dictatoriales directamente implicados en la comisión de delitos que dictaron órdenes de detención, encarcelamiento o internación de familias por sus ideas políticas, así como los judicialmente inculpados de actos de violencia contra los reclusos de las cárceles, campamentos, centros de detención y otras instalaciones análogas, no pueden gozar de los derechos previstos en dicha Ley.

463.Con arreglo a esta Ley, las personas que fueron condenadas por motivos políticos tienen derecho a una reparación y a una pensión basada en el tiempo que estuvieron recluidas en la cárcel o en campamentos de trabajos forzosos, de conformidad con disposiciones especialmente aprobadas, que se ajustan a las normas internacionales. También tienen derecho a esa indemnización los hijos de esas personas que estén estudiando, independientemente de su edad.

464.Los familiares de personas que fueron condenadas por motivos políticos tienen derecho igualmente a recibir una reparación por el tiempo que esas personas pasaron en la cárcel o en campamentos de trabajos forzosos. Esos familiares recibirán el saldo de la pensión si la persona ha fallecido. Se ha previsto además el derecho a la restitución de los bienes confiscados de conformidad con las disposiciones previstas por la ley o los estatutos pertinentes.

465.Con arreglo a la Ley de Creación de la Institución para la Reintegración en la Sociedad de Personas Perseguidas (No. 8246), de 1º de octubre de 1997, se estableció una Institución dependiente del Consejo de Ministros en beneficio de las personas que habían sido objeto de persecución. En el artículo 1 de esa Ley se expresa que esa Institución es un órgano estatal único que tiene como cometido la adopción de las medidas necesarias sobre la base del estudio de todos los casos para conseguir la reintegración en la vida social albanesa de todas las personas perseguidas por el régimen comunista.

466.Esa Institución se ocupa asimismo de atender de manera continua a las necesidades de las personas que fueron perseguidas y de tratar de lograr un consenso amplio con las distintas asociaciones de esas víctimas con objeto de mejorar sus condiciones de vida y el trato que reciben.

Código Civil

467.De conformidad con el artículo 608 del Código Civil, la persona que incumpliendo la ley causa daños a otra o a sus bienes está obligada a indemnizarla por esos daños. El demandado no será responsable si demuestra que no tiene culpa. Este acto es ilícito cuando se vulneran los intereses y derechos de otra persona, que están amparados por la ley, el ordenamiento jurídico y el derecho consuetudinario.

468.Aparte de obtener una indemnización por los daños materiales, también existe el derecho a una reparación por daños a la salud, al honor o a la memoria de un difunto, y el cónyuge, o sus familiares hasta el segundo grado de parentesco, pueden reclamar la indemnización pertinente, salvo si esos daños se produjeron cuando el perjudicado estaba vivo y estuvo en condiciones de ejercer su derecho a recibir tal reparación. Este derecho no es hereditario.

469.El responsable de la pérdida de salud de otra persona está obligado a indemnizarla por los perjuicios ocasionados, que deben incluir también la consiguiente pérdida o reducción de la capacidad para trabajar y los gastos conexos de tratamiento médico y otros conceptos.

470.El monto de la indemnización puede cambiar con el tiempo respecto del momento en que se calculó, en función de la variación del salario que corresponda y de cómo evolucionen la salud y la capacidad para trabajar de la persona perjudicada.

471.Los daños y perjuicios en caso de muerte incluyen los alimentos y la subsistencia de lo hijos menores, el cónyuge, los padres y otros miembros de la familia que no puedan trabajar y que hayan dependido total o parcialmente del difunto; también incluyen los gastos del funeral, con arreglo a las circunstancias personales y familiares del difunto.

472.El responsable de los daños y perjuicios puede reclamar los mismos medios de protección que él reclamaría al difunto. El tribunal, teniendo en cuenta todos los aspectos de la cuestión, puede decidir que la indemnización se pague en especie, en dinero, en una sola entrega o en entregas parciales.

473.Cuando el responsable de la acción u omisión ilícita se haya beneficiado apreciablemente de ella, el tribunal, atendiendo a una petición de la parte perjudicada, puede incluir en el cálculo de la indemnización la totalidad o parte de ese beneficio, a la luz de la naturaleza del daño, del grado de responsabilidad y de otras circunstancias.

474.Cuando los daños y perjuicios hayan consistido en la muerte o en la pérdida de la salud de un beneficiario de la seguridad social, la indemnización se determinará conforme a la ley. Si el perjudicado era un desempleado que no estaba afiliado a la seguridad social en el momento en que murió o perdió la salud, el tribunal determinará los daños y perjuicios sobre la base del salario de un trabajador que realice un trabajo análogo al que el perjudicado realizaba o podía realizar.

475.Si la parte perjudicada es un menor cuya salud haya resultado afectada, cuando cumpla los 16 años de edad y no reciba ninguna remuneración por trabajar, tendrá derecho, por haber perdido su capacidad para trabajar, a pedir que se le indemnice según el salario medio correspondiente a un trabajador equivalente con arreglo al artículo 646 del Código y no según el salario que recibiría en las actuales circunstancias. Cuando ese menor cumpla los 18 años, tendrá derecho a pedir una indemnización basada en el salario medio de un trabajador de categoría equivalente a la que le habría correspondido de no haber perdido su capacidad para trabajar, y no basada en el salario que recibiría en las actuales circunstancias.

Extradición, expulsión y devolución

476.En la República de Albania, la extradición a terceros países de individuos sospechosos de haber cometido delitos está prevista en las siguientes disposiciones:

El párrafo 2 del artículo 39 de la Constitución, que determina que "La extradición estará permitida solamente cuando esté expresamente considerada en los acuerdos internacionales en los que Albania sea parte y únicamente por decisión judicial";

El Convenio Europeo de Extradición, firmado y ratificado el 19 de mayo de 1998, que entró en vigor el 17 de agosto de 1998, y sus Protocolos adicionales 1 y 2, también ratificados, así como distinto acuerdos bilaterales firmados con distintos Estados;

El artículo 11 del Código Penal y el título X del Código de Procedimiento Penal, que definen las relaciones judiciales con otros países.

477.De conformidad con el artículo 39 de la Constitución, ningún ciudadano albanés puede ser expulsado del territorio nacional. La extradición estará permitida solamente cuando esté expresamente considerada en los acuerdos internacionales en los que Albania sea parte y únicamente por decisión judicial. Se prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros. La expulsión de personas está permitida en las circunstancias que determina la ley.

