COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DEL PACTO

Informe inicial

TAYIKISTÁN *

[Original: Ruso]

[19 de julio de 2004]

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*El presente documento se publica sin revisión editorial, atendiendo a la petición formulada por el Comité de Derechos Humanos en su 66º período de sesiones, celebrado en julio de 1999.

GE.05-41049 (EXT)

INFORME NACIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS EN LA REPÚBLICA DE TAYIKISTÁN

Artículo 1

1.La Declaración de Independencia de la República de Tayikistán, aprobada por el Sóviet Supremo el 9 de septiembre de 1991, proclamó el derecho del pueblo a la libre determinación y el compromiso del Estado de respetar el derecho internacional, las obligaciones internacionales y los principios necesarios para establecer un Estado regido por el imperio del derecho.

2.La República de Tayikistán es un Estado soberano, democrático, regido por el derecho, secular y unitario que reconoce la inviolabilidad de los derechos humanos y de las libertades incorporados en la Constitución de Tayikistán, que se aprobó el 6 de noviembre de 1994 mediante un referéndum nacional.

3.El territorio de Tayikistán es indivisible e inviolable; el suelo, el subsuelo, el agua, el espacio aéreo y la fauna y la flora son todos ellos propiedad exclusiva del Estado, que actúa como garante de su aprovechamiento eficiente en bien del pueblo.

Artículo 2

4.Los seres humanos y sus derechos y libertades son el valor supremo. Los derechos y libertades de la persona y del ciudadano son reconocidos, observados y protegidos por el Estado (art. 5 de la Constitución).

Los derechos y libertades de la persona y del ciudadano están reglamentados y protegidos por la Constitución y las leyes de la República y por los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por Tayikistán (art. 14 de la Constitución).

5.El Artículo 17 de la Constitución declara que todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales. El Estado garantiza los derechos y libertades de todas las personas con independencia de su origen étnico, raza, sexo, idioma, religión, creencias políticas, educación o situación social o económica.

6.El artículo 143 del Código Penal de Tayikistán (versión de 1998) declara que es un delito la violación directa o indirecta o la restricción de los derechos o libertades de una persona o ciudadano por motivos de sexo, raza, origen étnico, idioma, origen social, situación personal, económica u oficial, actitud hacia la religión u otros factores.

7.Toda persona que precise protección jurídica tendrá garantizada esta protección con arreglo al derecho de Tayikistán. Los derechos están protegidos por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

8.El Artículo 19 de la Constitución declara que toda persona tiene garantizada la protección judicial y el derecho a pedir que un tribunal competente e imparcial establecido por la ley examine su caso. La Constitución garantiza la protección judicial de la víctima y la indemnización por los daños sufridos.

9.La Constitución de Tayikistán es la suprema autoridad jurídica y sus disposiciones tienen efecto inmediato.

10.Para aplicar las disposiciones de la Constitución está en marcha un proceso por etapas de reforma judicial y jurídica, incluida la preparación y aplicación de una serie de medidas legislativas y organizativas encaminadas a garantizar la protección judicial y el cumplimiento estricto de los derechos humanos y las libertades de conformidad con las normas y principios del derecho internacional universalmente reconocidos.

11.El punto de partida de esta reforma fue la Ley constitucional sobre el estatuto de los jueces de Tayikistán, aprobada el 3 de noviembre de 1995. La Ley contiene salvaguardas para la independencia judicial que son aplicables a los jueces en todos los niveles y que no pueden ser revocadas o enmendadas por otras leyes o reglamentaciones. Un hito de la reforma judicial y jurídica fue la aprobación el 3 de noviembre de 1995 de la Ley constitucional sobre la organización de los tribunales, que estableció el sistema de tribunales, definió el procedimiento para asignar la jurisdicción de los jueces, estableció las disposiciones constitucionales sobre el poder judicial y su independencia con respecto de los poderes legislativo y ejecutivo, la inviolabilidad de los jueces, la igualdad de todas las personas ante la ley y los tribunales, el carácter abierto de las actuaciones judiciales y la participación de los ciudadanos en la administración de justicia en calidad de jueces legos, defensores sociales y fiscales. También confirmó el carácter vinculante de las decisiones judiciales para todos los órganos del Estado, funcionarios, organizaciones voluntarias e individuos y entidades jurídicas.

12.El sistema de tribunales ordinarios comprende los tribunales militares en el ámbito de los cuarteles que funcionan como tribunales de primera instancia y la Cámara de lo Militar del Tribunal Supremo de Tayikistán. La jurisdicción de los tribunales militares y los procedimientos que rigen su creación y funcionamiento están definidos en la Ley constitucional sobre tribunales militares de 3 de noviembre de 1995, la cual declara que los tribunales militares son tribunales ordinarios que administran justicia en las fuerzas armadas de Tayikistán y otras unidades y formaciones militares. Por consiguiente, los tribunales militares también son independientes, aunque están sujetos a la Constitución de Tayikistán, las leyes constitucionales y otras leyes. El derecho procesal estipula que se puede apelar contra las decisiones judiciales de los tribunales militares en el sistema de justicia civil. Las decisiones judiciales dictadas por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que todavía no se han convertido en ejecutables y las sentencias dictadas en primera instancia y por vía de casación son examinadas por la División de Casación del Tribunal Supremo de Tayikistán y por la Presidencia del Tribunal Supremo.

13.Un elemento importante en el fortalecimiento de la independencia judicial es la protección que el Estado acuerda a los jueces, como estipula la Ley constitucional sobre el estatuto de los jueces de Tayikistán. Esta protección está a cargo de los órganos competentes del Estado que adoptan medidas para garantizar la seguridad de los jueces y su protección jurídica y social. Con el fin de aumentar el prestigio del poder judicial y de respaldar los procedimientos de trabajo de los tribunales, se ha instituido en el sistema de tribunales la figura del oficial de justicia de tribunal.

14.El Presidente de Tayikistán, para fortalecer más las condiciones de una administración independiente de la justicia, estableció por Decreto de 14 de diciembre de 1999 el Consejo de Justicia de Tayikistán y la Ley sobre el Consejo de Justicia se convirtió en ley el 6 de junio de 2000. Esta Ley estipula que el Consejo de Justicia es un órgano colegiado encargado de organizar la labor de los tribunales civiles y militares (excepto el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Económico Supremo) aplicando medidas en materia de recursos humanos, financiación y logística. La Ley Constitucional sobre los tribunales de Tayikistán, aprobada el 6 de agosto de 2001, consolida leyes anteriores sobre el estatuto de los jueces, los procedimientos de los tribunales, el Tribunal Supremo, los tribunales militares, los tribunales económicos y la Ley sobre el Consejo de Justicia.

15.Con miras a democratizar los procesos judiciales y de ampliar el acceso de los ciudadanos a la justicia, se han preparado y aprobado nuevos códigos: el Código del Trabajo de 1997, el Código Penal de 1998, el Código de la Familia de 1998, el Código Civil de 1999 (partes I y II) y el Código de Ejecución Penal de 2001. Están actualmente en preparación proyectos de nuevos códigos de procedimiento penal, civil y económico, y sigue la labor de preparación de la parte III del Código Civil y del Código de Delitos Administrativos.

16.El Tribunal Constitucional desempeña una función especial en la protección jurídica de los ciudadanos. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas cuando protegen los derechos de todas las personas cuyos intereses podrían quedar afectados por la aplicación de una ley considerada inconstitucional.

17.El Tribunal Constitucional, por su decisión de 26 de marzo de 1996 dictaminó que el Decreto de la Presidencia del Tribunal Supremo que suspendía los efectos de los artículos 6, 28, 48, 49, 53 (párr. 1), 85, 90, 92, 97, 221 (párr. 1 and 2) del Código de Procedimiento Penal, que prevé la posibilidad de presentar una apelación ante el tribunal contra la detención preventiva o la prórroga de la detención, era incompatible con los artículos 10 y 19 de la Constitución que garantizan la protección judicial de todos los ciudadanos.

18.Por sus decisiones de 12 de junio de 2001 y de 16 de octubre de 2001, el Tribunal Constitucional dictaminó que el párrafo 5 del artículo 329 y el párrafo 2 del artículo 339 del Código de Procedimiento Penal y el párrafo 1 del artículo 303 y el párrafo 1 del artículo 337 del Código de Procedimiento Civil limitaban los derechos de las partes en un procedimiento judicial en relación con la presentación de protestas o de apelaciones contra decisiones del Tribunal Supremo dictadas en primera instancia y que, por lo tanto, eran incompatibles con los artículos 17, 19 y 20 de la Constitución de Tayikistán y con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

19.Tayikistán tiene los siguientes mecanismos institucionales para la protección de los derechos humanos:

-La Oficina del Fiscal General es el órgano del Estado que vigila la aplicación correcta y uniforme de la ley por ministerios, departamentos, comités, órganos administrativos, asociaciones voluntarias, funcionarios, entidades económicas con independencia de la forma de propiedad, y los ciudadanos;

-El Ministerio del Interior es el órgano de la administración del Estado que tiene la responsabilidad ejecutiva y administrativa de mantener el orden público, garantizar la seguridad del individuo y de la sociedad y prevenir el delito;

-El Ministerio de Justicia es el órgano ejecutivo del Estado que aplica la política jurídica del Estado y garantiza que se respaldan los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y entidades legales

-El Ministerio de Seguridad es el órgano ejecutivo del Estado encargado de prevenir los actos que pondrían en peligro la seguridad de Tayikistán y de garantizar, dentro de los límites de su jurisdicción, la seguridad de los individuos, la sociedad y el Estado;

-La Abogacía facilita la protección de los derechos y los intereses legítimos de los ciudadanos y organizaciones, la administración de justicia y la observancia y fortalecimiento de la legalidad. Las principales esferas de actividad de la Abogacía son impartir asesoramiento, explicar las cuestiones jurídicas, ofrecer representación ante los tribunales y otros órganos del Estado en causas civiles y administrativas y redactar declaraciones, demandas y otros documentos de carácter jurídico.

20.Se estableció en 1997, bajo la autoridad de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, el Departamento (ahora Oficina) para la salvaguarda constitucional de los derechos de los ciudadanos encargado de prestar asistencia al Presidente y al Gobierno para vigilar el respeto de las garantías constitucionales de los derechos y libertades de individuos y ciudadanos. El Gobierno, por sus decisiones de 7 de septiembre de 2001 y de 4 de marzo de 2002 respectivamente, estableció la Comisión del Gobierno sobre los derechos del niño y la Comisión del Gobierno encargada de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos humanos internacionales.

21.En Tayikistán existen órganos en cada nivel que se ocupan de las cuestiones relativas a la familia, la mujer y el niño. El Majlis-i Namoyandagon (Cámara Baja del Majlis-i Oli (Parlamento) de Tayikistán tienen un comité sobre cuestiones sociales de la familia, el cuidado de la salud y el medio ambiente y un comité sobre la legalidad constitucional, la legislación y los derechos humanos, mientras que el Majlis-i Milli (Cámara Alta) del Majlis-i Oli tiene un comité sobre el mantenimiento de los principios constitucionales, los derechos humanos y civiles y las libertades, y la legalidad. El Comité del Gobierno para Asuntos de la Juventud y el Comité del Gobierno para Asuntos de la Mujer y la Familia se establecieron en 1991. Este último aplica la política del Estado sobre cuestiones relativas a la mujer y a la protección de los derechos y libertades de la mujer. Se ha establecido también la Comisión del Gobierno sobre Asuntos Juveniles.

Trabaja en Tayikistán un gran número de organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales se ocupan de cuestiones de derechos humanos

22.Desde su independencia Tayikistán ha ratificado los seis instrumentos fundamentales de derechos humanos

-La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989 (ratificada en 1993);

-La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979 (ratificada en 1993);

-La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 7 de marzo de 1977 (ratificada en 1994);

-La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 10 de diciembre de 1984 (ratificada en 1994);

-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966 (ratificado en 1998);

-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966 y su Protocolo Facultativo (ratificado en 1998).

Los seis acuerdos internacionales de derechos humanos se han traducido al idioma oficial de Tayikistán y se han publicado en el diario oficial Jumhuriat y en folletos en tayiko y en ruso que se han distribuido ampliamente en toda la población.

Artículo 3

23.La igualdad entre el hombre y la mujer está garantizada en el artículo 17 de la Constitución de Tayikistán y está reglamentada por los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, Civil, de Familia y de Trabajo de Tayikistán, la Ley sobre salud reproductiva y derechos reproductivos y otras leyes y reglamentaciones nacionales. La legislación de Tayikistán dispone la reglamentación jurídica uniforme de todas las relaciones entre hombre y mujer, con independencia del género, excepto cuando se establece una distinción que aplica a la mujer (por motivos fisiológicos o de otra índole) los privilegios necesarios para garantizar que hombres y mujeres puedan llegar a iguales resultados.

Un proyecto de ley sobre igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres está siendo examinado actualmente por el Parlamento (el Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli).

24.El artículo 47 de la Constitución de Tayikistán estipula que los derechos y libertades contenidos en el artículo 176 de la Constitución (a saber, el principio de la igualdad entre los sexos) no puede restringirse ni siquiera en estados de excepción.

25.La discriminación sexual es un delito y como tal es punible. El artículo 143 del Código Penal de Tayikistán (Violación de la igualdad de los ciudadanos) declara lo siguiente:

“1.La violación, directa o indirecta, o la restricción de los derechos y libertades de un individuo o ciudadano por motivos de sexo, raza, origen étnico, idioma, origen social, situación personal económica u oficial, lugar de residencia, actitud hacia la religión, creencias o pertenencia a partidos políticos o a asociaciones voluntarias, que dañe los derechos e intereses legítimos de un ciudadano podrá castigarse con una multa de importe equivalente a 200 a 500 veces el salario mensual mínimo, o con la privación de libertad hasta un máximo de dos años.

“2.El mismo delito cometido por una persona:

a)Que recurra o amenace con recurrir a la violencia;

b)Que actúe basándose en su posición oficial - podrá castigarse con la privación de libertad durante un período de dos a cinco años con o sin pérdida del derecho a desempeñar determinados cargos o de desarrollar determinadas actividades hasta un máximo de tres años".

26.El artículo 18 de la Constitución de Tayikistán estipula que no se privará a nadie de la vida, excepto en aplicación de la sentencia de un tribunal o de conformidad con la ley. Se prescribe la pena de muerte para un grupo limitado de delitos especialmente graves. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a apelar la sentencia y a presentar una petición de clemencia. La Ley sobre el Código Penal (enmiendas y adiciones), de 16 de julio de 2003, abolió la pena de muerte para las mujeres. En abril de 2004, el Presidente Emomali Rakhmonov introdujo una moratoria para la pena de muerte.

27.Un aspecto del derecho de las mujeres a la vida es la cuestión de la salud reproductiva, y una mayor atención a esta salud se ha convertido en una estrategia esencial del cuidado de la salud para reducir la mortalidad infantil y materna y el recurso de la mujer al aborto. Se han creado centros de salud reproductiva que tienen por objetivo principal introducir nuevas perspectivas y enfoques de la labor del Ministerio de Sanidad sobre el mejoramiento de la asistencia anticonceptiva, principalmente en el marco de la atención médica primaria. En 1999, 34,6% de las mujeres en edad reproductiva utilizaban distintos tipos de contraceptivos. Esta cifra disminuyó a 28,7% en 2000, 22,8% en 2001 y 15,3% en 2002. Sin embargo, el recurso de las mujeres al aborto como sistema de control de la natalidad sigue siendo bastante elevado, si bien tiende a disminuir (91,9 abortos por 1.000 nacimientos en 1999; 94,1 en 2000; 88,5 en 2001; y 77,6 en 2002) .

A pesar de ciertas tendencias a la baja, los índices de mortalidad materna (53,0 por 100.000 nacimientos vivos en 1999; 44,6 en 2000; y 60,6 en 2002) y los de mortalidad infantil (19,4 por 1.000 nacimientos vivos en 1999; 15,5 en 2000; 27,9 en 2001; y 16,6 en 2002) son todavía elevados 1. Los estudios demuestran que las causas principales de la morbilidad y mortalidad maternoinfantil son la falta de conocimientos médicos por la población, las viviendas y servicios inadecuados y una dieta insuficiente.

28.Los ciudadanos tienen libertad para escoger si quieren tener hijos y cuándo tenerlos. Las relaciones entre hombres y mujeres y las cuestiones sobre la planificación de la familia se basan en la igualdad, la libertad y responsabilidad y el respeto mutuo (Ley sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos, art. 9). El Código Penal de Tayikistán considera un delito obligar a una mujer a tener un aborto (art.124). En el período 1999-2003, hubo cuatro causas penales en esta categoría, dos de las cuales finalizaron en condena 2.

Para prevenir la discriminación sexual en la utilización de tecnologías reproductivas (inseminación artificial e implantación de embriones), no se permite escoger el sexo del niño, excepto si hay la posibilidad de que se herede una enfermedad relacionada con el sexo. Tampoco se permite realizar abortos selectivos dependientes del sexo del feto (Ley sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos, art. 18 y 20).

29.Con el fin de mejorar la situación de la mujer y su salud y de reducir la mortalidad maternoinfantil, el Gobierno, por su Decisión nº 436 de 5 de noviembre de 2002 aprobó el Plan de Acción Nacional para el Avance de la Mujer Tayika y el Mejoramiento de su Condición y Función para el período 1998-2005, plan que se está ejecutando actualmente. El plan prevé la aplicación, en cooperación con organismos públicos y organizaciones no gubernamentales, de la Estrategia para la Protección de la Salud Pública para el período que finaliza en 2010 y que esboza los siguientes programas nacionales:

-Campaña contra los desórdenes causados por la deficiencia de yodo;

-Campaña contra las enfermedades diarreicas;

-Campaña contra la tuberculosis;

-Prevención de la anemia por carencia de hierro;

-Campaña contra la hepatitis B y por su prevención;

-Campaña contra las enfermedades tropicales;

-Prevención de VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión sexual y campaña contra ellas.

El Plan de Acción Nacional para el Saneamiento Ambiental.

Programas sectoriales:

-Promoción de la lactancia materna;

-Campaña contra las infecciones respiratorias agudas.

El Programa Nacional para la Salud Reproductiva y la Ley sobre la salud reproductiva.

Programas educativos sobre cuestiones que afectan la salud familiar y los servicios de atención primaria de la salud, incluidos los cuidados prenatales para mujeres embarazadas y la elaboración de mecanismos de aplicación de la garantía del Estado de prestar atención médica gratuita, incluidos cuidados preventivos, a mujeres y niños.

30.Las mujeres están protegidas contra la violencia en virtud del Código Penal, el Código de la Familia, el Código de Trabajo, la Ley sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos y otras leyes y reglamentaciones.

Con arreglo al artículo 138 del Código Penal que trata de violaciones, a saber relaciones sexuales con uso o amenaza de violencia contra la víctima o sus familiares o aprovechando la indefensión de la víctima, el autor de estos actos puede ser castigado con la privación de libertad por un período de 3 a 20 años, según sean las circunstancias agravantes legalmente definidas, o sentenciado a muerte. En el período 1999-2003, se incoaron 296 causas penales en aplicación de este artículo, de las cuales 188 acarrearon condenas de los tribunales 2.

Con arreglo al artículo 139 del Código Penal, los actos violentos de carácter sexual pueden castigarse con la privación de libertad durante un período de 5 a 7 años y, si hay circunstancias agravantes, por un período de 15 a 20 años.

La coacción para realizar actos sexuales o lésbicos u otros actos de carácter sexual recurriendo a la extorsión, a la amenaza de destruir, dañar o confiscar bienes, o explotando la dependencia ocupacional, económica o de otra índole de la víctima, puede castigarse con una multa de valor equivalente a 500 a 700 veces el salario mínimo, la deducción punitiva de ingresos hasta dos años o la privación de libertad hasta dos años (Código Penal, art. 140). En el período 1999-2003, se incoaron tres causas penales en virtud de este artículo, dos de las cuales acarrearon condenas de los tribunales 2.

Las mujeres que quedan embarazados a consecuencia de una violación tienen garantizado el derecho reproductivo de escoger libremente si quieren dar a luz o no al hijo, el derecho a asistencia médica y social , consejo y asesoramiento, y al tratamiento de los efectos de la interrupción artificial del embarazo (Ley sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos, art. 20 y Ley sobre protección de la salud pública, art. 33 y 61). Además, el Estado garantiza la confidencialidad del recurso por los ciudadanos a los organismos y organizaciones pertinentes en relación con el ejercicio de sus derechos reproductivos y la protección de su salud reproductiva. Por consiguiente, organismos, individuos y entidades legales están obligados a mantener la confidencialidad de la información de que los ciudadanos han recurrido a ellos (Ley sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos, art. 16)

Con el fin de evitar que se ejerzan presiones sobre las mujeres para establecer una relación dependiente o para ocultar la violencia sexual, están prohibidos el embarazo forzado o el aborto forzado (Ley sobre la salud reproductiva y los derechos reproductivos, art. 9).

31.Con miras a prevenir todas las formas de violencia contra la mujer y de prestar asistencia a las víctimas de la violencia, el Plan Nacional de Acción para el Avance de la Mujer Tayika y el Mejoramiento de su Situación y Función prevé el establecimiento de centros de crisis para ofrecer apoyo moral y psicológico a la mujeres que han sufrido distintas formas de violencia, el establecimiento de una línea telefónica urgente para dar apoyo a las víctimas de la violencia, la institución de un sistema de educación jurídica para la mujer sobre la cuestión de la violencia y la realización de estudios sociológicos en distintas regiones de Tayikistán para determinar la incidencia y las causas del problema de la violencia contra la mujer. Estas medidas se adoptan en cooperación con las estructuras estatales y con algunas organizaciones no gubernamentales, como la Asociación de Científicas de Tayikistán y la Asociación de Empresarias de Khujand. Se ha establecido con los auspicios del Comité Estatal para Asuntos de la Mujer y la Familia el centro de Dilsuz para prestar asistencia psicológica y jurídica, y en los centros provinciales de los oblast de Sogd y Khatlon funcionan números telefónicos urgentes para prestar asesoramiento psicológico a mujeres en situaciones de crisis.

Además de lo citado, están reglamentadas algunas medidas amplias aplicadas conjuntamente por órganos públicos y organizaciones no gubernamentales con arreglo al programa estatal aprobado por el Decreto nº 391 de 8 de agosto de 2001 que garantiza en las principales esferas de la política del Estado la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres de Tayikistán durante el período 2001-2010. Se prevé, concretamente, establecer un centro nacional de investigaciones para reunir y estudiar información sobre los casos de violencia contra mujeres, celebrar seminarios y reuniones con una participación amplia del público sobre la cuestión de la violencia contra la mujer y de los derechos de la mujer, organizar cursos especiales sobre la cuestión de la violencia contra la mujer para el personal del Ministerio del Interior, preparar mecanismos específicos para recibir denuncias de mujeres que han sufrido abusos y prestarles asistencia, preparar y ejecutar programa educativos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, trabajadores médicos y periodistas y consolidar las prácticas judiciales en las causas penales relacionadas con la violencia contra la mujer. En el período 1999-2003, se incoaron 93 y 73 diligencias penales en virtud de los artículos 116 (palizas) y 117 (trato cruel) del Código Penal relacionados directamente con violencia doméstica u otros abusos contra mujeres. De estas causas, 33 y 64, respectivamente, acarrearon condenas de los tribunales2.

32.El derecho penal en vigor en Tayikistán prohíbe todas las formas de esclavitud y de comercio de esclavos. El secuestro y la privación ilegal de libertad son delitos penales (Código Penal, art. 130 y 131). Los contratos laborales concertados para establecer un compromiso de trabajo han de ser conformes a la legislación laboral que contempla un trabajo libre y equitativo con remuneración igual para un trabajo de valor igual. La contratación con fines de explotación sexual o de otra índole es un delito penal (Código Penal, art. 132). En el período 1999-2003 se incoaron ocho causas penales en virtud del artículo 132 del Código Penal, cinco de las cuales acarrearon condenas de los tribunales2.

La coacción para practicar la prostitución y la explotación de burdeles son delitos penales (Código Penal, art. 238 y 239). En el período 1999-2003, se incoaron 14 causas penales en virtud de estos artículos, 10 de la cuales acarrearon condenas de los tribunales. 2

Después de la ratificación por Tayikistán el 13 de abril de 2001 de la Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 2 de diciembre de 1949, se Completó el Código Penal de Tayikistán con el párrafo 1 del artículo 130, que penaliza la trata de personas con fines de explotación sexual o de otra índole.

Campañas de información pública en los medios de comunicación, publicaciones pertinentes y programas de televisión alertan a las mujeres que salen del país de la posible amenaza de trabajo forzado o de prostitución.

33.El sistema penitenciario de Tayikistán se basa en los principios proclamados en el Pacto. De modo concreto, el párrafo 10 del artículo 412 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 63 y 78 del Código de Ejecución Penal estipulan que hombres y mujeres deben estar segregados en las colonias de trabajo correctivo. Las jóvenes condenadas a la detención juvenil han de estar detenidas separadamente de las adultas. Sin embargo, habida cuenta de las dificultades económicas y del pequeño número de jóvenes condenadas a detención, en el momento actual las jóvenes se albergan en una colonia de trabajo correccional de mujeres, junto a las adultas, si bien en una sección separada de la colonia. En las colonias correccionales de mujeres impera un régimen menos riguroso y se garantiza a las mujeres embarazadas y a las madres cuidados y tratamiento médico (Código de Ejecución Penal, art. 101). Las mujeres condenadas con niños en hogares dependientes de las colonias correccionales tienen permisos breves para salir de la penitenciaria y hacer arreglos para que los familiares o tutores se hagan cargo de sus hijos o que éstos sean acogidos en una hogar infantil. Se permite a las mujeres con niños discapacitados un período de permiso breve al año para pasarlo con ellos (Código de Ejecución Penal, art. 98).

El derecho penal de Tayikistán capacita a los tribunales a eximir del cumplimiento de las sentencias a las mujeres embarazadas y mujeres con hijos de menos de 3 años -en el bien entendido de que la condena no supere cinco años por delitos graves o especialmente graves- durante el mismo período de tiempo en que se puede eximir a una mujer de trabajar en relación con un embarazo, parto o hasta el tercer aniversario del niño, como prescribe la ley en vigor (Código Penal, art. 78).

El número de mujeres encarceladas disminuyó considerablemente en el período 1999-2002 después de una amnistía. Se han beneficiado de la reducción de penas un total de 669 mujeres. Se redujeron 18 condenas en 1999, ninguna en 2000, 573 en 2001, 78 en 2002 y ninguna en 2003.

En 2003, con asistencia financiera del Centro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se ha renovado el edificio escolar de una colonia correccional de mujeres, se ha comprados libros para la biblioteca y se ha iniciado un curso de computadora para mujeres jóvenes en situación de detención juvenil.

34.La igualdad de derechos de mujeres y hombres para tener acceso a la justicia y a un juicio con las debidas garantías está garantizado por la Constitución de Tayikistán. Con arreglo a la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales, con independencia de su sexo. El testimonio de hombres y mujeres tiene igual valor. Se garantiza la protección judicial de cada persona. Cada cual tiene derecho a pedir que su caso sea revisado por un tribunal competente e imparcial. La presunción de inocencia se aplica a todos los ciudadanos (Constitución , art.17 y 18, y Código de Procedimiento Penal, art. 9). Estas disposiciones se reflejan también en el Código de Procedimiento Penal (Código de Procedimiento Penal, art. 9).

35.La situación de la mujer en la sociedad está determinada además por la amplitud de sus derechos civiles. En relación con ello, los requisitos del artículo 16 del Pacto se reflejan de modo coherente en las leyes y reglamentaciones del país. En concreto, con arreglo a la legislación actual, mujeres y hombres tienen derecho igual al reconocimiento como persona ante la ley, a saber, tienen la capacidad de poseer, utilizar y disponer de bienes, concertar contratos o ejercer otros derechos civiles. El derecho de un hombre o una mujer a ser reconocidos como personas ante la ley, como ciudadanos de Tayikistán, está incorporado en los artículos 18 y 19 del Código Penal, y sólo puede ser limitado de conformidad con la ley o por un fallo de un tribunal aplicando una declaración de que el derechohabiente tiene una capacidad legal limitada o carece de ella (Código Civil, art. 30 y 31). El artículo 9 del Código de Procedimiento Civil garantiza que se administrará la justicia de conformidad con los principios de igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales, con independencia de su sexo.

36.La igualdad del derecho de hombres y mujeres a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Pacto, art. 18) está garantizada por la Constitución de Tayikistán (art. 26), la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas (art. 3) y el Código Penal (art. 157).

No está permitido obligar a un ciudadano a declarar su actitud hacia la religión, profesar una religión o abjurar de ella, participar o negarse a participar en actos de culto, ritos y ceremonias religiosas o estudiar una religión. El ejercicio del derecho a la libertad de conciencia está sujeto únicamente a la restricciones necesarias para preservar la seguridad y el orden públicos, la salud y la moralidad y los derechos y libertadas de otros ciudadanos, como establece la ley y como corresponde a las obligaciones internacionales de Tayikistán (Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas, art.3).

37.La Constitución y el Código de la Familia asignan a hombres y mujeres los mismos derechos en el matrimonio, incluido el derecho a determinar el número de hijos en la familia y a controlar los intervalos entre nacimientos. Los hombres y las mujeres son responsables en igual medida de criar y educar a sus hijos y de ejercer los derechos de la maternidad y la paternidad. La principal obligación de garantizar el mejor nivel de vida posible para los hijos corresponde a sus padres, pero el Estado debe crear condiciones que permitan a los padres cumplir sus obligaciones (sección IV del Programa estatal sobre las principales esferas de la política del Estado encaminadas a garantizar igualdad de derechos y de oportunidades para los hombres y mujeres de la República de Tayikistán durante el período 2001-2010).

38.El principio de la igualdad de derechos de los esposos al contraer matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución figura en el artículo 33 de la Constitución, donde se declara que toda persona tiene derecho a contraer libremente matrimonio. Los cónyuges tienen igualdad de derechos en las relaciones familiares y al disolverse el matrimonio. La poligamia está prohibida.

Para que el matrimonio tenga lugar, es necesario el consentimiento mutuo del hombre y de la mujer que desean contraerlo, además de haber cumplido la edad de matrimonio: 17 años (Código de la Familia, art.13). El hecho de que los padres o guardianes de una joven o las personas que ejercen autoridad sobre ella la den en matrimonio antes de haber llegado a la edad de matrimonio, e igualmente hacer de intermediario en este matrimonio u ofrecer incentivos a estas personas para que den en matrimonio la joven puede castigarse con la deducción de ingresos durante hasta dos años, la restricción de libertad hasta cinco años o prisión rigurosa a corto plazo de hasta seis meses (Código Penal, art. 168). En el período 1999-2003, se incoaron 52 causas penales en virtud del artículo 168 del Código Penal, 39 de las cuales acarrearon condenas de los tribunales.2

La trata de niños es un delito (Constitución, art. 167). En el período 1999-2003, se incoaron 10 causas penales por trata de menores, incluidas niñas. Cuatro causas acarrearon condenas de los tribunales.2

La poligamia, que infringe los derechos de la mujer y tiene efectos negativos en la crianza de los hijos, es un delito. Con arreglo al artículo 170 de la Constitución, la bigamia o la poligamia, a saber la cohabitación de dos o más mujeres en una sola familia, puede castigarse con una multa de 1.000 a 2.000 veces el salario mínimo, la deducción punitiva de ingresos hasta dos años, la restricción de la libertad hasta cinco años o prisión rigurosa de corta duración, de tres a seis meses. En el período 1999-2003, se incoaron 143 causas penales en virtud del artículo 170 de la Constitución, 123 de las cuales acarrearon condenas de los tribunales.2

Para garantizar el consentimiento pleno y libre de la mujer al matrimonio, las leyes nacionales estipulan que el matrimonio con una víctima de violación no se considerará como factor que restringe o anula la responsabilidad penal. Tampoco servirá la violación como motivo para rebajar la edad mínima para contraer matrimonio.

El Artículo 32 del Código de la Familia garantiza la igualdad de derechos de los cónyuges en la familia. De modo concreto, cada cónyuge tiene libertad para escoger su ocupación, profesión, actividad, lugar de residencia y domicilio actual. Los cónyuges resuelven conjuntamente sobre la base de la igualdad mutua las cuestiones de paternidad, maternidad, crianza y educación de los hijos y otras cuestiones de la vida familiar.

39.Un contrato de matrimonio no puede ser causa de discriminación sexual. Una vez casados, los cónyuges escogerán como deseen el apellido de uno de ellos como su apellido común, o mantendrán sus respectivos apellidos anteriores al matrimonio, o juntarán el apellido del otro cónyuge a su propio apellido. El cambio de apellido de uno de los cónyuges no supondrá ningún cambio en el apellido del otro (Código de la Familia, art. 33).

El matrimonio o la disolución del matrimonio entre un ciudadano de Tayikistán y un ciudadano que no es de Tayikistán no implicará cambio de ciudadanía. El cambio de ciudadanía de uno de los cónyuges no implicará un cambio en la ciudadanía del otro cónyuge. La disolución del matrimonio no afectará la ciudadanía de ninguno de los hijos nacidos o adoptados durante el matrimonio (Ley constitucional sobre la ciudadanía de la República de Tayikistán, art. 8).

40.Los artículos 16 a 20 de la Ley Constitucional sobre la ciudadanía de la República de Tayikistán reglamentan las cuestiones relativas a la ciudadanía de los hijos.

41.La igualdad de los derechos de propiedad de los cónyuges, garantizada por el Código de la Familia, es muy importante para asegurar los derechos de la mujer en la familia. Por lo tanto, los bienes acumulados por los cónyuges durante al matrimonio son propiedad común de ambos cónyuges. El cónyuge que, durante el matrimonio, administró la familia, crió a los hijos o que por otros motivos válidos no tuvo ingresos independientes, posee también el derecho a la propiedad conjunta (Código de Familia, art. 34). Los cónyuges poseerán y utilizarán la propiedad que tengan en común por mutuo acuerdo y dispondrán de ella.

42.En caso de disolución del matrimonio, el actual derecho de Tayikistán garantiza la igualdad de derechos de los cónyuges.

Si en un proceso de divorcio uno de los cónyuges no consiente a la disolución del matrimonio, el tribunal adopta medidas tendientes a reconciliar a los esposos y está facultado a aplazar el proceso fijando un período de tres meses para que los esposos puedan reconciliarse.

El matrimonio se disuelve si un tribunal determina que es imposible que los esposos sigan viviendo en común y preserven la familia, y que las medidas encaminadas a reconciliar a los esposos han resultado ineficaces (Código de la Familia, art. 22). Sin embargo, el marido no tiene derecho, sin el consentimiento de su esposa, a incoar procesos legales para disolver el matrimonio mientras su esposa esté embarazada y hasta 18 meses después del nacimiento del hijo (Código de la Familia, art. 17)

Al disolverse el matrimonio, el tribunal soluciona las cuestiones relativas a los derechos personales y de bienes de los cónyuges sobre la base del principio de igualdad de los sexos, de los intereses de los hijos y teniendo en cuanta las circunstancias individuales de cada caso, y sobre la base del contrato de matrimonio (Código de la Familia, art. 34-42).

El Código de la Familia también estipula y define las condiciones en las que un cónyuge incapacitado puede obtener un subsidio de vida, durante el matrimonio y después de su disolución (art. 90 y 91)

43.Al decidir sobre cuestiones de herencias, el género es un factor jurídicamente insignificante. En todos los casos las mujeres tienen los mismos derechos a heredar que los hombres.

44.Las prestaciones y subsidios para la mujer estipulados por el Código de Trabajo de Tayikistán tienen por objeto facilitar que la mujer combine un empleo remunerado con las responsabilidades familiares. Por consiguiente se prohíbe a las mujeres embarazadas y a las mujeres con niños de menos de tres años trabajar horas extraordinarias, los fines de semana o en días feriados oficiales y ser enviadas en misiones especiales. Las mujeres con hijos de edades entre 3 y 14 años (o 16 años en el caso de niños con discapacidades) sólo pueden trabajar horas extraordinarias o ser enviadas en misiones especiales con su consentimiento (Código del Trabajo, art. 162).

Se concede a las mujeres licencia por maternidad de 70 días civiles previos al parto y 70 días civiles después de él (86 días en caso de complicaciones y 110 días si dan a luz a dos o más hijos) y las mujeres tienen derecho a las prestaciones de la seguridad social del Estado (Código del Trabajo, art. 164).

Al expirar la licencia de maternidad, se puede conceder licencia a una mujer, si así lo desea, para cuidar de su hijo hasta la edad de 18 meses. Durante este período, tendrá derecho a las prestaciones de la seguridad social del Estado.

Si así lo desea, se puede conceder también a una mujer licencia adicional sin paga para que cuide de su hijo hasta la edad de tres años (Código de Trabajo, art. 165).

Mientras una mujer está de licencia cuidando a su hijo, puede trabajar a tiempo parcial o desde su hogar, si así lo desea, conservando el derecho a percibir las prestaciones de la seguridad social del Estado.

La mujer mantiene su trabajo (cargo) mientras dure su licencia. La licencia por cuidado del hijo se incluye en la duración total e ininterrumpida del servicio, y también en la duración del servicio en una profesión especializada (excepto si se concede una pensión relacionada con condiciones de trabajo especiales)(Código de Trabajo, art. 166).

Una mujer con un hijo de menos de 18 meses tiene derecho, además de descanso y de pausas para comer, a pausas adicionales para alimentar a su hijo. Estas pausas, cada una de las cuales será por lo menos de 30 minutos, han de tomarse por lo menos cada 3 horas. Si una mujer tiene dos o más hijos de 18 meses de edad, la pausa debe ser por lo menos de una hora. Las pausas para alimentar a los hijos son parte del tiempo de trabajo y se pagan con arreglo al tipo salarial medio.

Si una mujer así lo desea, puede pedir que las pausas para alimentar a su hijo se sumen a sus pausas de descanso y comida, o que se sumen todas las pausas y se transfieran al principio o al final de la jornada laboral, que deberá abreviarse en consonancia (Código de Trabajo, art. 167).

Si así lo solicita una mujer embarazada o una mujer con hijos de hasta 14 años de edad (o 16 años en el caso de hijos con discapacidades), incluido el caso de una mujer con tutela sobre niños, el empleador debe disponer que esta mujer trabaje una jornada laboral más corta o una semana laboral más corta (Código de Trabajo, art. 168).

Se concederá licencia anual a las mujeres embarazadas y las mujeres con niños que lo soliciten, antes o después de la licencia por maternidad o después de la licencia por cuidado del niño, sin tener en cuenta el tiempo que hayan trabajado en la empresa.

Las mujeres y los hombres con dos o más hijos de menos de 14 años o con un hijo discapacitado de menos de 16 años, y las madres solteras con hijos de menos de 14 años (o de 16 años en el caso de hijos con discapacidades) podrán tener licencia anual a petición propia en el verano o en otra época conveniente para ellas (Código de Trabajo, art. 170).

45.Para garantizar los derechos reproductivos de la mujer y prevenir discriminación contra la mujer en las relaciones de empleo, se estipula la responsabilidad penal del empleador. Por ejemplo, la negativa infundada de emplear a una mujer porque está embarazada o el despido infundado por el mismo motivo o la negativa infundada a emplear una mujer con un hijo de menos de 3 años, o el despido infundado de una mujer en esta situación, podrá castigarse con una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo o o con deducción punitiva de ingresos de hasta dos años (Código Penal, art. 155).

Está prohibida la discriminación en materia salarial. El empleador debe remunerar a los trabajadores de modo igual por trabajo de valor igual. No está permitido modificar las condiciones salariales de modo que un trabajador resulte desfavorecido por este cambio (Código de Trabajo, art. 102).

46.Las disposiciones del artículo 22 del Pacto relativas a la mujer se han incorporado a la Constitución de Tayikistán. Con arreglo al artículo 28 de la Constitución, todos los ciudadanos disfrutan del derecho de asociación y pueden formar asociaciones voluntarias, partidos políticos y sindicatos. Se han fundado y actúan en Tayikistán organizaciones no gubernamentales de mujeres, entre ellas organizaciones no gubernamentales dedicadas a actividades de derechos humanos (Liga de Mujeres Juristas). Algunas de estas organizaciones se ocupan de cuestiones de género (por ejemplo las organizaciones no gubernamentales Sociedad y Ley, Mujeres Científicas y otras). Una característica de la mayoría de estas organizaciones no gubernamentales, a parte de ser “organizaciones de mujeres” según sus estatutos, es que están presididas por mujeres.

