Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
Informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención
Adición
Información proporcionada por el Gobierno del Canadá sobre la aplicación de las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/CAN/CO/18) *
[6 de agosto de 2009]
Introducción
1.Los días 20 y 21 de febrero de 2007 el Canadá compareció ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) para el examen de los informes combinados 17º y 18º sobre la aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En sus observaciones finales tras el examen, el Comité pidió al Canadá que presentara, en el plazo de un año, información sobre cuatro de las recomendaciones formuladas, que figuraban en los párrafos 14, 21, 22 y 26 de sus observaciones finales (CERD/C/CAN/CO/18). Posteriormente, el Comité solicitó información adicional, que también se proporciona en el presente documento.
I.Recomendación formulada en el párrafo 14 **
Aunque acepta los motivos de preocupación del Estado parte relativos a la seguridad nacional, el Comité destaca la obligación del Estado parte de velar por que las medidas adoptadas en la lucha contra el terrorismo no sean discriminatorias por su carácter y objeto en razón de la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico. El Comité insta al Estado parte a seguir examinando las actuales medidas de seguridad nacionales y a velar por que no se acose a las personas por motivos de raza u origen étnico. El Comité también recomienda que el Estado parte lleve a cabo campañas de sensibilización para proteger a las personas y los grupos de los estereotipos que los asocian con el terrorismo. El Comité recomienda además que el Estado parte considere la posibilidad de modificar la Ley antiterrorista para incorporar una cláusula antidiscriminatoria explícita.
Medidas de seguridad nacional y Ley antiterrorista
2.Los profesionales de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia y seguridad del Canadá investigan los delitos y las amenazas a la seguridad nacional sin atender a comunidad, grupo o religión en particular. El Canadá no está de acuerdo en que la Ley antiterrorista deba incluir una cláusula que prohíba expresamente la discriminación. El contenido y la aplicación de esa ley están sujetos a la prohibición constitucional de la discriminación establecida en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.
3.La Ley antiterrorista ha sido revisada en el Parlamento según lo previsto en su artículo 145. Dos comités parlamentarios se encargaron de la revisión. El 22 de febrero de 2007 el Comité Especial del Senado sobre la Ley antiterrorista presentó su informe titulado "Justicia fundamental en momentos excepcionales: informe principal del Comité Especial del Senado sobre la Ley antiterrorista". El Subcomité de Seguridad Pública y Nacional de la Cámara de los Comunes presentó el 27 de marzo de 2007 su informe final, titulado "Derechos, límites y seguridad: examen general de la Ley antiterrorista y cuestiones conexas". El 18 de julio de 2007 el Gobierno del Canadá presentó su respuesta a las conclusiones del Subcomité de la Cámara de los Comunes. El Comité Especial del Senado no solicitó una respuesta.
4.Como se indicó en los informes 17º y 18º del Canadá sobre la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley antiterrorista contiene una detallada definición en dos partes de lo que es una "actividad terrorista" en el párrafo 1 del artículo 83.01 del Código Penal, que se aplica a los actos realizados dentro o fuera del Canadá. Toda actividad que encaje en una u otra parte de la definición constituye una "actividad terrorista". En el apartado b) del párrafo 1 del artículo 83.01 se define una "actividad terrorista" como "una acción u omisión cometida en nombre —exclusivamente o no— de un fin, un objetivo u otra causa de naturaleza política, religiosa o ideológica", además de otros requisitos. La jurisprudencia está dividida en cuanto a la constitucionalidad de los motivos que figuran en la definición.
5.En sus informes sobre el examen de la Ley antiterrorista, los dos comités parlamentarios diferían en cuanto a la necesidad de mantener la motivación como elemento de la definición de "actividad terrorista". El Comité Especial del Senado convino con algunos testigos en que exigir que la policía investigara los motivos y que los fiscales demostraran que un acto o una omisión terroristas se habían cometido en nombre de un fin, un objetivo u otra causa de naturaleza política, religiosa o ideológica podía afectar involuntariamente a algunos segmentos de la población del Canadá y fomentar la elaboración de perfiles en función de la raza y la religión durante las investigaciones. Por consiguiente, recomendó que el elemento de la motivación se suprimiera de la definición.
6.El Subcomité de la Cámara de los Comunes indicó que si se suprimiera la motivación, el Estado no tendría que probar más allá de toda duda razonable la existencia de un elemento del delito, con lo que desaparecería una garantía ínsita en la definición. Por consiguiente, el Subcomité recomendó que en la definición de "actividad terrorista" se mantuviera el elemento de la motivación. El Gobierno del Canadá está de acuerdo con la recomendación del Subcomité, aunque puede reconsiderar la definición de "actividad terrorista" a la luz de la jurisprudencia una vez que los tribunales se pronuncien sobre el requisito de la motivación.
7.Aunque algunos testigos que comparecieron ante los dos comités de examen de la Ley antiterrorista aludieron a la posibilidad de inclusión en la ley el principio de no discriminación, ninguno de los comités hizo una recomendación específica a tal efecto. Sin embargo, ambos comités expresaron su inquietud por los perfiles raciales y la discriminación. El Comité Especial del Senado formuló recomendaciones a este respecto, pero no el Subcomité de la Cámara de los Comunes.
8.El Gobierno del Canadá considera que la legislación nacional, en particular la Carta de Derechos y Libertades del Canadá y la Ley de derechos humanos del Canadá, ya contiene un abundante arsenal de textos que prohíben la discriminación basada en la raza, el color, la religión, el origen étnico y otros motivos en toda la actividad del Estado. El Gobierno también está abordando la cuestión de la elaboración de perfiles raciales, y está decidido a luchar contra la discriminación mediante medidas legislativas o de otro tipo.
Campañas de sensibilización
9.Los profesionales de los servicios nacionales de la policía y de inteligencia y seguridad del Canadá están obligados a tratar a todas las personas de manera imparcial y respetuosa, al tiempo que velan por la protección y la seguridad del Canadá y de los canadienses.
10.En virtud de la estrategia denominada "servicios de policía sin prejuicios", el personal de los servicios nacionales de policía debe tratar con justicia a todas las personas en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la ley y sin abusar de su autoridad, independientemente de la raza, el origen nacional o étnico, el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, el estado civil, la edad, la discapacidad mental o física, la ciudadanía, la situación familiar o la situación socioeconómica, y sin tener en cuenta la posible existencia de una condena que haya sido objeto de indulto. Este principio se inculca en la Academia de formación de la Real Policía Montada del Canadá, y el programa de formación práctica sigue incluyendo la conciencia de la diversidad. Esta formación se integrará en los programas de perfeccionamiento de los mandos y del personal directivo, que se impartirán a todos los empleados de los servicios nacionales de policía.
11.Además, el personal de los servicios de inteligencia recibe capacitación sobre la diversidad cultural, a fin de que pueda entender y apreciar los diferentes entornos culturales en los que desarrolla su trabajo.
12.El objetivo de la Mesa Redonda transcultural sobre Seguridad, que se creó en 2005, es que los canadienses y el Gobierno del Canadá mantengan un diálogo permanente sobre la seguridad nacional en una sociedad diversa y plural. La Mesa Redonda:
Analiza la manera en que las medidas de seguridad nacional pueden afectar a las diversas comunidades del país;
Promueve la protección del orden civil, el respeto mutuo y el entendimiento común;
Facilita un amplio intercambio de información entre el Estado y las comunidades sobre la compatibilidad de los aspectos de seguridad nacional con los derechos y deberes de los canadienses.
13.La Mesa Redonda está formada por hombres y mujeres de diferentes orígenes étnicos, raciales, culturales y religiosos. Celebra anualmente entre dos y cuatro reuniones oficiales. Hasta la fecha se han celebrado 12 reuniones durante las cuales los miembros reciben información sobre una amplia serie de cuestiones, proporcionada por altos funcionarios y cargos políticos de los Ministerios de Seguridad Pública y de Justicia, así como por funciones de otros ministerios y organismos federales.
14.Se informa a los miembros de la Mesa Redonda, y a menudo se les consulta, sobre la elaboración de nuevos programas y políticas relativos a la seguridad nacional. Por ejemplo, han examinado y aportado ideas sobre una serie de políticas y programas en esferas tales como la seguridad, las fronteras terrestres y marítimas y en los aeropuertos, la seguridad de los transportes, la sensibilización y la formación cultural, la revisión de la Ley antiterrorista, los certificados de peligro para la seguridad, los delitos motivados por prejuicios, la radicalización, y la financiación del terrorismo y del crimen organizado.
15.Los miembros de la Mesa Redonda también facilitan la colaboración con los ciudadanos a través de su propia labor de difusión y participando en actividades organizadas por funcionarios del Gobierno del Canadá o en actividades en las que estos participan. Por ejemplo, en 2009 los miembros de la Mesa Redonda participaron en sesiones de información organizadas en Fredericton (Nueva Brunswick) y en Calgary (Alberta) destinados a los nuevos inmigrantes en el Canadá, así como en un diálogo con jóvenes sobre la violencia inducida por la radicalización.
16.El Gobierno del Canadá también realiza actividades de sensibilización sobre el racismo y la discriminación racial, a fin de prevenir los prejuicios y los estereotipos que afectan a las comunidades etnoculturales y etnorraciales. Por ejemplo, en el marco delPlan de acción canadiense contra el racismo, del que se informó en los informes periódicos 17º y 18º del Canadá sobre la aplicación de la Convención, el Programa de innovación y colaboración con la justicia financió en 2006-2007 una serie de proyectos de lucha contra el racismo, entre ellos uno organizado por el Consejo canadiense de lucha contra el racismo, que permitió que los participantes discutieran, examinaran y elaboraran estrategias para abordar la excesiva presencia en la justicia penal de aborígenes y de personas de ascendencia africana y asiática.
17.Entre las iniciativas emprendidas por los gobiernos provinciales y territoriales figuran las siguientes:
Un curso de sensibilización sobre cuestiones aborígenes que tuvo lugar en Nueva Brunswick;
Un Programa del Gobierno de Quebec denominado "La diversidad: un valor añadido" que promueve la participación general en el desarrollo de Quebec y prevé medidas para luchar contra el racismo y la discriminación racial, en particular campañas de sensibilización destinadas a reconocer y combatir los prejuicios, los estereotipos y las prácticas discriminatorias;
Una serie de talleres dirigidos por jóvenes y financiados por el Gobierno de la Columbia Británica en los que se analizarán los conceptos de raza y racismo y revisó ciertos conceptos asociados con el terrorismo.
18.Además, las comisiones federales, provinciales y territoriales de derechos humanos, establecidas de conformidad con sus respectivas legislaciones en esta materia, trabajan para prevenir la discriminación realizando actividades de educación y sensibilización sobre los derechos humanos.
II.Recomendación formulada en el párrafo 21
A la luz del apartado e) del artículo 5 y de la Recomendación general Nº XXIII relativa a los derechos de los pueblos indígenas, de 1997, el Comité insta al Estado parte a asignar recursos suficientes para eliminar los obstáculos que impiden a los aborígenes disfrutar de sus derechos económicos, sociales y culturales. El Comité también pide una vez más al Estado parte que en el próximo informe periódico proporcione información sobre las limitaciones que impone a los aborígenes para el uso de sus tierras, y que aplique plenamente y sin más demora las recomendaciones de la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes de 1996.