478.Desde 1992 la República de Albania ha firmado acuerdos de asistencia judicial mutua en materia civil y penal con diversos países, como la República Helénica, el 17 de mayo de 1993, la Federación de Rusia, el 27 de marzo de 1995, la ex República Yugoslava de Macedonia, el 15 de enero de 1998, y la República de Turquía, el 20 de febrero de 1998.

479.La asistencia judicial en materia penal con los países con los que no existen acuerdos al respecto se rige por los principios enunciados en el Convenio Europeo de Extradición y por las disposiciones contenidas en el título X del Código de Procedimiento Penal (artículo 408 a 504), que se refieren a la cooperación internacional en la esfera de la asistencia judicial.

480.Los principales órganos competentes para las cuestiones de extradición, incluido el proceso de aceptar solicitudes de asistencia judicial de otros países o de presentar solicitudes a otros países, son los siguientes:

El Ministerio de Justicia – Departamento de Acuerdos Internacionales y Relaciones Jurídicas;

El Ministerio de Orden Público – Oficina Central Nacional, INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), Tirana;

La Fiscalía General – Departamento de Relaciones Exteriores;

El Ministerio de Relaciones Exteriores – Departamento Consular.

481.El proceso de extradición de Albania está establecido en el Código de Procedimiento Penal y es plenamente compatibles con el artículo 12 del Convenio Europeo de Extradición. Con arreglo al Código de Procedimiento Penal, únicamente se permite la extradición sobre la base de una solicitud dirigida al Ministerio de Justicia. Esa solicitud puede enviarse al Ministerio de Justicia directamente o a través de los canales diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

482.La solicitud de extradición debe incluir los siguientes documentos:

Copia de la sentencia de condena a prisión o del expediente de las actuaciones;

Informe sobre el delito del que se acuse a la persona cuya extradición se haya solicitado, incluida la indicación del momento y el lugar en que se cometió tal delito y su tipificación penal;

Copia del texto de las disposiciones jurídicas aplicables en el país que solicita la extradición en que se aclare si el delito cometido se castiga con la pena de muerte;

Datos personales y cualquier otra información disponible que permita determinar la identidad y ciudadanía de la persona cuya extradición se haya solicitado.

483.El Gobierno albanés no ha expresado ninguna reserva respecto del idioma que se emplee en el proceso de extradición, que puede ser el albanés, el francés o el inglés.

484.Si varias solicitudes de extradición coinciden, el Ministro de Justicia determinará el orden en que serán examinadas. Para ello, tomará en cuenta todas las circunstancias de cada caso y, en particular, la fecha de recibo de la solicitud y su trascendencia, el lugar en que se haya cometido el delito, la ciudadanía y el lugar de residencia de la persona cuya extradición se haya solicitado y la posibilidad de que esa persona sea enviada a un tercer país desde el país que haya solicitado la extradición. En caso de que varios países soliciten la extradición de una persona por un mismo delito, se procederá a la extradición al país que haya sufrido las consecuencias del delito o al país en cuyo territorio se haya cometido el delito.

485.Cuando un país envía una solicitud de extradición, el Ministerio de Justicia decide si la rechaza o la acepta. Si no la rechaza, envía la documentación a la Fiscalía General, que la transmite al fiscal competente. En un plazo de tres meses desde la fecha de recibo, la solicitud de extradición deberá ser presentada al tribunal competente.

486.El tribunal puede decidir si han de tomar medidas cautelares mientras le llega la solicitud de extradición. Estas medidas pueden imponerse en las siguientes circunstancias:

Si el país solicitante ha indicado que la libertad de la persona cuya extradición ha solicitado está sujeta a restricciones o si el tribunal decide que esa persona permanezca en prisión hasta que se presente la solicitud de extradición correspondiente;

Si el país extranjero ha presentado datos detallados sobre el delito cometido por la persona cuya extradición se ha solicitado, así como elementos suficientes que permitan identificarla;

Si existe riesgo de que la persona cuya extradición se ha solicitado escape.

487.Las medidas coercitivas se revocarán si en un plazo de entre 18 y 40 días desde la fecha de notificación el Ministerio de Justicia no ha recibido la solicitud correspondiente acompañada de la documentación requerida.

488.Asimismo, las medidas coercitivas se revocarán si el proceso judicial no ha concluido al cabo de tres meses de la aplicación de esas medidas.

489.La competencia para tomar una decisión respecto de la imposición de las medidas mencionadas recae en el tribunal del distrito donde viva la persona o donde esa persona tenga una vivienda, o en el tribunal del distrito donde esa persona efectivamente resida. Si no es posible determinar en qué tribunal recae la competencia con arreglo a los criterios anteriores, el tribunal competente será el Tribunal de Primera Instancia de Tirana.

490.El tribunal puede decidir si se ha de proceder a la confiscación de pruebas materiales u objetos relacionados con el delito. Por otra parte, el Ministerio de Justicia informará al país solicitante acerca de la aplicación temporal de medidas coercitivas y de la confiscación prevista.

491.Tras recibir la solicitud pertinente del fiscal, el tribunal fijará una fecha para ver el caso y la notificará con un mínimo de 10 días de antelación al fiscal, a la persona cuya extradición se haya solicitado, a su abogado defensor y al representante del Estado solicitante. El tribunal reunirá toda la información pertinente, hará las comprobaciones necesarias y oirá a los comparecientes en el juicio.

492.El tribunal se pronunciará a favor de la extradición si dispone de información que confirme categóricamente la culpabilidad de la persona cuya extradición se ha solicitado y si ha llegado a una decisión definitiva al respecto. En ese caso, tras haber recibido por conducto del fiscal la solicitud de extradición remitida por el Ministro de Justicia, el tribunal decidirá que esa persona sea privada de libertad si está libre y que se disponga el envío al país solicitante de las pruebas y objetos relacionados con el delito que ha cometido.

493.El tribunal se pronunciará en contra de la extradición cuando haya motivos justificados para no aceptar la solicitud de extradición. En ese caso no se procederá a la extradición. Es posible apelar de esta decisión ante el tribunal competente, de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de la República de Albania.

494.No se concederá la extradición en los casos siguientes:

Por un delito político o cuando la solicitud de extradición se haga por motivos políticos;

Si existen razones justificadas para temer que la persona cuya extradición se ha solicitado será víctima de persecución o discriminación, de penas o tratos inhumanos o degradantes o de violaciones de sus derechos humanos fundamentales por motivos de raza, religión, sexo ciudadanía, idioma, opinión política o posición social o personal;

Si la persona cuya extradición se ha solicitado ha cometido un delito en Albania;

Si la persona cuya extradición se ha solicitado está siendo enjuiciada o ha sido enjuiciada en Albania aunque el delito haya sido cometido en el extranjero;

Si el acto del que se acusa a la persona cuya extradición se ha solicitado no constituye delito con arreglo a las leyes de Albania;

Si el Gobierno de Albania ha concedido una amnistía para ese delito;

Si la persona cuya extradición se ha solicitado es un ciudadano albanés y no existe un acuerdo a ese efecto;

Si la ley del Estado que solicita la extradición no prevé el procesamiento o el castigo para ese delito.

