Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 9 de la Convención

Informes periódicos 19º y 20º que los Estados partes debían presentar en 2009

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[28 de enero de 2011]

Índice

PárrafosPágina

Lista de siglas4

I.Introducción1–205

A.Datos desglosados86

B.Apoyo a las víctimas de actos delictivos96

C.Colaboración entre el Gobierno federal y los gobiernos provinciales/

territoriales10–136

D.Mecanismos interprovinciales/territoriales14–157

E.Parlamentarios168

F.Otros tratados internacionales17–208

II.Características demográficas de la población canadiense21–409

A.Aborígenes30–3210

B.Idiomas33–3810

C.Religiones39–4011

III.Medidas adoptadas por el Gobierno del Canadá41–13111

Artículo 1: Definición, interpretación y observaciones generales41–4311

Artículo 2: Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole44–7212

Artículo 4: Prohibición de la propaganda racista73–9020

Artículo 5: Igualdad ante la ley91–12424

Artículo 6: Protecciones y recursos eficaces125–12632

Artículo 7: Educación, cultura e información127–13132

IV.Medidas adoptadas por los gobiernos de las provincias132–35334

A.Terranova y Labrador132–14034

B.Isla del Príncipe Eduardo141–16136

C.Nueva Escocia162–19339

D.Nueva Brunswick194–20345

E.Quebec204–22947

F.Ontario230–27152

G.Manitoba272–29063

H.Saskatchewan291–30566

I.Alberta306–32269

J.Columbia Británica323–35373

V.Medidas adoptadas por los gobiernos de los territorios354–38678

A.Nunavut354–35878

B.Territorio del Noroeste359–37179

C.Yukón372–38681

Lista de siglas

BBIBlack Business Initiative (Nueva Escocia)

CEDAWConvención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

CERDComité para la Eliminación de la Discriminación Racial

LDHCLey de derechos humanos del Canadá

F-P/TFederal-Provincial/Territorial

CIEDRConvención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

MCPEI AJPPrograma de justicia para los aborígenes de la Confederación Mi’kmaq de la Isla del Príncipe Eduardo

MLSNRed de apoyo jurídico mi’kmaq

ONGOrganización no gubernamental

AMACAsociación de Mujeres Aborígenes del Canadá

OPPOntario Provincial Police

PSAPolice Services Act (Ontario)

RCMPReal Policía Montada del Canadá

RPDRefugee Protection Division

I.Introducción

1. En el presente informe se describen las medidas clave adoptadas en el Canadá entre junio de 2005 y mayo de 2009 para contribuir a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CIEDR). Dado que el Canadá ofreció información actualizada al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) durante su comparecencia en febrero de 2007 y en el informe provisional del Canadá presentado en agosto de 2009, el presente informe abarca fundamentalmente el período comprendido entre febrero de 2007 y mayo de 2009 (con referencias ocasionales a los acontecimientos de especial interés ocurridos desde mayo de 2009).

2. El presente informe se centra en algunos temas importantes en que se han producido cambios significativos y respecto de los cuales no consta información en otros informes presentados en virtud de otros tratados en los que el Canadá es parte. Cuando puede encontrarse información detallada en otros informes, se remite a estos, pero, salvo excepciones, no se reproduce la información.

3. Los temas clave abordados en el presente informe se determinaron fundamentalmente mediante un examen de las observaciones finales del CERD de 2007 realizado por los departamentos federales y el Comité Permanente de Funcionarios de Derechos Humanos, principal órgano federal-provincial/territorial (F-P/T) responsable de las consultas intergubernamentales y del intercambio de información sobre la ratificación y aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos. Esos temas son los siguientes:

Recopilación de datos

Mecanismos interprovinciales de intercambio de información sobre la legislación y las políticas contra el racismo

Empleo de la expresión “minorías visibles”

Medidas de seguridad nacional relacionadas con la lucha contra la discriminación

Accesibilidad de los servicios para las víctimas de la violencia de género

Cuestiones relacionadas con el empleo

Participación de la sociedad civil

Cuestiones vinculadas con los aborígenes (por ejemplo, derechos de las mujeres y los niños aborígenes; observancia de la ley; reivindicaciones territoriales aborígenes; anulación del artículo 67 de la Ley de derechos humanos del Canadá)

Inmigración y refugiados.

4. Se recabaron las opiniones de unas 85 organizaciones no gubernamentales (ONG) acerca de las cuestiones que deberían incluirse en este informe. Se alentó también a las organizaciones a que remitieran la correspondencia a otras organizaciones interesadas. No se recibió ninguna observación de ninguna de las organizaciones.

5. En el apéndice 1 del presente informe puede encontrarse información valiosa sobre la jurisprudencia canadiense en el ámbito de la CIEDR.

6. Las autoridades federales, provinciales y territoriales mantienen consultas periódicas con la sociedad civil sobre la elaboración de medidas legislativas, políticas y programas relacionados con las disposiciones de la CIEDR. En el apéndice 2 se incluyen ejemplos de dichas consultas.

7. En el cuarto informe del Canadá sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el documento básico del Canadá, puede encontrarse información detallada sobre la aplicación de los derechos humanos en el Canadá y sobre el federalismo canadiense.

A. Datos desglosados

8. En cuanto al párrafo 11 de las observaciones finales del Comité con respecto a los datos desglosados, el Canadá utiliza varias encuestas para recopilar información sobre distintas dimensiones de la población canadiense (por ejemplo, edad, género, orígenes étnicos, etc.) que pueden presentarse en una tabulación cruzada junto con otros datos socioeconómicos (por ejemplo, educación, ingreso, empleo, etc.). Puede encontrarse un gran número de estas tabulaciones en www.statcan.gc.ca/start-debut-eng.html. En la parte II del presente informe puede verse un desglose de las características demográficas de la población canadiense.

B. Apoyo a las víctimas de actos delictivos

9. En el Canadá, la protección de las víctimas de actos delictivos es una responsabilidad compartida entre el Gobierno federal y los gobiernos provinciales/ territoriales. Las provincias y los territorios administran numerosos programas y servicios, entre ellos los de atención de salud, alojamiento de emergencia, servicios sociales, incluida la asistencia financiera de emergencia, y la asistencia letrada. Las organizaciones de la sociedad civil ofrecen también servicios sociales conexos, por ejemplo, a través de los bancos de alimentos. Además, hay diversos sistemas de ayuda y servicios disponibles en todo el Canadá cuyo objetivo es responder específicamente a las necesidades de las víctimas de actos delictivos. Estos servicios varían según la jurisdicción concreta, y puede encontrarse información pertinente en las respectivas secciones del presente informe sobre las autoridades federales, provinciales y territoriales.

C. Colaboración entre el Gobierno federal y los gobiernos provinciales/ territoriales

10. El Gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales colaboran a través de diversos foros F-P/T sobre legislación, políticas y programas que permiten aplicar las disposiciones de la CIEDR. Algunos comités, como el Comité Permanente de Funcionarios de Derechos Humanos antes mencionado, se ocupan de cuestiones generales, mientras que otros tienen una orientación más específica. Por ejemplo:

a) El Foro federal-provincial/territorial de ministros encargados de los servicios sociales y el Foro federal-provincial/territorial de ministros/viceministros encargados de la condición de la mujer intercambian información sobre las cuestiones relativas a los grupos vulnerables, con inclusión de los nuevos inmigrantes y los pueblos aborígenes, que puedan tener relación con el tema de la discriminación racial;

b) La Red federal-provincial/territorial de funcionarios encargados del multiculturalismo, creada en 2005, examina las políticas y prácticas óptimas relacionadas con el multiculturalismo, con inclusión de debates sobre políticas y programas contra el racismo;

c) El Grupo de Trabajo federal-provincial/territorial sobre justicia aborigen examina la victimización en las comunidades aborígenes resultantes de la violencia familiar e interpersonal y tiene cuatro esferas prioritarias: abuso conyugal, maltrato infantil, mujeres aborígenes desaparecidas o asesinadas y atención a la familia, al infractor y a la comunidad;

d) El Grupo de Trabajo federal-provincial/territorial sobre mujeres desaparecidas examina y aplica iniciativas y recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la mujer aborigen, centradas especialmente en las estrategias para proteger a las mujeres aborígenes con elevada probabilidad de ser víctimas;

e) El Grupo de Trabajo federal-provincial/territorial sobre cuestiones relacionadas con las víctimas examina periódicamente el antirracismo en el contexto de la legislación, las políticas y las prácticas óptimas, ya que el racismo muchas veces está interconectado con la dinámica de la victimización. Cuenta también con un subcomité sobre las víctimas aborígenes de delitos, que examina cuestiones específicas relacionadas con la victimización de los aborígenes y la prestación de servicios a las víctimas aborígenes independientemente de que vivan en la reserva o en zonas urbanas;

f) Las reuniones de la Asociación Canadiense de Jefes de Policía realizan en general una actualización/debate sobre iniciativas en favor de la diversidad en los servicios de policía de todo el país.

11. Los ministros federales, provinciales/territoriales (F-P/T) encargados de la condición de la mujer confirmaron unánimemente su apoyo a la Declaración de Iqaluit de 2007, en la que se declaraba lo siguiente:

“Reconociendo la necesidad urgente de mejorar la vida de las mujeres y niñas aborígenes, los ministros federales, provinciales y territoriales encargados de la condición de la mujer proclaman conjuntamente una declaración de su compromiso de mejorar el bienestar social, económico y cultural de las mujeres inuit, metis y de las Primeras Naciones, tanto dentro como fuera de las reservas, en el Canadá”.

12. Este compromiso continúa haciéndose realidad mediante iniciativas de cada uno de los gobiernos, dentro de sus jurisdicciones respectivas. Los ministros F-P/T han continuado ocupándose de tres iniciativas prioritarias para ofrecer apoyo concreto a las mujeres canadienses. Esas prioridades son la seguridad económica de la mujer, la importancia del apoyo a las mujeres aborígenes en puestos de liderazgo y la mejora del tratamiento de las mujeres aborígenes dentro del sistema de justicia manteniendo el intercambio de información con sus homólogos ministeriales para la capacitación sobre cuestiones específicas de las mujeres aborígenes.

13. Además de los foros F-P/T en curso, el Gobierno del Canadá colabora también con las provincias y los territorios en áreas específicas. Por ejemplo, el Gobierno del Canadá, las provincias y los territorios han elaborado un Marco Pancanadiense para la evaluación de reconocimiento de títulos extranjeros (www.hrsdc.gc.ca/ eng/workplaceskills/publications/ fcr/pcf.shtml). En él se plantea una visión conjunta que permite a los gobiernos adoptar iniciativas concertadas con el fin de garantizar un mercado de trabajo equitativo y competitivo en que los inmigrantes tengan la oportunidad de utilizar plenamente su educación, aptitudes y experiencia laboral.

D. Mecanismos interprovinciales/territoriales

14. Con respecto al párrafo 12 de las observaciones finales del CERD, existen mecanismos interprovinciales/territoriales para el intercambio de información acerca de la legislación, políticas y prácticas óptimas contra el racismo. Por ejemplo:

a) La Coalición Canadiense de Ciudades contra el Racismo y la Discriminación está integrada por grupos de trabajo locales que representan a gobiernos municipales, organizaciones etnoculturales y proveedores de servicios comunitarios en todo el Canadá;

b) La Asociación Canadiense de Organismos Oficiales de Derechos Humanos, órgano nacional de comisiones y tribunales provinciales y territoriales encargados de los derechos humanos, intercambia información en forma periódica, en particular sobre legislación, políticas y prácticas óptimas contra el racismo;

c) El Welcoming Communities Working Group (entre cuyos miembros figuran representantes provinciales de los gobiernos de Ontario, Manitoba y la Columbia Británica y el Gobierno del Canadá, así como universidades de Ontario y Manitoba) intercambia información y colabora en la elaboración de datos de referencia comparativos sobre las opiniones mutuas, actitudes y experiencias de los recién llegados y residentes establecidos en relación con cuestiones asociadas con la participación económica y social, la cohesión social y la identidad;

d) El Western Canadá Provincial Working Group on Multiculturalism, Antiracism and Human Rights (integrado por representantes de los gobiernos provinciales de Manitoba, Saskatchewan y la Columbia Británica) se estableció en 2007 con el fin de transferir conocimientos e intercambiar información sobre los programas, desafíos, estrategias, prioridades y prácticas óptimas.

15. Las provincias y territorios realizan igualmente reuniones sobre aspectos en los que pueden incluirse cuestiones relacionadas con la lucha contra el racismo. Por ejemplo, en septiembre de 2007, Nueva Escocia organizó una reunión de capacitación entre representantes de servicios a víctimas procedentes de Terranova y Labrador, Isla del Príncipe Eduardo y Nueva Brunswick. Asistieron también a la reunión funcionarios del Gobierno del Canadá. El foro permitió el intercambio interprovincial de información, y en particular el debate de cuestiones relacionadas con la violencia de género que afectan a mujeres pertenecientes a grupos de minorías raciales o étnicas. En el programa se incluyó en concreto la programación sobre cuestiones relacionadas con los aborígenes y la violencia doméstica.

E. Parlamentarios

16. En 2009, los parlamentarios federales se reunieron con colegas de todo el mundo en Londres (Inglaterra) con ocasión de la conferencia inaugural de la Coalición interparlamentaria para combatir el antisemitismo. En calidad de parlamentarios, los participantes en la conferencia adoptaron la resolución “Declaración de Londres para combatir el antisemitismo”, en la que se pedía a los gobiernos que hicieran frente al problema del antisemitismo.

F. Otros tratados internacionales

17. Con respecto al párrafo 27 de las observaciones finales del CERD, actualmente el Canadá no tiene previsto suscribir el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.

18. El Canadá no ha ratificado la Convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954. Dado que esta Convención reproduce en gran parte la Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados (en la que el Canadá es parte), se considera que no son necesarios ambos instrumentos en el contexto canadiense. El Canadá tiene las salvaguardias necesarias en su legislación vigente sobre ciudadanía e inmigración para atender debidamente la situación de las personas apátridas.

19. El Canadá no está considerando actualmente la posibilidad de adherirse como parte a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Aunque la Convención tiene objetivos que merecen el respaldo del Gobierno del Canadá, este considera que esos objetivos se contemplan ya en su sistema legal, que protege plenamente los derechos humanos a través de los diversos tratados de derechos humanos en los que es ya parte el Canadá, así como de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.

20. El Canadá toma muy en serio la promoción y protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, pero no considera que la Convención sea un instrumento eficaz y práctico para mejorar los derechos de los migrantes en el Canadá. Para la ordenación eficaz de la inmigración/migración, el Canadá considera que los países tanto de origen como de destino deben encontrar su camino teniendo en cuenta sus realidades jurídicas, políticas, económicas, culturales y sociales. El Canadá considera que la Convención propone un planteamiento prescriptivo y que no puede haber una solución “de aplicación universal” para la formulación de programas eficaces de gestión de la inmigración y la migración.

II. Características demográficas de la población canadiense

21. El Canadá es un país multicultural y multiétnico en que la inmigración desempeña un papel fundamental en el crecimiento demográfico. Hay entre los canadienses más de 200 orígenes étnicos, según las respuestas dadas en el censo de 2006 a la pregunta relativa a los orígenes étnicos o culturales de sus antepasados. La proporción de la población canadiense nacida fuera del país alcanzó un 19,8%, el más elevado desde hacía 75 años. Si bien una pequeña proporción de la población nacida fuera del Canadá era no inmigrante en 2006 (1,2%), los términos “nacido en el extranjero”, “nacido fuera del Canadá” e “inmigrante” se utilizan indistintamente en el presente documento para referirse a la población inmigrante.

22. Más de 5 millones de personas (el 16,2% del conjunto de la población) se identificaron como miembros de un grupo minoritario visible. Las tres minorías visibles más numerosas son las personas procedentes del Asia meridional, los chinos y los negros, siendo el censo de 2006 el primero en que la población de Asia meridional supera a la población china. Estos tres grupos representan casi las dos terceras partes de la población minoritaria visible en el Canadá. Le siguen los grupos originarios de Filipinas, América Latina, países árabes, Asia sudoriental, Asia occidental, Corea y el Japón.

23. En 2006, el 68,9% de los inmigrantes recientes (llegados al Canadá en los cinco últimos años) vivían en las tres mayores áreas metropolitanas del Canadá: Toronto, Vancouver y Montreal, frente al 72,8% en 2001. A medida que ha disminuido la población de inmigrantes recientes asentados en esas ciudades, una proporción cada vez mayor de los recién llegados optan por vivir en otras zonas metropolitanas. Solo el 2,8% de los inmigrantes recientes optan por vivir en zonas rurales.

24. Según los datos del censo de 2006, Ontario y la Columbia Británica eran las dos provincias con mayor proporción de personas nacidas fuera del país. En Ontario, habían nacido en el extranjero casi 3,4 millones de personas, es decir, el 28,3% del total de la población en 2006; en la Columbia Británica habían nacido en el extranjero 1,1 millones de personas, que representaban el 27,5% de la población total.

25. En 2006, aproximadamente el 16,2% de la población de Alberta había nacido en el extranjero, lo que colocaba a la provincia en el tercer lugar, seguida de Manitoba (13,3%), Quebec, (11,5%) y el Yukón (10,0%). En el resto de las provincias y territorios la población nacida fuera del país representaba menos del 7% de la población.

26. En 2006, el 52,1% de todas las personas nacidas fuera del país eran mujeres. Estas representan la mayoría de los inmigrantes en la actualidad. Por ejemplo, el 52% de todas las personas que inmigraron al Canadá en 2008 eran mujeres.

27. Las mujeres son las que más posibilidades tienen de ser admitidas en el Canadá como inmigrantes dentro de la categoría de familiares. En 2008, las mujeres representaban el 59,3% de los inmigrantes de esa categoría, mientras que constituían el 49,6% de los inmigrantes admitidos como refugiados, el 52,1% de otros inmigrantes (incluidas las personas admitidas por motivos humanitarios y personales), y el 49,2% de los inmigrantes por razones económicas.

28. Aunque en 2001 y 2006 el número de personas (18,3 millones) que declararon una sola ascendencia étnica era prácticamente el mismo, ello representó un descenso en la proporción con respecto al total de la población canadiense, que pasó del 61,8% en 2008 al 58,6% en 2006. Por el contrario, el número de personas que declaran más de una ascendencia étnica está aumentando. En 2006, fueron 12,9 millones de personas, es decir, el 41,4% de la población, lo que representó un aumento con respecto a los 11,3 millones de personas (38,2%) en 2001.

29. La mayoría de los inmigrantes en el Canadá dan el siguiente paso y se convierten en ciudadanos canadienses. De acuerdo con el censo de 2006, el 85,1% de los inmigrantes que reunían los debidos requisitos en 2006 (es decir, que habían permanecido en el Canadá al menos tres años) habían adquirido la ciudadanía canadiense.

A.Aborígenes

30. De acuerdo con el censo de 2006, un total de 1.172.790 personas se identificaron como aborígenes (indios norteamericanos, metis o inuit). Esta cifra era un 20,1% superior a los 976.300 registrados en 2001. Los aborígenes representan en la actualidad el 3,8% de la población total del país, frente al 3,3% cinco años antes.

31. Los niños menores de 14 años representan el 29,8% de la población aborigen, proporción mucho más elevada que el 17,4% de la población no aborigen. Aunque la población aborigen es solo el 3,8% de la población total del Canadá, los niños aborígenes son el 6,3% de todos los niños del Canadá.

32. Según Estadísticas del Canadá, el mayor número de aborígenes puede atribuirse a factores demográficos, por ejemplo, la elevada natalidad. Este crecimiento puede explicarse también por otros factores, como el menor número de reservas censadas parcialmente y la tendencia creciente de la población a identificarse como aborigen.

B.Idiomas

33. Los canadienses declararon más de 200 idiomas en la respuesta a la pregunta del censo de 2006 sobre la lengua materna. En la lista figuran leguas asociadas desde antiguo con la inmigración al Canadá, como el alemán, el italiano, el ucranio, el holandés y el polaco. No obstante, desde 2001 a 2006, los mayores aumentos correspondieron a los grupos lingüísticos de Asia y el Medio Oriente, con excepción del español.

34. En 2006, casi 6.293.110 personas —aproximadamente una de cada cinco— eran alófonas, es decir, de lengua materna distinta del francés y el inglés. Esta cifra era un 18% superior a la de 2001, es decir, el triple de la tasa de crecimiento demográfico del Canadá (5,4%).

35. El censo de 2006 confirmó que el chino ocupaba el tercer lugar entre las lenguas maternas de los canadienses. Más de 1.034.000 personas lo declararon como lengua materna, lo que representa un aumento de 160.000 personas (18,5%) con respecto a 2001. Constituyen el 3,3% de la población del Canadá, frente al 2,9% cinco años antes. El italiano continuó ocupando el cuarto lugar y el alemán el quinto, el punjabi el sexto y el español el séptimo.

36. La inmensa mayoría de los alófonos (92,6%) residen principalmente en cuatro provincias: Ontario, la Columbia Británica, Quebec y Alberta. Los alófonos representan el 26,6% y el 27,3% de la población total de Ontario y de la Columbia Británica, respectivamente. En Alberta, eran el 18,4% de la población y en Quebec el 12,3%.

37. Según datos del censo de 2006, el cree (78.885 personas), el inuktitut (32.015) y el ojibwa (24.190) eran los tres idiomas aborígenes mencionados con más frecuencia como lengua materna por los declarantes. Esos grupos se clasificaban en el mismo orden en los censos de 1991, 1996 y 2001.

38. Cerca de dos tercios (62,9%) de la población cuya lengua materna era el inuktitut residían en Nunavut, mientras que el 29,5% residía en Quebec. Las tres cuartas partes de los crees viven en las Prairies.

C.Religiones

39. Siete de cada diez personas se declararon de religión católica o protestante. Sin embargo, los datos del censo de 2001 (última información censal disponible) revelan que se han producido grandes cambios en la composición religiosa del Canadá, debido sobre todo a la inmigración. Se ha registrado un notable aumento del islam, el hinduismo, la religión sij y el budismo. De los 1,8 millones de inmigrantes admitidos en el Canadá en los años noventa, los musulmanes eran el 15,1%, los hindúes el 6,5%, los sijes el 4,7% y los budistas el 4,6%.

40. El número de personas que se declaraban de religión musulmana se duplicó, pasando de 253.265 en 1991 a 579.640 en 2001. Los hindúes aumentaron un 89,3%, alcanzando un total de 297.200 personas. Los sijes aumentaron un 88,8%, hasta llegar a 278.415, y los budistas alcanzaron un total de 300.345, lo que representó un aumento del 83,8%. Además, el número de personas que se declaraban judías aumentó un 3,7% en los años noventa, alcanzando un total de 399.995.

III. Medidas adoptadas por el Gobierno del Canadá

Artículo 1Definición, interpretación y observaciones generales

Uso de la expresión “minoría visible”

41. En el párrafo 13 de las observaciones finales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) pide al Canadá que reflexione sobre el uso de la expresión “minoría visible”. El Gobierno del Canadá ha tenido en cuenta la recomendación pero no tiene intención de cambiar su uso habitual. Dicha expresión no figura ni en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá ni en la Ley canadiense de derechos humanos ni en ninguno de los códigos provinciales o territoriales de derechos humanos, que son los elementos esenciales de la política de lucha contra la discriminación en el Canadá. Se trata de una expresión utilizada específicamente en la administración de la Ley de equidad en el empleo (http://laws.justice.gc.ca/PDF/Statute/E/E-5.401.pdf), que trata de corregir la situación de desventaja en el empleo en las esferas sometidas a la jurisdicción federal y que afecta a cuatro grupos concretos: aborígenes, personas con discapacidad, miembros de las minorías visibles y mujeres. La Ley es semejante a una “medida especial” adoptada con el fin de garantizar el progreso de ciertos grupos raciales o étnicos a los que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo 1 de la Convención.

42. En 2007-2008, el Gobierno del Canadá encargó a expertos académicos que elaboraran documentos de investigación sobre dicha expresión, con inclusión de su historia, su uso en otros países y los efectos y repercusiones de su utilización. En abril de 2008 se celebró un taller abierto para examinar esas cuestiones, en el que participaron funcionarios públicos, académicos y representantes de ONG. Hubo división de opiniones entre los participantes con respecto al uso de la expresión.

43. En 2008, el Gobierno del Canadá encargó un estudio sobre el uso de la expresión en el ámbito de la administración de la Ley de equidad en el empleo. Si bien en la investigación se consideraron otras expresiones, ninguna de ellas abarcaba plenamente los objetivos previstos en dicha Ley para eliminar la desventaja de esos grupos en el mercado de trabajo.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

1. Violencia de género

44. Las investigaciones revelan que las mujeres aborígenes y las mujeres pertenecientes a grupos de minorías raciales o étnicas son especialmente vulnerables a la violencia de género.

45. Como se indica en la respuesta del Canadá a las recomendaciones formuladas en el marco del proceso de examen periódico universal (www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/inter/101-eng.cfm) y los informes sexto y séptimo del Canadá sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) (www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cedaw-cedef7/index-eng.cfm), el Código Penal del Canadá (http://laws.justice.gc.ca/en/C-46/) ofrece una respuesta amplia a todas las formas de violencia contra la mujer. Entre las medidas se incluyen las prohibiciones de determinadas formas de violencia, como la agresión, la agresión sexual y el hostigamiento penal. Asimismo, las garantías procesales (por ejemplo, el uso de medios de asistencia testifical), las medidas preventivas (por ejemplo, las órdenes de alejamiento) y los principios de determinación de la pena (por ejemplo, la violencia conyugal y el abuso de posición de confianza o de autoridad son circunstancias agravantes) garantizan que el sistema de justicia penal pueda reaccionar frente a la violencia contra la mujer en todas las etapas.

46. El 29 de octubre de 2010, el Gobierno del Canadá dio a conocer una inversión de 10 millones de dólares a lo largo de dos años para mejorar la seguridad de las comunidades y garantizar que el sistema de justicia y los organismos encargados de la aplicación de la ley puedan intervenir mejor en los casos de las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas. El Gobierno del Canadá ofrecerá nuevos instrumentos a los encargados de la ejecución de la ley y promete mejorar el sistema de justicia así como los servicios prestados a las víctimas mediante las siete iniciativas siguientes:

a) Con una inversión de cuatro millones de dólares, la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) establecerá un Centro nacional de apoyo policial para las personas desaparecidas, con inclusión de una persona de contacto, asociada a los Servicios nacionales aborígenes de mantenimiento del orden, dedicada expresamente al problema de las mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas; reforzará el Centro Canadiense de Información Policial para recopilar datos adicionales sobre las personas desaparecidas; creará un registro nacional de personas desaparecidas y restos no identificados para que la policía cuente con información más completa sobre las personas desaparecidas en las diferentes jurisdicciones; y dispondrá de un sitio web nacional para alentar al público a facilitar pistas e información sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados.

b) El Departamento de Justicia del Gobierno del Canadá introducirá enmiendas en el Código Penal para agilizar el proceso de aplicación cuando deban dictarse órdenes o mandamientos en relación con una investigación en los casos en que el juez ha dado autorización de realizar escuchas telefónicas. En la actualidad, un funcionario encargado del cumplimiento de la ley puede realizar múltiples comparecencias ante diferentes jueces para obtener la autoridad de utilizar esas técnicas de investigación. Esta enmienda aumentará la eficiencia de las investigaciones de delitos graves, incluidos los casos de mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas. Se propondrán otras enmiendas del artículo 184.4 del Código Penal, en el que se otorga la autoridad de realizar escuchas telefónicas sin necesidad de mandamiento judicial en situaciones de emergencias (circunstancias extremas). Entre esas circunstancias se pueden incluir las investigaciones de asesinatos o raptos relacionados con mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas. Las enmiendas que se están proponiendo aumentarían las salvaguardias de la privacidad, entre otros medios, incorporando requisitos de notificación e información en el artículo 184.4. La enmienda relativa a la notificación obligaría a notificar por escrito a las personas cuando son objeto de seguimiento en virtud de dicha disposición. La enmienda relativa a la información exigiría la preparación de un informe anual sobre el uso de la vigilancia electrónica en el contexto de dicha disposición;

c) El Departamento de Justicia aportará también 1 millón de dólares para contribuir a la elaboración de proyectos piloto basados en las escuelas y en las comunidades con el fin de contribuir a la curación, al progreso y la búsqueda de alternativas al comportamiento de alto riesgo de las mujeres aborígenes jóvenes, incluidas las jóvenes delincuentes. La meta global de la iniciativa será reducir la vulnerabilidad de las mujeres aborígenes jóvenes a la violencia;

d) Se agregarán recursos al Fondo de ayuda a las víctimas del Departamento de Justicia (véase infra) para ayudar a las provincias occidentales a establecer o a adaptar servicios a las víctimas destinados a la población aborigen, así como servicios específicos para las víctimas teniendo en cuenta la realidad cultural con destino a las familias de mujeres aborígenes desaparecidas y asesinadas. Otras inversiones en el Fondo de ayuda a las víctimas serán también accesibles a los grupos comunitarios aborígenes para que puedan responder a los singulares problemas con que se encuentran en la comunidad las familias de las mujeres aborígenes desaparecidas o asesinadas. Esta financiación sumará un total aproximado de 2,15 millones de dólares a lo largo de dos años;

e) El Departamento de Seguridad Pública suministrará 1,5 millones de dólares a lo largo de dos años para elaborar planes de seguridad comunitaria con el fin de mejorar la seguridad de las mujeres aborígenes en sus comunidades. Los planes serán elaborados por las comunidades aborígenes con apoyo del Gobierno del Canadá a fin de mejorar la seguridad y bienestar de las comunidades. La información recopilada a través de este proceso ayudará al Gobierno a mejorar sus programas y servicios y a responder mejor a los problemas comunitarios.

f) En 2010-2011, el Fondo de asociación e innovación en favor de la justicia suministrará aproximadamente 850.000 dólares para preparar materiales destinados al público sobre la importancia de romper el círculo intergeneracional de la violencia que representa una amenaza para las comunidades aborígenes en el Canadá. Esta financiación se pondrá a disposición de organizaciones aborígenes y de grupos de divulgación jurídica que trabajan con grupos aborígenes;

g) El Departamento de Justicia invertirá también casi 500.000 dólares en la elaboración de un compendio nacional de prácticas prometedoras en la esfera de la aplicación de la ley y del sistema de justicia para ayudar a las comunidades y grupos a mejorar la seguridad de las mujeres aborígenes en todo el país. Se localizarán las “prácticas óptimas” en diversos ámbitos, en particular, observancia de la ley, servicios a las víctimas, desarrollo de las comunidades aborígenes y reducción de la violencia.

a) Iniciativas de lucha contra la violencia en la familia

47. En el contexto de su Iniciativa contra la violencia en la familia, el Gobierno del Canadá apoya las actividades siguientes:

a) La elaboración, aplicación y evaluación de modelos, estrategias e instrumentos para mejorar la respuesta del sistema de justicia a la violencia en la familia, con inclusión de las mujeres aborígenes y mujeres pertenecientes a grupos de minorías raciales o étnicas (http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/fv-vf/index.html). Pueden tener acceso a esta financiación las ONG y de base comunitaria. Por ejemplo, Changing Ways y Muslim Family Support Services recibieron en 2009 financiación para elaborar un nuevo manual titulado “Guidelines for Service Providers: Outreach strategies for family violence intervention with immigrant and minority communities”;

b) Proyectos que logran una mayor sensibilización pública acerca de la violencia en la familia. Por ejemplo, en 2007-2008, la Public Legal Information Association of Newfounland recibió fondos para adaptar las informaciones jurídicas públicas sobre la violencia en la familia a fin de atender las necesidades de las personas de culturas aborígenes y otros grupos de minorías etnoculturales y lingüísticas (www.publiclegalinfo.com/publications.html#Criminal_Justice);

c) Investigaciones pertinentes. Por ejemplo, en 2008, se publicó el informe Understanding Family Violence and Sexual Assault in the Territories, First Nations, Inuit and Métis Peoples (http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/rs/rep-rap/2008/rr08_1/index.html).