Medidas para mejorar los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos aborígenes
19.La población aborigen canadiense se compone de indios, mestizos e inuits. El Gobierno del Canadá ha introducido una serie de medidas para mejorar la situación socioeconómica de los aborígenes, particularmente en el marco de la asistencia social. Entre las medidas adoptadas figuran las siguientes:
El nuevo Marco Federal para el desarrollo económico de los aborígenes, que orientará las medidas del Gobierno federal —desde los programas hasta las leyes, pasando por las asociaciones— para aumentar la participación de las Primeras Naciones, los inuits y los mestizos en la economía del Canadá y mejorar la situación económica de los pueblos aborígenes en el Canadá.
El Programa de asistencia preescolar para los aborígenes es un programa de intervención temprana dirigido a los niños de las Primeras Naciones, inuits y mestizos y a sus familias, cuyo objeto es preparar la escolarización de esos niños atendiendo a sus necesidades espirituales, emocionales, intelectuales y físicas.
Mediante la aplicación en los servicios para los niños y las familias de las Primeras Naciones de un enfoque centrado en una prevención más intensa, el Gobierno del Canadá colabora con las Primeras Naciones para que los niños y las familias reciban el apoyo necesario para prevenir el tipo de problemas que conducen a la intervención y la desintegración de la familia.
Los fondos adicionales para el Programa de prevención de la violencia en la familia incluyen apoyo específico para la construcción de cinco nuevos centros de acogida y un mayor apoyo operacional a las redes de centros de acogida nuevas o ya existentes.
Una serie de cambios orientados a aumentar la eficacia del Programa en las comunidades de las Primeras Naciones en el interior de las reservas, que incluyen un nuevo método de financiación de los centros de acogida y un nuevo modelo de asignación para proyectos de prevención, ambos concebidos para satisfacer las necesidades regionales dentro de un marco nacional.
El Fideicomiso para Viviendas en el Norte ayuda a hacer frente a la escasez a corto plazo de viviendas asequibles en el Norte.
Un Fideicomiso para viviendas para aborígenes que no viven en las reservas ayuda a las provincias a atender las necesidades a corto plazo de vivienda de los canadienses aborígenes que viven fuera de las reservas.
Mediante la Iniciativa de promoción de personal sanitario aborigen se han elaborado y puesto en práctica estrategias de promoción de personal sanitario adaptado a las necesidades particulares y a la diversidad de los pueblos aborígenes, y con una buena proporción y un número adecuado de profesionales de la salud, aborígenes, aumentando el nivel de competencia cultural de todos los profesionales de la salud y atendiendo a los problemas y las prioridades de los servicios de salud, al tiempo que se integran en la Estrategia pancanadiense sobre los recursos humanos en la esfera de la salud. El objetivo de esta colaboración es reducir las diferencias existentes entre la situación de salud de los pueblos aborígenes y el del resto de los canadienses, mejorando el acceso a la atención sanitaria y mejorando la salud general.
20.Las provincias y los territorios también han aplicado medidas para mejorar el disfrute por los pueblos aborígenes de sus derechos económicos, sociales y culturales.
21.El 30 de noviembre de 2007, el Gobierno federal anunció que había ratificado un acuerdo de principio con la Federación de Aborígenes de Terranova. Según este acuerdo, los miembros de la Federación serán considerados como grupo indio. Este acuerdo abre la vía a la negociación de un acuerdo definitivo que ofrecerá a los miembros de dicha Federación acceso a programas federales específicos de ayuda a los aborígenes en forma de prestaciones sanitarias no cubiertas por los seguros, la educación pos secundaria, al desarrollo económico y a la financiación básica.
22.El Gobierno de Terranova y Labrador prestó apoyo para la celebración en 2008 en esa provincia de la Conferencia Anual de Mujeres Aborígenes, cuyo tema fue "El camino hacia la prosperidad económica". En 2007 se celebró en Terranova y Labrador la Cumbre Nacional de Mujeres Aborígenes, que reunió a unas 150 mujeres aborígenes del Canadá en torno al tema "Mujeres fuertes, comunidades fuertes" para discutir las principales cuestiones que les afectaban y formular recomendaciones.
23.En diciembre de 2007, la Isla del Príncipe Eduardo firmó un acuerdo de asociación con el Gobierno federal y la comunidad mi'kmaq de la Isla del Príncipe Eduardo para mostrar su disposición a colaborar a fin de obtener resultados positivos y mejorar la calidad de vida de la comunidad mi'kmaq de la Isla. El acuerdo de asociación se centra en esferas de interés común y concretas como la salud, la educación, la protección de los niños y la justicia.
24.En Nueva Escocia, el Fondo del Foro Tripartito para el desarrollo socioeconómico, creado en el marco del Foro Tripartito Mi'kmaq-Nueva Escocia-Canadá (http://www.tripartiteforum.com), presta apoyo a proyectos destinados a mejorar el bienestar de colectividades de las Primeras Naciones en Nueva Escocia. A continuación se describen algunos de esos proyectos:
El proyecto de análisis ambiental de los recursos humanos en los programas para la primera infancia en las comunidades mi'kmaq en Nueva Escocia examina las necesidades actuales y futuras de recursos humanos en los programas y servicios para la primera infancia en 12 comunidades mi'kmaq de la provincia.
El proyecto Lengua mi'kmaq, escuelas mi'kmaq y escuelas provinciales de Nueva Escocia: iniciativa de evaluación y aplicación se centra en la preservación de la lengua mi'kmaq. Este proyecto de investigación longitudinal es un trabajo de colaboración entre especialistas en educación mi'kmaq y especialistas de la Universidad McGill en educación de las Primeras Naciones, lingüística, aprendizaje de los alumnos y evaluación.
El proyecto Violencia familiar y comunidades aborígenes: construir nuestro conocimiento y desarrollo mediante la investigación y los foros comunitarios tiene principalmente por objeto investigar y elaborar modelos de intervención culturalmente adaptados y eficaces para luchar contra la violencia doméstica en las comunidades mi'kmaq de Nueva Escocia.
25.Entre las actuaciones realizadas en Nueva Brunswick figuran la Estrategia de empleo para los aborígenes, el Fondo para la adaptación de los servicios de salud a los aborígenes, la Iniciativa conjunta de desarrollo económico, el Acuerdo sobre el mejoramiento de los servicios y programas para la educación de las Primeras Naciones de Nueva Brunswick, el Acuerdo bilateral de relaciones entre los mi'kmaq y los maliseet y la provincia de Nueva Brunswick y el Acuerdo tripartito sobre las relaciones (que se está negociando).
26.El Gobierno de Nueva Brunswick ha firmado con 12 de las 16 Primeras Naciones de la provincia el Acuerdo sobre el mejoramiento de los servicios y programas para la educación de las Primeras Naciones de Nueva Brunswick, y se sigue negociando con las otras 4. El acuerdo responde a las necesidades particulares de los alumnos de las Primeras Naciones. Además, Nueva Brunswick ha desarrollado una estrategia provincial de educación para impulsar las actividades estratégicas incluidas en el acuerdo. La estrategia definirá las orientaciones principales de la educación de las Primeras Naciones, a fin de fomentar la participación de individuos y comunidades, preservar la cultura y las tradiciones de las Primeras Naciones y promover la importancia del aprendizaje permanente en las comunidades de las Primeras Naciones.
27.El Foro Socioeconómico de las Primeras Naciones, que se celebró en Quebec en octubre de 2006, reunió a representantes de los Gobiernos de Quebec y el Canadá, de la Asamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador y de la sociedad civil para tratar las perspectivas socioeconómicas de los pueblos de las Primeras Naciones y discutir las cuestiones relativas a la economía y el empleo, la salud, los servicios sociales y los servicios infantiles, la cultura y la educación, y las infraestructuras y el desarrollo sostenible de la comunidad. Los participantes en el Foro acordaron establecer un mecanismo de seguimiento tripartito.
28.En agosto de 2007 se celebró otra reunión, denominada Katimajiit, para que los inuits presentaran sus prioridades de manera más detallada. Se discutieron los temas siguientes: la economía y el empleo, la salud, los servicios sociales y la primera infancia, la cultura y la educación, las infraestructuras y la vivienda y el medio ambiente y el desarrollo sostenible de la comunidad. Se estableció un grupo de trabajo formado por representantes de los departamentos provinciales más afectados por las cuestiones planteadas, al que se encargó el seguimiento y la aplicación de los compromisos asumidos en la reunión Katimajiit.
29.Ontario ha establecido en colaboración con la nación nishnawbe-aski, que es una organización provincial y territorial que representa a 49 Primeras Naciones del norte de Ontario, un foro político denominado Mesa del Norte. El objetivo de esta Mesa del Norte es crear una nueva relación de trabajo entre la nación nishnawbe-aski y la provincia, basada en el empeño de lograr un cambio positivo y significativo. Esta relación de trabajo compromete a las partes a elaborar y examinar medios de proporcionar mayores beneficios económicos a las Primeras Naciones nishnawbe-aski. Además, en enero de 2007 Ontario puso en práctica una estrategia de educación aborigen destinada a mejorar el rendimiento escolar de los alumnos de las Primeras Naciones, los mestizos y los inuits que asisten a escuelas financiadas por la provincia.
30.El Grupo de Estudio sobre los aborígenes que viven en zonas urbanas es una iniciativa de la Federación de Ontario de Centros de Amistad con los Indios y la Asociación de Mujeres Aborígenes de Ontario, que cuenta con el apoyo del Gobierno del Canadá y del Gobierno provincial. Se trata de un estudio sobre la comunidad aborigen urbana en cinco ciudades de Ontario. Los informes sobre las respectivas ciudades contienen las conclusiones, junto con recomendaciones para aumentar los problemas de los aborígenes que viven en zonas urbanas. El Grupo de Estudio apoyará iniciativas en forma de políticas y programas desarrollados en colaboración con las organizaciones aborígenes y concebidos para los aborígenes que viven en zonas urbanas.
31.El Gobierno de Manitoba ha creado el Fondo de Crecimiento Económico de las Primeras Naciones para apoyar el desarrollo de empresas de las Primeras Naciones y reducir las diferencias entre el nivel de vida de los aborígenes y los demás habitantes de Manitoba.
32.En Alberta se ha difundido, tras amplias consultas con las comunidades aborígenes de la provincia y otras partes interesadas, el programa del Gobierno orientado a fortalecer las relaciones. El programa marco contiene la estructura básica de las políticas del Gobierno de Alberta para atender las necesidades de las Primeras Naciones, los mestizos y otros pueblos aborígenes de la provincia. Propone una manera de avanzar hacia el futuro que se centra en el bienestar y la autosuficiencia, consultas eficaces sobre los recursos y el desarrollo económico, las asociaciones y delimitación de las funciones y las responsabilidades.
