Naciones Unidas

CCPR/C/137/D/3210/2018

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

2 de junio de 2023

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Decisión adoptada por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 3210/2018 * **

Comunicación presentada por:

J. S. (representado por el abogado Sjoerd Tom Van Berge Henegouwen)

Presunta víctima:

El autor

Estado parte:

Reino de los Países Bajos

Fecha de la comunicación:

2 de noviembre de 2017 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 18 de julio de 2018 (no se publicó como documento)

Fecha de adopción de la decisión:

22 de marzo de 2023

Asunto:

Detención y prisión arbitrarias

Cuestiones de procedimiento:

Agotamiento de los recursos internos; falta de fundamentación de las reclamaciones

Cuestiones de fondo:

Tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; detención y prisión arbitrarias; privación de libertad; derecho a un recurso efectivo

Artículos del Pacto:

2, párr. 3; 4, párr. 2; 7; 9 y 10

Artículos del Protocolo Facultativo:

2 y 5, párr. 2 b)

1.El autor de la comunicación es J. S., nacional del Reino de los Países Bajos, nacido en 1958. Afirma que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 2, párrafo 3; 4, párrafo 2; 7, 9 y 10 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 11 de marzo de 1979. El autor está representado por un abogado.

Hechos expuestos por el autor

2.1El autor fue detenido, acusado de violación y detención ilegal, el 18 de julio de 2014. Posteriormente, fue declarado culpable y condenado a seis años de prisión por el tribunal de distrito de Noord-Nederland. El autor alega que su detención se llevó a cabo de forma ilegal, inhumana y degradante; los agentes de policía que la practicaron no iban en vehículos de policía ni llevaban uniforme, por lo que no eran reconocibles como tales; no se identificaron como policías; no le dieron ninguna información sobre sus derechos, entre ellos el derecho a guardar silencio, en el momento de la detención; lo apuntaron con una pistola, lo sacaron violentamente de su coche y le vendaron los ojos, y lo metieron por la fuerza en un coche que se alejó del lugar a gran velocidad. El autor señala que denunció esos hechos ante los tribunales nacionales y que las autoridades nacionales no refutaron su descripción de la manera en que se llevó a cabo la detención. Afirma que la detención le causó sufrimiento psíquico y una sensación de miedo, y que solo se dio cuenta de que había sido detenido por agentes de policía cuando llegó a la comisaría (al principio pensaba que estaba siendo agredido por delincuentes). Afirma también que hizo sus primeras declaraciones ante la policía —que se utilizaron como prueba en el juicio— en un estado de estrés psicológico.

2.2En su sentencia, el tribunal de distrito concluyó que había suficientes hechos y circunstancias para justificar la detención del autor con arreglo al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal. Señaló que la orden de detención había sido dictada por un fiscal y estimó que el hecho de que los agentes de policía no se hubieran identificado de inmediato como tales no confería un carácter ilegal a la detención. El autor recurrió la decisión del tribunal de distrito ante el Tribunal de Apelación de Arnhem-Leeuwarden, que ratificó la sentencia dictada en primera instancia. El autor afirma que, en el marco de su recurso de apelación, sostuvo que la manera en que se había llevado a cabo la detención era ilegal, inhumana y degradante. En su sentencia, el tribunal de apelación consideró que la detención del autor había sido legítima y legal. El autor recurrió esa sentencia ante el Tribunal Supremo. El 15 de noviembre de 2016, este declaró la inadmisibilidad del recurso.

2.3El 5 de mayo de 2017, el autor interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que se habían vulnerado los derechos que lo asistían en virtud de los artículos 3, 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos). En una decisión de 6 de julio de 2017 dictada por un juez único, la demanda se declaró inadmisible. En cuanto a la interpuesta al amparo del artículo 3 de dicho Convenio, el Tribunal dictaminó que el autor no había agotado los recursos internos, puesto que no había demostrado que hubiese presentado las denuncias pertinentes ante las autoridades nacionales. El Tribunal también estimó que el autor no había agotado los recursos internos en relación con las reclamaciones relativas al artículo 6 del Convenio, que hacían referencia a la utilización como prueba de las declaraciones que hizo después de su detención y que, según este, habían estado influidas por el miedo que sentía debido a la forma en que fue detenido. En cuanto a las reclamaciones restantes presentadas al amparo de los artículos 6 y 13 del Convenio, el Tribunal concluyó que ni el material que tenía ante sí ni los hechos denunciados ponían de manifiesto ninguna apariencia de vulneración de los derechos y libertades establecidos en el Convenio o en sus Protocolos. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que la demanda presentada por el autor carecía manifiestamente de fundamento.