47.Las disposiciones del artículo 25 del Pacto se reflejan en el artículo 27 de la Constitución de Tayikistán, los artículos 2, 6, 10, 31 y 32 de la Ley sobre la función pública, el artículo 4 de la Ley constitucional sobre elecciones al Majlis-i Milli de Tayikistán y el artículo 2 de la Ley constitucional sobre la elección de diputados a los consejos locales de los diputados del pueblo, en los que se estipula que mujeres y hombres tendrán igualdad de acceso a la función pública e igualdad de participación en el proceso electoral. Por consiguiente, se ha solucionado legislativamente en Tayikistán la cuestión de la igualdad de participación de hombres y mujeres en la elaboración y aplicación de la política del Estado. Sin embargo, una limitación importante de la capacidad de la mujer de ejercer sus derechos conforme al derecho de Tayikistán es el hecho de que los estereotipos de género y las costumbres religiosas y tradicionales siguen ejerciendo una gran influencia en la sociedad. Según estos estereotipos y costumbres los hombres son responsables primariamente de sostener y proteger la familia, mientras que la función de la mujer es criar los hijos y administrar la familia. Los estudios sociológicos indican que esta opción cuenta con el apoyo de la mayoría de mujeres, especialmente en los distritos rurales4. Sin embargo, debe señalarse que la difícil situación económica de Tayikistán y la pobreza relativa de la población han impulsado cada vez más a las mujeres a intentar resolver los problemas financieros de sus familias. Sin embargo, en lugar de trabajar para el Estado prefieren generalmente entrar el sector de las pequeñas empresas, donde los ingresos son superiores. Otro problema es el bajo nivel de concienciación jurídica y política de las mujeres (especialmente de las mujeres rurales) y su falta de preparación psicológica para participar en la vida política.

Todas las consideraciones citadas han creado un desequilibrio entre géneros en las estructuras de poder de Tayikistán. Si se recuerda que las mujeres son 49,6 por ciento de la población total económicamente activa, la situación en los distintos órganos estatales del Tayikistán es la siguiente (datos de diciembre de 2003).

Poder legislativo

Cargo	Total	Hombres	Mujeres	% de hombres	% de mujeres
Majlis-i Oli (total)	97	81	16	83.5	16.5
Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli	63	52	11	82.5	17.5
Majlis-i Milli del Majlis-i Oli	34	29	5	85	15

Poder ejecutivo

Cargo	Total	Hombres	Mujeres	% de hombres	% de mujeres
Viceprimeros ministros	6	5	1	83	17
Director de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia y directores adjuntos	3	3		100	0
Ministros y presidentes de los comités del Estadoficina	24	24		100	0
Principales viceministros	25	24	1	96	4
Viceministros y vicepresidentes de los comités del Estado	74	66	8	89	11
Consejeros de Estado del Presidente	5	5		100	0
Directores de departamentos	32	28	4	86	14
Directores ejecutivos de oblast	4	4		100	0
Directores ejecutivos adjuntos de oblast	22	18	4	82	18
Directores ejecutivos de ciudades y distritos	74	67	7	91	9
Principales directores ejecutivos adjuntos de ciudades y distritos	70	64	6	91	9
Directores ejecutivos adjuntos de ciudades y distritos	177	117	60	66	34

Poder judicial

Cargo	Total	Hombres	Mujeres	% de hombres	% de mujeres
Todos los jueces	271	216	55	80	20
Jueces presidentes	77	71	6	92	8
Tribunal Constitucional	6	5	1	83	17
Tribunal Supremo	33	26	7	79	21
Tribunal Económico Supremo	11	7	4	64	36

Los resultados de las elecciones de 2000 al Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli demostraron que si bien el porcentaje de la representación de mujeres en el Parlamento es todavía bajo, las mujeres se están mostrando cada vez más activas en la vida política nacional. Se presentaron a las lecciones en distritos electorales de mandato único 25 candidatas; 4 de ellas fueron elegidas diputadas. Catorce candidatas se presentaron a las elecciones en las listas de cinco partidos políticos y siete fueron elegidas diputadas al Majlis-i Namoyandagon del Majli-i Oli.

48.La cuestión de la igualdad de participación de la mujer en la administración pública está estrechamente relacionada con la participación de la mujer en la educación general, secundaria y terciaria. Si bien en 2002 la proporción de alumnas y estudiantes de sexo femenino en las instituciones educativas especializadas secundarias está equilibrada en su conjunto, comprendiendo 46,4 por ciento y 50,7 por ciento, respectivamente, del total, en otros lugares la situación de los géneros ha empeorado. En los establecimientos de enseñanza terciaria, por ejemplo, la proporción de mujeres estudiantes es de sólo 24,8 por ciento. La proporción de mujeres en la educación de posgrado es todavía inferior; en 2002 la proporción de mujeres con doctorados y de candidatas de ciencias fue de sólo 10,8 y 20,3 por ciento, respectivamente.

El Decreto nº 199 de 19 de abril de 2001 estipuló las condiciones de ingreso preferente en los establecimientos de enseñanza terciaria (un sistema de cuotas) para las jóvenes procedentes de zonas remotas de las montañas de Tayikistán. Hasta el momento se han inscrito como estudiantes un total de 2.193 mujeres jóvenes en establecimientos de enseñanza terciara con arreglo al sistema de cuotas (434 jóvenes en 1999; 519 en 2000; 610 en 2001; y 630 en 2002) 4 .

Para mejorar la eficacia de la política de género y crear asociaciones sociales con organizaciones no gubernamentales locales y organizaciones internacionales, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social y el Ministerio de Sanidad han establecido consejos de coordinación sobre cuestiones de género en la educación, el empleo y la salud reproductiva que dependen del Ministerio de Educación.

49.Habida cuenta de los rasgos específicos de la situación de género señalada supra, Tayikistán ha basado su política estatal para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en el principio de que las medidas e iniciativas del Estado deben tender a lograr resultados iguales para hombres y mujeres y no sólo un trato igual de ambos sexos (Programa estatal sobre las principales esferas de la política del Estado encaminadas a garantizar igualdad de derechos y de oportunidades para los hombres y mujeres de la República de Tayikistán durante el período 2001-2010).

El Decreto de la Presidencia nº 5 de 3 de diciembre de 1999 sobre el avance de la mujer ha tenido efectos decisivos en la aplicación sistemática de este principio al introducir gradualmente cambios personales en distintas estructuras de poder y administrativas con miras a que las mujeres alcancen posiciones dirigentes. Se han preparado y se han incluido en la legislación medidas amplias conjuntas de las estructuras estatales y no gubernamentales tendientes a aumentar el protagonismo de la mujer en la sociedad. Un miembro del Gobierno es una mujer, una viceprimera ministra. Hay también una presidenta del Majlis-i-Milli del Majlis-i Oli, y una vicepresidenta del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli . Son mujeres once diputados la cámara baja del Parlamento, al igual que dos presidentas de comités del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli y cinco miembros de la cámara alta del Parlamento. Hay una presidenta de un comité del Gobierno, una consejera superior del Presidente, cuatro consejeras del Presidente y cuatro directoras de sección de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia. Las mujeres son 28,8 por ciento del personal de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia.

50.Las mujeres desempeñan una función importante en la vida cultural de Tayikistán. Hay 49 mujeres directoras del aparato central del Ministerio de Cultura y de establecimientos de enseñanza en materia cultural.

51.Los mecanismos institucionales para aplicar la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres están especificados en la sección II del Programa estatal sobre las principales esferas de la política del Estado encaminadas a garantizar igualdad de derechos y de oportunidades para los hombres y mujeres de la República de Tayikistán durante el período 2001-2010.

En el Gobierno de Tayikistán, las cuestiones relativas a la posición y estatuto de la mujer están dirigidas por una viceprimer ministro. El Comité de Estado para Asuntos de la Mujer y la Familia se creó en 1991 y ha estado actuando desde entonces. La principal función del Comité es promover y hacer cumplir la política de avance de la condición de la mujer en todas las esferas del Estado y de la vida pública. Estructuras semejantes actúan en las regiones. En 2003, el Comité de Estado para Asuntos de la Mujer y la Familia tiene previsto preparar un proyecto de documento sobre la formación y avance de las mujeres dirigentes.

El Comité del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli sobre Asuntos de la Mujer, Cuidado de la Salud, Bienestar Social y Medio ambiente desempeña una función importante en la creación de una política de género. Las tareas del Comité abarcan la preparación de legislación conforme a su mandato.

Artículo 4

52. De conformidad con la citada Ley constitucional, Tayikistán tiene la obligación de informar inmediatamente a las demás partes en el Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, sobre cualquier restricción, los motivos de tales restricciones y la fecha en que las restricciones dejarán de surtir efecto.

El párrafo 19 del artículo 69 de la Constitución de Tayikistán y el artículo 2 de la citada Ley constitucional estipulan que un estado de excepción aplicable al conjunto del territorio de Tayikistán o a un determinados oblast, distrito o ciudad deberá ser proclamado por un decreto de la Presidencia, que se presentará inmediatamente para su aprobación a una sesión conjunta del Majlis-i Milli y del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli, con notificación a las Naciones Unidas.

En el plazo de un día después de la entrada en vigor del decreto de la Presidencia, el Majlis-i Oli convocará una sesión y en un plazo de tres días aprobará el decreto de la Presidencia que proclama un estado de excepción.

El Majlis-i Oli adoptará una decisión sobre esta cuestión en votación a mano alzada con una mayoría simple de los diputados del pueblo.

Un estado de excepción aplicable a todo el territorio de Tayikistán puede proclamarse por un período de hasta tres meses. En caso necesario el Presidente puede prorrogar este período (Constitución, art. 46).

53.De conformidad con el artículo 47 de la Constitución de Tayikistán, no pueden restringirse los derechos y libertades estipulados en los siguientes artículos de la Ley Básica:

Artículo 16.Los ciudadanos de Tayikistán en el extranjero seguirán bajo la protección del Estado;

Artículo 17.Todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales;

Artículo 18.Todas las personas tienen derecho a la vida;

Artículo 19.Está garantizada la protección judicial de todas las personas;

Artículo 20.No se considerará a nadie culpable de un delito hasta que sea ejecutable un fallo de los tribunales.

Artículo 22.El hogar de una persona es inviolable.

Artículo 25.Los órganos del Estado, asociaciones voluntarias, partidos políticos y funcionarios deben apoyar que todas las personas tengan la oportunidad de obtener los documentos que afectan sus derechos e intereses y familiarizarse con ello, excepto en las circunstancias prescritas por la ley;

Artículo 28.Los ciudadanos tienen derecho a formar asociaciones.

54.De conformidad con el artículo 1 de la Ley constitucional sobre las disposiciones jurídicas de un estado de excepción, puede proclamarse un estado de excepción en Tayikistán en las siguientes circunstancias:

1)Desastres y accidentes naturales, epidemias y epizootias que ponen en peligro la vida y la salud de la población;

2)Violaciones masivas del orden público que constituyen una amenaza real para los derechos y libertades de los ciudadanos;

3)Intentos de hacerse con el poder del Estado o de cambiar el sistema constitucional de Tayikistán por la fuerza;

4)Atentados contra la integridad territorial del Estado que amenacen sus fronteras;

5)Necesidad de reestablecer el orden público constitucional y el funcionamiento de los órganos del Estado.

Se comunicarán los motivos del estado de excepción cuando se adopte la decisión de proclamarlo, y también se especificarán su duración y extensión territorial.

El Presidente de Tayikistán tiene derecho a revocar un estado de excepción antes de la fecha prevista de expiración si las circunstancias que justificaron su proclamación ya no son válidas o puede ampliar el estado de excepción si persisten estas circunstancias.

La decisión de proclamar, ampliar o abrogar un estado de excepción entrará en vigor después de su adopción, a no ser que se diga en ella otra cosa, y la decisión se publicará inmediatamente.

55.El artículo 4 de la Ley constitucional sobre las disposiciones legales de un estado de excepción estipula que, en un estado de excepción, cuando lo justifiquen circunstancias específicas, los órganos pertinentes del Estado pueden adoptar las siguientes medidas:

1)Fortalecer la protección del orden y los servicios públicos que garantiza la existencia día a día de la población y el funcionamiento de la economía;

2)Evacuar temporalmente a los ciudadanos de distritos peligrosos, con una oferta obligatoria de un alojamiento distinto, permanente o temporal. Esta medida tiene por objeto proteger la vida y salud de esos ciudadanos;

3)Imponer disposiciones especiales para entrar en una zona y salir de ella a fin de mantener el orden público y preservar la estabilidad política;

4)Prohibir que determinados ciudadanos abandonen una localidad determinada, o sus casas o apartamentos, durante un período prescrito y trasladar, a costa suya, a los violadores del orden público no residentes en una localidad determinada a su actual dirección o a un lugar fuera de la zona donde se haya proclamado el estado de excepción;

5)Confiscar temporalmente de los ciudadanos armas de fuego, instrumentos cortantes y munición, y de las empresas, instituciones y organizaciones equipo militar utilizado en entrenamientos, explosivos, sustancias y materiales radiactivos, sustancias químicas potentes y venenos;

6)Prohibir la celebración de reuniones, reuniones políticas, procesiones en la calle y manifestaciones que desestabilicen más la situación, y también huelgas de hambre públicas y piquetes, espectáculos, deportes y otros actos de masas;

7)Establecer programas especiales de trabajo para empresas, instituciones y organizaciones, con independencia de su forma y propiedad, y solucionar otras cuestiones relativas a su actividad económica;

8)Nombrar y despedir a directores de empresas, instituciones y organizaciones y prohibir el despido de trabajadores y empleados por razones válidas;

9)Emplear los recursos de empresas, instituciones y organizaciones para prevenir y gestionar las consecuencias de las situaciones de excepción con el pago consiguiente de indemnizaciones de la manera definida por el gobierno de Tayikistán.

10)Prohibir la realización de huelgas;

11)Alistar a ciudadanos capaces para que trabajen en empresas, instituciones y organizaciones y también gestionar las consecuencias de las situaciones de excepción y garantizar la seguridad laboral;

12)Restringir o prohibir el comercio de armas, municiones, explosivos, productos químicos potentes y sustancias venenosas, y también licores y sustancias alcohólicas, con la excepción de medicamentos;

13)Imponer una cuarentena y aplicar otras medidas obligatorias de salud pública y control de enfermedades;

14)Restringir o prohibir la utilización de aparatos de reproducción, aparatos emisores de radio y equipos de grabación de audio y vídeo; confiscar equipos de amplificación de sonido, establecer el control sobre los medios de comunicación y, en caso necesario, introducir la censura y restricciones en la publicación de la prensa.

15)Introducir normas especiales para la utilización de los teléfonos;

16)Restringir los movimientos de transporte e inspeccionar los vehículos;

17)Introducir un toque de queda;

18)Restringir la formación y actividades de grupos armados de ciudadanos no previstos por el derecho de Tayikistán;

19)Controlar la documentación de los ciudadanos y, en caso necesario, si hay motivo para suponer que los ciudadanos poseen armas, municiones, explosivos, productos químicos potentes o agentes venenosos, realizar registros especiales e inspeccionar sustancias y vehículos;

20)Prohibir la importación o exportación, para su distribución en otras localidades, de publicaciones impresas y de grabaciones de audio y de vídeo que promueven la desestabilización de la situación, inflaman conflictos interétnicos o incitan a la desobediencia de los órganos pertinentes del Estado;

56. El Presidente de Tayikistán tiene derecho a revocar cualquier decisión de órganos subordinados y de funcionarios que actúen en las zonas donde se ha proclamado un estado de excepción. El Gobierno de Tayikistán y los directores ejecutivos del oblast autónomo de Gorny Badakhshan, los oblast, la ciudad de Dushanbe y los distritos y ciudades pueden formar órganos especiales provisionales para coordinar las iniciativas encaminadas a prevenir o gestionar las consecuencias de las situaciones de excepción (Ley constitucional sobre las disposiciones legales de un estado de excepción, art.5).

Durante estados de excepción y regímenes de excepción, los directores de empresas, instituciones y organizaciones tienen derecho, en caso necesario, de reasignar trabajadores y empleados sin su consentimiento a formas de trabajo no especificadas por su contrato de empleo.

El principio de que los directores de empresas, instituciones y organizaciones han de ser elegidos puede no aplicarse durante estados de excepción y regímenes de excepción, si ello contribuye a normalizar la situación.

Durante el toque de queda y el régimen de excepción, se prohíbe que los ciudadanos vayan por la calle o por lugares públicos sin pases expedidos especialmente y documentos que certifiquen su identidad, o que residan fuera de sus hogares sin estos documentos.

La milicia o las patrullas militares detendrán a las personas que violen estas disposiciones hasta finalizar el toque de queda, y las personas sin documentos de identidad serán retenidas hasta que se determine su identidad, pero no más de tres días, y se podrán registrar sus personas y pertenencias.

La violación de lo dispuesto en los incisos 3, 4, 6, 10, 12 a 16 y 20 del párrafo 4 de esta sección del informe, y de los requisitos que figuran en el párrafo 1 del artículo 7 de Ley Constitucional sobre las disposiciones legales de un estado de excepción, acarrea una pena administrativa consistente en una multa cuyo importe variará entre la mitad del salario mínimo y tres veces su valor o una detención administrativa de hasta 15 días.

La difusión de rumores provocativos o la comisión de actos que promuevan violaciones del orden público, inciten al conflicto étnico o intenten activamente obstaculizar que los ciudadanos y funcionarios ejerzan sus legítimos derechos y desempeñen sus deberes, o el desafío intencionado de una orden legal o de una petición de un funcionario de los organismos del interior, un miembro de las fuerzas armadas u otra persona que desempeñe obligaciones oficiales o que tenga el deber oficial de proteger el orden público, o cualquier acción semejante que infrinja el orden público y la paz pública, o la violación de las normas de vigilancia administrativa en localidades donde se haya proclamado une estado de excepción, podrá castigarse con una multa de 10 a 20 veces el salario mínimo o con una detención administrativa de hasta 30 días, según sea la gravedad del delito.

Nota: El salario mínimo al 1º de enero de 2004 era de 7 somoni o US$ 2,37, según el tipo de cambio aplicado por el Banco Nacional.

Los atestados sobre estos delitos son preparados oficialmente por funcionarios debidamente autorizados de los organismos del interior o por el comandante de una localidad dada.

Las causas relacionadas con delitos previstos en los artículos 8 y 9 de la citada Ley constitucional deben ser vistos por un juez en un plazo de tres días con arreglo al procedimiento especificado en el Código de Delitos Administrativos de Tayikistán. Las personas que han cometido delitos administrativos pueden ser detenidas hasta que un juez vea su caso.

Con arreglo al artículo 11 de la citada Ley constitucional, en los estados de excepción el Tribunal Supremo tiene derecho a modificar la jurisdicción territorial de causas civiles y penales prescrita en las leyes.

Los ciudadanos que han sufrido heridas en situaciones de excepción o a causa de medidas para prevenir o solucionar situaciones de excepción adoptadas por los órganos pertinentes del Estado o empresas, instituciones y organizaciones, recibirán alojamiento, indemnización por los daños materiales sufridos y ayuda para encontrar trabajo, además de otra asistencia necesaria.

57.Si los órganos pertinentes del Estado no desempeñan sus funciones adecuadas en zonas en la que se ha declarado un estado de excepción o si actúan de modo inconstitucional, el Presidente de Tayikistán puede establecer temporalmente un régimen de excepción en todo el país o en zonas determinadas, consistente en un gobierno presidencial directo, y suspender los poderes de los órganos pertinentes del Estado.

Los órganos y funcionarios que con arreglo a la Constitución tienen derecho a proponer legislación pueden proponer la introducción de un régimen de excepción. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 58 de la Constitución de Tayikistán, además del Presidente, tienen derecho a iniciar legislación los siguientes órganos o funcionarios: los miembros del Majlis-i Milli, los diputados del Majlis-i Namoyandagon, el Gobierno de Tayikistán y el Consejo de los Diputados del Pueblo del oblast autónomo de Gorny Badakhshan. El tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Económico Supremo también tienen derecho de iniciar legislación en cuestiones que les incumben.

Como estipulan los artículos 14 y 15 de la Ley constitucional sobre las disposiciones legales de un estado de excepción, el Presidente puede imponer un régimen de excepción por conducto de un órgano que él cree o de un funcionario nombrado por él. El Presidente decide qué órgano estará encargado de imponer el régimen de excepción en todo el país o en determinadas zonas, y se notifica al Majlis-i Oli sobre esta decisión (art. 14).

Se expondrán los motivos del régimen de excepción cuando se adopte la decisión de proclamarlo, y también se especificará su duración y ámbito territorial.

El Presidente de Tayikistán tiene derecho a abrogar el régimen de excepción antes de que su expiración prevista si las circunstancias que causaron su proclamación ya no existen o a prorrogar el régimen de excepción si las circunstancias persisten.

El régimen de excepción de determinadas zonas, ciudades y distritos consiguiente a la disolución de un consejo de diputados del pueblo o de un órgano ejecutivo local (khukumat) expirará al celebrarse elecciones para un nuevo consejo local de diputados del pueblo en estos territorios o al formarse un nuevo órgano ejecutivo local (khukumat).

La decisión de proclamar, abrogar o prorrogar un régimen de excepción entrará en vigor tan pronto como se adopte, a no ser que se estipule otra cosa, y se dará a conocer inmediatamente (art. 15).

Los órganos u oficiales que administran el régimen de excepción tienen derecho a lo siguiente:

-Adoptar las medidas estipuladas en el artículo 4 de la citada Ley constitucional;

-Suspender la labor de los consejos de los diputados del pueblo y de los órganos ejecutivos locales (khukumat).

-Sumir sus funciones sobre una base temporal.

-Presentar propuestas al Estado y a los órganos administrativos de Tayikistán sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo gubernamental, económico, social y cultural de los territorios bajo su jurisdicción.

Con arreglo a la Ley constitucional sobre las disposiciones legales de un estado de excepción, las decisiones de órganos o funcionarios que administran el régimen de excepción en territorios determinados sobre las cuestiones que les incumben son vinculantes para todos los órganos del Estado, empresas, instituciones, organizaciones y asociaciones situadas en estos territorios.

Mientras esté en vigor el régimen de excepción, el Presidente de Tayikistán tiene el derecho de revocar cualquier decisión de órganos o funcionarios subordinados que actúen en localidades donde se haya proclamado un estado de excepción.

Durante este período, con miras a coordinar las iniciativas encaminadas a prevenir o solucionar las consecuencias de situaciones de excepción, pueden constituir órganos especiales provisionales el Gobierno de Tayikistán y los directores ejecutivos del oblast autónomo de Gorny Badakhshan, de los oblast, de la ciudad de Dunshanbe y de los distritos y ciudades.

58.El Presidente de Tayikistán decidirá qué personas se alistarán para vigilar el estado de excepción.

Se establecen algunos beneficios y garantías para estas personas; por ejemplo, los salarios y prestaciones para grados especiales y grados militares se pagan según una tarifa doble de la normal. Un mes de servicio en un estado de excepción vale por tres meses en el cálculo de la duración del servicio pensionable (número de años trabajados).

Únicamente se permiten restricciones legales (incluidas las sancionadas constitucional-mente) de los derechos y libertades de los ciudadanos en un estado de excepción si existe una amenaza clara e inminente contra los derechos y libertades de los ciudadanos, la independencia e integridad territorial del Estado, o desastres naturales que impiden el funcionamiento normal de los órganos constituciones de Tayikistán. La restricción de determinados derechos prevista por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una medida temporal que durante la proclamación de un estado de excepción en Tayikistán se permitirá únicamente con miras a garantizar la seguridad de los ciudadanos y del Estado.

No se ha proclamado ningún estado de excepción en Tayikistán desde 1999.

Artículo 5

59.En virtud del artículo 14 de la Constitución de Tayikistán, los derechos y libertades de la persona y del ciudadano están reglamentados y protegidos por la Constitución y las leyes de la República y por los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por Tayikistán.

60.Se permite restringir los derechos y libertades de los ciudadanos únicamente para mantener los derechos y libertades de otros ciudadanos, garantizar el orden y defender el sistema constitucional y la integridad territorial de Tayikistán .

61.No se someterá a nadie a tortura o a un trato cruel e inhumano.

62.En el Código Penal de Tayikistán figuran normas que prohíben acciones ilegales (cap. 19, Crímenes contra los derechos y libertades de la persona y del ciudadano; cap. 32, Crímenes contra la justicia), al igual que en el Código de Procedimiento Penal y el Código de Ejecución Penal.

63.Los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por Tayikistán son parte integrante del sistema jurídico de la República. En caso de contradicción entre el derecho de Tayikistán y estas normas internacionales, se aplicarán las normas que figuran en los instrumentos jurídicos internacionales (Constitución, art. 10).

Hasta el año 2001, las sentencias del Tribunal Supremo no estaban sujetas a apelación por el procedimiento de casación (Código de Procedimiento Penal, art. 329). El Tribunal Constitucional en su decisión de 12 de junio de 2001 dictaminó que el artículo 329 contradecía el artículo 19 de la Constitución de Tayikistán y el párrafo 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Majlis-i Oli atendiendo a esta decisión armonizó esta norma del Código de Procedimiento Penal con la Constitución de Tayikistán, por lo que ahora las sentencias del Tribunal Supremo pueden apelarse e impugnarse por el procedimiento de casación.

Artículo 6

64.El artículo 18 de la Constitución de Tayikistán estipula que todas las personas tienen derecho a la vida.

Tayikistán, de conformidad con su política orientada a la paz, respeta la soberanía e independencia de otros Estados y funda su política exterior en las normas internacionales. La propaganda de guerra está prohibida (Constitución, art. 11).

Tayikistán está desarrollando una doctrina militar defensiva tendiente a proteger el Estado legal, soberano, democrático y secular, y sus intereses. En virtud de esa doctrina, las fuerzas armadas se entrenan para ejecutar operaciones tácticas y prevenir el desarrollo de conflictos militares locales y regionales.

Desde el inicio de la operación antiterrorista en Afganistán, Tayikistán ha cooperado activamente con otros Estados para asegurar que esta operación se realice con éxito.

65.El capítulo 34 de la Sección XV del Código Penal de Tayikistán (Crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad) especifica los siguientes delitos:

-La planificación, preparación, inicio y realización de una guerra de agresión (art. 395, párr. 1-2);

-Llamamientos públicos para emprender una guerra de agresión (art. 396);

-La fabricación o proliferación de armas de destrucción masiva (art.397);

-Genocidio (art. 398);

-Biocidio (art. 399);

-Ecocidio (art.400).

Tayikistán no tiene armas nucleares ni ofensivas.

Tayikistán se ha adherido a los siguientes tratados internacionales contra la proliferación de armas de destrucción masiva:

-Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, de 1º de julio de 1968;

-Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, de 13 de enero de 1993;

-Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, de 24 de septiembre de 1996.

66.Tayikistán está estableciendo mecanismos eficaces para proteger y defender la vida humana, no sólo en el contexto del cumplimiento de la ley sino también en la esfera de la prevención del delito y la preservación de la vida humana en el ámbito social.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Dentro del marco legalmente definido, toda persona puede beneficiarse de la atención gratuita de la salud prestada por las instituciones del Estado encargadas de ello. La ley determina otras formas de atención médica (Constitución, art. 38).

67.La campaña contra la infección del VIH y la prevención y tratamiento del VIH es un elemento básico de la actividad del Ministerio de Sanidad. La Ley sobre prevención del SIDA se aprobó el 27 de diciembre de 1993. Está actualmente en preparación un proyecto de ley sobre la prevención de la infección con el VIH. Se ha preparado un programa nacional para prevenir y combatir el VIH/SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Hay un comité nacional permanente de coordinación para la prevención de VIH/SIDA. Habida cuenta del peligro epidemiológico que supone la propagación de la infección con el VIH, el gobierno de Tayikistán aprobó el 30 de diciembre de 2000 un nuevo programa nacional para la prevención de VIH/SIDA y de las enfermedades de transmisión sexual para el período que finaliza en 2007. Hasta el momento se han registrado oficialmente en Tayikistán un total de 75 casos de infecciones con el VIH; en los últimos 18 meses el número de infecciones con el VIH ha aumentado más de diez veces en relación con el número total de casos de los últimos 10 años, es decir desde que se registraron los primeros casos de infección con el VIH.

Desde 1999, se han abierto y están funcionando actualmente en Tayikistán un total de 15 clínicas contra el VIH; las clínicas emplean a expertos, enfermeros o enfermeras y médicos consultores (especialista en estupefacientes, psicoterapeuta, dermatólogo, venerólogo y voluntarios que habían sido adictos a los estupefacientes) 1.

68.Con arreglo al derecho de Tayikistán, el homicidio en todas sus formas se interpreta como la privación intencionada de la vida humana.

Más de 70 artículos del Código Penal de Tayikistán se ocupan de delitos contra la vida, salud, libertad e inviolabilidad de la persona.

69.El número de homicidios y de intentos de homicidio en Tayikistán ha ido disminuyendo de año en año: hubo 357 casos de este tipo en 1999, 283 en 2000, 233 en 2001, 180 en 2002 y 164 en 2003; esta disminución puede atribuirse a la estabilización de la situación social y económica en Tayikistán. Al mismo tiempo, la proporción de casos resueltos está aumentando: 32,9 por ciento en 1999, 36,8 por ciento en 2000, 42,9 por ciento en 2001, 47,1 por ciento en 2002 y 52,6 por ciento en 2003 2

En el período 1999-2003 los tribunales de Tayikistán condenaron a 938 personas por homicidio2.

70.Tayikistán después de lograr la soberanía e independencia se ha enfrentado con algunos problemas importantes, incluidos actos de terrorismo y sabotaje. Con arreglo al derecho penal, los actos de esta índole se consideran crímenes especialmente graves.

El terrorismo es una amenaza real no solamente contra las vidas y la salud de las personas sino también contra el mismo tejido social. El párrafo 1 del artículo 179 del Código Penal (consistente en cuatro párrafos y varios incisos) prescribe castigos contra el terrorismo, cuya definición abarca causar una explosión o incendio o descargar un arma de fuego, o cualquier otra acción que ponga en peligro las vidas de las personas, cause daños materiales importantes o precipite hechos con otras consecuencias socialmente peligrosas, cuando tales acciones tengan por objeto poner en peligro la seguridad pública, aterrorizar a la población o influir en la adopción de decisiones por las autoridades, así como la amenaza de cometer dichos actos. El párrafo 2 prescribe la responsabilidad por actos de terrorismo cometidos por un grupo de personas respondiendo a una conspiración anterior o como delito repetido. Con arreglo al párrafo 3 es un delito atentar contra la vida o causar lesiones corporales a un funcionario del Estado o funcionario público o a un representante de las autoridades en relación con su actividad estatal o pública con la intención de desestabilizar la situación, influir en los órganos decisorios del Estado u obstaculizar la actividad política o pública. El párrafo 4 penaliza los actos descritos en los tres párrafos anteriores si los comete un grupo organizado con la amenaza de utilizar armas de destrucción masiva o materiales radiactivos o con otros actos que puedan causar destrucción masiva de vida humana, si los comete un reincidente especialmente peligroso o si tienen por consecuencia un homicidio causado por negligencia criminal u otras consecuencias graves. Además de otros castigos, el párrafo 4 prevé la pena de muerte.

El Presidente, con miras a definir el marco jurídico y organizativo para luchar contra el terrorismo en Tayikistán, promulgó el 21 de abril de 1997 un decreto sobre la intensificación de las iniciativas encaminadas a luchar contra el terrorismo y, el 16 de noviembre de 1999, el Majlis-i Oli aprobó la Ley Antiterrorista, que ofrece una definición jurídica clara del terrorismo.

Por decreto de 26 de julio de 2000, el Gobierno de Tayikistán aprobó el Programa de Estado para fortalecer las iniciativas de lucha contra el terrorismo para el período 2000-2003.

A principios del decenio de 1990 hubo una recrudescencia del terror y de otras manifestaciones de extremismo debido al conflicto interno armado. Hubo tres actos de terrorismo en 1994, cuatro en 1995, seis en 1996, siete en 1997, tres en 1998, dos en 1999, siete en 2000, seis en 2001 y tres en 2003. Estos ataques estaban dirigidos contra ciudadanos de Tayikistán y ciudadanos de otros Estados 2.

El artículo 22 de la Ley Antiterrorista prevé pagará con cargo al presupuesto del Estado indemnizaciones por las pérdidas causadas por un acto de terrorismo, con el consiguiente resarcimiento de los daños por la parte culpable.

Las causas penales relacionadas con delitos de terrorismo y acciones civiles sobre indemnizaciones por daños causados por actos de terrorismo pueden oírse a puertas cerradas, si así lo decide el tribunal (Ley Antiterrorista, art. 18).

Tayikistán es parte en las siguientes convenciones antiterroristas:

-Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, de 14 de diciembre de 1973 (Estado parte desde 2001);

-Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, de 1997 (desde 2002);

-Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, de 23 de septiembre de 1971 (desde 1996);

-Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, de 24 de febrero de 1988, complementando el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (desde 1996)

-Convención sobre las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves, de 14 de septiembre de 1963 (desde 1996);

-Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, de 16 de diciembre de 1970 (desde 1996);

-Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares;

-Convención Internacional contra la toma de rehenes, de 17 de diciembre de 1979 (desde 2002);

-Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (desde 2001)5.

71.Los sabotajes plantean una amenaza igualmente grave a la sociedad y el Estado (Código Penal, art. 309), porque normalmente van acompañados por explosiones, incendios u otros actos cuyo objeto es destruir o dañar empresas, edificios, infraestructuras de transporte y comunicaciones y servicios públicos vitalmente importantes, con el objeto de socavar la seguridad nacional y las capacidades de defensa. Se cometieron en 1994 dos crímenes de esta categoría, ninguno en 1995, 2 en 1996, 32 en 1997, 6 en 1998, 4 en 1999, ninguno en 2000, 1 en 2001, 1 en 2002 y 3 en 2003 2.

Los sabotajes desestabilizan la sociedad. Los análisis de este tipo de delito han demostrado que los actos de sabotaje sólo empezaron a ocurrir después del período de enfrentamiento civil en Tayikistán. El sabotaje y los grupos terroristas de Tayikistán han evolucionado formando grupos que se dedican exclusivamente a atracos, secuestros para pedir rescate y otros crímenes violentos y mercenarios.

72.La toma de rehenes y los secuestros son crímenes que ponen en peligro la vida y la salud de las personas. El motivo es la ganancia y la extorsión; en ocasiones se ha amenazado la vida de los rehenes o secuestrados o se ha herido físicamente a los rehenes, y en algunos casos incluso se les ha asesinado.

Se han incluido en el Código Penal dos artículos separados, a saber el artículo 130 (Secuestro), formado por tres párrafos con incisos que prescriben el castigo en forma de privación de libertad, y el artículo 181 (Toma de rehenes) que está formado también por tres párrafos con incisos; el párrafo 3 del artículo 181 prevé no solamente el castigo en forma de privación de libertad, sino también la pena de muerte. Sin embargo, con arreglo a la Ley del Código Penal (Enmiendas y Suplementos) de 2003, la pena de muerte se ha excluido como castigo. El número de causas incoadas con arreglo al artículo 181 del Código Penal fue de seis en 1999, siete en 2000, tres en 2001, siete en 2002 y dos en 2003. El número de causas incoadas en virtud del artículo 130 del Código Penal fue de una en 1999, siete en 2000, cinco en 2001, seis en 2002 y dos en 2003 2.

73.Una de las condiciones previas para que se hayan cometido los delitos estipulados en el artículo 130 (Secuestro) y artículo 182 (Toma de rehenes) del Código Penal es la desaparición de una persona sin dejar rastro, lo que origina la presentación de declaraciones, las cuales, en virtud de la legislación sobre procedimiento penal aplicable actualmente en Tayikistán (Código de Procedimiento Penal, art. 105), son atestados sobre delitos cometidos. El procedimiento para tratar estos atestados y las cuestiones que a ellos se refieren están reglamentados por la Ley sobre investigaciones policiales de 1999.

En el año 2000 se llevó a cabo la búsqueda de 860 personas desaparecidas según las declaraciones de ciudadanos. Se localizó a 440 de estas personas y 420 quedaron sin localizar. En 2001, la policía realizó investigaciones sobre 777 personas desaparecidas, de las cuales se localizó a 407 y 370 siguieron sin localizar. En los primeros seis meses de 2002, la policía buscó el paradero de 650 personas, de las cuales 289 fueron localizadas y 361 permanecieron sin localizar 2.

74.El párrafo 1 del artículo 186 del Código Penal penaliza el bandidaje, a saber la formación de un grupo armado estable (banda) cuyo objetivo es atacar a ciudadanos o a una organización, y también la dirección de este grupo.

El párrafo 2 del artículo 186 declara delito la participación en un grupo armado establecido (banda) o en ataques realizados por él.

La comisión de los actos estipulados en los párrafos 1 y 2 del artículo 186 por una persona que actúa en su calidad oficial o por un reincidente peligroso o especialmente peligroso es un delito con arreglo al párrafo 3. Los párrafos 1 y 3 del artículo 186 prescriben la pena de muerte, además de otros castigos, si bien en virtud de la Ley del Código Penal (Enmiendas y Suplementos) de 2003 se ha excluido la pena de muerte como castigo para este delito.

75.El artículo 42 del Código Penal prevé que una persona que elimina un peligro para su vida, salud, derechos o intereses legítimos recurriendo a actos que contienen los elementos constitutivos de un delito penal, será exonerada.

La utilización de armas de fuego está prevista en la manera prescrita por la ley.

La Ley sobre armas, aprobada en 1996 reglamenta las armas y municiones en circulación en Tayikistán (el artículo 22 reglamenta el uso de armas).

76.Los oficiales de la milicia tienen derecho a utilizar armas como último recurso en las siguientes circunstancias:

1)Para proteger a los ciudadanos de ataques y poner en libertad a rehenes;

2)Para rechazar un ataque en grupo o armado contra oficiales de la milicia y otras personas que desempeñan sus deberes o que tienen el deber público de defender el orden y prevenir el delito, o cualquier ataque en el que correrían peligro sus vidas o su salud;

3)Para rechazar un ataque en grupo o armado contra hogares de ciudadanos, lugares importantes y protegidos, locales de órganos del gobierno o públicos, empresas, instituciones u organizaciones, con independencia de la forma de propiedad, y rechazar un ataque a un destacamento militar o de servicio de organismos del interior;

4)Para detener a personas que ofrecen resistencia armada o que han sido sorprendidas en el momento de cometer un crimen grave o especialmente grave, o a un criminal que escapa de su detención y también a una persona armada que se niega a cumplir la petición legal de que entregue su arma.

El recurso al arma debe ir precedido por un aviso sobre la intención de utilizarla. Puede usarse un arma sin aviso previo en el caso de un ataque repentino o armado; de un ataque utilizando equipo militar, vehículos, aeronaves o vehículos acuáticos: de un intento de escapar del arresto utilizando armas o vehículos; la huida de un arresto en un vehículo en movimiento; y en operaciones para poner en libertad a rehenes.

Está prohibido utilizar armas contra mujeres, personas claramente discapacitadas y menores, excepto en caso de agresión, de resistencia armada o de un ataque de grupo o armado que pone en peligro la vida humana, y tampoco está permitido utilizar armas cuando se ha reunido un grupo suficiente de personas, porque ocasionaría un riesgo de daños a terceros.

Los agentes de la milicia tienen derecho a utilizar armas en las siguientes circunstancias:

1)Para detener vehículos, averiándolos, si el conductor plantea una amenaza real a la vida y salud de los ciudadanos y no cumple las órdenes legítimas de los agentes de la milicia para que se pare;

2)Para neutralizar a un animal que amenaza la vida y la salud de los ciudadanos;

3)Para dar la alarma o pedir ayuda.

En todos los casos de utilización de un arma de fuego, el oficial de la milicia debe adoptar todas las medidas posibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos que están en la inmediata proximidad, prestar asistencia médica a las personas heridas y notificar inmediatamente a los familiares o representantes legales.

En todos los casos, dentro de las 24 horas de la utilización del arma, el agente de la milicia debe presentar un informe al oficial jefe de la milicia de su lugar de destino o del lugar donde se utilizó el arma y, si un ciudadano muere o resulta herido, debe notificarse también el hecho al fiscal.

77.Sin embargo, si los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizan ilegalmente un arma de fuego, se les considerará responsables penalmente por haber actuado abusando de su autoridad, con arreglo al artículo 316 del Código Penal y, según fuesen las circunstancias de la utilización ilegal del arma, con arreglo a otros artículos del Código Penal por delitos múltiples (homicidio, infligir lesiones corporales, daños a la propiedad, etc.). En 2002, S. Chalishev, antiguo Jefe del Departamento del Crimen Organizado del grupo de distritos de Gissar del Ministerio del Interior fue condenado por el Tribunal Supremo de Tayikistán a 25 años de privación de libertad por la utilización ilegal de un arma de fuego que causó la muerte a tres personas.

U. Kholboev fue condenado por el tribunal del oblast de Khatlon a 13 años de privación de libertad en enero de 2000 por actuar abusando de su autoridad y utilizar un arma de fuego que causó la muerte de un detenido 2.

78.Tayikistán ha adoptado medidas para reducir la aplicación de la pena de muerte. El Código Penal de 1998 ha reducido de 47 a 16 el número de crímenes castigados con la pena capital. En virtud de la Ley del Código Penal (Enmiendas y Suplementos), se ha excluido la pena de muerte como forma de castigo en 10 artículos más.

La pena de muerte no puede imponerse a mujeres o a personas de menos de 18 años que hayan cometido un delito (Código Penal, art. 59, párr. 2).