33.Como se indicó en el informe de 2004 titulado Las Primeras Naciones de Alberta: estudio centrado en la utilización de los servicios de salud, los miembros de las Primeras Naciones son mucho más propensos a sufrir lesiones y padecer diabetes, problemas de salud mental, enfermedades respiratorias, enfermedades del corazón y determinados problemas de salud en los niños. El Gobierno de Alberta ha revisado su Estrategia sobre la salud de los aborígenes, elaborada en 1995, para reducir la diferencia en esta materia entre los aborígenes y la población en general. A continuación figuran algunos ejemplos de programas e iniciativas sobre la salud de los aborígenes de Alberta:
La Iniciativa de servicios móviles de detección de la diabetes en las comunidades aborígenes fuera de las reservas, que ofrece servicios médicos móviles de detección de la diabetes y sus complicaciones a 21 comunidades aborígenes que viven fuera de las reservas y en regiones de difícil acceso, y remite a los pacientes en situación de riesgo a los servicios apropiados de atención de la salud.
La Estrategia para la prevención del suicidio entre los jóvenes aborígenes, cuyos cuatro objetivos principales son: 1) ayudar a las comunidades aborígenes a determinar cuáles son sus puntos fuertes y crear capacidad para prevenir el suicidio entre los jóvenes; 2) apoyar un plan provincial de educación y capacitación; 3) formular una estrategia de sensibilización y educación en asociación con las comunidades para prevenir el suicidio juvenil; y 4) establecer alianzas que fomenten la investigación y la evaluación de programas que sirvan de base para la planificación futura.
34.El Programa de formación y empleo para los aborígenes promueve la creación de asociaciones con las Primeras Naciones, los mestizos y otras comunidades y grupos aborígenes, para facilitar la participación de los aborígenes en proyectos de formación y de empleo. Ofrece a los aborígenes desempleados o subempleados (principalmente los que viven fuera de las reservas) la adquisición de las competencias necesarias para obtener un empleo estable en los sectores en que hay posibilidades de empleo a largo plazo. Mediante asociaciones entre el sector privado, el Gobierno y los pueblos aborígenes se ofrece formación específica de acuerdo con las necesidades de las empresas.
35.En 2008, en el marco de la Iniciativa para la planificación de la fuerza de trabajo de las Primeras Naciones, los mestizos y los inuits, el Gobierno de Alberta estableció un comité parlamentario para asociar a los líderes de las Primeras Naciones, de los mestizos y de otros actos interesados en la articulación de planes de acción en relación con la fuerza de trabajo fundados en la colaboración. El objetivo general de la iniciativa es aumentar la presencia de los aborígenes en el mercado laboral y la economía de Alberta.
36.Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de los Territorios del Noroeste figura un programa específico de prestaciones sanitarias suplementarias en favor de mestizos. El Programa de servicios de salud para los mestizos ofrece servicios de salud adicionales similares a los no incluidos en el seguro pero con una cobertura del 100%.
37.A través del Fideicomiso para Viviendas en el Norte se han concluido acuerdos individuales con las 14 Primeras Naciones del Yukón para resolver la importante y urgente necesidad de vivienda en las comunidades de las Primeras Naciones.
38.En colaboración directa con los Gobiernos de las Primeras Naciones del Yukón, el Gobierno de esta provincia administra el Fondo Fiduciario de la Estrategia del Norte, cuyo propósito es apoyar proyectos estratégicos que sean compatibles con los siete pilares establecidos en el capítulo de la Estrategia del Norte que se refiere a Yukón:
1)Fortalecer la gobernanza, las alianzas y las instituciones;
2)Asentar sobre una base sólida el desarrollo económico sostenible;
3)Proteger el medio ambiente;
4)Promover comunidades sanas y seguras;
5)Reforzar la soberanía, la seguridad nacional y la cooperación circumpolar;
6)Preservar, revitalizar y promover la cultura y la identidad;
7)Desarrollar la ciencia y la investigación sobre las tierras septentrionales.
Restricciones en el disfrute de la tierra por los pueblos aborígenes
39.En el Canadá los pueblos aborígenes pueden poseer tierras a título privado o vivir en ellas. Están sujetos a las mismas restricciones que los demás canadienses en cuanto al disfrute de esas tierras.
40.Los pueblos aborígenes también pueden vivir en reservas indias. Las reservas son extensiones de tierra que el Estado ha reservado para el uso y provecho de los grupos indios. La Ley de asuntos indios contiene un conjunto de normas detalladas sobre los usos permitidos de las reservas. La ley establece que una reserva sólo se puede utilizar en beneficio de un grupo. Para algunos tipos de aprovechamiento de la tierra es necesario contar con la aprobación del grupo, pero no en otros (por ejemplo, la concesión a terceros de permisos de una duración inferior a un año no requiere aprobación). Los ingresos generados por la explotación de las tierras de las reservas deben dedicarse al bienestar del grupo. El grupo únicamente puede ceder sus intereses en una reserva al Gobierno del Canadá. El Gobierno del Canadá puede hacerse cargo, sea directamente o a través de autoridades locales, municipales o provinciales o de empresas, de tierras de una reserva por motivos de utilidad pública sin el consentimiento del grupo. En cuanto a la gestión de los intereses del grupo respecto de las tierras de la reserva, el Gobierno del Canadá tiene el deber fiduciario de actuar en el interés superior del grupo.
41.El Gobierno del Canadá ha tomado medidas para que los grupos puedan controlar mejor el uso de las reservas. Según la Ley de gestión de tierras de las Primeras Naciones los grupos pueden renunciar a aplicar determinados artículos de la Ley de asuntos indios relativos a la gestión de las tierras en las reservas y establecer su propio régimen. En la actualidad, 22 grupos han establecido sus propios códigos de administración de las tierras en virtud de la Ley de gestión de tierras de las Primeras Naciones.
42.Algunos grupos pueden vivir en tierras que han sido reservadas por el Estado, pero que no se consideran reservas según la Ley de asuntos indios. En lo que respecta a la gestión de los intereses del grupo sobre las tierras reservadas, el Gobierno del Canadá tiene también el deber fiduciario de actuar en el interés superior del grupo.
43.Los pueblos aborígenes también pueden vivir en tierras sobre las que han adquirido derechos en virtud de un tratado moderno fruto de negociaciones tripartitas entre el Gobierno federal, los gobiernos territoriales o provinciales y los gobiernos o grupos aborígenes.
44.Algunos grupos aborígenes del Canadá alegan tener derechos de propiedad originario sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado. Dependiendo de las circunstancias, la propiedad sobre las tierras en litigio puede estar actualmente en manos de los gobiernos federal o provincial o de particulares.
45.Varios grupos aborígenes han invocado ante los tribunales derechos originarios ancestrales pero no han podido probarlos. Otros grupos defienden sus reivindicaciones territoriales mediante la negociación. Mientras tanto, los gobiernos no pueden tomar decisiones unilaterales sobre el uso de las tierras de la Corona, que puedan afectar negativamente a los derechos de propiedad de los aborígenes. Los gobiernos están obligados a consultar con los grupos aborígenes y, de ser necesario, atender las necesidades pertinentes de los grupos aborígenes antes de tomar decisiones de este tipo.
46.Si los tribunales consideran fundamentada una reclamación a ese respecto, el derecho de propiedad originario sobre la tierra estará constitucionalmente protegido en virtud del artículo 35 de la Ley constitucional y el grupo aborigen tendrá derecho exclusivo al aprovechamiento y la ocupación de la tierra. Los tribunales han dictaminado que ese derecho está sujeto a límites internos y externos. Respecto de los límites internos, un grupo aborigen no puede utilizar las tierras de manera incompatible con la naturaleza de la relación que el grupo tiene con su tierra. En cuanto a los límites externos, ese derecho de propiedad puede ser modificado o anulado en virtud de normas jurídicas o de decisiones del Gobierno. Para que los tribunales reconozcan la validez de una vulneración del derecho de propiedad los gobiernos deben demostrar que esa vulneración tiene una finalidad válida. En cuanto a las tierras y los recursos, puede ser una finalidad válida el desarrollo y la gestión de los recursos agrícolas, silvícolas y mineros y de la energía hidroeléctrica y la conservación del medio ambiente y la protección de especies en peligro de extinción. Los gobiernos también deben probar que la vulneración del título solicitada está justificada. La justificación dependerá de las circunstancias. En la mayoría de los casos, los gobiernos deberán demostrar que han consultado debidamente al grupo aborigen titular del derecho de propiedad. También puede ser necesario contar con la aprobación del grupo aborigen o alcanzar un acuerdo.
Comisión Real de los Pueblos Aborígenes
47.Como indicó el Canadá en su comparecencia ante el Comité en 2007, el informe final de la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes se publicó en noviembre de 1996. En él se abogaba por el establecimiento de nuevas relaciones entre el Estado y la población aborigen atendiendo a cuatro principios —el reconocimiento mutuo, el respeto mutuo, el aprovechamiento compartido y la responsabilidad mutua— y se determinaban los cuatro pilares sobre los que debía basarse la nueva relación: los tratados, la gobernanza, las tierras y los recursos y el desarrollo económico.
48.Aunque las conclusiones de la Comisión Real no tienen fuerza de obligar, el informe final contiene 440 recomendaciones, de las que 357 afectan directa o indirectamente al Gobierno federal y 83 con otras instancias (por ejemplo, las provincias, los territorios, las Primeras Naciones y otras instituciones).
49.En 1998, en respuesta a la enorme cantidad de recomendaciones contenidas en el informe final de la referida Comisión, el Gobierno del Canadá elaboró un ambicioso programa político a largo plazo para mejorar la calidad de vida de los pueblos aborígenes y promover su autosuficiencia. De acuerdo con los principios subyacentes del informe y de las recomendaciones, la respuesta del Canadá a la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes se presenta en el documento titulado Cobrando Fuerzas: Plan de acción aborigen del Canadá. El plan de acción se centra en los elementos siguientes: renovación de las alianzas, fortalecimiento de la gobernanza, establecimiento de nuevas relaciones financieras y apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, las personas y la economía. Este plan de acción ya ha puesto en práctica muchas de las recomendaciones de la Comisión Real de los Pueblos Aborígenes.
III.Recomendaciones contenidas en el párrafo 22
En consonancia con el reconocimiento por el Estado parte del derecho natural de los pueblos aborígenes a la autonomía, en virtud del artículo 35 de la Ley constitucional de 1982, el Comité recomienda que el Estado parte vele por que los nuevos criterios que se adopten para la resolver las reivindicaciones territoriales de los aborígenes no restrinjan indebidamente el desarrollo gradual de sus derechos. El Comité insta al Estado parte a que, siempre que sea posible, inicie de buena fe negociaciones basadas en el reconocimiento y la reconciliación, y reitera su recomendación anterior de que el Estado parte estudie las formas de facilitar el establecimiento de pruebas de los títulos de propiedad de la tierra de los aborígenes en los procedimientos ante los tribunales. Los tratados celebrados con las Primeras Naciones deberían estipular la realización de exámenes periódicos, entre otros por terceros, siempre que sea posible.