Denuncia

3.1El autor afirma que la manera violenta, degradante e inhumana en que se llevó a cabo la detención le causó sufrimiento psíquico mientras se practicaba y después. Sostiene que no se exigieron responsabilidades a los agentes de policía que practicaron la detención y que, durante los juicios, los tribunales nacionales no dieron ninguna consideración a sus reclamaciones. Sostiene también que sus peticiones ante los tribunales nacionales para que declararan inadmisibles las declaraciones que había hecho poco después de su detención fueron desestimadas sin ninguna justificación. Sostiene además que, como consecuencia de ello, sus denuncias no fueron investigadas de forma efectiva y no se le ofreció ningún recurso efectivo ni ninguna reparación, lo cual constituye una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 7, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. Afirma que la actuación de las autoridades del Estado parte fue injustificada y contraria al artículo 4, párrafo 2, del Pacto.

3.2El autor alega que la manera violenta en que fue detenido fue inapropiada, irrazonable, innecesaria y desproporcionada y, por lo tanto, ilegal y arbitraria, lo que constituye una violación de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Alega además que también se vulneraron los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9, párrafo 2, del Pacto, ya que, en el momento de la detención, no fue informado de los motivos de esta ni de las acusaciones que pesaban en su contra. El autor afirma asimismo que la manera violenta en que fue detenido constituye una violación de los derechos que lo asisten en virtud del artículo 10 del Pacto.

3.3El autor pide al Comité que recomiende al Estado parte que: a) investigue los supuestos malos tratos durante su detención y adopte las medidas pertinentes contra los responsables; b) le ofrezca una indemnización integral y adecuada por los daños sufridos; c) vuelva a examinar su caso a la luz de las conclusiones del Comité; y d) elimine sus antecedentes penales en relación con el delito objeto de la presente comunicación, así como todos los datos al respecto que figuran en los registros de la policía.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1El 18 de enero de 2019, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. En ellas sostiene que la comunicación debe declararse inadmisible por ser manifiestamente infundada. Sostiene además que determinadas partes de las alegaciones del autor también deben ser declaradas inadmisibles por no agotamiento de los recursos internos. En caso de que el Comité considere la comunicación admisible, el Estado parte sostiene que carece de fundamento.

4.2El Estado parte proporcionó información sobre la detención y el juicio del autor. Señala que, el 18 de julio de 2014, el autor fue detenido porque se sospechaba que había privado ilegalmente de libertad a una niña de 13 años y la había violado. En el momento de la detención, el autor estaba registrado en la base de datos de la policía como persona armada y peligrosa. Por ello, se consideró necesario desplegar a una unidad de detención y apoyo para llevarla a cabo. El 26 de junio de 2015, el autor fue declarado culpable de privación ilegal de libertad y violación de una menor de edad por el tribunal de distrito. Fue condenado a una pena de seis años de prisión y se le impuso una orden de internamiento hospitalario. En el juicio ante el tribunal de distrito, el autor alegó que su detención había sido ilegal, ya que los policías iban vestidos de civil y no se identificaron como policías antes de proceder a la detención. Según el autor, la ilegalidad de la detención justificaba su absolución. El tribunal de distrito desestimó ese argumento y sostuvo que la detención era legal, puesto que de los hechos y circunstancias del caso se desprendían serios indicios de culpabilidad y la detención había sido ordenada por un fiscal. El Estado parte señala que el tribunal de distrito consideró que el hecho de que los agentes de investigación no se hubieran identificado de inmediato como agentes de policía no convertía la detención en ilegal. En este sentido, el tribunal tomó nota de las circunstancias excepcionales en el caso del autor, que estaba registrado en la base de datos de la policía como una persona armada y peligrosa. Por ello, era necesario practicar la detención con celeridad. El tribunal consideró que el hecho de que los agentes de investigación no se hubiesen identificado antes de proceder a la detención era comprensible. El 25 de enero de 2016, el Tribunal de Apelación de La Haya confirmó la sentencia del tribunal de distrito. En su recurso de apelación, el autor alegó que su detención era ilegal porque los agentes de investigación iban vestidos de civil, no habían utilizado coches de policía reconocibles, no se habían identificado como tales antes de detenerlo y no lo habían informado de sus derechos. En opinión del autor, las pruebas obtenidas tras la detención deberían haberse descartado debido a la ilegalidad de la detención. El Tribunal de Apelación ratificó las conclusiones del tribunal de distrito y dictaminó que la detención era legal. El 15 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo declaró la inadmisibilidad del recurso de casación presentado por el autor.