48. La Iniciativa de lucha contra la violencia en la familia financia también el Programa de mejora del alojamiento, que ayuda a reparar y mejorar los refugios existentes para mujeres y niños en lo que respecta a la seguridad, el acceso de las personas con discapacidad y las zonas de recreo. El Programa ofrece también fondos de capital para establecer nuevos centros de acogidas y alojamientos para períodos más prolongados, incluidas las instalaciones para las Primeras Naciones en las reservas. En conjunto, el Gobierno del Canadá y sus asociados provinciales y territoriales suministraron más de 82 millones de dólares de financiación para el Programa entre 2003 y 2007. En 2008, se distribuyeron 10,6 millones de dólares de financiación en el marco del Programa.

49. Según una evaluación reciente, entre el 1° de abril de 2001 y el 31 de marzo de 2007 el Programa había contribuido significativamente a mejorar la situación de los centros de acogida en el Canadá, y la situación de esos centros es un factor importante para ayudar a las mujeres y, por lo tanto, para combatir con mayor eficacia la violencia en la familia. En las comunidades de las Primeras Naciones donde hay centros de acogida ha disminuido el número de mujeres que tienen que abandonar su comunidad en busca de protección. Los centros han contribuido también a aumentar la participación de la comunidad en las actividades de prevención.

50. Los centros de acogida para mujeres, en particular las mujeres y niños de las Primeras Naciones, son importantes para su seguridad y bienestar en situaciones de crisis relacionadas con la violencia en la familia. Como se indica en el informe provisional relativo al examen de los informes sexto y séptimo del Canadá en virtud de la CEDAW (www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cedaw-cedef7/cedaw-cedef-eng.cfm), en 2007 el Gobierno del Canadá comunicó la realización de inversiones para apoyar la red existente de centros de acogida. En esta financiación se incluyen 2,2 millones de dólares para contribuir a la construcción de cinco nuevos centros de acogida en Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta y la Columbia Británica. La selección del emplazamiento de los nuevos centros de acogida se realizó teniendo en cuenta las recomendaciones de un Comité de Examen en que participaron representantes del Gobierno del Canadá, la Oficina del Canadá sobre la reglamentación de las cuestiones relacionadas con los internados indios, la Asamblea de las Primeras Naciones y la Asociación de Mujeres Aborígenes del Canadá (AMAC).

b) Comunidades aborígenes

51. El Gobierno del Canadá reconoce las diversas situaciones socioeconómicas que concurren para hacer que las mujeres aborígenes sean particularmente vulnerables a la violencia y la marginación. Sus probabilidades de ser víctimas de la violencia de género son tres veces mayores que en el resto las mujeres. Tienen también bastantes más probabilidades de sufrir las formas más graves de violencia, que podrían representar incluso una amenaza para su vida, y tienen tasas de homicidio conyugal que son ocho veces superiores a las de las mujeres no aborígenes. Es también mucho mayor la probabilidad de que los incidentes violentos cometidos contra personas aborígenes sean perpetrados por un conocido de la víctima.

52. Entre 2006 y 2008 el Gobierno del Canadá suministró casi 300.000 dólares para el desarrollo y promoción de material de prevención de la violencia para ayudar a combatir la violencia en las comunidades aborígenes y convertir a los jóvenes aborígenes en valiosos agentes del cambio en sus propias vidas. Ese material contiene también información pertinente y dispositivos para potenciar a las niñas aborígenes, que son uno de los elementos más vulnerables de la población canadiense.

53. Como se indica en el Informe Provisional sobre la CEDAW, el Gobierno del Canadá respalda los esfuerzos para combatir el racismo y la violencia contra las mujeres y niñas aborígenes mediante la financiación de la Estrategia renovada para los aborígenes residentes en zonas urbanas, que financió 22 proyectos en apoyo de las mujeres aborígenes en 2007-2008, y la iniciativa Hermanas en Espíritu, de la AMAC (es decir, 5 millones de dólares entre 2005 y 2010). Puede encontrarse información adicional sobre dicha Estrategia en el informe provisional sobre la CEDAW.

54. En el marco de la iniciativa Hermanas en Espíritu, la AMAC presentó en marzo de 2009 la segunda edición del informe “Voices of Our Sisters in Spirit: A Report to Families and Communities” (www.nwac-hq.org/sites/default/files/download/admin/NWAC_Voices ofOurSistersInSpiritII_March2009FINAL.pdf), en el que se incluyen los resultados de investigaciones, información sobre las nuevas tendencias y recomendaciones normativas. El 31 de marzo de 2009, la AMAC documentó los casos de 520 mujeres y niñas aborígenes asesinadas o desaparecidas, sobre todo en los tres últimos decenios. Puede encontrarse más información sobre la iniciativa Hermanas en Espíritu en el informe provisional sobre la CEDAW.

55. En 2008-2009 el Gobierno del Canadá invirtió 29,8 millones de dólares en programas de prevención de la violencia en la familia y servicios de protección en las reservas. El resultado previsto del Programa para la prevención de la violencia en la familia es una reducción del número de casos de violencia familiar y un entorno familiar más seguro para los niños que se encuentran en las reservas. El Gobierno del Canadá continúa colaborando con sus asociados, como las Primeras Naciones y los gobiernos provinciales y territoriales, para ofrecer programas y servicios de prevención de la violencia en la familia que sean culturalmente pertinentes y permitan proteger mejor a las mujeres, a los niños y a las familias de las Primeras Naciones.

56. Además de la Iniciativa de lucha contra la violencia en la familia, la Estrategia para los aborígenes residentes en zonas urbanas y el Programa para la prevención de la violencia en la familia, el Gobierno del Canadá respalda las medidas adoptadas para prevenir y reducir la violencia en la familia y mejorar los servicios a los aborígenes víctimas de la violencia familiar en las comunidades aborígenes y en el Norte a través de una serie de iniciativas, como el Centro de Políticas de Ayuda a las Víctimas, la Estrategia de justicia para los aborígenes, el Fondo del sistema de justicia para los jóvenes y el Fondo para Nunavut. Muchas de estas iniciativas colaboran estrechamente con los asociados provinciales y territoriales para la realización de programas (donaciones y contribuciones) y la formulación de políticas. Por ejemplo, el Centro de políticas administra un Programa para el Norte, que cuenta con recursos para los tres gobiernos territoriales a fin de aumentar la capacidad de los proveedores de servicios a las víctimas en los tres territorios, que colaboran con muchas víctimas de actos delictivos, muchas de las cuales son aborígenes.

2. Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los servicios de información

57. En cuanto al párrafo 20 de las observaciones finales del CERD acerca de la capacitación sobre las diferencias culturales impartida a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la RCMP —servicio de policía nacional del Canadá— cuenta con políticas y cursos para sensibilizar e informar a sus agentes acerca de la prevalencia de la violencia contra las mujeres y las niñas, y convencerles de que, dado que son los primeros en responder y realizan actividades de investigación, deben tener en cuenta los sesgos de género y las diferencias y dinámicas culturales existentes dentro de las relaciones. Asimismo, la elaboración de políticas libres de riesgo es un componente importante que se ha integrado en todos los programas de desarrollo, a fin de conseguir que los niveles de gestión superiores e intermedios de la organización estén debidamente ocupados para hacer frente a los desafíos. Entre estos programas de capacitación y desarrollo se incluyen los siguientes:

a) El Programa de formación de cadetes de la RCMP contiene varios módulos entre los que se encuentran algunos relacionados con la sensibilidad cultural, entre ellos los siguientes: Problemas vinculados con los servicios de policía, Encuestas sobre las situaciones de conflicto en el marco de las investigaciones comunitarias-Primeras Naciones y Políticas para la población aborigen. Durante su estancia en la academia de capacitación, los cadetes reciben 6,5 horas de capacitación sobre la formulación de políticas sin sesgos y la diversidad y realizan un curso en línea sobre el acoso;

b) La capacitación en materia de sensibilización cultural de la RCMP incluye un día de visitas a tres lugares de culto en que los líderes religiosos locales les acompañan en una visita guiada y responden a preguntas técnicas sobre la manera de interrelacionarse en forma respetuosa con los miembros de su confesión. Entre los lugares visitados se encuentran algunas mezquitas, sinagogas, templos hindúes y gurdwaras sijes. Asimismo, las investigaciones penales realizadas por la RCMP sobre la seguridad nacional incluyen actividades de sensibilización comunitaria para mejorar la comprensión mutua de las normas y las conductas culturales de las diversas comunidades canadienses y las funciones y responsabilidades de la policía. Se invita a los dirigentes comunitarios a que intervengan como instructores en las actividades de formación intercultural, que son obligatorias para todos los investigadores de seguridad nacional, y cuyo objetivo es ampliar los conocimientos y comprensión de los investigadores acerca de la diversidad cultural, religiosa y étnica del Canadá;

c) Una base de datos de Intranet ofrece posibilidades complementarias de aprendizaje para los agentes de policía. Dentro de ese material se incluye información sobre las comunicaciones interculturales, que ayudan a los agentes a comprender las distintas culturas de las personas con que se pueden encontrar, además de un componente sobre la Política operacional sin sesgos de la RCMP;

d) La promoción de la sensibilización acerca de las necesidades de las víctimas aborígenes y los servicios disponibles incluye actividades de capacitación de los agentes de primera línea, personal de los servicios a las víctimas y voluntarios. Por ejemplo, se ofrece capacitación sobre la mentalidad de los aborígenes a los miembros y al personal para ayudarles a comprender la historia de los pueblos aborígenes del Canadá, con inclusión del impacto del colonialismo, y su posición singular en la estructura social del Canadá;

e) Los Servicios nacionales aborígenes de mantenimiento del orden, de la RCMP, son responsables de la planificación, elaboración y gestión de las estrategias e iniciativas para trabajar con las comunidades aborígenes. La Subdirección de dichos Servicios supervisa varios programas e iniciativas aborígenes, entre ellos los siguientes: Comité Consultivo Nacional del Comisionado sobre los Pueblos Aborígenes, Programa de formación sobre la mentalidad de los aborígenes y Programa de formación sobre la mentalidad de los inuit. Un sitio web informativo ofrece a los empleados fácil acceso a recursos y enseñanzas sobre las culturas aborígenes y sobre la formulación de políticas en las comunidades aborígenes.

58. Además, la RCMP ha establecido fuertes relaciones de asociación con las organizaciones federales, provinciales y territoriales del Canadá que prestan servicios a las víctimas. Por ejemplo, la RCMP colabora estrechamente con organizaciones que defienden a las víctimas aborígenes con el fin de garantizar que en la formulación de políticas de la RCMP y a lo largo de todo el proceso judicial se tengan en cuenta la cultura, las costumbres y las tradiciones de la víctima.

59. El servicio de información y seguridad nacional del Canadá imparte actividades de capacitación obligatoria para todos los nuevos empleados sobre la valoración de la diversidad, con inclusión de actividades de sensibilización de los empleados sobre temas como la cultura, la religión, la edad y el género. Como complemento se han organizado actividades de aprendizaje que tratan de dar a conocer a los empleados las experiencias y conocimientos de grupos culturales específicos, o permitirles tener una experiencia directa de dichos grupos. Se ofrece también capacitación en temas como la cultura y la región para los empleados enviados al extranjero. En los cursos básicos de capacitación para los nuevos funcionarios de los servicios de inteligencia se hace especial hincapié en la diversidad, en particular en la diversidad significativa existente dentro del propio servicio y la valiosa contribución que puede representar en su trabajo.

3. Apoyo a las víctimas de actos delictivos

a) Estrategia federal de ayuda a las víctimas

60. Desde 2007 el Gobierno del Canadá se ha comprometido a asignar 52 millones de dólares adicionales de financiación —13 millones de dólares al año durante cuatro años a partir de abril de 2007— con destino a la Estrategia federal de ayuda a las víctimas. Los objetivos son los siguientes:

a) Mejorar la experiencia de las víctimas de actos delictivos en el sistema de justicia penal colaborando con los asociados para facilitar la participación de las víctimas;

b) Garantizar que las víctimas de actos delictivos y sus familias conozcan su papel en el sistema de justicia penal así como los servicios y la ayuda disponibles;

c) Aumentar la capacidad de formular políticas, medidas legislativas y otras iniciativas que tengan en cuenta las perspectivas de las víctimas;

d) Lograr una mayor sensibilización del personal del sistema de justicia penal, profesionales asociados y el público en general acerca de las necesidades de las víctimas de actos delictivos, las disposiciones legislativas encaminadas a protegerles y los servicios existentes a su disposición; y

e) Elaborar y difundir información sobre planteamientos eficaces, tanto en el Canadá como en el plano internacional, para responder a las necesidades de las víctimas de actos delictivos.

61. Entre otras cosas, esta financiación adicional ha permitido al Gobierno del Canadá ofrecer una mayor variedad de medidas de asistencia a las víctimas en el Norte del Canadá. Mientras que la población aborigen del Canadá representa solo el 3,8%, en el Norte la proporción es mucho más elevada (85% en Nunavut, 50% en los Territorios del Noroeste y el 25% en el Yukón). Las investigaciones han puesto de relieve que las personas que viven en el Norte tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de actos violentos que las del resto del Canadá. Dentro de los residentes del Norte, los aborígenes tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de violencia conyugal que los no aborígenes. Entre las medidas adicionales de apoyo se ha incluido la contratación de más coordinadores de testigos de la Corona en los territorios, que ayudan en los tribunales a las víctimas de actos delictivos, y la capacitación para los proveedores de servicios a las víctimas del Norte.

b) Fondo de ayuda a las víctimas

62. Desde 2007, el Gobierno del Canadá financia el Fondo de ayuda a las víctimas, a través del cual se realizan donaciones y contribuciones a los gobiernos provinciales y territoriales y organizaciones no gubernamentales a fin de crear nuevos servicios para las víctimas de actos delictivos o para mejorar o ampliar los servicios existentes. Parte de este fondo ayuda también a los canadienses que son víctimas de actos delictivos, incluidos los delitos de odio, mientras están en el extranjero. Una de las prioridades de la financiación adicional que comenzó en 2007 es el fortalecimiento de los servicios a las víctimas desatendidas, como las víctimas aborígenes, los ancianos, los miembros de comunidades minoritarias y las víctimas con discapacidad. Por ejemplo, la publicación “Working with victims of crime: A manual applying research to clinical practice”, obra del psicólogo clínico James K. Hill, tiene como objetivo ayudar a quienes trabajan con víctimas de actos delictivos a comprender y aplicar las investigaciones sobre los efectos psicológicos de la victimización. La segunda edición de este manual, publicada en 2009, incluye un capítulo sobre las víctimas de los delitos de odio (www.justice.gc.ca/eng/pi/pcvi-cpcv/pub/res-rech/index.html).

4. Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

63. El Gobierno del Canadá y los gobiernos provinciales y territoriales colaboran mutuamente para facilitar el acceso a la justicia mediante la prestación de servicios provinciales y territoriales de asistencia letrada civil y penal. Desde 1972, el Gobierno del Canadá colabora con las provincias y territorios contribuyendo a la financiación de la asistencia letrada penal. En la actualidad, la financiación de la asistencia letrada civil se ofrece a través de una transferencia única, la Transferencia canadiense para programas sociales, que ofrece apoyo federal para la educación postsecundaria, programas infantiles y servicios sociales y de asistencia social. Cada jurisdicción tiene la flexibilidad necesaria para asignar la financiación ofrecida a través de dicha Transferencia a las esferas pertinentes, de acuerdo con sus necesidades y prioridades respectivas, incluida la asistencia letrada civil. Desde 2001-2002, el Gobierno del Canadá suministra, través de acuerdos de asistencia letrada, 11,5 millones de dólares adicionales (al margen de la Transferencia) para asistencia letrada a los inmigrantes y los refugiados en las seis provincias que ofrecen actualmente esos servicios (Terranova y Labrador, Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta y la Columbia Británica). En el ejercicio de 2009-2010, el Gobierno del Canadá aumentó, únicamente para dicho ejercicio, su contribución a los servicios de asistencia letrada para los inmigrantes y refugiados hasta un total de 17,5 millones de dólares debido a un gran aumento de los solicitantes del estatuto de refugiado.

64. En 2007, el Gobierno del Canadá aumentó las contribuciones en concepto de asistencia letrada penal a las provincias y territorios con 30 millones de dólares adicionales cada año entre 2007-2008 y 2011-2012. En consecuencia, la financiación del Canadá con destino a la asistencia letrada penal subió del nivel anterior de 81,9 millones a 111,9 millones de dólares.

65. En 2007, el Gobierno del Canadá incrementó también el apoyo ofrecido a través de la Transferencia para programas sociales, cuyo total en 2009-2010 es de 10.900 millones de dólares, casi 300 millones de dólares más que en 2008-2009, como consecuencia de la indización del 3% anual.

5. Empleo

66. Desde 2000, el número de funcionarios de la administración pública federal pertenecientes a una minoría visible que se han identificado como miembros de este grupo acogido a las medidas de equidad en el empleo se ha duplicado con creces, habiendo pasado de 7.764 a 19.264 al 31 de marzo de 2009. Si bien la representación de las minorías visibles en el servicio publico Federal es todavía inferior a la fuerza de trabajo disponible al 31 de marzo de 2009 (9,8% frente al 12,4%, según datos del censo de 2006), se están realizando progresos constantes.

67. El número de minorías visibles en los niveles ejecutivos de la administración pública federal ha subido del 3,1% (103) en 2000 al 6,9% (353) en marzo de 2009; no obstante, esta representación es inferior a la fuerza de trabajo disponible (7,6%).

68. Cabe señalar que los miembros de los grupos de las minorías visibles están bien representados en los ámbitos científico y profesional de la administración pública federal. Igualmente, los niveles salariales de los empleados de minorías visibles pueden compararse ventajosamente con los niveles de todos los empleados de la administración pública federal.

69. El Gobierno del Canadá ha adoptado medidas para aumentar la representación de los miembros de los cuatro grupos acogidos a las medidas de equidad en el empleo, con inclusión de los grupos de minorías visibles. Por ejemplo, en virtud de la Ley de modernización de la administración pública (http://laws.justice.gc.ca/en/P-33.4/) y la Ley de empleo en la administración pública (http://laws.justice.gc.ca/en/P-33/), los subdirectores federales tienen flexibilidad para conseguir los objetivos de equidad en el empleo teniendo en cuenta las necesidades organizativas. Por ejemplo:

a) La pertenencia a un grupo designado a los efectos de la equidad en materia de empleo puede añadirse a una zona de selección; y

b) Los objetivos de equidad en el empleo pueden definirse como criterios de mérito a los efectos de la selección.

70. Asimismo, desde 2007-2008, los subdirectores federales deben elaborar planes de actividades y de recursos humanos integrados que “incluyan una estrategia de reclutamiento, perfeccionamiento y promoción de las minorías visibles, así como de los aborígenes y las personas con discapacidad, en las que se especifique también la manera de conseguir en todos los niveles una representación que refleje la fuerza de trabajo disponible”. El rendimiento se mide de acuerdo con un marco de rendición de cuentas de la gestión (gestión de personas) (www.tbs-sct.gc.ca/maf-crg/index-eng.asp). Los resultados globales se tienen en cuenta al determinar la remuneración de los viceministros.

71. Con el fin de reducir la diferencia en la representación de los miembros de los grupos de minorías visibles en la administración pública federal, el Plan de acción para la renovación de la administración pública de 2008-2009 impuso a los subdirectores federales la obligación de contratar un número de miembros de este grupo superior a su fuerza de trabajo disponible.

72. La Estrategia del Gobierno del Canadá para un lugar de trabajo libre de racismo trata de ayudar a los empleadores del sector privado sometidos a la reglamentación del Gobierno federal en lo que respecta a la contratación, la retención del puesto de trabajo y la promoción de los miembros de los grupos de minorías visibles y aborígenes (www.hrsdc.gc.ca/eng/lp/lo/lswe/we/special_projects/racismfreeinitiative/initiativehome.shtml).

Artículo 4Prohibición de la propaganda racista

1. Violencia racista y delitos motivados por el odio

73. En su respuesta a las recomendaciones resultantes de su examen periódico universal, el Canadá no aceptó la recomendación de promulgar medidas legislativas a fin de tipificar el delito de violencia racial. El Canadá penaliza los actos de violencia racial mediante la aplicación del derecho penal normal y la aplicación del artículo 718.2 a) i) del Código Penal. Los actos de violencia están prohibidos mediante la tipificación de una serie de actos delictivos, como la agresión y la agresión con arma (que provoque lesiones). La incitación a una persona a cometer un acto de violencia constituye también un delito, independientemente de que se cometa o no dicha acción. En virtud del artículo 718.2 a) i), en toda infracción a tenor de lo dispuesto en el Código Penal, el juez debe determinar la pena teniendo en cuenta las circunstancias agravantes, incluidas las pruebas de que el delito estaba motivado por prejuicios u odio basado en la raza, el origen nacional o étnico, el idioma, el color, la religión, el género, la edad, la discapacidad mental o física, la orientación sexual o cualquier otro factor semejante.

74. El artículo 430 4.1) del Código Penal tipifica el delito de vandalismo o cualquier otro daño a los bienes utilizados fundamentalmente para actos religiosos, con inclusión de iglesias, mezquitas, sinagogas o templos o cementerios, si la acción está motivada por el perjuicio o el odio basado en la religión, la raza, el color o el origen nacional o étnico.

75. En 2007, el Gobierno del Canadá puso en marcha el Programa piloto de financiación de proyectos de infraestructura de seguridad para las comunidades en situación de riesgo, cuyo objetivo es prevenir los delitos motivados por el odio y aumentar la sensación de seguridad en las comunidades en situación de riesgo. Este programa ofrece financiación para las infraestructuras de seguridad de las comunidades que corren riesgo de delitos motivados por el odio, prestando apoyo a organizaciones, con inclusión de instituciones educativas reconocidas, centros comunitarios y lugares de culto. El Programa suministra 100.000 dólares de financiamiento de contrapartida destinado a infraestructuras como las cámaras de seguridad, el alumbrado, los sistemas de alarma, etc.

76. La Iniciativa de recopilación de datos nacionales normalizados sobre los delitos motivados por el odio, que forma parte del Plan de acción del Canadá contra el racismo, presenta anualmente datos desglosados en función de la raza, el origen étnico, la religión y otros factores. Desde 2008, el Centro Canadiense de Estadísticas Jurídicas ha presentado tres informes sobre la incidencia de los delitos motivados por el odio en el Canadá, en los que se observa que la mayoría de las víctimas de esos delitos son negros y personas de confesión judía. Según el informe “Police-Reported Hate Crime in Canada, 2008” (www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010002/article/11233-eng.htm), en 2008 los servicios de policía del Canadá, que abarcan el 88% de la población, registraron 1.036 delitos motivados por el odio. La cifra representaba un aumento con respecto a 2007 (765 incidentes) y 2006 (892), primer año sobre el que se dispone de estadísticas semejantes. A pesar de un aumento del 35%, los delitos motivados por el odio continuaron representando una proporción escasa, menos del 1%, de todos los delitos. En 2008 se registraron tres motivaciones primarias de los delitos motivados por el odio registrados por la policía: la raza o el origen étnico (55%), la religión (26%) y la orientación sexual (16%).

77. Según la información facilitada por la policía, los cambios interanuales no reflejan necesariamente un aumento o descenso efectivo de la incidencia de este tipo de delito, ya que el número de delitos de odio registrados en una determinada zona puede depender de muchos factores, como la existencia (o ausencia) de unidades de policía especializadas en delitos motivados por el odio, iniciativas de capacitación, políticas de tolerancia cero, programas de asistencia a las víctimas, líneas telefónicas de emergencia y campañas de sensibilización. En otras palabras, la tasa de delitos motivados por el odio en una zona dada puede depender más bien de las prácticas de notificación por el público y de los servicios de policía locales más que de los niveles de prevalencia.

2. Incitación al odio

78. El Código Penal, la Ley de derechos humanos del Canadá (http://laws.justice. gc.ca/en/H-6/index.html), la Ley de radiotelevisión (http://laws.justice.gc.ca/en/B-9.01/) y la legislación provincial y territorial contienen disposiciones relativas a la prohibición de la incitación al odio en el Canadá, tanto en los medios tradicionales como en Internet.

a) Código Penal

79. Desde 1970, el Parlamento del Canadá prohíbe la difusión de propaganda de incitación al odio mediante las enmiendas del Código Penal. Este prohíbe las actividades siguientes:

a) Alentar o promover el genocidio contra un “grupo identificable”, es decir, cualquier segmento de la sociedad que se diferencie de otros por el color, la raza, la religión, el origen étnico o la orientación sexual (art. 318);

b) Incitar al odio contra un “grupo identificable” realizando en un lugar público declaraciones que puedan atentar contra la paz (párr. 1 del art. 319); y

c) Divulgar declaraciones, si no es en una conversación privada, a fin de fomentar voluntariamente el odio contra un “grupo identificable” (párr. 2 del art. 319).

80. En virtud del Código Penal, el Fiscal General del Canadá debe dar su consentimiento a todo procedimiento incoado de conformidad con el artículo 318 o el párrafo 2 del artículo 319; por “grupo identificable” se entiende “todo segmento de la sociedad que se diferencie de los otros por el color, la raza, la religión, el origen étnico o la orientación sexual”; el término “declaraciones” se entiende en sentido amplio, e incluiría “las palabras habladas, escritas o grabadas por medios electrónicos o electromagnéticos o de otra manera, así como gestos, señas u otras representaciones visibles”.

81. El aliento o promoción del genocidio es un delito que puede ser sancionado con una pena máxima de cinco años de prisión. La incitación al odio en un lugar público de manera que pueda atentar contra la paz o la promoción deliberada del odio son delitos sancionables con pena máxima de dos años de prisión. Además, el Código Penal prevé la incautación y decomiso de la propaganda de incitación al odio almacenada en un lugar para su distribución o venta (párrs. 1 y 4 del art. 320), así como la incautación de los instrumentos utilizados para cometer el delito (párr. 4 del art. 319).

82. En 2001 se agregó al Código Penal una disposición sobre la eliminación de la propaganda de incitación al odio en Internet (párr. 1 del art. 320). Esta disposición autoriza a un tribunal a ordenar la eliminación de la propaganda de incitación al odio disponible en línea cuando está almacenada en un servidor sometido a la jurisdicción de dicho tribunal. La persona que publicó ese material tiene la oportunidad de ser escuchada antes de que el juez decida ordenar la eliminación del material. Este procedimiento es independiente del procesamiento judicial. Ofrece la posibilidad de eliminar el material en los casos en que la persona que lo publicó es desconocida o se encuentra fuera del país.

b) Ley de derechos humanos del Canadá

83. La sección 13 de la Ley de derechos humanos del Canadá (LDHC) dispone que el hecho de comunicar de forma repetitiva, mediante servicios de telecomunicación o Internet, cualquier materia que pueda exponer a las personas al odio o desprecio por motivos de raza, origen nacional o étnico, color, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado civil, situación familiar, discapacidad o declaración de culpabilidad que haya sido objeto de indulto, constituye una práctica discriminatoria. En Comisión Canadiense de Derechos Humanos c. Taylor, [1990] 3 S.C.R. 892, el Tribunal Supremo del Canadá confirmó el artículo 13 como límite justificable del derecho de libertad de expresión en virtud de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá (http://laws.justice.gc.ca/en/charter/1.html). En Taylor, el Tribunal Supremo no tenía en cuenta la cuestión de la comunicación de mensajes a través de Internet.

84. En 2008, en respuesta a numerosas preocupaciones acerca del artículo 13 y los límites a la libertad de expresión, la Comisión Canadiense de Derechos Humanos encargó un estudio exhaustivo sobre la mejor manera de hacer frente a los mensajes de incitación al odio en Internet. El “Informe Moon” (www.chrc-ccdp.ca/publications/report_moon_ rapport/toc_tdm-en.asp) recomendó que se revocara el artículo 13 de la LDHC y que la incitación al odio continuara estando prohibida en el Código Penal pero que esa prohibición se limitara a las expresiones que promuevan o justifiquen la violencia o constituyan una amenaza de violencia. El informe recomendaba también posibles enmiendas en la LDHC en el supuesto de que no se revocara el artículo 13, con inclusión de cambios en las facultades y procedimientos previstos en la LDHC. Se recomendaban también algunas opciones no legislativas.

85. En junio de 2009 la Comisión Canadiense de Derechos Humanos presentó al Parlamento un informe especial en el que recomendaba que se mantuviera el artículo 13 pero que se modificara con el fin de definir los términos “odio” y “desprecio”; autorizar el rechazo sin demora de las reclamaciones que no correspondieran a esas definiciones; permitir al Tribunal Canadiense de Derechos Humanos imponer el pago de las costas en caso de abuso del procedimiento; rechazar la multa por infracción del artículo 13; y reconsiderar el requisito de que el fiscal general del Canadá dé su consentimiento a las infracciones de propaganda de incitación al odio contempladas en el Código Penal.

c) Ley de radiotelevisión

86. La Ley de radiotelevisión permite a la Comisión Canadiense de Radiotelevisión formular reglamentos acerca del contenido de los programas de radiotelevisión. La Comisión ha promulgado reglamentos que prohíben la transmisión de “observaciones ofensivas o representaciones gráficas ofensivas que, en su contexto, pueden hacer a una persona, grupo o clase de personas objeto de odio o de menosprecio por motivos basados en la raza, el origen nacional o étnico, el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, la edad o una deficiencia física o mental”, así como toda noticia falsa o engañosa (art. 8 del Reglamento de la Ley de radiotelevisión).

3. Responsabilidad penal

87. El Gobierno del Canadá toma nota de la preocupación del CERD en el párrafo 16 de las observaciones finales, en la que se señala que, en virtud del Código Penal de Canadá, no es posible establecer la responsabilidad penal tomando como base el carácter racista de las organizaciones. El Gobierno del Canadá considera que la responsabilidad penal por incumplir las prohibiciones del Código Penal se aplica a la organización racista en cuanto tal, y no solo a sus miembros.

88. De acuerdo con otros artículos del Código Penal, se prohíbe a las personas y organizaciones que intervengan conjuntamente para cometer ninguno de esos delitos. Por ejemplo, tienen prohibido ayudar, alentar, conspirar conjuntamente o asesorar a algún otro para la comisión de esos delitos.