Reivindicaciones sobre las tierras de los aborígenes
50.El Canadá trata constantemente de mejorar los procedimientos aplicables a las reclamaciones sobre las tierras, cuyo objetivo no es restringir el desarrollo gradual de los derechos de los aborígenes, sino conciliar los distintos intereses de una manera que permita la convivencia ordenada entre canadienses aborígenes y no aborígenes.
51.El Gobierno del Canadá considera que la negociación es la mejor forma de que los grupos aborígenes y los gobiernos de las provincias y territorios consideren opciones pragmáticas y viables que respondan a las diferentes necesidades presentes a lo largo del país. Observando que en las negociaciones de los tratados modernos interviene gran diversidad de sujetos y se plantean muchas cuestiones complejas, que hacen largo el proceso y que hasta el presente se han celebrado 22 tratados modernos, se estableció por ley un tribunal específico e independiente de reclamaciones que en 2008-2009 examinó 117 reclamaciones gracias a la eficacia del procedimiento.
52.En 2008, el Gobierno del Canadá concertó tres acuerdos finales con siete Primeras Naciones en la Columbia Británica (uno de estos acuerdos finales se extiende a cinco Primeras Naciones) y los inuits de Quebec septentrional. El Gobierno del Canadá también llegó a acuerdos finales en la Columbia Británica con las Primeras Naciones Maa-nulth, Tsawwassen y Lheidli T'enneh. El acuerdo con los maanulth recibió la sanción real el 19 de junio de 2009 y el firmado con los twawwasen entró en vigor el 3 de abril de 2009. Se trata de los primeros acuerdos del conjunto de los negociados en la Columbia Británica; el proceso negociador se concluyó en 12 años, 3 menos que la media actual.
53.En diciembre de 2006, el Gobierno firmó un acuerdo final con la Corporación Makivik, que representa a los inuits nunavik de Quebec septentrional. Este acuerdo contempla algunas cuestiones pendientes del Acuerdo de Quebec septentrional y de la James Bay a propósito de las aguas adyacentes, y fue aprobado por el 78% de los votantes. La ley que contiene el Acuerdo sobre las tierras reclamadas por los inuits nunavik recibió la sanción real el 14 de febrero de 2008.
54.En la Isla del Príncipe Eduardo, el Gobierno ha intentado conciliar las necesidades de los mi'kmaq de tierras por imperativos económicos y sociales con la responsabilidad de administrar el territorio de la provincia en el beneficio de todos los habitantes. La provincia ha entregado tierras de propiedad pública en régimen de dominio pleno a los mi'kmaq no residentes en las reservas, representados por el Consejo Nativo de la Isla del Príncipe Eduardo, tal y como habían solicitado.
55.En junio de 2007, la provincia de Nueva Escocia, los mi'kmaq de Nueva Escocia y el Gobierno del Canadá acordaron poner en marcha un proceso de consultas durante un año (Consultation Terms of Reference). El contenido de la consulta se preparó en el marco del Acuerdo General (Umbrella Agreement) de 2002, con el objetivo de determinar la necesidad y el procedimiento de consulta por parte de los gobiernos con los mi'kmaq de Nueva Escocia.
56.También en junio de 2007, el Gobierno de Nueva Escocia elaboró unos Principios provisionales para la consulta con los pueblos aborígenes. Estos Principios se elaboraron merced a la colaboración entre distintos departamentos, y están concebidos como algo provisional, ya que luego se articularán principios más estables y generales. Estos Principios provisionales encajan en el proceso de consulta, pero no se aplican a las cuestiones no relacionadas con reivindicaciones de derechos fundados en tratados u otros títulos, originarios o no de los aborígenes.
57.El 23 de febrero de 2007, Nueva Escocia, el Gobierno del Canadá y la Asamblea de los Jefes mi'kmaq de Nueva Escocia elaboraron un acuerdo marco que establece el itinerario de las negociaciones sobre los derechos de los aborígenes de Nueva Escocia, tanto originarios como derivados de tratados y contiene una lista de posibles temas de negociación (hay una versión electrónica de estos documentos en http://www.gov.ns/ca/abor/).
58.Desde octubre de 2003, el Gobierno de Ontario ha resuelto cinco reclamaciones sobre tierras. Antes de 2003, la provincia firmó 17 acuerdos de solución de reclamaciones sobre tierras o de cuestiones relacionadas con las tierras. En este momento Ontario examina las recomendaciones formuladas por el magistrado Linden en su informe final sobre la cuestión Ipperwash y contempla una serie de reformas en el procedimiento relativo a las reclamaciones sobre tierras en Ontario. Asimismo, está examinando la propuesta del Gobierno del Canadá de crear un tribunal específico para estas reclamaciones y su aplicación por la provincia en el marco propuesto.
59.El reconocimiento por parte de Quebec de los derechos de los aborígenes sobre la tierra es el eje de las negociaciones con las Primeras Naciones de la provincia, sobre todo con los innus para el Acuerdo de principio de orden general entre las Primeras Naciones de Mamuitun y de Nutashkuan y el Gobierno de Quebec y el Gobierno del Canadá.
60.En general, las Primeras Naciones en Manitoba no pretenden negociar tratados porque ya son parte en los tratados históricos. Los acuerdos alcanzados coexisten con los tratados históricos en vigor y su finalidad no es revisar o volver sobre los derechos reconocidos en los tratados. Un ejemplo significativo es el Acuerdo Marco sobre los derechos a la tierra derivados de tratados (firmado en 1997), que contempla las disposiciones de los tratados que establecen derechos sobre la tierra sobre una base per cápita e incluye principios para elegir tierras que permitan resolver la situación derivada del incumplimiento de las disposiciones convencionales. Sin embargo, el Gobierno de Manitoba ha participado también en las negociaciones sobre reclamaciones junto con el Gobierno del Canadá y las Primeras Naciones u otros grupos aborígenes, particularmente las relativas a los derechos sobre las tierras de origen convencional y a los efectos de la construcción de centrales hidroeléctricas. Las negociaciones han concluido muy satisfactoriamente y, en su mayoría, se han traducido en acuerdos que contemplan a todas las partes.
61.En el Yukón, 11 de las 14 Primeras Naciones han firmado acuerdos generales sobre reclamaciones de tierras. Las otras tres (White River, Liard y Ross River Dena Council) han declarado que en este momento no están interesadas en un acuerdo basado en el modelo de Acuerdo Marco Final. Un enviado federal se reunió con estas tres Primeras Naciones para ver si se puede llegar a un acuerdo y cómo. Asimismo, fueron consultadas por el Gobierno del Yukón acerca de la posibilidad de prorrogar las medidas de protección provisionales que protegen las tierras ya seleccionadas, hasta que se firme un acuerdo sobre reclamaciones de tierras. En esa ocasión se acordó prorrogar las medidas de protección provisionales por un período de cinco años.
Pruebas del derecho de propiedad de los aborígenes sobre la tierra
62.En el Canadá se ha adoptado una serie de criterios que, junto a la evolución de la jurisprudencia, que contribuyen a dar más agilidad al examen de litigios originados por complicadas reclamaciones fundadas en derechos de propiedad originarios, de manera que estos litigios no supongan un costo desproporcionado para las comunidades aborígenes u otras partes en los mismos. Las particularidades principales son las siguientes.
Alegaciones
63.Siempre que sea posible y desde una etapa temprana, el Abogado del Estado debe tratar de ponerse de acuerdo con la parte contraria para perfilar las cuestiones en litigio, declarar probados ciertos hechos sobre la base de pruebas e información adecuadas e intentar resolver las reclamaciones cuando hay base jurídica para ello. Gran parte de los casos de titularidad originaria se presentan en la Columbia Británica y el Gobierno del Canadá está dispuesto a reunirse con representantes de las Primeras Naciones y funcionarios de la provincia para debatir sobre las posibles maneras de agilizar los procedimientos. Por su parte, el Gobierno de la Columbia Británica ha mostrado una voluntad creciente de examinar los problemas de legitimación, derecho y título caso por caso.
La tradición oral como prueba
64.En lo que concierne a los derechos y títulos originarios de los aborígenes, los tribunales del Canadá han reconocido la necesidad de aplicar de forma flexible las reglas tradicionales en materia probatoria. Por ejemplo, la tradición oral como prueba, que es una singularidad procesal aborigen, está aceptada por los tribunales canadienses como fuente probatoria válida. El Departamento Federal de Justicia sigue examinando en el plano interno y junto con las partes interesadas cuestiones como la licitud y la manera de invocar la tradición oral antes y durante el juicio, la mejor manera de preservar el testimonio de los mayores y de presentarlo durante el juicio y su valoración por parte del órgano juzgador. La Asesoría Jurídica del Gobierno del Canadá presentó en febrero de 2008 un análisis de estas cuestiones al Tribunal Federal (Federal Court Bench), así como al Colegio de Abogados Indígenas y al Colegio de Abogados del Canadá, Sección Derecho Aborigen.
Financiación
65.El Programa federal de financiación de las acciones constitutivas en asuntos indígenas ayuda económicamente a los demandantes aborígenes a acudir ante los tribunales canadienses. Si se cumplen los requisitos establecidos en el Programa, se financian los gastos de asistencia jurídica y otros gastos legales asociados a asuntos que afectan a los indígenas y que pueden convertirse en precedentes judiciales. Además, en algunos casos en que se ventilaban derechos originarios de los aborígenes, los tribunales canadienses impusieron por anticipado a la Corona el pago de las costas, es decir, que la Corona tuvo que financiar los gastos derivados de la tramitación de las reclamaciones de las Primeras Naciones.
Consultas antes del trámite probatorio
66.Según los tribunales del Canadá, la Corona (tanto a nivel federal como provincial) está obligada a consultar con los grupos aborígenes y, en su caso, a tener en cuenta sus intereses en los casos en que la Corona tenga conocimiento de la posible existencia de derechos o títulos originarios de los aborígenes, y prevea actuar de forma que pueda afectar desfavorablemente a esos posibles derechos. Con ello se amplía la tutela judicial de los aborígenes contra los actos de la Corona, incluso antes de probar los derechos y títulos que invocan.
Información complementaria solicitada por el Comité
67.Por cartas de 15 de agosto de 2008 y 13 de marzo de 2009, el Comité solicitó al Canadá que proporcionara en su informe provisional más indicaciones sobre una serie de situaciones que afectaban a las comunidades aborígenes de Alberta, la Columbia Británica y Ontario. Así pues, el Canadá incluyó la información solicitada en su informe periódico. Si bien la petición de información tiene su origen en los elementos suministrados al Grupo de trabajo sobre alerta temprana y acción urgente del Comité, el hecho de que el Canadá facilite esta información no quiere en absoluto decir que acepte el Procedimiento de alerta temprana y acción urgente como marco apropiado para el examen de estas situaciones. Además, el Comité sabe que el Canadá no ha firmado la declaración prevista en el artículo 14 de la Convención y no reconoce la competencia del Comité para recibir o examinar denuncias de individuos o grupos de individuos.