La sentencia de muerte sólo puede imponerse por crímenes especialmente graves (Código Penal, art. 59), a saber los siguientes:

Homicidio (art. 104, párr.2), clasificado del modo siguiente:

b)Matar a dos o más personas;

b)Matar a una persona o a sus familiares en relación con el desempeño de los deberes oficiales o de un deber cívico o público de esta persona;

c)Matar a un niño o a una persona que, a sabiendas del autor, está en un estado de indefensión;

d)Matar combinando el acto con un secuestro o toma de rehenes;

e)Matar a una mujer que, a sabiendas del autor, está embarazada;

f)Matar con especial crueldad;

g)Matar de una manera que ponga en peligro las vidas de varias personas;

h)Matar con arma de fuego, equipo militar o explosivos;

i)Matar en grupo, en grupo formado por conspiración previa, en grupo organizado o en asociación criminal (organización);

j)Matar por ganancias monetarias o matar por contrato, y matar combinando el acto con robo, extorsión o bandidismo.

k)Matar con intención de cometer un agravio criminal;

l)Matar para ocultar otro crimen o para facilitar su comisión, y matar combinado el acto con violación o actos forzados de carácter sexual;

m)Matar por enemistad u odio étnico, racial, religioso o regional, o por una venganza;

n)Matar con la intención de tomar órganos o tejidos de la víctima;

o)Matar siendo el autor un funcionario encargado de hacer cumplir la ley o un miembro de las fuerzas armadas;

p)Violación deliberada de las normas del derecho humanitario internacional cometida en el transcurso de un conflicto armado;

q)Matar siendo el autor un reincidente especialmente peligroso o una persona que haya cometido antes un homicidio, excepto en los actos estipulados en los artículos 105, 106, 107 y 108 del Código Penal.

Violación (art. 138, párr. 3), clasificada del modo siguiente:

a)Violación de una niña de menos de 14 o de un familiar próximo;

b)Violación por un reincidente especialmente peligroso;

c)Violación por un grupo organizado;

d)Violación cometida en el transcurso de un desastre público o desórdenes de masas, o violación que ocasione graves consecuencias;

e)Violación con el uso o la amenaza del uso de armas u objetos utilizados como armas.

Terrorismo (art. 179, párr. 4 ), clasificado del modo siguiente:

Los actos estipulados en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 179:

-Si los cometió un grupo organizado;

-Si se cometieron combinados con la amenaza de utilizar un arma de destrucción masiva, materiales radiactivos u otras acciones que pudieran causar destrucción masiva de vidas humanas;

-Si los cometió un reincidente especialmente peligroso;

-Si estos actos causaron muertes o consecuencias graves por negligencia.

Genocidio – artículo 398 del Código Penal

Biocidio – artículo 399 del Código Penal.

En los artículos que se han citado del Código Penal, se prevé la pena de muerte como castigo opcional y los tribunales consideran esta cuestión atendiéndose a cada caso, a la luz del carácter del acusado, la gravedad del delito y las circunstancias concurrentes.

79.Las causas penales en las que puede imponerse la sentencia de muerte se ven en el tribunal del oblast autónomo de Gorny Badakhshan, tribunales de oblast, tribunal de la ciudad de Dushanbe y el Tribunal Supremo (Código de Procedimiento Penal, art. 32 y 33).

Todas las personas condenadas a muerte tienen derecho a dirigir un petición de indulto cuando la sentencia se hace ejecutoria (Código de Ejecución Penal, art. 216).

El Presidente de Tayikistán (Código Penal, art. 83) concede los indultos a personas concretas. La Junta de Gracia informa al Presidente y actúa de conformidad con el Decreto de la Presidencia nº 721 de 8 de mayo de 1997. La Junta realiza una evaluación preliminar de las peticiones de indulto para delincuentes que han sido sentenciados por tribunales de Tayikistán a toda una gama de castigos, incluida la pena de muerte, y prepara las recomendaciones pertinentes.

La Junta examina también los expedientes de personas que han sido sentenciadas a muerte pero que no han presentado la petición de indulto.

Con arreglo al párrafo 3 del artículo 59 del Código Penal, la pena de muerte puede conmutarse mediante un perdón por la de privación de libertad durante 25 años. En el período 1999-2004 el Presidente indultó a 23 persona que habían sido condenadas a muerte, excusó a 87 personas de cumplir el resto de sus condenas y redujo la condena de 74 personas.

Desde 1991, el Majlis-i Oli (Parlamento) de Tayikistán ha aprobado nueve leyes de amnistía, la más reciente el 29 de agosto de 2001, a consecuencia de las cuales se ha exonerado a 20.406 ciudadanos 3.

80.El Artículo 329 del Código de Procedimiento Penal estipula el derecho a presentar recurso de casación y protestar contra sentencias.

El acusado, el letrado del acusado y su representante legal, y también la víctima y el representante de la víctima, tienen derecho a apelar, por el procedimiento de casación, contra los fallos de los tribunales. El fiscal está obligado a presentar una protesta de casación contra todo juicio ilegal o infundado. Los demandantes de indemnizaciones penales, las personas civilmente responsables y sus representantes tienen derecho a apelar contra un juicio en procesos relacionados con una acción por indemnización penal.

Una persona absuelta por los tribunales tiene derecho a presentar un recurso de casación contra una sentencia de absolución en relación con las razones y fundamento de la absolución.

81.El Capítulo 22 del Código de Ejecución Penal reglamenta la manera y el lugar de detención de las personas condenadas a muerte, su situación jurídica, el motivo de la imposición de la pena de muerte y la manera en que deberá ejecutarse.

82.Tayikistán impuso una moratoria de la pena de muerte en 2004.

Artículo 7

83.Nadie puede ser sujeto a tortura o a un trato cruel o inhumano. Están prohibidos los experimentos coactivos de carácter médico o científico con seres humanos (Constitución, art. 18).

84.Tayikistán está adoptando medidas para eliminar los delitos contra la persona y el recurso a la tortura o a tratos crueles. A este fin, el Estado está mejorando los distintos sistemas de vigilancia de la fiscalía y los controles judiciales para garantizar que quien torture sea castigado de conformidad con la ley. La legislación penal de Tayikistán prevé castigos por el recurso a la tortura, a las palizas y a los tratos crueles.

Por ejemplo, el artículo 354 del Código Penal penaliza todo intento de obligar a un sospechoso, acusado, procesado, víctima o testigo a hacer una declaración, o a un experto a dar una opinión, por medio de amenazas, extorsión u otros actos ilegales por parte de las personas que realizan una investigación preliminar o que administran justicia. La pena aumenta si la comisión de tal acto implica la degradación de la persona interrogada o la utilización de tortura u otras formas de violencia, o si tales actos tienen consecuencias graves (condena de privación de libertad de 3 a 10 años con o sin suspensión del derecho a desempeñar cargos oficiales o a desarrollar determinadas actividades hasta tres años).

El párrafo 3 del artículo 316 de Código Penal determina la responsabilidad penal por abuso de autoridad acompañado por el abuso de fuerza.

La tortura, el trato cruel y otros actos inhumanos que tienen por consecuencia daños corporales graves o moderados, o la muerte de la víctima, se tratan en el artículo 354, en el artículo 110 (Perjuicio grave a la salud), en el artículo 111 (Perjuicio moderado a la salud), y en el párrafo 2 del artículo 104 (Homicidio cometido por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley o un miembro de las fuerzas armadas).

El artículo 15 del Código de Procedimiento Penal prohíbe los intentos de obtener declaración de una persona acusada o de otras personas implicadas en un caso mediante violencia, amenazas u otros medios ilegales. Esta disposición se aplica a las investigaciones preliminares y a los autos procesales.

El Artículo 10 del Código de Ejecución Penal prohíbe categóricamente someter a una persona condenada a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes o a experimentos médicos o de otro tipo, incluso con su consentimiento, que puedan poner en peligro su vida o salud.

85.El Fiscal General y su equipo de fiscales están encargados de garantizar el cumplimiento estricto de la ley y su aplicación uniforme (Constitución, art. 93).

El Artículo 3 de la Ley Constitucional sobre organismos de fiscalía de la República de Tayikistán define las tareas principales de estos organismos diciendo que consisten en vigilar la observancia por todos los órganos y funcionarios de los derechos civiles y libertades; vigilar el cumplimiento de la ley por las personas encargadas de hacerla cumplir, por los organismos de lucha contra el delito y por los organismos que realizan investigaciones preliminares y la instrucción del caso; vigilar el cumplimiento de la ley en locales donde las personas están arrestadas o en prisión preventiva en relación con la aplicación de condenas u otras medidas de coacción ordenadas por los tribunales; y coordinar las actividades de los organismos encargados de luchar contra el crimen y otros delitos.

El párrafo 2 de la Orden nº 10 del Fiscal General de 10 de agosto de 2000 sobre el mejoramiento de la supervisión por los fiscales del cumplimiento de la ley en la aplicación de las condenas y en los centros de prisión preventiva dice:

“Durante la verificación del cumplimiento de la ley en las colonias correccionales, instituciones para delincuentes juveniles y centros de prisión preventiva, se prestará especial atención a casos de trato degradante, arbitrario o cruel de los condenados o presos por los miembros de las instituciones u organismos que aplican las condenas, y a casos de reclusión injustificada en locales de castigo; deberá prestarse una atención especial a garantizar que las condiciones de detención sean humanas y conformes con las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos”

Además de varias medidas legislativas, judiciales y administrativas que prohíben la tortura, el Estado utiliza también los medios de comunicación para dar a conocer y criticar los actos ilegales.

Con miras a aumentar el conocimiento del público, se están adoptando medidas para prevenir la tortura y otras formas de trato o castigo cruel, inhumano o degradante y para prestar apoyo a las víctimas de la tortura. En junio de 2002, con asistencia de la OSCE y de otras organizaciones internacionales, se celebró en Dushanbe el acto “Acción en apoyo de las víctimas de la tortura”; participaron en él jóvenes e intelectuales.

Sin embargo, el insuficiente profesionalismo de algunos miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley hace que todavía haya casos aislados de tortura. Por ejemplo, funcionarios de policía del oblast de Sogd (A. Vakhobov, D. Burkhanov, D. Pulodov y otros) arrestaron ilegalmente a los ciudadanos O. Toshmatov, D. Mirzoev, N. Yadgorov, F. Akhmedov y otros por considerarlos sospechosos de haber asesinado a la autoridad local, C. Begijonov. Se infligió a estas víctimas daños corporales de distintos grados de gravedad, resultado de palizas con porras y objetos metálicos y de quemaduras; se utilizaron estos medios, además de amenazas, para obtener confesiones escritas del asesinato. Los hechos se denunciaron a la oficina del fiscal local y se incoaron diligencias penales con arreglo al artículo 354 del Código Penal, a saber por obtener declaraciones de sospechosos o acusados mediante tortura u otras formas de violencia. Por decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se impuso a los nueve funcionarios de policía varias condenas de privación de libertad por haber recurrido a la tortura 2.

Se impuso a M. Ergashev, director ejecutivo de la oficina de asuntos internos de la ciudad de Isfara, una condena de cinco años de privación de libertad por pegar e infligir daños corporales al ciudadano Kadyrov con el fin de obtener una confesión; la víctima intentó después suicidarse 2.

Si bien el Código Civil (art. 1086, 1096, 1115 y 1116) prevé compensación por daños, no ha habido casos de solicitud de indemnización a las víctimas de tortura u otro trato cruel por los autores.

A consecuencia de la incorporación del artículo 167, el Código Penal establece ahora la responsabilidad penal por la trata de niños, incluida la trata con el fin de extraer de ellos órganos o tejidos para un transplante. La Sra. N. Bakhtiyarova, médico superior de la casa de maternidad nº 2 de Dushanbe y A. Ganieva y M. Gafurova, miembros del personal de enfermería de la casa fueron condenados por el tribunal de distrito de Zheleznodorzhny, en Dushanbe, a cinco años de privación de libertad cada uno por haber practicado la trata de niños.

86.La Orden nº 2 del Fiscal General de 10 de agosto de 2000 sobre el fortalecimiento de la vigilancia por los fiscales del cumplimento estricto de la ley en relación con la detención, arresto, enjuiciamiento penal, procesamiento y condena de ciudadanos pide a los miembros de los organismos encargados de aplicar la ley que cumplan estrictamente la ley cuando se detiene a un ciudadano o se le aplica la prisión preventiva. Los organismos de la fiscalía verifican sistemáticamente el cumplimiento de esta Orden en la prisión preventiva y los locales de detención; si se descubre alguna violación, se procesa a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afectados. Se ha procesado a veinticinco funcionarios: ninguno en 1999-2000; 13 en 2001; 5 en 2002; y 7 en 2003 2.

87.La Ley sobre comunicaciones a los ciudadanos establece el procedimiento para que los ciudadanos presenten propuestas, solicitudes y denuncias al Estado y a asociaciones voluntarias, empresas, instituciones y organizaciones con independencia de la forma de propiedad, y los plazos para su examen. Además, los artículos 14 y 15 de la Ley establecen la responsabilidad de los funcionarios de los órganos del Estado y de organizaciones y empresas públicas en relación con la violación de la ley en las comunicaciones de los ciudadanos, y prevén una indemnización por los perjuicios debidos al incumplimiento de las disposiciones de la Ley relativas al examen de sus denuncias y solicitudes.

El artículo 163 del Código Penal penaliza la negativa ilegal a tramitar solicitudes de ciudadanos, la falta de observancia, sin debida causa, de los plazos para tramitar solicitudes, la adopción de decisiones infundadas violando la ley, y las infracciones de la legislación sobre comunicaciones de los ciudadanos que causan perjuicios importantes a los derechos o intereses protegidos de los ciudadanos, la sociedad o el Estado.

La orden nº 90 del Fiscal General de 25 de octubre de 2000 sobre el fortalecimiento de la supervisión por los fiscales del cumplimento estricto de la ley al examinar las comunicaciones de los ciudadanos reglamenta el procedimiento para examinar las comunicaciones, solicitudes y denuncias presentadas por los ciudadanos a los órganos de fiscalía, y las disposiciones relativas a las entrevistas personales con ciudadanos.

La fiscalía realiza verificaciones minuciosas de las denuncias y solicitudes recibidas de ciudadanos y de los informes de los medios de comunicación sobre infracciones de la ley, el uso de métodos ilegales durante las etapas de investigación preliminar e instrucción y la vista de las causas penales por los tribunales, así como durante la aplicación de sentencias, juicios y decisiones de los tribunales.

Las denuncias, solicitudes y cartas dirigidas al fiscal por detenidos no están sujetas a censura y deben enviarse al destinatario no más tarde de 24 horas después de su recepción.

De conformidad con la legislación sobre procedimiento penal, la administración del lugar de prisión preventiva envía a un fiscal las denuncias por acciones de personas que realizan investigaciones preliminares o de investigadores, en un plazo de 72 horas después de su llegada, y las denuncias sobre acciones y decisiones de un fiscal se presentan al fiscal de antigüedad superior.

La administración del lugar de prisión provisional envía otras denuncias, solicitudes y cartas relativas a diligencias penales a la persona u organismo que se ocupa del caso, en un plazo de 72 horas después de su llegada. Las denuncias, solicitudes y cartas que contienen información cuya comunicación podría obstaculizar la determinación de la verdad en una causa penal no se envían al destinatario; se informa de ello a la persona en detención y al fiscal.

La administración del lugar de prisión provisional examina debidamente las denuncias, solicitudes y cartas relativas a cuestiones no relacionadas con procesos de una causa o se envían al destinatario de conformidad con el procedimiento dictado por la ley (Código de Procedimiento Penal, art. 425).

En los últimos cinco años se presentaron a la Oficina del Fiscal General 153 denuncias relativas a la utilización de métodos ilegales de investigación: ninguna en 1999; 55 en 2000 (11 con éxito); 42 en 2001 (9 con éxito); 40 en 2002 (sin éxito); y 18 en 2003 (1 con éxito) 2.

En los últimos cinco años, se procesó a miembros de los organismos de cumplimiento de la ley por la comisión de 315 delitos diferentes 2.

88.La labor de los establecimientos de trabajo correccional y de los organismos que aplican las sentencias de los tribunales sobre deducción punitiva de ingresos sin privación de libertad y también las condenas en forma de restricción de libertad se desarrolla en estricto cumplimiento de la ley. Los funcionarios de estos establecimientos y organismos son responsables de garantizar este cumplimiento. Las personas que sirven condenas han de cumplir escrupulosamente los requisitos de la ley relativos al procedimiento y condiciones de su cumplimiento.

89.Las instituciones correccionales actúan con arreglo a reglamentaciones internas estrictas (Código de Ejecución Penal, art. 83) que establece los procedimientos relativos a la acogida de los convictos; las normas que rigen su conducta durante los períodos de trabajo, descanso y estudio; la lista de medidas educativas y la lista de cargos y puestos en los que no se puede emplear a estas personas; la lista de objetos y efectos personales que los convictos pueden tener consigo y las cantidades permitidas; la confiscación de artículos que estas personas no pueden utilizar; las normas que rigen los exámenes, las visitas y la recepción de paquetes y cartas; su entrega a los presos y la lista de productos alimentarios y artículos personales que se les puede vender.

90.El artículo 38 de la Constitución acuerda a toda persona el derecho a la protección de la salud.

El artículo 105 del Código de Ejecución Penal estipula los cuidados médicos de las personas que cumplen condenas en lugares de detención. Todos los servicios médicos y de salud para las personas que cumplen condenas en lugares de detención están organizados y previstos de conformidad con las Reglamentaciones Internas de las Instituciones Correccionales y la legislación de Tayikistán. Los servicios médicos penitenciarios (hospitales, hospitales psiquiátricos y de tuberculosos, unidades médicas) prestan servicios médicos a los presos, mientras que hospitales de seguridad dan cuidados internos y externos para los presos que sufren de tuberculosis, alcoholismo crónico, adicción a estupefacientes o VIH.

El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad determinan el procedimiento a seguir para prestar servicios médicos a personas privadas de libertad, la organización y ejecución de inspecciones sanitarias y la utilización a este fin de las instituciones médicas de los organismos de la sanidad y de su personal.

Las personas que cumplen sentencias de privación de libertad y a las que el tribunal ordena recibir tratamiento forzoso por alcoholismo, adicción a estupefacientes o adición a sustancias toxicas, de conformidad con el artículo 97 del Código Penal, reciben este tratamiento mientras cumplen su condena.

En el caso de personas condenadas por delitos menores y de personas cuyo estado psicológico no constituye una amenaza, los tribunales pueden transmitir la necesaria documentación a los organismos de sanidad para que adopten una decisión sobre el tratamiento de estas personas o sobre su traslado a un hospital psiquiátrico, de conformidad con la legislación sanitaria pertinente.

Los nacionales extranjeros condenados y las personas apátridas tienen los derechos y deberes establecidos para los ciudadanos de Tayikistán, con sujeción a las restricciones impuestas por la legislación a las personas convictas.

Los nacionales extranjeros condenados a la restricción o privación de la libertad tienen también derecho a mantener vínculos con las misiones diplomáticas y consulados de su Estado, y los nacionales de países que no tienen representación diplomática o consular en Tayikistán pueden mantener contactos con las misiones diplomáticas de un Estado que se ha comprometido a proteger sus intereses, o con organizaciones internacionales interesadas en su protección (Código de Ejecución Penal, art. 18).

De conformidad con el artículo 16 de la Constitución, ningún ciudadano de Tayikistán puede ser extraditado a un Estado extranjero. La extradición de delincuentes a Estados extranjeros se determina sobre la base de acuerdos bilaterales. Tayikistán puede conceder asilo político a nacionales extranjeros cuyos derechos humanos hayan sido violados.

91.De conformidad con el artículo 32 de la Ley de educación de 1993, los alumnos de escuelas de educación general tienen derecho a la protección contra actos ilegales de la administración y del personal enseñante y otro personal que infrinjan sus derechos o perjudiquen su sentido del honor y la dignidad. Las reglamentaciones sobre las escuelas de educación general aprobadas por el Decreto nº 626 de fecha 12 de octubre de 1995 establecen las funciones de las escuelas de educación general:

-Ofrecer acceso a la educación y proteger a los alumnos contra todo tipo de discriminación en la educación;

-Adoptar medidas para proteger y mejorar la salud de los alumnos.

La legislación penal de Tayikistán se ocupa de las cuestiones relativas a la responsabilidad y castigo de la crueldad con los niños (golpes, torturas) y otras formas de trato cruel a los niños. En sus recomendaciones para el informe inicial de Tayikistán sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se presentó a examen en 1998, el Comité de los Derechos del Niño señaló varios casos de trato cruel de niños y de agravio a su dignidad humana, incluidos casos de violencia mental y física en la familia, en las escuelas y en otras instituciones para niños. Tayikistán está aplicando las recomendaciones del Comité y está adoptando medidas para prevenir la crueldad contra los niños. Ha preparado a este fin un plan nacional de acción para proteger los derechos de los niños, que se aprobó por decreto el 4 de julio de 2003; el plan prevé las siguientes medidas:

-Realizar investigaciones sobre el carácter y magnitud de la explotación sexual de niños; preparar reglamentaciones para proteger de la discriminación y la venganza a las personas que revelan casos de violencia, y organizar programas de rehabilitación; llevar a cabo campañas educativas; e intensificar la cooperación entre Estados;

-Llevar a cabo campañas educativas y de concienciación sobre las consecuencias negativas del trato cruel a los niños y ampliar los programas de rehabilitación y reintegración de las víctimas de abusos infantiles;

-Introducir las medidas y mecanismos adecuados para recibir denuncias y vigilar e investigar los casos de trato cruel y para prevenir los delitos contra niños sometidos a abusos durante los procesos judiciales;

-Establecer teléfonos urgentes confidenciales para las víctimas infantiles de la violencia;

-Preparar un proyecto de ley sobre la protección social y jurídica contra la violencia doméstica.

El citado proyecto de ley se ha preparado y está siendo objeto de un amplio debate.

92.El artículo 25 de Código Penal trata la cuestión de la responsabilidad limitada en relación con la imposición de penas y puede servir de base para la imposición de medidas médicas forzosas.

El artículo 98 del Código Penal prevé las siguientes medidas médicas forzosas para las personas que padecen enfermedades mentales:

-Tratamiento externo (observación y tratamiento por un psiquiatra);

-Tratamiento forzoso en una institución psiquiátrica general;

-Tratamiento forzoso en una institución psiquiátrica especializada.

Un tribunal decide la ampliación, modificación o terminación de medidas médicas forzosas sobre la base de los resultados de una comisión psiquiátrica (Código Penal, art. 100). Un tribunal puede dictaminar la terminación de medidas médicas forzosas acompañadas por la aplicación de una sentencia si así lo solicita un organismo de ejecución penal sobre la base de los resultados de una comisión psiquiátrica (Código Penal, art. 103).

Hay varios artículos legislativos que reglamentan el procedimiento a seguir para imponer medidas médicas forzosas a personas que sufren desórdenes mentales.

Las condiciones y los regímenes de vida y la supervisión de los pacientes en hospitales psiquiátricos se determinan a la luz de las condiciones que facilitarán más su tratamiento y reintegración a la sociedad y al mundo laboral sin ofender su dignidad personal ni perjudicar su independencia y sentido de la iniciativa. Los pacientes tienen derecho a enviar y recibir cartas y visitas. Las horas de visitas de familiares y amigos y la recepción de paquetes están regidas por el Reglamento Interno. Las solicitudes y denuncias verbales y escritas de pacientes o sus familiares o representantes legales se registran y tramitan de conformidad con el procedimiento establecido.

93.El artículo 18 de la Constitución prohíbe la experimentación médica y científica forzosa en seres humanos.

El artículo 133 del Código Penal penaliza ingresar ilegalmente en un hospital psiquiátrico a personas que no requieren tratamiento y su detención ilegal en ese lugar; el castigo es mayor si comete el delito una persona por motivos egoístas y abusando de su cargo oficial, si causa el fallecimiento del paciente por negligencia o daños graves a su salud o si tiene otras consecuencias graves.

94.Las instituciones educativas de Tayikistán (las facultades de derecho de la Universidad del Estado, el Instituto de Política Fiscal y Derecho, la Universidad Eslavónica Tayiko-Rusa, la Academia del Ministerio del Interior y la Escuela Superior del Ministerio de Seguridad), en sus actividades de formación impartida al personal encargado de hacer cumplir la ley, ofrecen cursos sobre varias disciplinas e imparten conocimientos y aptitudes para detectar el delito sin recurrir a medios ilegales.

El sistema de salud del Estado administra institutos de investigación y otros servicios y centros nacionales que realizan investigaciones correspondientes a los temas y programas de la Academia de Ciencias; estas investigaciones y experimentos se realizan únicamente con animales. Se permiten ensayos clínicos de fármacos con fines científicos después de haberlos ensayado con animales adecuados. Si hay rechazo en los análisis de laboratorio, los ensayos clínicos pueden interrumpirse antes de lo previsto.

Artículo 8

95.La vida, el honor, la dignidad y otros derechos humanos intrínsecos son inviolables.

Los derechos humanos y civiles y las libertades están reglamentados y protegidos por la Constitución, las leyes de la República y los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por Tayikistán.

96.El Estado salvaguarda los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de su origen étnico, raza, sexo, idioma, religión, creencias políticas, educación y condición social o económica. (Constitución, art. 17).

Estos preceptos constitucionales y otras leyes, en especial el Código de Trabajo y el Código Penal, prohíben la esclavitud, la trata de esclavos y otros fenómenos conexos, así como otros actos que violan la legislación en cuestión.

97.El derecho de Tayikistán reglamenta las consecuencias jurídicas de situaciones en las que una persona se ve forzada a ser dependiente de otra, lo que es posible en casos de prostitución, tráfico de estupefacientes y otras prácticas abusivas. Por ejemplo, el Código Penal castiga el tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y de sus precursores (art. 200); el manejo ilegal de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas o sus precursores (art. 202); el cultivo ilegal de plantas prohibidas que contenga sustancias estupefacientes (art. 204); el establecimiento o mantenimiento de antros para el consumo de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas o sus precursores (art. 205); y el comercio ilegal de sustancias potentes o tóxicas (art. 206).

La Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores, aprobada en 1999, está ya en vigor. Tayikistán se ha adherido a los principales instrumentos jurídicos internacionales en esta esfera, como la Convención sobre Sustancias Sicotrópicas, de 21 de febrero de 1971, y la Convención Única sobre Estupefacientes, de 30 de marzo de 1961, en su forma modificada por el Protocolo de 25 de marzo de 1972.

También están sujetos a procesamiento con arreglo a la ley el establecimiento o mantenimiento de burdeles, el alcahueteo y el proxenetismo y el establecimiento o mantenimiento ilegales de antros de juego (Código Penal, art. 239 y 240).

Después de la adhesión de Tayikistán a la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos protocolos adicionales sobre la supresión de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, las normas que figuran en estos instrumentos se incorporaron a la legislación penal nacional. En especial, la responsabilidad penal por trata de personas está establecida en el párrafo 1 del artículo 130 del Código Penal, mientras que el artículo 167 se ocupa de la trata de menores.

El párrafo 1 del artículo 130 (Trata de personas), declara:

“La trata de personas es la compra o venta de personas con o sin su consentimiento por medio de engaño, reclutamiento, ocultación, traslado, secuestro, fraude, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, soborno para obtener el consentimiento de una persona que controla a otra, y otros medios de coacción con miras a una venta posterior, a la participación en actividades sexuales o delictivas o a la utilización en conflictos armados, en el negocio de la pornografía, el trabajo forzoso, la esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, esclavitud por deudas, o con miras a la adopción comercial. Esta trata se castigará con la privación de libertad entre cinco y ocho años con confiscación de bienes.

“2.Los actos a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo, si se han cometido:

a)De modo repetido;

b)Por un grupo de personas que actuaban juntas por previo acuerdo;

c)Contra dos o más personas;

d)Con el uso o la amenaza del uso de violencia;

e)Con la intención de extraer de la víctima órganos o tejidos para su trasplante;

f)Por un funcionario o representante de una autoridad abusando de su cargo oficial o por otra persona con un cargo administrativo en una organización comercial o de otra índole;

g)Con traslado de la víctima a través de la frontera estatal de Tayikistán;

se castigarán con privación de libertad entre 8 y 12 años y con la confiscación de bienes.

“3.Los actos a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo:

a)Si tales actos tienen por consecuencia el fallecimiento de una víctima de la trata de personas u otras consecuencias graves;

b)Fueron cometidos por un grupo organizado;

c)Fueron cometidos por un reincidente especialmente peligroso;

se castigarán con privación de libertad entre 12 y 15 años y con la confiscación de bienes”.

El artículo 167 del Código Penal (Trata de menores) prescribe penas en los siguientes términos:

“1.Los actos encaminados a conseguir la venta o compra de un menor, con independencia de la forma en que se cometieron, se castigarán con privación de libertad entre cinco y ocho años.

“2.Los mismos actos, si se cometieron:

a)Repetidamente

b)Contra dos o más menores;

c)Por un grupo de personas actuando juntas por acuerdo previo;

d)Abusando de un cargo oficial;

e)Con exportación ilegal de esta persona a través de la frontera o su importación ilegal desde el extranjero;

f)Con el fin de implicar a la persona en la comisión de un delito o en otro comportamiento antisocial;

g)Con el fin de extraer órganos o tejidos de la persona para su trasplante;

se castigarán con privación de libertad entre 8 y 12 años con o sin suspensión del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades por un período de hasta 3 años.

“3.Los actos a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo:

a)Si los cometió un grupo organizado;

b)Si tales actos causaron un fallecimiento por negligencia u otras consecuencias graves;

se castigarán con privación de libertad por un período de 10 a 15 años con o sin suspensión del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades por un período de 2 a 5 años.

El Código Penal también considera que son delitos penales el secuestro de personas para explotarlas (art. 130), la privación ilegal de libertad (art. 131) y el reclutamiento de personas para explotarlas (art. 132), y prescribe castigos adecuados por la comisión de estos actos.

98.Con arreglo a la Constitución, “Toda persona tiene derecho a trabajar y a escoger su profesión u ocupación y derecho a la protección del trabajo y a la protección social contra el desempleo”. La remuneración por el trabajo no debe ser inferior al salario mínimo.

No se permiten restricciones en las relaciones laborales. Hay que pagar una remuneración igual por un trabajo igual.

Nadie puede ser sometido a trabajos forzosos excepto en los casos prescritos por la ley.

Está prohibido emplear a mujeres y niños en trabajos pesados o bajo tierra o en trabajos en condiciones perjudiciales.

El artículo 8 del Código de Trabajo prohíbe también el trabajo forzado, pero no considera las siguientes actividades como trabajo forzado:

1)Trabajo que puede exigirse con arreglo a la Ley sobre deberes militares generales y el servicio militar, de 29 de noviembre de 2000;

2)Trabajo exigible durante una excepción que pone en peligro la vida, seguridad personal o salud de la población con arreglo a la Ley sobre el régimen jurídico de las situaciones de excepción;

3)Trabajo que puede exigirse por la aplicación de una sentencia de los tribunales o que se realice con la supervisión de las autoridades del Estado responsables de garantizar el cumplimiento de la ley en la aplicación de sentencias de los tribunales dictadas de conformidad con el Código Penal de 1998 y el Código de Ejecución Penal de 2001. En tales casos los trabajadores no se pueden poner a disposición de individuos o de empresas privadas.

El Código Penal y el Código de Ejecución Penal prevén la deducción punitiva de ingresos como uno de los principales tipos de castigos penales.

Por ejemplo, el artículo 52 del Código Penal declara:

“1.Puede ordenarse la deducción punitiva de ingresos en el lugar de trabajo de un convicto o en otros lugares designados por los organismos de ejecución penal, que deben estar situado en su distrito de residencia, por un período de dos meses a dos años, con retención por el Estado de 20 a 25 por ciento de los ingresos del convicto.

“2.En el caso de personas reconocidas como incapacitadas para el trabajo, el tribunal puede sustituir la deducción punitiva de ingreso por una multa calculada sobre la base del salario mínimo de un mes de trabajo correccional.

“3.En el caso de que una persona se niegue persistentemente a cumplir una condena de deducción punitiva de ingresos, el tribunal puede sustituir la parte no completada de la condena por la restricción de libertad, cárcel rigurosa o privación de libertad sobre la base de un día de restricción de libertad por un día de deducción de ingresos, un día de cárcel rigurosa por dos días de deducción de ingresos o un día de privación de libertad por tres días de deducción de ingresos.

“4.La deducción punitiva de ingresos no puede imponerse a:

a)Miembros de las fuerzas armadas;

b)Personas de menos de 16 años de edad;

c)Mujeres de más de 50 años de edad u hombres de más de 60 años de edad;

d)Mujeres embarazadas;

e)Personas en situación de licencia para cuidar de niños;

f)Personas discapacitadas de las categorías I y II.”

De conformidad con el artículo 58 del Código Penal, las personas condenadas a la privación de libertad estarán aisladas de la sociedad en una colonia correccional, una cárcel abierta, una colonia correccional con un régimen ordinario, reforzado, estricto o especial, o una cárcel. Las personas condenadas a la privación de libertad que tengan menos de 18 años en el momento de la condena se alojarán en una colonia educativa con un régimen general o reforzado de conformidad con lo establecido por el Código. El aislamiento de los convictos en relación con la sociedad irá acompañado por la realización de los trabajos que requiera la aplicación de una sentencia de los tribunales, con la supervisión de las autoridades del Estado encargadas de hacer cumplir la ley ejecutando las sentencias de los tribunales.

El trabajo correccional se impone en Tayikistán de conformidad con los requisitos de los artículos 7 y 10 del Pacto. Se está trabajando para mejorar la legislación relativa a las condiciones en que se realiza el trabajo correccional y mejorar las instalaciones creadas a este fin, como cárceles abiertas, colonias de trabajo correccional, etc. Debe señalarse que, con miras a mejorar el sistema de ejecución penal y también como confirmación del compromiso de Tayikistán de observar los derechos humanos y civiles (incluidos los derechos incorporados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) en el cumplimiento de sentencias impuestas por la decisión legal de un tribunal competente, y a la luz de las recomendaciones de las organizaciones internacionales de derechos humanos, Tayikistán ha iniciado la reforma de su legislación y de su sistema de ejecución penal. Por ejemplo, con arreglo al Decreto de la Presidencia nº 855 de 26 de julio de 2002, la administración del sistema de ejecución penal se ha transferido del Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, y han empezado a aplicarse medidas para la reforma gradual del sistema.

En el contexto de la reforma del sistema de ejecución penal, se están realizando actividades para mejorar la legislación pertinente, en concreto para que las disposiciones del Código Penal y del Código de Ejecución Penal sean menos duras.

99.La defensa de la patria, la protección de los intereses del Estado y el fortalecimiento de su independencia, seguridad y capacidad defensiva son el deber sagrado del ciudadano (Constitución, art. 43). Por consiguiente, con arreglo al sentido del párrafo 3 del artículo 8 del Pacto y de conformidad con el artículo 8 del Código de Trabajo de Tayikistán, el servicio militar en Tayikistán no se considera un trabajo forzoso.

Las cuestiones relativas al servicio militar están reglamentadas por la Ley sobre deberes militares generales y el servicio militar, aprobada en 2000.

Con arreglo al artículo 343 del Código Penal, se consideran delitos los siguientes casos de negativa a realizar el servicio militar o alternativo:

1)La negativa a obedecer al llamamiento ordinario a filas para realizar el servicio militar activo, así como la negativa de una persona obligada a realizar el servicio militar a obedecer el llamamiento para realizar entrenamientos o pruebas, a no ser que haya razones jurídicas para liberarle de este servicio, se castigará con una multa entre 500 y 1.000 veces el salario mínimo o con privación de libertad de hasta dos años.

2)La negativa a realizar un servicio alternativo por personas libres del servicio militar se castiga con una multa de 300 a 800 veces el salario mínimo o con cárcel rigurosa de hasta seis meses.

3)La negativa a obedecer un llamamiento para realizar un servicio militar de excepción o un servicio alternativo, si va acompañada por:

a)Un daño deliberado a la propia salud;

b)La falsificación de documentos u otro fraude,

se castiga con la privación de libertad por un período de dos a cinco años.

Nota: La persona llamada a filas no incurre en responsabilidad penal si se presenta al centro de alistamiento antes de que su caso se remita a un tribunal (Código Penal, art. 343).

En Tayikistán no hay un sistema de servicio nacional civil para las personas que se niegan a realizar el servicio militar por objeción de conciencia. La Ley sobre deberes militares generales y el servicio militar prevé un servicio alternativo para las personas exentas del servicio militar. Sin embargo, no hay disposiciones para realizar este servicio. En la práctica, no ha habido casos de ciudadanos exentos del servicio militar que hayan pedido realizar un servicio alternativo.

100. El contrato de empleo es uno de los medios para reglamentar las relaciones laborales y relaciones conexas; al concertar este contrato las partes son libres y disfrutan de igualdad de derechos. Está prohibida la coacción para concertar un contrato de empleo, excepto en los casos en que un contrato de trabajo es obligatorio con arreglo al Código de Trabajo, a otras leyes o a una obligación de las partes aceptada voluntariamente. Está prohibida la negativa injustificada a concertar un contrato de empleo con un trabajador asignado a un trabajo por el servicio de empleo del Estado como parte de un cupo, un programa de trabajos reservados o en otros casos especificados en el Código de Trabajo y otras leyes. No puede negarse el contrato de empleo a un trabajador que se hace cargo de un trabajo después de haber sido traslado desde otra organización por acuerdo mutuo entre los directores de las empresas.

A petición de un trabajador o de un organismo autorizado y en los casos prescritos por el Código de Trabajo, los empleadores deben notificar por escrito al trabajador y al organismo los motivos por lo que se niegan a contratar al trabajador. El trabajador tiene derecho a firmar contratos de empleo con varios empleadores si tiene varios trabajos, siempre que esta acción no esté prohibida concretamente por la ley. La firma de un contrato de empleo en los casos previstos por la ley puede estar sujeta a otras condiciones (examen competitivo, junta de selección). En relación con ello, el artículo 4 del Código de Trabajo estipula que cuando un trabajador concierta voluntariamente un contrato de empleo está obligado a desempeñar a conciencia las funciones que impone el contrato. Por consiguiente la persona que firma un contrato de conformidad con la ley asume voluntariamente la responsabilidad de cumplir los deberes en cuestión, y no hacerlo acarrea las consiguientes consecuencias legales que afectan algunos de los derechos del empleado. Con arreglo al artículo 26 del Código de Trabajo, un contrato de empleo es un acuerdo entre un empleador y un trabajador en virtud del cual el trabajador está obligado a trabajar en uno o más oficios, especialidades o cargos que exigen las correspondientes calificaciones y está sujeto a las normas internas de la empresa, mientras que el empleador está obligado a remunerar a los trabajadores por este trabajo y a facilitar las condiciones de trabajo prescritas por la legislación laboral y otros reglamentos, y por el acuerdo entre las partes. Esto no implica un trabajo forzado u obligatorio en el sentido del artículo 8 del Pacto; este trabajo es parte de los deberes cívicos normales de una persona.

Los párrafos 9 y 11 del artículo 4 de la Ley Constitucional sobre el régimen jurídico de las situaciones de excepción permiten a las autoridades del Estado, en una excepción y a la luz de circunstancias específicas, utilizar los recursos (incluidos los recursos laborales) de empresas, establecimientos y organizaciones para prevenir o eliminar las consecuencias de una excepción, con sujeción al pago subsiguiente de la indemnización que determine el Gobierno, y a reclutar a ciudadanos físicamente capaces para trabajar en estas empresas, establecimientos y organizaciones y eliminar las consecuencias de la excepción, con sujeción a garantías en cuanto a su seguridad. Ésta es una excepción a las reglamentaciones generales y no implica trabajo forzoso u obligatorio en el sentido del Pacto; es parte de los deberes cívicos normales de la persona prescritos por la ley. Esta reglamentación se aplica en circunstancias específicas, a saber únicamente durante un estado de excepción declarado legalmente.

Artículo 9

101. Con arreglo a la Constitución, toda persona tiene derecho a la libertad y a la inviolabilidad personal (art. 18). No puede someterse a nadie a arresto, detención o exilio sin una justificación legal (art. 19).

La detención, al igual que toda otra restricción de la libertad, está reglamentada por el Código de Procedimiento Penal y por el Código de Delitos Administrativos. Las disposiciones jurídicas relativas a la detención son las siguientes:

- La detención se define como la privación temporal de libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito, con objeto de interrumpir su actividad delictiva y de impedir que huya o se oculte o que destruya pruebas.;

- Puede detenerse a una persona antes o después del inicio de las diligencias penales. En este ultimo caso, la detención se permite únicamente por decisión de la persona que lleva cabo la investigación preliminar, un investigador, un fiscal o un tribunal.

Los motivos para detener a una persona con arreglo al párrafo 3 del artículo 412 del Código de Procedimiento Penal son los siguientes:

- Cuando se ha sorprendido a una persona en el momento de cometer un delito o inmediatamente después de cometer un delito;

- Cuando los testigos, incluidas las víctimas directas, han identificado a una persona como la autora del delito;

- Cuando se ha descubierto en la persona, en su entorno inmediato o en su hogar indicios claros de haber cometido un delito;

- Cuando la persona ha intentado huir o carece de residencia permanente, o cuando no puede determinarse su identidad.