89. Lo que el Gobierno del Canadá pretende es sobre todo prohibir las actividades censurables de las organizaciones racistas en vez de considerar simplemente el carácter asociativo de las organizaciones. Ello está en consonancia con la forma en que el Canadá trata de combatir la criminalidad organizada y los grupos terroristas, cuando la pertenencia a los mismos no constituye de por sí un delito penal.

90. La preocupación del Canadá acerca de la prohibición de la pertenencia a una organización es que para la determinación de la responsabilidad penal se requieren dos elementos esenciales, a saber, el “acto culpable” (actus reus) y la “intención culpable” (mens rea). La atención especial del Canadá a las actividades efectivas de las personas y de la organización está en consonancia con los principios del derecho penal y garantiza la protección de otros derechos humanos, como la libertad de asociación al mismo tiempo que priva a esas organizaciones de la capacidad de continuar realizando sus actividades racistas.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

1. Ley contra el terrorismo

91. En su respuesta a las recomendaciones resultantes de su examen periódico universal, el Canadá no aceptó la recomendación de incluir en la Ley contra el terrorismo (www.justice.gc.ca/eng/antiter/act-loi/index.html) una cláusula contra la discriminación. El Canadá no está de acuerdo en que sus leyes nacionales sobre la seguridad sean discriminatorias ni acepta el supuesto de que el Canadá practique la caracterización racial o religiosa. Los profesionales canadienses que se ocupan de la aplicación de la ley y de la información y seguridad investigan las amenazas a la seguridad nacional y las actividades delictivas a partir de la información disponible sin centrarse selectivamente en ninguna comunidad, grupo o confesión. El Canadá no está de acuerdo en que la Ley contra el terrorismo deba contener una cláusula específica contra la discriminación. La Ley, en su contenido y aplicación, está sujeta a la prohibición constitucional de la discriminación establecida en la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.

92. Como se indica en el informe provisional presentado a raíz del examen de los informes 17° y 18° en el marco de la CIEDR, uno de los instrumentos que el Gobierno del Canadá ha utilizado para aplicar la Convención es la Mesa Redonda Transcultural sobre Seguridad. Esta ha intervenido en el examen de 2005-2006 de la Ley contra el terrorismo así como en otras cuestiones relacionadas con la seguridad nacional. Puede encontrarse más información sobre la Mesa Redonda en el informe provisional sobre la CIEDR (www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/cerd/f-rppr_17_18/index-eng.cfm).

2. Ley sobre la población india

93. En junio de 2009, el Gobierno del Canadá hizo saber que no recurriría el fallo del Tribunal de Apelación de la Columbia Británica en la causa McIvor c. Canadá, 2009 BCCA 153, y que introduciría en la Ley sobre la población india (http://laws.justice.gc.ca/ en/I-5/) las enmiendas ordenadas por el Tribunal. En el apéndice 1 puede encontrarse información detallada sobre esta causa. Posteriormente, el Gobierno del Canadá inició un proceso cuyo objetivo era ayudar a los dirigentes de las Primeras Naciones y a las organizaciones de mujeres aborígenes y regionales a comprender mejor las repercusiones de la decisión McIvor y el planteamiento gubernamental en relación con las enmiendas legislativas, y escuchar sus opiniones. Puede encontrarse más información sobre este proceso en www.ainc-inac.gc.ca/br/is/iss/iss3/index-eng.asp.

3. Medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en la aplicación de la ley

94. El Gobierno del Canadá ha adoptado medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en la aplicación de la ley, en particular a través de la RCMP. La política adoptada por esta para combatir las actitudes sesgadas ofrece orientación explícita a todos los empleados de la RCMP por lo que se refiere a las actividades y servicios policiales, incluida la seguridad nacional. Los conocimientos de los empleados de la RCMP acerca de las cuestiones comunitarias y culturales pueden evaluarse a través de un sistema de gestión basado en la competencia para los empleados que desempeñan una función determinada. El Diccionario de Competencias es la lista oficial de la organización sobre las competencias funcionales, como conocimientos, aptitudes y capacidades o características personales definidas desde el punto de vista de los comportamientos que deben adoptar los empleados para conseguir el nivel de desempeño y rendimiento previsto.

95. La RCMP está evaluando actualmente si los empleados conocen las diversas culturas de los grupos de clientes o de comunidades a los que prestan servicios. Por conocimiento de la comunidad y de las cuestiones culturales se entiende la comprensión profunda de la comunidad o región, así como de las costumbres, valores y normas de las culturas y/o grupos de interés especial con los que trabaja.

4. Los aborígenes

96. El Gobierno del Canadá ofrece financiación a las provincias y territorios en apoyo de la prestación de servicios de asistencia judicial para los aborígenes. El Programa de asistencia judicial a los aborígenes trata de contribuir a que los aborígenes en contacto con el sistema de justicia penal reciban trato equitativo, justo y respetuoso de las diferencias culturales. El Programa facilita información, apoyo y servicios de remisión a las comunidades aborígenes y a los miembros del sistema judicial en las fases iniciales y a lo largo de todo el proceso.

97.Los asesores aborígenes aconsejan a sus clientes sobre sus derechos, responsabilidades y procedimientos judiciales y hacen de “puente” entre los funcionarios de la justicia penal y las comunidades, ofreciendo información y promoviendo la comunicación y entendimiento.

98. Los asesores aborígenes sobre cuestiones judiciales orientan a sus clientes hacia las comisiones encargadas de las reclamaciones contra la policía y les ayudan a presentar la información necesaria. Son también miembros de varios consejos comunitarios y grupos de acción que se ocupan de una gran variedad de cuestiones y pueden contribuir a la formación cultural de los diversos representantes del sistema judicial que trabajan en su comunidad. Estos asesores prestan también servicios de remisión a programas de justicia comunitaria o reparadora y otros recursos sociales, jurídicos, sanitarios y comunitarios, y los tribunales, antes de dictar sentencia, les solicitan muchas veces información sobre los antecedentes, situación social y económica de los clientes y sobre los recursos comunitarios disponibles.

99. El Código Penal contiene disposiciones que apoyan directa o indirectamente soluciones distintas de la prisión para los delincuentes aborígenes:

a) El principio de determinación de la pena que figura en el párrafo 2 e) del artículo 718 recuerda a los jueces que “deberían considerar todas las sanciones alternativas de la prisión que sean razonables en las circunstancias del caso, cualquiera que sea el delincuente, pero con particular atención a las circunstancias de los delincuentes aborígenes”. La jurisprudencia ha generado sentencias distintas de la prisión o sentencias de prisión reducidas para los delincuentes aborígenes en los casos pertinentes y ha dado lugar a la creación de tres tribunales experimentales encargados expresamente de los acusados aborígenes;

b) El párrafo 1 del artículo 742 permite a los jueces encargados de imponer la pena dictar sentencias condicionales si se cumplen determinados criterios, en virtud de las cuales los delincuentes cumplen su sentencia en la comunidad en vez de en una institución penitenciaria, pero están sometidos a condiciones estrictas. Dado que la mayoría de los delitos cometidos por aborígenes son infracciones no violentas contra la propiedad, que dan lugar a sentencias menos severas, un número considerable de delincuentes aborígenes han sido objeto de condenas condicionales, en vez de condenas de reclusión;

c) El párrafo 1 del artículo 717 autoriza “medidas alternativas” en virtud de las cuales los delincuentes se confían no al sistema judicial formal sino a programas de rehabilitación, en determinados casos. La Estrategia de Justicia Aborigen del Gobierno del Canadá, puesta en práctica en asociación con los gobiernos provinciales y territoriales así como las comunidades aborígenes, trata de evitar que los delincuentes aborígenes, en la medida de lo posible, se mantengan al margen del sistema de justicia ordinario. La Estrategia, que interviene en el plano comunitario, utiliza métodos de solución de conflictos tradicionales para combatir la excesiva representación de los aborígenes en las instituciones federales del Canadá y ofrece a las víctimas y comunidades oportunidades de participar en la determinación de la pena de los delincuentes, círculos de recuperación y mecanismos de mediación y arbitraje relativos a las causas civiles. La estrategia puede tener efecto antes o después de la acusación o en el momento de la determinación de la pena. Un estudio sobre la reincidencia, realizado en 2006, indica que los delincuentes que participan en los programas de la Estrategia tienen dos veces menos probabilidades de reincidir que los otros delincuentes. Los programas de la Estrategia se llevan a cabo en unas 400 comunidades del Canadá, con inclusión de reservas, zonas urbanas y comunidades del Norte.

100. El Gobierno del Canadá tiene ocho programas correccionales para la población aborigen relacionados con temas como la prevención de la delincuencia en general, de la violencia y la violencia familiar, programas para toxicómanos y delincuentes sociales e iniciativas de base comunitaria. Según una evaluación de 2008, estos programas son pertinentes y eficaces. Por ejemplo, la participación en el programa “Saca el guerrero que llevas dentro” aumentó la probabilidad de que los delincuentes aborígenes pudieran acogerse a medidas de libertad discrecional y redujo su riesgo de readmisión después de su vuelta a la comunidad.

5. Medidas para mejorar los derechos económicos, sociales y culturales de los aborígenes

101. Con respecto a la observación final 21 del CERD, el Gobierno del Canadá considera que la negociación es el mejor medio de conseguir que los grupos aborígenes y los gobiernos provinciales y territoriales participen en el examen de opciones pragmáticas y prácticas que respondan a las diferentes necesidades del país. El Canadá continúa negociando acuerdos de autogobierno con las comunidades aborígenes, lo que contribuye a un mayor disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

102. El Fondo para la adaptación de los servicios de salud a los aborígenes trata de mejorar el acceso a los servicios de salud disponibles para todos los canadienses aborígenes mediante una mayor integración de los programas financiados con fondos federales y los de las provincias y territorios, así como la adaptación de los servicios de salud para atender mejor las necesidades sanitarias de las Primeras Naciones, inuit y metis. Reconociendo las diferentes prioridades y modelos sanitarios para la integración y la adaptación en el conjunto del Canadá, asociaciones locales y regionales, con inclusión de representantes aborígenes, provinciales/territoriales y federales, han colaborado en la planificación y ejecución de proyectos para promover la integración y/o adaptación de los servicios de salud. Pueden encontrarse ejemplos de proyectos financiados mediante el fondo de adaptación en www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/services/acces/projects-projets-eng.php.

103. El Plan de acción económico del Gobierno del Canadá para 2009 (www.fin.gc.ca/ pub/report-rapport/2009-3/pdf/ceap_sept_2009_eng.pdf) realiza considerables inversiones regionales y en el mercado de trabajo, que representan casi el 1% de su producto interno bruto (aproximadamente unos 1.000 millones de dólares) en las comunidades aborígenes para actividades de capacitación y formación, salud, educación, asociaciones en favor del empleo, alojamiento, infraestructura de tratamiento del agua, infraestructura de servicios policiales y desarrollo económico del Norte.

104. El nuevo Marco federal para el desarrollo económico de los aborígenes, puesto en marcha el 29 de junio de 2009, está basado en varias iniciativas del Gobierno del Canadá para mejorar la participación de las Primeras Naciones, inuit y metis en la economía canadiense. Entre ellas se incluyen una inversión de 200 millones de dólares a través de Plan de acción económico del Canadá para la capacitación y formación de los aborígenes con el fin de mejorar las perspectivas de los pueblos aborígenes en el mercado de trabajo, enmiendas en la Ley sobre el petróleo y el gas (http://laws.justice.gc.ca/en/I-7/index.html), inversiones en beneficio de todos los canadienses que viven en el Norte y el compromiso de establecer un nuevo organismo de desarrollo económico regional para el Norte.

105. Este Marco es el primer paso de un cambio fundamental en el apoyo del Gobierno del Canadá al desarrollo económico de los aborígenes, y vela por que las Primeras Naciones, los inuit y los metis del Canadá dispongan de todas las ocasiones posibles de participar en las oportunidades económicas y prosperidad del Canadá. El Marco adopta un planteamiento moderno y amplio del desarrollo económico aborigen, que insiste en las oportunidades y en la creación de asociaciones estratégicas con los grupos aborígenes, el sector privado y las provincias y territorios. En el contexto de este Marco, el gobierno del Canadá va a invertir 1.680 millones de dólares a lo largo de cinco años en una nueva Estrategia de formación orientada a la adquisición de aptitudes y al empleo de los aborígenes con el fin de contribuir al desarrollo del capital aborigen. El Gobierno del Canadá, los canadienses aborígenes y los asociados interesados, al centrar su atención en las oportunidades, responder a una situación nueva y cambiante, movilizar las relaciones de asociación y concentrarse en los resultados, tratan conjuntamente de conseguir que los canadienses aborígenes disfruten de las mismas oportunidades de empleo, ingreso y creación de riqueza que otros canadienses. El Nuevo marco federal para el desarrollo económico de los aborígenes puede consultarse en www.ainc-inac.gc.ca/ecd/ffaed-eng.asp.

6. Restricciones en el disfrute de la tierra por los pueblos aborígenes

106. En el Canadá, varios estatutos federales y provinciales permiten la apropiación de tierras privadas por los gobiernos provinciales o municipales, las autoridades locales y determinadas compañías. Estas apropiaciones se califican como expropiaciones y se otorgan con fines públicos específicos, como las obras de interés público (por ejemplo, carreteras, ferrocarriles, etc.). Normalmente, esta capacidad de expropiación no puede aplicarse a las tierras de las reservas. No obstante, dado que el párrafo 1 del artículo 35 de la Ley sobre la población india estipula que, en virtud de una ley federal o provincial, los gobiernos provinciales o municipales o algunas compañías pueden apropiarse o utilizar tierras o cualquier derecho sobre ellas sin el consentimiento del propietario, el Gobernador asistido por el Consejo puede dar su consentimiento a una expropiación o autorizar una donación de una expropiación, en relación con las tierras de una reserva o cualquier derecho sobre ellas. Al hacerlo, el decreto en cuestión debe establecer una intención clara y expresa de retirar las tierras de una reserva. Además, el alcance de la expropiación prevista en el decreto no puede superar el establecido en la legislación federal o provincial aplicable.

107. Al interpretar esta disposición en la causa Osoyoos Indian Band c. Oliver (Town), 2001 SCC 85, el Tribunal Supremo del Canadá estableció dos condiciones principales para que sea posible la expropiación de las tierras de una reserva. En primer lugar, la Corona debe perseguir el interés público para determinar si la expropiación de tierras indias es necesaria para conseguir un determinado objetivo público. En segundo lugar, una vez tomada la decisión de expropiar, se genera una obligación fiduciaria. Esta obligación significa que el interés expropiado por la Corona debe responder a un objetivo público al mismo tiempo que se respeta el interés de los indios que viven en esa tierra, en la medida de lo posible. Al cumplir esta obligación, la Corona debe evitar en lo posible la degradación de las tierras de la reserva autorizando el derecho mínimo necesario para conseguir el objetivo público por el que se expropia la tierra. La Corona debe también garantizar que los grupos reciban una indemnización por las tierras expropiadas.

108. De hecho, por norma y como práctica establecida, la expropiación o utilización de las tierras de la reserva sin consentimiento de las Primeras Naciones solo puede llevarse a cabo en circunstancias excepcionales. Por ello, si bien no es un requisito jurídico en virtud de la Ley sobre la población india, normalmente el artículo 35 solo se invoca después de un acuerdo negociado entre la Primera Nación y la autoridad expropiadora. Como mínimo, este acuerdo debe tener en cuenta los siguientes aspectos: objetivo de la expropiación, indemnización, minerales, evaluaciones, protección ambiental, intereses individuales, cargas y utilización provisional y ocupación. Una vez que se ha llegado a un acuerdo, la Primera Nación pide al Canadá que transfiera la tierra o un derecho sobre la tierra a la autoridad expropiadora.

109.Como fuente de información adicional sobre la política del Canadá acerca de la gestión de las tierras de las reservas, el Canadá remite al Comité al Manual de gestión de las tierras que se encuentra en www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/ 20071127101612/http://www.ainc-inac.gc.ca/ps/lts/pdf/lmm_e.pdf.

7. Derechos de propiedad de los aborígenes

110. La causa Delgamuukwc. Columbia Británica, [1997] 3 S.C.R. 1010, es la más importante acerca de los derechos de propiedad de los aborígenes en el Canadá. En ella, el Tribunal Supremo del Canadá determinó que esos derechos englobaban el derecho al uso y ocupación exclusivos de la tierra poseída en virtud de ese título con diversos objetivos. Estos no deben estar relacionados necesariamente con las prácticas aborígenes que forman parte integrante de las culturas aborígenes distintivas. No obstante, los usos protegidos no pueden ser incompatibles con la naturaleza de la vinculación del grupo aborigen con la tierra, que constituye la base del derecho de propiedad del grupo aborigen. Este límite inherente de la utilización de la tierra se desprende del hecho de que se trata de un derecho único sobre una tierra que es distinto de la mera propiedad.

111. La fuente de ese derecho de propiedad es la ocupación previa del Canadá por los pueblos aborígenes. Ese título protege jurídicamente en la actualidad la ocupación anterior de una tierra y, por lo tanto, reconoce la importancia de la continuidad de la relación de un grupo aborigen con su tierra a lo largo del tiempo. Los usos de la tierra que representarían una amenaza para esa relación en el futuro están excluidos del contenido de este derecho de propiedad aborigen. Por ejemplo, si la ocupación anterior de la tierra vinculada a un derecho de propiedad aborigen se establece en función de su utilización para la caza, el valor de la tierra para tal uso no puede ser destruido por su utilización posterior para actividades como la explotación minera a cielo abierto. Los grupos aborígenes que deseen hacer un uso de sus tierras que no esté autorizado en virtud del título de propiedad aborigen pueden ceder esas tierras a la Corona y, así, convertirlas en tierras no utilizadas en virtud de ese derecho de propiedad aborigen.

8.Información complementaria solicitada por el Comité

112. El Canadá agradece al Comité sus observaciones y recomendaciones. Por carta de 12 de marzo de 2010, el Comité solicitó al Canadá que en su informe periódico facilitara información adicional acerca de varias situaciones relacionadas con las comunidades aborígenes de la Columbia Británica. Por ello, el Canadá ha incluido la información solicitada en el marco de sus informes periódicos. Aunque esta solicitud de información adicional tenía como origen observaciones dirigidas al Grupo de Trabajo sobre procedimientos de alerta temprana y medidas urgentes del Comité, el suministro de información por parte del Canadá no constituye de ninguna manera una aceptación de que convendría considerar esas situaciones con arreglo al procedimiento de alerta temprana y acción urgente. Asimismo, como sabe el Comité, el Canadá no ha formulado una declaración en virtud del artículo 14 de la Convención y no reconoce la competencia del Comité para recibir o considerar denuncias de personas o grupos de personas.

113. El Canadá reconoce la necesidad de transparencia en las votaciones relativas a los tratados y continuará colaborando con otras partes interesadas para garantizar esa transparencia en los procedimientos. En ese sentido, el Canadá debe considerar y respetar las decisiones independientes de los dirigentes aborígenes democráticamente elegidos, como la decisión del Consejo de la Primera Nación de Tsawwassen de ofrecer prestaciones a los ancianos. Por decisión autónoma, el Consejo de la Primera Nación Tsawwassen decidió ofrecer a los ancianos prestaciones para permitir a algunos de ellos participar en las prestaciones futuras del Tratado de Tsawwassen. Dada su edad, es posible que en caso contrario esos ancianos no hubieran tenido la posibilidad de llegar a beneficiarse de esa posibilidad. El Consejo de la Primera Nación de Tsawwassen ofreció prestaciones a 18 personas que habían alcanzado al menos los 60 años de edad. Como se ha indicado antes, 130 miembros de la Primera Nación de Tsawwassen (que representaban el 70% de todos los votantes) votaron a favor de la ratificación del Tratado de la Primera Nación de Tsawwassen. Con excepción de este grupo de 18 ancianos, ningún otro votante de la Primera Nación de Tsawwassen recibió fondos de la Primera Nación de Tsawwassen ni de ningún Gobierno. El Gobierno de la Primera Nación de Tsawwassen continúa ofreciendo a los miembros de la Primera Nación de Tsawwassen que alcanzan los 60 años de edad prestaciones de ancianidad en las mismas condiciones que a los 18 receptores iniciales después del voto de ratificación del Acuerdo Definitivo de Tsawwassen.

114. Canadá tratará también de conseguir que la financiación mediante préstamos otorgada a los grupos aborígenes para permitir su participación sin trabas en el proceso relativo a los tratados se entienda correctamente como un medio de facilitar la consecución por parte de los grupos aborígenes de tratados protegidos constitucionalmente así como una nueva relación entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales y los grupos aborígenes. En lo que respecta a la Primera Nación Xaxli’p, esta aceptó un préstamo que le permitía participar en el proceso de concertación de tratados, y optó por retirarse de las negociaciones en 2001. El Canadá vuelve a insistir en que ha escrito a la Primera Nación Xaxli’p para manifestar que la obligación de reembolsar el préstamo ha quedado en suspenso y que, por lo tanto, el Canadá no trata de obtener el reembolso del mismo. En cuanto a la Primera Nación Lheidli T’enneh, está realizando actualmente consultas en el conjunto de su comunidad para determinar si desea un segundo voto de ratificación o un voto preliminar democrático para determinar si es conveniente un segundo voto de ratificación. La elaboración y orientación de este proceso queda totalmente a discreción de la dirección de la Primera Nación Lheidli T’enneh.

115. El Canadá señala igualmente a la atención del Comité la protección constitucional de los derechos aborígenes en el Canadá. Muchas Primeras Naciones han impugnado con éxito decisiones gubernamentales en los tribunales canadienses argumentando sobre la base de los derechos aborígenes reivindicados, pero no demostrados, y han conseguido prohibir las actividades de desarrollo hasta la celebración de las consultas pertinentes y, en caso necesario, modificaciones razonables de los derechos aborígenes reivindicados. En cuanto a la nación Secwepemc, los manifestantes de Sun Peaks optaron por no solicitar la protección de sus derechos protegidos, constitucionalmente reivindicados pero no demostrados, mediante procesos judiciales accesibles o por conducto de los dirigentes democráticamente elegidos de su Primera Nación. Prefirieron proceder por vías extrajudiciales. Como se ha señalado anteriormente, en un caso los manifestantes utilizaron grandes bloques de madera, piedras, hogueras, palés y escudos humanos para bloquear una carretera. Los participantes en las propuestas representaban a un pequeño número de solo dos de los 17 grupos de la Nación Secwepemc. Ni la Nación Secwepemc ni ninguno de sus 17 grupos patrocinaron las actividades extrajudiciales. El Canadá repite que, si bien como consecuencia de estas actividades extrajudiciales se dictaron cuatro condenas, en ninguno de los casos se dictó orden de prisión.

116. Por último, en cuanto a la recomendación del Comité sobre el uso de mediadores independientes para las reivindicaciones de tierras, el Canadá observa que dichos mediadores están ya disponibles a través de la Comisión de los Tratados de la Columbia Británica. Esta es un órgano independiente creado a raíz de las recomendaciones de los dirigentes aborígenes, el Canadá y la provincia de la Columbia Británica para supervisar las reivindicaciones de tierras de la Columbia Británica o “proceso de los tratados”. Se le ha confiado el mandato de desempeñar tres funciones complementarias: facilitación, financiación e información y educación pública sobre el proceso de los tratados. En su labor de facilitación, los representantes de la Comisión asisten a las negociaciones de los tratados, ofrecen asesoramiento a las partes, “presiden” las negociaciones y ayudan a las partes a buscar soluciones y resolver las diferencias resultantes de las negociaciones. La Comisión tiene también el mandato específico de obtener servicios de solución de diferencias para facilitar la solución de los conflictos o diferencias entre las partes, para lo cual, previa petición de estas, nombra mediadores independientes.

9. Migrantes y apátridas

117. En el Canadá, las personas apátridas pueden presentar una solicitud de asilo con respecto a su país o países de residencia habitual anterior, y en el caso de las personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada, pueden solicitar una evaluación previa del riesgo de retorno o solicitar la permanencia en el Canadá por motivos humanitarios y personales. Los solicitantes de asilo que consiguen el estatuto de refugiados y de aquellos cuya solicitud haya sido aceptada por motivos humanitarios pueden solicitar la residencia permanente en el Canadá con el fin de convertirse en ciudadanos canadienses una vez que cumplan los requisitos aplicables a todos los residentes permanentes del Canadá.

118. La consideración del interés superior del niño es el único criterio obligatorio especificado como factor que debe tenerse en cuenta al examinar una solicitud basada en motivos humanitarios y personales en virtud de la sección 25 de la Ley de inmigración y protección de refugiados (http://laws.justice.gc.ca/en/showtdm/cs/I-2.5). La disposición sobre los motivos humanitarios y personales permite al Gobierno del Canadá considerar factores muy diversos al determinar si otorga o no la residencia permanente a un nacional extranjero por esos motivos. En consecuencia, si un nacional extranjero que solicita asilo por motivos humanitarios incluye entre los factores que deben tenerse en cuenta su condición de apátrida, el Gobierno del Canadá está obligado a considerar este factor en su decisión. Dado que esta obligación existe ya en el marco legislativo actual, el Gobierno del Canadá no tiene previsto enmendar la Ley de inmigración y protección de refugiados.

119. El 17 de abril de 2009 entró en vigor una nueva ley (www.cic.gc.ca/english/ citizenship/rules-citizenship.asp) que modifica la Ley de ciudadanía (http://laws.justice. gc.ca/en/C-29/index.html), que ofreció la ciudadanía canadiense a los canadienses que la habían perdido debido a disposiciones desfasadas de la antigua legislación sobre la ciudadanía, y a los niños nacidos fuera del Canadá de un progenitor canadiense de la primera generación que no hubiera adquirido nunca la ciudadanía. La nueva ley introdujo también una limitación de la ciudadanía por descendencia en caso de los nacionales de primera generación. El nuevo límite de la ciudadanía por descendencia crea la posibilidad de que sea apátrida una persona nacida fuera del Canadá de un progenitor canadiense después de la entrada en vigor del proyecto de ley. Se han adoptado disposiciones para atender esos casos, incluida la posibilidad de que el solicitante se haga garante de un familiar a los efectos de la reunificación familiar en virtud de la Ley de inmigración y protección de refugiados o la concesión de la ciudadanía en virtud de la Ley sobre la ciudadanía en el caso de las personas que nacieron fuera del Canadá de un ciudadano canadiense y que han sido siempre apátridas.

120. Todo aquel que solicite el estatuto de refugiado en el Canadá será sometido previamente al examen de admisibilidad previsto en la División 2 de la Parte 2 de la Ley de inmigración y protección de refugiados a fin de determinar si la solicitud puede remitirse a la División de Protección de Refugiados de la Junta de Inmigración y Refugiados. Para determinar si una solicitud puede remitirse a dicha División, el Gobierno del Canadá no establece diferencias entre los migrantes documentados, los migrantes indocumentados y las personas apátridas. La disponibilidad de documentación y credibilidad solo se examina en la fase de la Junta, una vez que se ha remitido la solicitud y que la persona en cuestión puede ser considerada como solicitante de asilo. Otros migrantes no documentados y personas apátridas que no solicitan el estatuto de refugiados en el Canadá y pueden optar por inmigrar a través de otros cauces no se incluyen en el mandato de la División del Derecho de Asilo.

a) Acceso a los servicios sociales

121. Las personas indocumentadas y apátridas que presentan una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado pueden acogerse a las prestaciones del servicio de salud de emergencia y básico en virtud del Programa federal provisional de salud. Los solicitantes de asilo cuyas peticiones sean rechazadas continúan gozando de esa protección hasta su salida o expulsión. En el marco de dicho Programa, los solicitantes del estatuto de refugiados, los refugiados reasentados, las personas detenidas en el marco de la Ley de inmigración y protección de refugiados, las víctimas de la trata de personas y sus familiares a cargo que se encuentren en el Canadá y no puedan pagar los servicios de atención de salud pueden acogerse a las prestaciones mientras no reúnan los requisitos para las prestaciones de un plan de salud provincial/territorial o privado. Esas prestaciones continúan ofreciéndose a los solicitantes mientras permanezcan en el Canadá. Puede encontrarse más información en www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/ 5568E.asp.

122. Los solicitantes del estatuto de refugiado pueden solicitar autorización para asistir a una escuela mientras esperan una decisión al respecto. De acuerdo con su compromiso en virtud del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Canadá ofrece automáticamente a los hijos menores de los solicitantes del estatuto de refugiados la posibilidad de asistir a las escuelas de enseñanza primaria cuando llegan al Canadá. Esa posibilidad abarca también la enseñanza secundaria. En virtud del Reglamento sobre inmigración y protección de los refugiados, previa solicitud de un permiso de estudio, los solicitantes del estatuto de refugiado cuya solicitud se haya rechazado continúan teniendo acceso a la educación hasta su alejamiento del Canadá.

123. El Reglamento ofrece también acceso a los permisos de trabajo para los solicitantes del estatuto de refugiado que esperan una decisión y para los solicitantes cuya solicitud se haya rechazado hasta su alejamiento del Canadá. Normalmente, solo pueden recibir autorización de trabajar las personas que no pueden vivir sin asistencia pública.

124. En virtud de la Ley constitucional de 1867 (http://laws.justice.gc.ca/en/const/ 1.html), el diseño, ejecución y administración de los programas de asistencia social en el Canadá son competencia de las provincias. Según la residencia del solicitante, puede haber pequeñas diferencias en cuanto a los requisitos de admisibilidad para las prestaciones de asistencia social. En general, las provincias y territorios evalúan la necesidad y la residencia de los solicitantes sin tener en cuenta si son o no inmigrantes. En consecuencia, los solicitantes del estatuto de refugiado que esperan una decisión y los que han visto denegada su solicitud tienen acceso a la asistencia social en función de sus necesidades y su residencia.

Artículo 6

Protecciones y recursos eficaces

125. El 18 de junio de 2008 entró en vigor una Ley de enmienda de la Ley de derechos humanos del Canadá (S.C. 2008, c. 30) (www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication. aspx?Docid=3598216&file=4), por la que se revoca el artículo 67 de la LDHC. La Comisión Canadiense de Derechos Humanos puede aceptar ahora denuncias contra el Gobierno del Canadá relacionadas con la Ley sobre la población india. Un período de gracia de 36 meses mantiene la exención hasta el 18 de junio de 2011 en lo que respecta a los gobiernos de las Primeras Naciones.

126. En cumplimiento de su obligación en virtud del Artículo 4 de la Ley de realizar un estudio conjunto sobre las necesidades de las Primeras Naciones para poner en práctica la revocación del artículo 67, el Gobierno del Canadá ha ofrecido financiación a la Asamblea de Primeras Naciones, el Congreso de Pueblos Aborígenes y la Asociación de Mujeres Aborígenes del Canadá para que contribuyan al estudio de evaluación de las necesidades. El informe sobre el estudio deberá presentarse al Parlamento en junio de 2011.