Grupo del Lago Lubicon (Alberta)
68.El Comité de Derechos Humanos ya examinó en detalle (1990 y 2006) tanto el título invocado por la Primera Nación del Lago Lubicon como la actuación del Canadá tras dicha reclamación; de ella se está ocupando en este momento el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. El Canadá ya ha proporcionado información detallada a ambos mecanismos, e incluso una respuesta al Relator Especial en junio de 2009. A continuación figura un resumen de las gestiones que se están realizando para encontrar una solución negociada a la reclamación.
69.El Gobierno del Canadá y la Provincia de Alberta han estado inmersos durante años en negociaciones con la Nación del Lago Lubicon a propósito de la reclamación de un área conocida como la lágrima (tear drop). Los Gobiernos del Canadá y Alberta entienden que el área en cuestión está comprendida en los términos del Tratado Nº 8, y fue cedida y transferida a la Corona a cambio de una serie de derechos proscritos en el tratado, por ejemplo, el derecho de caza, pesca y tender trampas en el territorio contemplado en el Tratado Nº 8 y a cierta superficie de tierra a título de reserva.
70.En el año 2003 se había llegado a un acuerdo sustancial sobre muchos aspectos de la reclamación de la Nación del Lago Lubicon, en particular, la ubicación y la superficie de la reserva contemplada y detalles para construir una nueva comunidad en el Lago Lubicon. Sin embargo, dicha Nación rechazó el autogobierno y la indemnización propuestos, lo que finalmente llevó a la ruptura de las negociaciones. El Gobierno del Canadá realizó otra oferta en 2006, que también rechazó la Nación del Lago Lubicon.
71.Los Gobiernos del Canadá y Alberta siguen tratando de negociar con dicha Nación. Además, la Provincia de Alberta, de la que dependen los terrenos y los recursos situados dentro de su territorio, sigue prohibiendo la exploración y explotación de nuevos recursos, en particular la extracción de petróleo y gas dentro del territorio contemplado para las reservas y el Gobierno sigue adoptando medidas positivas para mejorar la vivienda y las condiciones de vida de la Nación del Lago Lubicon.
72.Desde febrero de 2007, el Gobierno del Canadá ha explorado junto con esta Nación la posibilidad de nombrar, con el acuerdo de esta, un representante especial que determinaría si existe margen de negociación y flexibilidad en los mandatos de las partes. La Nación del Lago Lubicon ha rechazado esta propuesta. Los Gobiernos del Canadá y Alberta están preparados y dispuestos a reanudar las negociaciones en todo momento si la Nación desea volver a la mesa de negociación.
Estado de las gestiones relativas a la construcción del gasoducto
73.El proyectado gasoducto North Central Corridor (NCC), de la empresa privada TransCanada y su filial de propiedad total NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL), atraviesa tanto territorio de dominio público provincial como territorio de propiedad privada. El trazado del gasoducto NCC es paralelo en el 75% de su recorrido a otros gasoductos ya existentes. El trazado propuesto no pasa cerca de los asentamientos de la Nación del Lago Lubicon ni cruzaría la tierra de la reserva contemplada.
74.En octubre de 2008, la Alberta Utilities Commission (AUC), un organismo regulador provincial, aprobó el proyecto del gasoducto NCC. La Nación del Lago Lubicon fue consultada con anterioridad y tuvo también varias oportunidades de expresar sus puntos de vista directamente a TransCanada/NGTL, la Provincia de Alberta y la AUC. La citada Nación participó en las consultas pero no proporcionó detalles sobre sus presuntos derechos en relación con el proyectado gasoducto, ni tampoco sobre la naturaleza de esos derechos o los posibles efectos que el gasoducto podría tener sobre esos derechos. En abril de 2008, la AUC se declaró dispuesta a recibir información adicional de la Nación del Lago Lubicon, pero ninguna otra información llegó a su conocimiento. La Nación interesada tampoco promovió ningún recurso ante los tribunales contra la decisión de la AUC.
75.En abril de 2009, el proyecto pasó a depender de la Junta Nacional de Energía, organismo regulador del Gobierno del Canadá. Como consecuencia de este cambio, el Gobierno entiende que TransCanada ha de efectuar otra consulta pública y un programa de información que incluirá a las comunidades aborígenes. Asimismo, los Gobiernos del Canadá y Alberta entienden que TransCanada y su filial NGTL siguen decididos a proseguir las conversaciones con la Nación del Lago Lubicon sobre las inquietudes y las oportunidades de desarrollo económico que pueden surgir del proyecto de gasoducto NCC.
Primera Nación Tsawwassen/Primera Nación Lheidli Tenne'h/Primera Nación Xaxli'p/Primera Nación Southern Secwepemc (Columbia Británica)
76.El Comité ha solicitado información sobre los niveles de justicia y transparencia de las negociaciones realizadas en el marco de la Comisión de los Tratados de la Columbia Británica para resolver las reclamaciones de la Primera Nación Tsawwassen, la Primera Nación Lheidli Tenne'h y la Primera Nación Xaxli'p. El Comité también ha pedido información acerca de la estación de esquí Sun Peaks, proyecto que, según algunos, no cuenta con la debida participación de las comunidades aborígenes de los alrededores. Los terrenos y las actividades en cuestión se hallan dentro del territorio de la Columbia Británica.
Tratado con la Nación Tsawwassen
77.El 25 de julio de 2007, el tratado con la Primera Nación Tsawwassen fue ratificado por votación democrática realizada entre sus miembros. De los 187 votantes inscritos, 130 votaron a favor (aproximadamente un 70%). El Acuerdo Final fue ratificado por el Parlamento de la Provincia de la Columbia Británica el 7 de noviembre de 2007 y por el Parlamento del Canadá, recibiendo la sanción real el 26 de junio de 2008. El tratado entró en vigor el 3 de abril de 2009.
78.Los acuerdos celebrados en el marco del Proceso de Tratados de la Columbia Británica reconocen y confirman los derechos de los aborígenes, particularmente los títulos originarios, de la Primera Nación y prevén su pervivencia con las modificaciones introducidas por el tratado. Todos los derechos recogidos en el tratado están garantizados por la Constitución en virtud del artículo 35 de la Constitución del Canadá. Estas cuestiones están reflejadas en el Acuerdo Final con la Primera Nación Tsawwassen.
79.Antes de la votación efectuada por la Primera Nación Tsawwassen sobre la ratificación del Acuerdo Final, la Provincia de la Columbia Británica entregó una suma a los tsawwassen para cubrir los gastos resultantes del procedimiento democrático de ratificación. Tras la ratificación, el Consejo de la Primera Nación Tsawwassen, por iniciativa propia, abonó a sus miembros mayores de 60 años 15.000 dólares canadienses ("prima a la tercera edad"). Gracias a esta suma, pagada con cargo a la cantidad donada por la provincia y de acuerdo con otros tratados modernos ratificados por el Canadá, las personas mayores que, dada su edad no pueden disfrutar de los futuros beneficios económicos del Tratado de Tsawwassen pueden obtener una ventaja inmediata. Salvo el número reducido de personas que percibieron esta suma ningún votante de la Primera Nación de Tsawwassen recibió compensación económica, ni del Gobierno, ni de la Primera Nación.
Acuerdo Final de la Primera Nación Lheidli Tenne'h
80.El 29 de octubre de 2006, la Primera Nación Lheidli Tenne'h y los Gobiernos del Canadá y la Columbia Británica rubricaron el Acuerdo Final de la Primera Nación Lheidli Tenne'h (el "Tratado Lheidli Tenne'h"). Sin embargo, el 30 de marzo de 2007, los miembros de la Primera Nación Lheidli Tenne'h votaron en contra de su ratificación (111 a favor, 123 en contra). De los 273 votantes inscritos, votaron 234.
81.Posteriormente, los jefes de los Lheidli Tenne'h han expresado interés en que la comunidad inicie una reflexión acerca de sus objetivos en lo que concierne al Tratado. Los Lheidli Tenne'h han comenzado un proceso de reflexión colectiva con la finalidad de redactar antes de diciembre de 2009 un informe con recomendaciones para los miembros. En la actualidad, un miembro de la Primera Nación Lheidli Tenne'h está consultando con otros miembros de la Nación para averiguar el interés de celebrar un referéndum sobre la conveniencia de que los Lheidli Tenne'h procedan a una segunda votación acerca de la ratificación del Tratado. Si la iniciativa recibe apoyo suficiente, el referéndum se celebraría en diciembre de 2009. Los Gobiernos del Canadá y la Columbia Británica también han solicitado que se celebre un referéndum antes de proceder a una eventual segunda votación sobre la ratificación.
Primera Nación Xaxli'p
82.Las Primeras Naciones participantes en el Proceso de Tratados de la Columbia Británica tienen la posibilidad de aceptar dinero en forma de préstamos para favorecer su participación en la negociación voluntaria de tratados. Las Primeras Naciones que deciden aceptar los préstamos, firman contratos para devolver el dinero cuando venza el préstamo o cuando se celebre el tratado. La Primera Nación Xaxli'p recibió un préstamo para participar en el Proceso de Tratados de la Columbia Británica. En 2001, los xaxli'p se retiraron de las negociaciones y, en noviembre de 2006, venció el préstamo. El Gobierno del Canadá ofreció renovar el plazo, pero la Primera Nación Xaxli'p lo rechazó.
83.En 2008, el Gobierno del Canadá se dirigió por escrito a la Primera Nación Xaxli'p, informando que el Gobierno federal había dejado en suspenso la obligación de devolver el préstamo. El Gobierno del Canadá no hace ninguna gestión para recuperar el dinero prestado a la Primera Nación Xaxli'p para que participara en el Proceso de Tratados de la Columbia Británica.
Primera Nación Southern Secwepemc
84.La estación de esquí de Sun Peaks está situada en la parte centromeridional de la Columbia Británica y no tiene en absoluto ninguna relación con los Juegos Olímpicos de Vancouver en 2010. Sun Peaks ha colaborado con resultado positivo con los grupos aborígenes, por ejemplo en proyectos conjuntos de promoción inmobiliaria tanto con los indios Little Shuswap como con los Whispering Pines. Ambos grupos pertenecen a la Nación Secwepemc. Además, la estación de esquí de Sun Peaks ha recibido el certificado de conformidad con la norma ISO 14001, que evalúa las políticas y prácticas en materia medioambiental de la estación. Fue la primera estación de esquí de América del Norte que recibió este certificado.
85.En otoño de 2000, un reducido número de miembros de los indios Adams Lake y los Neskonlith establecieron un campamento de protesta en la estación de esquí de Sun Peaks, alegando que la zona es territorio tradicional. Tampoco en este caso las protestas estaban relacionadas con el triunfo de la candidatura del Canadá a las Olimpiadas de Invierno de 2010. La estación no tomó ninguna medida contra el campamento hasta el 28 de junio de 2001, en cuya fecha intimó por carta a los manifestantes a que levantaran el campamento antes del 6 de julio de 2001. Todos los manifestantes partieron de forma voluntaria, salvo tres, contra los cuales Sun Peaks obtuvo de un juez civil una orden para que abandonaran el lugar el 18 de julio de 2001, pero señaló que podían efectuar actividades de protesta en otros lugares. Los manifestantes que optaron por permanecer en el campamento fueron inicialmente detenidos, pero luego fueron absueltos de todos los cargos.