4.3El Estado parte también aporta información sobre la reglamentación nacional aplicable. Señala que los artículos 53 y 54 del Código de Procedimiento Penal determinan de modo preciso las personas competentes para detener a un sospechoso. En algunos casos, puede ser necesario desplegar a una unidad de detención y apoyo. Se trata de una unidad policial especializada que efectúa detenciones cuando es razonable suponer que puedan surgir situaciones que pongan en peligro la vida de los agentes de policía o de otras personas. El despliegue de esta unidad tiene como objetivo evitar o controlar la violencia. Con arreglo al artículo 2 a) del Código de Conducta para la Policía, la Real Policía Militar y de Fronteras y otros Agentes de Investigación, los agentes de investigación vestidos de civil deben identificarse por propia iniciativa, a menos que no sea posible debido a circunstancias excepcionales. Estas circunstancias excepcionales incluyen los casos en que, por su mandato específico, se han desplegado unidades especiales. El papel fundamental de las unidades de detención y apoyo es evitar o controlar la violencia al detener a personas que no han sido sorprendidas en flagrante delito. Las operaciones de esas unidades se basan en una actuación rápida y en el factor sorpresa. Para ello, puede ser necesario esposar a los sospechosos o vendarles los ojos. A fin de actuar con rapidez y pillar desprevenidos a los sospechosos, los agentes de la unidad de detención y apoyo no suelen identificarse de inmediato. El Estado parte señala que el Defensor Nacional del Pueblo confirmó que las operaciones de esta unidad se basan en una actuación rápida y en el factor sorpresa. El objetivo es asegurarse de que una persona que se cree que está armada y es peligrosa no pueda utilizar un arma de fuego durante la detención.

4.4El Estado parte señala también que, con arreglo al artículo 27 c), párrafo 1, del Código de Procedimiento Penal, en el momento de la detención se informa al detenido del delito que se sospecha que ha cometido. De conformidad con el párrafo 3 del mismo artículo, inmediatamente después de la detención y, en todo caso, antes de la primera entrevista, debe informarse por escrito al sospechoso de su derecho a recibir la información a que se hace referencia en el párrafo 1, así como de su derecho a asistencia letrada, su derecho a servicios de traducción e interpretación, en caso de que sean necesarios, y su derecho a guardar silencio. Si se considera que durante la investigación se han vulnerado las normas de procedimiento, el tribunal puede establecer consecuencias para esas vulneraciones, de conformidad con el artículo 359 a) del Código de Procedimiento Penal.

4.5El Estado parte alega que el autor no ha fundamentado suficientemente que realmente se viera afectado por la detención en cuestión, ya que no ha proporcionado ninguna información que sustente su afirmación de que sufrió daños como consecuencia de las acciones de los agentes de investigación. Observa que el autor señaló que tenía miedo porque pensaba que estaba siendo agredido por delincuentes. También observa que el Estado parte no niega que ser detenido por la unidad de detención y apoyo pueda ser abrumador, debido a los métodos empleados. Sin embargo, subraya que el objetivo de ese tipo de detención es abrumar a una persona potencialmente peligrosa a fin de neutralizarla. Eso no significa, no obstante, que las detenciones practicadas por esa unidad no se ajusten al Pacto.

