Naciones Unidas

CCPR/C/135/D/2847/2016

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

18 de noviembre de 2022

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2847/2016 * **

Comunicación presentada por:

Vitaliy Gulyak (no representado por abogado)

Presunta víctima:

El autor

Estado parte:

Belarús

Fecha de la comunicación:

12 de marzo de 2015 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 8 de noviembre de 2016 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:

27 de julio de 2022

Asunto:

Denegación de la autorización para realizar reuniones públicas; imposición de una multa por llevar a cabo un piquete individual no autorizado

Cuestiones de procedimiento:

Agotamiento de los recursos internos

Cuestiones de fondo:

Libertad de reunión; libertad de expresión

Artículos del Pacto:

19 y 21

Artículos del Protocolo Facultativo:

2 y 5, párr. 2 b)

1.El autor de la comunicación es Vitaliy Gulyak, nacional de Belarús, nacido en 1983. Afirma que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 30 de diciembre de 1992. El autor no está representado por abogado.

Hechos expuestos por el autor

2.1El autor afirma que las autoridades de la ciudad de Volkovysk le denegaron, en dos ocasiones, la autorización para realizar un acto público, tras lo cual llevó a cabo un piquete individual no autorizado y fue declarado culpable de una infracción administrativa por incumplir el procedimiento establecido para la celebración de actos públicos.

Circunstancias relativas a las solicitudes de autorización presentadas por el autor para realizar un acto público

2.2El 9 de enero de 2014, el autor solicitó al Comité Ejecutivo del Distrito de Volkovysk autorización para realizar una marcha el 25 de enero de 2014, de las 12.00 a las 15.00 horas, en el parque de la ciudad. El objetivo de dicha marcha era apoyar la integración de Ucrania en Europa.

2.3El 17 de enero de 2014, el Comité Ejecutivo denegó la autorización por considerar que en la legislación vigente no se contemplaba la posibilidad de llevar a cabo una marcha en un parque. En particular, señaló que, de conformidad con la definición prevista en el artículo 2 de la Ley de Actos Multitudinarios, una marcha consistía en el movimiento multitudinario y organizado de un grupo de ciudadanos a lo largo de una calle, bulevar, avenida o plaza y que, por tanto, el parque de la ciudad no constituía un lugar apto para realizarla.

2.4El 27 de enero de 2014, el autor solicitó autorización al Comité Ejecutivo para celebrar un piquete el 19 de febrero de 2014, de las 12.00 a las 18.00 horas, en el parque de la ciudad, en el que participaría un máximo de diez personas. El objetivo del piquete era expresar solidaridad con la aspiración del pueblo ucraniano de vivir en un Estado libre, y rechazar los asesinatos, la violencia y la brutalidad.

2.5El 10 de febrero de 2014, el Comité Ejecutivo rechazó la solicitud por considerar que el autor no había cumplido lo exigido en la Ley de Actos Multitudinarios y no había proporcionado en su solicitud la información relativa a la lista de medidas adoptadas para garantizar el orden público, la seguridad y la atención médica durante el acto, así como la limpieza del lugar una vez finalizado este.

2.6El autor recurrió las denegaciones del Comité Ejecutivo de 17 de enero y 10 de febrero de 2014 ante el Tribunal de Distrito de Volkovysk, alegando que constituían una vulneración de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica amparados por la Constitución de Belarús y los artículos 19 y 21 del Pacto.

2.7El 19 de marzo de 2014, el Tribunal de Distrito desestimó el recurso por considerar que las decisiones impugnadas se ajustaban a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional.

2.8El autor interpuso ante el Tribunal Regional de Grodno un recurso de casación, que fue desestimado el 12 de mayo de 2014. Asimismo, solicitó al Presidente del Tribunal Regional de Grodno que se iniciara un procedimiento de revisión (control de las garantías procesales), solicitud que fue rechazada el 12 de julio de 2014. Además, solicitó el inicio de otro procedimiento de revisión al Presidente del Tribunal Supremo de Belarús. El 12 de diciembre de 2014, el Vicepresidente del Tribunal Supremo desestimó esa solicitud por considerarla infundada.

