Naciones Unidas

CCPR/C/118/D/2106/2011

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

28 de noviembre de 2016

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2106/2011 * **

Comunicación presentada por:

Valentina Kashtanova y Gulnara Slukina (no representadas por un abogado)

Presuntas víctimas:

El hijo y el sobrino de las autoras, V. S. y V. L.

Estado parte:

Uzbekistán

Fecha de la comunicación:

12 de septiembre de 2011 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo al artículo 97 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 30 de septiembre de 2011 (no se publicó como documento)

Fecha de adopción del dictamen:

28 de octubre de 2016

Asunto:

Malos tratos a menores acusados de asesinato; juicio penal basado en confesiones obtenidas por la fuerza

Cuestiones de procedimiento:

Admisibilidad – comunicación manifiestamente infundada

Cuestiones de fondo:

Tortura; malos tratos; juicio imparcial; medidas de protección de menores

Artículos del Pacto:

7, 10, 14 y 24

Artículo del Protocolo Facultativo:

2

1.Las autoras de la comunicación son Valentina Kashtanova, nacional de la Federación de Rusia, y Gulnara Slukina, nacional de Uzbekistán. La primera de las autoras presenta la comunicación en nombre de su hijo, V. S., y la segunda presenta la comunicación en nombre de su sobrino, V. L. Las presuntas víctimas son nacionales de Uzbekistán, nacidos el 6 de octubre de 1992 y el 6 de julio de 1993 respectivamente, que estaban cumpliendo penas de prisión en el momento de la presentación de la comunicación. Las autoras alegan que su hijo y su sobrino son víctimas de vulneraciones por Uzbekistán de los derechos amparados por los artículos 7, 10, párrafo 1, 14 y 24, párrafo 1, del Pacto. Las autoras no están representadas por un abogado. El Protocolo Facultativo entró en vigor para Uzbekistán el 28 de diciembre de 1995.

Los hechos expuestos por las autoras

2.1El 18 de agosto de 2008, V. S. y V. L., que tenían 15 y 14 años de edad respectivamente en ese momento, fueron atacados con un cuchillo por su compañero de clase Vlasov. Se produjo una breve pelea y V. S. y V. L. consiguieron zafarse de Vlasov. Según ellos, cuando se fueron, Vlasov estaba vivo y seguía amenazándolos. V. S. y V. L. describieron los hechos acontecidos a su madre y a su tía y se personaron en la comisaría local para denunciar el incidente. A su llegada, fueron inmediatamente detenidos e informados de que eran sospechosos del asesinato con premeditación de Vlasov. La policía los interrogó sin que estuvieran presentes sus padres o sus abogados. Las autoras también proporcionan información sobre las difíciles circunstancias personales de Vlasov.

2.2El 19 de agosto de 2008, V. S. y V. L. fueron interrogados como sospechosos en la Fiscalía de Almalyk (Uzbekistán), nuevamente sin la presencia de los padres o de abogados. El 20 de agosto de 2008 se designó a un abogado, el Sr. B., para que se encargara de la defensa de V. S. El 21 de agosto de 2008, V. S. y V. L. fueron acusados de asesinato con premeditación. El 22 de agosto de 2008, el Sr. B. también fue designado abogado defensor de V. L. Sin embargo, el 30 de agosto de 2008 el Sr. B. indicó al funcionario encargado de la investigación (el nombre consta en el expediente) que consideraba que existía un conflicto de intereses dado que guardaba una relación de parentesco con la víctima del asesinato, y que, además, en 2006 había actuado como abogado defensor de Vlasov y de V. S. en otro caso penal. Por consiguiente, el Sr. B. se negó a representar a V. S. El funcionario encargado de la investigación no informó a los padres de V. S. de ese hecho y permitió que el Sr. B. siguiera representando a V. L. Se designó a otro abogado (el nombre consta en el expediente) para que representara a V. S. a partir de entonces.

