Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2809/2016 * ** ***

Comunicación presentada por:	Seok-ki Lee, Hong-yeol Kim, Sang-ho Lee, Soon-seog Hong, Dong-kun Han, Yang-won Cho y Keun-rae Kim (representados por el abogado Kinam Kim y otros)
Presuntas víctimas:	Los autores
Estado parte:	República de Corea
Fecha de la comunicación:	15 de diciembre de 2015 (presentación inicial)
Referencias:	Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 14 de septiembre de 2016 (no se publicó como documento)
Fecha de aprobación del dictamen:	30 de octubre de 2020
Asunto:	Libertad de expresión
Cuestiones de procedimiento:	Ninguna
Cuestión de fondo:	Permisibilidad de las restricciones a la libertad de expresión
Artículo del Pacto:	19
Artículos del Protocolo Facultativo:	Ninguno

1.Los autores de la comunicación son Seok-ki Lee, Hong-yeol Kim, Sang-ho Lee, Soon‑seog Hong, Dong-kun Han, Yang-won Cho y Keun-rae Kim, todos ellos nacionales de la República de Corea.Sostienen que el Estado parte ha vulnerado los derechos que los asisten en virtud del artículo 19 del Pacto.El Pacto y el Protocolo Facultativo entraron en vigor para el Estado parte el 10 de julio de 1990.Los autores están representados por varios abogados.

Los hechos expuestos por los autores

2.1Los autores eran militantes activos del Partido Progresista Unificado. Fueron detenidos e imputados entre el 30 de agosto y el 24 de octubre de 2013. Todos ellos fueron acusados de conspiración con fines de insurrección y de haber infringido el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, que tipifica como delito, entre otras conductas, el enaltecimiento, la instigación o la difusión de actividades de una organización antiestatal, a sabiendas de que ello puede poner en peligro la existencia y la seguridad del Estado o el orden democrático fundamental, en relación con varios hechos diferentes. En concreto, se acusaba a Soon-seog Hong y a Dong-kun Han de haberse reunido para estudiar libros que elogiaban a la República Popular Democrática de Corea, y a Sang-ho Lee de haber pronunciado sendos discursos el 11 de diciembre de 2011 y el 30 de julio de 2013 en los que, según los autores, aludía a las diferencias entre revolucionarios y activistas y a la importancia de la camaradería y de aumentar el apoyo.Además, todos los autores, salvo Hong-yeol Kim, supuestamente habían adquirido, poseído y distribuido documentación antiestatal.También se acusaba a todos los autores, excepto a Dong-kun Han, de haber entonado una canción titulada “Camaradas en la revolución” el 8 de marzo, el 3 de mayo, el 21 de junio y el 10 de agosto de 2012.

2.2Por otra parte, en los cargos se hacía referencia a dos mítines celebrados en mayo de 2013, en los que habían participado todos los autores. Según estos, dado el aumento de las tensiones entre el Estado parte y la República Popular Democrática de Corea desde finales de 2012, Hong-yeol Kim había decidido organizar un mitin para explicar la evolución de la situación política a los miembros del comité provincial de Gyeonggi del Partido Progresista Unificado, únicos invitados. El mitin, al que asistieron 130 personas, se celebró el 10 de mayo de 2013 y en él pronunciaron discursos Hong-yeol Kim y Seok-ki Lee, pero fue interrumpido a los diez minutos de iniciarse por motivos de seguridad.

2.3El 12 de mayo de 2013 se celebró un segundo mitin con el mismo número de asistentes. Seok-ki Lee pronunció unas palabras y posteriormente se trató la situación militar y la importancia de prepararse para una posible guerra. Hong-yeol Kim propuso estudiar en mesas redondas posibles preparativos políticos y militares. Sang-ho Lee sugirió atacar las comunicaciones y los oleoductos y establecer directrices al respecto, y expuso distintas formas de elaborar armas y bombas y de sabotear la red ferroviaria. Dong-kun Han señaló que el arma más importante sería la protección de la organización y que habría que tomar una decisión sobre el robo de armas y mejorar la capacidad organizativa para responder a una guerra. La división juvenil no había considerado la posibilidad de una guerra, pero los participantes de otras mesas redondas se refirieron a la necesidad de realizar preparativos materiales y técnicos para librar una guerra revolucionaria, conseguir armas, atacar las telecomunicaciones, desarrollar buenas relaciones con las instituciones encargadas de las infraestructuras y establecer directrices sobre la prisión preventiva. Seok-ki Lee preguntó entonces a los asistentes si conocían esos preparativos y les dijo que debían ser proactivos y que había muchas maneras de prepararse material y técnicamente. Señaló que existían métodos sencillos para destruir una torre de acero. También se refirió a la existencia de sitios web en que se explicaba cómo fabricar bombas caseras y habló de la guerra de información, la guerra de propaganda y la guerra militar. Los autores señalan que tras los mítines no se realizaron más actividades.