495.Aunque el Código de Procedimiento Penal no prevé las infracciones militares y fiscales previstas en los artículos 4 y 5 del Convenio Europeo de Extradición, la República de Albania está obligada a aplicar esas disposiciones por ser parte en dicho Convenio.

496.Una vez que la extradición haya sido denegada, no se tomarán decisiones posteriores a favor de la extradición de una persona si el mismo Estado la solicita por los mismos hechos, a no se que la solicitud se base en elementos que el tribunal no haya considerado. El interesado, su abogado defensor, el fiscal y el representante del Estado solicitante pueden apelar de la decisión judicial sobre la solicitud de extradición ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con las normas generales sobre la presentación de apelaciones.

497.En un plazo de 30 días contados desde la fecha en que la decisión judicial sea definitiva, el Ministro de Justicia deberá tomar la decisión de si se ha de proceder a la extradición. Una vez transcurrido este plazo, si el Ministro no ha tomado ninguna decisión al respecto, la persona cuya extradición haya sido solicitada será puesta en libertad si estaba detenida. Será puesta igualmente en libertad si la solicitud de extradición es rechazada.

498.El Ministro de Justicia comunicará su decisión al Estado que haya solicitado la extradición y si procede, fijará un lugar y una fecha para iniciar el procedimiento de entrega de la persona cuya extradición se haya solicitado. El plazo de entrega es de 15 días contados a partir de la fecha fijada y puede prorrogarse otros 15 días si el Estado solicitante así lo pide de la forma pertinente. Por razones ajenas a las partes se puede modificar la fecha de entrega, pero siempre dentro de los límites arriba indicados. La decisión sobre una extradición quedará sin efecto y la persona cuya extradición había sido solicitada será puesta en libertad si el Estado solicitante no toma medidas dentro de los plazos previstos para recibir a esa persona.

499.El proceso de extradición se suspenderá si la persona cuya extradición se ha solicitado debe ser enjuiciada en Albania o debe cumplir una condena por delitos cometidos antes o después de que se haya iniciado dicho proceso. No obstante, el Ministro de Justicia, tras oír al a la autoridad judicial competente o al órgano a cargo de ejecutar la sentencia correspondiente, puede ordenar que la persona sea entregada temporalmente al Estado solicitante con arreglo a determinados plazos y procedimientos. El Ministro puede igualmente aceptar que la persona cumpla el resto de su condena en el Estado solicitante (artículo 500 del Código de Procedimiento Penal).

500.El Departamento Central de la Policía Criminal de Tirana, que colabora con la INTERPOL, con el apoyo de sus homólogos en el extranjero ha emitido cinco comunicados sobre investigaciones internacionales relacionadas con el delito de tortura, contemplado en el artículo 86 del Código Penal. No existen demoras en casos concretos a ese respecto.

501.En 2002 se ejecutaron 46 procesos de extradición (información proporcionada por el Ministerio de Justicia y el Departamento Central de la Policía Criminal – INTERPOL, Tirana).

Atención de la salud mental

502.La atención de la salud mental está regulada en la República de Albania por la Ley de la salud mental (No. 8092), de 21 de marzo de 1996.

503.Las actividades de desarrollo de esta esfera se determinan y ejecutan de conformidad con el Documento Normativo sobre la Salud Mental aprobado en marzo de 2003. El funcionamiento de las instituciones psiquiátricas se basa en el Reglamento de las instituciones psiquiátricas de internación, aprobado el 18 de abril de 2000.

504.El Comité Nacional Principal de Salud Mental, establecido en el año 2000 con la aprobación del Ministerio de Salud y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), está llevando a la práctica el Programa Nacional de Salud Mental.

505.Uno de los principales objetivos de este Programa es la elaboración de políticas normativas de salud mental que permitan convertir los servicios psiquiátricos tradicionales en servicios de salud mental que funcionen a nivel de las comunidades.

506.Los servicios psiquiátricos tradicionales de Albania consisten actualmente en hospitales para enfermos mentales en Vlora (280 camas), Elbasan (400 camas), Tirana (120 camas) y Shkodra (110 camas), que se integran en estructuras polivalentes en Tirana (Centro Hospitalario de la Madre Teresa) y en el hospital de Shkodra.

507.Hay un total de 910 camas, de las cuales la mitad corresponde a pacientes de larga duración. El criterio general es que esta situación subsiste por no disponerse como alternativa de servicios comunitarios apropiados.

Estadísticas sobre los servicios de atención de la salud mental

Utilización media de las camas

Período medio de internación

Hospitales de salud mental

63,5%

165,5 days

Clínicas de salud mental

66,6%

36,3 days

Fuente: Ministerio de Salud

508.Los servicios ambulatorios tradicionales de salud mental que se prestan en consultorios de un solo médico y una enfermera no existen para todo el país.

509.El objetivo de la política del Comité Directivo Nacional de Salud Mental es, aparte de dictar normas de reforma, establecer servicios comunitarios de salud mental en distintos distritos del país. Actualmente existen cuatro centros comunitarios de salud mental: en Tirana, Elbasan, Peshkopi y Gramsh. El Comité ha contado en su labor con la cooperación de distintas entidades de esos distritos, como los organismos de los gobiernos locales, el sistema de seguridad social y otros órganos.

510.La OMS ha prestado apoyo al Comité Directivo Nacional de Salud Mental en la elaboración de políticas normativas de salud mental y en la creación de las capacidades locales necesarias para prestar servicios de salud mental a nivel de las comunidades.

511.En ese contexto, la OMS ha ayudado a impartir capacitación al personal y, con el aporte de las capacidades locales de Elbasan, ha estado estudiando recientemente la necesidad de prever soluciones viables para evitar la internación de personas que buscan refugio en el hospital porque la comunidad no dispone de otros servicios de acogida.

Actualmente prestan servicios los siguientes profesionales:

40 psiquiatras, o sea, uno por cada 78.000 habitantes;

40 neurólogos, que también prestan servicios de psiquiatría;

200 enfermeras de servicios de salud mental;

62 auxiliares de enfermería;

119 técnicos sanitarios.