2.3Las autoras afirman que, en la fase de instrucción, el funcionario encargado de la investigación “torturó” a V. S. y V. L. para obligarlos a confesar: fueron golpeados reiteradamente, se les privó de alimentos y ropa de abrigo y se les denegó la visita de sus familiares. Las autoras solo pudieron visitar a los muchachos una vez, en noviembre de 2008, después de que la investigación preliminar hubiera concluido. Constataron que los muchachos seguían vistiendo ropa de verano (camiseta y pantalón corto) cuando la temperatura exterior era de -15 ºC y las celdas no disponían de calefacción. En uno de los interrogatorios el funcionario encargado de la investigación negó asistencia médica a V. S. después de romperle una pierna. Las autoras facilitan copias de las denuncias interpuestas ante diversas instituciones en relación con el trato a que fueron sometidos V. S. y V. L., incluidas las denuncias ante el Servicio Nacional de Seguridad, de fecha 26 de mayo de 2009, la Fiscalía General, de fecha 6 de agosto de 2009 y 26 de enero de 2010, y la solicitud de revisión dirigida al Presidente del Tribunal Supremo, de fecha 14 de agosto de 2009. V. S. no recibió asistencia hasta que fue trasladado a la prisión de Tashkent. El funcionario encargado de la investigación no permitió que las autoras accedieran a los expedientes, alegando que esa función correspondía al abogado. Las autoras también afirman que la investigación, el ministerio fiscal y los tribunales ignoraron sistemáticamente todas las pruebas a favor de los acusados y vulneraron el derecho penal y los procedimientos penales del país.

2.4El 25 de diciembre de 2008, el Tribunal Regional de Tashkent declaró culpables a V. S. y V. L. de asesinato con premeditación y les condenó a ocho años y seis meses de prisión. El 21 de enero de 2009, la instancia de apelación del mismo tribunal confirmó la sentencia después de celebrar una audiencia que solo duró diez minutos. Las autoras afirman que, en contravención de la legislación nacional, el tribunal de segunda instancia no procedió a la revisión efectiva del caso. Las autoras presentaron solicitudes de revisión de la sentencia (el 6 de agosto de 2009 ante la Fiscalía General y el 14 de agosto y el 16 de octubre de 2009 ante el Tribunal Supremo), pero no prosperaron.

2.5El 4 de junio de 2010, las autoras presentaron una denuncia contra el funcionario encargado de la investigación, en un intento por que se iniciase una investigación de las violaciones del derecho a la defensa de V. S. y V. L. La investigación resultante llevó a la conclusión de que el funcionario encargado de la investigación no había cometido delito alguno. Sin embargo, otra de las investigaciones iniciada a instancias de las autoras dio lugar a una acción penal contra los dos abogados que representaron inicialmente a V. S. y V. L., durante la cual el Sr. B. admitió haberse apropiado del dinero que le habían pagado los padres de V. S. para que lo defendiera y haber falsificado una orden de nombramiento en nombre de un colega. La causa penal contra los dos abogados se cerró sin sentencia el 30 de septiembre de 2010 debido a una amnistía. Sobre la base de la confesión del abogado, la Fiscalía Regional recomendó que se reabriera el caso de V. S. A raíz de esa recomendación, el 14 de junio de 2010, la Fiscalía General solicitó al Tribunal Supremo que iniciara un procedimiento de revisión del caso. A pesar de ello, y de manera contradictoria, el Fiscal General declaró en su solicitud que las pruebas que figuraban en el expediente demostraban más allá de toda duda la culpabilidad de V. S. El 22 de julio de 2010, el Tribunal Supremo devolvió el caso para que se realizaran investigaciones adicionales, señalando posibles violaciones del derecho a la defensa de los acusados.