2.4Además de los cargos presentados contra todos los autores, se acusó a Seok-ki Lee y a Hong-yeol Kim de instigar una insurrección a raíz de lo que dijeron en los mítines de mayo. La fiscalía alegó que Seok-ki Lee encabezaba la “Organización Revolucionaria”, presuntamente creada para derrocar al Gobierno e implantar la ideología de la República Popular Democrática de Corea, y que en los mítines de mayo había instigado a los miembros de dicha organización a prepararse para una guerra tanto en el aspecto material como en el militar, planeando la destrucción de infraestructuras. Los autores se declararon inocentes.

2.5El 17 de febrero de 2014, el Tribunal de Distrito de Suwon declaró a los autores culpables de todos los cargos y condenó a Seok-ki Lee a una pena de 12 años de prisión y al resto a penas de entre 4 y 7 años. Tanto los autores como la fiscalía recurrieron.

2.6El 11 de agosto de 2014, el Tribunal Superior de Seúl absolvió a los autores del cargo de conspiración con fines de insurrección, pero confirmó su condena en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, así como la de Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim por instigación a la insurrección. El Tribunal Superior redujo la pena de Seok-ki Lee a nueve años y las de los demás autores a entre dos y cinco años.

2.7El 22 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia del Tribunal Superior.

La denuncia

3.1Los autores afirman que el Estado parte ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión con la sanción penal que les impuso. Esta no era necesaria, con arreglo al artículo 19, párrafo 3, del Pacto, porque las declaraciones formuladas por Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim durante los mítines de mayo no amenazaron la seguridad nacional.

3.2En primer lugar, la naturaleza de la relación entre los oradores y el público no permitía llegar a tal conclusión; Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim no pudieron influir en los asistentes, ya que se trataba de activistas demócratas resistentes a la manipulación debido a las adversidades vividas y al carácter democrático del Partido Progresista Unificado. Seok-ki Lee no tenía una relación estrecha con la mayoría de los asistentes.

3.3En segundo lugar, el contexto de los mítines de mayo no justificaba la restricción de la libertad de expresión de los autores. Los mítines se organizaron para explicar las tensiones políticas en la península de Corea. Dichas tensiones han existido desde el fin de la guerra de Corea, y la República Popular Democrática de Corea ha anunciado en repetidas ocasiones que derogaba el Acuerdo de Armisticio. Aunque habían aumentado los problemas de seguridad, la posibilidad de que estallase un conflicto armado no era inminente.

3.4En tercer lugar, el propósito de los autores al convocar los mítines no justificaba la restricción de su libertad de expresión. Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim no trataron de instigar a los asistentes a la violencia, sino que se limitaron a expresar su opinión sobre la forma de abordar la situación. La asistencia a los mítines estaba limitada a un público específico perteneciente al mismo partido. Además, aunque las palabras empleadas, como “lucha”, “guerra”, “revolución”, “batalla”, “guerra local y no convencional” y “destruir”, puedan parecer radicales, las personas de ideología izquierdista las utilizan habitualmente y deben entenderse en su contexto. Seok-ki Lee no recomendó hacer nada concreto a los asistentes, no intervino en las mesas redondas que trataron posibles objetivos, expresó su opinión personal y no aclaró lo que quería decir cuando preguntó a los asistentes si no conocían los temas tratados. Además, los mítines fueron un acontecimiento aislado y las observaciones referidas no se repitieron.