Artículo 7

Educación, cultura e información

127. El Gobierno del Canadá realiza cuatro actividades anuales de educación y promoción pública que ayudan a combatir los prejuicios y la discriminación. Son las siguientes:

a) El Desafío Mathieu da Costa, concurso anual artístico y literario que alienta a los jóvenes a exponer sus ideas acerca de los valores canadienses y la diversidad y a hacerse una idea clara del patrimonio colectivo y las contribuciones de la población aborigen o procedente de África y otros lugares;

b) El mes de la historia de los negros, que conmemora el legado de los canadienses negros y celebra sus logros y contribuciones que han hecho posible que el Canadá sea una nación culturalmente diversa, con conciencia social y próspera;

c) El Concurso nacional de videos “¡Alto al racismo!”, que forma parte de la campaña nacional del 21 de marzo contra la discriminación racial y alienta a los jóvenes canadienses a producir videos en los que manifiesten sus ideas sobre la eliminación del racismo; y

d) El Mes del patrimonio asiático, que conmemora la historia de los canadienses de origen asiático y sus contribuciones que han hecho posible que el Canadá sea una nación culturalmente diversa, próspera y con conciencia social.

128. El 24 de junio de 2009, el Canadá adquirió la condición de miembro del Grupo de Trabajo para la cooperación internacional en la enseñanza, rememoración e investigación del Holocausto en Oslo (Noruega). Este Grupo, iniciado en 1998, es una coalición de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales cuyo objetivo es atender mejor la necesidad de enseñanza, rememoración e investigación del Holocausto, tanto en el propio país como en el extranjero.

129. El acceso a la condición de miembro representa la culminación de más de dos años de trabajo y de contactos con las partes interesadas en los planos internacional, federal, provincial/territorial e institucional y en el contexto de las ONG. En calidad de miembro, el Gobierno del Canadá tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de liderazgo en las esferas de la educación sobre los derechos humanos y la lucha contra el racismo, con inclusión del antisemitismo, y su compromiso con la aplicación de políticas y programas nacionales en apoyo de las cuestiones relacionadas con el Holocausto, de conformidad con la Declaración de Estocolmo de 2000.

130. En 2009, el Gobierno del Canadá:

a) Comunicó que aportaría fondos para la creación de un Grupo de Trabajo nacional de investigación, rememoración y educación sobre el Holocausto;

b) Convocó una conferencia con asociados de los Estados Unidos y de Francia sobre el tema “La era del San Luis: Recordar el pasado para avanzar”, que agrupó a funcionarios gubernamentales, representantes de los círculos académicos, educadores y miembros de la sociedad civil en un debate sobre las políticas y prácticas discriminatorias y la forma más indicada de educar a las generaciones futuras (www.stlouis2009 conference.ca);

c) Convocó el Premio Paul Yuzyk al Multiculturalismo, que reconoce a las personas y grupos de todo el Canadá que han demostrado su dedicación constante a la instauración de una sociedad multicultural y pluralista en el Canadá. Incluye una donación de 20.000 dólares que se otorgará a una organización o asociación canadiense sin fines de lucro elegida libremente por el galardonado, que reúna los requisitos establecidos y que tenga un historial acreditado de sensibilización sobre el racismo y la discriminación, de fomento de un comportamiento más inclusivo en los canadienses y las instituciones y de implicación de los canadienses en un diálogo intercultural con conocimiento de causa; y

d) Participó en la Conferencia sobre los Bienes de la Época del Holocausto en Praga (República Checa) y respaldo la aprobación de la Declaración no vinculante de Terezin. La conferencia fue seguida de la creación del Instituto de Terezin (Instituto del Legado de la Shoah), que el Canadá se ha comprometido a apoyar.

131. En 2008-2009, el Gobierno del Canadá, en asociación con el Gobierno de Nueva Escocia y Sanfoka Films, financió un proyecto de educación innovador, En nuestras propias voces. Su objetivo era fomentar actividades sociales y competencias de trabajo para los jóvenes delincuentes de la comunidad afroneoescocesa que han sido o corren riesgo de ser miembros de bandas de delincuentes. Se han preparado un documental de 20 minutos, un sitio web interactivo, un programa de radio semanal y un documento de investigación sobre los problemas con que se encuentran los grupos minoritarios y sus relaciones con los comportamientos de alto riesgo. El documental se utilizará en actividades de educación pública para lograr una conciencia más clara y un mayor apoyo dentro de la comunidad.

IV. Medidas adoptadas por los gobiernos de las provincias

A. Terranova y Labrador

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

132. La Iniciativa de prevención de la violencia del Gobierno de Terranova y Labrador ofrece financiación para el programa Donaciones para la prevención de la violencia contra las mujeres aborígenes, que tiene en cuenta las propuestas de acción prioritarias señaladas en la primera Cumbre nacional de mujeres aborígenes celebrada en Terranova y Labrador en junio de 2007. Durante la cumbre, se reconoció la necesidad de más recursos financieros para iniciativas de prevención de la violencia en la familia y programas de prevención de los malos tratos que tuvieran en cuenta la situación específica de las mujeres aborígenes en Terranova y Labrador. Entre los proyectos financiados a través del programa de donaciones se encuentran la Asociación de Rigolet contra la violencia en la familia, que ofrece en la comunidad de Rigolet, Labrador, un lugar de refugio para las mujeres y niños que sufren violencia en la familia, y un proyecto del St. John’s Native Friendship Centre que trata de incrementar y promover los servicios comunitarios que favorecen la reinserción de las mujeres aborígenes encarceladas, y sus hijos, que han sido víctimas de la violencia en la familia.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

133. En 2007, la provincia estableció un programa conjunto con la Memorial University de Terranova para la capacitación de los nuevos miembros de la Real Policía de Terranova. Un componente de este programa incluye actividades de sensibilización cultural, principalmente con respecto a las cuestiones aborígenes y, más en general, a la promoción del respeto a las diferencias culturales.

c) Empleo

134. El Gobierno de Terranova y Labrador ofrece financiación a la Asociación de Nuevos Canadienses en apoyo de la ejecución de programas de servicios de empleo para inmigrantes de la provincia. El programa consta de una serie de talleres sobre oportunidades profesionales y empleo y asesoramiento individual para la elaboración de un plan de acción sobre el empleo y la transición a la actividad laboral. El programa contiene componentes para la preparación de los historiales personales, aprendizaje mediante la observación directa de un profesional, preparación de entrevistas y mantenimiento del empleo a largo plazo. Esta iniciativa forma parte de la estrategia gubernamental de inmigración de 6 millones de dólares para la provincia, denominada Diversidad: Oportunidades y Crecimiento.

d) Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

135. El Gobierno de Terranova y Labrador ha incrementado su financiación a los Servicios Jurídicos para los Aborígenes de Labrador, que ofrece servicios de interpretación y asistencia a los aborígenes que entran en contacto con el sistema judicial. En particular, dichos Servicios respaldan el Programa de asistencia judicial a los aborígenes, que ayuda a los aborígenes acusados de infracciones penales o provinciales ofreciendo información, apoyo y servicios de revisión desde los primeros momentos y durante todo el proceso penal. El Programa ayuda también a las personas aborígenes a entrar en contacto con recursos adecuados en el ámbito jurídico, social, educativo, laboral y sanitario, así como con la comunidad aborigen y otras fuentes de ayuda para resolver los problemas subyacentes que pueden contribuir a la comisión de infracciones.

Artículo 4

Prohibición de la propaganda racista

136. En 2006, el Gobierno de Terranova y Labrador enmendó el artículo 14 de su Código de Derechos Humanos para introducir los motivos de “situación familiar” y “edad” entre las cuestiones consideradas a fin de impedir la publicación o divulgación de publicaciones discriminatorias.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

a) Medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en la aplicación de la ley

137. Los tribunales provinciales han adoptado métodos más tradicionales de reparación y compensación con respecto a los infractores aborígenes. La imposición de penas mediante deliberación colectiva se acepta generalmente como alternativa a la imposición de una sanción penal, fundamentalmente para las infracciones que no son de carácter violento. Otro mecanismo de reparación de infracciones no violentas es el servicio comunitario.

b) Los aborígenes

138. En el mandato de los Servicios jurídicos de Labrador se prevé la posible reintegración de los infractores aborígenes en la comunidad en la que residen. En este servicio se incluyen actividades como el examen de la reintegración con el infractor y los dirigentes y ancianos de la comunidad y el establecimiento de contactos entre ambas partes con respecto a los servicios de apoyo jurídico y social. La integración ha conseguido en conjunto buenos resultados en los casos de infracciones no violentas y en general se ha adoptado caso por caso cuando las infracciones han implicado cierta forma de violencia.

c) Personas migrantes y apátridas

139. Un solicitante del estatuto de refugiado o visitante extranjero tiene derecho a los servicios sanitarios, educativos y sociales si consigue un permiso de trabajo y, por lo demás, cumple los requisitos obligatorios de residencia, como un período de residencia de tres meses, para tener acceso a los servicios médicos asegurados. Una persona apátrida o un migrante indocumentado es una persona que no tiene estatuto jurídico reconocido y, en consecuencia, no tiene derecho a los servicios sanitarios, educativos y sociales patrocinados por el Estado.

Artículo 7Educación, cultura e información

140. Las escuelas de Terranova y Labrador, en particular en los distritos escolares urbanos, organiza con frecuencia programas orientados al multiculturalismo y el respeto por la diversidad. El Gobierno de Terranova y Labrador ofrece financiación para sufragar los costos de dichos programas. Las decisiones con respecto a su contenido son competencia de las respectivas escuelas, junto con los funcionarios de los distritos escolares regionales.

B. Isla del Príncipe Eduardo

Artículo 2Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

141. En 2004 se inauguraron dos nuevos refugios para mujeres destinados principalmente, pero no de forma exclusiva, a las mujeres aborígenes. Uno de los refugios cuenta con financiación del Gobierno del Canadá y el otro recibió, con carácter excepcional, una donación del Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo.

142. Asimismo, se concertó un acuerdo de financiación tripartita (federal/provincial/ Confederación Mi’kmaq) para el establecimiento del Programa Mi’kmaq Family PRIDE, que trata de aumentar el bienestar de los niños aborígenes (www.mcpei.ca/node/28).

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

143. El Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo ofrece a los policías de toda la provincia actividades anuales de capacitación sobre la dinámica de la violencia familiar y la intervención de la policía.

c) Empleo

144. El Gobierno colabora con la Asociación de la Isla del Príncipe Eduardo para los recién llegados al Canadá, que ofrece servicios de empleo a los inmigrantes. Como ejemplos cabe señalar el programa Profesionales de la salud con formación internacional, que ayuda a estos profesionales a superar los problemas de empleo en el sistema de atención de salud de la provincia, y el Servicio de asistencia laboral para los recién llegados, que les ayuda a superar los obstáculos para la búsqueda de empleo y la adquisición de las aptitudes necesarias para conseguir un puesto de trabajo (www.peianc.com). Puede encontrarse información sobre el reconocimiento de los títulos extranjeros y otros aspectos relacionados con el empleo en www.gov.pe.ca/immigration/ index.php3?number=1015659&lang=E#fcrpro.

Empleo en la administración pública

145. En cumplimiento de la Política de diversidad y equidad, el programa de empleo de verano del Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo se orienta principalmente a la contratación de grupos desfavorecidos. Un Programa de becarios del sector público, que ofrece 50 empleos de un año y 80 de seis meses en el servicio público provincial para graduados universitarios de primero y segundo grado dio también prioridad a los miembros de las minorías y otros grupos desfavorecidos

d) Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

146. El Gobierno ha restablecido un programa de ayuda a las víctimas aborígenes con el fin de ofrecer los servicios prestados a las víctimas aborígenes de delitos. Se contratan auxiliares en función de las necesidades para ayudar a dichas víctimas en las diversas etapas del proceso de justicia penal, como complemento del apoyo ofrecido en toda la provincia por el personal de servicios a las víctimas.

147. Mediante la distribución de carteles, folletos y fichas de bolsillo a todos los servicios de policía y órganos de justicia de la provincia, el Programa de justicia para los aborígenes de la Confederación Mi’kmaq de la Isla del Príncipe Eduardo (MCPEI AJP) promueve la autoidentificación de los aborígenes que entran en contacto con el sistema de justicia penal (www.mcpei.ca). La autoidentificación contribuye a garantizar que las personas aborígenes reciban información sobre los servicios disponibles. Dicho Programa es financiado por el Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo y el Gobierno del Canadá.

148. En 2009, los servicios de ayuda a las víctimas distribuyeron entre los recién llegados a la Isla del Príncipe Eduardo folletos informativos en los que se explican los servicios disponibles para las víctimas de delitos. Con ayuda financiera del Fondo del Gobierno del Canadá para las víctimas de delitos, esos materiales se han traducido a los cuatro idiomas dominantes entre la población inmigrante de la provincia: chino, coreano, español y persa.

Artículo 5 Igualdad ante la ley

a) Los aborígenes

149. En 2009, el Programa MCPEI AJP invitó a la RCMP, a la policía municipal y a los telefonistas del servicio 911 a sesiones de capacitación sobre la cultura aborigen, el trabajo con los infractores aborígenes, la asistencia disponible a través del programa y la importancia de animar a los infractores aborígenes a autoidentificarse. Participaron en esas sesiones unos 60 agentes (de un total de aproximadamente 200 en toda la provincia). El programa organizó también medias jornadas de capacitación semejante en la Academia de Policía del Atlántico, en las que participaron 77 cadetes de policía y 70 funcionarios de prisiones en fase de capacitación.

150. El principio de determinación de la pena del Código Penal, según el cual “en el caso de todos los infractores, y con particular atención a las circunstancias de los infractores aborígenes, deben considerarse todas las sanciones disponibles distintas del encarcelamiento que sean razonables en las circunstancias del caso”, es aplicado sistemáticamente por los tribunales de la provincia.

151. En la provincia, muchas sentencias se cumplen en la comunidad y no en los centros correccionales, y otros casos no llegan a presentarse ante los tribunales debido a la utilización de medidas alternativas para los infractores jóvenes y adultos. En 2007-2008, 654 adultos recibieron órdenes de libertad condicional y en 45 casos se dictaron sentencias condicionales como consecuencia de un proceso judicial, mientras que 149 se acogieron al programa de medidas alternativas; 101 jóvenes recibieron órdenes de libertad condicional y 83 se beneficiaron de las medidas alternativas del Programa (www.gov.pe.ca/ attorneygeneral).

152. A efectos comparativos, cabe señalar que, según los cuadros de referencia de 2007-2008 de los servicios correccionales para adultos del Canadá, hubo 771 admisiones de adultos con condenas de reclusión en la Isla del Príncipe Eduardo, el 1% de los cuales eran aborígenes. Los datos sobre los jóvenes condenados a penas de detención no están disponibles todavía para 2007-2008, pero según datos de las Estadísticas de los tribunales de justicia de Juristat 2006-2007, 26 jóvenes de la Isla del Príncipe Eduardo fueron condenados con penas de reclusión y 130 recibieron sentencias de libertad condicional (www.ccjsccsj.statcan.gc.ca).

153. La Política de medidas alternativas se revisó en 2008 para mencionar expresamente y promover el uso del Programa MCPEI AJP en los casos pertinentes. En 2007-2008, el programa recibió 12 remisiones de la policía o de los servicios de libertad condicional, diez de los cuales fueron aceptados; dos fueron rechazados por estar relacionados con la violencia doméstica.

154. En cuanto a la reintegración, la provincia tiene un asistente social sobre cuestiones aborígenes que ayuda a los infractores aborígenes a reintegrarse. El Programa MCPEI AJP ofrece también círculos de recuperación con ese mismo fin.

155. No se ha realizado ninguna evaluación reciente para medir el éxito de estos programas. El número de casos del Programa MCPEI AJP es actualmente demasiado pequeño para su inclusión en un incipiente estudio nacional sobre la reincidencia.

b) Personas migrantes y apátridas

156. Los servicios de salud que son médicamente necesarios están a disposición de cualquier persona de la provincia, pero hay dos estatutos que determinan si los servicios están cubiertos por el sistema público de seguro de enfermedad:

a) En virtud de la Ley sobre el pago de los servicios de salud, están cubiertos los servicios de salud básicos para los residentes. En la definición de residente se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

“Residente” es una persona legalmente autorizada a permanecer en el Canadá y que reside y se encuentra habitualmente presente en la Isla del Príncipe Eduardo...

b) En virtud de la Ley sobre el seguro de los servicios hospitalarios y de diagnóstico, esos servicios están cubiertos en el caso de los residentes, que son las personas que han residido en la provincia al menos dos meses, y otras personas especificadas en el reglamento en la forma siguiente:

Toda persona que sea i) inmigrante residente, ii) canadiense repatriado, iii) canadiense regresado al país, iv) inmigrante residente regresado al país, v) ciudadano canadiense o cónyuge de un ciudadano canadiense que adquiera la residencia en el Canadá por primera vez y que haya conseguido la residencia permanente en la Isla del Príncipe Eduardo tendrá derecho a las prestaciones previstas en estos reglamentos desde la fecha en que establezca su residencia...

157. Se ofrece asistencia social a todas las personas que tienen un número del seguro de enfermedad público en la provincia; en otras palabras, si alguien reúne los requisitos para recibir los servicios de salud subvencionados y cumple los criterios financieros, puede recibir también asistencia social. Otras personas pueden recibir ayuda por motivos humanitarios, pero el Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo colabora con el Gobierno del Canadá para garantizar el cumplimiento de las normas de inmigración. En algunos casos, las personas que han llegado a la provincia en busca de empleo pero no lo consiguieron han recibido ayuda por motivos humanitarios para regresar a su país de origen.

158. Se ofrece acceso gratuito de la educación primaria y secundaria a los residentes, de conformidad con la Ley del sistema escolar, en la forma siguiente:

68. Las personas con edades comprendidas entre 6 y 20 años que a) sean residentes de la provincia; b) no hayan terminado los estudios de la enseñanza secundaria; y c) no estén excluidos de la asistencia escolar en virtud del artículo 70, tienen derecho a acceder gratuitamente al sistema escolar público de la provincia, tal como se define en el reglamento y se dispone en la presente Ley. 1993, cap. 35, art. 68.

Artículo 7Educación, cultura e información

159. Cada mes de junio, la Semana de la Administración Pública organiza actividades orientadas a la promoción de la diversidad y el entendimiento cultural en la administración pública provincial mediante pantallas informativas, presentaciones, conciertos, etc.

160. El Gobierno está llevando a cabo un programa de capacitación y sensibilización cultural para conseguir que los empleados públicos provinciales tengan mayor conciencia del valor de una mano de obra diversificada y ayudarles a adquirir las aptitudes necesarias para trabajar eficazmente en un contexto diversificado. Un formador especializado en sensibilización sobre la diversidad y las culturas preparó y ofreció actividades de capacitación a algunos empleados y dirigentes de la administración pública, además de organizar talleres de media jornada en los que se consideraron los siguientes temas:

a) Sensibilización sobre la diversidad;

b) Sensibilización y comprensión de las culturas en el lugar de trabajo (cultura aborigen y francófona, aspectos multiculturales, crecimiento de las comunidades inmigrantes); y

c) Análisis y rendición de cuentas (para altos cargos, directores, consejeros delegados y viceministros).

161. El Gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo patrocina también un premio anual a la promoción de los derechos humanos. El premio reconoce la labor de personas, grupos u organizaciones que han realizado una contribución significativa al progreso de los derechos humanos en la Isla del Príncipe Eduardo. La selección del galardonado se hace teniendo en cuenta sus contribuciones excepcionales y voluntarias para promover los derechos humanos y la igualdad en la Isla del Príncipe Eduardo.

C. Nueva Escocia

Artículo 2Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

162. En colaboración con la Red de apoyo jurídico Mi’kmaq, el Gobierno de Nueva Escocia llevó a cabo en 2008 un Proyecto piloto trienal de sensibilización de los aborígenes, con financiación del Gobierno del Canadá, para reforzar los servicios ofrecidos a las víctimas aborígenes de la violencia. Tras realizar una evaluación de las necesidades, elaboró un modelo especializado de prestación de servicios orientado a las necesidades singulares de las víctimas mi’kmaq y contrató un agente de servicios a las víctimas aborígenes, con conocimiento de la lengua mi’kmaq, para ofrecer servicios acordes con la cultura local desde una oficina ubicada en Eskasoni, que es la mayor comunidad aborigen de Nueva Escocia. Si bien los servicios se ofrecen a los clientes aborígenes de uno y otro sexo, la mayoría de los clientes son mujeres, y se da prioridad a las víctimas de violencia conyugal y de agresión sexual (http://gov.ns.ca/news/details.asp?id=20080620003).

163. El Gobierno creó también en 2008 dos nuevos puestos de funcionarios de policía especializados en la intervención en casos de violencia conyugal. Uno de ellos es de ascendencia aborigen y trabaja en la comunidad de Eskasoni.

164. A través de un comité de trabajo del Foro tripartito sobre justicia (Mi’kmaq-Nueva Escocia-Canadá) se llevaron a cabo investigaciones para examinar el tema de la violencia desde la perspectiva de la comunidad aborigen. Esas investigaciones fueron copatrocinados por la Atlantic Aboriginal Health Research Foundation y sus resultados se publicaron en enero de 2010. Las recomendaciones resultantes de la investigación aconsejan la realización de una iniciativa piloto, cuyo objetivo es formular y comprobar intervenciones de base comunitaria que respalden un modelo de intervención inspirado en las características culturales.

165. Dos centros de recuperación aborígenes ofrecen servicios de acogida a las mujeres y niños aborígenes que han sido víctimas de la violencia familiar en Nueva Escocia. Estos centros se encuentran dentro de las comunidades de las Primeras Naciones y están totalmente financiados por el Gobierno del Canadá. Colaboran estrechamente con la red general de refugios para mujeres a fin de ofrecer asistencia a las mujeres aborígenes que solicitan refugio.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

166. Cada año, todos los agentes de policía de Nueva Escocia reciben formación sobre la violencia doméstica y conyugal. En 2008, dicha formación se reforzó con la incorporación de actividades de capacitación sobre la Evaluación del riesgo de violencia familiar en Ontario, instrumento comprobado de evaluación del riesgo utilizado por la policía y otras partes interesadas en la justicia penal con el fin de evaluar los problemas de violencia conyugal para una mejor gestión de los casos. En 2009, la capacitación se complementó con la puesta en marcha de un Sistema de formación superior.

c) Empleo

167. El Gobierno de Nueva Escocia ha adaptado su Programa “Padres de orientadores profesionales” para atender las necesidades de la población aborigen y afroneoescocesa, y ha organizado ferias de orientación profesional que responden a las necesidades de los nuevos inmigrantes (www.parentsascareercoaches.ca/).

168. En 2008, el Canadá y Nueva Escocia firmaron un Acuerdo sobre el mercado de trabajo. Ese acuerdo de seis años ofrece a la provincia nueva financiación para un programa de acceso al mercado de trabajo dirigido a las personas que no cumplen los requisitos para beneficiarse del seguro de desempleo. Sus destinatarios principales son la población afroneoescocesa, los aborígenes, los inmigrantes, las personas con discapacidad, las mujeres, los jóvenes y los trabajadores de edad avanzada. Los programas que pueden beneficiarse de esa financiación son, entre otros, los de apoyo al empleo, alfabetización y conocimientos básicos, formación profesional y orientación sobre la creación de empresas.

169. En 2008, en el contexto del Acuerdo sobre el mercado de trabajo y, con el fin de colaborar más estrechamente con los grupos designados, se elaboró un modelo de mesa redonda sobre la empleabilidad para formular estrategias con el fin de incrementar el acceso al mercado de trabajo. Hay cuatro mesas que representan a los acadianos, los afroneoescoceses, los aborígenes y las personas con discapacidad. La representación puede proceder de proveedores de servicios independientes, especialistas en empleo, el Gobierno federal y los gobiernos provinciales y los empleadores. Esta iniciativa de alcance provincial tratará de establecer objetivos relacionados con la oferta y la demanda.

170. La mesa de empleabilidad de los afroneoescoceses cuenta con miembros de los centros de empleo de afroneoescoceses, los departamentos gubernamentales provinciales que ofrecen programas y servicios de empleo, las instituciones de educación y capacitación, las organizaciones de empleadores y las organizaciones de desarrollo económico. El objetivo de la mesa es elaborar una estrategia integrada para la incorporación de los afroneoescoceses al mercado de trabajo, que estará impulsada por los dirigentes locales e iniciativas populares. La meta de dicha Estrategia es aumentar el número de aborígenes que consiguen incorporarse a la fuerza de trabajo de Nueva Escocia. La mesa redonda sobre empleabilidad de los aborígenes está integrada por representantes de organizaciones comunitarias mi’kmaq.

i)Afroneoescoceses

171. En el Acuerdo sobre el mercado de trabajo la comunidad afroneoescocesa es uno de los grupos prioritarios. Entre las iniciativas para colaborar con la comunidad figuran las consultas, las medidas de inclusión y la financiación sostenible en apoyo del desarrollo económico, el empleo, la educación, la salud, la comunidad y el orgullo de pertenecer a esta comunidad. Entre las iniciativas del Gobierno de Nueva Escocia se incluyen las siguientes:

a) Constitución de una mesa redonda sobre la empleabilidad integrada por diversas partes interesadas a fin de que la comunidad pueda determinar los desafíos y obstáculos comunes al desarrollo de la fuerza de trabajo y formular un plan de acción para promover oportunidades en los ámbitos de la educación, la capacitación y el empleo;

b) Adaptación de la Iniciativa de participación de los aborígenes en el mercado de trabajo a la situación de la comunidad afroneoescocesa y creación de un instrumento para los empleadores a fin de que la comunidad pueda respaldar la participación en el mercado de trabajo;

c) Ofrecimiento de financiación inicial para la Greater Halifax Partnership for Ujiima (oo-ga-ma), proyecto de desarrollo comunitario en apoyo del empleo a largo plazo, la sostenibilidad y el cambio positivo;

d) Experimentación del programa Parents as Career Coaches, instrumento de orientación profesional para los padres y tutores, adaptado a la comunidad;

e) Participación en la mesa redonda sobre la Estrategia del sector de la construcción para los negros, patrocinada por la Black Business Initiative (BBI). El debate se centró en las oportunidades de asociación empresarial disponibles para las personas en el sector de la construcción y las necesidades de capacitación para ese sector; y

f) Ofrecimiento de actividades de formación para la adquisición de aptitudes esenciales para los trabajadores afroneoescoceses en el sector de la construcción y adopción de medidas para eliminar los obstáculos a la certificación.

172. La BBI, creada en 1996 por el Gobierno de Nueva Escocia dentro de la estrategia para el desarrollo empresarial y económico de la comunidad afroneoescocesa, formó y estableció en 2008 una compañía de gestión de proyectos de construcción (ADEPA) para ofrecer a los trabajadores afroneoescoceses y a los propietarios de empresas de construcción afroneoescoceses la capacidad de participar en la licitación de grandes contratos (http://www.bbi.ca/about-bbi/index.html).

173. En 2008, Michelin North America firmó un acuerdo de asociación con la Collaborative Partnership Network del African Nova Scotian Employment Partnership Committee, la Oficina de Asuntos Afroneoescoceses, la División de Servicios a los Afrocanadienses del Ministerio de Educación, los servicios de apoyo estratégicos de la Comisión de la Administración Pública y la BBI con el fin de ayudar a los afroneoescoceses a adquirir competencias y aprovechar las oportunidades profesionales en la industria. Este fue el primer acuerdo de este tipo concertado con la comunidad afroneoescocesa.

174. El Gobierno de Nueva Escocia continúa ofreciendo apoyo al Cape Breton African Nova Scotian Employment Centre, conocido anteriormente con el nombre de Cape Breton Black Employment Partnership Committee. Este Centro trata de promover y facilitar la capacitación y el empleo de los afroneoescoceses en el proyecto de saneamiento de los estanques de brea de Sydney. En 2008, el Gobierno suministró materiales de consulta y documentación para ayudar a la gestión del proyecto y al Centro a avanzar en la incorporación de los principios de la política provincial de igualdad en el empleo. Esta sirve como modelo para el proyecto, en particular para la elaboración de políticas de equidad y programas de divulgación para lograr la participación de los afroneoescoceses en el proyecto.

175. La provincia está colaborando también con las empresas, la industria y los organismos comunitarios para ayudar a las industrias a corregir la carencia comprobada de trabajadores especializados fomentando la participación en el mercado de trabajo de los beneficiarios de las medidas de sostenimiento del ingreso y de seguridad en el empleo. Una vez concluida la capacitación para determinados empleos aprobada por la industria en el marco del programa One Journey, los participantes ocupan inmediatamente los empleos que se han negociado con las industrias y los empleadores asociados. El 80% de los participantes en este programa conservan el empleo después de terminada la capacitación. De 2007 a 2009, se ofrecieron en la provincia 13 programas, que contribuyeron a incorporar al mercado de trabajo a 130 personas de ocupaciones diversas, como el personal de los servicios de atención permanente, conductores de camiones profesionales y asesores.

176. En 2008-2009, la Iniciativa orientada a los trabajadores de edad avanzada —asociación entre el Gobierno federal y el gobierno provincial para ayudar a los trabajadores desempleados de 55 a 64 años de las comunidades afectadas por una significativa contracción de la mano de obra o el cierre de lugares de trabajo mediante la programación para la reincorporación laboral— financió un proyecto de la Valley African Nova Scotia Development Association concebido para ayudar a los trabajadores de edad avanzada de la población afroneoescocesa en paro que habitan en la región del valle de Nueva Escocia.

177. En virtud del Acuerdo sobre el mercado de trabajo, el Gobierno de Nueva Escocia creó el programa de acceso al aprendizaje, que ayuda a superar los posibles obstáculos para la incorporación a la fuerza de trabajo, con especial atención a los empleos especializados. Los proyectos de este programa orientados a la población afroneoescocesa son los siguientes:

a) Construcción del futuro (2008-2009), de la BBI, que es un programa de formación para actividades del sector de la construcción y de preparación para el empleo con destino a los afrocanadienses sin empleo o subempleados en este sector, que permite a los profesionales actuales y futuros de la comunidad negra disponer de formación, certificados y competencia para establecer una presencia más sólida en el sector de la construcción de Nueva Escocia; y

b) La Valley African Nova Scotian Development Association (2009), que ofrece apoyo a las personas que encuentran obstáculos para incorporarse a la fuerza de trabajo, con especial atención a los empleos especializados.

ii) Aborígenes

178. En 2008, Gobierno de Nueva Escocia organizó 25 talleres para el establecimiento de contactos con la comunidad aborigen en toda la provincia con el fin de ofrecer a más de 200 agentes de empleo y gestores de casos capacitación sobre el mercado de trabajo e información sobre el empleo.

179. El Gobierno de Nueva Escocia, en asociación con el Gobierno del Canadá, financió también el Programa de mercados reservados a las empresas autóctonas, que trata de aumentar la capacidad de las compañías aborígenes mediante la formación y capacitación sobre el proyecto de estanques de brea. Algunos aspectos del saneamiento se han reservado para empresas calificadas locales con al menos un 51% de propiedad aborigen (www.tarpondscleanup.ca/index.php?sid=3&cid=14).

180. La Estrategia sobre el mercado de trabajo aborigen de Nueva Escocia está dividida en dos fases, con el fin de facilitar a los aborígenes el acceso a las posibilidades de formación, adquisición de aptitudes y empleo necesarias para una participación duradera en la fuerza de trabajo de Nueva Escocia. Se creó un puesto de coordinador de la estrategia sobre el mercado de trabajo en la Confederacy of Mainland Mi’kmaq con el fin de aumentar la participación de los aborígenes en el mercado de trabajo y se contrató para dicho puesto a un miembro de la comunidad aborigen.