Participación del autor en un piquete individual

2.9Alrededor de las 17.00 horas del 13 de marzo de 2014, el autor, apostado en una plaza pública de Volkovysk, sostuvo en sus manos una bandera ucraniana y una pancarta, en protesta contra el despliegue de las tropas rusas en Ucrania. El autor indica que no pidió autorización para ese acto, pues las autoridades municipales ya habían rechazado sus solicitudes en dos ocasiones anteriores.

2.10En una fecha sin precisar posterior al acto, se acusó al autor de infringir el procedimiento establecido para la celebración de actos públicos, lo que constituye una infracción administrativa tipificada en el artículo 23.34, párrafo 1, del Código de Infracciones Administrativas, pues no había obtenido una autorización previa de las autoridades municipales para llevar a cabo el piquete individual. El 17 de marzo de 2014, el Tribunal de Distrito declaró culpable al autor y lo condenó a pagar una multa administrativa de 1,3 millones de rublos belarusos.

2.11El autor recurrió la decisión del Tribunal de Distrito ante el Tribunal Regional de Grodno, alegando que la imposición de la multa administrativa por realizar el piquete individual constituía una restricción innecesaria de su derecho a la libertad de expresión y de reunión, pues sus actos no habían supuesto amenaza alguna para la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas o los derechos e intereses de los demás. El 10 de abril de 2014, el Tribunal Regional de Grodno desestimó el recurso del autor y ratificó la decisión del Tribunal de Distrito. El autor volvió a presentar ante el Presidente del Tribunal Regional de Grodno un recurso, que fue rechazado el 29 de mayo de 2014. Posteriormente, recurrió ante el Presidente del Tribunal Supremo de Belarús. El Vicepresidente del Tribunal Supremo desestimó ese recurso el 29 de octubre de 2014.

2.12El autor sostiene que ha agotado todos los recursos internos disponibles.

Denuncia

3.1El autor afirma que se han restringido sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, en contravención de los artículos 19, párrafo 2, y 21 del Pacto, ya que se le denegó la autorización para organizar reuniones pacíficas y se le impuso una multa por llevar a cabo un piquete individual pacífico. Sostiene que las restricciones a sus derechos eran innecesarias, ya que ni las autoridades municipales ni los tribunales que conocieron de su caso examinaron si dichas restricciones se justificaban por razones de seguridad nacional o seguridad pública, orden público o protección de la salud o la moral públicas, o si eran necesarias para proteger los derechos y libertades de los demás. Argumenta que los tribunales nacionales que juzgaron su caso se basaron únicamente en las disposiciones de las leyes nacionales y no tuvieron en cuenta sus alegaciones de incompatibilidad de las restricciones con los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto.

3.2El autor pide al Comité que determine que se han violado los artículos 19 y 21 del Pacto y que recomiende al Estado parte que armonice su legislación nacional con las normas internacionales sobre la libertad de reunión pacífica y de expresión.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1En una nota verbal de fecha 6 de enero de 2017, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo. En esta nota, el Estado parte señaló que, en lo relativo a la admisibilidad de la comunicación, el autor no había agotado todos los recursos internos disponibles, pues no había recurrido las decisiones en su contra a través del procedimiento de revisión ante la fiscalía y su caso nunca había sido examinado por el Presidente del Tribunal Supremo de Belarús.

4.2El Estado parte sostiene además que son infundadas las alegaciones del autor de que la legislación nacional sobre actos multitudinarios no se ajusta a las normas internacionales. Al respecto, observa que las disposiciones de las leyes nacionales relativas al derecho de reunión pacífica y a la libertad de expresión tienen por objetivo establecer las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, así como garantizar la seguridad y el orden públicos durante los actos multitudinarios, y no contradicen los artículos 19 y 21 del Pacto, en virtud de los cuales los Estados pueden imponer las restricciones a estos derechos y libertades que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

5.1El 27 de diciembre de 2018, el autor presentó sus comentarios. En ellos, afirmaba que el procedimiento de revisión no constituía un recurso interno efectivo, ya que no implicaba un nuevo examen del caso y su resultado dependía meramente de la discreción del fiscal o del juez competente. Además, para entablar un procedimiento de revisión se debe abonar una tasa judicial, lo que supone un obstáculo adicional. En referencia a las circunstancias de su caso en particular, el autor señala que solicitó ante el Tribunal Regional de Grodno y el Tribunal Supremo de Belarús el inicio de un procedimiento de revisión de las decisiones impugnadas, pero en ambos casos se desestimaron sus solicitudes.