512.En los últimos tiempos se ha adelantado mucho en la incorporación a estos servicios de nuevos profesionales, psicólogos y trabajadores sociales, lo que permitirá ofrecer una atención multidisciplinaria a los enfermos mentales.

Visitas del Comité Europeo para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes y contenido de sus informes

513.Tras la ratificación de la Convención Europea sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, el Comité Europeo para la prevención de la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes organizó cinco visitas a Albania entre 1997 y 2003. El Gobierno de Albania ha autorizado la publicación de los informes sobre esas visitas, así como de las respuestas que el Gobierno ha dado a esos informes.

514.Además de referirse a otras cuestiones, los informes expresan preocupación por el número excesivo de pacientes en las instituciones psiquiátricas; por el trato que se da a los pacientes; y por las deficiencias en esas instituciones en materia de alojamiento, alimentación, higiene, privacidad, abastecimiento de energía, calefacción, existencias de medicinas, capacitación del personal de enfermería y utilización de locales de aislamiento de pacientes.

Medidas disciplinarias aplicadas en las Fuerzas Armadas

515.Se dispone de las siguientes medidas disciplinarias para sancionar a un militar que haya cometido algún acto delictivo:

Encarcelación;

Despido;

Imposición de multas;

Degradación.

516.Se pueden aplicar las siguientes sanciones accesorias junto con la sanción principal a un militar que haya cometido algún acto delictivo:

Prohibición de que ocupe un cargo público;

Confiscación de los materiales empleados en cometer el acto delictivo;

Prohibición de conducir un vehículo;

Retiro de medallas y otros honores;

Despido de las fuerzas armadas en el caso de personal militar en servicio activo;

Aplazamiento de los ascensos por períodos de hasta tres años.

517.En determinados casos, si el tribunal estima que no procede imponer la sanción principal y si la ley prevé penas máximas de prisión de tres años u otras medidas menos severas por el delito de que se trate, el tribunal puede optar por imponer únicamente una sanción accesoria.

518.Los militares condenados a prisión a perpetuidad o por un determinado período de tiempo son recluidos en establecimientos separados de los presos civiles. Si un militar comete un delito no previsto en el Código Militar, se le aplicarán las disposiciones pertinentes del Código Penal.

Menores

519.En el párrafo 3 del artículo 54 de la Constitución se reconoce el derecho del menor a ser protegido contra la violencia, los malos tratos, los abusos y los trabajos forzosos si no ha cumplido la edad reglamentaria para trabajar, que en el caso de Albania son los 16 años, acciones todas ellas que pueden afectar a la salud, la autoestima o el desarrollo normal del menor, o que pueden poner en peligro su vida.

520.De conformidad con el Código de la Familia, si un tribunal comprueba que los padres ejercen indebidamente su función de velar por los hijos o actúan con negligencia en el ejercicio de esa función, o que con su comportamiento influyen negativamente en el desarrollo de los hijos, se les puede privar de sus derechos y obligaciones a ese respecto mediante una decisión judicial (artículo 76).

521.El Código de la Familia prevé el caso del padre o la madre que no tenga la custodia de los hijos después del divorcio y que no esté de acuerdo con la actuación o las acciones del otro ex cónyuge que sí tenga la custodia de los hijos. En esas circunstancias puede acudir al Consejo para la Custodia de los Hijos a fin de que se adopten las medidas necesarias (artículo 68).

522.El Código de la Familia no especifica los actos delictivos contra el menor a que hace referencia pero, con arreglo a lo expuesto al respecto por varios autores y a la jurisprudencia, cabe considerar que se trata de malos tratos, violencia física, delitos diversos y abuso sexual. El Código Penal prevé también ciertos casos especiales de maltrato y abuso del menor, así como las penas correspondientes.

523.De conformidad con el Código Penal, si una persona que está obligada por decisión judicial a procurarle a un menor los medios necesarios para que viva decorosamente no acata esa decisión, comete un delito que puede castigarse con una multa o con una pena de prisión de hasta un año (artículo 125).

524.Además, en el Código Penal se tipifica como delito el abandono de un menor que no haya cumplido los 14 años de edad por sus padres o la persona a cargo de su custodia. El responsable puede ser castigado en esos casos con una multa o con una pena de prisión de hasta tres años. Si esa acción afecta gravemente a la salud del menor o le ocasiona la muerte, el castigo correspondiente variará entre tres y diez años de prisión (artículo 124).

525.Sin embargo, el Código Penal no prevé separadamente los casos de violencia de palabra, negligencia, violencia psicológica y otros actos contra el menor. Esos casos, al igual que otros, están comprendidos en las disposiciones pertinentes del Código Penal.

526.Con arreglo a las modificaciones del Código Penal, se tipifica como delito que se castiga con una multa o una pena de prisión de hasta dos años la intimidación de un individuo con amenazas graves de venganzas y represalias que limiten la libertad de acción de ese individuo y sus hijos, con el consiguiente abandono de la escuela.

527.Esta modificación del Código Penal es muy importante, ya que el menor sujeto a restricciones no puede ejercer sus derechos a la libertad de circulación, a la información y a la educación y es víctima indirecta de la violencia psicológica y sus secuelas.

528.El maltrato del menor es una de las cuestiones más difíciles que debe resolver la sociedad albanesa. Cada vez se hacen más patentes las distintas manifestaciones de malos tratos del menor, tanto dentro como fuera de la familia.

529.Los delitos cometidos a causa de venganzas o por individuos que se toman la justicia por sus manos representan uno de los problemas más graves del último decenio, problema que afecta directa o indirectamente al menor como autor o como víctima. Muchos menores se ven obligados a abandonar la escuela por este fenómeno.

530.Los niños de la calle constituyen el grupo más desamparado y más expuesto a los peligros del maltrato, la indefensión, el analfabetismo, la malnutrición, y otros riesgos.

531.Muchos factores de carácter económico, social, cultural, educacional, familiar y de otro tipo contribuyen a la marginación de este grupo social. Según algunas determinaciones parciales, nada más en Tirana hay alrededor de 800 menores que viven en la calle y que se ganan la vida como mendigos, vendedores ambulantes, limpiabotas y otras actividades análogas.

532.Los menores desamparados, huérfanos o hijos de padres divorciados suelen ser víctimas de distintos tipos de abusos y malos tratos. Los medios de información y los noticiosos de la televisión han presentado esos hechos y algunas organizaciones caritativas están interviniendo en favor de esos menores.