2.6El 19 de noviembre de 2010, después de que se celebrara un nuevo juicio, el Tribunal Regional de Tashkent volvió a declarar a V. S. culpable de asesinato con premeditación. La sentencia aborda brevemente las denuncias de tortura, indicando que el funcionario encargado de la investigación, que compareció como testigo en el nuevo juicio, había negado haber sometido al acusado a torturas o malos tratos y que en el examen médico de V. S., realizado en noviembre de 2008, no constaba señal alguna de lesiones. La primera autora sostiene que en el nuevo juicio solo dos testigos fueron llamados a declarar y que estos ofrecieron testimonios diferentes de los de 2008. También afirma que la sentencia se basó predominantemente en el testimonio del funcionario encargado de la investigación, a quien esta acusa de haber torturado a su hijo para obtener una confesión y haber violado el derecho de V. S. a la defensa. Señala, además, que las denuncias de tortura fueron investigadas y confirmadas por el Defensor del Pueblo, pero el tribunal no tuvo en cuenta esas conclusiones. El 22 de diciembre de 2010, la instancia de apelación del Tribunal Regional de Tashkent confirmó la sentencia. La solicitud de revisión presentada posteriormente ante el Tribunal Supremo fue desestimada el 28 de febrero de 2011. Las autoras sostienen que han agotado todos los recursos internos disponibles y efectivos.

La denuncia

3.Las autoras sostienen que en la fase de instrucción y en el propio juicio se cometieron vulneraciones importantes de las normas procesales, así como de los derechos constitucionales y procesales de las víctimas. Según las autoras, se han vulnerado los derechos que asisten a V. S. y V. L. en virtud de los artículos 7, 10, párrafo 1, 14 y 24, párrafo 1, del Pacto.

Observaciones del Estado parte sobre el fondo

4.1El 30 de noviembre de 2011, el Estado parte informó de que V. S. y V. L. fueron detenidos, acusados de un asesinato cometido el 21 de agosto de 2008 y recluidos en prisión preventiva. Fueron declarados culpables, con arreglo al artículo 97, parte 2 p), del Código Penal, de asesinato con premeditación cometido en grupo y condenados a ocho años y medio de prisión por el Tribunal Regional de Tashkent el 25 de diciembre de 2008. El 21 de enero de 2009 la instancia de apelación del Tribunal Regional de Tashkent confirmó la sentencia en apelación. Tras un procedimiento de revisión iniciado por la Fiscalía General, el 22 de julio de 2010 el Tribunal Supremo revocó las decisiones judiciales dictadas contra V. S. y devolvió el caso para que se realizaran investigaciones adicionales en relación con la vulneración del derecho a la defensa de V. S. Tras una investigación adicional, fue declarado culpable de los mismos cargos y condenado a una pena de prisión de igual duración. Además, el Estado parte reitera el contenido del fallo y enumera las pruebas en que se basó la declaración de culpabilidad de V. S. y V. L.

4.2El Estado parte señala que la investigación y el tribunal de primera instancia cometieron un importante incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 79, párrafo 4, del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que se permitió que un abogado que había defendido anteriormente a la presunta víctima de asesinato actuara como defensor de V. L. Teniendo en cuenta que la vulneración descrita justifica la devolución del caso para la realización de nuevas indagaciones, el 11 de noviembre de 2011 la Fiscalía General presentó una solicitud para que se procediera a la revisión de todas las decisiones judiciales adoptadas con respecto a V. L. y se devolviera esa parte del caso para que se realizaran nuevas investigaciones.

Comentarios de las autoras sobre las observaciones del Estado parte y comunicaciones adicionales