4.6El Estado parte afirma que, en el caso del autor, la detención se llevó a cabo de conformidad con la legislación nacional aplicable y fue razonable y proporcionada a las circunstancias, y señala que el autor no ha presentado información que demuestre que sufrió un estrés tan intenso que constituyera una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud del Pacto. En cuanto a la alegación del autor de que la detención fue inhumana o degradante y, por ello, conllevó una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 4, párrafo 2, y 7 del Pacto, el Estado parte no impugna la descripción que ha hecho el autor de la detención. Señala que una detención practicada por la unidad de detención y apoyo puede ser una experiencia abrumadora. Sin embargo, no hay prueba alguna de que el método utilizado para detener al autor sea incompatible con el artículo 7 del Pacto. La unidad actuó con arreglo a la reglamentación nacional aplicable y no fue más allá de lo necesario, habida cuenta de que el autor estaba registrado como persona armada y peligrosa.

4.7El Estado parte señala que el autor fue detenido a las 15.25 horas del 18 de julio de 2014 y que fue llevado ante el fiscal adjunto a las 15.35 horas del mismo día. En consecuencia, el supuesto estrés que sufrió el autor al pensar que estaba siendo secuestrado no pudo durar más de diez minutos, ya que, nada más llegar ante el fiscal adjunto, tuvo que darse cuenta de que había sido detenido, y no secuestrado. El objetivo de los agentes de investigación era detener al autor sin darle una oportunidad de emplear un arma de fuego. Por este motivo, los agentes no se identificaron antes de proceder a la detención, ya que ello habría eliminado el factor sorpresa y hubiera dado al autor la oportunidad de utilizar un arma de fuego. Le vendaron los ojos y lo apuntaron con un arma de fuego por motivos de seguridad. El Estado parte toma nota de la afirmación del autor de que el trato dispensado por los agentes le causó estrés y miedo, pues no se dio cuenta de que pertenecían a las fuerzas del orden nacionales. Señala que, aunque puede ser verdad, esta afirmación dista mucho de ser evidente, ya que el autor estaba condenado por delitos graves cometidos el día antes de su detención. Aunque fuera verdad, la detención seguiría ajustándose a lo dispuesto en los artículos 7 y 10 del Pacto.

4.8En cuanto a la alegación del autor en relación con el artículo 9 del Pacto, el Estado parte reitera su argumento de que la detención del autor se llevó a cabo de forma adecuada y legal. Señala que, según el informe oficial de la detención, los agentes que la llevaron a cabo indicaron que, antes de que el autor fuera llevado a la comisaría de policía, se le comunicó que estaba siendo detenido por un delito de violación y que tenía derecho a guardar silencio y a recibir asistencia de un abogado antes de ser interrogado. Además, antes de cada interrogatorio, se le informó de que no tenía ninguna obligación de contestar a las preguntas. El Estado parte añade que la defensa del autor no pudo resultar perjudicada en modo alguno como consecuencia de la detención. Observa que el autor afirma que hizo declaraciones mientras estaba en un estado de estrés psicológico y que dichas declaraciones fueron utilizadas por los tribunales nacionales como base para su condena. Sin embargo, la sentencia del tribunal de distrito de Noord-Nederland se basó en la declaración de la víctima, respaldada por pruebas de ADN y por otras pruebas. En cuanto a las alegaciones del autor sobre la ausencia de recursos efectivos, el Estado parte alega que los tribunales nacionales examinaron adecuadamente las reclamaciones del autor y expusieron claramente en sus sentencias los motivos por los que fueron desestimadas. El Estado parte afirma que el autor no ha demostrado suficientemente que la detención le hubiera afectado realmente ni que hubiera sufrido daño alguno. Por tanto, sostiene que la comunicación debería ser declarada inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

4.9El Estado parte sostiene que las alegaciones del autor en relación con los artículos 4, párrafo 2, 7 y 10 del Pacto deben ser declaradas inadmisibles en virtud del artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo por no haberse agotado los recursos internos. Alega que, en ningún momento de los procedimientos internos, el autor afirmó expresamente que se hubieran vulnerado los derechos que lo asistían en virtud de esas disposiciones ni se refirió de forma implícita a esas supuestas vulneraciones.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