533.Muchos menores utilizados como mano de obra infantil y otras actividades lucrativas han abandonado definitivamente la escuela, en tanto que otros asisten a la escuela y a la vez trabajan en distintas ocupaciones, sobre todo fuera del horario escolar, tanto en negocios familiares como en otras actividades lucrativas al margen de la familia. En la práctica judicial reciente algunas decisiones judiciales no han tomado debidamente en cuenta las causas del abuso del menor o han hecho caso omiso de las circunstancias familiares, en perjuicio del menor.

534.El Código Penal tipifica como delito las relaciones sexuales de cualquier tipo que los padres o tutores mantengan con los menores a su cargo. Por consiguiente, se castigan con penas de prisión de hasta cinco años a los padres, hermanos o tutores que practiquen actos sexuales u homosexuales y otras conductas de orientación sexual con los menores a su cargo.

535.Se proyecta introducir enmiendas en el Código Penal por las que se aumentará a siete años de prisión la pena por relaciones homosexuales y otros actos de orientación sexual con menores. Esas enmiendas también servirán para que la ley resulte más clara y completa.

536.Con arreglo al artículo 54 de la Constitución, los menores (independientemente de que hayan cumplido los 14 años de edad) tienen derecho a recibir protección especial del Estado. No se trata de la protección jurídica del menor, sino de la aplicación efectiva de esa protección, sobre todo si se considera que las familias suelen ser grupos cerrados que no permiten que se conozca oportunamente la realidad y se adopten convenientemente las medidas necesarias de protección y prevención en beneficio del menor.

537.Hasta ahora no se han realizado en Albania estudios concretos que permitan determinar las distintas formas de abuso de que es objeto el menor y compilar las estadísticas correspondientes. En uno de los estudios realizados a ese respecto se llegó a la conclusión de que la prensa escrita y los medios electrónicos de información pueden desempeñar un importante papel de sensibilización de la sociedad en general, especialmente al ayudar a padres y a hijos a hacer frente a los casos de violencia psicológica o de negligencia, que no suelen ser detectados.

538.La creación de centros especiales de asistencia para menores que se encuentren en las circunstancias arriba descritas permitirá brindarles apoyo emocional y asistencia, lo que gradualmente les ayudará a superar las consecuencias de los abusos. La Decisión No. 415 del Consejo de Ministros, relativa al establecimiento del Comité para la Mujer y la Familia, de 1º de julio de 1998, ha previsto la creación de ese Comité como órgano independiente bajo la autoridad del Consejo de Ministros.

539.La legislación albanesa no incluye ninguna ley especial sobre el menor en que se aborde el abuso, el maltrato, la tortura y otros actos crueles cometidos contra el menor, pero esos delitos ya están penalizados por las leyes vigentes.

540.El Código Penal albanés castiga los actos directa o indirectamente relacionados con la trata de seres humanos. Las disposiciones pertinentes se refieren a los actos arriba mencionados, así como a la posesión, la explotación, la financiación o el alquiler de locales empleados para la prostitución, el secuestro en general, el secuestro de menores de 14 años en particular y la servidumbre, delitos por los que se pone en peligro la vida de las víctimas o que van aunados a la tortura y la violencia física, la violencia sexual, la confiscación de los documentos de identidad, las amenazas y la comisión de actos delictivos en colaboración con organizaciones criminales o grupos armados.

Violencia contra la mujer

541.En Albania se sigue considerando que la violencia en el hogar es una cuestión privada que sólo incumbe a la familia. Por lo tanto, aunque el Código Penal incluye toda una serie de normas que castigan la violencia de cualquier índole, se estima que muchas mujeres son víctimas de la violencia y no ponen al tanto de su situación ni a la policía, ni a las autoridades sanitarias, ni a los servicios establecidos a esos efectos.

542.El Código Penal de Albania no establece ninguna distinción entre los actos cometidos por extraños y los cometidos por algún miembro de la familia. Por lo tanto, la intimidación con amenazas de muerte o de daños personales graves se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta un año (artículo 84), en tanto que el trato inhumano de tortura por el que se ocasione a la víctima una discapacidad permanente se castiga con una pena de prisión de diez a veinte años (artículos 86 y 87). Los actos deliberados por los que se ocasionen a la víctima daños graves se castigan con penas de prisión de tres a diez años (artículo 88) pero, si los daños ocasionados no son graves, el castigo se reduce a una multa o una pena de prisión de hasta dos años.

543.El Código Penal tipifica los delitos sexuales (artículos 100 a 108), que son castigados con penas que dependen de la gravedad del acto y de la edad de la víctima. El coito consensual con una menor que no haya cumplido los 13 años o que no haya alcanzado la pubertad se castiga con penas de prisión de cinco a quince años (estupro). Si el coito no es consensual la pena de prisión variará entre diez y veinte años.

544.Si ese acto causa la muerte o el suicidio de la víctima, la pena mínima correspondiente será de veinte años de prisión. El coito no consensual con una menor de 14 a 18 años de edad se castiga con penas de prisión de cinco a diez años. Si existen circunstancias agravantes, la pena será superior a diez años. El coito no consensual se castiga con penas de prisión de tres a diez años y si existen circunstancias agravantes la pena aumentará a un máximo de veinte años de prisión en casos de muerte.

545.El artículo 106 del Código Penal se refiere al incesto, que se castiga con una pena de prisión máxima de cinco años.

546.La violencia en el hogar no se pone en conocimiento de las instancias competentes por las siguientes causas:

El desconocimiento en el público del hecho de que la violencia en el hogar es un delito que merece castigo;

La ausencia de políticas normativas y estructuras sanitarias que se ocupen concretamente de la violencia en el hogar;

El desconocimiento en el sistema judicial del alcance del fenómeno y de la forma de hacerle frente;

La ausencia en el país de servicios para atender a los casos de violencia en el hogar.

547.A continuación se detalla el número de actos delictivos enjuiciados con arreglo a los artículos 100 a 110 del Código Penal:

En 1996 se falló sobre 16 infracciones administrativas y 17 delitos, o sea, un total de 33 actos penados por la ley;

En 1997 se falló sobre 3 faltas y 17 delitos, o sea, un total de 20 actos penados por la ley;

En 1998 se falló sobre 5 faltas y 19 delitos, o sea, un total de 24 actos penados por la ley;

En 1999 se falló sobre 20 faltas y 39 delitos, o sea, un total de 59 actos penados por la ley;

En 2000 se falló sobre 7 faltas y 65 delitos, o sea, un total de 72 actos penados por la ley;

En 2001 se falló sobre 17 faltas y 67 delitos, o sea, un total de 84 actos penados por la ley;

En 2002 se falló sobre 4 faltas y 77 delitos, o sea, un total de 81 delitos penados por la ley.