5.2Por lo que respecta a los argumentos del Estado parte de que las disposiciones pertinentes de la legislación nacional son compatibles con los artículos 19 y 21 del Pacto, el autor sostiene que el Estado parte no justificó en sus observaciones la necesidad, en las circunstancias particulares de su caso, de las restricciones impuestas a sus derechos por las autoridades del país.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

6.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que el autor no ha solicitado a la fiscalía ni al Presidente del Tribunal Supremo de Belarús el inicio de un procedimiento de revisión de las decisiones impugnadas en su caso. Sin embargo, el Comité toma nota del argumento del autor de que, como lo corroboran los documentos que obran en el expediente, sí recurrió —infructuosamente— las decisiones relativas a su caso mediante el procedimiento de revisión, en particular ante el Presidente del Tribunal Regional de Grodno y el Presidente del Tribunal Supremo de Belarús. En este contexto, el Comité considera que la presentación de una solicitud al presidente de un tribunal para que se inicie un procedimiento de revisión de decisiones judiciales firmes, cuya aceptación depende de las facultades discrecionales de un juez, constituye un recurso extraordinario y que, por tanto, el Estado parte debe demostrar que existe una posibilidad razonable de que esa solicitud dé lugar a un recurso efectivo en las circunstancias del caso. El Comité recuerda además su jurisprudencia, según la cual la presentación de una solicitud a la fiscalía para que se inicie un procedimiento de revisión, sujeto a la discrecionalidad del fiscal, de una decisión judicial firme es un recurso extraordinario y, por tanto, no constituye un recurso que deba agotarse a efectos del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo. El Comité observa que, en el presente caso, el autor ha agotado todos los recursos internos disponibles, incluidos los previstos en el procedimiento de revisión y, por consiguiente, considera que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no le impide examinar la comunicación.

6.4El Comité toma nota asimismo de las alegaciones del autor de que se restringió arbitrariamente su derecho a la libertad de reunión, amparado por el artículo 21 del Pacto, al imponérsele una multa por organizar un piquete no autorizado. Al respecto, el Comité observa que el autor fue el único participante en el piquete. Si bien la noción de reunión protegida por el artículo 21 implica la participación de más de una persona, un único manifestante goza de protecciones comparables en virtud del Pacto, por ejemplo, en virtud del artículo 19. A juicio del Comité, el autor no ha presentado pruebas suficientes para demostrar que, en efecto, se celebró una reunión en el sentido del artículo 21. Por consiguiente, en las circunstancias del presente caso, el Comité considera que el autor no ha fundamentado suficientemente esta reclamación concreta a efectos de su admisibilidad, y declara esta parte de la comunicación inadmisible a tenor de lo dispuesto en el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.5En lo que respecta a la reclamación formulada por el autor en virtud del artículo 19, párrafo 2, del Pacto sobre la sanción administrativa que se le impuso por llevar a cabo un piquete no autorizado y su respectiva reclamación con arreglo a los artículos 19, párrafo 2, y 21 del Pacto sobre la decisión de las autoridades del Estado parte de denegarle la autorización para celebrar reuniones pacíficas, el Comité las considera suficientemente fundamentadas a efectos de su admisibilidad, por lo que las declara admisibles y procede a examinarlas en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

7.2El Comité toma nota de las alegaciones del autor de que se restringieron sus derechos a la libertad de expresión y de reunión, en contravención de los artículos 19, párrafo 2, y 21 del Pacto, al habérsele denegado la autorización para organizar reuniones pacíficas, a saber, una marcha y un piquete, cuyo propósito era expresar apoyo a la integración de Ucrania en Europa y solidaridad con la aspiración del pueblo ucraniano de vivir en un Estado libre, y rechazar los asesinatos, la violencia y la brutalidad. Asimismo, toma nota de la alegación formulada por el autor en virtud del artículo 19, párrafo 2, del Pacto de que su derecho a la libertad de expresión se ha restringido de forma innecesaria, al condenárselo a pagar una multa administrativa por participar en un piquete individual, cuyo objetivo era protestar contra el despliegue de las tropas rusas en Ucrania. También toma nota de la afirmación del autor de que las autoridades no explicaron los motivos por los que las restricciones impuestas a sus derechos eran necesarias en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás, como se exige en el artículo 19, párrafo 3, y en la segunda oración del artículo 21 del Pacto, respectivamente.