181. Nueva Escocia está esforzándose también por ayudar a los jóvenes aborígenes a adquirir las competencias necesarias para iniciar la educación postsecundaria y, de esa manera, lograr una mayor participación y éxito en el mercado de trabajo. El Gobierno de Nueva Escocia, con aportaciones de las comunidades aborígenes, adapta el contenido y ejecución del programa de aprendizaje para adultos de la Nova Scotia School for Adult Learning a fin de respetar la cultura y responder a las necesidades de sus alumnos. Estos aprenden en un medio multilingüe y siguen un proceso de transición, elaborado en 2008, que les permite pasar de un aprendizaje basado en la comunidad a niveles avanzados en el Nova Scotia Community College y obtener un diploma de estudios secundarios para adultos de Nueva Escocia. Se ofrecen subvenciones anuales a las comunidades que imparten este programa. En el período incluido en el presente informe, se asignaron fondos al Centro de amistad mi’kmaq (fuera de las reservas) y a las comunidades de Eskasoni (Literacy Unama’ki); Waycobah (We’koqma’q); Chapel Island (Potlotek); Bear River; y L’nu Sipuk Kina’Muokuom (LSK) Indian Brook.

182. Se han establecido equipos de transición, formados por personal docente de las escuelas para adultos, del Nova Scotia Community College (NSCC) y profesores mi’kmaq para ayudar a los alumnos mientras duren sus estudios. Este proceso singular de transición del programa de aprendizaje para adultos comprende igualmente los siguientes elementos:

a) Cursos de presentación y formación para el personal docente acerca del programa de estudios;

b)Visitas de profesores mi’kmaq a un campus local del NSCC para que conozcan la forma en que se ejecuta el programa y el funcionamiento del sistema de colegio comunitario;

c) Visitas de las comunidades aborígenes por personal docente del NSCC y los coordinadores de servicios mi’kmaq a fin de examinar la ejecución del programa, estudiar las mejores prácticas de enseñanza para los alumnos mi’kmaq y, si corresponde, planificar el paso de los alumnos mi’kmaq al NSCC de forma eficaz; y

d) Visitas guiadas de un campus local del NSCC por los alumnos mi’kmaq del programa y reunión con instructores y otros alumnos, incluida una presentación del “Test Drive” del NSCC, programa interactivo que contiene información sobre diversos programas del NSCC.

183. En 2008, el Gobierno de Nueva Escocia emprendió una estrategia de aprendices aborígenes, que promueve la participación de los aborígenes participantes como aprendices en el sistema de aprendizaje de Nueva Escocia (www.gov.ns.ca/lwd/pubs/docs/ LWD-accountability2009.pdf).

iii) Empleo en la administración pública

184. El Gobierno de Nueva Escocia ha abordado el tema de la representación de las comunidades raciales y étnicas en la administración pública mediante la elaboración de políticas y programas y el ofrecimiento de oportunidades educativas para los funcionarios públicos. Ha adoptado tres políticas ministeriales esenciales sobre la contratación equitativa, el respeto en el entorno laboral y la equidad en materia de empleo. Esta última se modificó con el fin de garantizar el derecho a una entrevista de los candidatos de los grupos minoritarios que se autoidentifiquen y reúnan unos requisitos mínimos. Estas políticas entraron en vigor en octubre de 2008.

185. La provincia ha introducido varias iniciativas de diversidad en el empleo con el fin de mejorar la representación de las minorías en la administración pública, en particular una reserva de talentos, un fondo de servicios de alojamiento y una reserva del equipo de selección con insistencia en la diversidad en los tres casos, y ofrece varios programas en el marco de la iniciativa Carrier Stars Program, en la que se incluye un programa de verano en favor de la diversidad.

Artículo 5Igualdad ante la ley

a) Medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en la aplicación de la ley

186. El Departamento de Justicia de Nueva Escocia se asoció con la policía regional de Halifax a fin de ofrecer formación sobre un servicio de policía o un concepto de mantenimiento del orden libre de prejuicios, con destino a los funcionarios de policía. Un servicio de policía sin prejuicios significa que se ofrece un servicio justo y equitativo a todos los miembros de la comunidad y que no se emprenden iniciativas o se deja de intervenir porque una persona tenga una o más de las características protegidas que se enumeran en la Ley de derechos humanos. Esta capacitación ayuda a los participantes a disponer de razones objetivas antes de intervenir y a poder explicar esas razones posteriormente. Este programa de capacitación en curso se ha impartido a todos los funcionarios de policía de la región de Halifax y se está ofreciendo a otros servicios de policía de la provincia.

b) Los aborígenes

187. El Gobierno de Nueva Escocia, a través del Foro tripartito Mi’kmaq-Nueva Escocia-Canadá, ha podido establecer la Red de apoyo jurídico mi’kmaq (MLSN), que ofrece diversos servicios jurídicos a los aborígenes de la provincia. Este servicio jurídico para los aborígenes es cofinanciado por el Gobierno del Canadá y el Gobierno de Nueva Escocia. Un servicio ofrecido por la MLSN es el Programa de derecho consuetudinario mi’kmaq, que ofrece una posibilidad de intervención extrajudicial en virtud de las disposiciones sobre sanciones extrajudiciales contenidas en la Ley sobre el sistema de justicia penal juvenil. Este programa permite la utilización de procedimientos extrajudiciales antes o después de la acusación de un joven aborigen, a quien se remite a un programa de intervención adaptado a la cultura y realizado por juristas mi’kmaq. El programa se está ampliando a los adultos.

188. Asimismo, el Programa de derecho consuetudinario puede ofrecer a los tribunales los servicios de los consejos de determinación de la pena, de conformidad con el Código Penal y la Ley de justicia penal juvenil. Estos procesos no ofrecen el recurso a vías extrajudiciales, pero permiten a los tribunales solicitar estos procesos a fin de obtener informaciones muy diversas que puedan ayudarles en la toma de decisiones.

189. No hay programas específicos patrocinados por la provincia que tengan como objetivo ayudar a los aborígenes delincuentes a reintegrarse en la sociedad. El MSLN, en asociación con los servicios correccionales del Canadá, está dando los primeros pasos en el desarrollo de la capacidad comunitaria para contribuir a la liberación anticipada en virtud de las disposiciones especiales de la Ley de servicios penitenciarios. Se prevé que, una vez establecidos, estos procesos se utilicen para contribuir a la reintegración de los infractores provinciales, cuando corresponda. Los capellanes de los servicios comunitarios intervienen en casos concretos en apoyo de la reintegración estableciendo relaciones entre los detenidos y los ancianos y otros guías espirituales de la comunidad mi’kmaq.

c) Personas migrantes y apátridas

190. Los solicitantes del estatuto de refugiados, los migrantes indocumentados y las personas apátridas pueden tener acceso a los servicios de salud y otros servicios sociales mientras no se determine una fecha de deportación. Aun cuando se rechace su solicitud, se ofrecen servicios por motivos humanitarios hasta el momento de la deportación. No obstante, este grupo no estaría protegido por el Programa de seguro de servicios médicos a no ser que dispongan de documentos del Departamento de Ciudadanía e Inmigración del Canadá. Pueden acogerse al Programa Federal provisional de salud que se menciona en la sección del presente informe sobre el Gobierno del Canadá.

191. Los solicitantes del estatuto de refugiado, los inmigrantes indocumentados y las personas apátridas no tienen acceso a los servicios de educación en Nueva Escocia.

Artículo 7

Educación, cultura e información

Educación

192. Los nuevos empleados de la administración pública reciben capacitación sobre diversidad y equidad en el empleo así como sobre el respeto en el lugar de trabajo. Pueden beneficiarse también de otras oportunidades de capacitación, en particular cursos para dirigentes sobre la gestión de la diversidad, la gestión de un lugar de trabajo donde se respeten las diferencias y sobre la mentalidad aborigen, así como la posibilidad de aprendizaje en línea acerca de la “sensibilización sobre las culturas aborígenes”.

193. Además de las políticas, programas y oportunidades educativas mencionados, el Gobierno de Nueva Escocia ha establecido una mesa redonda sobre la diversidad en la que se intercambia información sobre la diversidad y se determinan las prácticas óptimas, y los promotores de la diversidad informan sobre la formulación de políticas, programas y oportunidades educativas.

D. Nueva Brunswick

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

194. El Gobierno de Nueva Brunswick está tratando de mejorar el acceso de las fuerzas de seguridad a la capacitación sobre la sensibilización cultural.

b) Empleo

195. El Gobierno de Nueva Brunswick sigue colaborando con otros gobiernos para mejorar el reconocimiento de los títulos extranjeros de los inmigrantes, que continúa siendo un obstáculo para el acceso y participación en los mercados de trabajo locales.

Empleo en la administración pública

196. Desde 1984, el Programa de igualdad de oportunidades en el empleo, que ofrece a los aborígenes, personas con discapacidad y miembros de un grupo de minorías visibles igualdad de acceso al empleo, la capacitación y las oportunidades profesionales en la administración pública de Nueva Brunswick, ha concertado contratos temporales con 623 personas, 274 (46%) de las cuales han conseguido puestos fijos, eventuales o puestos por contrato. En 2007-2008, el Programa permitió a 161 personas encontrar empleo de breve y larga duración, con inclusión de 50 personas que obtuvieron puestos de plazo fijo; en 2008-2009, el Programa suscribió contratos de empleo de breve y larga duración con 112 candidatos, 36 de los cuales consiguieron puestos de plazo fijo.

197. El Gobierno de Nueva Brunswick está examinando con la ciudad de Fredericton la posibilidad de aplicar una Estrategia sobre el criterio de diversidad con el fin de aumentar el número de minorías visibles entre los agentes del orden provinciales.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

Medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en aplicación de la ley

198. El Gobierno de Nueva Brunswick está examinando con las fuerzas del orden locales la posibilidad de aumentar la representación de minorías visibles en sus organizaciones y mejorar el acceso de su personal a actividades de capacitación sobre la sensibilización acerca de las realidades culturales.

Artículo 7

Educación, cultura e información

199. En 2008, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva Brunswick publicó un comunicado de prensa y participó en una conferencia informativa para condenar las pintadas insultantes que habían aparecido en varios establecimientos de Moncton, así como para confirmar a los residentes que la Comisión podía garantizarles la igualdad de acceso a la vivienda, el empleo, la educación y otros servicios públicos. Ese mismo día, algunos componentes de la Comisión y miembros del personal se encontraron también con representantes de la sinagoga Tiferes Israel, la mezquita de Moncton, la Asociación multicultural del Gran Moncton y el Comité de asuntos culturales y patrimonio para conocer su opinión acerca de esos incidentes.

200. El Gobierno de Nueva Brunswick puso en marcha una Campaña de sensibilización pública para informar mejor sobre el valor de la inmigración y la diversificación de las regiones de Nueva Brunswick. Esta campaña tiene como objetivo reducir las actitudes discriminatorias y los prejuicios y contribuir a la creación de comunidades más acogedoras en Nueva Brunswick.

201. En 2008-2009, el Gobierno de Nueva Brunswick negoció 10 millones de dólares de financiación federal a lo largo de los cuatro años siguientes, en el contexto de la Hoja de ruta para la dualidad lingüística del Canadá (2008-2013): Prepararse para el futuro. Esta financiación tiene como objetivo la promoción de Nueva Brunswick entre los inmigrantes de los mercados francófonos y la integración y asentamiento de inmigrantes en las comunidades francófonas en todo el territorio de Nueva Brunswick, y se utilizará también para reforzar la infraestructura de asentamiento e integración en las regiones francófonas de la provincia. Además, se realizarán también actividades para garantizar que los organismos que ofrecen servicios a los inmigrantes en otras partes de Nueva Brunswick tengan capacidad de ofrecer programas a los recién llegados francófonos.

202. Asimismo, la provincia elaboró tres guías para empresarios inmigrantes y un manual de orientación para los recién llegados.

203. Nueva Brunswick está haciendo lo posible por evitar que los niños tengan graves dificultades cuando accedan por primera vez a la escuela. Entre las medidas adoptadas para hacer frente a este problema se incluyen las siguientes:

Para las comunidades anglófonas y francófonas:

a) Las evaluaciones de la primera infancia se han ampliado a toda la provincia, lo que supone la organización y un proceso de planificación para examinar con los padres los resultados de sus hijos;

b) Se ha elaborado un nuevo programa de estudios para la primera infancia a fin de ayudar a los especialistas en educación de estos niños a determinar los resultados de aprendizaje adecuados;

c) Se han preparado carpetas de introducción tituladas Welcome to Kindergarten/Bienvenue à la maternelle para los alumnos que acceden a los jardines de infancia, así como a sus padres, al comienzo de cada año escolar. Estas carpetas contienen material educativo que los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos en la transición a la vida escolar.

Para la comunidad anglófona:

a) Se han contratado educadores para que examinen el problema de la transición a la escuela en las comunidades de las Primeras Naciones. Esta medida forma parte de las iniciativas de preparación escolar y la realización de evaluaciones de la primera infancia;

b) Se está colaborando con la Coalición literaria de Nueva Brunswick y el colegio comunitario de Nueva Brunswick para elaborar programas que ayuden a mejorar la alfabetización de adultos, en el convencimiento de que el éxito en este terreno influirá también positivamente en la alfabetización de los niños;

c) Se han contratado especialistas de aprendizaje de los servicios a los alumnos de diferentes distritos con el fin de examinar las políticas y procesos de los distritos para la elaboración de planes de educación especial destinados a los alumnos de las guarderías.

Para la comunidad francófona:

a) En todos los distritos francófonos se han contratado especialistas de intervención en favor de los niños que no han alcanzado todavía la edad de ingreso en el jardín de infancia. Se encargan de la coordinación de las iniciativas de preparación escolar así como de un proceso de seguimiento en colaboración con los padres de los hijos considerados en situación de riesgo;

b) Partenariat en éducation ha preparado una carpeta de preparación para los jardines de infancia, que se distribuye a los padres que matriculan a los hijos en esos centros.

E. Quebec

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

i) Mujeres aborígenes

204. El Gobierno de Quebec ofrece financiamiento anual recurrente a dos refugios para mujeres aborígenes en la ciudad de Quebec y Montreal, con el fin de atender las necesidades especiales de las mujeres aborígenes. En otros lugares de Quebec, los refugiados de mujeres aceptan cada año a mujeres aborígenes que son víctimas de violencia conyugal y a sus hijos cada año. En Nunavik, tres refugios ofrecen servicios para las mujeres inuit que son víctimas de la violencia. El Gobierno de Quebec asigna una financiación media anual de 550.000 dólares para todos los refugios.

205. El Gobierno de Quebec subvenciona 41 centros de ayuda y de lucha contra las agresiones de carácter sexual en toda la provincia, que ofrecen ayuda a las mujeres y muchachas que son víctimas de agresiones sexuales. Los centros ubicados en Abitibi-Témiscamingue, en el norte de Quebec y en la costa septentrional ofrecen servicios dirigidos más expresamente a las mujeres aborígenes que son víctimas de agresión sexual.

206. El Gobierno subvenciona también 17 centros de ayuda a las víctimas de actos delictivos en Quebec. Con un presupuesto medio anual de 16 millones de dólares, dichos centros ofrecen a las víctimas de actos delictivos, a sus familias y testigos servicios de acogida, respaldo y apoyo moral, información sobre los procesos judiciales y los derechos y recursos de las víctimas, orientación y apoyo en la relación con las organizaciones públicas privadas y servicios de remisión a los recursos jurídicos, médicos, sociales y comunitarios pertinentes. Organizan también intervenciones profesionales en situaciones de estrés postraumático. Uno de esos centros está dedicado especialmente a las mujeres inuit de Nunavik.

ii) Mujeres de las comunidades culturales

207. Hay 69 organizaciones financiadas por el Gobierno de Quebec que intervienen en forma individual para promover la integración social de los recién llegados, incluida la detección de problemas de violencia, la información sobre los servicios disponibles y la remisión a la red de organismos de servicios sociales y de salud especializados en violencia conyugal. Se ha asignado un total de 870.000 dólares en concepto de donaciones gubernamentales para proyectos orientados expresamente a las mujeres inmigrantes, y tres organizaciones han recibido apoyo financiero adicional para actividades de prevención de la violencia conyugal en el marco del plan de acción del Gobierno de Quebec sobre la inmigración.

208. El Gobierno de Quebec ofrece financiación anual recurrente a unos diez refugios que se dedican expresamente a las mujeres inmigrantes y a las mujeres de comunidades culturales, con el fin de atender mejor las necesidades especiales de esta clientela. Dichos refugios están ubicados sobre todo en Montreal, Laval y Quebec. Asimismo, los 41 refugios gestionados por la Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec, financiados en parte por el Gobierno de Quebec, han recibido capacitación sobre la manera de responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades culturales.

209. Dieciséis de los 123 centros de mujeres de Quebec financiados en parte por el Gobierno de Quebec han adaptado sus servicios para atender mejor las necesidades de las mujeres inmigrantes. Los centros de mujeres son iniciativas locales, creados por mujeres y para mujeres. Una de sus prioridades es la lucha contra la violencia conyugal y las agresiones sexuales.

210. El Regroupement québécois des CALACS recibe un presupuesto anual específico para las mujeres expuestas a la doble discriminación, con inclusión de las mujeres inmigrantes y las mujeres de las comunidades culturales.

211. Con el fin de informar a las víctimas de agresión sexual acerca de los servicios de asistencia y protección disponibles, el Gobierno de Quebec ha distribuido una Guía informativa para las víctimas de agresiones sexuales, elaborada por la Table de concertation sur les agressions sexuelles de Montréal para los organismos comunitarios que pueden verse implicados en situaciones de agresión sexual. Este instrumento está disponible en español, francés e inglés.

212. El Gobierno ha otorgado apoyo financiero al proyecto del Centro de la Mujer de Montreal, cuyo objetivo es ofrecer a los alumnos que aprenden francés información y sesiones de sensibilización sobre la violencia conyugal y familiar. El Centro ha recibido también el mandato de realizar una sesión de información y sensibilización sobre la prevención de la agresión sexual.

iii) Campañas de sensibilización

213. En 2006, el Gobierno de Quebec puso en marcha una nueva campaña de sensibilización sobre la violencia doméstica. Un componente específico de esta campaña está dirigido a las comunidades aborígenes, y en ese contexto se han suministrado 50.000 dólares a Quebec Native Women Inc. para la elaboración de instrumentos de sensibilización sobre la violencia familiar junto con la Table pour le mieux-être des Premières Nations. Estos instrumentos se pusieron en marcha en mayo de 2008.

214. Durante la quinta fase de la campaña, se ofrecieron a los miembros de las comunidades culturales instrumentos de comunicación como publicaciones, vídeos en varios idiomas y sesiones de sensibilización sobre la violencia conyugal.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

i) Mujeres aborígenes

215. En los 15 últimos años, el personal encargado de las cuestiones sociales y jurídicas ha podido recibir capacitación sobre las cuestiones referentes a las comunidades aborígenes, y los fiscales penales han podido recibir capacitación sobre violencia conyugal y agresión sexual. Se ha distribuido también una Guide de formation destiné aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales portant sur l’agression sexuelle et la violence familiale en milieu autochtone et le système judiciaire.

216. Otras medidas del Plan de acción gubernamental 2004-2009 sobre la violencia doméstica trata de conseguir una mayor sensibilización entre los representantes del sistema judicial acerca de las cuestiones que afectan a los aborígenes por los siguientes medios:

a)Utilización de mentores de los nuevos fiscales penales que se ocupan de las comunidades aborígenes;

b) Mantenimiento de una reserva de intérpretes judiciales para todas las Primeras Naciones y organización de sesiones de capacitación para los intérpretes autóctonos; y

c) Prolongamiento de las medidas adoptadas para comentar gradualmente el acceso de las comunidades aborígenes a los centros de ayuda a las víctimas de actos delictivos, a quienes se alentará a contratar personal que esté bien informado acerca de las necesidades de las víctimas aborígenes.

217. Los colegios universitarios públicos y la Academia nacional de policía de Quebec ofrecen capacitación específica en la Guide des pratiques policières en matière de violence conjugale. Se anima a las fuerzas de policía que deseen acomodar sus planteamientos de la violencia familiar a las diversas comunidades etnoculturales a utilizar esta guía con ese fin.

218. Se alienta también a los servicios policiales aborígenes a que adopten determinadas directivas con el fin de estructurar su respuesta a la violencia familiar teniendo en cuenta dicha guía, y a participar en el Programa de notificación uniforme de los actos delictivos, en los casos de infracciones acompañadas de violencia conyugal.

ii) Mujeres de las comunidades culturales

219. Algunas fuerzas policiales municipales están adaptando sus instrumentos e intervenciones a los inmigrantes o miembros de las comunidades culturales que tienen problemas de violencia doméstica. El establecimiento del programa Partager une culture égalitaire ha hecho posible la firma de acuerdos con algunas ciudades (Montreal, Laval, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke y Quebec) interesadas en promover la igualdad de género en las comunidades culturales. Con respecto a la violencia contra la mujer, algunas ciudades mujeres adoptaron medidas adaptadas a los inmigrantes y comunidades culturales.

c) Empleo

220. El Gobierno de Quebec ha adoptado varias medidas encaminadas a eliminar los obstáculos al empleo con que se encuentran los grupos minoritarios. Entre ellas se incluyen las siguientes:

a) Aplicación del Marco de desarrollo y reconocimiento de las competencias de la mano de obra: Esta medida, introducida en junio de 2007, en la Ley para promover el desarrollo y el reconocimiento de las competencias de la mano de obra, es uno de los medios puestos a disposición de las empresas para favorecer la adquisición, el dominio y reconocimiento de las competencias de la mano de obra en el lugar de trabajo, con el fin de incrementar el acceso a oficios reglamentados y favorecer la posibilidad de transferencia del aprendizaje. Los inmigrantes pueden beneficiarse de esta medida de la misma manera que los demás trabajadores;

b) Aceleración del reconocimiento de las calificaciones profesionales para las personas formadas fuera de Quebec. Uno de los objetivos del Project 5 del nuevo programa económico de Quebec (Le nouvel espace économique du Quebec) es acelerar el reconocimiento de las calificaciones profesionales de dichas personas, ayudándolas a introducirse en el mercado de trabajo reduciendo los obstáculos al ejercicio de su profesión u oficio. En una declaración conjunta de 2008, el Gobierno y los colegios profesionales aprobaron una aceleración general de los procesos para el conocimiento de las calificaciones profesionales. Un fondo de 5 millones ayudará a los colegios profesionales y organismos de reglamentación, en particular en sus esfuerzos por concertar acuerdos recíprocos de reconocimiento de las competencias con sus homólogos canadienses y franceses;

c) Financiación adicional para el programa PRIME: En el marco del Pacto de empleo de 2008, se ha otorgado financiación adicional de 15 millones de dólares para el programa PRIME, medida de incentivo para alentar a las empresas a contratar inmigrantes o personas de minorías culturales y a continuar empleándolas una vez finalizado el período de la subvención. Asimismo, el crédito fiscal reembolsable para la capacitación en el empleo ha subido del 30% al 40%. Una evaluación del programa PRIME realizada a partir de una muestra de participantes indicó que más del 80% estaban empleados todavía tres meses después de finalizada la subvención de asistencia al empleo;

d) Fortalecimiento de las asociaciones con las Primeras Naciones: Se han introducido algunas medidas en el Plan de acción para combatir la pobreza y la exclusión social con el fin de intensificar el diálogo con las Primeras Naciones y contribuir a la formulación de estrategias locales de desarrollo del empleo en las aldeas y reservas;

e) Introducción de Défi Montréal, proyecto puesto en marcha en 2009 y coordinado por el Conseil régional des partenaires du marché du travail de Montréal. Este proyecto trata de implicar a los agentes regionales en la ejecución de una estrategia para contribuir a la integración de los recién llegados en el mercado de trabajo.

f) Expansión del programa Quebec Pluriel: este programa de utilización de mentores puesto en marcha en 2004 trata de contribuir a la integración social y profesional de los jóvenes de 16 a 24 años procedentes de comunidades culturales y aborígenes y de los inmigrantes de 16 a 35 años que lleven en Quebec menos de cinco años. En 2006, habida cuenta de los resultados convincentes de la aplicación del programa en las regiones de la ciudad de Quebec y la Isla de Montreal, el Gobierno de Quebec, en el marco de la estrategia de acción en favor de los jóvenes de 2006-2009, acordó ampliarlo a las ciudades de Gatineau, Laval, Longueuil y Sherbrooke. En 2007-2008 hubo 259 hermanamientos y 288 en 2008-2009;

g) Sensibilización de los empleadores y capacitación sobre la gestión de la diversidad y prevención de la discriminación en el empleo: Se han distribuido numerosas publicaciones para convencer a los empleadores de los beneficios de contar con una mano de obra diversificada y ayudarles a gestionar mejor la diversidad cultural en sus empresas. Se han ofrecido seminarios de sensibilización y de desarrollo de la mano de obra inmigrante a las compañías de cinco regiones de Quebec a través de una iniciativa de la Commission des partenaires du marché du travail, coordinada por la Fédération des Chambres de commerce du Quebec y con apoyo del Gobierno de Quebec. En estos seminarios se incluyen experiencias de establecimiento de redes profesionales entre representantes de las comunidades culturales, inmigrantes y empresas.

d) Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

221. La Ley por la que se modifica el Código de Procedimiento Civil para prevenir el uso inadecuado de los tribunales y promover la libertad de expresión y la participación ciudadana en el debate público fue sancionada el 4 de junio de 2009. Esta Ley modifica el Código de Procedimiento Civil con el fin de promover el respeto a la libertad de expresión y prevenir la utilización abusiva de los tribunales por las empresas u organizaciones que tratan de neutralizar o censurar la movilización pública sobre sus actividades.

222. Además, en 2009, el Gobierno de Quebec dio a conocer un proyecto piloto cuyo objetivo era la creación de tres centros judiciales cerca de la ciudad de Quebec, Rimouski y Sherbrooke. Lo que se pretende con ello es ofrecer al público un servicio completo en el que puedan recibir prestaciones de remisión, consulta e información, y de esa manera hacer más accesible la justicia. Las comunidades culturales pueden beneficiarse de esta nueva estructura.

Artículo 4

Prohibición de la propaganda racista

223. En octubre de 2008, se hizo pública la política gubernamental “La diversidad, un valor añadido”, cuyo objetivo es promover la participación de todos en el desarrollo de Quebec. En ella se incluía un plan de acción que contenía unas 100 iniciativas para el período comprendido entre 2008 y 2013. La política tiene tres orientaciones principales:

a) Reconocer y combatir los prejuicios y la discriminación haciendo hincapié en la sensibilización pública y ofreciendo educación acerca de los derechos humanos;

b) Renovar las prácticas eliminando la discriminación en el empleo y los servicios públicos, mejorando las prácticas para conseguir una igualdad real y la plena participación de todos y aumentando los recursos para que todos puedan conseguir que se respeten sus derechos; y

c)Coordinar los esfuerzos movilizando y consiguiendo el compromiso de todos los miembros de la sociedad en la búsqueda de soluciones a fin de garantizar la complementariedad de las distintas iniciativas.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

a) Los aborígenes

224. De conformidad con la Ley sobre el sistema penitenciario de Quebec, que entró en vigor en febrero de 2007, las comunidades ofrecen en algunos centros de reclusión programas y servicios especializados adaptados a las necesidades de los infractores aborígenes acusados y condenados (www2.publicationsduQuébec.gouv.qc.ca/dynamic Search/telecharge.php?type=2&file=/S_40_1/S40_1_A.htm).

225. Además, los acuerdos firmados desde 2007 entre el Gobierno de Quebec y los inuit y entre el Gobierno de Quebec y los cree tienen como objetivo principal el desarrollo de servicios y programas penitenciarios adaptados a las comunidades aborígenes. Un acuerdo entre el Gobierno de Quebec y el Consejo Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam prevé el establecimiento de un Centro residencial comunitario que pueda recibir a los infractores aborígenes de la región.

b) Personas migrantes y apátridas

226. Entre los servicios ofrecidos por el Gobierno de Quebec a los solicitantes de asilo se incluyen los siguientes: alojamiento temporal y de emergencia, asistencia en la búsqueda de alojamiento, ayuda financiera de último recurso, subsidios de alojamiento, servicios sociales, asistencia letrada, enseñanza preescolar gratuita y enseñanza primaria y secundaria gratuita para los menores de edad, cursos de francés a tiempo parcial para adultos y cursos de francés especializados (sin subsidio), el Programme de francisation en milieu de travail, el suplemento al presupuesto familiar y los servicios de guardería en las escuelas.

227. Las personas cuya solicitud de asilo haya sido denegada continúan teniendo acceso a la seguridad social, la atención de salud y los servicios educativos mientras continúen teniendo permiso para permanecer en la provincia, o no se haya tomado una decisión definitiva sobre su expulsión. Conviene señalar que la seguridad social y los servicios educativos son financiados por los gobiernos provinciales, mientras que los costos de la atención de salud de los solicitantes de asilo son sufragados por el Gobierno del Canadá.

Artículo 7

Educación, cultura e información

228. La Comisión de derechos del hombre y de la juventud ofrece una sesión de capacitación sobre el tema “diferentes pero iguales” con destino a los profesores, el personal no docente y miembros de los organismos comunitarios. En ella se informa a los participantes sobre las consecuencias de la expulsión y la estigmatización basadas en opiniones sobre la inferioridad o superioridad racial. Se incluye un examen de la Carta de Derechos Humanos y Libertades, se presentan los diversos recursos disponibles para garantizar el respeto del derecho a la igualdad y se proponen iniciativas contra el racismo.

229. Otra sesión de capacitación ofrecida por la Comisión, “Más allá de las apariencias”, se ocupa en concreto de las prácticas basadas en perfiles establecidos en función de la raza y está destinada a la misma clientela. En ella se examinan la definición de los perfiles raciales, sus manifestaciones y los diversos recursos posibles. Entre febrero de 2007 y mayo de 2009 estas sesiones se repitieron 48 veces.

F.Ontario

Artículo 1

Definición, interpretación y observaciones generales

Empleo de la expresión “minoría visible”

230. La expresión “minorías visibles” no aparece en los estatutos o reglamentos de Ontario ni en los formularios de solicitud del Tribunal de Derechos Humanos de Ontario. El empleo de la expresión en las decisiones de los tribunales aparece sobre todo en referencia al idioma utilizado por los testigos, o en los datos estadísticos o en la jurisprudencia anterior. La expresión no se utiliza en las publicaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, salvo cuando se cita en la documentación. Su utilización por el Gobierno de Ontario aparece sobre todo en relación con los datos demográficos, que proceden fundamentalmente de los datos del censo nacional.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

231. En 2007, la Federación de Ontario de Centros de Amistad con los Indios y la Asociación de Mujeres Aborígenes de Ontario publicó el informe titulado A Strategic Framework to End Violence Against Aboriginal Women, en el que se recomendaban medidas para evitar la violencia contra las mujeres aborígenes y se presentaba el resultado final de varias cumbres financiadas por la provincia. El Gobierno ha emprendido una iniciativa intergubernamental para lograr una intervención coordinada a fin de prevenir la violencia contra las mujeres aborígenes.