548.El Estado no está en condiciones de proporcionar ayuda en los casos de violencia en el hogar, pero apoya a las asociaciones de mujeres que han establecido teléfonos de ayuda y servicios de asesoramiento en Tirana, Shkodra, Pogradec, Durrës, Elbasan y Berat. El único refugio para mujeres que son víctimas de abusos se encuentra en Tirana, la capital, y su gestión está a cargo de una organización no gubernamental (ONG).

549.No existen estadísticas oficiales sobre el fenómeno de la violencia en el hogar, entre otras causas, porque no se denuncian muchos casos; las encuestas realizadas por algunas ONG indican que un 64% de las interrogadas había tenido alguna experiencia de violencia física o psicológica, en el hogar o fuera de él. Aproximadamente el 34% de los interrogadas informó de violencia grave física o psicológica en su entorno familiar.

550.La importancia del problema de la violencia en el hogar en Albania se confirma indirectamente en las estadísticas sobre el número de mujeres implicadas en homicidios. La mujer comete menos delitos que el hombre; ahora bien, en 1999 de las 28 mujeres presas en la única cárcel de mujeres de Albania, 23 habían sido condenadas por homicidio y, por lo general, la víctima había sido su pareja o ex pareja, o algún varón de su familia.

Número de personas condenadas por grupo de edades y sexo

en el período comprendido entre 1992 y 2000

Grupo de edades y sexo

1992

1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000

14 a 18 años

mujeres

6

2

7

16

1

1

1

4

hombres

300

242

296

465

91

386

402

413

más de 18 años

mujeres

85

87

83

34

41

64

27

38

hombres

4 051

3 423

3 609

3 951

1 065

3 130

3 568

3 699

551.El Comité para la Mujer y la Familia, en colaboración con el Centro de Defensa de las Mujeres Víctimas de Abusos, están preparando un proyecto de ley sobre la violencia contra la mujer para presentarlo al Parlamento.

Artículo 8

Prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo obligatorio

552.Con arreglo al artículo 26 de la Constitución, el trabajo forzoso está prohibido, salvo cuando se trate de la ejecución de una orden judicial, del servicio militar y del servicio prestado en estado de guerra o excepción o en una catástrofe que amenace la vida o la salud de civiles. En el artículo 8 del Código del Trabajo se prohíbe el trabajo forzoso en todas sus formas, salvo en los casos previstos en la Constitución.

553.El tribunal, en casos en que haya impuesto una condena de prisión no superior a un año a un delincuente y a la luz del nivel de riesgo que ese individuo represente para la sociedad y de las demás circunstancias del delito que haya cometido, puede optar por suspender esa condena e imponerle en cambio la obligación de realizar algún trabajo socialmente útil. El delincuente deberá desempeñar ese trabajo socialmente útil, que consistirá en una actividad no remunerada en favor del

bien público o de alguna ONG, durante un número de horas que variará entre 40 y 240, según lo determine la orden judicial. Esa obligación no se impondrá si en la vista de la causa el delincuente rechaza la suspensión de la pena de prisión.

554.Dicho trabajo socialmente útil deberá realizarse durante un plazo de seis meses. En la decisión judicial se indicará el número de horas y los días de la semana en que se realizará. Al final del período de trabajo se considerará que la pena ha sido cumplida (artículo 63).

555.Ciertos actos cometidos en tiempos de guerra como el asesinato, el maltrato y la deportación de personas como mano de obra esclava, así como otros abusos inhumanos cometidos contra la población civil o en un territorio anexionado, el asesinato y maltrato de prisioneros de guerra, el asesinato de rehenes, la destrucción de bienes privados y públicos y la devastación de ciudades, plazas y pueblos sin ninguna justificación militar se castigan con la reclusión a perpetuidad (artículo 75).

556.En las modificaciones del Código Penal que entraron en vigor en virtud de la Ley No. 8175, de 23 de diciembre de 1996, se prevén penas más severas para ciertos delitos a la luz de la situación social actual en Albania.

Con arreglo al artículo 109, el secuestro o la toma de rehenes con el fin de facilitar otro delito, eludir una condena o exigir que se cumplan determinadas condiciones, especialmente el pago de un rescate, se castiga con una pena de prisión de no menos de quince años. Si la víctima es liberada voluntariamente antes de que pasen siete días del secuestro, la pena se reducirá a cinco años de prisión.

Según se dispone en el inciso a) del artículo 109, el secuestro y el rapto comportan penas de prisión de 25 años si la salud de la víctima resulta grave y permanentemente afectada por daños que se le hayan infligido deliberadamente, por las condiciones en que se le haya mantenido en cautiverio o por haber sido privada de necesidades vitales básicas o en el caso de que más de una persona hayan sido raptadas o secuestradas. El secuestro y el rapto se castigan con la prisión a perpetuidad si esos actos han estado combinados con torturas previas o simultáneas, si la víctima es un menor o si el autor es una organización criminal. Si el menor u otras personas secuestradas o raptadas son liberados voluntariamente antes de que transcurran siete días de su secuestro o rapto y las víctimas no han sido sometidas a tortura ni han sufrido lesiones físicas graves y permanentes, el delito cometido se castiga con una pena de prisión de diez años.

557.El artículo 110 dispone que la limitación ilícita de la libertad de una persona se castiga con tres años de prisión.

558.De conformidad con el artículo 124, el abandono de un menor que no haya cumplido los 14 años de edad por sus padres o su tutor se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta tres años. Si ese abandono le ocasiona al menor problemas graves de salud o la muerte, se castigará con una pena de prisión de entre tres y diez años.

559.Según el artículo 125, si una persona que está obligada por decisión judicial a procurarle a sus hijos, padres o cónyuge los medios necesarios de subsistencia no acata esa decisión, comete un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta un año.

560.Con arreglo al artículo 127, el individuo que le arrebata un niño al padre o la madre que tiene su custodia o al tutor que le ha asignado el tribunal comete un delito menor que se castiga con una multa o con una pena de prisión de hasta seis meses.

561.El artículo 128 se refiere al intercambio de un niño por otro por negligencia del personal de la institución donde los niños estén recibiendo atención o tratamiento médico, o del hospital de maternidad donde los niños hayan nacido, negligencia que constituye un delito menor que se castiga con una multa o con penas de prisión de hasta dos años.

562.De conformidad con el artículo 230, la agresión contra la vida, la integridad física y la libertad personal de un grupo de individuos mediante su secuestro o mediante el secuestro de un medio de transporte público, con el propósito de perturbar seriamente el orden público y de sembrar el pánico y la confusión en el público, se castiga con penas de prisión que varían entre un mínimo de 15 años y la prisión a perpetuidad.