7.3El Comité toma nota de la alegación del autor de que las negativas injustificadas de las autoridades municipales de Volkovysk a autorizar la celebración de reuniones pacíficas vulneraron su derecho amparado por el artículo 21 del Pacto. Por consiguiente, el Comité debe determinar si la prohibición de celebrar reuniones pacíficas impuesta al autor por las autoridades municipales constituye una vulneración del artículo 21 del Pacto.

7.4En su observación general núm. 37 (2020), el Comité estableció que las reuniones pacíficas pueden, en principio, realizarse en todos los espacios a los que la población tenga o debería tener acceso, como las plazas y las calles públicas. Las reuniones pacíficas no se deberían relegar a zonas remotas en las que no puedan captar eficazmente la atención de los destinatarios o del público en general. Por norma, no puede haber una interdicción general de todas las reuniones en la capital, en todos los lugares públicos excepto un lugar específico dentro de una ciudad o fuera del centro de la ciudad, o en todas las calles de una ciudad. El Comité observa asimismo que, por lo general, los requisitos de que los participantes u organizadores se ocupen de la seguridad, la asistencia médica, la limpieza u otros servicios públicos relacionados con las reuniones pacíficas o participen en esos gastos no son compatibles con el artículo 21.

7.5El Comité recuerda además que el derecho de reunión pacífica, amparado por el artículo 21 del Pacto, es un derecho humano fundamental, esencial para la expresión pública de las opiniones y los puntos de vista de la persona e indispensable en una sociedad democrática. El artículo 21 del Pacto protege las reuniones pacíficas dondequiera que tengan lugar: al aire libre, en el interior y en línea; en espacios públicos y privados; o una combinación de las anteriores. Esas reuniones pueden adoptar muchas formas, incluidas las manifestaciones, las protestas, las reuniones propiamente dichas, las procesiones, los mítines, las sentadas, las vigilias a la luz de las velas y los flashmobs. Están protegidas en virtud del artículo 21, ya sean estáticas, como los piquetes, o en movimiento, como las procesiones o las marchas. Los organizadores de las reuniones tienen derecho, por lo general, a elegir un lugar en el que puedan ser vistas y oídas por sus destinatarios, y no cabe restricción alguna de este derecho salvo que: a) esté prevista por la ley; y b) sea necesaria en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. Cuando un Estado parte impone restricciones para conciliar el derecho de reunión de una persona y los mencionados intereses de carácter general, se debería guiar por el objetivo de facilitar el derecho, en vez de intentar limitarlo innecesaria y desproporcionadamente. En consecuencia, el Estado parte está obligado a justificar la limitación del derecho protegido por el artículo 21 del Pacto.

7.6En el presente caso, el Comité debe determinar si las restricciones impuestas al derecho de reunión pacífica del autor se justifican con arreglo a alguno de los criterios enunciados en la segunda oración del artículo 21 del Pacto. De acuerdo con la información que consta en el expediente, las solicitudes que el autor presentó a las autoridades municipales para que autorizaran la realización de una marcha y un piquete fueron denegadas, respectivamente, porque el lugar elegido para realizar la marcha, a saber, el parque de la ciudad, no era apto para tal fin en virtud de las disposiciones pertinentes de la Ley de Actos Multitudinarios, y porque el autor no facilitó información sobre las medidas adoptadas para garantizar el orden público, la seguridad y la atención médica durante el piquete previsto, así como la limpieza del lugar una vez finalizado este. En este contexto, el Comité observa que ni el Comité Ejecutivo ni los tribunales nacionales han proporcionado justificación o explicación alguna sobre la forma en que, en la práctica, los actos públicos del autor habrían vulnerado el interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o la protección de la salud o la moral públicas o de los derechos y libertades de los demás, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 del Pacto. El Estado parte tampoco demostró que se hubieran adoptado medidas alternativas para facilitar el ejercicio de los derechos del autor amparados por el artículo 21.