232. El Gobierno de Ontario, firmemente empeñado en proteger a la mujer frente a la violencia doméstica, la agresión sexual y otras formas de violencia de género, como el acoso sexual, otorgó más de 208 millones de dólares en 2009 para servicios y programas encaminados a proteger a la mujer frente a la violencia de género, con inclusión de 87 millones de dólares de su Plan de acción contra la violencia doméstica. Este Plan es un compromiso amplio de varios ministerios con iniciativas encaminadas a mejorar la educación y capacitación públicas, las formas de apoyo comunitario y la intervención del sistema judicial frente a la violencia doméstica. Permite un mayor acceso a los servicios en lengua francesa y a iniciativas encaminadas a tener en cuenta las necesidades singulares de las comunidades aborígenes, las personas con discapacidad y las comunidades etnoculturales y raciales.

233. Entre las iniciativas para proteger a la mujer frente a la violencia de género se incluyen las siguientes: servicios de base comunitaria (inversión de 18,8 millones de dólares en servicios destinados a las mujeres y niños maltratados), capacitación (financiación de programas de capacitación organizados por el Consejo de Ontario de organismos que prestan servicios a los inmigrantes y la Federación de Ontario de Centros de Amistad con los Indios), educación pública (ampliación de la campaña Vecinos, amigos y familia) y medidas para reforzar la respuesta del sistema judicial (elaboración del proyecto piloto Programa de intervención rápida en favor de las víctimas).

i) Servicios comunitarios

234. El Gobierno de Ontario ha realizado en los últimos años varias inversiones con el fin de ofrecer una financiación estable de los servicios básicos y ampliar las medidas de apoyo comunitario. En esa financiación se incluye una inversión de 18,8 millones de dólares notificada en septiembre de 2008 para ayudar a reducir las listas de espera y corregir las lagunas existentes en los programas y servicios destinados a las mujeres maltratadas y sus hijos. Esta inversión contribuyó a la incorporación de 83 camas en centros de refugio, muchas de las cuales se concentraron en las zonas de fuerte crecimiento demográfico y con numerosa población inmigrante.

235. Se ha abierto un nuevo refugio francófono en Timmins, al norte de Ontario, para ofrecer servicios en francés; es accesible a las personas con discapacidad.

236. Los programas piloto de capacitación para el empleo destinados a mujeres aborígenes que sufren o corren riesgo de sufrir malos tratos recibieron financiación de las Primeras Naciones Nipissing, las Primeras Naciones del Lago Constanza, el Instituto Seven Generations Education y el Minwaashin Lodge Aboriginal Women’s Support Centre. Hasta marzo de 2009, 167 mujeres aborígenes habían terminado los cursos de capacitación y el 84% de las graduadas habían encontrado empleo o continuaban recibiendo capacitación.

237. Otras iniciativas llevadas a cabo son la financiación de proyectos de investigación y conferencias sobre el problema de la agresión sexual, con el fin de mejorar las respuestas frente a esta forma de violencia que afecta sobre todo a las mujeres. Colibri, organización que ofrece servicios a las mujeres francófonas que son víctimas de agresión sexual, se estableció gracias al programa de subvenciones comunitarias del Ministerio de la Fiscalía General y comenzó a prestar servicios en enero de 2008.

ii) Capacitación

238. El Consejo de Ontario de organismos que prestan servicios a los inmigrantes recibió financiación gubernamental en apoyo de su “Programa de prevención de la violencia doméstica contra las mujeres inmigrantes y refugiadas: facilitación del aprendizaje en línea y desarrollo de la capacidad comunitario para el personal de primera línea de los asentamientos”. Este programa ofrece seminarios en línea para los proveedores de servicios que trabajan con mujeres inmigrantes y refugiadas pero que no tienen capacitación o conocimientos amplios de los problemas relacionados con la violencia doméstica. Se establecerá y mantendrá una comunidad de proveedores de servicios en línea de Ontario para el intercambio de opiniones, enseñanzas y prácticas óptimas sobre la prevención de la violencia doméstica contra las mujeres inmigrantes y refugiadas en Ontario.

239. La Federación de Ontario de Centros de Amistad con los Indios ha recibido financiación gubernamental para ofrecer capacitación con el fin de mejorar la competencia cultural aborigen para el personal gubernamental no aborigen y personal de servicios de primera línea. En esta capacitación se incluye un componente específico relacionado con la violencia contra las mujeres aborígenes a fin de lograr una mayor comprensión de estas cuestiones desde una perspectiva histórica y ampliar los conocimientos de las funciones sociales tradicionales de las mujeres aborígenes.

240. Action ontarienne contre la violence faite aux femmes recibió financiación para crear un Instituto francófono de formación sobre la violencia contra la mujer. Está preparando y ofreciendo actividades de capacitación de alta calidad en francés al personal de primera línea y a los administradores de organizaciones que prestan servicios a las mujeres maltratadas. Hasta abril de 2009, 714 participantes se habían beneficiado de las actividades de capacitación del Instituto ofrecidas directamente, por Internet o mediante retransmisión en la web.

iii) Educación pública

241. El Gobierno de Ontario ha ampliado su campaña de educación pública “Vecinos, amigos y familias”, que trata de lograr una mayor sensibilización sobre las señales de abusos contra la mujer y ayudar a las personas próximas a una mujer maltratada a ofrecer apoyo. La campaña se lleva a cabo en más de 170 comunidades y los materiales se han adaptado a las distintas culturas y se han traducido a 16 idiomas. La campaña se ha adaptado también para tener en cuenta las necesidades culturales de las comunidades aborígenes y francófonas: la Federación de Ontario de Centros de Amistad con los Indios está llevando a cabo la versión aborigen de la campaña Kanawayhitowin, y Action ontarienne contre la violence faite aux femmes se encarga de la campaña francófona Voisin-es, ami-es et familles. El Consejo de Ontario de organismos que prestan servicios a los inmigrantes promueve la campaña en las comunidades de recién llegados.

242. Ontario continúa respaldando el Programa de promoción de relaciones sanas y en condiciones de igualdad, que ofrece financiación para iniciativas destinadas a los jóvenes (de 8 a 14 años) y a los adultos que influyen en ellos, para lograr un cambio en las actitudes que perpetúan la violencia contra la mujer. Estas iniciativas se orientan especialmente a las comunidades aborígenes, francófonas y caracterizadas por la diversidad. Un ejemplo es la iniciativa Kizhaay Anishinaabe Niin: I Am A Kind Man por medio de la cual se presentan modelos masculinos aborígenes que enseñan a los hombres y muchachos de 10 a 14 años a denunciar la violencia contra las mujeres aborígenes y les animan a no hacer uso de la violencia. La campaña está patrocinada por la Federación de Ontario de Centros de Amistad con los Indios.

243. El Gobierno ha contribuido también al Programa encaminado a aumentar la capacidad de resistencia de los jóvenes de la nación Nishnawbe Aski, que capacita a los jóvenes aborígenes a través de los programas Girl Power y Wolf Spirit Warrior en diez comunidades de las Primeras Naciones. Estos programas para jóvenes aborígenes de uno y otro sexo promueven la sensibilización cultural, la identidad, la autoestima, la prevención de los suicidios, los estilos de vida sanos y activos y las relaciones sanas y en condiciones de igualdad. Los campamentos de Girl Power han ayudado a 50 niñas aborígenes, de 10 a 14 años, a mejorar su autoestima y capacidad de expresión y a desarrollar las aptitudes interpersonales y de toma de decisiones.

iv) Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema judicial

244.El Gobierno de Ontario ha respaldado el proyecto educación de la mujer en materia de derecho familiar para informar a las mujeres recién llegadas acerca de sus derechos y opciones en virtud de la legislación de Ontario y del Canadá. El proyecto, iniciado en 2008, ha creado una serie de guías de fácil comprensión en las que se abordan cuestiones clave del derecho familiar, con inclusión del matrimonio y el divorcio, la custodia y el derecho de visita, las pensiones alimentarias para los hijos y el cónyuge y la protección de la infancia. Las cuestiones relacionadas con la violencia doméstica y los abusos cometidos contra las mujeres se tratan de forma conjunta en varias de esas publicaciones. La documentación está disponible en diez idiomas (además del francés y el inglés) y se realizaron con asistencia de organismos comunitarios a fin de adaptarlos a las comunidades concretas (por ejemplo, cristianos, musulmanes, aborígenes y judíos).

245. El Gobierno continúa introduciendo mejoras en el sistema judicial de los tribunales penales y de la familia de Ontario con el fin de garantizar a las mujeres, incluidas las mujeres aborígenes, francófonas y de grupos raciales, que son víctimas de abusos y a sus hijos a obtener ayuda con mayor rapidez y estar mejor protegidas frente a futuros daños. En esas ayudan se incluyen 8,2 millones de nueva financiación notificados en 2008 y cuyos objetivos son los siguientes:

a) Un programa de toma de contacto rápido con las víctimas que permite a estas recibir ayuda antes de transcurridas 24 horas en el marco del programa especializado del tribunal sobre los casos de violencia familiar;

b) El proyecto de libertad bajo fianza, enfoque innovador para detectar las situaciones de alto riesgo para las víctimas de violencia doméstica, que actualmente se ofrecen en diez lugares; y

c) Financiación anual continuada para el Programa de intervención en casos de agresión de la pareja, y a los 79 lugares del Programa de visitas supervisadas de la provincia.

246. El Gobierno de Ontario ha promulgado la Ley de 2009 por la que se modifica la Ley sobre el derecho de familia. En virtud de dicha ley, que enmendó la Ley de servicios para el niño y la familia, la Ley de reforma del derecho de la infancia y la Ley sobre el derecho, las órdenes de alejamiento se han reforzado en Ontario a fin de mejorar la seguridad de quienes sufren violencia doméstica, que en la mayoría de los casos son mujeres y niños. Entre las medidas de reforma de la legislación se incluyen las siguientes:

a) Enjuiciamiento de las infracciones de las órdenes de alejamiento de conformidad con el Código Penal, lo que permitiría una aplicación más severa de la ley y condiciones más estrictas de la libertad bajo fianza;

b) Ampliación de las órdenes de alejamiento a las personas que viven juntas en el contexto de una relación durante al menos tres años;

c) Inclusión de una comprobación de las pruebas disponibles para que un juez emita una orden de alejamiento cuando esté convencido de que hay motivos razonables para que alguien tema por su seguridad o por la de sus hijos.

247. Ontario ha establecido un proyecto piloto, el Programa de respuesta rápida en favor de las víctimas, que ofrece financiación de emergencia a las víctimas de delitos, con inclusión de las víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales. Las mujeres que viven en zonas rurales y septentrionales y las mujeres aborígenes pueden recibir financiación de este programa piloto. Entre los gastos de emergencia que pueden sufragarse a través de este programa se incluyen el alojamiento y las comidas, los gastos funerarios y el asesoramiento de breve duración.

248. El Gobierno de Ontario ha financiado varias iniciativas para mejorar el apoyo del sector judicial a las mujeres aborígenes a través de varios programas de subvenciones:

a) Se ha aprobado, con carácter extraordinario, una financiación de 2 millones de dólares a lo largo de dos años para mejorar los servicios ofrecidos a los aborígenes víctimas de delitos, a través del Programa de subvenciones para el apoyo a las víctimas aborígenes. Veinte organizaciones aborígenes han recibido financiación para 21 proyectos con el fin de aumentar la capacidad de las comunidades locales de responder a las necesidades de las víctimas aborígenes de violencia doméstica, agresión sexual, crímenes inspirados en el odio y abusos históricos, principalmente en las zonas de la provincia más desatendidas;

b) En el marco del Programa de subvenciones comunitarias, se otorgaron 2,7 millones de dólares para 37 proyectos en favor de los aborígenes víctimas de la violencia. Entre los proyectos se incluyen actividades de capacitación para el personal de salud mental de las comunidades de las Primeras Naciones con el fin de aumentar sus conocimientos y aptitudes para prestar apoyo a las víctimas de agresiones sexuales, y un programa que tiene en cuenta las diferencias culturales y trata de ayudar a las mujeres aborígenes víctimas de abusos a aumentar su autoestima y sus aptitudes para la vida práctica;

c) Por conducto del Programa de subvenciones a los proyectos comunitarios de intervención contra los delitos motivados por el odio, la Asociación de Mujeres Aborígenes de Ontario recibió 70.000 dólares para realizar investigaciones cualitativas sobre los crímenes motivados por el odio contra mujeres aborígenes, el intercambio de información y un taller de capacitación para los proveedores de servicios y el personal del sistema judicial.

v) Programas de asistencia social

249. Los programas de asistencia social de Ontario ofrecen ayuda para la generación de ingresos y la búsqueda de empleo a adultos solteros y familias con dificultades económicas. El Gobierno ha introducido cambios para racionalizar y facilitar el acceso a la asistencia social a las víctimas de la violencia doméstica para evitar riesgos a la seguridad de las personas.

En el programa Ontario Works, los cambios son los siguientes:

a) Un proceso de inscripción acelerado para las personas que tratan de huir de la violencia doméstica, en virtud del cual las personas pueden eludir el debate preliminar en el momento de la solicitud y proceder directamente a una cita de inscripción con un trabajador social de Ontario Works;

b) Posibilidad de recibir asistencia completa durante los tres primeros meses en un hogar provisional o de transición cuando una persona necesita asistencia para sufragar los costos de mantenimiento de su alojamiento en la comunidad; y

c) Exención temporal de los requisitos de documentación en el momento de la solicitud, y de la obligación de obtener la ayuda durante tres meses o hasta un máximo de 12 meses y aplazar los requisitos de participación.

En el caso de Ontario Disability Support Program, los cambios son los siguientes:

a) Posibilidad de recibir ayuda para el sostenimiento de los ingresos durante tres meses en el caso de los beneficiarios que han huido de sus hogares debido a la violencia, sin necesidad de que la persona tenga que obtener recursos financieros comunes, con inclusión de las pensiones alimentarias adeudadas;

b) Exención temporal de la obligación de solicitar pensión alimentaria para el cónyuge o el hijo cuando hay violencia familiar que puede ser verificada por terceros; y

c) Exención temporal del requisito de buscar apoyo cuando la violencia familiar puede ser verificada por terceros y el beneficiario ha abandonado la casa del patrocinador.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

250. La Ley de servicios policiales exige que los agentes presten los servicios teniendo en cuenta los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá y el Código de Derechos Humanos, así como la necesidad de respetar el carácter pluralista, multirracial y multicultural de la sociedad de Ontario.

251. El Gobierno de Ontario ha publicado las Orientaciones sobre la igualdad de oportunidades, la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo, en las que se estipula lo siguiente:

a) Los procedimientos de los servicios policiales relativos a las intervenciones de prevención y respuesta frente a la discriminación y el acoso deben reunir determinados requisitos;

b) Los jefes de policía deben impedir la distribución en los lugares de trabajo de documentos sexistas, racistas, insultantes u ofensivos;

c)Los procedimientos de los servicios policiales relativos a las adaptaciones en el empleo deben estar en conformidad con el Código de Derechos Humanos de Ontario y el artículo 47 de la Ley de servicios policiales;

d) Los jefes de policía deben velar por que todos los agentes reciban capacitación sobre las relaciones raciales, la diversidad y los derechos humanos;

e) Los jefes de policía deben velar por que, en el contexto de esa capacitación, se examinen las políticas y procedimientos de los servicios policiales referentes a la igualdad de oportunidades, la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo.

252. La Política de la Policía provincial de Ontario sobre la violencia doméstica estipula que los agentes no deben dejarse influenciar por factores como el estado civil, la raza, la etnia, la condición socieconómica o la ocupación de la víctima o sospechoso al decidir si formular o no cargos. Los agentes deben explicar el ciclo de la violencia, la situación de la causa judicial, la accesibilidad de los servicios de apoyo y, si la víctima da su consentimiento, la prestación inmediata de servicios a las víctimas. Además, deben prestar esos servicios teniendo en cuenta las diferencias culturales. El comandante del destacamento es el encargado de supervisar el manejo de los casos de violencia doméstica para velar por que los supervisores de destacamento reciban la formación correspondiente en materia de violencia familiar además de elaborar un protocolo sobre la violencia familiar en colaboración con los organismos de los servicios sociales pertinentes.

253. En las actividades de capacitación de la policía se abordan cuestiones como las barreras lingüísticas, la presión cultural, las costumbres y otras influencias que pueden obstaculizar la denuncia de incidentes de violencia doméstica. Los agentes de primera línea necesitan capacitación sobre el Modelo de intervención en casos de violencia familiar elaborado por el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Penitenciarios, antes de poder ser nombrados como investigadores en materia de violencia doméstica. En la capacitación se incluye orientación sobre cuatro temas: casos de violencia doméstica, hostigamiento delictivo, delitos violentos y cometidos en situación de libertad provisional y prevención o intervención en casos de utilización de armas de fuego.

254. La Academia de Policía de Ontario, en colaboración con los responsables de la aplicación de la ley, ofrece capacitación y organiza foros y talleres sobre la violencia doméstica, por ejemplo los siguientes:

a) La capacitación básica de los agentes de policía incluye formación sobre la violencia doméstica, que consiste en sesiones de capacitación sobre las cuestiones étnicas y culturales relacionadas con los mitos de la violencia doméstica, que se examinan partiendo del supuesto de que hay víctimas y agresores en todos los segmentos sociales, étnicos y culturales de la sociedad. Se insiste en la importancia de utilizar un intérprete cultural preparado en todos los niveles de la capacitación sobre el tema de la violencia doméstica;

b) En 2007, el Foro de servicios policiales sobre los aborígenes y la diversidad titulado Moving Forward Together: Building Capacity for Tomorrow ofreció a los participantes sesiones sobre los conceptos básicos de competencia cultural, género e identidad sexual y sobre la equidad de género en las actuaciones policiales;

c)En 2009, la Alianza de capacitación en vídeo de la Policía de Ontario distribuyó el DVD titulado Faith Diversity: An Interactive Guide, que permite hacerse una idea de las diferentes culturas y religiones con mayor presencia en las comunidades donde interviene la policía, a saber, las tradiciones del islam, las creencias del hinduismo, los orígenes de la religión sij, los fundamentos de las creencias budistas y las prácticas del judaísmo.

c) Empleo

i) Eliminación de los obstáculos al empleo en los grupos minoritarios

255. Se ofrece asistencia social a todas las personas de Ontario que reúnen los requisitos establecidos. El origen étnico, la raza o el género no se tienen en cuenta al determinar si se cumplen o no esos requisitos. Entre las mejoras introducidas en los programas desde 2007 con el fin de ayudar a los beneficiarios a encontrar y mantener el empleo se incluyen las siguientes:

a) Puesta en marcha de varios proyectos piloto con el fin de comprobar sistemas innovadores de apoyo al empleo que ayudarán a las personas que reciben asistencia social a obtener empleo remunerado sostenible, como los programas Hostels to Homes;

b) Exención en concepto de renta y activos de los ingresos obtenidos por los beneficiarios de la vida social participantes en un programa de enseñanza secundaria a tiempo completo; y

c) Mayor flexibilidad de las prestaciones de guardería para ayudar a los beneficiarios a continuar trabajando o a emprender actividades de asistencia para el empleo.

ii) Protección de los nacionales extranjeros que trabajan como empleados domésticos internos

256. El Gobierno ha promulgado la Ley de protección del empleo de los nacionales extranjeros (empleados domésticos internos y otros cuidadores) de 2009 para proteger a los nacionales extranjeros que trabajan como empleados domésticos internos. La Ley prohíbe:

a) Que los reclutadores cobren tarifas a los empleados domésticos internos, ni directa ni indirectamente, incluidas las tasas de reclutamiento y de servicios conexos, como la redacción de currículos;

b) Que los empleadores y reclutadores retengan los documentos personales de los empleados domésticos internos, como pasaportes y permisos de trabajo;

c) Que los empleadores carguen a los empleados domésticos internos los costos de reclutamiento y colocación.

257. La legislación concede también a los empleados domésticos internos hasta tres años y medio para formular una reclamación, frente a los dos años autorizados en virtud de la Ley sobre las normas de empleo. Asimismo, el Ministerio de Trabajo estableció una línea telefónica directa y una ficha informativa para ayudar a los nacionales extranjeros a hacer reconocer sus derechos de empleo en calidad de empleados domésticos internos. La línea directa les ofrece información sobre sus derechos en virtud de la Ley sobre normas de empleo y les ayuda a formular denuncias, todas las cuales son objeto de investigación. La ficha informativa contiene información sobre los salarios, horarios de trabajo, remuneración de las horas extraordinarias y otros derechos establecidos en dicha Ley y se publica en el sitio web del ministerio y se distribuye a las embajadas y consulados canadienses (www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/factsheets/fs_fedcaregivers.php). Hasta octubre de 2009 se habían recibido 893 llamadas y se habían formulado 15 denuncias a través de la línea directa.

d) Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

258. En 2008, Ontario reestructuró su sistema de derechos humanos para hacer posible una sensibilización más eficaz sobre los derechos humanos y una respuesta más rápida a las denuncias. En el marco de las reformas, las denuncias se presentan ahora directamente al Tribunal de Derechos Humanos de Ontario, cuyas facultades oficiales se han actualizado para resolver los conflictos en forma equitativa, rápida y eficaz. Los cambios introducidos en el Tribunal tratan de garantizar un proceso más equitativo y más abierto para todos los que acuden a él, y la protección de los derechos de todas las partes es un aspecto importante del nuevo sistema. La Comisión de Derechos Humanos de Ontario presta ahora gran atención a las medidas preventivas, como la educación pública, la formulación de políticas, la supervisión, la investigación y el análisis.

259. La Oficina de Asistencia Jurídica de Ontario promueve el acceso a la justicia de las personas de ingreso bajo ofreciendo servicios de asistencia letrada de forma económica y eficiente. En 2009, Ontario dio a conocer una inversión adicional de 150 millones de dólares en dicha Oficina que se prolongaría durante cuatro años y trataría de proteger a los más vulnerables y ayudar a impulsar reformas significativas en los tribunales de familia y penales. El Gobierno estableció cinco grupos de asesoramiento encargados de examinar los detalles de la transformación de la asistencia letrada.

260. El Gobierno ha establecido también el Centro de apoyo jurídico sobre los derechos humanos, organismo nuevo encargado de prestar servicios jurídicos a las personas que consideran que han sido víctimas de discriminación (www.hrlsc.on.ca/).

Artículo 4

Prohibición de la propaganda racista

261. La Conferencia de ministros federales/provinciales/territoriales de justicia ha aceptado la petición de Ontario de examinar las disposiciones sobre los delitos motivados por el odio contenidas en el Código Penal del Canadá, a fin de determinar la forma más indicada de reforzarlas y disuadir los delitos motivados por el odio en el país. La iniciativa de Ontario representaba la aplicación de una de las recomendaciones del informe final de 2006 del Grupo de Trabajo de las comunidades sobre los delitos de incitación al odio titulado Addressing Hate Crime in Ontario (www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ about/pubs/hatecrimes/HCCWG_full.pdf).

Artículo 5

Igualdad ante la ley

a) Medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en la aplicación de la ley

262. El artículo 1 de la Ley de servicios policiales específica los principios que regulan la actividad policial en la provincia y declara que los servicios policiales se ofrecerán teniendo en cuenta los siguientes principios:

a) Necesidad de garantizar la seguridad de todas las personas y bienes en Ontario;

b) Importancia de salvaguardar los derechos fundamentales garantizados por la Carta de Derechos y Libertades del Canadá y el Código de Derechos Humanos;

c) Necesidad de cooperación entre los proveedores de servicios oficiales y las comunidades a las que prestan servicios;

d) Importancia del respeto a las víctimas de actos delictivos y comprensión de sus necesidades;

e) Necesidad de respetar el carácter pluralista, multirracial y multicultural de la sociedad de Ontario;

f) Necesidad de garantizar que las fuerzas policiales sean representativas de las comunidades a las que prestan servicios.

263. La política sobre servicios policiales prohíbe el uso de las prácticas ilegales de elaboración de perfiles. El público puede denunciar el comportamiento de un agente de policía de conformidad con la Ley de servicios policiales, así como presentar una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario. Los supervisores de la policía son los encargados de velar por que sus miembros se abstengan de recurrir a perfiles raciales.

b) Los aborígenes

264. El Gobierno de Ontario ha intervenido en forma proactiva para garantizar que los aborígenes que acuden a los tribunales sean tratados con respeto y dignidad. Ontario ha adoptado iniciativas para ayudar al personal de los tribunales a comprender las circunstancias singulares de los delincuentes y víctimas aborígenes.

265. Ontario ofrece varios programas y servicios cuyo objetivo es facilitar la reintegración de los delincuentes aborígenes en la sociedad, entre ellos los siguientes:

a) Los agentes de enlace con los detenidos autóctonos ofrecen a los infractores detenidos servicios aborígenes, como la planificación de la puesta en libertad y la reintegración en la comunidad;

b) Los agentes penitenciarios comunitarios autóctonos prestan servicios a los infractores aborígenes dentro de su comunidad;

c) Los Servicios Penitenciarios han establecido y realizan programas de rehabilitación básica de los aborígenes (orientación, violencia doméstica, “Giro completo”, infracciones sexuales);

d) Los Servicios Penitenciarios administran nueve cabañas de sudoración en marcos institucionales;

e) Los Servicios Penitenciarios contratan organizaciones y proveedores de servicios aborígenes para que se encarguen de la supervisión y los programas de base comunitaria.

Aunque no se ha terminado todavía ningún estudio empírico y no se dispone de datos para determinar la eficacia de estos programas, la respuesta de los infractores aborígenes ha sido positiva. La creciente demanda de esos servicios confirma la eficacia del modelo.

266. La policía no interviene en la determinación de las sentencias ni en la reintegración de los infractores aborígenes; no obstante, a veces colabora con los servicios de libertad condicional y libertad vigilada para supervisar a los infractores que cumplen el resto de su condena en la comunidad.

c) Personas migrantes y apátridas

267. El reglamento 552 de la Ley sobre el seguro de salud especifica quién reúne los requisitos para acogerse al Programa de seguro de salud de Ontario y para la residencia. Las personas tienen que cumplir los requisitos del Programa para poder ser admitidas en las residencias de atención a largo plazo. Este criterio se específica en la sección 130 del Reglamento elaborado en el marco de la Ley de residencias de ancianos, en el artículo 61 del Reglamento establecido en virtud de la Ley de instituciones benéficas y en el artículo 8 del Reglamento establecido en virtud de la Ley de hogares para ancianos y residencias de descanso.

268. Los servicios de apoyo comunitario ayudan a las personas mayores y frágiles y con discapacidad física o enfermedades crónicas a vivir en la comunidad de forma independiente y segura, reducir el uso de servicios de atención de salud más costosos, limitar el agotamiento de los cuidadores y retrasar la hospitalización. Entre los servicios de apoyo se incluyen los siguientes: programas de comidas, labores domésticas, visitas amistosas, tratamiento paliativo del dolor y de los síntomas y los servicios de hospicio voluntarios. Centenares de organismos prestan esos servicios a través de voluntarios y de personal remunerado. La Ley sobre atención a largo plazo específica que deben utilizarse organismos sin fines de lucro.

269. Puede encontrarse más información sobre los servicios de salud y asistencia social para personas migrantes y apátridas en la respuesta del Canadá a las preguntas formuladas por anticipado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en preparación del examen por el Canadá de su cuarto informe sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 7

Educación, cultura e información

Observancia de la ley y servicios penitenciarios

270. El Gobierno de Ontario, con el fin de promover una mayor conciencia sobre el racismo, en cumplimiento de la Convención, ha emprendido las siguientes actividades relacionadas con la observancia de la ley y los servicios penitenciarios:

a) El Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Penitenciarios ha establecido una División de Eficacia Organizativa cuya misión es hacer frente al racismo y a todas las formas de discriminación, de acuerdo con la definición del Código de Derechos Humanos de Ontario;

b) En el programa de capacitación del personal se incluye la sensibilización acerca de los principios de trato justo y equitativo de todas las personas, y el compromiso con su cumplimiento;

c) El Ministerio está tratando activamente de diversificar su fuerza de trabajo para que muestre la misma diversidad que la población a la que presta servicios (por ejemplo, el programa de formación y de evaluación de los agentes penitenciarios en el Norte, centrado en la contratación y capacitación de los aborígenes contratados como funcionarios de prisiones);

d) La Asociación de jefes de policía de Ontario ha puesto a disposición de todos los servicios de policía un documento de prácticas recomendables contra la práctica de los perfiles raciales titulado Anti-Racial Profiling Best Practices — A self-audit to minimize corporate risk;

e) La Policía Provincial de Ontario ha emprendido varias iniciativas en apoyo de los comportamientos no discriminatorios tanto en la contratación como en la prestación de servicios, y ofrece también un programa de capacitación de una semana sobre los aborígenes, en particular sobre su historia y cultura.

Financiación para los proyectos contra los delitos motivados por el odio

271. El Gobierno de Ontario, a través de su programa de 2008 de subvenciones a los proyectos comunitarios de intervención contra los delitos motivados por el odio, entregó 1,35 millones de dólares a 23 organizaciones comunitarias para proyectos contra los delitos motivados por el odio, con especial hincapié en la eliminación y prevención de esos delitos y del racismo. Los proyectos financiados prestaron gran atención al aumento de los recursos comunitarios y la educación acerca de esos delitos, la identificación de los problemas en los servicios ofrecidos a las víctimas y la celebración de foros para reforzar las redes y compartir información. Entre los proyectos se incluyen los siguientes:

a) Una conferencia nacional de tres días de duración sobre políticas nacionales afrocanadienses y un Foro sobre el odio contra la población negra, en los que se presentó una carpeta de material contra los delitos motivados por el odio;

b) Producciones teatrales en comunidades septentrionales con el fin de lograr una mayor sensibilización acerca de los delitos motivados por el odio contra la población aborigen;

c) Un foro comunitario de dos días de duración, CommUNITY Alliance Forum: Building Partnerships to Counter Hate;

d) Un sitio web sobre los delitos motivados por el odio para conseguir que las personas y comunidades que son víctimas de esos delitos tengan acceso a información sobre ellos y su prevención;

e) Elaboración de un modelo comunitario de declaración de las víctimas de delitos motivados por el odio, junto con una guía sobre recursos para los proveedores de servicios y las víctimas.

G.Manitoba

Artículo 1

Definición, interpretación y observaciones generales

Uso de la expresión “minoría visible”

272. El Código de Derechos Humanos del Gobierno de Manitoba no utiliza el término “minoría visible” como característica personal protegida frente a la discriminación. Hace referencia a la “ascendencia, incluidos el color y las razas identificables”, “la nacionalidad o el origen nacional”, “el entorno o el origen étnico”, etc.

273. La Comisión de Administración Pública de Manitoba sigue utilizando la expresión “minorías visibles” en el contexto de la Política de equidad en el empleo de Manitoba para describir uno de los grupos que podrán beneficiarse de las políticas y procedimientos de contratación especiales. Otros grupos designados son las mujeres, los aborígenes y las personas con discapacidad.