El trabajo en las cárceles

563.Con arreglo a la Ley de los derechos y el trato de los presos, la autoridad competente organiza el trabajo dentro y fuera del establecimiento penitenciario con la asistencia de otras partes. No están obligados a trabajar los reclusos que hayan alcanzado la edad de jubilación, los discapacitados de primera y segunda categoría, las embarazadas que hayan superado el período de gestación fijado como límite y todas las demás personas cuya salud o estado físico no les permita trabajar. Los presos con trastornos psicológicos pueden trabajar si eso contribuye a su tratamiento. El trabajo que realizan los presos no constituye una pena y se retribuye de acuerdo con criterios establecidos en una decisión especial del Consejo de Ministros (artículo 34).

564.Las condiciones laborales en las cárceles son las normales de la sociedad libre y con ese trabajo se procura mejorar la formación profesional de los presos con miras a su integración en la sociedad. Los reclusos que poseen aptitudes científicas, culturales, artísticas o artesanales pueden desarrollarlas si ellos mismos las costean. Las horas trabajadas no pueden exceder del límite fijado en el Código del Trabajo. El preso cotiza de acuerdo con la retribución que recibe por su trabajo en el fondo de pensiones de la seguridad social (artículo 35).

565.El tipo de trabajo debe ajustarse a las características personales del preso para así ayudarlo a reincorporarse en la sociedad. Si el establecimiento penitenciario no está en condiciones de proporcionarle trabajo, pueden considerarse otras posibilidades de empleo fuera de la institución a jornada parcial o completa que se adapten a la experiencia y la formación profesional del preso, y en ese caso se debe dar preferencia al preso que no haya trabajado antes. De todos modos, cuando el preso sale del establecimiento penitenciario siempre lo hace bajo la custodia y vigilancia de la Policía Penitenciaria (artículo 36).

566.De conformidad con el artículo 37, se vela por el aprendizaje y la cultura de los reclusos mediante la implantación de un sistema educacional que incluye la enseñanza obligatoria para los menores y cursos de formación profesional. La formación profesional se estimula mediante la educación a distancia. También se fomenta la lectura de publicaciones de todo tipo y la utilización de los recursos de información disponibles en la biblioteca del establecimiento penitenciario. Se atribuye especial importancia al desarrollo cultural y profesional del recluso menor de 25 años de edad.

567.En cada una de las diez penitenciarias que dirige el Ministerio de Justicia se proporciona empleo a unos 30 reclusos en labores de mantenimiento y de otro tipo.

El servicio en las fuerzas de defensa del país y los servicios sustitutorios

568.En el período que se examina, el servicio militar ha estado regulado por la Ley No. 7527, de 12 de noviembre de 1991, la Ley No. 7978, de 26 de julio de 1995, y la Ley No. 9047, de 7 de abril de 2003.

569.De acuerdo con la Ley No. 7978, el servicio militar es un derecho y una obligación de todo ciudadano en la defensa de su patria, la República de Albania (artículo 5).

570.El artículo 6 dispone que los ciudadanos de Albania, dondequiera que se encuentren, están obligado a cumplir el servicio militar obligatorio en el servicio activo o en la reserva y ese servicio se presta a título individual.

571.El artículo 7 obliga a los ciudadanos de Albania que hayan cumplido los 16 años de edad a alistarse en la oficina de reclutamiento.

572.Con arreglo al artículo 8, prestan servicio militar activo obligatorio los ciudadanos de 18 a 32 años de edad. Si un ciudadano que está inscrito en el registro de reclutamiento y que todavía no ha cumplido los 32 años de edad elude el servicio militar activo obligatorio, se le obligará a prestar ese servicio, aparte de imponérsele todas las demás sanciones previstas por la ley, hasta que cumpla los 40 años.

573.El artículo 9 determina que, tras cumplir el servicio militar activo, están obligados a prestar servicio militar obligatorio como reservistas todos los ciudadanos albaneses hasta los 55 años de edad. Pueden prestar voluntariamente servicio militar como reservistas las mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 40 años y, si tienen aptitudes especiales, hasta los 45 años de edad. En caso de una movilización general convocada por una ley del Parlamento o un decreto del Presidente de la República, las edades para prestar servicio militar activo obligatorio variarán de acuerdo con la situación y las necesidades de las Fuerzas Armadas.

574.El artículo 10 dispone que el ciudadano está obligado a comenzar a prestar servicio militar activo cuando cumple los 19 años de edad.

575.Los ciudadanos albaneses de edades comprendidas entre los 16 y los 32 años están obligados, dondequiera que se encuentren e incluso si no han recibido el aviso pertinente, a alistarse en la oficina de reclutamiento, donde se les entregará un documento militar de identificación para que presten servicio militar activo.

576.El artículo 15 establece que los ciudadanos albaneses aptos para prestar servicio militar activo pueden redimirse de esa obligación si pagan personalmente una determinada suma. Los criterios aplicables a esos casos y el monto del pago se fijan por una decisión del Consejo de Ministros. Los ciudadanos albaneses que trabajen en el extranjero y tengan que prestar servicio militar activo obligatorio deberán pagar al Estado una determinada suma para aplazar ese servicio por un año.

577.Con arreglo al artículo 16, los ciudadanos que hayan cumplido el servicio militar activo obligatorio podrán suscribir un acuerdo con el mando de su unidad para enrolarse en el servicio militar remunerado. Ese acuerdo deberá tener una duración mínima de tres años.

578.En el artículo 17 se dispone que los ciudadanos albaneses que deban prestar servicio militar activo obligatorio y se encuentren en condiciones económicas y familiares difíciles recibirán del Estado asistencia social y económica. Las condiciones y los criterios de esa asistencia se fijarán por una decisión del Consejo de Ministros.

579.El artículo 24 determina que los ciudadanos matriculados a jornada completa en instituciones de educación superior prestarán el servicio militar activo obligatorio inmediatamente después de que terminen sus estudios. Los que tengan 32 años de edad y no hayan terminado sus estudios deberán interrumpirlos para cumplir con esta obligación. Los graduados de instituciones de enseñanza superior cumplirán con esta obligación en unidades especiales, de acuerdo con su preparación. Para los que se hayan graduado de instituciones de enseñanza superior antes del 31 de diciembre de 2000 el período de servicio es de seis meses.