5.1El 13 de diciembre de 2011, las autoras afirmaron que el Tribunal Supremo había aceptado la solicitud de revisión del Fiscal General el 1 de diciembre de 2011, pero sostenían que la propia solicitud contradecía el derecho interno. Las autoras señalan que, de acuerdo con la ley, no garantizar el derecho a la defensa de un menor de edad contraviene gravemente el procedimiento penal, lo que debería dar lugar a la revocación de todas las decisiones judiciales sobre el caso. Además, el caso de V. S. no figura ni en la solicitud del Fiscal General ni en la decisión del Tribunal Supremo. Las autoras sostienen que la sentencia contra V. S. en 2010 se basó en el testimonio del investigador o en testimonios de testigos “inexistentes” y que ambas sentencias se basaron en las mismas pruebas, que fueron obtenidas en contravención de las normas de procedimiento penal. Según las autoras, el objetivo de la revisión era reconfirmar la sentencia y eximir de responsabilidad al fiscal y al investigador por haber infringido el procedimiento penal, y al igual que el nuevo juicio de V. S. celebrado en 2010. Las autoras también sostienen que la sentencia de 2010 contra V. S. se dictó en contravención del procedimiento penal porque se basó en los testimonios de testigos que no fueron citados a declarar en 2010 y a los que no se interrogó en el nuevo juicio.

5.2El 21 de diciembre de 2011, las autoras afirmaron que el abogado de las víctimas había pedido que todas las decisiones judiciales contra las víctimas fueran totalmente revocadas, pero el Tribunal Supremo no atendió la solicitud en su decisión de 1 de diciembre de 2011 y devolvió a los fines de una investigación adicional únicamente el caso de V. L. También afirman que, el 29 de noviembre de 2011, la Fiscalía rechazó la solicitud de las autoras de iniciar actuaciones penales contra un perito médico (el nombre figura en el expediente) que llevó a cabo un examen médico inadecuado y luego prestó falso testimonio en el juicio de las víctimas. Las autoras sostienen que el perito carecía de la cualificación necesaria para llevar a cabo un examen pericial sobre el nivel de alcohol de las víctimas, que no encontró signos de intoxicación en ellas y que, aun así, dictaminó que estaban ebrias, por lo que cometió perjurio. El Ministerio de Salud ha establecido que el perito incurrió en tres infracciones en la práctica de la prueba pericial, pero la Fiscalía solo tomó en consideración que había desoído una instrucción y le impuso una amonestación como sanción disciplinaria.

5.3Los días 23 y 24 de enero de 2012, las autoras comunicaron que durante un año y medio las autoridades hicieron caso omiso de sus denuncias de que se había llevado a cabo una investigación contra menores en ausencia de un abogado, y que la Fiscalía General no solicitó un procedimiento de revisión hasta que el Colegio de Abogados inició actuaciones penales contra los abogados que habían participado en el juicio. Las autoras reiteran que, incluso en esa solicitud, la Fiscalía siguió insistiendo en que la culpabilidad de V. S. había quedado plenamente demostrada. Según las autoras, el nuevo juicio de V. S. en 2010 se limitó a tomar declaración a este y a V. L. en presencia de un abogado; ambos negaron su culpabilidad, pero el tribunal no verificó ninguna de las demás pruebas. El tribunal condenó a V. S. por segunda vez, el 19 de noviembre de 2010, y la instancia de apelación confirmó la sentencia el 22 de diciembre de 2010. Las autoras describen e impugnan las pruebas que el tribunal utilizó para determinar la culpabilidad de V. S. Afirman que en la solicitud de revisión de la Fiscalía de 2011 también constaba que se había determinado la culpabilidad de V. L. y se mantenía que la celebración de un segundo juicio resultaría tan improductivo como el de V. S..