3.5En cuarto lugar, el contenido de las declaraciones de los autores no justificó la restricción de su libertad de expresión. Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim no hicieron un llamamiento directo a la violencia. Las referencias de Seok-ki Lee a la preparación material y técnica en todo momento fueron abstractas. Asimismo, sus declaraciones sobre la necesidad de “destruir los cimientos establecidos por la facción gobernante en los 60 últimos años” y de “destruir el régimen que propicia la existencia de dos Coreas” fueron vagas y se referían únicamente al statu quo político. Habida cuenta de sus otras observaciones, sus referencias a la “lucha” y la “batalla” aludían a los esfuerzos por derrotar al imperialismo de los Estados Unidos. Seok-ki Lee aconsejó a los asistentes no llevar armas, por lo que les aclaró que no debían matar a nadie. Su referencia a la destrucción de una torre de acero señalaba la importancia de encontrar soluciones creativas y no fue una instigación a que destruyeran ninguna infraestructura. Ni él ni Hong-yeol Kim en ningún momento mencionaron directamente qué acciones específicas se debían emprender ni quién o qué debía ser el objetivo. Su tono fue en todo momento distendido. Además, en sus palabras de apertura y clausura de los mítines, Hong-yeol Kim se limitó a expresar las ideas típicas del Partido Progresista Unificado.

3.6En quinto lugar, la restricción de la libertad de expresión de los autores no estaba justificada en lo que a la forma de difundir la información se refiere, ya que los mítines tenían un público limitado a 130 personas, se celebraron en un lugar cerrado y tras ellos no se produjo ningún otro acontecimiento.

3.7En sexto lugar, el recurso a la violencia por los asistentes a los mítines no era probable ni inminente. Cuando Seok-ki Lee les preguntó si no conocían los temas tratados, lo hizo porque no estaba satisfecho con el resultado de las intervenciones de los oradores. No está muy claro qué quería decir con las siguientes declaraciones: “Existe un sinfín de ideas para la preparación material y técnica basada en la premisa mencionada anteriormente. ¿Acaso son demasiadas? ¿O demasiado abstractas? Sin duda, hablamos de un gran número de posibilidades. Pueden ustedes encontrar ejemplos en su propio lugar de trabajo”. Además, cuando dijo: “Si se da la orden de ataque total, no dudo que pondrán en práctica sus ideas creativas” y “¿Están totalmente preparados para entrar en combate una vez que se les dé la orden?”, habló en condicional; no quedaba claro quién daría la orden ni quién sería el objetivo.

3.8Los autores también discuten que sus actividades justificaran una restricción de su libertad de expresión en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. El Tribunal Supremo no explicó por qué las observaciones de Seok-ki Lee constituían una amenaza, sino que se limitó a concluir que con ellas había difundido la estrategia revolucionaria de la República Popular Democrática de Corea contra el Estado parte. Hong-yeol Kim solo expresó ideas típicas del Partido Progresista Unificado y declaró que para ganar batallas contra los Estados Unidos de América debían aprovechar la capacidad soberana del pueblo. Las observaciones de Sang-ho Lee sobre el ataque a infraestructuras y la fabricación de armas y bombas resultan inquietantes, pero no fue más allá. Dong-kun Han solo dijo que se debía proteger a la organización y que se debía tomar una decisión sobre el robo de armas y la realización de acciones militares. Soon-seog Hong, Keun-rae Kim y Yang-won Cho se limitaron a resumir las intervenciones de sus respectivas mesas redondas, por lo que no se les puede atribuir personalmente lo que dijeron. Los autores concluyen que no había en los mítines ninguna posibilidad de poner en práctica lo expresado.

3.9Los autores sostienen que el Tribunal Supremo no explicó qué amenaza implicaba cantar “Camaradas en la revolución” o estudiar o hablar de la ideología chuché. Asimismo, las observaciones de Sang-ho Lee y la documentación incautada eran de carácter antigubernamental pero no incitaban a la violencia, y el Tribunal Supremo no explicó por qué amenazaban la seguridad nacional.

3.10Los autores también afirman que sus penas de prisión no son proporcionadas, dado que los mítines de mayo no estuvieron abiertos al público y las intervenciones de los oradores no amenazaron la seguridad nacional. Además, el Estado parte disponía de medidas menos restrictivas —como demuestra el hecho de que se despojó a Seok-ki Lee de su escaño en la Asamblea Nacional— y podría haber solicitado al Partido Progresista Unificado que aplicara sus mecanismos de disciplina interna. También se podría haber buscado una solución política, como pedir a los autores que se disculpasen públicamente. En cambio, no se tomaron medidas con respecto a la publicación de comentarios en línea que incitaban a una guerra entre las dos Coreas. El Partido se convirtió en objetivo del Servicio Nacional de Inteligencia, que es un organismo favorable al Gobierno y a través del cual este lo sancionó.

3.11Los autores afirman haber agotado todos los recursos internos disponibles, ya que el Tribunal Supremo es la más alta instancia con competencia en la materia. No presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque este ya había desestimado un recurso también relativo a la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional en un caso similar, por lo que no habrían tenido ninguna perspectiva de éxito.