86.Posteriormente, los manifestantes instalaron sendas barricadas el 24 de agosto de 2001 y el 28 de diciembre de 2001 ("las barricadas de 2001"). Ambas fueron instaladas en la principal carretera de acceso al pueblo de Sun Peaks. Los manifestantes cerraron el paso, impidiendo completamente el tránsito por dicha carretera. Las barricadas estaban formadas por hogueras, palés, postes, y por los propios manifestantes. En total, solo cuatro personas fueron acusadas de intimidación y daños. A pesar de que los cuatro manifestantes fueron condenados, ninguno de ellos ingresó en prisión.
87.Existen numerosos ejemplos de decisiones jurisdiccionales favorables para las Primeras Naciones, fundadas en derechos originarios invocados y en los que se subordinan actividades de promoción pero no probados y de actividades exitosas tanto de desarrollo como de inmobiliario y de otro carácter a consultas y a un encaje razonable de derechos invocados por los aborígenes. Los autores de las protestas ante la estación de esquí de Sun Peaks prefirieron no invocar derechos protegidos por la Constitución por la vía judicial o por conducto de los jefes de las Primeras Naciones, sino actuar por la vía extrajudicial. Las protestas no contaron con el patrocinio de los grupos del Adams Lake ni de los Neskonlith, ni de la Nación Secwepemc.
88.La Columbia Británica y el Canadá respetarán su obligación de consultar y, en su caso, de llegar a un acuerdo con los grupos aborígenes que reclamen derechos protegidos por la Constitución.
Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Ontario)
89.El Comité pidió información sobre las denuncias presentadas por la comunidad Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI), alegando que las tierras que tradicionalmente han venido utilizando están siendo privatizadas sin su consentimiento en favor de empresas energéticas y mineras. El Comité también desea obtener información sobre las detenciones de varios miembros de la comunidad KI que se oponen a la privatización. Las tierras y los hechos referidos caen bajo la jurisdicción de la Provincia de Ontario, en el centro del Canadá.
90.En 1929, la comunidad KI (que formaba parte de la Primera Nación del Big Trout Lake) firmó un instrumento de adhesión al Tratado Nº 9, celebrado por la Corona y una serie de Primeras Naciones en 1905 y 1906. En virtud de ese Tratado, la comunidad KI cedió el título originario de las tierras que tradicionalmente utilizaba y estas pasaron a ser de titularidad pública bajo la jurisdicción y dominio de la Provincia de Ontario. A cambio, el Gobierno del Canadá creó una reserva para la comunidad KI, además de reconocerle el derecho a seguir desarrollando sus actividades tradicionales de aprovechamiento de las tierras cedidas, como la caza, tanto la ordinaria como con trampas, y la pesca. Con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, esas actividades están "sujetas a los reglamentos que pudiere eventualmente promulgar el Gobierno del país en nombre de Su Majestad", y exceptuando "los terrenos que pudieren ser señalados o expropiados para colonización, explotación minera o forestal, comercio u otros fines". Uno de los fines previstos en las leyes de Ontario es la expropiación de tierras para exploración de recursos mineros por empresas que trabajan en la provincia.
91.Las cuestiones que motivaron el envío de la carta de la comunidad KI al Comité están relacionadas con trabajos de exploración mineral de la empresa Platinex Inc. (Platinex), que es titular de concesiones y arrendamientos que cubren un área aproximada de 19 km2 de los cerca de 23.000 km2 que tiene lo que la comunidad KI considera su territorio tradicional, que fue cedido en virtud del Tratado Nº 9. Esos 19 km2 no se encuentran dentro de los límites de ninguna reserva de las Primeras Naciones, sino en tierras de dominio público de la provincia. Con arreglo a la Ley de minas de Ontario, la compañía Platinex solo puede llevar a cabo la exploración de recursos mineros en la zona estipulada en los contratos de arrendamiento y de concesión. Estas actividades no constituyen privatización de estas tierras de dominio público (pues su titularidad sigue siendo de la provincia), ni tampoco expulsan a la comunidad KI de su reserva. Las actividades de exploración de Platinex no se realizan ni está previsto que se lleven a cabo en tierra de la comunidad de KI.
92.En 2006, Platinex presentó una demanda contra la comunidad KI por los perjuicios causados por la oposición de esta a las proyectadas actividades de exploración limitada en tierra fuera de la reserva. La comunidad KI contestó con una reconvención instando del juez una orden de paralización provisional de las actividades de Platinex. En julio de 2006, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Ontario dictó una orden de protección provisional en favor de la comunidad KI en el sentido solicitado. En mayo de 2007, Platinex obtuvo del mismo juez una resolución que le autorizaba a reanudar sus actividades de exploración bajo la supervisión del tribunal. La resolución proveía también la celebración de consultas, supervisadas por el tribunal, entre la Provincia de Ontario, Platinex y la comunidad KI. Tras examinar todos los posibles efectos negativos de la exploración minera en esas tierras, en las actividades de aprovechamiento de los KI previstas en el Tratado Nº 9 y en la comunidad y la cultura KI, el tribunal estimó que no había pruebas concluyentes de posibles perjuicios.
93.En octubre de 2007, Platinex obtuvo del tribunal una nueva decisión que le autorizaba a realizar un reconocimiento arqueológico previo a fin de descubrir posibles emplazamientos de interés cultural en dicha zona antes de proceder a tomar catas del terreno. En la decisión judicial se prohibía explícitamente a los miembros de la comunidad KI interferir en las actividades previstas por Platinex. A pesar de la decisión judicial, algunos miembros de la comunidad KI impidieron que Platinex pudiese llevar a cabo la investigación arqueológica al organizar una protesta en la pista de aterrizaje de la comunidad y amenazar a la empresa con impedir el acceso a los terrenos de la exploración. No se practicaron detenciones, pero Platinex instó entonces del tribunal una resolución que declarase a los manifestantes reos de desobediencia de la decisión del tribunal de octubre de 2007. Dicha instancia se sustanció en diciembre de 2007 y los miembros de la comunidad KI admitieron que habían desobedecido la orden del tribunal. Seis individuos de la misma fueron después condenados por desobediencia a seis meses de prisión. Los interesados recurrieron la sentencia sin oposición por parte de la Provincia de Ontario. En la vista del recurso, la Provincia de Ontario hizo también suya la petición de liberación anticipada de los penados, que fueron efectivamente puestos en libertad después de cumplir cerca de dos de los seis meses de prisión a que habían sido condenados.
94.La posición del Gobierno de Ontario en el juicio fue que, según los tribunales canadienses, la reconciliación era el mecanismo más adecuado para promover y conseguir la plena participación de los pueblos indígenas en una soberanía canadiense compartida. Se consideró que las consultas y, en su caso, la flexibilidad, eran el mejor medio de promover el diálogo y llegar a un acuerdo para encontrar una solución. El Tribunal de Apelación confirmó esta manera de ver y destacó que la controversia entre la comunidad KI y la empresa Platinex solo podía resolverse mediante la negociación. A tal fin, Ontario prosigue sus esfuerzos para facilitar la solución de esta controversia.
95.El Gobierno de Ontario adoptó medidas activas para velar por que las actividades mineras que se realizan en la provincia no vayan en detrimento de los derechos de los aborígenes, tanto los recogidos en los tratados, como los derechos originarios amparados por la Constitución. El 30 de abril de 2009, el Gobierno de Ontario remitió a la Asamblea Legislativa de la provincia el proyecto de ley Nº 173, por el que se modifica la Ley de minas. Entre las principales disposiciones del proyecto de ley destaca la obligación de notificar a las comunidades indígenas las actividades y concesiones de exploración de las empresas mineras, los imperativos de consulta y flexibilidad, así como un proceso de solución de controversias relativo a las consultas con los aborígenes.
96.Como se señaló anteriormente, los tribunales de Ontario han tenido debidamente en cuenta los derechos de los KI amparados por la Constitución, tanto los de carácter convencional como los originarios, así como la obligación de consultar y dar cabida a esos derechos.
Otras iniciativas
97.Asimismo, quisiéramos destacar en el presente informe dos importantes iniciativas en relación con los pueblos indígenas: el proyecto de ley Nº C-30 (Ley que crea el Tribunal de reclamaciones específicas) y el Acuerdo de resolución del problema de los internados indios.
Proyecto de ley Nº C-30 (Ley que crea el Tribunal de reclamaciones específicas)
98.El Gobierno del Canadá reconoce que no siempre ha cumplido sus obligaciones en relación con las Primeras Naciones y el proceso de reclamaciones específicas está concebido para satisfacer esos agravios. En la declaración federal de principios titulada "Asuntos pendientes" se exponen cuatro condiciones que dan lugar a una obligación jurídica: el incumplimiento de un tratado o acuerdo entre las Primeras Naciones y la Corona, el incumplimiento de una obligación resultante de la Ley de los indios u otras leyes relativas a las Primeras Naciones y a los reglamentos de aplicación de las mismas, el incumplimiento de una obligación asociada a la administración por el Estado de fondos u otros bienes indios o un acto ilegal de disposición de tierras de las Primeras Naciones. Los dos otros supuestos en que el Estado estaría dispuesto a negociar son: la ausencia de indemnización por las tierras de las reservas arrebatadas o dañadas por el Gobierno federal o alguno de sus organismos o la presencia de fraude en la adquisición o transacción de tierras de las reservas indígenas cometido por sus funcionarios.
99.La creación de un tribunal de reclamaciones específicas facultado para adoptar decisiones vinculantes era uno de los cuatro pilares del plan de "Justicia al fin: el Plan canadiense de acción sobre las reclamaciones específicas, que se dio a conocer el 12 de junio de 2007. Los otros componentes del plan son: los fondos dedicados a atender reclamaciones específicas, agilizar la tramitación de las reclamaciones y mejorar el acceso a la mediación para ayudar a las partes a llegar a acuerdos por vía de negociación. Estos cuatro pilares están cambiando fundamentalmente la forma en que se resuelven las reclamaciones específicas; el resultado final será un procedimiento más ágil, más justo y más transparente.
100.El 27 de noviembre de 2007, el Gobierno del Canadá presentó el proyecto de ley Nº C-30 (Ley que crea el Tribunal de reclamaciones específicas), que fue aprobado por el Senado el 12 de junio de 2008 y recibió la sanción real el 18 de junio de 2008.
101.En virtud de esa ley, cuyo proyecto (C-30) había sido redactado en colaboración con la Asamblea de las Primeras Naciones, se crea un tribunal, integrado por magistrados del Tribunal Superior, con competencias para dictar resoluciones definitivas acerca de reclamaciones específicas cuya negociación no haya sido aceptada o que, habiéndolo sido, no han sido resueltas en el plazo establecido en la ley.