102. La cuestión de la detención se trata también en el artículo 257 del Código de Delitos Administrativos, según el cual “en los casos especificados en la legislación de la República de Tayikistán, a fin de prevenir la comisión de delitos administrativos y cuando se han agotado todos los demás medios de influir en una persona o de determinar su identidad, se le puede consignar en arresto administrativo, examinarle para comprobar si está bebido, sacarlo del volante de su vehículo o confiscar su vehículo por un período no superior a tres horas”.

El arresto administrativo es un castigo administrativo y puede imponerse en circunstancias excepcionales por diferentes tipos de delitos administrativos, hasta 15 días. Ordena el arresto administrativo un tribunal o juez de distrito encargado de los procesos administrativos. El arresto administrativo no puede imponerse a mujeres embarazadas, mujeres con hijos de menos de 12 años, personas de menos de 18 años, o personas discapacitadas de las categorías I y II.

103. Garantías de los derechos durante la detención:

- El organismo que lleva a cabo la investigación preliminar o el investigador deben preparar un informe sobre cada detención, incluyendo en él una indicación de los motivos y causas, el momento y el lugar de la detención, las explicaciones facilitadas por el detenido y el momento en que se preparó el informe; el informe debe estar firmado por el funcionario que realiza la detención y por el detenido (Código de Procedimiento Penal, párr. 4 del art. 412).

- El organismo que lleva a cabo la investigación preliminar o el investigador debe presentar a un fiscal en un plazo de 24 horas un informe escrito sobre cada caso de detención;

- El fiscal debe aprobar la detención dentro de 48 horas u ordenar la puesta en libertad del detenido (Código de Procedimiento Penal, párr. 5 del art. 412).

- El organismo que realiza la investigación preliminar o el investigador debe notificar el hecho a la familia del detenido. Si la persona está detenida porque se sospecha que ha cometido un delito grave, sólo se notifica el hecho a la familia si la notificación no obstaculiza el establecimiento de los hechos del crimen. Es obligatorio notificar la detención de un menor a sus padres (Código de Procedimiento Penal, párr. 6 del art. 416).

- El organismo que realiza la investigación preliminar o el investigador debe explicar al detenido los motivos de su detención y sus derechos y deberes (Código de Procedimiento Penal, párr. 11 del art. 412);

- La detención en locales de la policía no debe superar las 72 horas;

- Se pone en libertad al detenido si no se confirma la sospecha de que cometió un delito, o si no hay necesidad de imponerle una medida preventiva de arresto, o si ha vencido el plazo para su detención (Código de Procedimiento Penal, párr. 17 del art. 412);

- La detención ilegal deliberada, a saber la privación temporal de libertad, se castiga con restricción de libertad de hasta tres años, o con cárcel rigurosa de tres a seis meses o con privación de libertad hasta dos años;

- La prisión preventiva ilegal y deliberada se castiga con la privación de libertad hasta tres años (Código Penal, art. 358);

- El enjuiciamiento penal deliberado de una persona a sabiendas de que es inocente se castiga con la privación de libertad de tres a cinco años con suspensión del derecho de desempeñar determinados cargos hasta cinco años (Código Penal, art. 348);

- Dictar deliberadamente una sentencia, una decisión u otros actos judiciales ilegales se castiga con la privación de libertad de tres a cinco años con suspensión del derecho de desempeñar determinados cargos hasta cinco años (Código Penal, art. 349);

104. Garantías de protección durante la detención estipuladas por el Código de Procedimiento Penal:

- El abogado defensor tiene acceso desde el momento en que recibe la notificación de la detención (art. 49);

- Las personas detenidas bajo sospecha tienen derecho a saber de qué son sospechosas; a pedir la verificación por un fiscal de la legalidad de su detención; y a presentar denuncias y solicitudes a las autoridades del Estado y a organizaciones voluntarias y a funcionarios (párr. 11 del art. 412);

- La administración del lugar de detención ofrece a las personas sospechosas de haber cometido un delito la oportunidad de ver a familiares y otras personas (párr. 13 del art. 412);

- Las denuncias y solicitudes dirigidas a un fiscal, a un investigador o a una persona que realiza la investigación preliminar de personas sospechosas de haber cometido un delito se transmiten sin demora al destinatario (párr. 14 del art. 412).

Tayikistán sigue la práctica de examinar a los detenidos cuando ingresan en un lugar de detención o de prisión preventiva a fin de determinar su estado de salud o la presencia de posibles lesiones corporales y de determinar, a petición del detenido, sospechoso, acusado o convicto, si ha sido objeto de violencia: es obligatorio que el personal médico del lugar de detención o de prisión preventiva lleve a cabo el examen sin demora. Los resultados se comunican a la persona interesada. La negativa a llevar a cabo el examen constituye motivo de denuncia a un fiscal.

105. Nadie puede ser detenido o arrestado sin justificación jurídica. Los detenidos tienen derecho a los servicios de un letrado desde el momento de su detención (Constitución, art. 19).

Sin embargo, con arreglo al actual Código de Procedimiento Penal, las disposiciones para el acceso de un abogado defensor son inadecuadas y no concuerdan plenamente con los requisitos del artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De conformidad con el artículo 48 del Código de Procedimiento Penal, las personas acusadas tienen derecho a participar en los procesos ante tribunales de primera instancia. Estos proceso se llevan a cabo en presencia del acusado, y esta presencia es obligatoria; si la persona no comparece, la causa debe aplazarse (Código de Procedimiento Penal, art. 246 y 247).

Con arreglo al artículo 50 del Código Penal una persona acusada o procesada puede pedir a un abogado que participe en su defensa. La persona acusada o procesada puede despedir a su abogado defensor en cualquier momento; en tales casos la defensa correrá a cargo de la persona acusada o procesada. Sin embargo el artículo 51 del Código especifica algunos tipos de causas en las que es obligatoria la participación de un abogado defensor; el investigador o el tribunal nombra luego el abogado defensor por conducto de la Abogacía.

106. La Orden nº 2 del Fiscal General de 10 de agosto de 2000 sobre el fortalecimiento de la vigilancia por los fiscales del cumplimento estricto de la ley en relación con la detención, arresto, enjuiciamiento penal, procesamiento y condena de ciudadanos, que es vinculante para todos los organismos del Estado encargados de aplicar la ley, obliga a los miembros de los organismos encargados de aplicar la ley a cumplir estrictamente la ley en relación con la detención y arresto de ciudadanos. Los órganos de la fiscalía vigilan sistemáticamente el cumplimiento de esta Orden en las celdas de la policía, locales de detención y prisión preventiva; si se descubre alguna violación, se procesa a los funcionarios encargados de aplicar la ley.

Los órganos de la fiscalía descubrieron las siguientes violaciones:

- Detención ilegal de ciudadanos en locales de detención: en 1999, 19; en 2000, 46; en 2001, 63; en 2002, 41;

- Enjuiciamientos ilegales: en 1999, 25; en 2000, 25, en 2001, 48; en 2002, 16;

- Arrestos ilegales: en 1999, 30; en 2000, 25; en 2001, 33; en 2002, 13 2 .

La mayoría de delitos consistentes en una detención ilegal son cometidos por organismos que realizan investigaciones iniciales; la policía y el Organismo de Control de Estupefacientes de la Presidencia. Por ejemplo, funcionarios del Organismo de Control de Estupefacientes detuvieron injustificadamente a siete personas en 2000, cuatro en 2001 y nueve en 2002 2 .

Las comprobaciones realizadas por organismos de la fiscalía en 2000-2003 dieron por resultado acciones disciplinarias contra 169 empleados de organismos del interior y 104 empleados de órganos de la fiscalía; se despidió a 8 empleados de organismos del interior y órganos de la fiscalía por transgredir la ley en relación con la detención y arresto de ciudadanos. Se incoaron diligencias penales en 18 casos por detención ilegal de ciudadanos por funcionarios de la milicia, que luego fueron condenados por los tribunales 2 .

107. El artículo 133 del Código Penal define la responsabilidad penal por el ingreso ilegal en un hospital psiquiátrico y prescribe una pena de privación de libertad de cinco a ocho años con suspensión del derecho a desempeñar determinados cargos hasta tres años.

El derecho procesal presta una atención especial a cuestiones relacionadas con la elección de medidas preventivas. Con arreglo al artículo 82 del Código Penal los organismos encargados de la instrucción del caso y los tribunales están autorizados a imponer a los acusados las siguientes medidas preventivas:

- Firma de una promesa de no abandonar el distrito;

- Caución judicial;

- Vigilancia por la jefatura de una unidad militar;

- Fianza;

- Prisión preventiva.

108. Con arreglo a los artículos 6 y 90 del Código de Procedimiento Penal, un tribunal puede imponer la prisión preventiva como medida preventiva o puede imponerse con la aprobación de un fiscal únicamente por delitos cuyo castigo prescrito por la ley adopta la forma de privación de libertad por un período de más de un año. Esta medida sólo puede imponerse en circunstancias excepcionales por la comisión de un delito y acarrearía una condena de menos de un año de privación de libertad. Estas circunstancias incluyen las siguientes situaciones: el sospechoso o acusado no tiene permiso de residencia o su identidad no puede determinarse; ha violado una medida preventiva impuesta anteriormente; se ha evadido del organismo de investigación o del tribunal.

Puede ordenarse la prisión preventiva de menores si se sospecha que han cometido un delito grave o especialmente grave o se les acusa de ello, y únicamente en circunstancias excepcionales por delitos intermedios.

109. Con arreglo al derecho procesal de Tayikistán, puede imponerse prisión preventiva como medida de precaución a acusados, procesados o sospechosos cuando el delito en cuestión puede castigarse con la privación de libertad por un período superior a un año. Puede imponerse prisión preventiva por decisión de un investigador o de la persona que lleva a cabo una investigación inicial aprobada por un fiscal o por la decisión de un tribunal que ordena prisión preventiva como medida preventiva (Código de Procedimiento Penal, art. 90, 413 y 415). Las personas en prisión preventiva tienen derecho con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 221 del Código a apelar al tribunal contra su detención o la prórroga de esta detención, directamente o por conducto del abogado defensor.

Los procedimientos de prisión preventiva se aplican también a personas cuyas condenas no han entrado en vigor.

La legislación sobre detención preventiva establece las normas que rigen el ingreso de personas de esta categoría en lugares de detención preventiva, como medida de precaución para excluir la posibilidad de que se oculten de las autoridades investigadoras o de los tribunales, obstaculicen las iniciativas encaminadas a determinar la verdad o se dediquen a actividades criminales, o para garantizar el cumplimiento de una sentencia. Las personas en prisión preventiva como medida de precaución están detenidas en centros de detención preventiva. En algunos casos las personas de esta categoría permanecen en los locales de la policía durante más de tres días. Si los presos no pueden ser trasladados a un lugar de prisión preventiva debido a la distancia o a la falta de un transporte adecuado, pueden permanecer en las celdas de la policía por un período más largo, pero no por más de 20 días. En tales casos, y cuando las personas en situación de prisión preventiva como medida de precaución permanecen en la cárcel, se les mantiene en las condiciones prescritas por los artículos 413 a 431 del Código de Procedimiento Penal.

110. El fiscal debe estudiar cuidadosamente todos los documentos del expediente para decidir si aprueba una solicitud de detención preventiva. En caso necesario, debe interrogar personalmente a la persona en cuestión; esto es obligatorio en todos los casos de menores. Por lo tanto mantener a una persona en prisión preventiva a la espera de las diligencias penales no es una regla general; en cada caso específico (teniendo en cuenta la gravedad de la acusación, el carácter del acusado y su edad, estado de salud y situación familiar), las autoridades investigadoras o los tribunales pueden imponer un tipo u otro de medida preventiva.

Con arreglo al artículo 96 del Código de Procedimiento Penal, debe revocarse una medida preventiva si ya no es necesaria o debe sustituirse por una medida menos severa cuando así lo exijan las circunstancias del caso.

111. El derecho procesal otorga a las personas en prisión preventiva y a su abogado defensor o representantes legales el derecho a recurrir ante un tribunal contra la decisión de un fiscal de ponerlas en prisión preventiva. El fiscal o el investigador debe transmitir esta apelación al tribunal en un plazo de 24 horas, junto con la documentación que confirma la legalidad y los motivos de la prisión preventiva como medida de precaución (Código de Procedimiento Penal, párr. 1 del art. 221)

Un juez del lugar donde está detenida la persona en cuestión verifica la legalidad y los motivos de la imposición de una prisión preventiva o de su prórroga. El juez debe realizar esta determinación no más tarde de tres días después de recibir los documentos del caso. Es obligatorio que la persona en prisión preventiva participe en el proceso de verificación. Únicamente en casos excepcionales, cuando esta persona pide que su solicitud se examine en su ausencia o se niega libremente a participar puede reunirse el tribunal sin su presencia.

112. Después de la verificación, el juez dicta una de las siguientes decisiones:

1) Revocación de la prisión preventiva y puesta en libertad del detenido;

2) Rechazo de la apelación.

En el caso de que no se hayan presentado los documentos confirmando la legalidad o los motivos de la imposición de la detención preventiva o su prórroga, el juez ordena la revocación de esta medida preventiva y la puesta en libertad del detenido.

Se transmiten al fiscal y al apelante copias de la decisión del juez, y si se ordena la puesta en libertad del detenido se envía copia al lugar de detención para aplicar inmediatamente la medida. Si el detenido cuya puesta en libertad se ordena está presente en la vista ante el tribunal, el juez lo pone inmediatamente en libertad en la misma sala del tribunal (Código de Procedimiento Penal, párr. 2 del art. 221).

113. El Código de Procedimiento Penal prescribe los plazos de las investigaciones iniciales y de la instrucción del caso (art. 117 y 127), de la prisión preventiva (art. 92) y de la vista de la causa una vez remitida a un tribunal (art. 240); también especifica los procedimientos para prorrogar estos plazos. Por consiguiente la ley ha establecido una situación en la que todas las personas acusadas son juzgadas sin demora indebida.

114. Con arreglo al artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, un acusado o un procesado puede invitar a un abogado a participar en su defensa. El acusado o procesado puede despedir en cualquier momento a su abogado; en tales casos la defensa corre a cargo del acusado o procesado. Sin embargo el artículo 51 del Código especifica algunos tipos de causas en las que la participación del abogado defensor es obligatoria; lo nombra entonces el investigador o el tribunal por conducto de la Abogacía.

115. El Código Penal establece la responsabilidad penal de arrancar información mediante amenazas, chantaje u otros actos ilegales por parte de la persona que lleva a cabo la instrucción del caso o del tribunal que administra justicia (art. 354).

116. El castigo es una medida coactiva ordenada por un tribunal y adopta la forma de la suspensión o restricción de los derechos y libertades del condenado. El castigo se impone con el fin de restablecer la justicia social, reformar al condenado y prevenir la comisión de más delitos por el condenado o por otros.

El Código Penal adopta un enfoque diferenciado para la imposición de castigos penales. Los castigos más severos son cárcel rigurosa, privación de libertad y sentencia de muerte.

Cárcel rigurosa significa mantener a una persona en un confinamiento estricto y puede ordenarla un tribunal por un período de uno a seis meses.

La privación de libertad significa aislar a una persona de la sociedad asignándole a una colonia correccional, cárcel abierta, colonia correccional de trabajo con régimen ordinario, reforzado, estricto o especial, o cárcel. Se puede ordenar la privación de libertad por un período de 6 meses a 20 años. En caso de coincidencia parcial o total de períodos de privación de libertad por condenas simultáneas de delitos múltiples, el período máximo de privación de libertad no puede exceder los 25 años.

117. Con arreglo al artículo 311 del Código de Procedimiento Penal se dicta un veredicto de absolución cuando:

1) No se ha determinado que haya habido delito;

2) El acto del procesado no constituye un delito;

3) La participación del procesado en la comisión del delito no se ha demostrado.

Cuando un procesado que está en prisión provisional es absuelto se le pone en libertad sin condena o se remite su condena, o si su condena no acarrea privación de libertad el juez le pone inmediatamente en libertad en la misma sala del tribunal.

118. Una garantía importante de la protección de los derechos humanos y civiles y de las libertades con arreglo a la legislación actual es la restauración de los derechos jurídicos de una persona, incluido el derecho a recibir indemnización por los perjuicios materiales y morales y la restauración de los derechos sobre pensión, vivienda y otros derechos.

Con arreglo al artículo 85 del Código Penal, una persona que no ha cometido un delito y ha sido procesada sin justificación o ha sido condenada ilegalmente tiene derecho a la restauración de sus derechos jurídicos; en otras palabras el tribunal debe reconocer que se le procesó sin justificación o que se le condenó ilegalmente.

Se concede a la persona damnificada la plena restauración de sus derechos jurídicos.

El Estado paga una indemnización completa por el perjuicio causado a la persona por una condena ilegal o un proceso ilegal.

La indemnización por el perjuicio material y moral causado a una persona a consecuencia de una acción ilegal de las autoridades del Estado o de órganos públicos se paga de conformidad con la ley y a sus expensas (Constitución, art. 32). Esta norma constitucional se aplica de conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal y con los artículos 5 y 116 del Código de Procedimiento Civil, y de conformidad con otras legislaciones. Se prescribe indemnización en todos los casos en los que una persona sufre perjuicios materiales durante la comisión de un delito. Una persona puede ejercer este derecho independientemente o solicitándolo a un fiscal para que actúe en nombre suyo.

El derecho a la indemnización se plantea en casos de absolución, cuando una causa final termina porque no se determinó la ocurrencia del delito, cuando el acto del procesado no constituye delito, cuando no está demostrada la participación del procesado en la comisión del delito, o cuando termina una causa por delito administrativo.

El juez M. Shamsiddinova del tribunal de distrito de Frunze en Dushanbe, que había estado en prisión preventiva durante nueve meses por sospecharse que había cometido un delito en virtud del artículo 17, del párrafo 1 del artículo 183 (Abuso de cargo oficial), del párrafo 2 del artículo 188, del párrafo 2 del artículo 187 (Cohecho) y del párrafo 2 del artículo 196 del Código Penal, fue absuelto por decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 14 de noviembre de 1997. Una sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1998 concedió una indemnización de importe adecuado al juez Shamsiddinova.

Además de notificar el sobreseimiento del caso o de entregar una copia del veredicto de absolución al interesado, o si falleció a sus dependientes, se le notifica su derecho a percibir indemnización y el procedimiento a seguir para la indemnización. No más tarde de seis meses después de la fecha de recepción de esta notificación la persona en cuestión puede presentar una solicitud al órgano que decidió sobreseer la causa o que dictó el veredicto de absolución. Esta solicitud debe recibir respuesta no más tarde de un mes y debe adoptarse una decisión (sentencia) sobre su aprobación o rechazo. Si se aprueba la solicitud, el órgano que se ocupa de ella debe enviar una copia de su decisión (sentencia) al solicitante o a sus herederos en el plazo de tres días de modo que en el plazo de cinco días el solicitante o sus herederos puedan obtener un cheque expedido por el departamento de finanzas de la autoridad local pertinente ( khukumat ). Las agencias del Banco Nacional pagan el importe de la indemnización contra presentación del cheque de la autoridad local.

Si la persona interesada no está de acuerdo con la decisión adoptada sobre su solicitud, puede recurrir contra ella ante los tribunales.

Artículo 10

119. El Artículo 10 de la Constitución de Tayikistán declara que los instrumentos internacionales jurídicos reconocidos por Tayikistán forman parte del sistema jurídico nacional. Con arreglo a esta disposición, las autoridades penitenciarias adoptan medidas para aplicar los requisitos de los siguientes instrumentos internacionales: Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, de las Naciones Unidas; el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y otros instrumentos relacionados con el trato de personas privadas de su libertad

El Código de Ejecución Penal de Tayikistán se elaboró y aprobó en 2001 teniendo debidamente en cuenta las normas del derecho internacional sobre la observancia y protección de los derechos de los reclusos. Comparado con la versión anterior, el nuevo Código de Ejecución Penal contiene un gran número de disposiciones sobre la protección de los derechos de personas privadas de libertad y amplía las oportunidades de contacto entre los convictos y el mundo exterior en cuanto a visitas, correspondencia, conversaciones telefónicas y recepción de paquetes.

120. El artículo 3 del Código de Ejecución Penal declara que el objeto de la corrección penal no es solamente penalizar la fechoría sino también alentar a los delincuentes a reformarse y prevenir la reincidencia, incluidos los delitos cometidos por otras personas. La base de las correcciones penales y la aplicación de otras medidas del derecho penal es el fallo ejecutorio de un tribunal o un dictamen o decisión que enmiende este fallo (Código de Ejecución Penal, art.4).

El artículo 47 del Código Penal especifica las siguientes formas de castigo:

a) Multa;

b) Pérdida del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades;

c) Pérdida de rango militar, graduación de servicio y honores del Estado especiales;

d) Deducción punitiva de ingresos;

e) Restricciones relacionadas con el servicio militar:

f) Restricciones de la libertad;

g) Prisión rigurosa a corto plazo;

h) Detención en una unidad militar disciplinaria;

i) Confiscación de bienes;

j) Privación de libertad;

k) Pena de muerte.

La introducción de la pena de prisión rigurosa a corto plazo a que se refieren los artículo 62 a 69 y 160 a 165 del Código de Ejecución Penal se ha aplazado hasta 2008 (decisión nº 846 de 7 de mayo de 2003 del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli de la República de Tayikistán ).

121. Con miras a alentar más la desmilitarización y democratización y de garantizar un trato más humano de las personas privadas de libertad y el respeto de su dignidad Tayikistán está emprendiendo un programa de reforma jurídica, durante el cual tiene la intención de mejorar el sistema penitenciario y adecuarlo a las normas internacionales. Una estrategia esencial para crear condiciones más humanas es transferir las penitenciarías (cárceles y colonias) de la jurisdicción del Ministerio del Interior a la del Ministerio de Justicia, de conformidad con el Decreto de la Presidencia nº 855 de 26 de julio de 2002 sobre la reforma del sistema de corrección penal. El Ministerio de Justicia no se dedica a luchar contra el delito como el Ministerio del Interior y puede administrar con independencia las correcciones penales.

Se ha establecido una oficina de la fiscalía encargada de vigilar el cumplimiento de la ley en los lugares de privación de libertad, a fin de garantizar una vigilancia de la fiscalía más eficaz y oportuna; la oficina se encarga de garantizar que la ley se cumpla escrupulosamente en estos lugares.

122. El artículo 95 del Código de Ejecución Penal estipula que se permite a los convictos enviar y recibir cartas y telegramas, sin restricciones pero a costa de ellos. Con arreglo al artículo 92, los convictos tienen derecho a realizar llamadas telefónicas. Se permite a los convictos en celdas de castigo, unidades disciplinarias, celdas especiales y celdas de prisión incomunicada hacer llamadas telefónicas únicamente en circunstancias personales excepcionales.

Se aplican las siguientes normas sobre visitas y envío de paquetes y paquetes postales:

1) En las colonias correccionales de régimen ordinario (Código de Ejecución Penal, art. 128), los presos convictos tienen derecho a ocho visitas breves o seis visitas largas al año y a recibir un número ilimitado de paquetes postales, paquetes entregados a mano y otros paquetes. Si el preso no está castigado por infringir las normas del lugar y tiene una actitud consciente hacia el trabajo, después de seis meses se le permite un número de visitas ilimitado y puede salir de la penitenciaría durante una licencia anual.

2) En las colonias correccionales de régimen reforzado (Código de Ejecución Penal, art. 130), se permite a los convictos seis visitas breves y cuatro largas y tienen derecho a recibir un paquete postal y un paquete sin restricciones. Si el preso no está castigado por haber infringido las normas del lugar y tiene una actitud consciente hacia el trabajo, al cabo por lo menos de un año se le permite visitas sin limitaciones y puede salir de la penitenciar durante una licencia anual, de conformidad con la decisión de la administración.

En colonias correccionales de régimen estricto (Código de Ejecución Penal, art. 132) se permite a los convictos cuatro visitas breves y tres visitas largas y tienen derecho a recibir un paquete postal, un paquete entregado a mano y un paquete sin restricción.

3) En las colonias de regímenes especiales (Código de Ejecución Penal, art. 134) se permite a los convictos tres visitas breves y dos largas y tienen derecho a recibir un paquete postal, un paquete entregado a mano y un paquete sin restricción.

4) Los convictos que cumple su condena en una cárcel (Código de Ejecución Penal, art. 136) tienen derecho a dos visitas breves y dos largas, a recibir paquetes postales, un paquete entregado a mano y un paquete sin restricción, y a dos horas de ejercicio al día.

5) Los convictos en cárceles de régimen estricto tienen permitidas dos visitas breves al año. También tienen derecho a recibir paquetes postales, paquetes entregados a mano y otros paquetes sin restricción, y a hacer una hora diaria de ejercicio.

6) Los convictos que cumplen su condena en reformatorios de régimen ordinario (Código de Ejecución Penal, art. 140) tienen derecho a visitas breves sin restricciones y a seis visitas largas al año. Tienen derecho a recibir paquetes postales, paquetes entregados a mano y otros paquetes sin restricción.

7) Los presos convictos en reformatorios de régimen reforzado (Código de Ejecución Penal, art. 14) pueden recibir visitas breves sin restricciones y cuatro visitas largas y tienen derecho a recibir paquetes postales, paquetes entregados a mano y otros paquetes sin restricción.

8) En las cárceles abiertas de trabajo correccional (Código de Ejecución Penal, art. 126) se vigila más que se guarda a los convictos. Según sean las tareas diarias, pueden moverse libremente por el lugar. Pueden salir del recinto de la cárcel sin vigilancia, con permiso de la administración, si asi lo requiere el tipo de trabajo o de estudio que realizan. Pueden vivir con sus familias en alojamientos arrendados con el consentimiento del gobernador de la cárcel abierta o en su propio alojamiento, dentro de la prisión abierta o fuera de ella.

9) Los convictos en celdas de castigo pierden el derecho a tener visitantes, hacer llamadas telefónicas, comprar comida y recibir paquetes postales, paquetes entregados a mano o paquetes.

10) Cada mes, los convictos en celdas especiales o en prisión incomunicada tienen derecho a gastar en alimentos y artículos esenciales, por un valor doble del salario mínimo fijado, el dinero que hayan ganado en la institución correccional. También tienen derecho a recibir un paquete postal o paquete entregado a mano y un paquete cada seis meses, hacer 90 minutos de ejercicio al día y, con consentimiento de la administración, recibir una visita breve cada seis meses.

El artículo 123 del Código de Ejecución Penal declara que se denegará a los presos en celdas de castigo visitas, llamadas telefónicas y el derecho a comprar alimentos y a recibir paquetes postales, paquetes entregados a mano o paquetes, aunque conservarán el derecho a una hora diaria de ejercicio.

Cada mes los convictos trasladados a celdas especiales tienen derecho a gastar el dinero que han ganado en la institución correccional en alimentos y artículos esenciales, por un valor doble del salario mínimo fijado; a recibir un paquete postal o un paquete entregado a mano y un paquete cada seis meses; a hacer 90 minutos de ejercicio al día y, con consentimiento de la administración, a recibir una visita breve cada seis meses.

Los convictos en celdas de castigo que son trasladados a celdas especiales o en prisión incomunicada trabajan separados de los demás presos. El período total de confinamiento en celdas especiales o de prisión incomunicada no puede superar los seis meses en el transcurso de un año, o 16 días en una celda de castigo (Código de Ejecución Penal, art. 123).

123. Las personas privadas de libertad por un fallo de los tribunales permanecen en instituciones correccionales.

Los tribunales al dictar una sentencia de privación de libertad tienen en cuenta la gravedad del delito y el carácter del procesado.

Los hombres privados de libertad son sentenciados de los modos siguientes:

- Los convictos que han cometido un delito por negligencia y que han sido condenados a no más de cinco años de privación de libertad son enviados a cárceles abiertas;

- Los hombres declarados culpables por primera vez que han cometido intencionadamente delitos de menor entidad o intermedios y los convictos que han cometido delitos por negligencia y han sido sentenciados a más de cinco años de privación de libertad, son enviados a colonias correccionales de régimen ordinario;

- Los hombres declarados culpables por primera vez que han cometido un delito grave son enviados a colonias correccionales de régimen reforzado;

- Los hombres declarados culpables por primera vez que han cometido un delito especialmente grave y los reincidentes si están cumpliendo o han cumplido antes una condena de privación de libertad, son enviados a colonias correccionales de régimen estricto.

- Los convictos que el tribunal califica de delincuentes reincidentes especialmente peligrosos o cuya pena de muerte se ha conmutado por la de privación de libertad mediante un perdón, son enviados a colonias correccionales de régimen especial.

124. Las mujeres privadas de libertad son sentencias de los siguientes modos:

- Las convictas que han cometido un delito por negligencia son enviadas a cárceles abiertas;

- Las convictas que el tribunal considera delincuentes reincidentes especialmente peligrosas son enviadas a colonias correccionales de régimen estricto;

- Otras mujeres son enviadas a colonias correccionales de régimen ordinario.

El párrafo 7 del artículo 58 del Código Penal declara que, según sea el carácter y magnitud del peligro social del delito, el carácter del delincuente y otros factores, el tribunal puede especificar que una condena se cumpla en un régimen menos oneroso.

Al 1º de diciembre de 2003 había 507 presas. Tayikistán tiene una colonia correccional de régimen ordinario para mujeres. De conformidad con las disposiciones de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, de las Naciones Unidas, relativas a la proximidad de los lugares de detención de mujeres a los lugares de residencia permanente de sus familias, y habida cuenta de que la mayoría de convictas proceden de las regiones central y meridional de Tayikistán, la colonia correccional de mujeres se trasladó en marzo de 2003 del norte al centro del país; esto ha facilitado que las presas mantengan vínculos con sus familias.

125. Se puede ordenar a las personas condenadas a más de 10 años de cárcel por delitos especialmente graves, y también a los delincuentes reincidentes especialmente peligrosos que cumplan parte de su condena – pero no más de cinco años- en una cárcel. Los convictos que cumplen su condena en una cárcel están en celdas separadas.

126. Los convictos condenados a la privación de libertad que tenían menos de 18 años cuando el tribunal los condenó son enviados a reformatorios de régimen ordinario o reforzado, mientras que las convictas están exclusivamente en reformatorios de régimen ordinario.

127. Un tribunal puede cambiar el tipo de institución correccional a la cual se asigna un convicto por los motivos y con arreglo al procedimiento especificados en el Código de Ejecución Penal y otras leyes nacionales.

128. Entre otras cosas, la legislación sobre la ejecución penal tiene por objeto proteger los derechos, libertades y legítimos intereses de los convictos, prestarles asistencia y promover su adaptación social. En el proceso de la corrección penal, se aplican restricciones mínimas a los derechos de los convictos, en otras palabras, se aplican únicamente las restricciones necesarias para conseguir los fines del castigo.

129. El artículo420 de Código de Procedimiento Penal estipula que los presos convictos deben estar segregados de las personas detenidas. A diferencia de la condición jurídica de los presos convictos, la condición jurídica de las personas en detención preventiva está reglamentada por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal. La prisión preventiva se utiliza únicamente como medida preventiva para las personas acusadas de un delito, los procesados y las personas de quienes se sospecha que han cometido un delito punible por la ley con la privación de libertad, a fin de evitar que puedan ocultarse de las autoridades investigadores o los tribunales y obstaculizar los esfuerzos por determinar la verdad o que se dediquen a actividades delictivas.

130. Las personas en prisión preventiva tiene los mismos derechos y obligaciones legales que todos los ciudadanos de Tayikistán, con sujeción a las restricciones que conlleva su condición de detenidos en prisión preventiva. Los principales requisitos en el régimen de prisión preventiva son que debe mantenerse la consideración de los presos como personas inocentes, que los detenidos deben estar aislados del mundo exterior y que deben estar vigilados continuamente.

Tayikistán tiene seis centros de prisión preventiva que albergan a personas sometidas a enjuiciamiento penal. Las prisiones preventivas deben cumplir la condición de que los hombres estén separados de las mujeres, los menores de los adultos, y las personas acusadas o sospechosas de haber cometido delitos graves y los reincidentes especialmente peligroso de otros presos. Estas disposiciones no cumplen plenamente los requisitos del artículo 8 de las Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, de las Naciones Unidas, relativas a la detención de mujeres y de delincuentes de sexo femenino menores de edad en diferentes instituciones, porque actualmente Tayikistán carece de los necesarios recursos financieros.

131. El programa estatal de educación en derechos humanos de Tayikistán, aprobado por la Decreto nº 272 de 12 de junio de 2001 tiene por objeto impartir a detenidos y presos instrucción, información y educación en derechos humanos suficiente para que puedan afirmar sus derechos legítimos. A este fin, el programa contempla lo siguiente:

- Elaboración y publicación de folletos, carteles y opúsculos con información sobre las disposiciones básicas del derecho de Tayikistán y de los instrumentos jurídicos internacionales que establecen las normas para el tratamiento de detenidos y presos;

- Conferencias, debates, actividades temáticas y temas informativos;

- Entrega a los presos de información escrita sobre las normas que rigen su trato, teniendo en cuenta los requisitos disciplinarios de la institución;

- Disponibilidad de salas para reuniones de convictos con sus familiares, y materiales relacionados con los derechos humanos;

- Organización de una sección de derechos humanos en el espacio reservado a la educación jurídica;

- Disponibilidad de zonas donde los detenidos puedan obtener información esencial sobre los derechos humanos;

- Familiarizar a los presos con sus derechos al salir de la institución correccional y entregarles una lista de verificación sobre sus derechos al ser puestos en libertad.

132. Las personas en situación de prisión preventiva viven en celdas comunes. En casos excepcionales, con arreglo a una decisión razonada de la persona o el organismo que se ocupa del caso o del administrador de la prisión preventiva, y con la autorización del fiscal, pueden alojarse en celdas individuales.

En la práctica, las disposiciones sobre detención en las prisiones preventivas no concuerdan con la consideración de una persona a la que todavía no se ha declarado culpable. A diferencia de los convictos, la persona en prisión preventiva no puede recibir visitas familiares, correspondencia ni llamadas telefónicas. Los detenidos pueden verse con sus familiares o su abogado únicamente con permiso de la persona que realiza la investigación.

Sigue habiendo en Tayikistán locales de prisión preventiva del viejo estilo, a pesar de las disposiciones de la regla 9 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, relativas a la necesidad de ofrecerles celdas o habitaciones individuales. Las instalaciones sanitarias están situadas en las misma celdas, lo cual no responde tampoco a las exigencias de la higiene. No se dispone actualmente de recursos materiales para rectificar estos casos de incumplimiento.

Una orden del Ministerio del Interior establece normas para acomodar a los presos en celdas, a saber un mínimo de 2,5 metros cuadrados por persona (excepto mujeres embarazadas, que tienen derecho a 4 metros). Las normas establecidas se cumplen actualmente, porque los locales de prisión preventiva tienen una capacidad de 2.620 detenidos y albergan actualmente a 2.020 personas 3 .

El Estado paga normalmente los artículos de uso diario y el tratamiento médico de los detenidos en prisión provisional, de conformidad con las normas pertinentes. Si bien cada año aumenta la financiación de estas partidas, las normas no garantizan todavía una cantidad suficiente para mantener a una persona. Se han eliminado las anteriores restricciones sobre la recepción de paquetes postales y otros paquetes entregados a mano a fin de satisfacer la necesidad que tienen las personas en prisión preventiva de artículos de uso corriente.

133. Las prisiones preventivas son lugares de detención donde se acomoda a personas para las que se ha prescrito esta prisión como medida preventiva. En algunos casos las personas de esta categoría pueden estar en cárceles, locales de la policía o cárceles militares.

134. Las personas en prisión preventiva no pueden permanecer más de tres días en locales de la policía. Si los presos no pueden trasladarse a una prisión preventiva debido a la distancia o a la falta de transporte adecuado, pueden permanecer en locales de la policía, pero no más de 20 días. En tales casos, y también cuando se alojan en una cárcel, las personas en prisión preventiva estarán sujetas a las disposiciones para la prisión preventiva especificadas en la sección 10 del Código de Procedimiento Penal.

135. Si una persona que cumple una condena en un lugar de privación de libertad está sujeta a diligencias penales por otro delito, y se prescribe la prisión preventiva como medida de precaución, la persona en cuestión, si así lo decide la persona u órgano encargado del caso, puede estar detenido en las celdas de castigo de la colonia correccional a la espera de su transferencia a un local de prisión preventiva.

136. El artículo 429 del Código de Procedimiento Penal especifica que si las personas en prisión preventiva ofrecen resistencia física a los funcionarios de un local de prisión preventiva, se comportan sediciosamente o cometen otros actos violentos, se les puede esposar o poner una camisa de fuerza para prevenir que se lesionen o que lesionen a las personas de su entorno. Si un detenido en prisión preventiva ataca o realiza otros actos con la intención de poner en peligro las vidas de funcionarios del lugar de detención u otras personas, o si el preso huye del lugar de detención, puede utilizarse armas en circunstancias excepcionales si no hay otro modo de interrumpir estos actos. Las armas no pueden utilizarse contra mujeres o menores que huyen de su detención.

La administración del local de prisión preventiva debe notificar inmediatamente a un fiscal todos los incidentes en los que se utilizaron armas de fuego.

El artículo 427 del Código Penal estipula que la administración de un local de prisión preventiva puede aplicar las siguientes sanciones a los detenidos que violan los reglamentos:

- Aviso o reprimenda:

- Servicio especial de limpieza de celdas

- Pérdida del derecho a comprar alimentos y recibir el siguiente paquete postal y paquete entregado a mano durante un mes.

Los detenidos en prisión preventiva que violan deliberadamente el régimen del lugar pueden estar detenidos en una celda de castigo hasta 10 días, después de una decisión razonada del administrador del lugar de prisión preventiva, y los menores hasta 5 días. Las mujeres embarazadas y las mujeres cuyos hijos están detenidos con ellas no pueden ser enviadas a las celdas de castigo.

Las sanciones impuestas a los detenidos en prisión preventiva están en consonancia con la gravedad e índole del delito. Están prohibidas las medidas encaminadas a causar a los detenidos en prisión preventiva sufrimientos físicos o a menoscabar su dignidad.

137. El artículo 125 del Código de Ejecución Penal distingue entre cárceles abiertas para convictos condenados por los tribunales y cárceles abiertas para convictos trasladados desde colonias de regímenes ordinario, reforzado o estricto, según haya sido su historial de buen comportamiento. Los convictos cumplen sus condenas de privación de libertad en condiciones idénticas en ambas categorías de cárceles. Los hombres y mujeres convictos pueden estar detenidos en la misma cárcel abierta.

En las cárceles abiertas los presos no están retenidos; pueden desplazarse libremente por el recinto de la colonia de conformidad con sus tareas diarias; pueden salir sin vigilancia del recinto de la cárcel, con sujeción al permiso de la administración; y tienen derechos de propiedad y de visitas no restringidos. Residen normalmente en viviendas designadas especialmente y, si no han cometido faltas disciplinarias, pueden vivir con sus familias en el recinto de la cárcel abierta, si así lo permite el gobernador.

138. El requisito de que los convictos estén detenidos separadamente no se aplica a los hospitales de seguridad ni a las colonias correccionales con hogares de niños adjuntos. Las personas enviadas a estas colonias están detenidas de conformidad con las disposiciones especificadas por el tribunal. Las personas infectadas con el VIH viven separados de otros convictos con otras enfermedades infecciosas. Un total de 1.150 convictos con tuberculosis y de 22 convictos infectados con el VIH están cumpliendo condena en lugares de privación de libertad 3 .

139. Las personas que cumplen condena en lugares de privación de libertad reciben los servicios esenciales de conformidad con los reglamentos de salud e higiene.

Se proporciona a los convictos una cama separada y ropa de cama. Se les da vestido, ropa interior y calzado adecuado a la estación, teniendo en cuenta la edad, sexo y condiciones climáticas.

Se alimenta a las personas privadas de libertad de modo suficiente para asegurar las funciones corporales normales. Las raciones alimentarias varían según el estado de la salud, la edad, las condiciones climáticas, la situación de la colonia correccional, y el tipo y dificultad del trabajo realizado por los convictos. Los convictos pueden utilizar el dinero que ganan con su trabajo en la cárcel para comprar comida adicional además de las asignaciones establecidas. Se facilita gratuitamente alimentos y artículos esenciales a los convictos que no tienen salario por motivos que escapan a su control y a los convictos sin dinero en sus cuentas personales.

Las mujeres embarazadas, las madres lactantes, los menores y las personas incapacitadas de las categorías 1 y 2 tienen mejores condiciones de vida y reciben raciones de comida más generosas (Código de Ejecución Penal, art. 104).

Las personas privadas de libertad tienen también derecho a satisfacer sus necesidades materiales obteniendo ropa, artículos esenciales y comida de familiares o de otros orígenes, a cuenta propia.

140. Se han establecido dependencias médicas y hospitales que funcionan en colonias correccionales para prestar tratamiento médico a personas privadas de libertad, y hay un hospital de seguridad para el alojamiento y los cuidados exteriores de convictos que sufren tuberculosis, alcoholismo crónico y adicción a drogas e infección con el VIH.