274. La Comisión de Derechos Humanos de Manitoba ha comenzado a utilizar el término “comunidades racializadas” en vez de “minorías visibles” en los contextos donde considera que este término refleja un concepto social erróneo asociado con la impresión de que las personas o grupos que comparten una determinada ascendencia son diferentes y desiguales.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

275. El Gobierno de Manitoba ha preparado una guía de orientación para las mujeres inmigrantes, Living in Manitoba: A Resource Guide for Immigrant Women, para ayudarles a conocer los recursos y servicios provinciales, y ofrece asesoramiento sobre prácticas culturales, alojamiento, atención infantil y los derechos y protección ofrecidos por la ley.

276. El sitio web gubernamental sobre la situación de la mujer contiene una lista de refugios y otros proveedores de servicios destinados a las mujeres víctimas de la violencia. Contiene también investigaciones e informes sobre la cuestión de la violencia contra la mujer, y en particular informaciones y recursos destinados a las mujeres aborígenes e inmigrantes (www.gov.mb.ca/msw/index.html?/index.html).

277. La iniciativa de apoyo a los empleados sobre la violencia familiar realiza actividades de sensibilización e información en el lugar de trabajo a fin de reconocer y responder a los signos de violencia familiar y está destinada a un público muy heterogéneo en numeroso lugares de trabajo, con inclusión de las personas que se identifican como pertenecientes a grupos raciales o étnicos minoritarios (www.gov.mb.ca/fs/fvpp_toolkit/pubs/intro_fs1.pdf).

278. El Gobierno de Manitoba inició y está financiando el proyecto Pitawik (Escúchame) con el fin de examinar, analizar y formular recomendaciones establecidas en el marco de las zonas prioritarias determinadas en los debates de la primera Cumbre nacional de mujeres aborígenes. En 2008 se celebró una mesa redonda inicial, y continúan organizándose reuniones regionales con las mujeres aborígenes en toda la provincia a fin de lograr una mejor comprensión de sus necesidades y preparar la tercera Cumbre nacional de mujeres aborígenes de 2010, copatrocinada por Manitoba y la Asociación de Mujeres Aborígenes de Manitoba. La violencia contra las mujeres aborígenes es una cuestión prioritaria en las reuniones regionales y en la cumbre nacional (www.gov.mb.ca/msw/resources/docs/ pitawik_report.pdf).

279. El Equipo de respuesta a la trata de personas, creado por el Gobierno de Manitoba e integrado por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y varios asociados provinciales y comunitarios, se estableció con el fin de formular una respuesta coordinada por parte de las principales partes interesadas para los casos en que se identifiquen víctimas de la trata de personas en Manitoba. Los departamentos de servicios familiares y de salud y otros departamentos y organismos provinciales han adoptado ya medidas para ofrecer un refugio de emergencia, asistencia social y otras formas de apoyo a las víctimas.

280. En 2009, Manitoba, la RCMP y los servicios de policía de Winnipeg establecieron un Grupo de Trabajo integrado de Manitoba para las mujeres desaparecidas y asesinadas, que examina los casos relacionados con mujeres desaparecidas y asesinadas con el fin de ayudar a las familias a superar el trauma y someter a los autores a la justicia, y determinar si hay relaciones entre los distintos casos. Manitoba ha comunicado también la creación de un Grupo de Acción sobre mujeres explotadas y vulnerables, cuyo objetivo es ofrecer a la provincia asesoramiento estratégico en la formulación de nuevas políticas para responder a la crisis de las mujeres maltratadas y explotadas en Manitoba. El grupo está integrado por representantes del gobierno provincial y organizaciones aborígenes.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

281. El Gobierno de Manitoba no imparte a los encargados del cumplimiento de la ley capacitación sobre las diferencias culturales. No obstante, esta es reconocida como un elemento importante en todas las actividades policiales y se aborda sistemáticamente mediante programas de capacitación y de seguimiento de la RCMP, el servicio de policía de Winnipeg y el de Brandon, que son los formadores de las fuerzas de policía reconocidos en Manitoba. Desde el comienzo hasta el final de su carrera, los agentes reciben, a través de módulos de capacitación en el servicio, una formación que cumple los requisitos del entorno en el que ofrecen sus servicios policiales. La capacitación es organizada por los servicios de policía, pero las presentaciones concretas son realizadas por personas competentes o expertos en el ámbito que se desea abordar. La capacitación incluye también la violencia doméstica, el maltrato de niños, la violencia étnica, etc. Además, se están adoptando medidas para conseguir que los agentes de policía reflejen en cierto modo la diversidad cultural de la comunidad.

c) Empleo

282. El empleo de miembros de los grupos minoritarios en la administración pública de Manitoba continúa aumentando como consecuencia de la Política de equidad en el empleo y los programas de reclutamiento. En 2009, el 5,7% de los empleados se identificaban como miembros de minorías visibles; en 2008, la cifra comparable era del 4,9% y en 2007 el 4,5%.

283. Mediante la Estrategia de renovación de la administración pública, el Gobierno continúa realizando actividades encaminadas a aumentar las tasas de empleo de los grupos minoritarios en todos los puestos de la administración civil. Asimismo, la Comisión de la administración civil mantiene su Programa de perfeccionamiento de la capacidad de gestión destinado a los aborígenes y su Programa de administración pública destinado a los aborígenes; asimismo, la Dirección General de Asuntos Aborígenes y del Norte de Manitoba invita a los estudiantes a buscar empleo en el departamento con el fin de fomentar una mejor comprensión de las complejas cuestiones jurídicas y normativas relacionadas con los pueblos aborígenes en Manitoba.

284. Existen desafíos relacionados con las cuestiones técnicas de la recopilación de datos, en particular para las Primeras Naciones y los metis. A pesar de esta laguna, hay pruebas de que ha aumentado el número de personas aborígenes empleadas. Por ejemplo:

a) La Iniciativa de formación profesional en hidroelectricidad en el norte y la Comisión del canal amortiguador de Manitoba (MFA) han adoptado medidas de asignación de cargos que pueden contribuir a una mayor participación aborigen. La MFA estableció una Estrategia de equidad en el empleo mediante la Iniciativa de asignación de cargos reservados a los aborígenes, que hasta enero de 2009 adjudicó 25 licitaciones de construcción, por un valor aproximado de 43 millones de dólares (www.floodwayauthority.mb.ca/aboriginal_setaside.html);

b) El Gobierno colabora con los empleadores de los sectores tanto público como privado en la formulación de acuerdos de asociación para el empleo de los aborígenes. Estos acuerdos cuentan con la participación de seis autoridades sanitarias regionales y otras instituciones privadas y públicas y han hecho posible la contratación de más de 900 empleados aborígenes. Entre las instituciones privadas que han suscrito los acuerdos se incluyen IBM y la Manitoba Customer Association. El objetivo de los acuerdos es contribuir al desarrollo de las estrategias de empleo de aborígenes que incrementen la participación y representación de estos en la fuerza de trabajo de Manitoba;

c) En mayo de 2008, los gobiernos provincial y federal ofrecieron financiación para la Northern Manitoba Sector Council in Thompson Inc. con el fin de incrementar la mano de obra especializada en el norte de Manitoba. Se puso en marcha una estrategia a largo plazo para contribuir a la programación de la capacitación, cuyo resultado ha sido una mayor oferta de actividades de capacitación en el Norte, con participación de los aborígenes;

d) La provincia colabora actualmente con las organizaciones que son parte en los Acuerdos de desarrollo de los recursos humanos aborígenes del Gobierno del Canadá con el fin de aumentar la representación aborigen en el sector de la capacitación de aprendices.

d) Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

285. El Gobierno de Manitoba y el Gobierno del Canadá continúan financiando un programa de justicia reparadora comunitaria para los aborígenes, Onashowewin Inc., elaborado conjuntamente por el Aboriginal Council of Winnipeg Inc., a través del proceso tripartito y la Southern Chiefs’ Organization Inc. El programa adopta planteamientos holísticos de la justicia (www.onashowewin.com/).

Artículo 5

Igualdad ante la ley

Los aborígenes

286. En 2007, la Comisión de Derechos Humanos de Manitoba resolvió dos denuncias sistémicas contra el Gobierno de Manitoba acerca del tratamiento de las mujeres encarceladas en el Centro correccional de Portage; en el proceso se incluyó la recomendación de centrar la atención en programas encaminados a tener en cuenta las necesidades de las mujeres aborígenes (www.gov.mb.ca/hrc/publications/news_releases/ pdf/ 06_28_07.pdf).

287. En 2008-2009, la Comisión se reunió varias veces con una coalición de organizaciones para examinar los servicios de salud y apoyo a las personas con discapacidad que habitan en comunidades de la Primeras Naciones. En abril de 2010 se celebró un seminario para explorar esta cuestión, cuyo resultado fue un Memorando de entendimiento entre la Comisión de Manitoba de relaciones resultantes de los tratados, la Comisión de Derechos Humanos de Manitoba y la Comisión Canadiense de Derechos Humanos para lograr una mayor sensibilización y aplicación de los derechos humanos y resultantes de tratados.

Artículo 7

Educación, cultura y formación

288. La Secretaría de Multiculturalismo del Gobierno de Manitoba ha sido la principal organizadora del Comité del día del multiculturalismo del Canadá, que organiza un evento público anual para promover el multiculturalismo y celebrar la diversidad cultural.

289. En 2009-2010, la iniciativa gubernamental de establecimiento de comunidades acogedoras dio prioridad a los proyectos que promueven entre los jóvenes la conciencia del multiculturalismo y los beneficios de la diversidad.

290. La provincia ha ofrecido financiación para cinco proyectos que promueven expresamente entre los jóvenes el multiculturalismo y la diversidad. Entre las actividades de los proyectos se incluyen la participación de los jóvenes de las grandes ciudades de antecedentes culturales diversos en actividades de fortalecimiento de la capacidad de liderazgo, fomento de las aptitudes para mejorar la calidad de vida en las escuelas y la comunidad en general, presentación de relatos compartidos entre los recién llegados y los jóvenes nacidos en el Canadá que sirven como vehículo de recuperación y para el establecimiento de vínculos que fomentan la comprensión, y fortalecimiento de la confianza, diálogo sobre la transformación, intercambio de puntos de vista, capacitación sobre la solución de conflictos y otras formas de interacción.

H.Saskatchewan

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a)Violencia de género

291. En 2007-2008, se creó en Saskatchewan un tercer tribunal sobre violencia doméstica. Puede encontrarse más información sobre estos tribunales en el párrafo 247 de los informes 17° y 18° del Canadá sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

292.Tras la fusión de dos programas anteriores y la creación de dos nuevos programas en las comunidades del Norte con población predominantemente aborigen, en 2007-2008 la provincia contaba con 18 programas de servicios policiales a las víctimas. Estos ofrecen apoyo intensivo las víctimas y seis de ellos cuentan con agentes que se ocupan particularmente de los aborígenes. Asimismo, mediante la Iniciativa aborigen de lucha contra la violencia en la familia se asigna financiación a organizaciones aborígenes que prestan a las familias aborígenes urbanas servicios completos y holísticos contra la violencia en la familia.

293. En 2007-2008, el Gobierno de Saskatchewan ofreció nuevos fondos para ampliar y mejorar los programas destinados a los niños expuestos a la violencia. La población aborigen representa una elevada proporción del número total de clientes atendidos por estos programas.

294. En 2008-2009, se asignaron fondos adicionales para reforzar los servicios en favor de las mujeres que son víctimas de abuso sexual y violencia doméstica. Los fondos se asignaron a 29 organizaciones de 14 comunidades que ofrecían diversos servicios, en particular hogares de transición para las mujeres y sus hijos, apoyo a los supervivientes de agresiones sexuales y actividades de sensibilización sobre la violencia doméstica. Los servicios están a disposición de todos los residentes, cualquiera que sea su extracción cultural, pero el 75% de los beneficiarios de los servicios urgentes de alojamiento en casos de violencia familiar financiados por el Gobierno de Saskatchewan eran aborígenes.

b) Empleo

295. Con respecto al empleo de aborígenes, los acuerdos oficiales de asociación entre empleadores, sindicatos, la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan, el Gobierno de Saskatchewan y la Asociación de organizaciones de salud de Saskatchewan han conseguido notables avances en el reclutamiento de personas de la Primera Nación y metis en el sector de la salud. Los 12 organismos de salud regionales de Saskatchewan han ratificado los acuerdos de asociación. Un componente clave de dichos acuerdos es la preparación del lugar de trabajo mediante actividades de capacitación orientadas a la sensibilización sobre los aborígenes, en las que se hace hincapié en los mitos y concepciones erróneas acerca de las Primeras Naciones y los metis. Más de 32.000 empleados de los organismos regionales de salud han recibido esta capacitación. Además, en 2008, la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan, el Gobierno del Canadá y el Gobierno de Saskatchewan firmaron un memorando de entendimiento para comenzar a eliminar las desigualdades en el ámbito de la salud. Una de las prioridades es mejorar el reclutamiento, la retención y la participación de las Primeras Naciones en el sistema de salud.

296. En el marco del Programa de desarrollo del empleo aborigen, los empleadores de los sectores tanto público como privado, los grupos obreros, las comunidades y organizaciones de las Primeras Naciones y de los metis, los institutos de educación y capacitación y los gobiernos de todos los niveles colaboraron, mediante asociaciones multilaterales, para combatir los obstáculos sistémicos al empleo. Durante los 12 años de vigencia del programa, los empleadores participantes en el mismo contrataron 4.460 aborígenes, más de 36.840 empleados de todos los niveles recibieron capacitación sobre las cuestiones aborígenes y más de 1.995 empleados aborígenes pudieron adquirir algunas aptitudes necesarias en el entorno laboral.

297. Al 31 de marzo de 2009, la representación en el gobierno ejecutivo de todos los tipos de empleo era del 11,6% en el caso de los aborígenes y del 3,5% en el de las personas pertenecientes a minorías visibles. Ello representó un aumento con respecto a las cifras mencionadas en el párrafo 253 de los informes 17° y 18° del Canadá sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, a saber, el 10,7% de los aborígenes y el 2,5% de las personas de minorías visibles. Al 31 de marzo de 2009, los aborígenes constituían el 4,3% de los altos directivos y el 4,5% de los directivos de grado medio e inferior (frente al 0,7% y el 3,2%, respectivamente, en los informes 17° y 18°). Las personas de minorías visibles representaban el 2,1% de los altos directivos y el 2,1% de los directivos de grado medio e inferior (frente al 2,0% y el 1,7%, respectivamente, en los informes 17° y 18°).

Artículo 5

Igualdad ante la ley

298. El Gobierno de Saskatchewan está colaborando con el Gobierno del Canadá, la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan y la Real Policía Montada del Canadá (RCMP) en la elaboración de un amplio marco normativo para los servicios policiales de las Primeras Naciones. En él se incluiría la exploración de un modelo o modelos de mantenimiento de la paz y de solución de conflictos comunitarios que tenga en cuenta las necesidades de la comunidad.

299. Hay 34 acuerdos comunitarios tripartitos entre las Primeras Naciones, el Gobierno del Canadá y el Gobierno de Saskatchewan, que establecen una forma de servicio policial autónomo en las Primeras Naciones y cuentan con 131,5 agentes de la RCMP. Hay también un servicio policial autónomo de las Primeras Naciones con un complemento de siete agentes de policía. En total, ofrece servicios a 52 Primeras Naciones. Los servicios policiales de las otras Primeras Naciones se ofrecen en el marco del Acuerdo sobre los servicios policiales provinciales.

300. Un Comité de reclutamiento de aborígenes de la policía de Saskatchewan está creando un modelo amplio de reclutamiento que reconoce que la retención es un requisito fundamental para que los esfuerzos de reclutamiento orientados a los aborígenes en los servicios de policía den resultados positivos.

301. Dos distritos judiciales aborígenes de Saskatchewan hacen que la justicia sea más accesible para los aborígenes y aumente la transparencia de la justicia en sus comunidades. En algunos puntos del distrito judicial septentrional los servicios se imparten en idioma cree. Los tribunales de Saskatchewan cuentan también con círculos de determinación de la pena cuando consideran que es la solución adecuada. En 2008 se organizaron 15 de esos círculos, cifra superior al promedio de 13 por año. Hay también medidas alternativas y programas de sanciones extrajudiciales.

302.Saskatchewan ofrece diversos programas de reinserción social de los infractores, entre los que se incluye el recurso a los ancianos y los coordinadores culturales, así como el uso de organizaciones aborígenes para la prestación de los servicios. En 2007 se estableció un Grupo de Trabajo conjunto de los Servicios Correccionales y la Federación de Naciones Indias de Saskatchewan, con representantes del Gobierno de Saskatchewan y los consejos tribales, cuyo objetivo era la formulación de una estrategia de reintegración para los infractores de las Primeras Naciones, que utilizarán sistemas de apoyo comunitario para garantizar la supervisión y rehabilitación ininterrumpida de los infractores después de su reintegración en la comunidad. Los centros correccionales colaborarán con los Comités de justicia de las Primeras Naciones, las juntas de gestión policial y la RCMP local para formular planes de reintegración de los infractores en el momento de su liberación.

Artículo 7

Educación, cultura e información

303. El Gobierno de Saskatchewan ha establecido un protocolo informal de comunicación y consulta que trata de obtener de cada Primera Nación y de la Federación de Naciones Indias observaciones y orientación sobre las cuestiones estratégicas que tienen una repercusión considerable en los niños aborígenes. Los foros tripartitos trimestrales con participación del Gobierno de Saskatchewan, los organismos de servicios a la infancia y a la familia de las Primeras Naciones y la Federación favorecen el debate y el examen de iniciativas y políticas de protección de la infancia. Un foro menos frecuente, pero igualmente valioso, cuenta con la participación del Departamento de Asuntos Indios y Desarrollo del Norte, del Gobierno del Canadá.

Educación

304. Los nuevos programas de estudio en francés sobre la salud y los estudios sociales abordan el tema de la discriminación racial. Es esta una cuestión prioritaria en los programas de estudios sociales, ya que la diversidad y la vitalidad de todas las culturas pueden contribuir a la eliminación del racismo y la discriminación. Los programas de estudio sobre cuestiones relativas a la salud establecen una relación entre la discriminación y la Carta de Derechos y Libertades del Canadá.

305. El Gobierno de Saskatchewan ha publicado el documento Play and Exploration: Early Learning and Program Guide, que alienta a los educadores de la primera infancia de los centros de salud, y centros de enseñanza previa al jardín de infancia y de enseñanza preescolar a que fomenten en los niños actitudes positivas hacia la aceptación y celebración de las diferencias. Los educadores hacen participar a todos los niños en actividades, relatos, debates y experiencias que les ponen en contacto con nuevas formas de cooperación, nuevas informaciones sobre la comprensión de las culturas, prácticas o idiomas y procedimientos adicionales de ayuda mutua. Se alienta a los niños a que valoren la diversidad de puntos de vista, culturas y capacidades.

I. Alberta

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole

a) Violencia de género

306. En colaboración con el Gobierno del Canadá, el Gobierno de Alberta ha cofinanciado en Edmonton y Calgary organizaciones que se especializan en el servicio a las mujeres inmigrantes y prestan gran atención a la violencia familiar, teniendo en cuenta los desafíos culturales, lingüísticos, sociales y económicos especiales con que se encuentran las mujeres inmigrantes. Entre otros, cabe señalar los siguientes servicios ofrecidos:

a) Changing Together, centro para mujeres inmigrantes en Edmonton, que estableció un sitio web y distribuyó información interna como orientación sobre los derechos de la mujer en el Canadá. Este organismo brinda información sobre la violencia doméstica y asistencia a las mujeres recién llegadas;

b) La Calgary Immigrant Women’s Association (CIWA), que tiene un programa de solución de conflictos familiares y presta servicios completos a las familias para ayudarlas a hacer frente a la violencia de género. Asesores certificados colaboran con las mujeres y sus familias para tomar disposiciones sobre posibles lugares de refugio, orientarse en el complejo mundo del sistema judicial y mantener contactos con los servicios de ayuda a los niños y jóvenes de Alberta. La CIWA colabora estrechamente con el personal de los refugios en lo que respecta al idioma, las necesidades de traducción y la sensibilización sobre las realidades culturales. Recibe financiación para distribuir fondos a las familias que corren peligro inmediato de quedarse sin hogar y para sufragar algunos costos, como los depósitos en caso de daños. Se ofrecen también servicios de asistencia y remisión que permiten a las mujeres realizar la transición a una nueva fase, como el empleo o la escuela.

307. El Gobierno, a través de su programa Alberta Works Income Support, continúa prestando apoyo a la población de Alberta que sufre o ha experimentado recientemente una situación de violencia. Se ofrecen ayudas para el transporte hasta un lugar seguro y alojamientos de urgencia, y para atender las necesidades de atención personal y de salud de urgencia, establecer un nuevo alojamiento y recibir apoyo mientras no se consigue una situación más estable. Los servicios están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

308. Asimismo, se ofrece ayuda de sostenimiento de los ingresos a las víctimas de la trata de personas que tienen un permiso de residencia temporal. Los migrantes no documentados y las personas apátridas pueden recibir también asistencia a través de nuevos refugios de la provincia que tratan de atender las necesidades de las mujeres víctimas de la trata y de las mujeres inmigrantes que han sufrido situaciones de violencia.

309. En 2009-2010, el Gobierno de Alberta aportó 25,9 millones de dólares de financiación para refugios de mujeres en Alberta. La provincia financia refugios de mujeres mediante contratos con 29 refugios de emergencia y de transición para mujeres, acuerdos de servicios de pago con tres refugios de emergencia de mujeres en las reservas y acuerdos de servicios en materia de sensibilización acerca de la violencia familiar con tres proveedores de servicios que no cuentan con instalaciones residenciales. Cada refugio tiene un contrato individual en el que se incluyen actividades de capacitación para el personal del refugio, y la provincia exige que cada refugio tenga un consejo de administración y procedimientos sobre el personal y políticas de los centros, que son supervisados periódicamente por la provincia.

310. Los refugios financiados por la provincia deben ofrecer servicios residenciales a las mujeres y niños en el siguiente orden de prioridad:

a) Mujeres maltratadas con hijos;

b) Mujeres maltratadas sin hijos;

c) Otras mujeres en situación de crisis;

d) Otras mujeres que necesitan alojamiento de emergencia.

311. Una de las prioridades establecidas de los Servicios infantiles y juveniles del Gobierno de Alberta es mejorar el acceso a los programas existentes para jóvenes en situación de alto riesgo y habitantes de Alberta afectados por la violencia familiar, con especial insistencia en la ampliación de la ayuda a los aborígenes e inmigrantes. El Gobierno de Alberta tuvo en cuenta esta prioridad por los siguientes medios:

a) Prestación de mayor ayuda a los refugios de mujeres, en particular:

Asignación de un millón de dólares para aplicar el Programa de atención infantil en refugios de mujeres, que permitió crear más de 300 plazas de atención infantil para familias que accedían a los servicios de refugios de urgencia y de transición.

Inversión de 1,76 millones de dólares para financiar 79 camas más en refugios de emergencia de mujeres de toda la provincia, lo que representó un aumento de la capacidad del 15%.

Asignación de fondos adicionales en 2008-2009 para impulsar el reclutamiento y retención del personal en los refugios de mujeres.

b)Concesión de fondos adicionales en 2007-2008 a las comunidades de Alberta para ayudar a las víctimas y a los organismos comunitarios que colaboran para hacer frente a la violencia doméstica y la intimidación;

c) Asignación de 6 millones de dólares en 2008-2009 y 2009-2010 procedentes del Fondo de incentivos a la comunidad en apoyo de 184 proyectos contra la violencia doméstica y la intimidación;

d) Asignación de 2,6 millones de dólares, a través de la Iniciativa de comunidades seguras de Alberta, en los dos ejercicios de 2008-2009 y 2009-2010 para abordar directamente las necesidades de prevención de la violencia doméstica de los aborígenes e inmigrantes, en particular:

Traducción de la documentación sobre violencia doméstica, como las hojas informativas, en seis idiomas: árabe, chino, español, farsi, francés y punjabi. Las hojas informativas traducidas están también disponibles en forma sonora en CD.

Preparación de una publicación sobre la violencia doméstica para los estudiantes de inglés como segundo idioma.

Preparación de actividades de formación para los agentes de primera línea (asistentes sociales, policía y proveedores de servicios de tratamiento) sobre los efectos de la violencia doméstica y la manera de ayudar a los niños expuestos a ella.

Introducción en la radio y en la prensa de publicidad adaptada a las diferentes culturas a fin de promover la línea de información sobre la violencia familiar en Alberta, que ofrece ayuda en más de 170 idiomas.

Asignación de 450.000 dólares para establecer seis lugares piloto de sensibilización orientados expresamente a las comunidades aborígenes e inmigrantes: cuatro emplazamientos urbanos (Edmonton/Calgary) y dos rurales (Brooks/Slave Lake).

Inclusión de información sobre la violencia doméstica y la intimidación en la publicación para recién llegados “Bienvenidos a Alberta”.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

312. A través del Fondo para las víctimas de actos delictivos, el Procurador General y el Ministerio de Seguridad Pública de Alberta financian y respaldan a una red de 117 programas policiales que ofrecen apoyo, información y servicios a las víctimas de actos delictivos en Alberta. Las dependencias policiales de servicios a las víctimas están integradas por defensores de las víctimas que reciben capacitación en las esferas de la violencia doméstica, la agresión sexual, el género y la diversidad cultural, incluida la capacitación sobre las realidades aborígenes. Por ejemplo, Lesser Slave Lake Indian Regional Council Victim Services, Maskawacis Victim Services y the Siksika Crisis Response Team ofrecen a sus clientes servicios que tienen en cuenta las diferencias culturales.

313. El Ministerio imparte también desde 1990 capacitación sobre la violencia doméstica con destino a la RCMP y a los servicios policiales municipales y de las Primeras Naciones. En la capacitación se tiene en cuenta que la violencia doméstica puede ser perpetrada por hombres y mujeres, y los componentes básicos de la capacitación se complementan con otros temas, como la diversidad cultural, la adicción y la salud mental.

c) Empleo

314. Aunque la administración pública de Alberta no tiene programas específicos de empleo para las minorías, el Gobierno de Alberta respeta el principio de igualdad de oportunidades. Sus políticas de contratación estipulan que debe ofrecerse un acceso razonable a las posibilidades de empleo en la administración pública y que las decisiones sobre contratación de personal deben estar basadas en el mérito y en procesos justos y uniformes.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

Personas migrantes y apátridas

315. La posibilidad de acogerse a las prestaciones de sostenimiento de los ingresos en la provincia están basadas en el estatuto de inmigración de la persona; el Gobierno de Alberta sigue la pauta del Gobierno del Canadá al determinar la residencia canadiense. Solo los inmigrantes con estatuto permanente o los que tienen permiso de residencia temporal por razones médicas pueden acogerse a las medidas de garantía de los ingresos.

316. Actualmente, los migrantes indocumentados y las personas apátridas no son considerados como residentes del Canadá y, por consiguiente, no pueden recibir ayuda en el marco del programa Alberta Works Income Support. Este apoyo puede ofrecerse a las personas que solicitan el estatuto permanente (por ejemplo, solicitantes de asilo) o que han sido llevadas al Canadá contra su voluntad o con falsos pretextos para implicarlos en una actividad delictiva (por ejemplo, las víctimas de la trata de personas) y están a la espera de una decisión del Departamento de Ciudadanía e Inmigración del Canadá. Los titulares de permisos de residencia temporal que han sido aprobados por el Alberta Immigration Review Panel pueden acogerse también a las medidas de garantía de los ingresos. Todos los demás residentes temporales (por ejemplo, los trabajadores extranjeros temporales) no cumplen los requisitos en razón de su estatuto de inmigración.

317. Los servicios de salud necesarios por razones médicas son accesibles para todas las personas, independientemente de su estatuto de residente. Los no residentes quizá deban realizar un pago, ya que los servicios de atención de salud solo están asegurados y pagados por el régimen de seguro de enfermedad de Alberta si se cumplen los requisitos en materia de residencia. En virtud de la Ley del seguro médico de Alberta, se entiende por “residente de Alberta” una persona legalmente autorizada a estar o permanecer en el Canadá que esté domiciliada y resida habitualmente en Alberta. En la definición no se incluyen los turistas, personas de paso o visitantes de Alberta. Los residentes temporales, como los estudiantes internacionales o los trabajadores temporales, pueden estar también incluidos, siempre que tengan intención de residir en Alberta durante al menos 12 meses y cuenten con los documentos adecuados de ingreso en el Canadá.

318. La Ley del sistema escolar amplía el derecho de acceso a la educación a los niños que son ciudadanos canadienses, residentes permanentes o hijos de un ciudadano canadiense o “una persona legalmente admitida en el Canadá para su residencia permanente o temporal”. Los “residentes temporales” son las personas que 1) han recibido un permiso de estudios y se han inscrito y pagado la matrícula para un programa a tiempo completo reconocido en la provincia para la obtención de un diploma o título, de al menos dos años de duración, o un programa para graduados o posgraduados a tiempo completo, de al menos un año de duración; 2) cuentan con una autorización de empleo para trabajar temporalmente en el Canadá (por ejemplo, los trabajadores extranjeros temporales); 3) han presentado una solicitud de asilo; 4) han recibido un permiso de residencia temporal del Gobierno federal; 5) gozan de estatuto diplomático en el Canadá. Cada una de las jurisdicciones escolares determina las tasas de los alumnos internacionales en el caso de los hijos de personas que no se incluyen en ninguna de las categorías antes mencionadas.

Artículo 7

Educación, cultura y formación

a) Educación

i) Niños y jóvenes

319. Hasta septiembre de 2009, el Gobierno de Alberta había aplicado en su totalidad el programa de estudios sociales revisado. Este programa (desde párvulos al 12º curso) inculca los valores y actitudes básicos, conocimientos y capacidad de comprensión y aptitudes y proceso necesarios para que los alumnos sean ciudadanos activos y responsables en el proceso democrático y tomen conciencia de su capacidad para introducir cambios en sus comunidades, en la sociedad y en el mundo. Ofrece oportunidades de aprendizaje a los alumnos para que valoren la diversidad, respeten la dignidad y apoyen la igualdad de todos los seres humanos, además de dar muestras de solidaridad social, equidad y justicia. Brinda también oportunidades de aprendizaje para que los alumnos comprendan cómo es posible lograr la cohesión especial en una sociedad pluralista. Los conceptos básicos de ciudadanía e identidad son la base para los resultados en materia de competencia y aprendizaje en el programa de estudios y su objetivo es ofrecer oportunidades de aprendizaje para que los alumnos valoren y acepten las diferencias que contribuyen al pluralismo del Canadá y respeten la dignidad y apoyen la igualdad de todos los seres humanos. Asimismo, reconoce la importancia del sentido individual de identidad y ofrece oportunidades de aprendizaje para comprender de qué forma la identidad y la autoestima dependen de múltiples factores personales, sociales, lingüísticos y culturales (http://education.alberta.ca/teachers/program/ socialstudies/programs.aspx).

320. La filosofía de los programas de estudio de Alberta consiste en promover el respeto y la comprensión de todos los grupos y personas. En apoyo de esa filosofía y para incorporarla debidamente, los recursos de aprendizaje y enseñanza autorizados presentan de forma justa y equitativa las diferentes materias, en particular la religión, el género, los sistemas de creencias y los temas polémicos, con especial atención a la contribución de las personas a la sociedad en cuanto individuos o grupos, más que a sus diferencias.