3.12Los autores piden al Comité que invite al Estado parte a proporcionarles un recurso apropiado de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, que deberá incluir la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo, la celebración de un nuevo juicio conforme a las normas del Pacto y la concesión de un indulto y de reparaciones monetarias.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1Mediante nota verbal de 11 de abril de 2017, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo, en las que alegó que las expresiones de los autores habían amenazado la seguridad nacional y que todas las medidas adoptadas contra ellos eran proporcionadas.

4.2El Estado parte sostiene que los mítines de mayo se celebraron en un contexto en que la guerra parecía inminente, dado que tres días antes del primer mitin, la República Popular Democrática de Corea había amenazado con convertir “las cinco islas del mar Occidental en un mar de fuego” y que entre el 18 y el 20 de mayo de 2013 lanzó cinco cohetes.

4.3El Estado parte recuerda las observaciones formuladas por Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim en los mítines de mayo, incluida su alusión a que se encontraban en guerra. El Estado parte observa que Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim, cuando intervinieron como oradores en los mítines, ocupaban una posición de superioridad jerárquica con respecto a los asistentes, que eran conscientes de la tendencia de los dirigentes del Partido Progresista Unificado a seguir la estrategia violenta de la República Popular Democrática de Corea. Tras las observaciones de Seok-ki Lee, los oradores, incluidos los otros seis autores, hablaron de diversos preparativos materiales y técnicos para fabricar bombas y armas y cometer actos violentos, en particular la destrucción de infraestructuras en lugares concretos como instalaciones de comunicación, oleoductos y la red de ferrocarril. Para el Estado parte, esto demuestra que las observaciones formuladas por Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim suponían una amenaza real, en la medida en que podían inducir a los asistentes a cometer actos de insurrección o reforzar su deseo de hacerlo. El Estado parte observa que el carácter secreto de los mítines demuestra que los organizadores sabían que eran ilegales. Los tribunales concluyeron que el propósito había sido inducir a los asistentes, en caso de que estallara una guerra, a destruir infraestructuras y a participar en una guerra de propaganda e información. Esos actos perturbarían el transporte ferroviario, las comunicaciones y el suministro de combustible, por lo que afectarían a la capacidad del Estado parte para hacer frente a una guerra. Dada la experiencia de los autores, sus antecedentes penales y el papel que desempeñaron en los mítines, así como la actitud y la respuesta de los asistentes y el contexto político, los tribunales concluyeron que las declaraciones de los autores podían tener una influencia real en el comportamiento de los asistentes.

4.4En cuanto a la violación de la Ley de Seguridad Nacional, el Estado parte aduce que las expresiones de los autores amenazaban la seguridad nacional, por lo que era necesario restringirlas. Afirma que, al formular las observaciones que realizaron en los mítines de mayo y cantar “Camaradas en la revolución”, hicieron apología de la ideología, el líder, los ensayos nucleares, las fuerzas armadas y el plan de ataque al Estado parte de la República Popular Democrática de Corea, con lo que incurrieron en los delitos consistentes en enaltecer a una organización antiestatal, difundir sus ideas y actuar de concierto con ella. Dada la situación en la República Popular Democrática de Corea y el sentido de las expresiones de los autores, estas amenazaban la existencia y la seguridad del Estado o el orden democrático fundamental. Además, al hacer apología del líder y la ideología de la República Popular Democrática de Corea, Seok-ki Lee adoctrinó en los mítines de mayo a los demás autores, quienes lo aceptaron ciegamente. Por otra parte, en la documentación que obraba en poder de los autores se calificaba al Estado parte de colonia de los Estados Unidos, se propugnaba la lucha violenta contra él y se incitaba al pueblo a seguir la ideología chuché. Estas acciones, así como el llamamiento de Seok-ki Lee a poner en práctica inmediatamente todo lo que se había preparado, amenazaban la seguridad nacional. En consecuencia, los tribunales concluyeron que se había infringido la Ley de Seguridad Nacional.

4.5El Estado parte añade que está permanentemente sujeto a las provocaciones militares de la República Popular Democrática de Corea y que ciertas expresiones constituyen una amenaza para su existencia y seguridad y para el orden democrático fundamental. En un contexto de agravamiento de las provocaciones militares, los autores subrayaron que había llegado el momento de entrar en guerra. El Estado parte sostiene que, por lo tanto, estaba justificado aplicar el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.