Un preso convicto tiene derecho a ser enviado para recibir tratamiento en instituciones médicas privadas.

Las administraciones penitenciarias deben aplicar las medidas necesarias de salud, higiene y profilaxis para proteger la salud de los convictos (Código de Ejecución Penal, art. 105).

Se tiene en cuenta el estado de salud de los presos al aplicar una condena de privación de libertad. En el período de 1999 a diciembre de 2003, se puso en libertad por enfermedad a un total de 333 individuos de las colonias correccionales. 3

141. Además, la administración penitenciaria utiliza recursos internos para mejorar las condiciones cotidianas de vida, por ejemplo mediante industrias en la misma cárcel y producción subsidiaria de alimentos, etc.

Habida cuenta de las actuales dificultades financieras, toda la asistencia recibida de organizaciones internacionales, Estados extranjeros y organizaciones de beneficencia se canaliza en su totalidad para mejorar las condiciones de detención de los convictos.

142. Se considera reformado un convicto cuando muestra una actitud de respeto hacia otras personas, la sociedad, el trabajo y las normas, reglas y tradiciones de la vida en común, y cuando se siente inducido a comportarse respetando la ley.

Los medios principales de corregir a los convictos son las disposiciones prescritas (régimen) de aplicación y cumplimiento de condenas; el trabajo de reeducación; el trabajo; la educación general; la educación profesional y la presión social.

Los medios de corrección aplicados varían según el tipo de castigo, el carácter y magnitud del peligro social del delito, el carácter del convicto y su comportamiento (Código de Ejecución Penal, art. 14).

A pesar de las medidas que se están adoptando, la privación de libertad sigue siendo una medida punitiva que contribuye de modo imperfecto a la rehabilitación social de los presos.

Se considera que la realización por los convictos de trabajo socialmente útil es un medio de corrección de importancia fundamental. Sin embargo, habida cuenta de la difícil situación económica, no puede darse trabajo a todos los presos. Esto tiene repercusiones negativas en las condiciones de vida diarias. Hay suficiente trabajo sólo para 1.231 convictos de una población total de 10.531 convictos, o el 17 por ciento del total, Los demás convictos ocupan su tiempo arreglando la cárcel o haciendo tareas domésticas. Hay en curso actualmente iniciativas para ampliar los talleres de confección de ropa y las instalaciones para producir cemento y bloques de arcilla, que crearán aproximadamente 250 puestos de trabajo más. 3

143. Las instituciones correccionales facilitan la reeducación moral, jurídica, laboral física y de otra índole de los convictos, que es esencial para lograr el objetivo de la corrección.

La labor de reeducación con los convictos se lleva a cabo sobre la base del individuo o del grupo, o en dimensiones masivas utilizando métodos psicológicos de enseñanza. Esta labor se organiza de modos diferentes según la institución correccional, el régimen aplicable, la duración del castigo y las condiciones de encarcelamiento.

La reeducación individual se realiza basándose en un estudio del carácter de cada convicto, teniendo en cuenta su delito, edad, estado psicológico, educación, profesión y otros factores pertinentes.

En la reeducación de los convictos se utilizan la prensa, la radio, la televisión, películas y bibliotecas. Desempeñan una función especial organizaciones que imparten a los convictos educación general y profesional. Están siguiendo cursos actualmente un total de 1.150 convictos; de este número, 450 convictos están en institutos de formación profesional y 700 en escuelas secundarias. Hay siete escuelas secundarias y tres institutos de formación profesional adjuntos a penitenciarías. Estos últimos forman a especialistas en siete disciplinas 3 .

Se alienta la participación de convictos en iniciativas de reeducación y esto se tiene en cuenta al determinar el grado de corrección conseguida, y también cuando se proponen incentivos y castigos.

En el período de 1999 a diciembre de 2003 se concedió libertad condicional a un total de 706 individuos y 3.067 fueron trasladados de colonias correccionales a cárceles abiertas atendiendo sus antecedentes de buena conducta y reeducación 3 .

144. La aplicación de medidas correccionales a convictos se postula atendiendo al desarrollo de su capacidad para adoptar iniciativas constructivas y de su sentido de la organización personal. Contribuyen a estas iniciativas las asociaciones de presos, los familiares próximos y otras personas que puedan ejercer influencias positivas sobre los convictos. La comunidad en su conjunto desempeña su función propia en la reeducación de los convictos porque les ayuda a adaptarse al lugar de trabajo y a la vida diaria, y participa en las actividades de las instituciones y organismos correccionales (Código de Ejecución Penal, art. 11).

El artículo 14 del Código de Ejecución Penal declara que la administración puede invitar a la comunidad, y a organizaciones de beneficencia y religiosas a contribuir a la reeducación de los presos.

145. Se han formado asociaciones de presos en las colonias correccionales. Se alienta la participación de los convictos en las actividades de estas asociaciones y se tiene en cuenta esta participación al considerar su grado de corrección.

Los principales objetivos de las asociaciones de presos son ayudar a los convictos a reformarse a sí mismo y a desarrollarse espiritual, profesional y físicamente; a desarrollar su sentido de iniciativa constructiva y ejercer una influencia positiva en la reeducación de los convictos; a opinar en cuestiones relacionadas con la organización de la labor de los convictos, su vida diaria y su tiempo libre; a formar relaciones sanas entre los convictos; y a prestar asistencia social a los convictos y sus familiares.

Se constituyen juntas de presos, formadas por convictos con un historial de buena conducta, para representar el conjunto de la institución correccional y algunas partes de ella.

Pueden crearse otras organizaciones internas de presos en instituciones correccionales, con tal de que no contradigan los objetivos, procedimientos y condiciones de la ejecución penal (Código de Ejecución Penal, art. 116).

Las instituciones correccionales trabajan en colaboración con las organizaciones voluntarias Nasli Navras, Mukhabbat va Makhbuson, Fundación SIDA Oriente-Occidente y las organizaciones religiosas de la Iglesia Baptista Cristiana Evangélica y el Qaziat que organizan conversaciones y clases orientadas a la reeducación de los convictos para que sigan el buen camino en la vida moderna.

146. Además de las medidas de reeducación y la corrección del comportamiento posterior de los convictos en la sociedad, y con miras a asegurar la posibilidad de su reintegración en la sociedad cuando consigan la libertad, por lo menos el 25 por ciento del salario de los convictos (50 por ciento en el caso de convictos de más edad, convictos incapacitados de la categoría 1 y 2, menores, mujeres embarazadas y mujeres en hogares adjuntos a colonias correccionales) debe quedar en su cuenta personal durante todo el período de encarcelamiento para que los convictos dispongan de fondos suficientes para vivir inmediatamente después de su puesta en libertad.

Los convictos mantienen varias formas de contacto con el mundo exterior para asegurar su posterior rehabilitación y reintegración: visitas periódicas de familiares, llamadas telefónicas, recepción sin restricciones de paquetes postales, paquetes entregados a mano y otros paquetes, la oportunidad de enviar y recibir un número ilimitado de cartas y visitas breves para ultimar empleos y modos de vida después de la puesta en libertad, y ausencias más largas en casos de licencia remunerada.

147. El artículo 211 del Código de Ejecución Penal declara que las personas liberadas de cumplir su condena tienen derechos a las siguientes formas de asistencia social:

- Viaje pagado a su lugar de residencia o de trabajo y dinero y alimentos para la duración del viaje;

- Entrega de ropa y calzado propios de la estación si carecen de medios para adquirir estos artículos;

- Posibilidad de percibir una suma global pagable a cargo de un fondo especial de la institución correccional o de organismos penitenciarios;

- Los menores puestos en libertad son enviados a sus padres o padres sustitutos.

La asistencia social puede adoptar la forma de ayuda para conseguir empleo o establecerse en la vida diaria, asistencia material, eliminación de las consecuencias de haber cumplido condena, asignación de una pensión, ingreso en instituciones médicas, residencias, residencias de la tercera edad o disposiciones de tutela. La responsabilidad de la aplicación recae en la administración local y la inspección vigila la deducción punitiva de ingresos y los servicios de empleo y asistencia social.

El Ministerio de Justicia está programando la formación del personal de las instituciones correccionales en el período 2003-2006 para mejorar su capacidad de prestar asistencia a la rehabilitación social de los presos.

148. La privación de libertad se aplica a un menor como último recurso y durante el más breve tiempo posible. En 2002 se investigó en todo el país un total de 501 casos penales con cargos contra menores o relacionados con menores que implicaban a 520 personas, y se llevaron ante los tribunales para su enjuiciamiento 435 casos penales contra menores. El 1º de diciembre de 2003 había 131 delincuentes juveniles en la escuela reformatorio administrada por el Departamento de Correcciones, y se prescribieron medidas de reeducación distintas de la privación de libertad para otros malhechores. En las amnistías del período 1999-2003, se puso en libertad a 83 menores; 11 en 1999; ninguno en 2000; 71 en 2001; 1 en 2002; y ninguno en 2003 3 .

149. Los menores privados de libertad deben cumplir por ley sus condenas en instituciones para delincuentes juveniles de régimen ordinario o reforzado. Sin embargo, en la práctica hay sólo una de estas instituciones para delincuentes juveniles de sexo masculino en Tayikistán . El régimen de esta colonia no corresponde plenamente al requisito de que quienes delinquen por primera vez deben estar segregados de los reincidentes, o de que las personas condenadas por delitos de menor entidad o intermedios deben estar segregadas de las condenadas por delitos graves y especialmente graves.

150. Los delincuentes juveniles de las escuelas reformatorio están alojados en casas normales. Tienen derecho sin restricciones a comprar comida y artículos esenciales, a recibir visitas breves sin restricciones y a seis visitas largas al año y si se portan bien y muestra una actitud consciente con el trabajo y el estudio, se les permite tener visitas y tomar una licencia anual fuera de la colonia (Código de Ejecución Penal, art. 140).

151. Se está elaborando un programa de formación y educación para reformar a los delincuentes juveniles condenados a la privación de libertad y prepararlos para que puedan vivir autónomamente en la sociedad: se les alienta a adoptar un comportamiento respetuoso de la ley y una actitud consciente ante al trabajo y el estudio, y se les proporcionará educación general básica, formación profesional y un nivel más alto de educación y cultura.

Una junta de guardianes actúa en las escuelas reformatorio cuya misión es ayudar a organizar la formación y educación, facilitar medios educativos mejores y solucionar las cuestiones relativas al bienestar social de los convictos y su adaptación al empleo y la vida cotidiana después de su puesta en libertad. La junta de guardianes está compuesta por representantes de empresas del Estado, instituciones, organizaciones, organizaciones voluntarias y ciudadanos.

Se han formado comités de padres afiliados a distintas secciones de la colonia y formados por padres, padres sustitutos o familiares próximos para mejorar el efecto de las medidas de reeducación de los delincuentes juveniles.

Otras asociaciones voluntarias pueden participar en la labor de las escuelas reformatorio.

152. A consecuencia de las dificultades financieras, no se ha creado ninguna institución para muchachas delincuentes en Tayikistán . Las jóvenes convictas se envían a una colonia correccional de régimen ordinario, donde viven separadas con arreglo al régimen estipulado para los menores. Al 1º de diciembre de 2003 había 17 jóvenes retenidas en lugares de privación de libertad 3 .

153. El artículo 97 del Código Penal estipula que un tribunal puede prescribir medidas obligatorias de carácter médico para personas que cometieron actos con elementos delictivos pero que no eran responsables de sus actos, o que cayeron enfermos mentalmente después de la comisión del delito, o cuya capacidad mental es limitada.

Aplican el tratamiento obligatorio instituciones médicas autónomas bajo la jurisdicción del Ministerio de Sanidad.

El tratamiento médico obligatorio puede adoptar las siguientes formas:

a) Observación y tratamiento psiquiátrico exterior;

b) Tratamiento forzoso en un hospital psiquiátrico general;

c) Tratamiento forzoso y en rigurosa observación en un hospital psiquiátrico especializado.

Personal médico especial está en contacto con las personas ingresadas en instituciones psiquiátricas; los funcionarios de los organismos responsables del orden público están presentes únicamente como guardias en el exterior de las instituciones.

154. El Código de Ejecución Penal especifica que la fiscalía debe vigilar la legalidad de las correcciones penales. Las oficinas de la fiscalía en el nivel central y de los oblast aseguran la vigilancia y supervisión continua mediante departamentos y oficinas, respectivamente, encargadas de vigilar el cumplimiento de la ley en las instituciones correccionales. Además, la fiscalía nacional tiene una oficina especial para vigilar la labor de las instituciones correccionales.

El artículo 25 del Código de Ejecución Penal declara que durante la supervisión de las correcciones penales un tribunal debe vigilar la aplicación de los castigos, decidiendo cuestiones como la puesta en libertad condicional, la conmutación de condenas y la puesta en libertad, y debe estudiar las denuncias de convictos y otras personas sobre actos de las administraciones penitenciarias y de los organismos de ejecución penal. El organismo de ejecución penal debe notificar al tribunal que dictó la sentencia sobre la etapa alcanzadas en la aplicación de la pena.

Los funcionarios (el personal) de las instituciones y los órganos de ejecución penal está supervisados directamente por el Ministerio de Justicia y por organismos de rango superior que administran la aplicación de las penas. El procedimiento para realizar la vigilancia en los lugares de detención está establecido por leyes y reglamentos. En el período de 1999 a diciembre de 2003 no se sometió a ningún funcionario de instituciones correccionales a sanciones oficiales o de otra índole por haber tratado a los presos de manera inaceptable 3 . En 2002 se instalaron en las colonias correccionales cajas especialmente selladas para que los presos pudiesen presentar denuncias y comunicaciones sobre las acciones del personal de prisiones y de otros funcionarios.

155. Las administraciones penitenciarias están adoptando medidas para prohibir el hacinamiento y para poner en libertad a personas cuya permanencia en la cárcel sería poco aconsejable.

A este fin, los tribunales también aplican sistemáticamente las disposiciones de la ley sobre la pronta puesta en libertad, la puesta en libertad condicional y la conmutación a una condena más indulgente para los presos que han demostrado su voluntad de reformarse. El Ministerio de Justicia y el poder judicial deben tratar las cuestiones del hacinamiento en las cárceles y de la mitigación de las condenas penales.

156. El programa titulado “Sistema estatal de educación en derechos humanos en la República de Tayikistán“, que tiene por objeto aumentar el conocimiento de derechos humanos por los funcionarios penitenciarios, prevé la institución de un sistema eficaz de enseñanza y formación del personal en cuestiones de derechos humanos en general y de derechos de los presos en particular e introducir los derechos humanos en el programa de estudios de los establecimientos educativos de instituciones correccionales, incluida la necesidad de aprobar un examen sobre el tema.

El Departamento de Corrección Penal del Ministerio de Justicia desarrolla varios tipos de labor educativa. Se han celebrado seminarios como parte de la formación profesional del personal de las colonias correccionales en el oblast de Sogd sobre la observancia de los derechos humanos, los derechos de los presos y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles. Los seminarios se celebraron con el apoyo de organizaciones internacionales.

Con efecto a partir de febrero de 2002, el Departamento de Corrección Penal ha organizado cursos de formación profesional de un mes para el personal de instituciones correccionales con el apoyo de la Oficina de Cooperación Suiza. Además de aprender disciplinas especiales, los asistentes a los cursos adquieren nuevos conocimientos, como la manera de observar y proteger los derechos y el trato debido a las personas privadas de libertad de conformidad con las normas jurídicas internacionales y las normas nacionales. A fines de 2003 más de 100 funcionarios habían recibido enseñanza de este tipo. Hay planes para seguir y mejorar este tipo de formación del personal durante el período 2003-2006.

Se ha incorporado también al calendario de las sesiones semanales de formación profesional para el personal de las instituciones correccionales el estudio de las normas jurídicas internacionales y de las normas nacionales sobre el tratamiento de los reclusos.

El razonamiento en que se basa la formación del personal de las instituciones correccionales es que al desempeñar sus funciones podrá difundir el conocimiento de los derechos de los presos entre los convictos que vigila.

157. En relación con la transferencia de las instituciones correccionales a la jurisdicción del Ministerio de Justicia y la introducción de nuevos requisitos que afectan la organización de la labor de las colonias correccionales y el trato de los presos, y con miras a calibrar el conocimiento, humanidad, competencia y cualidades personales de los funcionarios penitenciarios, se llevaron a cabo en 2003 evaluaciones de los resultados. En aplicación de las evaluaciones se separó de sus funciones o se degradó a personas incapaces de garantizar la administración adecuada de las instituciones correccionales.

Artículo 11

158. Los artículos 19 y 20 de la Constitución declaran que sin motivos legítimos no se puede someter a nadie a detención, prisión provisional o exilio. No se puede procesar a nadie por un acto que en el momento de su comisión no se consideraba delito. Con arreglo al capítulo 24 del Código Civil de Tayikistán, el incumplimiento de las obligaciones contractuales acarrea la responsabilidad civil (material) del deudor. Con arreglo al Código Penal, el incumplimiento de las obligaciones contractuales no se considera un delito y por consiguiente no da origen a condenas penales, incluida la privación de libertad.

Las controversias relativas al incumplimiento de obligaciones contractuales se resuelven mediante una acción civil.

La persona que no está en condiciones de cumplir una obligación contractual incurre sólo en responsabilidad material; si no hay evidencia de un delito, nadie puede ser procesado ni privado de su libertad.

De conformidad con las leyes y la práctica vigentes, la falta de aplicación de la decisión de un tribunal sobre el cumplimiento de una obligación contractual no originará la pérdida de libertad.

Artículo 12

159. Con arreglo al artículo 24 de la Constitución de Tayikistán todo ciudadano tiene derecho a la libertad de circulación y de escoger su lugar de residencia y derecho a salir de Tayikistán y volver al país. Las restricciones de los derechos y libertades de los ciudadanos se permiten únicamente para garantizar los derechos y libertades de otros ciudadanos, mantener el orden público y proteger el sistema constitucional y la integridad territorial de Tayikistán (Constitución, art. 14).

160. El artículo 21 del Código Civil estipula que el lugar donde reside una persona de modo permanente o principal se considerará el lugar de residencia de esta persona.

El lugar de residencia de menores de edad inferior a 14 años o de ciudadanos tutelados se considera que es el lugar de residencia de sus representantes legales o tutores.

161. De conformidad con el Reglamento de Pasaportes aprobado por el Decreto nº 302 de 15 de julio de 1997 los ciudadanos deben inscribirse por lugar de residencia o por la dirección actual. La inscripción por lugar de residencia corre a cargo de los organismos del interior. La dirección actual o lugar de residencia de un ciudadano de Tayikistán se registra sobre la base de documentos que confirman que la persona en cuestión tiene derecho a utilizar una vivienda o que tiene un contrato de alquiler-compra, de subarrendamiento o de arrendamiento, o porque hay un documento que autoriza a la persona a ocupar una vivienda por otros motivos previstos por el derecho de Tayikistán.

Han de inscribir su lugar de residencia las siguientes personas:

- os ciudadanos de Tayikistán que residen permanentemente en Tayikistán;

- Los ciudadanos de Tayikistán que residen permanentemente en el extranjero pero que han entrado en Tayikistán para residir temporalmente más de seis meses;

- Los ciudadanos de Tayikistán que se han desplazado de un lugar de Tayikistán a otro para residir temporalmente más de seis meses.

- Los ciudadanos extranjeros y apátridas que residen permanentemente en Tayikistán;

- El personal militar que reside fuera de los cuarteles.

162. Con arreglo a la Ley sobre ciudadanos extranjeros en Tayikistán (condición jurídica) de 1º de febrero de 1996, los ciudadanos extranjeros pueden desplazarse por el territorio de Tayikistán y escoger el lugar de residencia en Tayikistán de la manera estipulada por el derecho del país. Se permite imponer restricciones a los movimientos y elección de lugar de residencia si son necesarias para garantizar la seguridad nacional, proteger el orden público y la salud y moral y de la población y defender los derechos e intereses legales de los ciudadanos de Tayikistán y otras personas.

Los ciudadanos extranjeros pueden entrar en Tayikistán si tienen un visado de entrada y salida del Ministerio de Relaciones Exteriores de Tayikistán, sus oficinas en el exterior, o las embajadas y consulados de países extranjeros con los cuales Tayikistán tiene los pertinentes acuerdos.

Si un ciudadano extranjero entra en Tayikistán por una estancia de más de seis meses, debe obtener un permiso de residencia de los organismos del interior. La validez del permiso se prorroga cada vez que se prorroga el visado de entrada y salida. El permiso de residencia no puede prorrogarse si no se prorroga el visado de entrada y salida. Un permiso de residencia que se ha prorrogado sin la correspondiente prórroga del visado de entrada y salida se considera inválido.

Los ciudadanos extranjeros presentes en Tayikistán por otros motivos legítimos se consideran residentes temporales. Deben inscribir sus pasaportes nacionales u otros documentos equivalentes no más tarde de tres días después de su llegada, y salir de Tayikistán cuando expire el plazo límite de su visita.

163. Se utilizan los siguientes documentos de identidad para la inscripción de una persona por lugar de residencia:

1) Los titulares de pasaportes de Tayikistán que residen permanentemente en Tayikistán deben presentar su pasaporte.

2) Los niños de menos de 16 años que viven separados de sus padres (tutores) deben presentar su partida de nacimiento.

3) Los ciudadanos de Tayikistán que residen permanentemente en el extranjero y que regresan a Tayikistán para una estancia temporal de más de seis meses deben presentar su pasaporte o documento equivalente;

4) Los ciudadanos extranjeros y personas apátridas que residen permanentemente en Tayikistán deben presentar su permiso de residencia;

5) El personal militar de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz de la Comunidad de Estados Independientes debe presentar un certificado expedido por la comandancia de las unidades e instituciones militares.

Las personas sujetas a inscripción deben presentar los necesarios documentos para su inscripción a las oficinas de pasaportes de los organismos locales del interior no más tarde de siete días.

Al inscribirse por lugar de residencia se cobra un timbre con el valor que determinan las leyes de Tayikistán. Los formularios necesarios para inscribir el lugar de residencia están especificados por el Ministerio del Interior.

164. En bien de la seguridad nacional y el orden público, y también para garantizar la salud pública, el Gobierno de Tayikistán puede imponer restricciones a la libertad de la persona de escoger el lugar de residencia en determinadas zonas de Tayikistán.

Con arreglo al artículo 5 de la Ley de refugiados, el Decreto nº 325 de 26 de julio de 2000 indica las comunidades donde no se permite residir temporalmente a solicitantes de asilo y refugiados. Son el oblast autónomo de Gorny Badakhshan, las ciudades de Dushanbe, Tursunzade, Rogun, Kofarnikhon, Khujand, Chkalovsk, Kairakkum, Taboshary, Kanibadam, Isfara, Kurgan-Tyube, Sarband, Kulyab y Nurek y los distritos de Varzob, Faizabad, Darband, Garm, Bobojon Gafurov, Tajikabad, Tavildara, Jirgatal, Pyanj, Kumsangir, Farkhor, Moskovsky, Shurabad, Shaartuz, Kabodiyon, Jilikul y Yavan.

Para poder inscribir el lugar de residencia o la dirección actual de los ciudadanos de Tayikistán en las comunidades situadas en zonas especiales (territorios administrativos cerrados) hay que presentar una licencia obtenida de conformidad con el procedimiento establecido. En las zonas donde el Gobierno de Tayikistán ha impuesto restricciones a la libertad de escoger el lugar de residencia, se inscribirá, a pesar de tales restricciones, a los siguientes ciudadanos que llegan a un lugar de residencia permanente:

1) Los cónyuges se inscribirán en el espacio de vida ocupado por el otro cónyuge;

2) Los niños menores y los tutelados se inscribirán en el lugar de vida ocupado por sus padres o tutores;

3) Los niños adultos sin familia propia o los niños adultos no casados con hijos propios se inscribirán en el espacio de vida ocupado por sus padres;

4) Los padres se inscribirán en el espacio de vida ocupado por sus hijos;

5) Los hermanos y hermanas que no han cumplido la mayoría de edad y que no tienen padres y los hermanos y hermanas impedidos, con independencia de su edad, se inscribirán en el espacio de vida ocupado por su hermano o hermana, a no ser que tengan familia propia;

6) El personal militar licenciado de las fuerzas armadas al expirar el período prescrito de servicio, si fue reclutado para el servicio militar desde la comunidad en cuestión se inscribirá en el espacio de vida que ocupaba antes del llamamiento a filas, o en el espacio de vida ocupado por sus padres u otros familiares.

7) El personal militar en servicio de plazo fijo que se licencia y pasa a la reserva o que se retira del servicio, los suboficiales y los oficiales de las fuerzas armadas y miembros de sus familias que no tienen alojamiento, se inscribirán en el espacio ocupado por los familiares próximos del militar o por su esposa;

8) Las personas libradas de servir sus condenas en lugares de privación de libertad o exilio, o que ya no están sujetas a las restricciones impuestas por una condena condicional de privación de libertad combinada con una asignación a trabajos forzosos o en libertad provisional para trabajar en un proyecto de obras públicas se inscribirán en el espacio de vida ocupado por los miembros de su familia o familiares con quienes hayan vivido antes de su condena;

9) Las personas ausentes temporalmente, si ello está de acuerdo con la actual legislación, conservan el derecho de utilizar su alojamiento.

Estas restricciones no se aplican a las siguientes categorías de residentes temporales:

1) Los estudiantes de instituciones educativas clasificadas según el procedimiento establecido como instituciones terciarias o instituciones intermedias especiales, y los estudiantes graduados, profesores adjuntos, secretarios, estudiantes de cursos preparatorios y personal que asiste a cursos de capacitación y repaso se inscribirán para la duración de su curso de estudio.

2) Los familiares de estudiantes graduados, profesores adjuntos, secretarios, estudiantes de academias militares e instituciones educativas del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior clasificadas con arreglo al procedimiento establecido como instituciones de educación terciaria se inscribirán para la duración de su curso de estudio;

3) El personal militar en servicio de plazo fijo que se licencia y pasa a la reserva o se retira del servicio, los suboficiales y los oficiales de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad (y los miembros de sus familias) se inscribirán en las comunidades donde residían permanentemente antes de su llamamiento a filas o ingreso en el servicio, siempre que hubiesen llegado a estas comunidades en un plazo de tres meses después de la licencia y el paso a la reserva o la retirada del servicio, hasta el momento en que se les conceda vivienda en estas comunidades con arreglo al procedimiento establecido:

4) Los refugiados legalmente reconocidos.

165. Se eliminará de los registros mantenidos por los organismos del interior a las siguientes personas:

1) Las personas que se han trasladado a otro lugar de residencia;

2) Las personas llamadas a filas para un servicio militar de plazo fijo;

3) Las personas que por decisión de un tribunal han perdido el derecho a utilizar un alojamiento.

4) Las personas que han fallecido.

166. La inscripción por lugar de residencia puede ser anulada por el organismo del interior que realizó la inscripción o por un organismo del interior de categoría superior o por un tribunal si en el momento de tramitar la inscripción hubo violación del Reglamento de Pasaportes, de otras leyes o reglamentaciones de Tayikistán o de acuerdos entre Estados.

Una entidad jurídica o una persona interesada puede presentar solicitud de anulación de la inscripción por lugar de residencia dentro del plazo estipulado por las leyes y reglamentaciones de Tayikistán .

167. Los ciudadanos de Tayikistán entregarán sus pasaportes a los organismos del interior si se les llama a filas para un servicio militar de plazo fijo o si abandonan o pierden la ciudadanía de Tayikistán. El pasaporte de un ciudadano de Tayikistán puede ser confiscado por un órgano que esté realizando una investigación preliminar, por una fiscalía o por un tribunal, en los casos prescritos por la ley. Los pasaportes de las personas en prisión provisional y de las personas condenadas a la privación de libertad y trabajos forzosos son confiscados y guardados por las instituciones que aplican la sentencia. Los pasaportes se devuelven a sus propietarios si se les pone en libertad o si ya han cumplido su sentencia.

168. Los ciudadanos extranjeros pueden entrar en Tayikistán con un pasaporte extranjero válido, y los apátridas pueden entrar en el país con documentos de identidad válidos expedidos por las autoridades del país donde residen permanentemente, siempre que posean un visado de entrada y salida, a no ser que otros estatutos o acuerdos con el pertinente país hayan establecido otros procedimientos de entrada y salida.

En 1999 entró en Tayikistán un total de 14.986 personas; el número total de visitantes en 2000 y 2001 fue de 15.072 y 17.139, respectivamente. No hay información sobre el número de personas que entró en Tayikistán en 2002. El aumento migratorio fue de 14.942 en 1999, 14.442 en 2000 y 14.370 en 2001, cifra bastante inferior al número de personas que abandonó Tayikistán 6 .

169. Se puede negar la entrada en Tayikistán a un ciudadano extranjero:

1) En bien de la seguridad nacional o para proteger el orden público;

2) Si es necesario proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de Tayikistán y de otras personas;

3) Si se constata que durante una visita anterior una persona infringió las leyes relativas a la condición jurídica de los ciudadanos extranjeros en Tayikistán, o las leyes sobre aduanas, moneda u otras materias;

4) Si, al solicitar la entrada en Tayikistán, la persona ha facilitado información personal falsa o no ha presentado los documentos necesarios;

5) Por otros motivos especificados por el derecho de Tayikistán.

170. Las misiones diplomáticas o consulados de la República de Tayikistán expiden visados de entrada y salida de Tayikistán para los ciudadanos extranjeros en el exterior, y en Tayikistán lo hacen las oficinas del Ministerio del Interior. A petición de las organizaciones de acogida se puede expedir para los ciudadanos extranjeros visados de múltiple entrada. El procedimiento para expedir visados de entrada múltiple está especificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Seguridad.

Los siguiente documentos son necesarios para expedir visados de entrada o prorrogar su validez:

- Para los ciudadanos extranjeros que entran en Tayikistán por invitación de organizaciones de acogida o para trabajar en misiones extranjeras permanentes, permiso escrito de estas organizaciones o misiones;

- Para ciudadanos extranjeros que entran en Tayikistán por negocios privados o por motivos de residencia permanente y para los residentes extranjeros permanentes que se desplazan al extranjero por asuntos privados o que dejan Tayikistán para situar su residencia permanente en otros lugares, un permiso de los organismos del interior expedido previa solicitud.

Con arreglo a los reglamentos de tránsito, los ciudadanos extranjeros que transitan por el territorio de Tayikistán deben ir al punto de salida de su ruta designada y pueden permanecer en el territorio de Tayikistán si disponen de un permiso expedido por las autoridades competentes. Las normas para transitar por territorio de Tayikistán están establecidas de conformidad las leyes y reglamentos del país.

Para crear condiciones favorables al desarrollo económico, fortalecer el comercio y la cooperación económica, atraer inversiones extranjeras y ampliar los vínculos culturales y científicos, el 25 de octubre de 2003 el Gobierno de Tayikistán aprobó el Decreto nº 460 que ratifica el procedimiento simplificado para expedir visados de entrada y salida para ciudadanos de la Unión Europea, los Estados Unidos de América y el Japón. Se aprobó sobre la base de esta decisión un procedimiento simplificado para tramitar y expedir visados.

171. Los ciudadanos extranjeros que visitan Tayikistán por períodos breves pueden residir en Tayikistán utilizando pasaportes inscritos con arreglo al procedimiento establecido. Los pasaportes deben presentarse para su inscripción en el punto de destino no más tarde de tres días después de la llegada, excluidos días feriados públicos y fines de semana. Están exentos de la obligación de inscribirse los siguientes titulares de pasaportes:

1) Jefes de Estado y de Gobierno de países extranjeros, miembros de delegaciones parlamentarias y gubernamentales que entran en Tayikistán por invitación del Presidente, el Majlis-i Oli y el Gobierno de Tayikistán, personal técnico asignado a estas delegaciones y familiares de las citadas personas;

2) Personas que entran en Tayikistán con un laissez-passer de las Naciones Unidas;

3) Ciudadanos extranjeros que entran en Tayikistán en días feriados públicos o fines de semana, o por una estancia de no más de tres días laborales y que salen de Tayikistán dentro de este período;

4) Turistas extranjeros en viajes organizados;

5) Miembros de la tripulación de aeronaves militares que entran en Tayikistán de conformidad con el procedimiento establecido. Los altos mandos militares de las guarniciones permitirán el movimiento a través del territorio de Tayikistán de tripulaciones de aeronaves militares de conformidad con el plan de recepción de las aeronaves militares entrantes;

6) Miembros de la tripulación de aeronaves civiles explotadas por líneas aéreas internacionales que están en los aeropuertos designados en el calendario en curso.

Los pasaportes extranjeros se inscriben en el primer punto de entrada del ciudadanos extranjeros en Tayikistán.

172. El permiso para residir permanentemente en Tayikistán está documentado por un permiso de residencia expedido a los ciudadanos extranjeros por los organismos del interior. Los ciudadanos extranjeros que entran en Tayikistán presentan la solicitud de residencia permanente directamente a los organismos del interior en su lugar de residencia, y las personas que viven en el extranjero la presentan a las misiones diplomáticas o consulados de la República de Tayikistán. La validez del permiso de residencia expedido por los organismos del interior a ciudadanos extranjeros de 16 años de edad o más coincidirá con la validez de su pasaporte, pero no superará los cinco años, mientras que los ciudadanos de 45 años o más recibirán un permiso cuya validez coincida con la de su pasaporte. Se concede a los apátridas un permiso de residencia de cinco años; la validez de los permisos expedidos a personas apátridas de 45 años de edad o más es ilimitada. El ciudadano extranjero debe presentar la solicitud para prorrogar la validez de un permiso existente o la petición de que se expida un permiso nuevo a los organismos del interior en su lugar de residencia por lo menos 10 días antes de que expire el permiso en curso, o inmediatamente en caso de pérdida del permiso.

Si los ciudadanos extranjeros no presentan documentos nuevos o prorrogadas en el plazo de un año después de la caducidad de sus pasaportes, los organismos del interior les expedirán permisos de residencia en Tayikistán para apátridas. Se puede expedir un permiso de residencia de apátrida a los ciudadanos de Estados con los que Tayikistán ha firmado un trato internacional u otro acuerdo pertinente sobre la prevención de la doble nacionalidad si presentan un documento indicando que las autoridades competentes de este Estado han permitido a estas personas renunciar a su ciudadanía. El permiso de residencia del apátrida será sustituido por el permiso de residencia de ciudadano extranjero si el titular presenta un pasaporte extranjero válido a los organismos del interior.

173. Los ciudadanos extranjeros pueden desplazarse por el territorio de Tayikistán y escoger su lugar de residencia como estipula el derecho de Tayikistán. Se permiten restricciones del desplazamiento y elección de lugar de residencia cuando son necesarias para garantizar la seguridad nacional, proteger el orden público y la salud y moral de la población y proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de Tayikistán y de otras personas. Los ciudadanos extranjeros tienen libertad de movimiento en las zonas del país abiertas a las visitas de extranjeros. Los extranjeros pueden entrar en zonas cerradas para ellos y viajar por estas zonas únicamente con autorización de los organismos del interior. Los extranjeros que entran en estas zonas por invitación de organizaciones de acogida serán admitidos atendiendo a invitaciones por escrito de estas organizaciones, aprobadas de conformidad con el procedimiento establecido. Los extranjeros que entran en estas zonas por invitación de las oficinas de representación permanente o por negocios personales o los extranjeros que son residentes permanentes en Tayikistán serán admitidos atendiendo a solicitudes personales por escrito. Se puede permitir entradas múltiples y libertad de movimiento para los ciudadanos extranjeros en la zona en cuestión si lo solicitan las organizaciones que acogen a estos ciudadanos extranjeros. Los ciudadanos extranjeros que han cambiado de lugar de residencia en Tayikistán infringiendo la ley deben volver a sus anteriores lugares de residencia a petición de los organismos del interior. En algunos casos los organismos del interior pueden expedir estos visados.

174. No se permitirá salir de Tayikistán a un ciudadano extranjero:

1) Si hay motivos para un enjuiciamiento penal, hasta que haya finalizado la vista del caso;

2) Si la persona ha sido condenada por un delito, hasta que haya cumplido la condena o hasta que se haya exonerado a esta persona de cumplir su condena;

3) Si la salida de la persona es contraria a los intereses de la seguridad nacional, hasta que dejen de ser válidas las circunstancias que impidieron su salida;

4) Si hay otros motivos con arreglo al derecho de Tayikistán para prevenir la salida de la persona.

La salida de un ciudadano extranjero de Tayikistán puede aplazarse a la espera de que cumpla sus obligaciones económicas con los intereses públicos de los ciudadanos de Tayikistán y otras personas, o del Estado, y de cooperativas u otras organizaciones voluntarias.

Las personas que estén en desacuerdo con una decisión adoptada por un funcionario pueden impugnar el proceder del funcionario ante los tribunales presentando una denuncia.

175. La migración en Tayikistán está reglamentada por la Ley de migración, de 11 de diciembre de 1999. El 28 de noviembre de 2001, Tayikistán ratificó la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 18 de diciembre de 1990.

Entre 12.000 y 15.000 personas emigraron de Tayikistán cada año durante el período 1999-2002 (migración sin retorno y con cambio de lugar de residencia) 7 .

Los ciudadanos que no son de Tayikistán presentes en el territorio del país y que temen de modo plenamente justificado que pueden sufrir persecución en su Estado de nacionalidad por motivos de raza, religión, ciudadanía, origen étnico, pertenencia a un determinado grupo social o por sus creencias políticas, y que por consiguiente no pueden acogerse o no se acogerán a la protección de este Estado, o las personas que no tienen una ciudadanía determinada y que al estar presentes en Tayikistán por circunstancias semejantes no pueden regresar o no regresarán al Estado donde residen permanentemente debido a estos temores, y los solicitantes de asilo que han dejado su país de nacionalidad o anterior lugar de residencia con la intención de solicitar el estatuto de refugiado en Tayikistán pueden permanecer en Tayikistán de conformidad con el procedimiento y las condiciones especificadas en la Ley de refugiados de 2002 y pueden pedir el estatuto de refugiado o solicitar asilo.

Tayikistán puede conceder asilo político a ciudadanos extranjeros cuyos derechos humanos han sido violados (Constitución, art. 16).

Con arreglo a la Ley de refugiados un solicitante de asilo es un ciudadano extranjero o persona apátrida que ha abandonado su país de nacionalidad o antiguo lugar de residencia con intención de solicitar el estatuto de refugiado en Tayikistán.

Los motivos y trámites para el reconocimiento de los solicitantes de asilo o refugiados en Tayikistán, las garantías económicas, sociales y jurídicas para proteger sus derechos e intereses legítimos y el estatuto jurídico de refugiados están definidos y especificados en la Ley de refugiados.

Artículo 13

176. El artículo 16 de la Constitución declara que los ciudadanos extranjeros y los apátridas disfrutan de los derechos y libertades proclamadas y tienen los mismos derechos y deberes que los ciudadanos de Tayikistán, excepto en los casos prescritos por la ley.

Un extranjero residente que está legalmente en el territorio de Tayikistán sólo puede ser expulsado aplicando una decisión adoptada conforme al derecho. Esta persona tiene derecho a apelar contra su expulsión, a que su caso sea examinado por la autoridad competente o por una persona o personas designadas especialmente por la autoridad competente y a estar representada a este fin ante esta autoridad, persona o personas.

Con arreglo al artículo 31 de la Ley sobre los ciudadanos extranjeros en Tayikistán (condición jurídica), puede expulsarse a un ciudadano extranjero de Tayikistán si:

1) Sus actividades son incompatibles con los intereses de la seguridad nacional o el mantenimiento del orden público;

2) Su expulsión es esencial para proteger la salud o moral pública o proteger los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos de Tayikistán;

3) Ha violado de modo flagrante la legislación sobre el estatuto jurídico de los ciudadanos extranjeros en Tayikistán, o las leyes de Tayikistán sobre aduanas, monedas u otras leyes.

Además, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de refugiados, las personas a quienes se ha denegado el estatuto de refugiado, a las que se ha revocado este estatuto o que lo han perdido y los miembros de su familia, están sujetos a expulsión.

Las decisiones sobre la expulsión de extranjeros son adoptadas por el Ministerio de Seguridad con el acuerdo del Fiscal General. Se ejecuta una orden de expulsión si en el plazo de una semana después de su emisión la persona que se expulsa no ha apelado a un tribunal contra su legalidad.

Se puede detener a personas durante el tiempo necesario para su expulsión. Los costos de la expulsión corren a cargo de los ciudadanos extranjeros afectados.

Los organismos del interior, actuando conjuntamente con los organismos de seguridad y los servicios de migración están encargados de vigilar el cumplimiento de la Ley por los ciudadanos extranjeros y las personas apátridas y por los funcionarios y otros ciudadanos.

177. Se incurre en responsabilidad con arreglo a la legislación de Tayikistán al violar las reglamentaciones sobre la estancia de ciudadanos extranjeros, a saber si los ciudadanos extranjeros viven en Tayikistán sin permiso de residencia o con documentos inválidos, si no cumplen los procedimientos establecidos de inscripción, movimiento dentro de Tayikistán y elección del lugar de residencia, si se niegan a abandonar el país al expirar el período autorizado de estancia, si no observan las normas sobre los viajes en tránsito y si violan la Ley de refugiados.