580.La Ley del servicio militar (No. 9047), de 7 de abril de 2003, establece las normas para la prestación de servicio, así como los derechos y obligaciones de los ciudadanos, los órganos estatales y otras partes en materia de reclutamiento para el servicio militar activo obligatorio.

581.Cabe mencionar los siguientes aspectos de esta Ley:

En esta Ley se instituye por primera vez el servicio militar activo obligatorio para los que tienen doble ciudadanía, remitiéndose para ello al Convenio europeo sobre la doble nacionalidad;

El artículo 10 de la Ley prevé que la duración del servicio militar activo obligatorio puede exceder de los límites fijados por la ley cuando sea necesario adoptar medidas extraordinarias;

Los criterios fijados para redimirse del servicio militar activo obligatorio y para realizar servicios sustitutorios, así como los derechos establecidos para los que prestan servicio militar activo obligatorio o servicios sustitutorios garantizan la igualdad de acceso a todos los ciudadanos;

En esta Ley se contempla por primera vez la posibilidad de realizar servicios sustitutorios como alternativa del servicio militar obligatorio. De esa forma se permite que un ciudadano que por motivos religiosos o de conciencia no quiera prestar servicio en las fuerzas armadas pueda desempeñar otros servicios en una institución civil o en determinadas actividades de las fuerzas armadas para las que no haya que portar armas ni usar un uniforme militar, como los hospitales;

Los ciudadanos cuya situación económica se lo permite, pueden redimirse del servicio militar mediante el pago de una cantidad de dinero (artículo 42). Esta disposición estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2010.

Explotación económica y trabajo infantil

582.Se está estudiando:

la aplicación de los dos Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y a la participación de niños en los conflictos armados, para así completar la legislación nacional sobre el abuso de menores y la explotación de menores en esas actividades.

El capítulo X del Código del Trabajo, que se refiere a la protección especial del menor y se basa en el Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil, determina las siguientes cuestiones:

La jornada de trabajo del menor debe limitarse a un máximo de 6 horas diarias;

Se puede impartir formación profesional a los menores de entre 14 y 16 años de edad;

Los menores de entre 16 y 18 años de edad pueden realizar trabajos leves que no sean perjudiciales para su salud ni perturben su educación.

583.A través de la aplicación de la Estrategia Nacional en favor del Menor, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales trata de alcanzar los siguientes objetivos:

Determinar qué grupos de menores necesitan ayuda;

Ejecutar actividades preventivas y de protección contra el abuso y la discriminación del menor;

Integrar a los distintos grupos de menores marginados en el entorno social;

Colaborar con organizaciones sin fines de lucro y otros grupos que trabajan para evitar que el menor sea víctima de abusos, para protegerlo y para ayudarlo a integrarse en la sociedad.

584.El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha establecido, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Ministerio de Orden Público, un centro de acogida en Linza (Tirana) para los menores migrantes no acompañados y las víctimas de la trata de menores.

585.Se están ampliando los servicios sociales comunitarios para menores con la ayuda del Banco Mundial, a través de su proyecto sobre distribución de servicios sociales, mediante la coordinación de la financiación, los recursos y las actividades de los organismos estatales y locales y de la red de organizaciones sin fines de lucro.

586.Se ha establecido una Dependencia de Lucha contra el Trabajo Infantil en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para ejecutar, en el marco del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el

proyecto conjunto de ese Ministerio y la OIT. Esa Dependencia actúa como centro nacional de coordinación de las actividades, proyectos y programas de lucha contra el trabajo infantil e informa y sensibiliza al público respecto de ese fenómeno y de la necesidad de erradicarlo.

587.La Dependencia de Lucha contra el Trabajo Infantil está elaborando estrategias y políticas nacionales contra el trabajo infantil con la intervención a niveles interdepartamentales de la Junta Directiva Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en su carácter de foro normativo para la inclusión del problema del trabajo infantil en las políticas nacionales en materia social y macroeconómica. En ese contexto, se han emprendido las siguientes iniciativas:

En estrecha colaboración con la Inspección Estatal del Trabajo, se están realizando inspecciones en todo el país para determinar el alcance del problema del trabajo infantil y adoptar medidas concretas que incluyan el procesamiento penal de los empleadores que no acaten la legislación vigente a ese respecto;

Se ha comenzado a revisar la legislación nacional sobre el trabajo infantil para armonizarla con las normas internacionales pertinentes;

Se están reforzando los medios necesarios para detectar y controlar el trabajo infantil, sobre todo en sus peores manifestaciones, mediante la capacitación a nivel nacional o local de los inspectores y los representantes de los organismos interesados en el problema del trabajo infantil;

Se está organizando una campaña general de sensibilización a través de diversas actividades y publicaciones;

En el Departamento Central de la Policía Criminal se ha establecido una División de Lucha contra la Trata de Personas, que también se ocupa de la trata de menores; ese Departamento cuenta con una red de oficinas regionales.

588.Proyectos ejecutados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está ejecutando, en el marco de su colaboración con la OIT y el IPEC, un Proyecto para fortalecer su capacidad en la lucha contra el trabajo infantil en Albania.

589.Ese Proyecto contribuirá a eliminar progresivamente el trabajo infantil mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la implantación de medidas de control, el establecimiento de la estructura necesaria y la ejecución del Programa Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil.

590.Con ese propósito se organizarán actividades de prevención y protección en favor del menor trabajador, se apartará al menor del trabajo y se le rehabilitará, para lo cual se recabará asesoramiento profesional, se adoptarán medidas concretas y se obtendrá y distribuirá la información pertinente. Las bases de este Proyecto son las siguientes:

Duración: 18 meses, de febrero de 2002 a agosto de 2003;

Contribución del IPEC: 18.285 dólares de los EE.UU.;

Contribución del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: 14 000 dólares de los EE.UU. (en especie).

Proyecto para mejorar la preparación de los inspectores de trabajo encargados de luchar contra las peores formas de trabajo infantil

591.Por medio de este Proyecto se dotará a los inspectores de trabajo y a los representantes de organismos interesados en el trabajo infantil de los conocimientos y la preparación requeridos para detectar, controlar y abordar los problemas relacionados con el trabajo infantil y se conseguirá disponer del personal competente necesario para llegar a todas las regiones del país. Se contará también con la participación de un inspector extranjero.

592.Como resultado de la prioridad que este Proyecto atribuye al mejoramiento de la preparación de los inspectores de trabajo para que actúen sistemática y cabalmente ante las peores formas de trabajo infantil, tanto en el sector estructurado como en el no estructurado de la economía, a la luz de las características regionales del país, se conseguirá atender a las necesidades y sensibilizar al público en general a ese respecto.