5.El 16 de mayo de 2019, el autor presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. Reitera su alegación de que fue detenido de forma ilegal y arbitraria, lo cual vulneró los derechos que lo asistían en virtud el artículo 9 del Pacto. Sostiene que los tribunales nacionales no tomaron medidas respecto de las reclamaciones que hizo sobre la ilegalidad de su detención ni le proporcionaron explicación alguna sobre el motivo por el que estas no se habían examinado ni investigado. En cuanto a la alegación del Estado parte de que las reclamaciones en relación con los artículos 4, párrafo 2, 7 y 10 del Pacto deben ser declaradas inadmisibles por no haberse agotado los recursos internos, el autor sostiene que denunció la detención inhumana y degradante ante los tribunales nacionales, que no tuvieron en cuenta sus denuncias.

Observaciones adicionales del Estado parte

6.1El 25 de noviembre de 2019, el Estado parte presentó observaciones adicionales. Mantiene que la comunicación debe declararse inadmisible.

6.2En cuanto a la alegación del autor de que los tribunales nacionales no justificaron suficientemente sus decisiones sobre la legalidad de la detención, el Estado parte reafirma que las reclamaciones del autor fueron examinadas detenidamente por dichos tribunales. Remite a la decisión del tribunal de distrito, que concluyó que la detención del autor era legal. Ese tribunal observó que, de conformidad con el artículo 2 del Código de Conducta para la Policía, la Real Policía Militar y de Fronteras y otros Agentes de Investigación, los agentes de investigación vestidos de civil deben identificarse, salvo en circunstancias excepcionales. El tribunal concluyó que en el caso del autor se daban circunstancias excepcionales, puesto que figuraba como persona “armada y peligrosa” en la base de datos de la policía. Así pues, el tribunal de distrito consideró lógico que los agentes de investigación no se identificaran de inmediato, ya que, a la luz de la información sobre el autor que figuraba en los registros, era necesario llevar a cabo la detención con celeridad. Por tanto, el Estado parte afirma que la alegación del autor de que los tribunales nacionales no tuvieron en cuenta sus reclamaciones ni proporcionaron ninguna explicación acerca de las sentencias es errónea.

6.3En cuanto a las alegaciones del autor en relación con los artículos 4, párrafo 2, 7 y 10 del Pacto, el Estado parte no niega que el autor impugnara la legalidad de su detención ante los tribunales nacionales. Señala, no obstante, que del expediente se desprende que sus reclamaciones relativas a la detención se basaban en el hecho de que los agentes de investigación no podían ser identificados como tales, no habían utilizado vehículos de policía reconocibles y no se habían identificado antes de la detención. El Estado parte también señala que, en ningún momento de los procedimientos internos, el autor afirmó que su detención hubiera sido tan cruel, inhumana o degradante que hubiera constituido una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud del Pacto, y tampoco presentó ninguna prueba que respaldara esas reclamaciones.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

7.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

7.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

7.3El Comité observa que, según el Estado parte, las alegaciones formuladas por el autor en relación con los artículos 4, párrafo 2, 7 y 10 del Pacto deben ser declaradas inadmisibles en virtud del artículo 5, párrafo 2 b), por no haberse agotado todos los recursos internos, ya que el autor no planteó esas mismas alegaciones durante los procedimientos internos. El Comité observa también que, según el autor, este presentó reclamaciones en relación con su supuesta detención degradante e inhumana ante los tribunales nacionales y estos no las examinaron debidamente. El Comité recuerda su jurisprudencia en el sentido de que, si bien no existe obligación de agotar los recursos internos que no tengan posibilidades de prosperar, los autores de las comunicaciones deben ejercer la diligencia debida para acogerse a los recursos disponibles. Señala que las meras dudas o suposiciones sobre la efectividad de dichos recursos no eximen a los autores de agotarlos. En el presente caso, el Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que de los registros de la detención y la vista del autor solo se desprende que este impugnó la supuesta ilegalidad de su detención ante los tribunales nacionales basándose en que los agentes de investigación no podían ser identificados como tales, no habían utilizado vehículos de policía reconocibles y no se habían identificado antes de la detención. Sin embargo, también toma nota de que el autor no planteó ante las autoridades nacionales ninguna de las demás reclamaciones presentadas en la comunicación. El Comité señala que, si bien el autor está en desacuerdo con las afirmaciones del Estado parte a este respecto, no ha presentado información concreta ni aportado pruebas que sustanciaran el fondo de sus reclamaciones relacionadas con los artículos 7 y 10, leídos por separado y conjuntamente con los artículos 2, párrafo 3, y 4, párrafo 2, del Pacto ante las autoridades nacionales. Por consiguiente, considera que las reclamaciones formuladas por el autor en relación con esos artículos son inadmisibles por no haberse agotado los recursos internos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