Las cuestiones relativas a la responsabilidad de los ciudadanos extranjeros que disfrutan de privilegios e inmunidades de conformidad con la legislación y los instrumentos jurídicos internacionales se solucionan por canales diplomáticos. La violación de la Ley por personas obligadas a cumplir sus requisitos (incluidas las personas que invitan a extranjeros a Tayikistán por motivos privados o que les prestan servicios) contrae una responsabilidad con arreglo al derecho de Tayikistán.

También se puede reducir el período autorizado de estancia de los ciudadanos extranjeros que infringen la legislación sobre la condición jurídica de los extranjeros o que descuidan los procedimientos que rigen la estancia de extranjeros en Tayikistán.

Artículo 14

178. De conformidad con el artículo 9 de la Constitución, el poder del Estado se basa en el principio de la separación de poderes entre las ramas legislativa, ejecutiva y judicial.

En Tayikistán, el poder judicial es independiente de los poderes legislativo y ejecutivo.

Los jueces son independientes y están subordinados únicamente a la Constitución y a la ley. La injerencia en su labor está prohibida y contrae responsabilidad penal (Constitución, art. 87; Código Penal, art. 345).

179. El poder judicial es ejercido por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Económico Supremo, el Tribunal Militar, el Tribunal del oblast autónomo de Gorny Badakhshan, los tribunales de oblast, el tribunal de la ciudad de Dushanbe y los tribunales de distrito, y el tribunal económico del oblast autónomo de Gorny Badakhshan y los tribunales económicos de los oblast y de la ciudad de Dushanbe

180. La organización y procedimientos de actuación de los tribunales están establecidos en la Ley constitucional sobre los tribunales de la República de Tayikistán, de 2001. Con arreglo al artículo 4 de esta Ley, todos los jueces de Tayikistán tienen el mismo estatuto y sólo difieren entre sí en cuanto a sus poderes y jurisdicción.

181. La independencia de los jueces está garantizada peor:

- Los procedimientos establecidos por la ley para su selección, nombramiento, renuncia o destitución;

- Su inviolabilidad;

- Los procedimientos establecidos por la ley para la administración de justicia;

- La confidencialidad de las deliberaciones judiciales relacionadas con la adopción de decisiones judiciales;

- La prohibición de la injerencia de cualquier persona en la administración de justicia, bajo amenaza de procesamiento,

- La responsabilidad penal por desacato a los tribunales;

- El derecho de los jueces a jubilarse, a trasladarse o a ser trasladados a un destino diferente, o a dimitir o a ser liberados del cargo de juez a petición propia;

- La formación de una comunidad judicial;

- La facilitación por el Estado de las garantías materiales y sociales correspondientes a su estatuto;

- La creación de las condiciones organizativas y técnicas necesarias para la actuación de los tribunales.

182. La citada Ley constitucional prevé las salvaguardas de la independencia de los jueces, incluidas medidas para la protección jurídica y para la satisfacción de sus necesidades materiales y sociales, y estas salvaguardas no puede ser revocadas o reducidas por otras leyes (Ley constitucional, art. 5).

183. Los jueces tienen un período en el cargo de 10 años. La constitución de tribunales especiales está prohibida (Constitución, art. 84).

El Tribunal Constitucional tiene siete miembros, uno de los cuales representa el oblast autónomo de Gorny Badakhshan.

Los jueces del Tribunal Constitucional se escogen entre abogados que han cumplido por lo menos 30 años de edad, pero que no son mayores de 65 años y que han tenido por lo menos 10 años de experiencia profesional.

184. Los abogados que han cumplido por lo menos 30 años de edad pero no son mayores de 65 años y que han actuado de jueces por lo menos cinco años pueden seleccionarse y ser nombrados jueces del Tribunal Supremo, el Tribunal Económico Supremo, el tribunal del oblast autónomo de Gorny Badakhshan, los tribunales de oblast y el tribunal de la ciudad de Dushanbe.

Las personas que han cumplido por lo menos 25 años de edad pero no son mayores de 65 años que han trabajado en la profesión por lo menos durante tres años pueden ser nombrados jueces de tribunales de ciudad y de distrito y del Tribunal Militar (Constitución, art. 85).

185. Los jueces actúan de forma colegiada o individual. Los procesos de los tribunales se basan en el principio de contradicción y en la igualdad de las partes. Las audiencias de los tribunales se celebran siempre en sesión abierta, excepto en los casos estipulados por la ley. Los procesos jurídicos se desarrollan en el idioma nacional o en el idioma hablado por la mayoría de la población de la localidad en cuestión. Se facilitan los servicios de un intérprete a las personas que no hablan el idioma en que se desarrollan los procesos. (Constitución, art. 88).

186. Con arreglo a la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley y los tribunales. Todas las personas tienen asegurada la protección de los tribunales. Todas las personas tienen derecho a que un tribunal competente, independiente e imparcial oiga su caso. No se considera a nadie culpable de un delito hasta que haya entrado en vigor el veredicto del tribunal. No se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo delito (Constitución, art. 17, 19 y 20).

187. Con arreglo al artículo 12 del Código Penal los procesos judiciales deben verse en el idioma tayiko o en el idioma hablado por la mayoría de la población del lugar en cuestión. Si una persona no habla el idioma en el que se ve el proceso tiene derecho a dirigirse al tribunal en su idioma materno y a utilizar los servicios de un intérprete. Las pruebas documentales y los demás documentos del tribunal se traducen a su idioma materno o a otro idioma que domine.

188. Las vistas en los tribunales de primera instancia y en los tribunales de apelación se celebran con la presencia del acusado o procesado y de su abogado defensor (Código de Procedimiento Penal, art. 246 y 339). La falta de medios para pagar los servicios de un abogado no constituye una razón para que los organismos investigadores o judiciales se nieguen a proporcionar un abogado defensor. En tales casos los servicios del abogado defensor se pagan a cargo del presupuesto local.

189. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, se permite en caso necesario la participación de personas interesadas en las vistas.

190. Con arreglo al artículo 377 del Código de Procedimiento Penal, cuando en un procedimiento de supervisión se revisa una condena o un dictamen o sentencia de un tribunal en relación con la necesidad de aplicar leyes más duras habida cuenta de la indulgencia de la sentencia o por otros motivos, con el resultado de que la situación del convicto empeora o cuando se revisa un veredicto de absolución o un dictamen o decisión de sobreseer el caso, esta revisión se permite únicamente en el plazo de un año desde el momento en que la sentencia, dictamen o decisión del tribunal entró en vigor.

191. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 14 del Pacto, los procesos contra menores se ven con arreglo a normas especiales.

Con arreglo a las disposiciones del Código de Procedimiento Penal la participación del abogado defensor es obligatoria en las causas contra menores, aunque concurran otras circunstancias. En las causas contra menores es preciso obtener informes sobre las condiciones de vida del acusado y sobre la intervención de adultos para inducir al menor a cometer actividades delictivas, y sus representantes deben actuar en su nombre durante la investigación previa al juicio y en las vistas ante el tribunal, en caso en los que se imponen medidas educativas forzosas, etc.

192. El capítulo 14 del Código Penal está dedicado a las características especiales de la responsabilidad penal de los menores. En el caso de menores de edad inferior a 16 años, la privación de libertad no puede superar los 10 años; en el caso de menores de 16 a 18 años de edad, la privación de libertad no puede superar 12 años por delitos múltiples o 15 por sentencias agregadas. La pena de muerte no está disponible.

193. Sin embargo, debe señalarse que el anterior derecho penal preveía el aplazamiento de las condenas impuestas a menores durante un cierto período, pero el derecho actual no permite esta opción.

Un número considerable de menores son sentenciados por los tribunales a privación de libertad; sin embargo, a la luz de las circunstancias del caso y del carácter del delincuente, se puede también someter a los menores convictos a medidas de reforma sin tener que separarlos de la sociedad, siempre que estén bajo la vigilancia adecuada.

194. En relación con los requisitos del artículo14 del Pacto relativos al estatuto de los tribunales militares, debe señalarse que los tribunales militares de Tayikistán están formados por la División Militar del Tribual Supremo y los tribunales de guarniciones. Sus poderes están estipulados en la Ley constitucional sobre tribunales de la República de Tayikistán. Sólo ven casos que implican a miembros de las fuerzas armadas. Sus decisiones judiciales pueden apelarse con arreglo al procedimiento normal, y los tribunales originarios también consideran estos casos con arreglo al procedimiento de vigilancia.

195. e reproducen a continuación cifras sobre la consideración de causas penales por los tribunales y las decisiones dictadas en 2000-2002:8

Causas penales vistas por los tribunales

	2000	2001	2002
1.Causas que finalizaron con un veredicto de culpabilidad	7 508	7 114	6 663
2.Sentences of deprivation of liberty	5 252	5 929	4 917
3.Otras condenas	3 532	2 532	2 934
4.Veredictos de absolución	28	33	27
5.Sobreseimientos por falta de pruebas de haberse cometido un delito	8	9	1

196. El artículo 6 del Código de Procedimiento Penal estipula que no puede detenerse a nadie en prisión provisional excepto sobre la base de una decisión judicial o con la aprobación de un fiscal. El fiscal deber ordenar la puesta en libertad inmediata de toda persona privada ilegalmente de su libertad o detenida por un período más largo que el prescrito por la ley o por la sentencia de un tribunal.

La justicia penal se administra sobre la base de la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los tribunales, con independencia de su origen étnico, sexo, idioma actitud hacia la religión, tipo e índole de la ocupación, lugar de residencia y otras circunstancias.

197. Con arreglo a la actual legislación, las personas condenadas a consecuencia de un error judicial tienen derecho a solicitar a los tribunales indemnización por los daños materiales y morales.

198. El Colegio de Abogados de Tayikistán representa todas las asociaciones de abogados y gabinetes jurídicos que actúan en los ámbitos nacional, de oblast, de ciudad y de distrito. Los abogados desempeñan sus funciones profesionales de conformidad con la Ley sobre la Abogacía.

Con arreglo a esta Ley, el Colegio de Abogados presta asistencia jurídica a los ciudadanos de Tayikistán, ciudadanos extranjeros y apátridas y a empresas, instituciones y organizaciones.

Se ha creado una asociación de abogados que está funcionando.

La prestación de servicios de asesoramiento al público se está ampliando para garantizar que la justicia se administre de modo independiente. Prestan estos servicios de asesoramiento una red de gabinetes jurídicos, algunas organizaciones no gubernamentales y abogados.

Artículo 15

199. Con arreglo al artículo 20 de la Constitución no se considera a nadie culpable de haber cometido un delito hasta que haya entrado en vigor la correspondiente sentencia de un tribunal.

No puede procesarse a nadie por un delito después de expirar la prescripción o por actos que no se consideraban delitos en el momento de su comisión. No se puede procesar a nadie dos veces por el mismo delito.

Una ley aprobada después de la comisión de un delito y que impone una pena más grave por este delito no puede aplicarse retroactivamente. Si después de que se ha cometido un delito una nueva ley revoca su carácter penal o impone una pena menos severa, se aplica la nueva ley.

200. Con arreglo al artículo 12 del Código Penal, el carácter delictivo de un acto y la correspondiente responsabilidad penal están determinados por la ley en vigor en el momento de la comisión.

Una ley penal que revoca la criminalidad de un acto, que impone una pena menos severa o que mejora de algún modo la posición de la persona que cometió el acto, tiene valor retroactivo, es decir que se aplica a personas que cometieron el acto en cuestión antes de que entrara en vigor la nueva ley, incluidas personas que están cumpliendo condena y personas que han cumplido la condena pero cuyos antecedentes penales no se han cancelado.

Una ley penal que determina la criminalidad de un acto e impone una pena más grave o empeora de otro modo la situación de la persona que cometió el acto, no tiene valor retroactivo. (Código Penal, art. 13).

201. Durante los últimos 10 años, después de la introducción de adiciones y enmiendas al Código Penal de 1961 y de la aprobación de un nuevo Código Penal en 1998, se dio a las disposiciones que revocaban la criminalidad o que imponían penas menos severas valor retroactivo, y en consecuencia los tribunales eliminaron la responsabilidad penal de personas condenadas por disposiciones anteriores o redujeron sus condenas. No se recopilaron estadísticas separadas al respecto.

Artículo 16

202. Con arreglo al artículo 15 de la Constitución de noviembre de 1994, todas las personas que eran ciudadanos de Tayikistán en el momento de aprobarse la Constitución se consideran ciudadanos de Tayikistán. Los procedimientos para adquirir o perder la ciudadanía de Tayikistán están determinados por la ley.

203. Los ciudadanos extranjeros y los apátridas disfrutan de los derechos y libertades proclamadas y tienen los mismos deberes y responsabilidades que los ciudadanos de Tayikistán (Constitución, art. 16).

204. Los derechos de los ciudadanos ante la ley están establecidos en el capítulo dos de la Constitución y en el Código Civil. Estas disposiciones abarcan los derechos incorporados en los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos.

205. No puede restringirse a nadie en su capacidad jurídica. La capacidad jurídica de ejercer derechos puede restringirse en los casos establecidos por la ley y de conformidad con el procedimiento que la ley dicta. Son inválidos los actos de los organismos del Estado que restringen la capacidad jurídica de un ciudadano de ejercer sus derechos sin tener en cuenta las condiciones y procedimientos prescritos por la ley respecto de esta capacidad. La renuncia total o parcial por un ciudadano de su capacidad jurídica, y cualquier otra disposición que limite esta capacidad son nulas, excepto si la ley permite estas disposiciones.

206. De conformidad con los principios generales del derecho, los derechos de los ciudadanos de Tayikistán ante la ley no pueden estar condicionados por su sexo, raza, origen social o religión. La capacidad jurídica de una persona queda jurídicamente establecida desde el momento del nacimiento y se extingue con su muerte.

207. El ejercicio por los ciudadanos de su capacidad jurídica está sujeto a límites. Al ejercer sus derechos y libertades un ciudadano no debe infligir daños al medio ambiente, infringir la ley o perjudicar los intereses legítimos de otros.

208. La cuestión relativa a la capacidad jurídica de una persona se trata específicamente en cada rama del derecho. Con arreglo al Código Penal, una persona física de mente sana incurre en responsabilidad penal si ha cumplido los 16 años de edad antes de cometer el delito. Las personas que han cumplido los 14 años antes de cometer un delito incurren en responsabilidad penal solamente por delitos graves y muy graves.

209. No incurre en responsabilidad penal la persona que no está en pleno uso de sus facultades en el momento de cometer un acto socialmente peligroso, a saber, si esta persona no es consciente de la importancia de sus acciones o no las controla debido a una enfermedad mental crónica, a un trastorno mental temporal, a debilidad mental o a facultades mentales disminuidas. Los tribunales pueden imponer medidas médicas forzosas a las personas que han cometido actos socialmente peligrosos pero que se considera que no están en pleno uso de sus facultades.

210. El artículo 33 de la Ley sobre el Majlis-i Oli (Elecciones) establece restricciones en el ejercicio de la capacidad jurídica de determinadas categorías de ciudadanos. Por ejemplo, las siguientes categorías de ciudadanos no pueden presentarse a elecciones al Majlis-i Milli (Cámara alta) del Majlis-i Oli (Parlamento) o al Majlis-i Namoyandagon (Cámara baja) del Majlis-i Oli:

- Ciudadanos que no cumplen los requisitos de la Constitución y de la citada Ley;

- Ciudadanos que un tribunal ha declarado sin capacidad jurídica o que están cumpliendo condena de privación de libertad dictada por un tribunal o que han ingresado en una institución por orden de un tribunal para seguir un tratamiento médico obligatorio;

- Ciudadanos en servicio militar activo, soldados, suboficiales y demás personal de las fuerzas armadas, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Situaciones de Excepción y Defensa Civil, la Guardia Presidencial y el Comité de Protección de las Fronteras del Estado, así como los funcionarios de los organismos fiscales, servicios aduaneros y otros cuerpos militarizados, siempre que estas personas no se hayan jubilado.

- Profesionales que tienen cargos en organizaciones y asociaciones religiosas;

- Ciudadanos condenados por la comisión deliberada de delitos graves o especialmente graves, con independencia de que hayan cumplido sus condenas y de que se haya cancelado sus antecedentes penales;

- Ciudadanos cuyos antecedentes penales no se hayan cancelado;

- Ciudadanos de quienes los organismos de investigación sospechan que cometieron delitos y ciudadanos que están siendo investigado por haber cometido delitos contra los fundamentos del sistema constitucional y la seguridad del Estado u otros delitos penales graves o especialmente graves, excepto las personas que participaron en enfrentamientos militares y políticos y que fueron amnistiadas.

211. Con arreglo al artículo 34 de la Ley sobre el Maljlis-i Oli (Elecciones), un ciudadano no puede ser miembro simultáneamente del Majlis-i Milli y del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli.

Un diputado del Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli no puede ser simultáneamente diputado de otro órgano representativo local o de un órgano autónomo.

Un miembro del Majlis-i Milli no puede ser simultáneamente miembro de más de dos órganos del Estado.

Los miembros del Gobierno, jueces, el fiscal general y sus adjuntos, fiscales y demás funcionarios de los órganos de la fiscalía, viceministros y presidentes de comités del Estado, directores de los órganos administrativos del Estado y sus adjuntos y directores y funcionarios superiores de bancos no pueden ser simultáneamente miembros del Majlis-i Milli, y pueden inscribirse como candidatos al Majlis-i Milli únicamente si declaran en sus solicitudes que aceptan dimitir de sus cargos profesionales en caso de ser elegidos al Majlis-i Milli.

Artículo 17

212. La Constitución estipula que el hogar de una persona es inviolable. Está prohibido allanar la morada de una persona y privar a una persona de su hogar, excepto en los casos prescritos por la ley (art. 22).

La Constitución salvaguarda la confidencialidad de la correspondencia, las conversaciones telefónicas y las formas de comunicación telegráfica y de otro tipo, excepto en los casos prescritos por la ley.

La reunión, almacenamiento, utilización y difusión de información sobre la vida privada de una persona sin su consentimiento están prohibidos.

213. Puede incurrirse en responsabilidad penal por infracción de la inviolabilidad del hogar o la confidencialidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas, comunicación postal, telegráfica o de otro tipo, por la reunión ilegal o difusión de información sobre la vida privada de una persona o la negativa de un funcionario a proporcionar a una persona información reunida que afecta directamente sus derechos y libertades, por la violación de la confidencialidad de la adopción, por afrentas al honor y dignidad de una persona mediante la difusión de información falsa que mancilla su honor, dignidad o reputación, y por actos de humillación y degradación (Código Penal, arts, 147, 146, 144, 148, 173, 135 y 136).

214. El Código Civil de 1999 contiene salvaguardas importantes y en él el honor y la dignidad, la inviolabilidad del hogar y de la vida privada, la confidencialidad de los asuntos personales y familiares y otros derechos personales se califican de beneficios inmateriales protegidos por las correspondientes disposiciones del Código. Si una persona causa daños a un ciudadano en forma de sufrimiento físico o mental o de ataques contra sus derechos y libertades personales, el ciudadano puede exigir a esta persona una indemnización monetaria por estos daños, inclusive mediante una acción jurídica (art. 170-177). El Código Civil también establece la responsabilidad por daños (incluidos daños a los intereses no materiales protegidos de una persona) causados por actos ilegales de organismos encargados de la investigación preliminar, de la Fiscalía General o de un tribunal (art.1086).

215. La Constitución y el derecho contienen disposiciones sobre protección contra allanamiento ilegal de morada, violación de la confidencialidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas y comunicaciones telegráficas y de otro tipo e injerencia en otras esferas de la vida privada. Sin embargo, la ley no se pronuncia sobre el concepto de injerencia “arbitraria” en estas esferas de las relaciones humanas. El concepto de “ilegal” en relación con estas esferas de actividad humana abarca todas las formas de infracción de la inviolabilidad, como puede verse en determinadas disposiciones del Código Penal (Código Penal, art. 147).

216. Como declara el artículo 22 de la Constitución, el allanamiento de morada y la violación de la confidencialidad de la correspondencia, de las conversaciones telefónicas y de las comunicaciones telegráficas y de otro tipo sólo se permite en los casos prescritos por la ley para salvaguardar los derechos de otras personas o de la sociedad. Los procedimientos aplicables en tales casos están reglamentados por las leyes sobre la fiscalía y la milicia y por las disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

217. Si en un causa penal en curso de investigación hay motivos suficientes para creer que los instrumentos de un delito, una persona buscada por la policía, un cadáver u objetos de valor que pueden arrojar luz sobre el caso están en el hogar de una persona, el funcionario o el organismo del Estado que realiza la investigación puede realizar un registro para encontrar la persona o el cadáver y confiscar otros objetos. Puede realizarse un registro de la persona por los mismos motivos.

Puede realizarse un registro sobre la base de una decisión razonada de un investigador, pero únicamente con la aprobación de un fiscal o por orden de un tribunal. Ha de aprobar los registros un fiscal o su adjunto. En circunstancias en que no puede haber retraso puede realizarse un registro sin aprobación de un fiscal, pero hay que notificar al fiscal el registro no más tarde de 24 horas (Código de Procedimiento Penal, art. 168).

218. Para salvaguardar los derechos de propiedad y otros derechos, ha de estar presente durante el registro la persona cuyos locales se registran o miembros adultos de su familia. Si no puede estar presente ninguna de estas personas, se invita a asistir a representantes de un órgano de la administración local.

El investigador que lleve a cabo un registro sólo puede confiscar objetos o documentos que puedan estar relacionados con el caso. (art. 169 y 171)

219. Para proteger la inviolabilidad de la vida privada durante una operación de búsqueda y captura, el investigador debe adoptar medidas para prevenir la revelación de pormenores de la vida privada de las personas que viven en el local en cuestión (párr. 5 del art. 170).

Para salvaguardar el derecho de la persona al honor y la dignidad, sólo puede realizar un registro una persona del mismo sexo y en presencia de testigos del mismo sexo (art. 172).

220. Puede confiscarse y sacarse correspondencia de las oficinas postales y telegráficas únicamente en relación con una investigación penal y con la aprobación de un fiscal o cumpliendo una decisión o una orden de los tribunales.

Para prevenir al confidencialidad de la correspondencia de una persona, la inspección y traslado debe realizarse en presencia de un testigo perteneciente al personal de la oficina de correos y telégrafos (art. 174).

221. La ley prevé que la vigilancia de la legalidad y los motivos de inspecciones y confiscación de correspondencia corra a cargo de la fiscalía mediante comprobaciones relativas a la concesión o denegación de la aprobación, durante la vigilancia por el fiscal de la realización de investigaciones preliminares, la confirmación de la solicitud de auto de procesamiento y el examen y tramitación de denuncias y solicitudes de ciudadanos, y durante otras funciones de vigilancia. Los tribunales pueden verificar la legalidad y motivos de la injerencia en los asuntos privados de una persona al ver causas penales o examinar solicitudes de ciudadanos relacionadas con ellas. Además, los organismos pertinentes encargados de hacer cumplir la ley pueden también llevar a cabo sus propias comprobaciones internas.

222. Debe señalarse que el actual Código de Procedimiento Penal, que se aprobó en 1961, ha sufrido enmiendas importantes en relación con la protección de los derechos y libertades de la persona. Se está preparando actualmente un nuevo Código de Procedimiento Penal con miras a mejorar las reglamentaciones que rigen las infracciones de la inviolabilidad del hogar o la confidencialidad de la correspondencia, conversaciones telefónicas y comunicaciones telegráficas o de otro tipo durante la administración de justicia para salvaguardar esta inviolabilidad y confidencialidad contra todas las formas de injerencia ilegal o arbitraria.

223. Si se constata que ha habido infracciones de la inviolabilidad del hogar o de la confidencialidad de la correspondencia, de conversaciones telefónicas y de comunicaciones telegráficas y de otro tipo o la reunión ilegal de información y datos personales, la fiscalía incoa procesos disciplinarios contra las personas que cometieron estas infracciones.

Si se descubren pruebas de actividad delictiva por funcionarios culpables de organismos encargados de las investigaciones preliminares se procesará a estas personas. Por ejemplo, Kurbanov, director administrativo del Organismo de Control de Drogas del oblast de Khatlon, realizó un registro ilegal en el hogar del ciudadano Nuraliev. La fiscalía del oblast de Khatlon incoó diligencias penales contra Kurbanov y lo llevó ante los tribunales. El tribunal consideró que Kurbanov era culpable y le impuso una condena penal 2 .

Artículo 18

224. El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión está incorporado en la Constitución y en la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas, de 1º de diciembre de 1994.

La libertad de conciencia sin restricciones y el derecho del ciudadano a escoger libremente sus creencias y su concepto del mundo están afirmados claramente en la Constitución. Con arreglo al artículo 8 de la Constitución, la vida publica en Tayikistán se desarrolla sobre la base del pluralismo político e ideológico. Ninguna ideología, incluidas las ideologías religiosas, puede establecerse como ideología del Estado. Las organizaciones religiosas están separadas del Estado y no pueden injerirse en los asuntos del Estado.

Con arreglo al artículo 26 de la Constitución, toda persona tiene derecho a determinar independientemente su actitud hacia la religión, a profesar de modo individual o en comunidad con otras personas cualquier religión o ninguna, y a participar en servicios, ceremonias y ritos religiosos.

Con arreglo a la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas (art. 1), la libertad de religión acordada por la Constitución a los ciudadanos también incluye el derecho a la justicia social y a la igualdad y la protección de los de intereses de los ciudadanos con independencia de sus creencias religiosas (art. 3).

225. No puede obligarse a nadie a adoptar una fe religiosa, a manifestar una religión o a negarse a hacerlo o a participar o no participar en servicios, ritos o ceremonias religiosas o en una instrucción religiosa. El ejercicio de la libertad de conciencia está sujeto únicamente a las limitaciones necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades fundamentales de los demás, que están establecidos por ley y responden a las obligaciones internacionales de Tayikistán (art. 3).

226. Con arreglo a los artículo 8 y 17 de la Constitución y al artículo 4 de la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas, se acuerda a los ciudadanos igualdad de derechos, con independencia de su actitud hacia la religión, en todas las esferas de la vida política, económica, social y cultural. Toda limitación directa o indirecta de los derechos y la concesión de ventajas a los ciudadanos basada en su actitud hacia la religión o la incitación a la enemistad o el odio en relación con creencias religiosas o los insultos a los sentimientos de los ciudadanos tienen las consecuencias jurídicas establecidas por la ley.

227. El Estado alienta la tolerancia y el respeto mutuo entre ciudadanos, tanto si profesan una religión como si no, y entre organizaciones religiosas de creencias distintas y sus miembros. El Estado suprime el fanatismo y el extremismo religiosos (Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas, art. 5).

Con arreglo al artículo 5 de la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas todas las religiones y todas las creencias religiosas son iguales ante la ley. Está prohibido conceder ventajas a una religión o creencia religiosa o imponerle restricciones.

El Estado no permite que las organizaciones religiosas desempeñen funciones del Estado. No financia las actividades de organizaciones religiosas o actividades que promuevan el ateismo. Las organizaciones religiosas no desempeñan funciones del Estado. Las organizaciones religiosas tienen derecho a participar en la vida pública y a utilizar los medios de comunicación en plano de igualdad con las asociaciones voluntarias. Los miembros de organizaciones religiosas tienen derecho a participar en la vida política en plano de igualdad con los demás ciudadanos. Las organizaciones religiosas deben cumplir los requisitos de la legislación en vigor y respetar el orden público. El Estado promueve la tolerancia y el respeto mutuo entre los ciudadanos, tanto si profesan una religión como si no, entre las organizaciones de distintas creencias y sus miembros, y reprime el fanatismo y el extremismo religiosos.

228. El artículo 157 del Código Penal impone penas por obstaculizar las actividades legítimas de las organizaciones religiosas o la observancia de los ritos religiosos, siempre que estas actividades y esta observancia no perturben el orden público ni infrinjan los derechos de los demás ciudadanos. En el período de 1999 a 2003 se incoaron diligencias penales con arreglo al artículo 157 en un caso, que acabó en condena 2 .

229. El Estado respeta la libertad de los padres o tutores legales para garantizar la educación religiosa y moral de los hijos a su cargo, de conformidad con sus convicciones (Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas, art. 3). Se puede enseñar a los niños doctrina religiosa y pueden recibir una educación religiosa desde la edad de 7 años con el consentimiento escrito de sus padres o padres sustitutos, y desde la edad de 16 años sin su consentimiento, en horas libres de la escuela, en el idioma que escojan, individualmente o en comunidad con otros. Los ciudadanos de Tayikistán pueden también asistir a escuelas establecidas por organizaciones religiosas (Ley, art. 6).

230. El sistema educativo del Estado es secular y no tiene relación con ninguna religión. Todas las personas tienen acceso a distintos tipos y niveles de educación con independencia de su actitud hacia la religión (Ley, art. 6).

Las escuelas de educación general del Estado y los establecimientos de educación superior enseñan la historia de la religión. Se ha publicado un libro de texto en tayiko titulado Historia de la religión para el séptimo grado de la educación secundaria.

No pueden imponerse restricciones a la realización de investigaciones científicas, incluidas las investigaciones financiadas pero el Estado, a la publicación de los resultados de estas investigaciones o a su inclusión en los programas de educación general aduciendo su compatibilidad o incompatibilidad con los preceptos de una religión o con el ateísmo (Ley, art. 5).

231. La libertad espiritual y cultural y la libertad de religión incorporada en la Constitución se reflejan en las actividades de las organizaciones religiosas de Tayikistán. La primera Constitución de la República independiente de Tayikistán se aprobó en 1994 y aquel mismo año se produjo la aprobación de la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas que estableció el mayor ámbito posible para la libertad de religión. Con arreglo a la Ley las organizaciones religiosas (art. 7), las comunidades religiosas (art. 8) y las administraciones, centros y asociaciones religiosas (art. 9) pueden desarrollar libremente actividades religiosas. Todos estos grupos se han formado para atender las necesidades religiosas de los ciudadanos relativas a la profesión y propagación de la fe religiosa, y actúan con sus propias estructuras organizativas seleccionando, nombrando y sustituyendo su personal de conformidad con sus estatutos o reglamentos.

Los centros y administraciones religiosas también tienen derecho, de conformidad con sus estatutos registrados (reglamentos), a fundar monasterios, hermandades religiosas y organizaciones misioneras (art. 10), y seminarios propios para formar a sacerdotes y demás personal religioso requerido.

232. El artículo 14 de la Ley ha simplificado la inscripción de organizaciones religiosas. Para que una comunidad religiosa o mezquita de las cinco oraciones (pequeñas mezquitas en pueblos y ciudades) obtenga la capacidad jurídica de una persona, los miembros de la comunidad o mezquita (por lo menos 10 personas de 18 años de edad o más) presentan una solicitud acompañada por los estatutos (reglamento) a las autoridades locales del lugar donde debe fundarse la comunidad o mezquita. Si la comunidad o mezquita pertenece a algún tipo de organización religiosa, el hecho debe indicarse en el estatuto y debe ser confirmado por la administración religiosa en cuestión.

Las autoridades locales deben examinar estas solicitudes en el plazo de un mes e inscribir el estatuto de la comunidad religiosa o mezquita, sujeto a la aprobación del organismo del Estado encargado de los asuntos religiosos. Si esta aprobación no llega, las autoridades locales interesadas pueden pedir materiales adicionales y solicitar la opinión de un experto. En tal caso debe adoptarse una decisión en un plazo de tres meses.

Las asociaciones y administraciones religiosas, mezquitas centrales, monasterios y seminarios establecidos por organizaciones religiosas presentan sus estatutos (reglamentos) aprobados al organismo del Estado encargado de los asuntos religiosos para su inscripción. Este organismo (el Comité de Asuntos Religiosos) debe tomar una decisión sobre la inscripción del estatuto, en coordinación con las autoridades locales en el plazo de un mes.

Pueden fundarse mezquitas centrales en pueblos y ciudades, distritos, centros de oblast y ciudades grandes con una población no inferior a 15.000 personas.

Las organizaciones religiosas tienen derecho a protección judicial. El rechazo de una solicitud de inscripción en el registro o la falta de decisión dentro del plazo establecido por la ley puede recurrirse ante los tribunales (art. 15).

Desde 1999 no ha habido ningún caso de negativa a inscribir una organización religiosa.

233. El artículo 21 de la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas otorga a los creyentes una amplia libertad de elección del lugar donde pueden celebrarse los ritos y ceremonias religiosas. Estos lugares pueden ser casas de oración y las tierras que les pertenecen, lugares de peregrinación, locales de organizaciones religiosas, cementerios, apartamentos y casas privadas, hospitales civiles y religiosos, hogares de ancianos y de personas discapacitadas, lugares de prisión preventiva y cárceles. En caso necesario se concede permiso para celebrar servicios, ritos y ceremonias religiosas de conformidad con el procedimiento para celebrar reuniones públicas, reuniones políticas, manifestaciones y procesiones. Los comandantes de las unidades y subunidades militares no obstaculizan la participación en los servicios y ritos religiosos del personal militar en su tiempo libre.

Las unidades de la 201ª División Motorizada de Infantería del Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia estacionadas en Tayikistán tienen iglesias cristianas ortodoxas de regimiento que funcionan permanentemente, y mezquitas.

234. Las relaciones entre el Estado y las organizaciones religiosas pueden describirse del modo siguiente.

Tayikistán en su calidad de Estado secular se opone al extremismo y al radicalismo religioso. La Constitución y la Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas prohiben la creación de partidos u organizaciones religiosas extremistas y las organizaciones religiosas no pueden injerirse en los asuntos de los organismos del Estado. Las organizaciones religiosas (pero no los partidos políticos) y sus empleados tienen prohibido desarrollar actividades políticas o presentarse a elecciones para los órganos legislativos. Puede enjuiciarse penalmente la creación y los directores de organizaciones religiosas cuyas actividades puedan perjudicar la salud de las personas o dañar de otro modo la persona o sus derechos (Código Penal, art. 159).

Los partidos religiosos están permitidos en Tayikistán.

235. El 97 por ciento de la población de Tayikistán es musulmana, por lo que el Estado hace todos los esfuerzos posibles para garantizar que las minorías étnicas y religiosas no se sientan oprimidas. Se ha establecido un marco jurídico que permite a las minorías religiosas manifestar más plenamente su religión y atender a sus necesidades religiosas.

Tienen actividades en Tayikistán las siguientes organizaciones religiosas no islámicas: la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Cristiana Baptista Evangélica (en seis ciudades y distritos), la Iglesia Cristiana Evangélica (en ocho ciudades y distritos), la Iglesia Cristiana Sonmin, la sociedad misionera Grace Sonmin, el centro Baha’i, la Nueva Iglesia Apostólica, la Iglesia Ortodoxa Rusa (en tres ciudades), el centro misionero Nadezhda, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras.

La Constitución no considera la religión como una antítesis de la cultura ni niega su función en la sociedad. Los principios incorporados en la legislación de Tayikistán y en las principales esfera de la política del Estado facilitan la expansión de la libertad espiritual y cultural. La libertad de la persona para escoger su religión crea condiciones para el pluralismo religioso. Tayikistán tiene 257 mezquitas centrales y 2.500 mezquitas pequeñas de las cinco oraciones. Estas cifras aumentan cada año. (Por ejemplo, había 17 mezquitas centrales en 1990 y 187 en 1999). Tayikistán tiene 66 organizaciones religiosas no islámicas. No había ni una sola escuela religiosa en 1990, pero hoy hay 20 escuelas secundarias religiosas y una universidad. El 9 de octubre de 1997, el Gobierno aprobó el Decreto nº 437 sobre la reglamentación de los preparativos y la realización del hayy a fin de facilitar a los fieles el peregrinaje, mejorar los servicios de los peregrinos y garantizar su seguridad. Con arreglo a este Decreto, se conciertan con Arabia Saudita los acuerdos pertinentes sobre la prestación de servicios a los peregrinos. Se han eliminado todas las restricciones nacionales a las peregrinaciones. Entre 1993 y 2001 no hubo un solo caso de denegación de visado de salida para personas que deseaban realizar el peregrinaje. En 2002, en virtud del acuerdo bilateral entre Tayikistán y la Arabia Saudita sobre la realización del hayy por ciudadanos de Tayikistán, el Gobierno de Tayikistán enmendó y complementó el Decreto de 1997. Para facilitar el peregrinaje se aprobaron reglamentaciones sobre disposiciones para que los ciudadanos de Tayikistán realizaran el hayy; estas reglamentaciones prevén grupos de trabajo que irán a Arabia Saudita a concertar acuerdos y ultimar disposiciones para la comida y alojamiento de los peregrinos de Tayikistán y para asistencia médica y un viaje seguro. Los organismos pertinentes del Estado, en colaboración con el Centro Islámico de Tayikistán utilizan los medios de comunicación para informar al público sobre las disposiciones necesarias para realizar el hayy, y se ocupan de cuestiones relativas a la prestación de servicios a los peregrinos en los aeropuertos. Por motivos de seguridad no se permite que los peregrinos viajen por tierra.

El Estado adopta medidas para atender las necesidades de los fieles. Las fiestas islámicas de Ramadán y Kurbon son días feriados. Se están restaurando los monumentos y edificio religiosos. Desde 1999 se han restaurado más de 20 edificios religiosos. Los aniversarios de destacados dirigentes del pasado se celebran en todo Tayikistán. Se ha publicado una traducción en tayiko del Corán.

El Estado no pone obstáculos a la formación de personal para las organizaciones e instituciones religiosas, ni en Tayikistán ni en el extranjero. Los estudiantes tayikos cursan estudios en escuelas religiosas de Egipto, Siria, Arabia Saudita, la República Islámica de Irán, Pakistán, Turquía, India y otros países.

Las organizaciones religiosas de Tayikistán tienen vínculos con muchas organizaciones del extranjero. Participan activamente en simposios y conferencias internacionales y en actividades de centros islámicos del extranjero, incluida la Liga Islámica Mundial, y son miembros del Consejo Islámico Euroasiático, la Asociación de Universidades Islámicas, etc. Las organizaciones religiosas cristianas también tienen estrechos contactos con sus correligionarios de Europa Occidental y de América, como, por ejemplo, la Iglesia Protestante Sonmin, la Liga Bíblica, la misión Cristiana Nadezhda, y otras. Algunos clérigos de Tayikistán son súbditos extranjeros.

Artículo 19

236. El artículo 30 de la Constitución otorga a toda persona libertad de expresión y libertad de prensa y el derecho a utilizar los medios de comunicación.

La Ley de prensa y otros medios de comunicación de masas y la Ley de radio y televisión establecen y protegen los derechos de todas las personas a expresar libremente sus opiniones y la libertad de buscar, recibir y comunicar información.

El Código Penal impone penas por la negativa a facilitar información a los ciudadanos (art. 148) y por la obstaculización de las actividades profesiones legales de los periodistas (art. 162). Entre 1999 y 2003 no se ha incoado ninguna acción penal en virtud de estos artículos, porque en ningún caso el público ha presentado solicitudes al respecto a los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

237. La Ley de prensa y otros medidos de información de masas estipula el derecho de todo ciudadano a tener sus opiniones y a expresarlas con libertad y difundirlas en cualquier forma en la prensa o en otros medios de comunicación (art. 2). Están prohibidas la censura estatal y los proceso por criticas contra el Estado (Constitución, art. 30; y Ley de prensa y otros medidos de información de masas, art. 2).

Los medios de comunicación de Tayikistán desarrollan sus actividades en tayiko y en otros idiomas de conformidad con la Constitución y otras leyes (Ley de prensa y otros medidos de información de masas, art. 3).

238. Con arreglo al artículo 8 de la Ley de prensa y otros medidos de información de masas, el derecho a fundar medios de comunicación de masas corresponde a las autoridades locales y a otros organismos estatales, a partidos políticos, organizaciones voluntarias, movimientos de masas, asociaciones creativas, cooperativas y organizaciones religiosas y a otras organizaciones públicas establecidas de conformidad con la ley, así como a colectivos laborales y a personas que han cumplido los 18 años de edad. Están prohibidas todas las formas de monopolio (prensa, radio, televisión, etc.). Las empresas propietarias de los medios de comunicación han de inscribirse en el plazo de un mes después de haber presentado una solicitud a la oficina notarial del Estado del lugar donde actuarán (art. 9). Las organizaciones con tiradas inferiores a 100 ejemplares no tienen que inscribirse (art. 11). La inscripción de una empresa propietaria de medios de comunicación sólo puede denegarse si se ha violado la legislación nacional en vigor (art. 12). El fundador o la junta editorial pueden presentar un recurso ante los tribunales contra la negativa a inscribir una empresa propietaria de medios de comunicación, el incumplimiento por un organismo del Estado del plazo de inscripción y la decisión de que cesen las actividades de una empresa propietaria de medios de comunicación; los tribunales ven estos casos, incluidas las controversias sobre la propiedad, con arreglo al procedimiento establecido por el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal.