102.Las Primeras Naciones pueden presentar sus reclamaciones ante el tribunal en tres supuestos: primero, cuando no se ha aceptado la negociación de la reclamación, incluidas las reclamaciones que se "consideran rechazadas" por haber transcurrido tres años sin que las Primeras Naciones hayan recibido respuesta sobre la admisión o inadmisión de la reclamación para negociación; segundo, en cualquier momento durante el proceso de negociación, con el consentimiento del Ministro; y, tercero, transcurridos tres años de negociaciones, sin necesidad del consentimiento del Ministro. El Tribunal determinará la indemnización que proceda en el caso de las reclamaciones válidas de conformidad con la legislación y los principios jurídicos aplicados por los tribunales. Aunque el Tribunal pueda conocer de todo tipo de reclamaciones específicas, incluidas las referentes a tierras, sólo podrá conceder indemnizaciones pecuniarias.
Acuerdo de resolución del problema de los internados indios
103.La resolución de la mayor demanda colectiva en la historia del Canadá, es decir, el Acuerdo de resolución del problema de los internados indios, interpuesta por la vía civil, fue refrendado por el tribunal el 21 de marzo de 2007, con el asentimiento de todos los interesados: el Gobierno del Canadá, el abogado de los antiguos alumnos, las iglesias, la Asamblea de las Primeras Naciones y los representantes de los inuits. La aplicación se inició el 19 de septiembre de 2007. A continuación se exponen las características más destacadas:
Cada antiguo alumno de un internado indio reconocido percibirá una suma en concepto de la experiencia común (PAC) (1.900 millones de dólares destinados a este fin). En enero de 2008, se habían recibido unas 86.000 solicitudes. Hasta la fecha se han tramitado más de las dos terceras partes y se han efectuado pagos por cerca de 1.000 millones de dólares.
El Proceso de evaluación independiente (IAP) de reclamaciones por sevicias graves o abusos sexuales ha recibido una consignación de 960 millones de dólares.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación oirá a los supervivientes e informará a la ciudadanía canadiense de lo sucedido en los establecimientos donde fueron internados niños de las Primeras Naciones, inuits y mestizos, así como de las secuelas perdurables que dejó su paso por esos internados.
Actividades conmemorativas: se han asignado 20 millones de dólares durante cinco años con el fin de apoyar las actividades para la recuperación de la memoria histórica en relación con los internados.
Medidas de apoyo terapéuticos como el Programa de protección de la salud de las víctimas de los internados y una donación en metálico a la Fundación de Protección de la Salud de los Aborígenes.
104.El Acuerdo analizado constituye un punto de inflexión histórico en las relaciones entre los pueblos aborígenes del Canadá, las iglesias y el Gobierno del Canadá. Constituye un excelente ejemplo de cooperación para resolver en el honor agravios de larga data.
105.El 11 de junio de 2008 el Gobierno del Canadá presentó sus disculpas a los antiguos alumnos de los internados indios. Estas disculpas fueron completas y además respaldadas por declaraciones de todos los dirigentes de los partidos de oposición en la Cámara de los Comunes. Los dirigentes indígenas asistieron e intervinieron en dicha sesión. Al presentar las disculpas, se reconoció el sufrimiento de los antiguos alumnos de los internados y de sus familias, así como su efecto perdurable en las comunidades indígenas, su cultura y su patrimonio. Las disculpas fueron bien acogidas por los dirigentes aborígenes y muchos antiguos alumnos aún con vida, disculpas que, junto con las importantes medidas reparadoras previstas en el Acuerdo, son una prueba de la voluntad sincera de todas las partes de asentar las relaciones sobre nuevas bases.
III.Recomendación formulada en el párrafo 26
El Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas necesarias para velar por que todas las personas bajo su jurisdicción tengan acceso a la justicia, sin discriminación. A este respecto, el Comité insta al Estado parte a restablecer el Court Challenges Program, o a crear, como medida prioritaria, un mecanismo funcional sustitutivo con efecto equivalente.
106.El Canadá cree firmemente que la Carta de Derechos y Libertades del Canadá garantiza la igualdad de derechos de todos sus ciudadanos y que el acceso a la justicia, especialmente en el caso de los grupos vulnerables, es un principio importante que garantiza la igualdad procesal de las partes.
107.El Gobierno del Canadá se plantea el acceso a la justicia en una amplia perspectiva. Aunque sus iniciativas no van dirigidas concretamente a las comunidades etnoculturales o etnorraciales, ha puesto en marcha numerosos programas y servicios para que el Canadá tenga un sistema de justicia accesible, receptivo y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.
108.Con el fin de mejorar el acceso a la justicia, el Gobierno del Canadá administra una serie de programas especiales de financiación, entre ellos:
El Fondo de apoyo al acceso a la justicia en los dos idiomas oficiales, que atiende las necesidades de las comunidades de hablantes de una lengua oficial en situación de minoría en cualquier parte del país, brindando una financiación básica a los colegios de abogados de habla francesa y a su federación nacional y apoyando proyectos comunitarios concebidos para mejorar la concienciación en relación con el acceso a la justicia en los dos idiomas oficiales;
El Programa de financiación de tribunales competentes en causas de toxicomanía, que apoya la aplicación de medidas no privativas de libertad, especialmente en el caso de los hombres y las mujeres aborígenes y las prostitutas que ejercen en la vía pública;
El Fondo de Ayuda a las Víctimas, que ilustra a las víctimas de delitos y sus familias sobre su papel en el sistema de justicia penal y conozcan la asistencia jurídica y de otro tipo que se les ofrece.
Asociaciones
109.El acceso a la justicia también se consigue gracias a los convenios de asociación entre el Gobierno del Canadá, otras administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales (ONG). El Gobierno del Canadá ha creado, gracias al Fondo de apoyo al acceso a la justicia en los dos idiomas oficiales antes mencionado, un mecanismo de consulta con los gobiernos de las provincias y territorios, así como con las ONG. El Gobierno del Canadá también aporta la financiación básica de ciertos servicios provinciales de extensión y de información jurídicas, que se encargan de proporcionar a los ciudadanos información jurídica que les permita tomar decisiones con conocimiento de causa y participar eficazmente en el sistema de justicia. Entre otros tipos de convenios de asociación se pueden citar los relacionados con la asistencia jurídica gratuita, la Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes y el Programa de asistencia judicial a los indígenas. Estos ejemplos se describen a continuación.
Asistencia jurídica
110.El Gobierno federal financia el 36% del costo de los servicios de asistencia jurídica en materia penal en las provincias y territorios mediante acuerdos de división de los gastos.
111.En el contexto del Plan estratégico de Terranova y Labrado para las tierras septentrionales, la provincia ha contratado para Labrador asistentes jurídicos comunitarios que examinan la posibilidad de recurrir a la "imposición de penas mediante deliberación colectiva" y otras vías distintas de las judiciales.
112.En 2006, en Quebec, se modificó el proceso de asistencia jurídica, en particular, para ampliar las posibilidades de acogerse a ella y, por lo tanto, de hacerla más asequible. En 2010 un número mayor de personas podrá solicitar la asistencia jurídica.
113.Varios programas de acceso a la justicia en Ontario se canalizan a través de la Oficina de Asistencia Jurídica de Ontario (Legal Aid Ontario), que promueve el acceso a la justicia de las personas con escasos recursos de manera eficaz y económica. La Oficina ha financiado una serie de centros de servicios especializados, como el Servicio Jurídico de Toronto y la Oficina de servicios jurídicos para los aborígenes, que ayudan a estos últimos en sus problemas en el plano jurisdiccional.
114.El programa de asistencia jurídica de Manitoba no se limita a la expedición de certificados a las personas acusadas de ciertos delitos para que puedan recabar los servicios de un abogado, pues cuenta también con un Centro de Derecho de Interés Público (CDIP) muy activo, que se ocupa de los casos que tienen un componente de interés público relacionado con las necesidades de los aborígenes y otros grupos minoritarios. Se puede obtener mayor información acerca del CDIP en http://www.publicinterestlawcentre.ca/ cases/.
115.La Comisión de Asistencia Jurídica de Saskatchewan identifica y examina las dificultades de acceso a la justicia, especialmente en comunidades de las zonas rurales o alejadas. El sitio web de la Comisión proporciona información sobre cuestiones de derecho de familia, así como enlaces a más información sobre cuestiones relacionadas con el derecho de familia. A fin de mejorar el servicio en materia de derecho de familia, la Comisión propone abogados especializados en derecho de familia e incluso encamina a un bufete que sólo se dedica a asuntos de familia. La Comisión también trabaja con grupos comunitarios para informar a los grupos de alto riesgo sobre cuestiones jurídicas. Así, por ejemplo, se organizan representaciones teatrales originales que tratan de situaciones en que frecuentemente se ven envueltos los jóvenes, y recurren a herramientas interactivas que permiten a los participantes la posibilidad de dirigir la trama y observar las consecuencias de sus decisiones.
116.En los Territorios del Noroeste la Comisión de Servicios Jurídicos facilita el acceso a la justicia al proporcionar asistencia jurídica a los solicitantes que reúnen las condiciones. La Comisión también presta servicios de mediación familiar gratuita a los matrimonios con hijos en trámite de separación.
La Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes
117.La Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes se compone de programas de justicia de base comunitaria, cuyos gastos financian conjuntamente el Gobierno del Canadá y los gobiernos de las provincias y territorios, así como las negociaciones relacionadas con la transferencia de competencias en materia de administración de justicia. La Estrategia fortalece los vínculos entre las comunidades indígenas y el sistema de justicia oficial mediante el apoyo a los programas de aplicación de medidas no punitivas, determinación de la pena y mediación familiar. Permite el acceso a los programas de justicia de base comunitaria en cerca de 400 comunidades aborígenes de 13 provincias y territorios del Canadá.
118.El proyecto de justicia para los aborígenes de la Isla del Príncipe Eduardo, que es un proyecto cofinanciado, está administrado por la Confederación de los Mi'kmaq de la Isla del Príncipe Eduardo. Se encuentra bajo la dirección de un comité consultivo integrado por representantes de las dos reservas de la provincia (la Primera Nación de la Isla Lennox y la Primera Nación Abegweit), la Asociación de Mujeres Indígenas de la Isla del Príncipe Eduardo y el Consejo Nativo de la Isla del Príncipe Eduardo. El objetivo general del proyecto es promover la participación de los indígenas en la administración de justicia y reducir y prevenir la delincuencia y la victimización gracias a un enfoque holístico de la justicia, la prevención y la rehabilitación. Este enfoque contempla la intervención de mecanismos de deliberación colectiva para la solución de controversias, intervención y determinación de penas por responsables capacitados.
119.El proyecto de justicia para los aborígenes cofinanciado por el Gobierno de Ontario se puso en marcha en colaboración con las asociaciones de amistad con los indígenas, las tribus indias y las reservas indígenas de toda la provincia. El programa participa en programas de aplicación de medidas no punitivas y rehabilitación.
120.En el marco de la Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes, el Gobierno de Manitoba cofinancia varios programas de justicia reparadora con el apoyo de jefes comunitarios y han tenido un gran éxito en la aplicación de modelos de penas de carácter no punitivo y renuncia a la persecución penal. A su amparo se han establecido dos acuerdos trilaterales: el Tribunal de Menores de St. Theresa Point (Youth Division St. Theresa Point), que aplica medidas reparadoras para reos mayores de 12 años, y la Estrategia de justicia para las Primeras Naciones de la Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin (MKO), administrado por un juez del juzgado de paz en cinco comunidades de las Primeras Naciones. El juez actual celebra audiencia en el idioma cree, que es la lengua tradicional de esas comunidades.