321. Por ejemplo, el documento Heart of the Matter: Character and Citizenship Education in Alberta Schools (2005) es un recurso destinado a los profesores y administradores, que contiene información y estrategias que las escuelas y jurisdicciones pueden utilizar para reforzar y apoyar las iniciativas de educación de la personalidad y el espíritu ciudadano. Este recurso contiene estrategias para implicar a los padres, establecer asociaciones, elegir los recursos de aprendizaje y evaluar las iniciativas. Ofrece también algunas ideas sobre la manera de introducir la educación del carácter y el espíritu ciudadano en las diferentes asignaturas y en las actividades extraacadémicas (http://education. alberta.ca/ teachers/ resources/cross/heart-of-the-matter.aspx).

ii) Empleados públicos

322. Los servicios de ayuda a los niños y jóvenes del Gobierno de Alberta cuentan con un Programa de formación sobre la delegación que aborda de forma general la diversidad cultural teniendo en cuenta factores relativos a la práctica del trabajo social a fin de colaborar con clientes de diversas procedencias y con diferentes perspectivas culturales. Tiene también un módulo especializado de capacitación para el nuevo personal que trabaja con comunidades aborígenes.

J. Columbia Británica

Artículo 1

Definición, interpretación y observaciones generales

Uso de la expresión “minoría visible”

323. El Gobierno de la Columbia Británica utiliza la expresión “minorías visibles” en la forma empleada por la Oficina de Estadísticas del Canadá con fines demográficos y alienta el empleo de la expresión self-identified [autoidentificada] junto al de visible minority [minoría visible] para indicar a quienes optan por incluirse entre las minorías visibles.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otra índole

a) Violencia de género

324. En 2007-2008, el Gobierno de la Columbia Británica adoptó varias medidas para ayudar a las víctimas de la violencia de género, en particular las mujeres aborígenes y mujeres pertenecientes a minorías raciales o étnicas.

325. El Gobierno inauguró en julio de 2007 la Oficina para combatir la trata de personas. Esta oficina coordina los servicios en favor de las personas víctimas de la trata y facilita el acceso a servicios jurídicos, de traducción, interpretación, alojamiento y refugio, asistencia dental y médica, asesoramiento y apoyo.

326. La provincia aportó 190.000 dólares a la iniciativa denominada Mobile Acces Project Van, que es una iniciativa de seguridad, reducción de daños y prevención de la violencia y que ofrece servicios a las mujeres vulnerables a la violencia y la explotación sexual. Ofrece capacitación y da empleo a antiguas trabajadoras sexuales para prestar servicios a mujeres que participan en el comercio sexual y funciona desde las 22.30 horas a las 5.30 horas en todo Vancouver. Presta también servicios a una elevada proporción de mujeres aborígenes y pertenecientes a grupos de minorías raciales o étnicas.

327. La provincia asignó también 2,7 millones de dólares adicionales a programas de servicios a las víctimas, lo que permitió ampliar la accesibilidad de los servicios, entre ellos los programas comunitarios destinados expresamente a ayudar a las víctimas de la violencia de género (incluida la violencia sexual).

328. El Gobierno de la Columbia Británica financió también una dependencia sobre la violencia doméstica en Richmond y otra en Vancouver. Estas dependencias asocian a un agente de policía con un miembro de los servicios a las víctimas para ayudar a las víctimas con elevado riesgo de violencia doméstica. La dependencia de Richmond cuenta con un empleado que habla mandarín y presta ayuda a una elevada proporción de mujeres de minorías raciales o étnicas, en particular mujeres asiáticas. Ha financiado también un puesto de plena dedicación de servicio a las víctimas en la dependencia provincial de medidas de protección, que trata de responder en forma integrada a los casos de violencia familiar de alto riesgo.

329. A fin de mejorar el acceso de las mujeres aborígenes a los servicios, el Gobierno puso también en marcha el proyecto trienal de atención a las necesidades de apoyo a las víctimas de las comunidades aborígenes remotas de la Columbia Británica, que trata de hacer llegar sus servicios a las víctimas aborígenes desatendidas en todo el territorio de la Columbia Británica.

330. Asimismo, en abril de 2008, la provincia comunicó la creación del Fondo de respuesta a la violencia doméstica con un total de 150.000 dólares, que trata de mejorar las respuestas locales a las víctimas de la violencia doméstica y aumentar su seguridad.

331. El Gobierno de la Columbia Británica dio a conocer también un programa trienal de ayuda a los recién llegados, que mejora los servicios a los nuevos inmigrantes en la provincia y, entre otras cosas, trata de lograr una mayor sensibilización y comprensión de los delitos basados en posiciones de poder y de las cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, y de realizar actividades de divulgación y educación pública entre los organismos y grupos comunitarios a fin de aumentar la accesibilidad de la información disponible para los nuevos inmigrantes.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

332. Los servicios correccionales del Gobierno de la Columbia Británica ofrecen siete horas de sensibilización sobre la diversidad cultural a los nuevos miembros de los servicios correccionales antes de que comiencen a asumir sus funciones. El personal recibe también capacitación sobre la gestión de las mujeres delincuentes. Entre las actividades previstas se incluye la publicación de orientaciones sobre el personal mixto. En la Política de detención de adultos se reconoce que un gran porcentaje de la población reclusa femenina ha sufrido abusos físicos y emocionales, y que las mujeres encarceladas deben estar protegidas frente a situaciones que puedan llevar a la victimización y a violencias continuas. Se han aprobado políticas relativas a las funciones que deben desempeñar los funcionarios de prisiones del mismo género que los reclusos.

c) Empleo

333. Hay varias iniciativas encaminadas a eliminar los obstáculos al empleo de los grupos minoritarios en los programas de empleo financiados en virtud de la Parte II de la Ley de garantía del empleo. Estos programas y servicios se transfirieron del Gobierno del Canadá al Gobierno de la Columbia Británica en virtud del Acuerdo entre el Canadá y la Columbia Británica sobre el desarrollo del mercado de trabajo, concertado en 2009.

334. En toda la provincia existen servicios que ayudan a encontrar trabajo a los desempleados, con inclusión de los miembros de los grupos minoritarios, legalmente autorizados a trabajar en el Canadá. Dichos servicios se ofrecen en forma gratuita a quienes buscan empleo y les ayudan a prepararse y a encontrar un empleo y conservarlo. Entre los servicios disponibles se incluyen instrumentos de búsqueda de empleo, medidas de apoyo y recursos, entre ellos los siguientes: centros de recursos de empleo subvencionados; información sobre la situación del mercado de trabajo; asistencia para la búsqueda de empleo; apoyo en las decisiones sobre el futuro profesional; ayuda para el mantenimiento del puesto de trabajo; asesoramiento sobre el empleo y sesiones en grupo; y servicios de gestión de casos.

335. Además, estos servicios se han reforzado en respuesta al deterioro económico mundial, incorporando los siguientes elementos:

a) Mayor financiación para ampliar el apoyo a la búsqueda de empleo y la colocación, con inclusión de ayuda personal con la ropa de trabajo, las “herramientas del oficio”, etc.;

b) Prestación de apoyo, por ejemplo, distribuyendo alimentos a los participantes en programas de jornada completa, en función de las necesidades de los clientes, con el fin de fomentar la participación; y

c) Mayores oportunidades de participación de los clientes en cursos breves de orientación y capacitación para aumentar sus posibilidades de encontrar empleo.

336. En la Columbia Británica hay 35 acuerdos de financiación de los servicios de ayuda para el empleo con organizaciones que ofrecen servicios de empleo especializados a clientes inmigrantes y de grupos minoritarios para favorecer su integración en el mercado de trabajo de la provincia.

337. La provincia financia también servicios de ayuda para el empleo especializados y programas de empleo por cuenta propia para los inmigrantes y los aborígenes que buscan empleo. El programa de empleo por cuenta propia se ofrece a los candidatos que encuentran dificultades para encontrar trabajo y que reúnen las debidas condiciones para el empleo por cuenta propia. Se ofrece orientación sobre la actividad empresarial y asistencia financiera durante un período máximo de un año para la elaboración y aplicación de un plan que les permita la autosuficiencia gracias al empleo por cuenta propia.

338. Debido a la transferencia de la programación, anteriormente competencia del Gobierno del Canadá, no se dispone de datos cuantitativos. Los datos cronológicos indican que, tradicionalmente, los resultados en materia de empleo son tan positivos en el caso de los trabajadores inmigrantes y de minorías como en el resto de la población.

Empleo de la administración pública

339. En 2008, la Oficina para combatir la trata de personas creó un puesto de analista de la investigación y las políticas reservado a una persona aborigen, que se encargaría de la cuestión de la trata interna de niñas y mujeres aborígenes, y posteriormente contrató para ocupar el puesto a un asistente social aborigen especializado en esos temas.

d) Acceso a la justicia de los grupos vulnerables

340. La Oficina para combatir la trata de personas se ha esforzado en sensibilizar a los servicios policiales y a la Corona de la provincia acerca de la vulnerabilidad de las personas víctimas de la trata y de informar y educar a los proveedores de servicios acerca de las disposiciones del Código Penal y la Ley de inmigración y protección de refugiados relacionadas con la trata de personas.

341. La provincia ha incrementado el acceso a la justicia para los grupos vulnerables mediante la creación de la Dependencia de Apoyo Judicial con el fin de coordinar y reforzar el apoyo judicial a las víctimas de delitos en la Columbia Británica. Los dos primeros programas son el Port Coquitlam Court Support Program y el Downtown Community Court en el barrio Downtown Eastside de Vancouver. Estos programas disponen de personal de servicios a las víctimas que trabajan en el tribunal y ayudan a las víctimas de delitos graves y violentos así como a otras víctimas vulnerables.

342. Muchos de los clientes de los programas son víctimas de la violencia de género. Por ejemplo, los datos resultantes de la evaluación del Port Coquitlam Court Support Pilot Project (2007-2009) revelan que el 58% de los clientes atendidos eran víctimas de la violencia doméstica. El 13% de los clientes habían sido víctimas de violencia sexual: agresiones sexuales a jóvenes (4%), agresiones sexuales a adultos (4%), agresiones sexuales a niños (3%) o supervivientes de agresiones sexuales (1%).

Artículo 4

Prohibición de la propaganda racista

343. El Gobierno de la Columbia Británica ofrece financiación en apoyo del multiculturalismo y la lucha contra el racismo, con el fin de abordar y prevenir el racismo y el odio.

344. La provincia elaboró el Modelo de reacción a incidentes particularmente graves, que es un proceso en tres etapas y de tres años de duración para que las comunidades desarrollen la capacidad y establezcan protocolos comunitarios para hacer frente al racismo y al odio. Cada año, adoptan el modelo entre tres y cuatro comunidades, siendo ya 30 las que lo han incorporado (www.llbc.leg.bc.ca/public/pubdocs/bcdocs/372162/community_ kit.pdf).

345. El Gobierno ofrece también apoyo al equipo de la Columbia Británica contra los delitos motivados por el odio, en el que participa el abogado de la Corona, el Gobierno, la policía municipal y la Real Policía Montada del Canadá para combinar sus experiencias en la lucha contra los delitos motivados por el odio. El equipo presta también apoyo a las investigaciones policiales y ofrece actividades de capacitación sobre la aplicación de la ley.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

a) Los aborígenes

346. En 2008, los servicios correccionales del Gobierno de la Columbia Británica elaboraron y aplicaron iniciativas para reducir con el número excesivo de aborígenes en los centros penitenciarios y lograr la participación de las comunidades y organizaciones en la gestión de los infractores. Se prepararon y apoyaron 40 eventos de capacitación intercultural en 28 comunidades. La respuesta de la comunidad y del personal judicial fue universalmente positiva.

347. Asimismo, los programas locales de la Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes financiados conjuntamente con el Gobierno del Canadá ofrecen servicios comunitarios, que van desde las opciones extrajudiciales a la reintegración de los infractores cuando salen de los centros de reclusión.

348. Para alentar el uso de los planteamientos de la justicia reparadora en las comunidades, se ha ofrecido al personal de la Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes capacitación sobre las medidas alternativas, con participación del Ministerio Fiscal y la policía, cuyo resultado ha sido el fortalecimiento de las relaciones. La capacitación ha encontrado muy buena acogida entre las comunidades aborígenes y la demanda ha sido superior a la oferta.

349. Los servicios correccionales de la Columbia Británica continúan contratando a proveedores de servicios aborígenes en cada uno de los centros de reclusión para ofrecer liderazgo espiritual, asesoramiento y programación cultural a los infractores aborígenes. Esos contratos se están examinando actualmente con el fin de presentar recomendaciones para aumentar la eficacia del programa.

350. El Gobierno de la Columbia Británica, en asociación con el Gobierno del Canadá, incrementó su compromiso con los programas comunitarios de justicia aborigen financiados en el marco de la Estrategia de justicia para los pueblos aborígenes y contribuyó a los programas financiados en el marco de la estrategia en 25 comunidades, con fondos nuevos o adicionales para 15 de esas comunidades a partir de 2008.

b) Personas migrantes y apátridas

351. El Gobierno de la Columbia Británica mantuvo el Programa de servicios para migrantes, establecido en 1999, cuyo objetivo es ayudar a los niños no acompañados, víctimas de la trata y refugiados de menos de 19 años que llegan a uno de los puntos de entrada de la provincia. Los niños que viajan sin un tutor legal son confiados al programa y pueden acogerse a las mismas iniciativas y servicios que otros niños y jóvenes. Cuando el Equipo de servicios a los migrantes asume la tutela, se encarga de atender las necesidades físicas, emocionales, educativas, de salud y desarrollo del niño.

352. El Gobierno del Canadá introdujo en 2006 el Permiso de residencia temporal para las personas víctimas de la trata, y el Gobierno de la Columbia Británica ha otorgado dos de esos permisos hasta la fecha. Este permiso permite a las personas víctimas de la trata tener acceso a las prestaciones del mecanismo de garantía de los ingresos, a un permiso de trabajo y al Programa federal provisional de salud. Los dispensarios de salud de Vancouver han aceptado de forma oficiosa prestar servicios de atención de salud a las posibles víctimas de la trata que no dispongan de una tarjeta provincial de seguro de enfermedad.

Artículo 7

Educación, cultura e información

353.El Gobierno de la Columbia Británica respalda anualmente en toda la provincia proyectos relacionados con los jóvenes, las actividades de participación comunitaria, la capacitación sobre la diversidad, la ayuda entre compañeros en la escuela, los recursos didácticos y los proyectos teatrales a través de su programa de multiculturalismo y contra el racismo. Pueden señalarse los siguientes ejemplos:

a) La Iniciativa de diálogos sobre el multiculturalismo, que ayuda a las comunidades a organizar diálogos donde puedan escucharse las diversas voces, ideas, opiniones e interpretaciones de lo que significa vivir en armonía en una sociedad culturalmente diversificada;

b) El proyecto “Busca argumentos contra el racismo”, que promueve la lucha contra el racismo en los jóvenes. En 2008, 16 jóvenes artistas presentaron sus obras en un concurso y la obra del vencedor apareció como portada de un CD. Los alumnos de los cursos cuarto a séptimo eligieron luego sus canciones favoritas sobre el multiculturalismo y la lucha contra el racismo compuestas por músicos de la Columbia Británica para su inclusión en el CD. El proyecto elaboró también una guía de recursos para el personal docente;

c) Premios provinciales Nesika, que reconocen las aportaciones de los individuos, comunidades y organizaciones en las esferas relacionadas con la diversidad cultural y la lucha contra el racismo.

V. Medidas adoptadas por los gobiernos de los territorios

A.Nunavut

Artículo 1

Definición, interpretación y observaciones generales

Uso de la expresión “minoría visible”

354. El 85% de la población de Nunavut es inuit. Por ello, en Nunavut no se utiliza la expresión “minorías visibles”.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a) Violencia de género

355. El Gobierno de Nunavut introdujo medidas legislativas orientadas expresamente a combatir la violencia en la familia. La Ley de intervención contra la violencia doméstica creó en cada comunidad de Nunavut puestos de asistentes judiciales. Estos reciben capacitación especial y su misión consiste en aplicar dicha Ley permitiendo a las personas acceder a los recursos culturalmente adecuados, como el asesoramiento tradicional. Ayudan también a las personas a obtener órdenes de protección de emergencia, órdenes de intervención comunitaria, órdenes de asistencia y órdenes de indemnización en caso necesario. La Ley permite a las personas maltratadas permanecer en la vivienda familiar y aleja al supuesto perpetrador de la violencia para poner fin a la victimización. La Ley puede consultarse en www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPageaspx?page=STATUTES+ AND+ REGULATIONS+PAGE)..

b) Empleo

356. En virtud del artículo 23 del Acuerdo sobre reivindicaciones territoriales de Nunavit, el Gobierno de Nunavut tiene la obligación de elaborar y aplicar medidas para aumentar la representación inuit en la administración pública territorial (www.gov.nu.ca/hr/site/ doc/NLCA.pdf). Con este fin, el Gobierno de Nunavut ha adoptado varias medidas cuyo objetivo es promover una tasa más elevada de empleo de inuit en la administración pública, con inclusión de becas y otros programas de capacitación, así como una política de contratación prioritaria. Por ejemplo, el Gobierno de Nunavut aprobó la Ley de protección lingüística y Ley de lenguas oficiales (www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage. aspx?page=STATUTES+ AND+REGULATIONS+PAGE). Esta legislación, cuyo objetivo es proteger y promover la lengua inuit también en el lugar de trabajo, es un paso importante para la eliminación de los obstáculos al empleo de los inuit.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

Los aborígenes

357. Dado que la mayoría de la población de Nunavut es inuit, la programación y las alternativas a la reclusión de los infractores aborígenes están concebidas expresamente teniendo en cuenta sus características culturales.

358. Los comités de justicia comunitarios ofrecen apoyo y asesoramiento a quienes caen en manos de la justicia. Esos comités, utilizados con frecuencia como alternativas a la reclusión, están integrados por miembros de la comunidad, en particular ancianos merecedores de respeto, que colaboran con el personal penitenciario para ayudar a reintegrar a los infractores en la sociedad. Según datos incidentales, estos comités han conseguido algunos resultados positivos.

B.Territorio del Noroeste

Artículo 1

Definición, interpretación y observaciones generales

Uso de la expresión “minoría visible”

359. La Ley de equidad en el empleo entiende por 'minoría visible' las “personas, distintas de los aborígenes, que no son de raza no caucásica o no tienen la piel blanca”. En el censo de 2006 declaraba pertenecer a una minoría visible un total de 2.270 personas, lo que representaría el 5,5% de la población, pero el término se utiliza todavía relativamente poco en el Territorio del Noroeste.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a)Violencia de género

360. El Gobierno del Territorio del Noroeste se encuentra ahora en la segunda fase del Plan de acción contra la violencia doméstica en el Territorio del Noroeste, en el que se reconoce que “las personas y familias de grupos oprimidos y marginados, como las mujeres aborígenes y los niños y familias de las comunidades remotas, tienen mayores probabilidades de sufrir respuestas sociales negativas debido en parte a la falta de seguridad, servicios y recursos”.

361. El plan trata, entre otras cosas, de ofrecer mayor apoyo al sistema de refugios existente, lograr un acceso más uniforme, ofrecer una educación pública continuada, establecer datos de referencia sobre las actitudes públicas en relación con la violencia doméstica y promover la colaboración interinstitucional entre las comunidades, las regiones, las administraciones centrales y las instancias federales.

b) Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

362. Los servicios policiales son competencia de la Real Policía Montada del Canadá (RCMP). Los miembros destinados al Territorio del Noroeste reciben capacitación constante sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, lo mismo que los demás agentes en el resto del Canadá.

c) Empleo

363. Como media, en 2007 consiguió empleo un total de 7.300 aborígenes, lo que representa una tasa de empleo del 55,3%, cifra considerablemente inferior al 86,9% entre los 15.600 no aborígenes, pero muy superior a la de 1989, año en que trabajaba solamente 41,8% de los aborígenes del territorio.

364. En cuanto a los niveles de educación y el empleo, se observan particulares mejoras en el porcentaje de aborígenes con cierto nivel de educación escolar superior (32,6%) y con un certificado de formación profesional o diploma universitario (25,8%). No obstante, la comparación con los datos sobre la fuerza de trabajo canadiense en 2007 indica que los aborígenes del Territorio del Noroeste continúan manteniendo niveles de educación muy inferiores a los del conjunto de la nación: el 77,8% de las personas del país de más de 15 años de edad posee al menos un diploma de estudios secundarios mientras que en el caso de los aborígenes del Territorio del Noroeste la proporción es de solo el 46,2%.

365. El Gobierno del Territorio del Noroeste está firmemente decidido a contar con una administración pública que represente a la población a la que presta servicios. El Plan de acción afirmativa, puesto en marcha en 1989 para abordar esta cuestión, otorga preferencia en los puestos de gestión y no tradicionales a los pueblos aborígenes autóctonos, a las personas no aborígenes autóctonas, a las personas residentes con discapacidad y a las mujeres residentes. A finales de 2008, había 1.421 empleados aborígenes autóctonos, que representaban el 31% de la administración pública en el Territorio del Noroeste. Los altos cargos aborígenes autóctonos eran 29, es decir, el 16% del total de empleados de esa categoría.

366. En 2009-2010, el Gobierno del Territorio del Noroeste consiguió acceso al Fondo estratégico de transición y formación en virtud de su Acuerdo sobre el mercado de trabajo con el Gobierno del Canadá. Durante el primer año de este acuerdo, el Gobierno ofrece programas y servicios a los grupos insuficientemente representados y puede remodelar estos en función de las necesidades en los próximos años. En esos grupos se incluyen los aborígenes, los beneficiarios de los programas de garantía de los ingresos, las personas con bajos niveles de capacitación y alfabetización, los jóvenes (de 19 a 29 años), las personas que viven en pequeñas comunidades alejadas, los empleados con bajos niveles de capacitación, las personas con discapacidad, las mujeres y los inmigrantes.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

a)Medidas para corregir los posibles planteamientos discriminatorios en la aplicación de la ley

367. El Examen de las actividades policiales de 2007 permitió evaluar el modelo actual de mantenimiento del orden gracias a los comentarios formulados por las comunidades. Aunque estas manifestaron el deseo de aumentar el número de agentes de las Primeras Naciones (así como de impulsar la capacitación intercultural) y de que la RCMP remitiera más personas a los comités de justicia comunitarios, no se mencionó la discriminación entre los problemas de la zona. Los miembros de la comunidad hicieron referencia al uso excesivo de la fuerza, pero no en relación con prácticas discriminatorias de aplicación de la ley.

b) Los aborígenes

368. El Gobierno del Territorio del Noroeste respalda la justicia reparadora con medidas alternativas al sistema judicial. Suscribe contratos con las comunidades para el establecimiento y funcionamiento de los comités de justicia comunitarios.

369. En 2008-2009, 31 comunidades (94%) participaron en 1.980 actividades de justicia comunitaria, en las que intervinieron 8.951 personas. En 2006-2007, fueron 30 las comunidades implicadas en unas 1.292 actividades. Desde 2003-2004 hasta 2008-2009 se ha registrado un aumento global del número de actividades de aproximadamente el 67%.

370. El programa de mecanismos alternativos continúa siendo importante para muchos comités de justicia comunitaria. En 2008-2009, se aprobó un total de 113 soluciones alternativas. Este número ha bajado desde el máximo alcanzado en 2003-2004, pero desde entonces se ha mantenido bastante estable. Ello demuestra el apoyo continuado a las medidas extrajudiciales de conformidad con la Ley Federal de justicia penal juvenil. Los comités están encontrando soluciones innovadoras para abordar los problemas de justicia en el plano local teniendo en cuenta las necesidades existentes.

371. El Gobierno del Territorio del Noroeste respalda la reintegración de los infractores aborígenes mediante programas específicos. Además de utilizar campamentos forestales protegidos y supervisados (Alcantara, cerca de Fort Smith, y un campamento de personas de edad avanzada en el territorio Sahtu), los centros penitenciarios cuentan también con programas de manejo de tierras, curación tradicional, actividades prácticas como la colocación de trampas para conejos y otros animales, y sistemas de orientación tradicionales.

C. Yukón

Artículo 1

Definición, interpretación y observaciones generales

Uso de la expresión “minoría visible”

372. Salvo en el censo de mano de obra del Yukón, la expresión “minorías visibles” se utiliza poco en el Yukón. Además, si bien el término no se menciona expresamente en la política de equidad en el empleo de Gobierno del Yukón, en el artículo 1.3.3 se declara lo siguiente:

“Las mujeres, los aborígenes y las personas con discapacidad son los grupos destinatarios de la política de equidad en el empleo. Ello significa que estos tres grupos se incluirán en la planificación y programación de las actividades pertinentes. Pueden recopilarse datos sobre otros posibles grupos destinatarios para facilitar información al Gabinete acerca de la posible inclusión de grupos adicionales en el contexto de esta política.”

373. El único grupo destinatario “potencial” sobre el que se han recopilado datos es el de las “minorías visibles”. No obstante, el número y representación de las minorías visibles en el Yukón no ha sido nunca lo bastante elevado como para justificar su inclusión como grupo destinatario de la población activa del Yukón.

Artículo 2

Medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole

a)Violencia de género

374. El gobierno del Yukón ha puesto en marcha una estrategia para las víctimas de actos delictivos y realizado consultas con las partes interesadas acerca de un proyecto de Ley sobre las víctimas de actos delictivos (que se aprobó en mayo de 2010). En esta estrategia se especifican iniciativas para hacer frente a la violencia contra la mujer, en particular las mujeres aborígenes, y respaldar y desarrollar la sensibilidad cultural en las intervenciones en favor de las víctimas de actos delictivos.

375. El refugio local de mujeres de Watson Lake, administrado por una organización gubernamental, se encuentra en las últimas fases de construcción de la casa de transición. La financiación del capital procede del Gobierno del Canadá y el Gobierno del Yukón mientras que los fondos de explotación y mantenimiento son aportados por este último.

376. El Fondo de prevención de la violencia contra las mujeres aborígenes se duplicó en el presupuesto de 2009-2010, en que alcanzó un total de 200.000 dólares anuales. Este fondo financia programas y eventos concebidos y preparados por mujeres aborígenes para sus comunidades (www.womensdirectorate. gov.yk.ca/funding.html#prevention).

377. El Gobierno del Departamento de Justicia del Yukón administra el Tribunal con opción de mitigación de la pena en casos de violencia doméstica, en asociación con otros departamentos territoriales, el Tribunal Territorial, Ayuda Jurídica y la Real Policía Montada del Canadá (RCMP). Los infractores pueden optar por este tribunal si se declaran culpables de las acusaciones y en la sentencia se incluye el tratamiento.

b)Capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

378. El Gobierno del Yukón establece cada año las prioridades de los servicios policiales para la RCMP de conformidad con las facultades establecidas en el acuerdo sobre servicios policiales territoriales entre el Gobierno del Canadá y el Gobierno del Yukón. Una de las prioridades es que todos los miembros de la RCMP del Yukón tomen conciencia de las características culturales de las Primeras Naciones con la finalidad, en parte, de reducir los incidentes de discriminación. La RCMP ha tenido en cuenta esta prioridad y ofrece a los miembros capacitación sobre las perspectivas aborígenes así como un programa de orientación comunitaria para cada comunidad concreta del Yukón. El Gobierno del Yukón y la RCMP mantienen un diálogo constante sobre la manera de conseguir que se mantenga esta prioridad.

379. El Gobierno del Yukón ha colaborado con la RCMP en la producción de un vídeo educativo sobre la Ley de prevención de la violencia doméstica (www.gov.yk.ca/legislation /acts/favipr.pdf) y sobre las maneras de intervenir frente a esa forma de violencia.

c) Empleo

380. Según el perfil de la mano de obra del Gobierno del Yukón (2008-2009), se autodeclaraban como aborígenes el 21% de la población en edad de trabajar (25-64 años) y el 14% de los empleados del Gobierno del Yukón (en consonancia con los datos de 2007-2008).

381. Hay varias iniciativas nuevas y en marcha cuyo objetivo es eliminar los obstáculos al empleo entre los grupos minoritarios. Por ejemplo:

a) Se organizó una sesión informativa pública sobre la presentación de candidaturas a los empleos del Gobierno del Yukón, destinada expresamente a los miembros de las Primeras Naciones;

b) El Foro de empleados aborígenes continúa esforzándose para que en todas las actividades gubernamentales se tenga en cuenta la cultura de las Primeras Naciones y ofrece ayuda a los empleados de las Primeras Naciones cuando se incorporan al empleo en el Gobierno del Yukón;

c) Como contribución a la retención del personal, se han ofrecido seminarios sobre el respeto en el lugar de trabajo con destino al Foro de empleados aborígenes y miembros de las diferentes Primeras Naciones. En 2008-2009 se ejecutó, con resultados positivos, un proyecto piloto cuyo objetivo era tender un “puente de confianza” entre los empleados aborígenes y la Oficina de prevención del acoso del Gobierno del Yukón;

d) Los criterios para el programa Cuerpo de capacitación de las Primeras Naciones se reestructuraron con el fin de reservar algunos puestos para personas descendientes de las Primeras Naciones del Yukón y para hacer posible el patrocinio conjunto de puestos de formación por el Gobierno del Yukón y una Primera Nación del Yukón; y

e) Continúan localizándose y cubriéndose puestos en los que se ofrece prioridad a los miembros de las Primeras Naciones del Yukón.

Artículo 5

Igualdad ante la ley

a)Los aborígenes

382. El Gobierno del Yukón respalda varios proyectos de justicia comunitaria que pueden ayudar a los infractores que reciben sentencias no convencionales. Asimismo, colabora con el Gobierno del Canadá y la RCMP a fin de lograr la aplicación de los protocolos para la remisión a esos proyectos antes y después de la acusación.

383. Por otro lado, el proyecto piloto de Administración integrada de delincuentes y el Tribunal de bienestar comunitario con opción de atenuación de la pena en las causas de violencia conyugal son dos proyectos gubernamentales cuyo objetivo es promover la reintegración de los infractores en la sociedad. Si bien estos programas no están orientados expresamente a los infractores aborígenes, estos participan en ellos.

b) Personas migrantes y apátridas

384. El Gobierno del Canadá asume los costos de la garantía de los ingresos y la atención de salud para los refugiados a través del Programa de asistencia para el reasentamiento y un Programa federal provisional de salud. Las personas legalmente autorizadas a permanecer en el Canadá pueden recibir prestaciones del Gobierno del Yukón si reúnen también los requisitos para beneficiarse de este programa.

Artículo 7

Educación, cultura e información

385. Desde abril hasta junio de 2008, la Comisión de Derechos Humanos del Yukón mantuvo un sitio web/blog para jóvenes y realizó una encuesta para recoger información sobre el conocimiento de los derechos humanos entre los jóvenes. Entre el otoño de 2007 y abril de 2008, la Comisión organizó grupos de debate con mujeres aborígenes y realizó encuestas con mujeres y niñas acerca de su acceso a los derechos humanos en el Yukón.

386. En 2009, la Comisión de Derechos Humanos del Yukón se asoció con la Primera Nación Tr’ondëk Hwëch’in Hän en Dawson City (Yukón), para exponer y debatir el proyecto Känächá Scrapbook, recopilación de relatos y fotografías de las experiencias de los miembros en los internados. La Comisión organiza también eventos el 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.