Con arreglo al artículo 14 de la Ley de prensa y otros medidos de información de masas, las actividades de los medios de comunicación pueden cesar por los siguientes motivos:

1) Por decisión del fundador;

2) A consecuencia de la liquidación o reorganización del medio de comunicación;

3) Por decisión de los tribunales al haber habido violación del artículo 6 de la Ley que prohíbe abusar de la libertad de expresión o del artículo 22 que prohíbe la difusión de literatura y publicaciones conteniendo llamamiento para subvertir o cambiar el sistema constitucional, información insultante para el honor y la dignidad del Estado o del Presidente, propaganda a favor de la guerra, la violencia o la crueldad, la discriminación o intolerancia racial, étnica o religiosa, la pornografía o la incitación a cometer otros actos punibles penalmente.

Cuando ha habido violación de las disposiciones de la Ley, el fiscal o el Ministerio de Cultura dirige una advertencia oficial al infractor; si se repite el delito, se puede pedir a los tribunales que cese la actividad del medio de comunicaciones en cuestión (art. 14).

239. El Estado determina la política en materia de emisiones de radio y televisión y los fundamentos jurídicos de estas emisiones, coordina la labor de ministerios, departamentos y otros organismos del Estado en esta esfera, proporciona el necesario apoyo logístico a las organizaciones de radio y televisión del Estado, proporciona protección social y jurídica a su personal, garantiza el cumplimiento de los compromisos internacionales de Tayikistán y asegura la participación en actividades de organizaciones internacionales y la cooperación internacional en materia de televisión y radiodifusión. Los artículos 5 y 6 de la Ley de prensa y otros medidos de información de masas prohiben la injerencia en la labor creativa de las organizaciones de televisión y de radio por organismos del Estado, autoridades locales o sus funcionarios, partidos políticos, organizaciones voluntarias o particulares, así como la censura y la vigilancia del contenido ideológico de los programas de radio y televisión.

Las organizaciones no estatales de televisión y radiodifusión actúan con su propia financiación mediante licencias concedidas con arreglo a la citada Ley y sujetas a la autorización técnica del Ministerio de Comunicaciones (art. 10 y 11). Con arreglo al artículo 13, pueden cesar las actividades de las organizaciones de televisión y radiodifusión por una decisión de su fundador (o cofundadores) o de un tribunal o por la cancelación o retirada de sus licencias. Puede cancelarse una licencia si no se concedió al solicitante de conformidad con el procedimiento establecido o si se concedió sobre la base de información incompleta o falsa que tuvo una influencia importante en la decisión de conceder la licencia. Puede retirarse una licencia si su titular no cumple con las condiciones de la Ley de prensa y otros medidos de información de masas, o puede suspenderse si el titular abusa de sus derechos (art. 12).

240. La Ley de prensa y otros medidos de información de masas reglamenta también las relaciones entre los medios de comunicación y el público y las organizaciones. Con arreglo al artículo 5, el Estado, las organizaciones políticas y voluntarias, los movimientos y los funcionarios deben facilitar la información que necesitan los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, la libertad de buscar, recibir y comunicar información impone deberes específicos y una responsabilidad específica relacionada con determinadas limitaciones. Los medios de comunicación no deben abusar de la libertad de expresión: se les prohíbe publicar información que es secreto de Estado u otros secretos protegidos por la ley, llamamientos a favor del derrocamiento violento o el cambio del sistema constitucional, denigración del honor y la dignidad del Estado o el Presidente, propaganda a favor de la guerra, la violencia o la crueldad, la discriminación o la intolerancia racial, étnica o religiosa, la pornografía o la incitación a cometer otros actos punibles penalmente. (art. 6 y 34). Está prohibido y sujeto a enjuiciamiento la utilización de los medios de comunicación con el fin de injerirse en las vidas privadas de ciudadanos y la publicación de información que se sabe que es falsa o calumniosa o información provocativa que daña el honor y la dignidad de ciudadanos, organismos del Estado, asociaciones voluntarias y otras organizaciones (art. 6 y 34). Los directores y periodistas de los medios de comunicación no tienen derecho a publicar información sobre las instrucciones penales sin la autorización por escrito de un fiscal o del investigador o de la persona que realiza la investigación inicial, publicar informaciones que puedan señalar la identidad de un delincuente juvenil sin su consentimiento y el consentimiento de su representante legal o prejuzgar en sus reportajes el resultado del procedimiento judicial en un caso determinado o ejercer otro tipo de presión sobre un tribunal antes de que entre en vigor su decisión o sentencia (art. 29). Los tribunales pueden ordenar que los medios de comunicación y los oficiales o particulares culpables paguen indemnización por los daños morales que inflijan. El importe monetario de esta indemnización está determinado por los tribunales (art. 38). El Código Penal establece la responsabilidad por facilitar información dudosa o calumniosa a los medios de comunicación (art. 135). Entre 1999 y 2003 en sólo un caso se incoaron diligencias penales con arreglo a los artículos 135 y 137 del Código Penal: fue contra D. Atoullev, director del periódico Charogi ruz ; el caso se sobreseyó en virtud de la Ley de Amnistía General.2

241. Las personas tienen los mismos derechos y oportunidades de obtener información que las organizaciones. El derecho de todas las personas a obtener información está incorporado al artículo 25 de la Constitución que obliga a los organismos del Estado, asociaciones voluntarias y funcionarios a garantizar que todas las personas puedan obtener y examinar documentos relativos a sus derechos e intereses. Con arreglo al artículo 47 de la Constitución, el derecho y la libertad de la persona de obtener información no puede restringirse ni siquiera durante un estado de excepción.

Con arreglo al artículo 27 de la Ley de prensa y otros medios de información de masas y al artículo 20 de la Ley de radio y televisión, los ciudadanos tienen derecho a recibir por conducto de los medios de comunicación información rápida y fiable sobre las actividades de los organismos del Estado, asociaciones voluntarias y oficiales. Los medios de comunicación tienen derecho a recibir esta información de los organismos del Estado, asociaciones voluntarias y funcionarios, los cuales están obligados a facilitar a los medios de comunicación la información de que dispongan y a darles la oportunidad de examinar documentos. Los representantes de los medios de comunicación pueden presentar denuncia a un organismo o funcionario de rango superior y luego a los tribunales por la negativa a facilitar la información solicitada. Los funcionarios que facilitan la información son responsables de su exactitud. Con arreglo a la Ley sobre comunicaciones de los ciudadanos, de 14 de diciembre de 1996, es deber de los organismos del Estado, asociaciones voluntarias, empresas, instituciones y organizaciones que examinan las comunicaciones de los ciudadanos tramitarlas con puntualidad e informar a las personas interesadas por escrito sobre sus resultados (art. 9). Está prohibido publicar información conseguida durante el examen de estas comunicaciones: las informaciones sobre la vida privada de una persona no pueden hacerse públicas sin su consentimiento; y si ella lo pide no pueden darse a conocer pormenores sobre su identidad (art. 11), con sujeción a responsabilidad en virtud del artículo 14.

242. Estos principios se aplican también a los derechos y deberes de los periodistas en Tayikistán. Los periodistas tienen derecho a buscar, recibir y comunicar información, a ser recibidos por funcionarios en relación con el desempeño de sus deberes profesionales, a hacer grabaciones, incluidas por medios técnicos, a visitar zonas afectadas por desastres naturales y a recurrir a expertos para verificar los hechos y las circunstancias. Los periodistas deben comprobar la exactitud de la información que se les haya facilitado y respetar los derechos, intereses legítimos y dignidad nacional de los ciudadanos y los derechos y legítimos intereses de las organizaciones (Ley de prensa y otros medios de información de masas, art. 31 y 32).

243. La injerencia en las actividades de los medios de comunicación, la obstrucción por funcionarios de organismos del Estado o de asociaciones voluntarias de las actividades profesionales legítimas de periodistas, la coacción a periodistas para que la publiquen o dejen de publicarla están prohibidas y sujetas a proceso penal (Ley de prensa y otros medios de información de masas, art. 37; Ley de radio y televisión, art. 6).

Si se constata que algunos empleados de organismos del Estado, asociaciones voluntarias, empresas, instituciones y organizaciones con independencia de su forma de propiedad han publicado información protegida sobre las vidas privadas de ciudadanos u otra información que cercena los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos pueden ser condenados a medidas disciplinarias con arreglo a la Ley sobre comunicaciones de los ciudadanos si tales actos no acarrean responsabilidad administrativa o penal.

244. El artículo 148 del Código Penal prescribe penas por la negativa a facilitar a un ciudadano información, documentos u otros materiales reunidos de conformidad con los procedimientos establecidos, que afectan directamente sus derechos y libertades, y por proporcionar a un ciudadano información incompleta o deliberadamente distorsionada cuando estas acciones menoscaban sus derechos o intereses: una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo o la suspensión de tres a cinco años del derecho a desempeñar determinados cargos o a realizar determinadas actividades. Entre 1999 y 2003 no se incoaron diligencias penales con arreglo a este artículo, ni hubo particulares que presentaran solicitudes a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre este tema.

245. La obstrucción de las actividades profesionales legítimas de los periodistas incurre también en enjuiciamiento penal. Con arreglo al artículo 162 del Código Penal, todo tipo de obstrucción de las actividades profesionales legítimas de periodistas, la coacción de periodistas para que publiquen o dejen de publicar información, si va acompañada de amenazas de violencia, destrucción o daños a la propiedad, de la difusión de mentiras calumniosas o la publicación de otras informaciones que la víctima deseaba mantener secretas o por amenazas de infringir los derechos e intereses de un periodista puede castigarse con una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo o por una deducción punitiva de ingresos hasta dos años o por prisión rigurosa de hasta seis meses.

Si los mismos actos, si van acompañados de violencia o daños a la propiedad o de abuso de un cargo oficial, pueden castigarse con la restricción de la libertad hasta tres años o la privación de libertad hasta cinco años, con o sin suspensión hasta tres años del derecho a desempeñar determinados cargos o de desarrollar determinadas actividades. De 1999 a 2003 no se incoaron diligencias penales en virtud de este artículo, porque no hubo ninguna solicitud de particulares a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en relación con el tema.

246. Tayikistán tiene seis agencias de información y 271 publicaciones periódicas (diarios y revistas). Seis de ellas son publicaciones nacionales oficiales (los diarios Sadoi mardum y Jumkhuriat (en tayiko), Khalk ovozi (en uzbeko) y Narodnaya gazeta (en ruso); y las revistas Akhbori (Noticias) del Majlis-i Oli de la República de Tayikistán y Sbornik Sobraniya postanovlenii Pravitelstva Respubliki Tajikistana (en tayiko y ruso)). Las publicaciones se imprimen en los idiomas tayiko, ruso, uzbeko, kirgizo y farsi y en el dialecto shugni.

Tayikistán tienen las siguientes emisoras estatales de televisión y radiodifusión:

- Televisión y Radio Nacional;

- Televisión y radiodifusión de la región autónoma de Gorny Badakhshan;

- Televisión y radiodifusión del oblast de Khatlon;

- Televisión y radiodifusión del oblast de Sogd;

- Televisión de la ciudad de Kulyab.

Hay 17 estudios de televisión no estatales y cuatro emisoras de radio no estatales que emiten con licencia 9 .

247. Desde 1999 las solicitudes para la inscripción de una publicación impresa o de medios electrónicos de comunicación se han aprobado en la mayoría de los casos, si los documentos estaban redactados con los debidos requisitos. En un caso, se concedió una licencia para una emisora de radio solamente después de volver a examinar la solicitud (Radio Azia Plus).

De conformidad con el principio de facilitar una amplia información sobre los acontecimientos y la evolución de Tayikistán, la Ley de prensa y otros medios de información de masas establece el derecho de los medios de comunicación extranjeros de actuar en Tayikistán mediante la apertura de oficinas o la presencia de periodistas acreditados (art. 39). Hay en la actualidad 169 periodistas acreditados y empleados de medios de comunicación extranjeros en Tayikistán. Los medios de comunicación de Estados extranjeros están representados por una filial, tres oficinas, siete corresponsales y siete corresponsalías 10 .

248. Los principios de la democracia de los medios de comunicación en Tayikistán están confirmados también por el hecho de que sólo el 50 por ciento de los miembros del Comité de Televisión y Radiodifusión encargados de conceder licencias de emisión a las organizaciones de televisión y de radio son empleados del Estado. El otro 50 por ciento está formado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Tayikistán , la Asociación Nacional de Nuevas Tecnologías y Sistemas de Información, la emisora pública de televisión Poitakht (Capital), TAJ ANESMI, el Ministerio de Comunicaciones y el Centro de Investigaciones Estratégicas de la Presidencia. Se está creando una junta de conciliación para ocuparse de las controversias que puedan surgir.

A la luz de lo expuesto, puede afirmarse que en Tayikistán hay un nivel de libertad de prensa bastante elevado.

249. El obstáculo principal para el posterior desarrollo de la libertad de expresión en Tayikistán es la falta de apoyo del Estado en la esfera legislativa o mediante subvenciones a las actividades de edición y emisión. Debido a las dificultades financieras, hasta el 50 por cinto de los periódicos de Tayikistán se publican irregularmente o suspenden su publicación de vez en cuando.

Artículo 20

250. La política orientada a la paz de Tayikistán está incorporada en la Constitución. Con arreglo al artículo 11 de la Constitución, Tayikistán aplica esta política respetando la soberanía e independencia de los demás Estados y basando su política exterior en las normas internacionales. La propaganda bélica está prohibida. Tayikistán, guiado por los intereses superiores del pueblo, puede ingresar o retirarse de comunidades y otras organizaciones internacionales y establecer relaciones con países extranjeros. El Estado debe cooperar con sus contrapartes del exterior.

Con arreglo al párrafo 1 del artículo 395 del Código Penal, la planificación o preparación de una guerra de agresión es punible con privación de libertad de 12 a 20 años y confiscación de bienes. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 395, iniciar o librar una guerra de agresión es punible con privación de libertad de 15 a 20 años y confiscación de bienes o pena de muerte. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 396, la incitación pública a una guerra de agresión es punible con una multa de 500 a 1.000 veces el salario mínimo o con privación de libertad entre dos y cinco años. Si se cometen los mismos actos utilizando los medios de comunicación o si los cometen personas que desempeñan cargos del Estado, pueden castigarse con privación de libertad de 7 a 10 años y suspensión hasta cinco años del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades (párr. 2 del art. 396).

Entre 1999 y 2003 no se han incoado diligencias penales en virtud del artículo 395 ni del artículo 396 del Código Penal, porque no se ha cometido ninguno de los delitos en cuestión.

251. El artículo 8 de la Constitución prohíbe toda actividad que promueva el antagonismo racial, étnico, social o religioso. El Código Penal establece penas por actos cuyo objeto es incitar el antagonismo étnico, racial, regional o religioso.

Cuando los actos tendientes a incitar el antagonismo o la discordia étnica, racial, regional o religiosa, a insultar la dignidad nacional o a promover la exclusividad basándose en la actitud de los ciudadanos hacia la religión o el origen étnico, racial o regional se cometieron públicamente o utilizando los medios de comunicación de masas, pueden castigarse con restricción o privación de libertad hasta cinco años (párr. 1 del art. 189). Si los mismos actos se cometieron repetidamente con el recurso o la amenaza del recurso a la violencia, abusando de un cargo oficial, por un grupo de personas o por un grupo de personas actuando con acuerdo previo, pueden castigarse con privación de libertad de 5 a 10 años, con o sin suspensión hasta cinco años del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades (párr. 2 del art. 189). Los actos a que se refieren los párrafos 1 y 2 del artículo 189, si fueron cometidos por un grupo organizado y tuvieron por consecuencia muertes y otros hechos graves o el traslado forzoso de un ciudadano de su residencia permanente o fueron cometidos por un reincidente peligroso o especialmente peligroso, pueden castigarse con privación de libertad de 8 a 12 años, con o sin suspensión hasta cinco años del derecho a desempeñar determinados cargos o desarrollar determinadas actividades (párr. 3 del art. 189).

La difusión de literatura o publicaciones que contienen propaganda de guerra, violencia y crueldad, discriminación o intolerancia racial, étnica o religiosa o que incitan a cometer otros actos punibles penalmente está también prohibida por el artículo 22 de la Ley de prensa y otros medios de información de masas.

Artículo 21

252. El artículo 29 de la Constitución otorga a los ciudadanos el derecho de participar en reuniones, reuniones políticas, manifestaciones y procesiones pacíficas autorizadas legalmente. No se pude obligar a nadie a participar en estos actos. El Código Penal establece penas por obstaculizar la celebración de reuniones, reuniones políticas, manifestaciones, procesiones o piquetes o la participación en estas actividades (art. 161).

El trámite para la celebración de asambleas, manifestaciones y procesiones pacíficas figura en la Ley sobre reuniones, reuniones políticas, manifestaciones y procesiones pacíficas de 1998. El artículo 6 de esta Ley reglamenta el derecho a la huelga.

253. Los ciudadanos tienen el derecho constitucional de participar en reuniones, reuniones políticas, manifestaciones y procesiones pacíficas autorizadas legalmente. No puede obligarse a nadie a participar en estos actos. El Estado garantiza el derecho a organizar y celebrar manifestaciones y de participar en ellas poniendo gratuitamente a disposición de los ciudadanos y sus asociaciones las calles, plazas, parques, jardines públicos y otros espacios abiertos; difundiendo información sobre estos actos en la prensa del Estado, la televisión, la radio y otros medios de comunicación audiovisuales; y alentando a los organismos y funcionarios del Estado a prestar asistencia organizativa. La celebración de estos actos puede comprender la utilización de símbolos, consignas y otros medios de expresión pública de las opiniones colectivas o individuales, así como medios de propaganda. Los ciudadanos extranjeros y los apátridas pueden participar libremente en las manifestaciones en plan de igualdad con los ciudadanos de Tayikistán.

254. Para poder celebrar una manifestación, su organizador debe enviar una notificación por escrito al Presidente del oblast autónomo de Gorny Badakhshan o a las autoridades de oblast, distrito o municipio 15 días antes por lo menos de la fecha fijada para la manifestación, indicando el objeto de la manifestación, la forma y el lugar o ruta de la marcha, los horarios inicial y final, el número esperado de participantes, los nombres de los organizadores y otros pormenores, y la fecha de presentación de la notificación.

Las manifestaciones pueden celebrarse en cualquier lugar adecuado, excepto en los lugares cuya utilización está restringida o prohibida por decisión de los consejos locales de los diputados del pueblo.

255. Puede prohibirse una manifestación si el objeto declarado es incitar a cometer actos, o la comisión de actos, prohibidos por la Constitución y el derecho de Tayikistán, si el lugar propuesto de celebración es un lugar reservado antes para un acto diferente o un lugar donde están prohibidas las manifestaciones o sujetas a restricciones, si la manifestación causa o puede causar una injerencia inevitable en el tráfico o la libre circulación de personas, si es probable que interrumpa el funcionamiento de empresas, instituciones u organizaciones que prestan servicios públicos esenciales, si plantea una amenaza real a las vidas, salud o seguridad de las personas o si perjudica sus derechos o intereses legítimos (Ley sobre reuniones, reuniones políticas, manifestaciones y procesiones pacíficas, art. 15). El incumplimiento de los trámites para organizar y celebrar reuniones, reuniones políticas, manifestaciones, procesiones en la calle y piquetes acarrea, después de la imposición de una pena administrativa, responsabilidad penal con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 160 del Código Penal.

Con arreglo al artículo 16 de la Ley, el organizador puede apelar ante los tribunales contra la decisión de prohibir una manifestación. Los tribunales deben examinar estas apelaciones en el plazo de tres días.

Durante una manifestación, sus participantes deben cumplir los requisitos del orden público. Se les prohíbe llevar armas de fuego o cualquier objeto especialmente preparado o adaptado que pueda servir para poner en peligro la vida o salud de otras personas o dañar los bienes de empresas, instituciones, organizaciones o ciudadanos privados (art. 18).

256. Las autoridades del Estado, funcionarios de empresas, instituciones y organizaciones con independencia de la forma de propiedad y las asociaciones voluntarias, así como los miembros del público no tienen derecho a obstruir las manifestaciones celebradas con arreglo a la ley. Está garantizada también la libre expresión de opiniones durante las manifestaciones, siempre que ello no perturbe el orden público o el procedimiento para celebrar la manifestación determinado por su organizador (art. 22 y 23).

257. La citada Ley no abarca los actos celebrados en lugares especialmente adaptados para estos fines, o las reuniones o reuniones políticas de colectivos laborales, o las reuniones (reuniones plenarias, congresos, conferencias) de asociaciones voluntarias y partidos políticos celebradas de conformidad con la ley y sus estatutos y reglamentaciones.

258. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 161 del Código Penal, puede castigarse la obstrucción ilegal de una reunión, reunión política, manifestación, procesión, piquete o el hecho de obstaculizar la participación en estos actos o de coaccionar a las personas para que participen en ellos, cuando en el acto en cuestión se recurre a la violencia o la amenaza de violencia, con una multa o la privación de libertad hasta tres años, con o sin suspensión del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades hasta tres años. Cuando en estos actos hay abuso de cargo oficial, pueden castigarse con pena de privación de libertad entre tres y cinco años, con suspensión hasta tres años del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades (párr. 2 del art. 16).

259. Desde 1999 no ha habido casos documentados de denegación de una solicitud para celebrar una manifestación, reunión política o asamblea pacífica. No se incoaron diligencias penales en virtud del artículo 160 ni del artículo 161 del Código Penal.

Artículo 22

260. El artículo 8 de la Constitución afirma que la vida pública de Tayikistán se desarrolla sobre la base del pluralismo político e ideológico. No puede establecerse como ideología del Estado ninguna ideología, incluidas las ideologías religiosas. Las asociaciones voluntarias están establecidas y actúan de conformidad con la Constitución y el derecho. El Estado les concede igualdad de oportunidades en la realización de sus actividades. Las organizaciones religiosas están separadas del Estado y no pueden injerirse en los asuntos del Estado. Está prohibido establecer y hacer actuar asociaciones voluntarias que promuevan el antagonismo racial, étnico, social o religioso o que pidan el derrocamiento violento del sistema constitucional y la formación de grupos armados.

261. Con arreglo al artículo 28 de la Constitución, los ciudadanos disfrutan de libertad de asociación 3 . Los ciudadanos tienen derecho a participar en la formación de partidos políticos, incluidos partidos de carácter democrático, religioso o ateo, sindicatos y otras asociaciones voluntarias, y pueden libremente ingresar en ellos o darse de baja.

Las asociaciones voluntarias son parte inalienable de la sociedad civil y Tayikistán procura garantizar el desarrollo de estas instituciones de la sociedad democrática.

Con arreglo a la Ley sobre asociaciones voluntarias de 1998 y el Código Civil de 1999, se permiten varias formas jurídicas de organización no comercial, incluidas cooperativas de consumidores, asociaciones (organizaciones) voluntarias, y fondos, instituciones y asociaciones voluntarias. El artículo 3 de la Ley declara que la “libertad de asociación” incluye el derecho a formar o participar en la formación de asociaciones voluntarias para la protección de los intereses comunes y el logro de metas comunes, el derecho a ingresar libremente o no ingresar en asociaciones voluntarias existentes, y el derecho de darse de baja de las asociaciones voluntarias libremente y sin impedimentos. El establecimiento de asociaciones voluntarias facilita el ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y la consecución de sus intereses legítimos.

Con arreglo al artículo 5 de la Ley, una asociación voluntaria es “una organización voluntaria, autónoma y no comercial establecida por ciudadanos o entidades jurídicas que comparten intereses y objetivos comunes”.

El artículo 12 de la Ley estipula que pueden fundar asociaciones voluntarias e ingresar en ellas ciudadanos de 18 años de edad o más, entidades jurídicas y ciudadanos extranjeros o personas apátridas, que disfrutan a este respecto de los mismo derechos que los ciudadanos de Tayikistán, excepto en los casos prescritos por el derecho nacional o los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por Tayikistán.

Los nacionales tayikos de 14 años o más de edad pueden ingresar o participar en asociaciones voluntarias de juventud y los nacionales tayikos de 10 años o más pueden ingresar en asociaciones voluntarias de niños.

El artículo 14 establece las normas para la inscripción por el Estado de las asociaciones voluntarias. Las asociaciones voluntarias nacionales e internacionales están inscritas en el Ministerio de Justicia. Las asociaciones voluntarias locales se inscriben en los departamentos de justicia de las autoridades locales.

La inscripción por el Estado requiere la presentación de los siguientes documentos: la solicitud del organismo que inscribe; el estatuto de la organización y las actas de su reunión constituyente; información sobre los fundadores; el cobro de la tasa de inscripción; y el certificado de que se ha adjuntado la dirección legal de la asociación. Estos documentos deben presentarse en el plazo de tres meses después de la celebración de la asamblea constituyente (conferencia o reuniones). La asociación voluntaria se inscribe dentro de un plazo de 30 días después de la presentación de los citados documentos. El plazo puede prorrogarse el tiempo necesario para que el solicitante corrija las deficiencias de los documentos constituyentes constatadas durante su examen.

Las asociaciones voluntarias tienen derecho a crear sindicatos de asociaciones voluntarias sobre la base de los acuerdos y estatutos constituyentes aprobados por los sindicatos, formando así nuevas asociaciones voluntarias.

Al 1º de enero de 2004 Tayikistán tenía 1.923 asociaciones voluntarias no gubernamentales funcionando en muchas esferas distintas de actividad; el número de estas asociaciones voluntarias está aumentado constantemente 3 . Su labor abarca prácticamente todas las esferas: problemas de protección social de la población, la educación de los jóvenes, la salud, el medio ambiente y la igualdad de género, así como problemas de seguridad personal y derechos humanos. Las asociaciones voluntarias cooperan estrechamente con el Gobierno en muchos sectores. Por ejemplo, 60 asociaciones voluntarias interesadas en la promoción de la igualdad de género contribuyeron a la preparación del Plan Nacional de Acción para Mejorar la Condición y la Función de la Mujer para el período 1998-2005. Las asociaciones voluntarias son un componente importante de la sociedad civil y están ayudando a promover la paz en Tayikistán. Muchas de ellas participaron en la firma del Acuerdo sobre la armonía social en Tayikistán. El presidente de Tayikistán valora mucho la labor de las organizaciones no gubernamentales y en junio de 2002 celebró una reunión con representantes de estas organizaciones.

La ley prevé la suspensión de las actividades de una asociación voluntaria por recomendación de un fiscal o por iniciativa del organismo que la inscribió; un tribunal puede suspender las actividades de una asociación voluntaria hasta tres meses en caso de:

- Una violación única y notoria del estatuto de la asociación voluntaria;

- La violación de la legislación aplicable;

- La violación por la asociación voluntaria de los derechos e intereses legítimos de personas físicas o jurídicas.

Las decisiones de suspender las actividades de las asociaciones voluntarias pueden apelarse ante los tribunales con arreglo al procedimiento establecido. Si la asociación voluntaria interesada no corrige las violaciones indicadas, el órgano que solicitó la suspensión de sus actividades puede pedir a los tribunales que se disuelva la asociación voluntaria.

262. Los trabajadores tienen derecho a formar libremente sindicatos de su elección sin autorización previa. La Ley Sindical (derechos y garantías) ha estado en vigor desde 1992.

El artículo 1 de la Ley define un sindicato como “una asociación pública voluntaria de trabajadores que tienen intereses comunes en virtud de su ocupación, en la esfera productiva y no productiva, para la protección de sus derechos laborales, sociales y económicos y los intereses de sus miembros”.

Las organizaciones sindicales pueden formar sindicatos basados en la ocupación o en su ubicación e ingresar en tales asociaciones. Los organismos del Estado no tienen derecho a injerirse en las actividades de los sindicatos.

Tayikistán tiene una Federación Nacional de Sindicatos, 18 comités sectoriales que actúan en toda la nación, tres consejos sindicales de oblast, más de 200 comités sindicales de oblast, distrito y municipio y 9.416 organizaciones sindicales primarias con una participación de 1,3 millones de afiliados, 650.000 de los cuales son trabajadores y el resto jubilados y estudiantes de establecimientos de educación superior e instituciones técnicas y de otro tipo. La industria local tiene 15.700 miembros de sindicatos; las industria textil y otras industrias ligeras, 29.000; la industria minera y de fundición, 21.874; la industria de ingeniería, 3.500; la industria química, 4.450; las comunicaciones, 8.000; los ferrocarriles, 745; y la producción de energía, 18.122.11

Los sindicatos tienen derecho a cooperar con organizaciones similares de otros Estados y a concertar acuerdos con ellas, con sujeción a los fines y metas de sus estatutos propios.

La pertenencia o no pertenencia a un sindicato no implica ninguna restricción de los derechos y libertad laborales, sociales y económicas, políticas o personales otorgados por las leyes.

Los sindicatos participan en la elaboración de leyes laborales y sociales y económicas por conducto de representantes de sus órganos nacionales, y presentan propuestas sobre estas cuestiones a los organismos pertinentes. Pueden nombrar candidatos para su elección al Parlamento y participar en campañas electorales.

Las administraciones de los órganos estatales, económicos y cooperativos y las asociaciones voluntarias, así como los particulares y los funcionarios deben respetar los derechos de los sindicatos y facilitar sus actividades. Los trabajadores elegidos como personal de los órganos sindicales pero no liberados de su trabajo productivo no pueden ser sometidos a medidas disciplinarias sin el consentimiento previo del órgano sindical del cual son miembros.

La administración de las empresas debe facilitar a los sindicatos el equipo, los locales y los medios de transporte y comunicaciones necesarios para sus actividades.

Con arreglo al artículo 18 de la citada Ley, los sindicatos tienen derecho a celebrar reuniones y, con sujeción al procedimiento prescrito por la ley, a organizar reuniones políticas, manifestaciones y otros actos de masas.

Cuando una diferencia laboral colectiva entre la administración de una empresa y un colectivo laboral o sindicato no se soluciona mediante una comisión de conciliación o un arbitraje, el colectivo laboral o sindicato tiene derecho, por conducto de sus órganos autorizados y con sujeción a la ley aplicable, a organizar y celebrar huelgas.

263. Las actividades de los partidos políticos están reglamentadas por la Ley sobre partidos políticos de 1998. Tayikistán tiene seis partidos políticos. Con arreglo al artículo 3 de la Ley, pueden formar partidos políticos los ciudadanos de Tayikistán, libremente y sin ninguna autorización, mediante una asamblea constituyente (conferencia o reunión) que apruebe el estatuto del partido y la fundación de sus órganos rectores.

A los fines de inscripción por el Estado, un partido debe presentar una lista con un número no inferior a 1.000 de sus partidarios residentes en la mayoría de ciudades y distritos de Tayikistán. En el plazo de un mes, el partido debe presentar una solicitud al Ministerio de Justicia firmada por la persona que la asamblea constituyente del partido haya autorizado, con indicación de la dirección legal del órgano rector.

En el plazo de tres meses después de su inscripción oficial por el Ministerio de Justicia, el nuevo partido debe haber establecido una organización primaria en la mayor parte de los oblast, ciudades y distritos de Tayikistán .

Los partidos políticos participan en la vida del Estado de varias maneras. Nombran a candidatos a la elección al Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli (Cámara baja) del Majlis-i Oli (Parlamento), a los órganos autónomos locales y a cargos del gobierno, y forman grupos dentro de los órganos representativos del Estado. Tayikistán tiene un Partido del Renacimiento Islámico, el único de su tipo en la región. Sin embargo la religión está separada del Estado y los partidos políticos que abrazan una ideología religiosa no pueden utilizar las instituciones religiosas con fines políticos. No se permite a los partidos tener sus propios órganos dentro de los órganos del Estado, y los empleados estatales deben mantener sus deberes de partido separados de su ocupación oficial.

El artículo 4 de la Ley contiene una disposición que prohibe la creación y funcionamiento de partidos políticos cuyos objetivos y actividades pretenden derribar violentamente el sistema constitucional, la formación de grupos armados, o la promoción del regionalismo o del antagonismo étnico, social o religioso. No se permite a los partidos políticos utilizar las organizaciones religiosas con fines políticos. Está prohibido crear o hacer funcionar un partido político en los organismos de seguridad o del interior del Estado, en los órganos de la fiscalía, en los servicios aduaneros, en las oficinas de la policía fiscal, en los organismos de justicia o de tribunales, en las fuerzas armadas u otras formaciones armadas, o en órganos del Estado, escuelas secundarias o establecimientos educativos superiores.

Con arreglo al artículo 16 de la Ley, el órgano rector de un partido debe publicar un informe financiero sobre el origen, cuantía y gastos de los fondos recibidos por el partido durante el año de que se informa, así como sobre los bienes del partido y los impuestos que ha pagado. El pertinente servicio fiscal verifica el informe financiero.

Con arreglo al artículo 20 de la Ley, si un partido viola la Constitución u otra ley o recibe asistencia financiera o política del exterior, el Ministerio de Justicia o el Fiscal general le dirige una advertencia pidiendo el cese de esta actividad ilegal. Si en el plazo de 10 días el partido no cumple la orden de que cese la actividad ilegal, el Tribunal Supremo puede suspender sus actividades hasta seis meses.

Si el partido persiste en su actividad ilegal después de su suspensión o si realiza actividades prohibidas por el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley, el Tribunal Supremo puede ordenar su disolución.

Artículo 23

264. Con arreglo a las tradiciones nacionales y al derecho de la familia, la paternidad, la maternidad y la infancia son un asunto de preocupación constante para el conjunto de la sociedad de Tayikistán. De conformidad con el artículo 33 de la Constitución, la familia, como fundamento de la sociedad, disfruta de la protección del Estado. Todas las personas tienen derecho a fundar una familia. Hombres y mujeres de edad núbil pueden casarse libremente. Los cónyuges tienen igualdad de derechos en las relaciones familiares y en la disolución del matrimonio. La poligamia está prohibida.

265. La Constitución obliga a los padres a atender a la crianza y desarrollo físico de sus hijos. El artículo 34 declara que las madres y los niños disfrutan de la protección y patrocinio especial del Estado. Los padres son responsables de la crianza de sus hijos, y los hijos que han cumplido la mayoría de edad y están en condiciones de trabajar deben ocuparse de sus padres. El Estado se encarga de proteger a los niños huérfanos y discapacitados y de criarlos y educarlos.

Las normas básicas que reglamentan las relaciones familiares figuran en el Código de la Familia de 1998. El artículo 1 declara que la familia, el matrimonio, la maternidad, la paternidad y la infancia disfrutan de la protección del Estado.

Habida cuenta de la importancia y del carácter variado de los problemas de la vida y las relaciones familiares y de que la legislación de Tayikistán quizá no abarca todos los aspectos de estas relaciones, el artículo 6 del Código de la Familia estipula que si un acuerdo internacional en el que es parte Tayikistán establece normas que difieren de las prescritas en el derecho nacional de la familia, se aplicarán las normas del acuerdo internacional.

266. La familia y las relaciones familiares deben basarse en sentimientos de amor, respeto y responsabilidad mutuos. El párrafo 3 del artículo 1 del Código de la Familia declara que sólo se reconocen como válidos los matrimonios contraídos en las oficinas del registro civil del Estado. Los matrimonios contraídos en una ceremonia religiosa no tienen estatuto jurídico. La ley reconoce los derechos y deberes de los cónyuges únicamente a partir del día de la inscripción civil de su matrimonio.

267. La edad mínima de matrimonio es 17 años. Sin embargo, en circunstancias excepcionales y a petición de las personas que desean casarse, un tribunal puede rebajar la edad de matrimonio para hombres y mujeres, pero no más de un año (Código de la Familia, párr. 2 del art. 13). Algunas circunstancias restringen el derecho de casarse de los ciudadanos de Tayikistán. El artículo 14 del Código prohíbe el matrimonio:

- Cuando una de las partes ya está casado oficialmente;

- Entre hermanos y hermanas carnales o entre medio hermanos (que tienen un padre o una madre en común);

- Entre padres adoptivos y sus hijos adoptados;

- Cuando un tribunal declara que una de las partes no tiene la necesaria capacidad legal debido a una enfermedad mental o a debilidad mental;

- Cuando un tribunal declara que una de las partes tiene una capacidad legal limitada por abuso de alcohol o de drogas.

Con arreglo al derecho de Tayikistán, no puede contraerse matrimonio sin el consentimiento libre y cabal de los futuros cónyuges.

268. La legislación de Tayikistán también contiene normas sobre la disolución del matrimonio. Con arreglo al artículo 16 del Código de la Familia:

1) Un matrimonio finaliza cuando uno de los cónyuges fallece o es declarado difunto;

2) Un matrimonio puede terminar por disolución (divorcio) solicitada por uno de los cónyuges, el tutor de un cónyuge que un tribunal ha declarado legalmente incapacitado o un fiscal.

La disolución de un matrimonio (divorcio) tiene lugar en una oficina del registro civil con el consentimiento de ambos cónyuges cuando no tienen hijos menores de su matrimonio o cuando hay niños pero los tribunales han declarado que uno de los cónyuges falta o está mentalmente enfermo o ha recibido una condena penal de privación de libertad de más de tres años (Código de la Familia, art. 18 y 19). Sólo los tribunales se encargan de considerar las disputas relativas a la división de bienes comunes o al pago de pensión alimenticia a un cónyuge con hijos que precisa apoyo y no está en condiciones de trabajar. Los tribunales disuelven los matrimonios cuando los cónyuges tienen hijos menores de su matrimonio o mantienen diferencias sobre bienes o cuando uno de ellos se opone a la disolución del matrimonio (art. 21).

Todos los hijos reciben una protección adecuada cuando se disuelve un matrimonio. El párrafo 2 del artículo 24 del Código de la Familia estipula que si no hay acuerdo entre los cónyuges, el tribunal debe:

- Determinar cuál de los padres tendrá la custodia de los hijos menores después del divorcio;

- Determinar cuál de los padres deberá pagar el mantenimiento de los hijos menores y el importe de esta pensión alimenticia.

269. Tayikistán tiene otras leyes y reglamentaciones que estipulan la protección directa de los intereses de la familia, la maternidad, la paternidad y la infancia. Por ejemplo, la Ley de salud pública establece el derecho de los ciudadanos al cuidado de la salud y al tratamiento médico, a la libre elección de la institución médica y del médico, a la información necesaria sobre el estado de salud y la de sus hijos, y a los servicios médicos, protésicos y ortopédicos de otros países. La maternidad está protegida por el Estado. Las mujeres disfrutan de determinadas ventajas y garantías en el ejercicio de sus derechos y en la búsqueda de sus legítimos intereses.

Artículo 24

270. Con arreglo al artículo 34 de la Constitución, los niños merecen una protección y patrocinio específicos del Estado.

Los padres son responsables de la crianza de sus hijos.

La legislación y la jurisprudencia nacionales prevén medidas y procedimientos especiales para la protección de menores en conflicto con la ley penal. Por primera vez figura en el Código Penal una sección dedicada a la responsabilidad penal juvenil. Esta legislación cumple los requisitos de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la prohibición de la detención ilegal o arbitraria de niños. Se ha reducido considerablemente la responsabilidad penal de personas de menos de 16 años que han cometido delitos. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se ha aumentado de 10 a 15 años la máxima duración de una condena de privación de libertad para los delincuentes juveniles. Al dictar sentencia el tribunal debe tener en cuenta el hecho de que el acusado es un menor, como circunstancia que atenúa su responsabilidad. Al mismo tiempo, el tribunal tiene derecho a considerar como circunstancia agravante la comisión de un delito contra un niño o utilizando un niño.

Con arreglo el artículo 23 del Código Penal, las personas que cumplieron 16 años de edad antes de cometer un delito pueden ser consideradas penalmente responsables. Los menores de 14 a 16 años de edad pueden ser penalmente responsables de 23 tipos de delitos.

El Código de Procedimiento Penal estipula la autoridad discrecional del tribunal (interrumpir las diligencias penales), del fiscal o del órgano investigador en cualquier etapa de la vista de casos con menores implicados y la sustitución del castigo penal por medidas de reeducación (párr. 3 del art. 5). Esto cumple los requisitos de la Convención obre los Derechos del Niño, y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) sobre la separación entre el sistema oficial de justicia y los procedimientos judiciales de delitos cometidos por menores.

Tayikistán prevé la protección de los niños huérfanos y discapacitados y su crianza y educación. En 1999, los niños de menos de 14 años de edad comprendían 41,5 por ciento de la población: 2.533.000 de una población total de 6.100.000 personas. Cada año nacen 1.293.000 niños 7 .

271. Es una obligación constitucional que cada ciudadano se ocupe de la crianza de su hijo. El Código de la Familia define los deberes de los padres y las responsabilidades en cuanto al desarrollo físico y la educación de los hijos. También establece los procedimientos legislativos que rigen las relaciones entre padres e hijos, y la base de sus derechos y responsabilidades. Se han establecido determinadas limitaciones de los derechos de los padres, para proteger los intereses del niño, que sólo pueden aplicarse en interés de los niños.

La legislación de Tayikistán estipula medidas para impedir la separación de los niños de sus padres, excepto en circunstancias especiales.

Esta disposición queda fortalecida por el derecho prioritario de los padres de criar a sus hijos, incluso cuando se disuelve el matrimonio.