7.4El Comité toma nota de la afirmación del autor de que la manera violenta en que fue detenido fue inapropiada, irrazonable, innecesaria y desproporcionada y, por lo tanto, ilegal y arbitraria, lo que vulnera los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Toma nota también de sus alegaciones de que se vulneraron los derechos que lo asisten en virtud del artículo 9, párrafo 2, del Pacto, ya que no fue informado, en el momento de la detención, de los motivos de esta ni de las acusaciones que pesaban en su contra. Sin embargo, observa que el Estado parte ha presentado el argumento, no impugnado, de que la detención se llevó a cabo de conformidad con la legislación nacional aplicable y que las medidas tomadas fueron necesarias y proporcionadas habida cuenta de que el autor figuraba en los registros como persona armada y peligrosa. El Comité también señala que, según el informe oficial de la detención, el autor fue llevado ante una autoridad judicial tan solo diez minutos después de su detención y, antes de ser trasladado a la comisaría de policía, se le notificaron los motivos. Se lo informó de que estaba acusado de haber cometido un delito grave el día anterior y también de sus derechos, entre ellos el derecho a guardar silencio y a estar representado por un abogado antes del interrogatorio. El Comité toma nota asimismo de la información no impugnada del Estado parte de que, antes de cada interrogatorio, se explicó al autor que no estaba obligado a responder a las preguntas.

7.5En cuanto a las alegaciones del autor de que los tribunales nacionales no examinaron debidamente sus reclamaciones y no motivaron suficientemente sus decisiones sobre la legalidad de la detención, el Comité toma nota del argumento del Estado parte de que, sobre la base de los hechos y las circunstancias del caso, los tribunales nacionales consideraron que había pruebas suficientes para ordenar la detención del autor. También toma nota de que los tribunales nacionales concluyeron que la detención del autor era legal con arreglo a la legislación nacional aplicable, al considerar que había circunstancias excepcionales —a saber, que el autor estaba registrado en la base de datos de la policía como persona armada y peligrosa— que justificaban el hecho de que los agentes no se hubieran identificado como tales antes de detenerlo. El Comité toma nota además de que el autor no está de acuerdo con la motivación de los tribunales nacionales. No obstante, en los procedimientos internos, su detención se consideró legal de conformidad con la legislación nacional aplicable.

7.6El Comité observa que el autor no ha aportado información concreta para refutar las conclusiones de las autoridades nacionales a este respecto y tampoco ha proporcionado información o argumentos específicos sobre la supuesta arbitrariedad de su detención. En consecuencia, concluye que, a la luz de las conclusiones de los tribunales nacionales y de la información proporcionada por el Estado parte sobre los procedimientos internos, el autor no ha fundamentado sus alegaciones en relación con el artículo 9, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto a los efectos de la admisibilidad.

8.Por consiguiente, dictamina que las reclamaciones del autor en relación con el artículo 9, párrafos 1 y 2, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto no están suficientemente fundamentadas y, por ello, son inadmisibles de conformidad con el artículo 2 del Protocolo Facultativo.

9.Por lo tanto, el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2 y 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo;

b)Que la presente decisión se ponga en conocimiento del Estado parte y del autor.