5.4El 10 de abril de 2012, las autoras indicaron que, el 26 de marzo de 2012, el Tribunal Regional de Tashkent condenó a V. L. a ocho años de prisión, seis meses menos que la condena dictada en 2008. Las autoras afirman que el juicio fue una “representación teatral” para el Comité. Las audiencias se celebraron entre el 10 de febrero y el 26 de marzo de 2012 y a las autoras se les denegó el permiso para filmar las audiencias, supuestamente por razones técnicas. La fiscal se durmió durante las audiencias, su alegato final fue una repetición del alegato final del fiscal de 2008 y, además, pidió que se aumentara la pena a nueve años de prisión. El abogado de V. L. formuló una declaración oral de la que entregó una copia al tribunal, pero la jueza indicó en su sentencia que la defensa no había formulado ninguna declaración. Las autoras describen otras pruebas y señalan que, al parecer, el tribunal no las evaluó debidamente ni estableció la inocencia de V. L. También afirman que la jueza hizo referencia en la sentencia a pruebas que en realidad no se habían presentado en las audiencias. Si bien el Tribunal Supremo había reconocido que las confesiones de V. S. y V. L. no eran válidas y había revocado la sentencia inicial por esa razón, la jueza basó la nueva sentencia en las mismas confesiones. Las autoras también afirman que el estado de salud de V. S. y V. L. se ha deteriorado considerablemente durante la privación de libertad.

Observaciones del Estado parte

6.El 5 de enero de 2015, el Estado parte volvió a presentar las observaciones del 30 de noviembre de 2011.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

7.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

7.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

7.3El Comité observa que el Estado parte no se ha opuesto a la admisibilidad de la comunicación en virtud del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. El Comité considera que el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no le impide examinar la presente comunicación.

7.4El Comité toma nota de las afirmaciones de las autoras de que en las actuaciones iniciales se violaron los derechos que asisten a su hijo y a su sobrino en virtud del artículo 14 del Pacto porque el abogado que representaba inicialmente a V. S. y V. L. había representado con anterioridad a la víctima del asesinato en otra causa penal y porque en una investigación penal en 2010 ese abogado reconoció haberse apropiado del dinero que le habían pagado para la defensa de V. S. y que había falsificado una orden de nombramiento en nombre de un colega. Sin embargo, el Comité observa que las sentencias iniciales contra V. S. y V. L. fueron revocadas debido a esas infracciones, que las víctimas habían sido juzgadas nuevamente, que en los nuevos juicios contaron con abogados de su elección y que fueron condenadas por segunda vez el 19 de noviembre de 2010 y el 26 de marzo de 2012, respectivamente. Por consiguiente, el Comité considera que las autoras no han fundamentado suficientemente sus alegaciones de vulneración del artículo 14 del Pacto, por lo que resultan inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.5El Comité también toma nota de las afirmaciones de las autoras de que los segundos juicios contra V. S. y V. L. se celebraron sin las debidas garantías y que los tribunales no examinaron debidamente las pruebas que tenían ante sí. Sin embargo, el Comité observa que las alegaciones de las autoras se refieren fundamentalmente a la evaluación de los hechos y las pruebas, y a la aplicación de la legislación interna por los tribunales del Estado parte. El Comité recuerda su jurisprudencia con arreglo a la cual incumbe a los tribunales de los Estados partes evaluar los hechos y las pruebas en cada caso particular, o la aplicación de la legislación interna, a menos que se demuestre que esa evaluación o aplicación fue claramente arbitraria o equivalió a error manifiesto o denegación de justicia. El Comité observa, no obstante, que la documentación que consta en el expediente, incluidas las copias de las actas y las sentencias, no respalda las denuncias de las autoras. Como se desprende del expediente, durante el segundo juicio se ofreció a V. S. y V. L. la posibilidad de formular declaraciones en presencia de sus abogados y el juez. El Comité observa, además, que los tribunales, al dictar sentencia contra V. S. y V. L., no parece que se basaran en las confesiones que hicieron durante la instrucción de la causa. Tampoco parece que se alegaran coacciones durante el proceso judicial. Por consiguiente, el Comité considera que las autoras no han fundamentado suficientemente sus alegaciones de vulneración del artículo 14 del Pacto, por lo que resultan inadmisibles con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.6El Comité considera que las autoras han fundamentado suficientemente sus alegaciones en relación con los artículos 7, 10, párrafo 1, y 24 del Pacto a los fines de la admisibilidad y procede a su examen en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