7.7Ante la falta de más explicaciones del Estado parte, el Comité concluye que el Estado parte ha vulnerado los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 21 del Pacto.

7.8El Comité observa además la afirmación del autor de que se ha restringido su derecho a la libertad de expresión, en contravención del artículo 19, párrafo 2, del Pacto, ya que se denegaron sus solicitudes de autorización para realizar reuniones pacíficas con propósitos expresivos y, posteriormente, se le impuso una sanción por realizar un piquete individual no autorizado. Por consiguiente, el Comité debe determinar si las restricciones que se impusieron a la libertad de expresión del autor pueden justificarse con arreglo a alguno de los criterios establecidos en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto.

7.9El Comité recuerda su observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, en la que se afirma, entre otras cosas, que la libertad de expresión es fundamental para toda sociedad y constituye la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Señala que en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto se establece que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de difundir información e ideas, puede estar sujeto a restricciones, siempre y cuando estas estén expresamente fijadas por la ley y sean necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Por último, las restricciones a la libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias, esto es, deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir el resultado deseado, y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. El Comité recuerda que incumbe al Estado parte demostrar que las restricciones impuestas a los derechos del autor consagrados en el artículo 19 del Pacto fueron necesarias y proporcionales.

7.10El Comité observa que, en el presente caso, el hecho de que se sancionara al autor por no haber obtenido autorización previa de las autoridades locales para organizar un piquete pacífico y, en particular, de que se le impusiera una multa, plantea serias dudas acerca de la necesidad y proporcionalidad de las restricciones a los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 19 del Pacto. El Comité observa además, con respecto a la negativa de las autoridades nacionales a conceder la autorización para celebrar las reuniones pacíficas con un propósito expresivo, que relegar la organización de una reunión pública a ciertos lugares predeterminados no parece ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 19 del Pacto. En el presente caso, se había previsto llevar a cabo la marcha y el piquete pacífico en el parque de la ciudad. Sin embargo, el Comité Ejecutivo denegó la autorización aduciendo que un parque no podía considerarse un lugar apto para realizar una marcha, ya que no estaba contemplado como tal en las disposiciones pertinentes de la Ley de Actos Multitudinarios (véase el párr. 2.3). Por lo que respecta al piquete, el Comité Ejecutivo se negó a autorizarlo porque el autor no había proporcionado la información relativa a la lista de medidas adoptadas para garantizar el orden público, la seguridad y la atención médica durante el acto, así como la limpieza del lugar una vez finalizado este (véase el párr. 2.5). El Comité observa además que el Estado parte no ha invocado ningún motivo específico que justifique la necesidad de las restricciones impuestas al autor, como se exige en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto, ni ha demostrado que las medidas adoptadas fueran las menos perturbadoras o que guardaran proporción con el interés que debía protegerse. El Comité considera que, en las circunstancias del caso, las sanciones y limitaciones impuestas al autor, pese a estar fundamentadas en el derecho interno, no estaban justificadas con arreglo a las condiciones enunciadas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. A falta de más información o explicaciones del Estado parte, el Comité concluye que se han vulnerado los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 19 del Pacto.

8.El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte de los derechos que asisten al autor en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto.

9.De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo, lo que implica que debe ofrecer una reparación integral a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido vulnerados. En consecuencia, el Estado parte está obligado, entre otras cosas, a adoptar medidas apropiadas para proporcionar al autor una indemnización adecuada, que incluya el reembolso de la multa que se le había impuesto y las costas judiciales en que había incurrido. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro. En este sentido, el Comité señala que ha examinado casos similares relativos a las mismas leyes y prácticas del Estado parte en varias comunicaciones anteriores y que, por tanto, el Estado parte debería revisar su marco normativo sobre los actos públicos y ponerlo en conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del artículo 2, párrafo 2, de modo que los derechos consagrados en los artículos 19 y 21 del Pacto puedan ejercerse plenamente en el Estado parte.

10.Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en los idiomas oficiales del Estado parte.