272. Cada hijo tiene derecho a un nombre (Código de la Familia, art. 58). De conformidad con el artículo 20 del Código Civil, el nombre que se da a un ciudadano cuando nace está sujeto a su inscripción con arreglo a los trámites del registro civil. En 2000, se registraron en Tayikistán 111.536 niños de menos de 1 año de edad y 22.601 niños de más de 1 año de edad. En 2001 las cifras correspondientes fueron 122.063 y 41.912. En 2002, se registraron 176.157 niños, 124.657 de los cuales tenían menos de 1 año de dad y 51.500 más de 1 año de edad 7 .

273. Hasta el momento no hay en la legislación de Tayikistán una definición específica de niño como individuo independiente con una condición jurídica distinta. Sin embargo, está reglamentada por leyes separadas la condición jurídica de un ciudadano que en virtud de su edad se incluye en el significado del término “niño” según lo define la Convención sobre los Derechos del Niño.

Con arreglo al artículo 86 del Código Penal, los menores son personas que en el momento de cometer un delito tenían edades comprendidas entre 14 y 18 años.

Con arreglo al artículo 18 del Código Civil, la capacidad jurídica (tener derechos y deberes civiles) empieza en el momento del nacimiento y cesa con la muerte. La capacidad dispositiva civil (la capacidad de adquirir y ejercer derechos civiles mediante las propias acciones y de crear obligaciones civiles para sí y de cumplirlas) se adquiere cabalmente al cumplir la mayoría de edad, que son los 18 años. Las excepciones a esta norma son las siguientes: adquieren la capacidad dispositiva personas de menos de 17 años que se han casado de conformidad con las disposiciones del Código de la Familia; y personas que han cumplido los 15 años de edad y están trabajando con un acuerdo de empleo (contrato) o desarrollan una actividad empresarial con el consentimiento de sus padres, padres adoptivos o tutores. El artículo 13 del Código de la Familia prevé que en circunstancias excepcionales el tribunal, a petición de las personas que desean casarse, puede rebajar la edad de matrimonio para hombres y mujeres como dispone el artículo 13, pero no más de un año.

Con arreglo a los artículos 27 y 174 del Código de Trabajo, las personas de menos de 15 años de edad no pueden estar empleadas. Para formar a jóvenes que trabajarán en la industria, los estudiantes de escuela de educación general, escuelas profesionales y establecimientos secundarios de educación especial que han cumplido los 14 años de edad puede, con el consentimiento de sus padres o padres sustitutos, estar empleados y realizar trabajos ligeros en sus horas libres, siempre que esto no amenace su salud y no se interfiera con su educación.

Todas las personas de menos de 21 años de edad deben someterse a un examen médico completo antes de tener un empleo (Código de Trabajo, art. 145).

274. El Código de Trabajo de Tayikistán garantiza el derecho al trabajo teniendo en cuenta la educación, deseos y posibilidades de todos los ciudadanos de Tayikistán, ofrece algunos beneficios a los menores y prohíbe los empleos que ponen en peligro la salud de los niños y perturban su educación básica.

Los empleadores están obligados a emplear a graduados de escuelas de educación general y otros jóvenes de menos de 18 años remitidos por el servicio del trabajo para que tengan un empleo con arreglo a los programas establecidos de cuotas.

Está prohibido negarse a emplear a una persona del programa de cuotas, y en estos casos se puede recurrir a los tribunales.

Las personas de menos de 18 años tienen los mismo derechos que los adultos en sus relaciones laborales. Estas personas en cuestiones de salud y seguridad en el lugar de trabajo, horarios de trabajo, licencia y otras condiciones de trabajo disfrutan de los beneficios que prevén el Código de Trabajo y otras leyes de Tayikistán.

Está prohibido emplear a personas de menos de 18 años para que realicen trabajos pesados o peligroso, trabajos subterráneos o trabajos que podrían afectar negativamente su salud o su desarrollo moral. No se permite que las personas de menos de 18 años transporten o muevan a mano objetos pesados cuyo peso supere los límites máximos prescritos para ellos.

Los tipos de trabajo en situaciones difíciles en los que no se permite emplear a personas de menos de 18 años, y las cargas máximas permisibles que pueden levantar o mover a mano figuran en las leyes y otros decretos de la República de Tayikistán.

No se permite a empleados de edades comprendidas entre 15 y 18 años trabajar más de 35 horas a la semana, y no se permite a las personas de 14 o 15 años trabajar más de 24 horas a la semana.

Los estudiantes que trabajan en sus horas libres durante el curso académico no pueden trabajar más de la mitad del período máximo estipulado supra para las personas de edad equivalente.

Las personas de menos de 18 años que trabajan una jornada laboral abreviada reciben la misma paga que las categorías correspondientes de trabajadores a jornada completa.

Los estudiantes que trabajan en empresas en sus horas libres cobran el importe correspondiente al tiempo realmente trabajado, o a destajo.

Se concede a los empleados de menos de 18 años de edad por lo menos licencia pagada de 30 días naturales, que pueden tomar en verano o en cualquier otra época del año que les convenga.

Si el año laborable a que se aplica la licencia abarca el período anterior y posterior al decimoctavo aniversario del empleado, la licencia de 30 días se calcula prorrateando el tiempo trabajado antes del decimoctavo aniversario y asignando la duración normal al tiempo trabajado después de esta fecha.

No está permitido emplear a personas de menos de 18 años de edad en trabajos nocturnos, horas extraordinarias, trabajos de fines de semana o festividades públicas, o enviarlos en asuntos oficiales.

Además de cumplir los procedimientos normales, el empleador que da por terminado un contrato de empleo con un empleado de menos de 18 años de edad debe obtener el consentimiento del organismo local de trabajo y empleo y de la junta de menores.

Los padres, tutores (guardianes) y organismos autorizados para desempeñar esta función tienen derecho a pedir la finalización de un contrato de empleo con una persona de menos de 18 años de edad si la prolongación del empleo podría poner en peligro la salud del menor o perjudicarle de algún modo.

275. Los delincuentes juveniles pueden ser condenados a una pena o a medidas obligatorias de reeducación.

Pueden imponerse a los delincuentes juveniles las siguientes penas:

1) Multa;

2) Pérdida del derecho a desempeñar determinados cargos;

3) Deducción punitiva de ingresos;

4) Prisión rigurosa de breve duración;

5) Privación de libertad.

Se puede multar a un menor únicamente si ha ganado ingresos o tiene bienes a los cuales puede aplicarse una sanción. El importe de la multa puede llegar a 1000 veces el salario mínimo.

Los menores pueden perder el derecho a desempeñar determinados cargos por un período de uno a dos años.

Se puede condenar a menores a la deducción punitiva de ingresos en su lugar de trabajo, entre dos meses y un año. Se retiene y se paga al Estado entre 15 y 30 por ciento de los ingresos del delincuente.

Los delincuentes juveniles de sexo masculino de 16 años de edad o más en el momento de la sentencia pueden ser condenados a prisión rigurosa de breve duración, de uno a cuatro meses.

Se puede privar de libertad a menores por los siguientes períodos:

1) Por delitos de menor gravedad, hasta dos años;

2) Por delitos intermedios, hasta tres años;

3) Por delitos graves o especialmente graves, si el autor tiene menos de 16 años de edad, hasta siete años;

4) Por delitos graves o especialmente graves, si el autor tiene entre 16 y 18 años de edad, hasta 10 años.

276. Se priva de libertad a los delincuentes juveniles en las siguientes instituciones:

1) Los delincuentes de sexo masculino o femenino que han cometido delitos por primera vez se envían a reformatorios de régimen ordinario;

2) Los delincuentes de sexo masculino que ya han sido privados de libertad se envían a reformatorios de régimen reforzado.

Al sentenciar a menores, además de los factores estipulados en el artículo 60 del Código Penal, se tienen en cuenta las condiciones de la vida y la crianza del delincuente, su madurez psicológica, el estado de salud, otros rasgos de la personalidad y la influencia de otras personas.

En el caso de personas de menos de 16 años que han cometido delitos intermedios, graves o especialmente graves, la sentencia de privación de libertad por delitos múltiples no puede superar los 10 años.

En el caso de personas de 16 a 18 años de edad que hayan cometido delitos intermedios, graves o especialmente graves, la sentencia de privación de libertad por delitos múltiples no puede superar los 12 años.

La condena general de privación de libertad por delitos múltiples no puede superar los 15 años.

277. Los delincuentes juveniles que hayan cometido por primera vez crímenes de menor gravedad pueden quedar exentos de responsabilidad penal si se considera que podrían reformarse mediante la aplicación de medidas de reeducación forzosa.

Un tribunal puede imponer las siguientes medias de reeducación forzosa a un menor:

1) Una amonestación;

2) Una orden de vigilancia dirigida a los padres o padres sustitutos del menor o a un organismo del Estado que se ocupa de asuntos de menores;

3) La obligación de reparar el daño causado;

4) La restricción de actividades de esparcimiento y la imposición de requisitos específicos de comportamiento.

Pueden imponerse simultáneamente a un menor varias medidas de reeducación forzosa. El organismo que impone estas medidas decide la duración de las medidas de reeducación forzosa: por ejemplo una orden de vigilancia dirigida a los padres del menor, a sus padres sustitutos o a un organismo del Estado que se ocupa de asuntos de menores, o la restricción de las actividades de esparcimiento y la imposición de requisitos específicos de comportamiento.

278. Los menores convictos de delitos de gravedad menor e intermedia pueden ser perdonados si se considera que se logra el objetivo de la pena enviándolos a un reformatorio especial que imparta educación en los mismos locales o a un hospital seguro para jóvenes delincuentes.

Un tribunal puede ordenar que se retenga hasta tres años a un menor en un reformatorio especial que imparta educación en sus locales o en un hospital seguro para jóvenes delincuentes, pero no después de la fecha en la que el menor cumpla su mayoría de edad.

Puede concederse a un menor la salida anticipada de las citadas instituciones si el organismo de protección de menores decide que la medida ya no es necesaria.

279. Las personas que cometieron un delito cuando eran menores y fueron condenadas a la deducción punitiva de ingresos o a la privación de libertad son candidatos a la libertad provisional después de haber cumplido:

1) Por lo menos una tercera parte de la condena por un delito de gravedad menor o intermedia;

2) Por lo menos la mitad de la condena por un delito grave;

3) Por lo menos dos terceras partes de la condena por un delito especialmente grave.

La parte restante de una condena de privación de libertad o de deducción punitiva de ingresos por delitos cometidos por una persona de menos de 18 años de edad puede conmutarse por una condena menos severa.

280. La conmutación a una pena menos severa es una opción si el convicto cumple con el régimen especificado para los tipos de condena citados supra y demuestra una actitud consciente hacia el trabajo o el estudio.

El resto de una condena puede conmutarse con una pena menos severa después de que el convicto haya cumplido:

1) Por lo menos una cuarta parte de la condena por un delito de gravedad menor o intermedia

2) Por lo menos una tercera parte de una condena por un delito grave;

3) Por lo menos la mitad de una condena por un delito especialmente grave si el delincuente ya había sido privado de su libertad por un delito premeditado.

Cuando el resto de una condena de privación de libertad se conmuta por la deducción punitiva de ingresos, la duración de esta segunda condena se especificará como deducción punitiva de ingresos y no debe superar la duración del resto de la condena a privación de libertad .

Las personas cuyas sentencias se han conmutado por penas menos severas pueden recibir la libertad provisional de conformidad con las normas estipuladas en el artículo 91 del Código Penal después de cumplir la parte adecuada de la pena menos severa.

Si una persona cuya sentencia se ha conmutado por una pena menos severa comete otro delito premeditado durante el resto de su condena, el tribunal puede condenar a esta persona tal como prescriben los artículos 68 y 88 del Código Penal.

281. Las prescripciones sobre limitaciones especificadas en los artículos 75 y 81 del Código Penal relativas al descargo de la responsabilidad penal o al cumplimiento de una condena se reducirán a la mitad en el caso de menores.

Para delincuentes menores de 18 años, la fecha de expiración del expediente penal especificado en el párrafo 4 del artículo 84 de Código Penal se reducirá de la siguiente manera:

1) A un año de privación de libertad por delitos de gravedad menor o intermedia

2) A tres años de privación de libertad por delitos graves;

3) A cinco años de privación de libertad por delitos especialmente graves.

En circunstancias excepcionales, el tribunal teniendo en cuenta las acciones y el carácter del acusado puede aplicar las disposiciones de este capítulo a delincuentes de 18 a 20 años de edad, con excepción del envío a un reformatorio o a un hospital seguro para delincuentes juveniles.

282. Un tribunal debe oír las opiniones de un niño de más de 10 años al solucionar diferencias entre los padres sobre el lugar de residencia del niño y su crianza. Se permite a las personas cambiar su apellido, nombre propio y patronímico desde la edad de 16 años. Todos los niños tienen derecho a la ciudadanía (Ley Constitucional sobre la ciudadanía tayika de 1995, art. 15-20).

283. Un niño cuyos padres son ciudadanos de Tayikistán en el momento de su nacimiento será ciudadano de Tayikistán con independencia de su lugar de nacimiento.

Cuando los padres sean de distintas nacionalidades, pero uno de los padres es un ciudadano de Tayikistán en el momento de nacer el niño, el niño será ciudadano tayiko siempre que:

1) El niño haya nacido en territorio de Tayikistán ;

2) Haya nacido fuera de Tayikistán pero uno de los padres (o ambos) fuesen residentes permanentes de Tayikistán en aquel momento.

Cuando los padres son de nacionalidades diferentes, pero uno de los padres era ciudadano de Tayikistán en el momento del nacimiento del niño y ambos padres eran residentes permanentes fuera de Tayikistán, la ciudadanía del niño nacido fuera de Tayikistán se determinará mediante acuerdo por escrito de los padres.

Si uno de los padres era ciudadano de Tayikistán en el momento del nacimiento del niño y el otro era apátrida o desconocido, el niño será ciudadano de Tayikistán con independencia del lugar de nacimiento.

Cuando sea posible determinar la paternidad de un niño de madre apátrida y este padre es ciudadano de Tayikistán, el niño si es menor de 14 años se convertirá en ciudadano de Tayikistán con independencia del lugar de nacimiento.

Un niño nacido en Tayikistán de padres apátridas será ciudadano de Tayikistán.

Un niño de paternidad o maternidad desconocida que vive en Tayikistán será ciudadano de Tayikistán.

Un niño nacido en Tayikistán de padres ciudadanos de otros Estados será ciudadano de Tayikistán si estos Estados no conceden su ciudadanía al niño.

284. La ley sobre la religión y las organizaciones religiosas de 1994 reconoce el derecho constitucional de todas las personas, incluidos los niños, a la libertad religiosa y a la protección de sus derechos e intereses, con independencia de sus creencias religiosas, y el acceso a distintos tipos de educación con independencia de su actitud hacia la religión.

285. La adopción y la tutela siguen siendo las opciones de colocación prioritarias para los niños privados de cuidados paternos. Los hogares de infancia de tipo familiar que se ocupan de criar grupos de 5 a 10 huérfanos han experimentado algunos cambios. Un aspecto positivo de este método de criar niños privados de los cuidados paternos es que los niños se crían en un entorno familiar y se adaptan bien a la vida en sociedad y al trabajo. Sin embargo, los hogares de niños de tipo familiar financiados con cargo a los presupuestos de la administración local están experimentando actualmente importantes problemas financieros. El Código de la Familia prevé la adopción de niños que son ciudadanos de Tayikistán.

El artículo 173 del Código Penal estipula que si una persona que está obligada a mantener confidencial una adopción como secreto oficial o profesional quebranta esta confidencialidad contra los deseos de la persona que adopta, o lo hace por motivos mercenarios u otros motivos bajos, será castigada con una multa de 300 a 500 veces el salario mínimo o condenada a la deducción punitiva de ingreso de hasta un año, o a prisión rigurosa de breve duración de hasta cuatro meses con o sin pérdida hasta cinco años del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades.

Los mismos actos, si tienen consecuencias graves, se castigarán con privación de libertad entre dos y cinco años con o sin pérdida entre tres y cinco años del derecho a desempeñar determinados cargo o a desarrollar determinadas actividades.

En la legislación de Tayikistán se establece el procedimiento a seguir para invalidar o anular la adopción de un niño si se infringieron las normas y procedimientos legales o si se menoscabaron los intereses del niño. Sólo un tribunal puede anular o invalidar una adopción.

Puede designarse a los padres adoptivos o tutores como personas con capacidad dispositiva, con la excepción de personas que fueron privadas de sus derechos paternos o del derecho a adoptar y las personas cuyos deberes como tutores fueron suspendidos por haber cumplido sus responsabilidades de modo inadecuado. El acceso a la información sobre la familia biológica está limitado únicamente con objeto de garantizar la confidencialidad de la adopción. Los hijos menores o inválidos de un testador (incluidos hijos adoptivos e hijos nacidos después del fallecimiento del testador) heredarán por lo menos dos terceras partes del patrimonio del testador, con independencia del contenido del testamento.

Se aplican a menores de menos de 14 años algunas restricciones sobre la capacidad de concertar independientemente transacciones de bienes; estas transacciones las realizan de modo cabal en su nombre sus representantes legales.

La adopción debe inscribirse en la oficina del registro civil del lugar donde se publicó la decisión de adoptar, no más tarde de un mes después de publicarse la decisión.

286. La legislación de Tayikistán prevé que los niños en situación de excepción, por ejemplo niños refugiados y niños en conflictos armados y desastres naturales que precisan rehabilitación psicológica y reintegración social recibirán atención material, médica o de otra índole, y en caso necesario serán trasladados a residencias infantiles e instituciones médicas. Cada año los niños pasan las vacaciones y la convalescencia en campamentos infantiles organizados por el Gobierno de Tayikistán y por la independiente Federación de Sindicatos. Se trata principalmente de niños de familias numerosas.

287. En el Código Penal hay un capítulo entero dedicado a penas por crímenes contra la vida, salud, libertad y dignidad de la persona. El Código Penal estipula penas por infanticidio cometido por la madre, por negación del sostén a niños o del pago de la pensión alimenticia, y por abuso de las responsabilidades de los tutores. Para proteger la vida y dignidad de los niños, la responsabilidad por el delito de inducir a menores a actividades delictivas, la mendicidad y la prostitución, por acostumbrarlos al alcohol o por hacer que niños o adolescentes consuman medicinas y otras sustancias estupefacientes por motivos no médicos, queda establecida y castigada por el Código Penal. El Código de la Familia estipula que los padres y padres sustitutos serán responsables de los tratos duros sufridos por los niños, la negligencia y el abuso de sus derechos, lo que puede acarrear la pérdida de los derechos paternos.

288. Cuando está directamente en peligro la vida o la salud de un niño, el organismo de tutela puede enviar el niño inmediatamente a un lugar de acogida. El Código Civil prevé la obligación de realizar una restitución pecuniaria o material por los perjuicios (daños o emocionales) causados. El trámite para presentar la denuncia está reglamentado por la Ley sobre comunicaciones de los ciudadanos de 1996 que no impone restricciones a la capacidad de un ciudadano menor de presentar una denuncia, directamente o por conducto de un representante.

El Código de la Familia estipula como medida punitiva que los padres puedan perder sus derechos paternos si se niegan a cumplir sus responsabilidades, abusan de sus derechos o tienen un comportamiento inmoral y antisocial. En los casos en los que un niño correría peligro si permaneciese con sus padres, un tribunal puede decidir separar al niño y ponerlo al cuidado de los organismos de tutela, con independencia de que sus padres hayan sido privados de sus derechos. En casos excepcionales, cuando está en peligro inminente la vida o la salud de un niño, el organismo de tutela puede adoptar una decisión sobre la separación inmediata y temporal del niño de sus padres o de otras personas que están nominalmente a su cuidado. El número de niños registrados como niños privados de cuidados paternos aumenta cada año en Tayikistán.

289. Cuando sea necesario pero imposible dar acogida a huérfanos y niños sin cuidados paternos, se adoptan medidas para establecer condiciones adecuadas en instituciones infantiles para promover su pleno desarrollo físico, intelectual y espiritual. Tayikistán tiene hogares infantiles y escuelas residenciales para niños privados de cuidados paternos.

Artículo 25

290. Con arreglo al artículo 27 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a participar en la vida política y el gobierno del Estado, directamente o por conducto de representantes.

Los ciudadanos tienen igualdad de derechos para ingresar en el servicio público.

Los ciudadanos al cumplir los 18 años de edad tienen derecho a participar en referendos, a votar y, al cumplir la edad establecida por la Constitución, las leyes constitucionales y la legislación, a presentarse a elecciones.

Las personas que por una declaración de los tribunales carecen de capacidad legal o que por una sentencia de los tribunales están retenidas en lugares de privación de libertad no pueden participar en elecciones y referendos.

El procedimiento de celebración de elecciones está reglamentado por las leyes constitucionales y por la legislación nacional. Los referendos se desarrollan de conformidad con el derecho constitucional.

291. Los ciudadanos de Tayikistán tienen derecho a elegir diputados en todos los niveles del gobierno y a participar en referendos desde la edad de 18 años, con independencia de su situación social y económica, su afiliación política, racial y étnica, sexo, idioma, educación, actitud hacia la religión o tipo e índole de la ocupación (Ley constitucional sobre elecciones al Majlis-i Oli de la República de Tayikistán, art. 4; Ley Constitucional sobre la elección de diputados a los consejos locales de los diputados del pueblo, art. 2; y Ley constitucional sobre referendos, art. 3). Los ciudadanos de Tayikistán al cumplir los 18 años de edad tienen derecho a ser elegidos diputados a consejos de diputados del pueblo del oblast autónomo de Gorny Badakhshan, otros oblast, ciudades y distritos. Al cumplir los 25 años de edad, los ciudadanos de Tayikistán que han sido residentes permanentes de Tayikistán durante los anteriores cinco años consecutivos y que tienen educación superior pueden ser elegidos diputados al Majlis-i Namoyandagon (Ley constitucional sobre elecciones al Majlis-i Oli de la República de Tayikistán, art. 28).

Los ciudadanos de Tayikistán que han cumplido los 35 años de edad y que tienen educación superior pueden ser elegidos y nombrados miembros del Majlis-i Oli de Tayikistán.

Los miembros del Majlis-i Oli elegidos por un órgano representativo local han de ser residentes permanentes del correspondiente distrito electoral (Ley constitucional sobre elecciones al Majlis i Oli de la República de Tayikistán, art. 29).

De conformidad con el artículo 33 de la citada Ley, las siguientes personas no tienen derecho a presentarse a elecciones para el Majlis-i Milli o al Majlis-i Namoyandagon:

- Los ciudadanos que los tribunales han declarado incapacitados legalmente o que están cumpliendo una condena por los tribunales de privación de libertad o que han sido ingresados por un tribunal en una institución para seguir un tratamiento médico forzoso;

- Los ciudadanos en servicio militar activo, soldados, suboficiales y otro personal de las fuerza armadas, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Situaciones de Excepción, la Guardia Presidencial y el Comité de Protección de las Fronteras del Estado, así como los funcionarios de organismos fiscales y servicios aduaneros y otros órganos militarizados, siempre que estas personas no se hayan jubilado.

- Los profesionales que desempeñan cargos en organizaciones y asociaciones religiosas;

- Los ciudadanos convictos por la comisión deliberada de delitos graves o especialmente graves, con independencia de que hayan cumplido sus condenas o que su expediente penal se haya cancelado;

- Los ciudadanos cuyos expedientes penales no se han cancelado;

- Los ciudadanos de quienes los organismos de investigación sospechan que han cometido delitos y los ciudadanos investigados por haber cometido delitos contra los fundamentos del sistema constitucional y la seguridad del Estado, u otros delitos graves o especialmente graves, excepto las personas implicadas en enfrentamientos militares o políticos que han sido amnistiadas.

Con arreglo al artículo 34 de la citada Ley, los miembros del Gobierno, jueces, el Fiscal General y sus adjuntos, los fiscales y otros funcionarios de los órganos de la fiscalía, viceministros y presidentes de comités del Estado, dirigentes de los órganos administrativos del Estado y sus adjuntos, directores de empresas nacionales del Estado, empresas, asociaciones y corporaciones y sus adjuntos, y directores y funcionarios de bancos no pueden ser también simultáneamente miembros del Majlis-i- Milli, y pueden inscribirse como candidatos al Majlis-i Milli únicamente si indican en su declaración que aceptan renunciar a sus cargos actuales después de la elección al Majlis-i-Milli.

Desde 1994 se han celebrado en Tayikistán tres referendos: en 1994 sobre la aprobación de la Constitución y en 1999 y 2003 sobre la aprobación de enmiendas y adiciones a la Constitución; se celebraron en 1994 y 1999 dos elecciones presidenciales alternativas; y en 1995 y 2000 se celebraron dos elecciones parlamentarias al Majlis-i Oli.

292. El sistema de partidos de Tayikistán se está desarrollando rápidamente. Actúan actualmente en Tayikistán los siguientes partidos políticos que están inscritos en el Ministerio de Justicia y que han participado en las elecciones al Majlis-i Oli:

1) El Partido Democrático Popular de Tayikistán;

2) El Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán;

3) El Partido Comunista de Tayikistán;

4) El Partido Democrático de Tayikistán;

5) El Partido Socialista de Tayikistán.

El Partido Democrático Social de Tayikistán se añadió a la lista en 2003.

Hay actualmente tres partidos principales con organizaciones de base en todo Tayikistán y con diputados en el Parlamento: el Partido Democrático Popular, el Partido Comunista y el Partido del Renacimiento Islámico.

Con arreglo al artículo 5 de la Ley de partidos políticos, no pueden ingresar en partidos políticos los jueces, fiscales, miembros de las fuerzas armadas, personal de los órganos del interior, personal de seguridad del Estado, funcionarios fiscales, funcionarios de aduanas y personal judicial, así como ciudadanos extranjeros y personas apátridas.

293. Con arreglo a la Ley constitucional sobre referendos en la República de Tayikistán un referendo es una votación en todo el país sobre las cuestiones más importantes del Estado y la vida pública, sobre decisiones que tienen la mayor fuerza legal, no exigen aprobación y pueden aplicarse en todo el territorio de Tayikistán .

Desde los 18 años de edad los ciudadanos de Tayikistán tienen derecho a participar en referendos de modo libre, directo y personal.

La votación en un referendo es confidencial y está prohibido controlar la libre expresión por los ciudadanos de su voluntad.

Los ciudadanos de Tayikistán participan en referendos en pie de igualdad en su lugar de residencia permanente o temporal. Cada ciudadano tiene un voto.

Se garantiza a los ciudadanos el derecho a hacer campaña sin obstrucciones a favor o en contra de la cuestión que se pone a referendo.

La Comisión de Referendos debe informar a la población sobre su composición, su ubicación y horario de trabajo, la formación de centros electorales y el registro electoral de los ciudadanos que tienen derecho a votar en el referendo.

Un representante de cada partido político, sindicato y otras asociaciones voluntarias, colectivos laborales y medios de comunicación, así como observadores de otros Estados y organizaciones internacionales tienen derecho a asistir a las reuniones de la Comisión de Referendos, visitar los locales donde se vota el día del referendo y a asistir al recuento de votos y al anuncio de los resultados del referendo.

294. El Presidente de Tayikistán es el jefe del Estado y del poder ejecutivo (Gobierno) y es elegido para un período de siete años por los ciudadanos de Tayikistán por sufragio universal, igual y directo mediante votación secreta.

Todo ciudadano de Tayikistán de más de 35 años que hable el idioma del Estado (el tayiko) y que haya sido residente permanente de Tayikistán por lo menos durante 10 años consecutivos puede ser presentado como candidato a la Presidencia.

La persona que haya reunido firmas de por lo menos 5 por ciento del electorado en apoyo de su candidatura puede inscribirse como candidato presidencial.

No puede ser Presidente la misma persona por más de dos períodos consecutivos,

295. La actividades profesionales de las personas que son funcionarios del Estado en Tayikistán están reglamentadas por la Constitución, el Código de Trabajo, la Ley de la función pública y otras leyes y reglamentaciones de Tayikistán, sobre la base del principio del derecho voluntario y en condiciones de igualdad de los ciudadanos de Tayikistán de ingresar en la función pública. Está prohibido el establecimiento y funcionamiento en los órganos del Estado y en la maquinaria estatal de estructuras de partidos políticos, organizaciones religiosas y otras asociaciones voluntarias, con excepción de los sindicatos.

Las listas de los cargos del Gobierno y de los cargos de la función pública constituyen el Registro de Funciones Públicas, que es aprobado por el Presidente de Tayikistán.

Los ciudadanos de Tayikistán de más de 18 años de edad que tienen la educación pertinente y que cumplen los requisitos de la Ley de la función pública pueden ser empleados como funcionarios del Estado.

No pueden ser empleadas como funcionarios del Estado o seguir en la función pública las personas que por una decisión en vigor de los tribunales tienen una capacidad jurídica limitada o nula, las personas que tienen antecedentes penales que no se han cancelado o que no han expirado, las que han cometido un delito intencionado, las que se han negado a cumplir los trámites necesarios para tener acceso a información clasificada que constituye un secreto protegido legalmente, las que tienen un familiar próximo que estaría directamente subordinado a ellas o que sería superior a ellas en la función pública, o las que tienen ciudadanía de un Estado extranjero, excepto cuando el empleo en la función pública está reglamentado en un plano de reciprocidad por acuerdos interestatales, y en otras circunstancias excepcionales prevista por la legislación de Tayikistán.

Si durante el proceso de verificación salen a la luz hechos que impiden a los ciudadanos ingresar en la función pública, se informa a estas personas por escrito de los motivos de esta denegación (Ley de función pública, art. 9).

Los ciudadanos tienen derecho a impugnar ante los tribunales su inadmisión.

Artículo 26

296. Con arreglo al artículo 17 de la Constitución, toda las personas son iguales ante la ley y los tribunales. El Estado garantiza los derechos y libertades de todos, con independencia del origen étnico, la raza, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas, la educación y la situación social o económica. Hombres y mujeres tienen igualdad de derechos.

297. Los derechos y libertades fundamentales del ser humano y del ciudadano están incorporados en la Constitución (cap. 2, art. 14-47).

La violación directa o indirecta o las restricciones de los derechos y libertades humanas acarrea una responsabilidad penal (Código Penal, art. 143).

Toda persona tiene derecho a la vida. No se puede privar a nadie de la vida, excepto por veredicto de un tribunal por crímenes especialmente graves.

Con arreglo al párrafo 5 del artículo 6 del Pacto, está prohibida la imposición de la pena de muerte a menores ni a mujeres (Código Penal, art. 59).

La legislación de Tayikistán contiene garantía específicas de la protección de los derechos e intereses de los delincuentes juveniles, cuyos requisitos figuran en los artículos 5 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo 27

298. La República de Tayikistán es un Estado multiétnico. En los años posteriores a la independencia Tayikistán ha procurado encontrar el modelo óptimo de cooperación étnica y cultural entre las distintas nacionalidades que viven en el país. La situación étnica de Tayikistán en este período se ha caracterizado por un aumento de la conciencia étnica y por un retorno de las minorías a sus raíces étnicas: idioma, costumbres y tradiciones. El resultado ha sido la coalescencia de minorías para formar comunidades, asociaciones y sociedades.

299. Hay actualmente 80 nacionalidades y grupos étnicos en Tayikistán. Los problemas de la armonización de las relaciones interétnicas y del fortalecimiento de la confianza, la concordia y la cooperación se han convertida en tema de gran interés para las instituciones del Estado y para el público en general, y pueden solucionarse si se garantizan los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas y mediante las prácticas políticas cotidianas.

Datos estadísticos parciales del censo de Tayikistán realizado en 2000 7

Población de Tayikistán desglosada por nacionalidad
	2000	Aumento o disminución (miles)	Número de personas de una nacionalidad determinada como porcentaje de la población total en 2000
Población total	6 127,5	1 034,9	100
Tayikos	4 898,4	1 726,0	80
Kyrgyzos	65,5	1,7	1,1
Rusos	68,2	-320,3	1,1
Uzbekos	936,7	-261,1	15,3

300. La Constitución de Tayikistán garantiza el derecho de todos los grupos étnicos y nacionalidades que viven en Tayikistán a utilizar su idioma materno sin restricciones (Constitución, art. 2). Con arreglo al preámbulo de la Ley del idioma de 1989, la proclamación del tayiko como idioma del Estado no disminuye ni socava en absoluto los derechos constitucionales de los ciudadanos que tienen otro idioma materno. Se reconoce la igualdad de los idiomas y se salvaguardan las garantías jurídicas y el respeto de todos los idiomas utilizados en Tayikistán. Se protege el derecho inalienable de los ciudadanos de cualquier grupo étnico a desarrollar su idioma y cultura, y todos los ciudadanos son iguales ante la ley con independencia de su idioma materno.

Con arreglo a los principios establecidos en el artículo 10 de la Constitución, los instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por Tayikistán son parte constituyente del sistema jurídico de Tayikistán y tienen precedencia sobre la legislación nacional. Las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención de la Comunidad de Estados Independientes sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales, que se firmó en Moscú en 1994 y que el Majlis-i Namoyandagon del Majlis-i Oli ratificó el 17 de enero de 2001, son directamente aplicables, porque las disposiciones pertinentes de la legislación nacional son incompletas.

Con arreglo a estos instrumentos, las personas pertenecientes a minorías nacionales tienen el derecho de expresar, mantener y desarrollar libremente todos los aspectos de su cultura. Al adherirse a la citada Convención, Tayikistán se comprometió a tener en cuenta en sus políticas los legítimos intereses de las minorías nacionales y a adoptar las medidas necesarias para crear condiciones favorables al mantenimiento y desarrollo de su identidad étnica, lingüística, cultural y religiosa (art. 4). Se garantiza a las personas pertenecientes a minorías nacionales los derechos y libertades culturales, incluido el derecho de establecer distintas organizaciones de carácter educativo, cultural y religioso para mantener y desarrollar la identidad étnica, lingüística, cultural y religiosa, establecer contactos nacionales e internacionales, fundar lugares de culto, utilizar objetos religiosos y utilizar y difundir información en sus idiomas nativos (art. 3-8). Se adoptan medida para prohibir la discriminación (art. 3).

301. El ruso, como idioma de comunicación entre nacionalidades se utiliza libremente en todo Tayikistán. Se están creando las condiciones para el desarrollo sin obstáculos y la utilización de los idiomas de Gorny Badakhshan (Pamir) y para la conservación del idioma yagnobi. El oblast autónomo de Gorny Badakhshan decide independientemente sobre cuestiones relativas al uso de los idiomas locales (Ley del idioma, art. 2 y 3).

302. Se garantiza a todo ciudadano el derecho de escoger el idioma que utilice en sus tratos con órganos y autoridades del Estado, empresas, instituciones y organizaciones (incluidas asociaciones voluntarias) y de recibir información y documentación de ellos en el idioma del Estado, en ruso o en otro idioma aceptable. El personal de los órganos y autoridades del Estado, de organizaciones voluntarias, organismos encargados de hacer cumplir la ley, instituciones de salud, cultura y comercio, y personas que trabajan en la industria de los servicios, los transportes, los servicios sociales y los sectores de servicios de la vivienda y el consumo que, en virtud de su cargo se comunican normalmente con varias nacionalidades, deben conocer el idioma del Estado y el ruso con el suficiente dominio para poder desempeñar sus responsabilidades profesionales (Ley del idioma, art. 5 y 6)

Los órganos de la administración local y las organizaciones voluntarias en lugares con una concentración elevada de grupos étnicos pueden utilizar el idioma local además del idioma estatal. En lugares con poblaciones grandes no tayikas, las leyes del gobierno y la administración locales y los documentos de organizaciones voluntarias pueden aceptarse y publicarse en el idioma local, además del idioma estatal (art. 7 y 8). Con arreglo al artículo 21, se garantiza a los ciudadanos la libertad de escoger el idioma de la enseñanza. La educación general secundaria se imparte en tayiko, ruso y uzbeko y, en zonas densamente pobladas por otras nacionalidades, en el idioma local.

303. La violación de la igualdad lingüística que adopta la forma de hostilidad hacia el idioma de una minoría, los insultos al honor y la dignidad de los ciudadanos por razones lingüísticas y la introducción de obstáculos artificiales y restricciones al uso de idiomas constituyen una violación de los derechos constitucionales y acarrean responsabilidad con arreglo a la ley de Tayikistán (Ley del idioma, art. 35). Con arreglo al artículo 143 del Código Penal, una infracción o restricción directa o indirecta de los derechos y libertades de la persona y del ciudadano por motivo de sexo, raza, nacionalidad o idioma puede castigarse con una multa de 200 a 500 veces el salario mínimo o por una privación de libertad de hasta dos años. Si la persona comete los mismos actos recurriendo a la fuerza o a la amenaza de fuerza o abusando de su cargo oficial, puede ser castigada con privación de libertad entre dos y cinco con o sin suspensión hasta tres años del derecho a desempeñar determinados cargos o a desarrollar determinadas actividades.

304. La libertad de escoger el idioma de la propia educación está regida por la Ley de educación. Tayikistán garantiza a sus ciudadanos la libertad de elegir su idioma de enseñanza e imparte la educación general secundaria en el idioma del Estado y en las zonas de concentración elevada de ciudadanos de otras nacionalidades en el idioma local. La libertad de elegir el idioma de la educación está garantizada por el establecimiento del número necesario de instituciones, clases y grupos educativos correspondientes y por las condiciones necesarias para que puedan funcionar (Ley de educación, art. 6).

La enseñanza en las escuelas primarias y secundarias de Tayikistán se imparte en cinco idiomas: el idioma estatal, ruso, uzbeko, kyrgyzo y turcomano. En las escuelas profesionales, escuelas secundarias especiales y establecimientos de educación superior la enseñanza se imparte en ruso y en uzbeko, según la especialización.

La Universidad Eslavónica Ruso-tayika se inauguró en 1995 en Dushanbe, la capital de Tayikistán .

305. Durante la guerra civil y en los años de posguerra las asociaciones étnicas de Tayikistán contribuyeron mucho al proceso de reconciliación nacional. Las comunidades étnicas de Tayikistán cooperan activamente con los órganos del Estado en cuestiones relacionadas con su desarrollo nacional y étnico, y en la elaboración de la política del Estado sobre cuestiones étnicas. Los dirigentes de las asociaciones étnicas participaron en la labor de la comisión que redactó la Constitución en 1994. En 2001 y 2002 participaron en dos ocasiones en los debates para la preparación del compendio de política nacional de Tayikistán. Con los auspicios del centro de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en Tayikistán, se están celebrando mesas redondas para debatir el desarrollo futuro de las minorías y los problemas con que se enfrentan en Tayikistán.

306. En materia de cultura, el derecho a utilizar el propio idioma se hace realidad con la fundación de teatros, grupos teatrales y otros grupos artísticos que utilizan los idiomas minoritarios. Hay cinco grupos artísticos de minorías en Tayikistán: Slavyanochka, un conjunto artístico ruso de Dushanbe; el conjunto uzbeko Umed del distrito de Spitamen; el conjunto etnográfico uzbeko Assor de Kanibadam; el conjunto Dilkhiroj de la sociedad uzbeca de Tayikistán; y el conjunto familiar Turkmeny del distrito de Jilikul. Hay también dos teatros rusos, uno en Dushanbe y otro en el distrito Sogd de Chkalovsk, el Teatro de Música y Drama uzbeko Sh. Burkhonov del distrito de Spitamen y un teatro de marionetas ruso de Chkalovsk en el oblast de Sogd.

307. En Tayikistán las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas y lingüísticas tiene el derecho de expresar libremente sus creencias y opiniones y de difundirlas en cualquier forma, en la prensa y otros medios de comunicación. El Estado garantiza los derechos de los ciudadanos de Tayikistán de utilizar su idioma materno y otros idiomas de los pueblos de Tayikistán para recibir y difundir información de masas (Ley de prensa y otros medios de información de masas, art. 2 y 3). Hay actualmente 42 periódicos y 24 revistas publicados en idiomas de minorías étnicas y lingüísticas: en los idiomas ruso, uzbeko, kyrgizo y farsi y en el dialecto shugni. Seis organismos de información difunden información en ruso. Las emisoras de la televisión nacional de Estado (TVT) y las empresas de televisión pública Poitakht y TV Subkh emiten programas de información, boletines de noticias y otros programas en ruso y uzbeko, y una emisora de la empresa privada de televisión “Somoniyo” emite la mayoría de sus programas en ruso. En Tayikistán también se retransmiten las principales emisoras rusas de televisión.

308. Las minorías nacionales tienen derecho a la libertad de religión. Todas las religiones y creencias son iguales ante la ley. Está prohibido imponer cualquier ventaja o restricción para una religión o creencia.( Ley sobre la religión y las organizaciones religiosas, art. 5). Hay 66 organizaciones religiosas no musulmanas en Tayikistán.

Notas

1 Fuente: Ministerio de Sanidad.

2 Fuente: Fiscalía General

3 Fuente: Ministerio de Justicia

4 Fuente: Comité del Estado para Asuntos de la Mujer y la Familia

5 Fuente: Ministerio del Interior.

6 Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Empleo.

7 Fuente: Comité Estadístico del Estado

8 Fuente: Consejo de Justicia.

9 Fuente: Comité de Televisión y Radiodifusión.

10 Fuente: Ministerio de Cultura

11 Fuente: Federación de Sindicatos.