8.1El Comité ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

8.2El Comité observa que las autoras afirman que, en la fase de instrucción, el funcionario encargado de la investigación torturó a las presuntas víctimas para obligarlas a confesar y que estas fueron golpeadas reiteradamente y privadas de alimentos y de ropa de abrigo; que durante la prisión preventiva solo se permitió la visita de los familiares en una ocasión, en noviembre de 2008, después de que la investigación previa hubiera concluido; que en la visita constataron que los muchachos seguían vistiendo ropa de verano, cuando la temperatura exterior era de -15 ºC y las celdas no disponían de calefacción; que en un interrogatorio el funcionario encargado de la investigación negó asistencia médica a V. S. después de romperle una pierna; y que todo lo anterior constituye violaciones de los artículos 7 y 10, párrafo 1, del Pacto. El Comité observa también que las presuntas víctimas se quejaron del trato recibido a diversas autoridades, entre ellas la Fiscalía y el Tribunal Supremo. El Comité observa que el Estado parte no ha rebatido esas afirmaciones, sino que se ha limitado a proporcionar información sobre los cargos y la sentencia contra las presuntas víctimas. A ese respecto, el Comité recuerda que el Estado parte debe investigar con celeridad e imparcialidad las denuncias presentadas por malos tratos en contravención del artículo 7. El Comité recuerda asimismo que el Estado parte es responsable de la seguridad de todas las personas detenidas y que, cuando hay denuncias de tortura y malos tratos, corresponde al Estado parte presentar pruebas que refuten las alegaciones del autor. En ausencia de una explicación por el Estado parte, el Comité debe conceder el crédito debido a las alegaciones de las autoras. Por lo tanto, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto violaciones de los derechos que asisten a V. S. y V. L. en virtud de los artículos 7 y 10, párrafo 1, del Pacto.

8.3El Comité observa las afirmaciones de las autoras de que los días 18 y 19 de agosto de 2008, V. S. y V. L. fueron interrogados como sospechosos en la Fiscalía de Almalyk, sin la presencia de abogados ni de los padres, y que no se les permitió recibir visitas de familiares durante los tres primeros meses de su detención. El Comité observa que el Estado parte no ha rebatido esas alegaciones, sino que se ha limitado a proporcionar información sobre los cargos y la sentencia contra las presuntas víctimas. El Comité observa que se debería garantizar a los detenidos un acceso rápido y periódico a personal médico independiente y abogados y, bajo una supervisión adecuada cuando el propósito legítimo de la detención así lo requiera, a familiares. El Comité recuerda también su observación general núm. 35 (2014) sobre la libertad y la seguridad personales, en la que se afirma que, cuando se detenga a niños, se debe informar directamente a los padres, tutores o representantes legales de la detención y los motivos de esta. Recuerda además que el artículo 24, párrafo 1, del Pacto confiere a todo niño el derecho “a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. Ese artículo entraña la adopción de medidas especiales para proteger la libertad y la seguridad personales de todo niño, además de las medidas que el artículo 9 requiere respecto de todo individuo. El Comité concluye, por consiguiente, que el Estado parte ha vulnerado también los derechos que asisten a V. S. y V. L. en virtud del artículo 24, párrafo 1, del Pacto, en la medida en que, como menores, se les debería haber ofrecido una protección especial.

9.El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte de los artículos 7, 10, párrafo 1, y 24, párrafo 1, del Pacto en relación con V. S. y V. L.

10.De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a las víctimas un recurso efectivo. Ello comprende ofrecer una reparación plena a las personas cuyos derechos en virtud del Pacto hayan sido violados. Por consiguiente, el Estado parte tiene la obligación, entre otras cosas, de llevar a cabo una investigación imparcial, efectiva y exhaustiva de las denuncias de tortura y malos tratos, iniciar actuaciones penales contra los responsables y ofrecer a las víctimas una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar violaciones semejantes en el futuro.

11.Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio o estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen, lo traduzca en los idiomas oficiales del Estado parte, en un formato accesible, y le dé amplia difusión.