121.Manitoba también apoya el proyecto Onashowewin de Winnipeg y 12 comités de justicia activos en las comunidades de las Primeras Naciones en las regiones rurales de Manitoba, que aplican principios de justicia reparadora en los casos que les traslada la fiscalía y la policía.
Programa de asistencia judicial a los indígenas
122.El Programa de asistencia judicial a los indígenas, que es también un programa cofinanciado, está destinado a todos los aborígenes (adultos y jóvenes) con objeto de que el sistema de justicia penal les trate de manera imparcial y equitativa y tenga en cuenta su singularidad cultural. El programa es nacional y está abierto a todos los aborígenes cualesquiera que sean su condición y su lugar de residencia.
Programas y servicios de los gobiernos provinciales y territoriales
123.La Iniciativa de prevención de la violencia del Gobierno de Terranova y Labrador administra un sitio web multilingüe de preparación para comparecer ante los tribunales para las víctimas infantiles y tribunales especializados en violencia en el hogar, así como una evaluación y supervisión de la aplicación de la Ley de prevención de la violencia familiar. La provincia también ha aplicado una estrategia de reducción de la pobreza, que incluye un programa de otros modelos de justicia y el Plan estratégico para el norte de Labrador, que incluye una iniciativa de interpretación en idiomas aborígenes.
124.Los programas básicos de la Red de asistencia jurídica para los mi'kmaq (MLSN) de Nueva Escocia son el programa de asistencia en materia jurisdiccional y el programa en derecho consuetudinario mi'kmaq.
125.Nueva Escocia acaba de poner en marcha un programa experimental de tres años de ayuda a las víctimas de las comunidades mi'kmaq. Actualmente se lleva a cabo una evaluación de necesidades. Se preparará un modelo de prestación de servicios adaptados a las víctimas aborígenes de la delincuencia, basándose en la información resultante de dicha evaluación; y la primera experiencia se efectuará en la comunidad Eskasoni. Dentro del proyecto; se contratará a tiempo completo a un funcionario de los servicios de ayuda a las víctimas aborígenes con fluidez en el idioma mi'kmaq.
126.En octubre de 2007, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Escocia publicó un informe y plan de acción para la investigación y solución de las reclamaciones formuladas por los aborígenes. Los detalles del plan de acción se pueden consultar en www.gov.ns.ca/humanrights/.
127.Quebec tiene previstas varias medidas para mejorar los servicios a los aborígenes en el marco del sistema judicial, incluido un proceso de acreditación de intérpretes aborígenes y la elaboración de léxicos jurídicos en los idiomas nativos. Asimismo, gracias a acuerdos con el Gobierno de Quebec, las comunidades aborígenes pueden actuar de parte acusadora en virtud del Código de la Seguridad Vial en cuanto agentes y fuerzas de policía aborígenes especiales y podrán efectuar denuncias en nombre del Director de los Servicios de la Fiscalía.
128.En el marco del Programa de centros de ayuda a las víctimas de un delito, establecidos en regiones de Quebec donde hay fuertes núcleos de población indígena, así como en Nunavik, se procura contratar personal aborigen. También se favorece la contratación de personal aborigen para las comunidades establecidas en zonas urbanas. Asimismo, una quincena de comunidades indígenas de Quebec han creado comités de justicia comunitaria para la resolución de controversias.
129.En Ontario, la Secretaría de protección de las víctimas ayuda a las víctimas de actos delictivos mediante iniciativas comunitarias como los servicios de asesoría y asistencia inmediata a las víctimas, el Programa de asistencia a las víctimas y a los testigos, de vocación jurisdiccional, y los fiscales que trabajan con las víctimas y los testigos en la preparación de las causas. La Oficina de protección de las víctimas de delitos también se esfuerza por fortalecer los servicios de ayuda a las víctimas, poniéndose en contacto con estos y asesorando al Estado sobre aplicación de los principios de la Carta de los Derechos de las Víctimas de Delitos.
130.El Gobierno de Manitoba ha emprendido varias iniciativas en favor de las víctimas de delitos, gran parte de las cuales pertenecen a grupos minoritarios. Los servicios de protección de las víctimas en Manitoba proporcionan ayuda, información, asesoramiento inmediato, asistencia letrada y de preparación para comparecer en juicio. Entre las iniciativas en favor de las mujeres indígenas y sus hijos, cabe destacar las siguientes:
Los servicios de protección de los derechos de las víctimas, cuyo personal trabaja con las víctimas de los delitos más graves o ciertos miembros de sus familias, de acuerdo con la Carta de Derechos de las Víctimas;
Los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia en el hogar, cuyo personal ayuda a estas en caso de denuncia presentada o probable contra el cónyuge;
Los servicios de apoyo a las víctimas infantiles, cuyo personal ayuda a los niños y jóvenes víctimas de malos tratos y adultos víctimas de un atentado contra la integridad sexual que son parte en un proceso penal;
Programa de asistencia a víctimas y testigos de delitos: proporciona información y asistencia a las víctimas y testigos citados a comparecer ante el Tribunal Provincial o la Court of Queen's Bench (tribunal superior) de la provincia.
131.El Gobierno de Saskatchewan está estudiando los problemas de acceso a la justicia, especialmente en asuntos relacionados con la familia y la juventud, los problemas de acceso a la información, los servicios y, en particular, la protección de los niños, la violencia en el hogar y los problemas de integración de los pueblos aborígenes. Se ha creado el Centro de Información sobre el Derecho de Familia y un proyecto de revisión de las obligaciones alimentarias. El proyecto está destinado a los padres con escasos recursos que desean modificar las obligaciones alimentarias reflejadas en el convenio establecido al efecto. Los padres interesados pueden acogerse a un proceso simplificado que los ayude a pactar un convenio de revisión de obligaciones alimentarias en favor de los hijos. El proyecto experimental de facilitación del régimen de visitas es otra iniciativa destinada a familias de escasos recursos. Las familias que cumplen las condiciones pueden recibir la ayuda de un equipo de profesionales en educación parental, aspectos legales o resolución de conflictos. Después de participar en sesiones de información, los participantes se someten a un proceso de mediación dirigido por la Oficina de Resolución de Controversias, con el fin de llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas.
132.En Saskatchewan, 69 de las 72 Primeras Naciones y algunas organizaciones de mestizos participan en la ejecución de programas de justicia comunitaria que responden a las necesidades singulares de sus comunidades y se fundan en sus prácticas culturales. Estos programas permiten considerar la conveniencia de proponer medidas no punitivas para los adultos y sanciones extrapenales a los jóvenes, servicios de apoyo a las víctimas, vigilancia de los delincuentes en determinados puntos y actividades de educación de la ciudadanía.
133.El Tribunal Provincial de Saskatchewan tiene una sala para los aborígenes y otra que utiliza el idioma cree en los procedimientos. El Tribunal celebra audiencias en 14 reservas de las Primeras Naciones. Además, prosigue el proceso de nombrar jueces de paz que hablen cree y dene, mejorar los servicios de traducción al cree y al dene en el norte de Saskatchewan y organizar audiencias judiciales por videoconferencia en algunas comunidades.
134.El Gobierno de Alberta ha puesto en marcha numerosas iniciativas en materia de justicia para los aborígenes; se pueden consultar en: http://www.justice.gov.ab.ca/ aboriginal/default.aspx?id=4930. También ha abierto centros de información jurídica en dos ciudades. En el caso de las personas que deseen prescindir de asistencia letrada en procesos civiles y penales, esos centros ayudan a evitar errores y retrasos costosos al facilitarles un mejor acceso a la asistencia e información jurídicas en materia procesal. Los centros también ayudan a rellenar impresos y redactar documentos y encaminan hacia abogados que ofrecen asistencia gratuita. Todos los servicios descritos son gratuitos.
135.Otra iniciativa de la Provincia de Alberta es la representación letrada de niños y jóvenes, bajo la autoridad de la Oficina del Defensor de la Infancia y la Juventud. Al amparo de esta iniciativa se designa abogado a los niños o jóvenes con derecho a los servicios previstos en la Ley de protección de la infancia, la juventud y la familia o la Ley de protección de los niños víctimas de explotación sexual. En el marco de la iniciativa se imparten cursos de preparación para abogados llamados eventualmente a proporcionar asistencia gratuita; el primer curso tuvo lugar en octubre de 2007 con 13 participantes.
136.En los Territorios del Noroeste, es práctica del Tribunal Territorial y del Tribunal Supremo trasladarse a las comunidades de toda la región para celebrar juicios civiles y penales. Los Presidentes de ambos tribunales fijan la fecha y el lugar de las actuaciones, lo que permite al acusado comparecer ante el tribunal en su propia comunidad en lugar de tener que ser trasladado por avión a una gran ciudad.
137.Los tribunales suelen recurrir a intérpretes para garantizar la correcta comprensión de los acusados y testigos y para que el público pueda seguir los debates. En virtud de la Ley de idiomas oficiales de los Territorios del Noroeste y la Carta de Derechos y Libertades del Canadá el Gobierno del Territorio está obligado a proporcionar intérpretes en las causas penales y, en su caso, en otras causas. Tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Territorial ordenaron recientemente que en las comunidades fuera de Yellowknife, Hay River, Fort Smith e Inuvik se proporcionase de oficio interpretación en los idiomas indígenas locales en todos los juicios. Además, todos los documentos relacionados con temas de derecho de familia, como la mediación y el ejercicio de la patria potestad tras la separación, se publican y se distribuye en las comunidades en los idiomas indígenas.
138.En el Yukón, el Tribunal de Bienestar Comunitario proporciona apoyo y servicios a los delincuentes con problemas de salud mental, cognitivos o de adicción; aproximadamente la mitad de ellos pertenecen a las Primeras Naciones.
El Programa de recurso a la justicia
139.Aunque no se ha restablecido el Programa de recurso a la justicia, el Gobierno del Canadá está llevando adelante un nuevo programa para ayudar a las comunidades hablantes de una lengua oficial en situación minoritaria a defender sus derechos lingüísticos. El programa, que tiene una inversión anual de 1,5 millones de dólares, hace hincapié en la información sobre los derechos lingüísticos y ofrece servicios de mediación y arbitraje, así como apoyo en litigios y causas ejemplares que contribuyan a precisar los derechos lingüísticos.
140.El Canadá sigue contribuyendo a la promoción y protección de los derechos humanos de los canadienses mediante leyes e instituciones como los tribunales, órganos oficiales (conocidos como comisiones, juntas, comités y consejos) y los defensores del pueblo, así como por medio de políticas y programas, como el Programa de derechos humanos del Departamento del Patrimonio Canadiense, el Programa de multiculturalismo del Departamento de Nacionalidad e Inmigración del Canadá y el Programa de adelanto de la condición jurídica y social de la mujer del Canadá.