4.6El Estado parte también afirma que las medidas adoptadas por las autoridades fueron proporcionadas, ya que los actos de los autores eran punibles penalmente y, por lo tanto, no se disponía de otras medidas. El procedimiento de comunicaciones individuales al Comité no puede utilizarse para eludir el resultado del juicio penal interno de los autores, que se llevó a cabo con las debidas garantías procesales y conforme a las normas de imparcialidad. La duración de las penas de prisión muestra que se respetó el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta los antecedentes penales de los autores, sus pautas de comportamiento y el grado de ilegalidad de sus actos.

Comentarios de los autores sobre las observaciones del Estado parte acerca de la admisibilidad y el fondo

5.1El 20 de junio de 2017, los autores presentaron sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. Discrepan con la afirmación de que las dos Coreas estaban al borde de la guerra en el momento en que se celebraron los mítines de mayo, ya que la República Popular Democrática de Corea había revocado su “estado de máxima preparación para el combate” y había retirado sus misiles de la frontera. Además, dos profesores universitarios habían interpretado que las palabras hostiles de la República Popular Democrática de Corea no mostraban la intención de atacar. Las reacciones del Gobierno y de los medios de comunicación tampoco daban a entender que fuera así.

5.2Por otro lado, los autores afirman que, durante las actuaciones penales, el tribunal de primera instancia concluyó que los fragmentos ininteligibles de las grabaciones sonoras del mitin de mayo debían reconstituirse teniendo en cuenta las alegaciones de cada una de las partes, pero que el Gobierno había malinterpretado deliberadamente ciertos fragmentos. Además, el Estado parte atribuye a Seok-ki Lee ciertas frases que nunca fueron pronunciadas por él en la secuencia presentada. El hecho de que los asistentes a los mítines de mayo fueran conscientes de que la dirección del Partido Progresista Unificado seguía la estrategia violenta de la República Popular Democrática de Corea no significa que estuvieran de acuerdo con ella. Sus aplausos a Seok-ki Lee y las respuestas afirmativas a sus preguntas no prueban la existencia entre ellos de una relación jerárquica. El Estado parte no ha demostrado qué pensaban los autores sobre el contenido de sus declaraciones; pero, aun si aceptaran las observaciones de Seok-ki Lee, ello tampoco supondría una amenaza a la seguridad nacional. Además, después del mitin nadie emprendió ninguna de las acciones que se habían tratado. Lo que se dijo sobre los preparativos militares no era un plan concreto y no se traduciría en nada en la práctica si no estallaba una guerra. Aunque el Estado parte atribuye las expresiones de una o dos personas a todos los oradores, los autores se limitaron a resumir las intervenciones de las mesas redondas, cuyo contenido, por lo tanto, no se les puede atribuir. El ambiente de los mítines, en los que las risas fueron frecuentes, y la organización de los mismos como una serie de conferencias para 130 asistentes no son característicos de un intento de planear una insurrección violenta. El carácter secreto de los mítines se debió a la represión de las personas de ideología izquierdista por el Estado parte. Los autores reiteran que los mítines de mayo no supusieron ninguna amenaza para la seguridad nacional.

5.3En cuanto a la violación de la Ley de Seguridad Nacional, los autores se remiten a la jurisprudencia del Comité, en la que este consideró que el hecho de que el Estado parte invocase amenazas a la seguridad planteadas por la República Popular Democrática de Corea no era suficiente para aclarar la naturaleza precisa de las amenazas que presuntamente planteaban ciertas expresiones. Sostienen que en el presente caso las restricciones tampoco eran necesarias. En cuanto a la canción “Camaradas en la revolución”, señalan que su autor ha declarado que es un homenaje a la lucha contra el régimen colonial japonés y una crítica del imperialismo de los Estados Unidos. Los autores afirman que, aunque la interpretación que hace el Estado parte de la canción fuera correcta, ello no significaría que entonarla suponga una amenaza para la seguridad nacional. Asimismo, rebaten que el contenido de los mítines de mayo mostrase su simpatía por la República Popular Democrática de Corea y que la documentación que obraba en su poder propugnase la lucha contra el Gobierno, y afirman que, aunque la interpretación del Estado parte fuera correcta, la mera expresión de ideas y la posesión de documentación no constituyen una amenaza a la seguridad nacional.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

6.2El Comité observa que, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3El Comité toma nota de que el Estado parte no ha puesto en duda la afirmación de los autores de que han agotado todos los recursos internos disponibles. Por consiguiente, el Comité considera que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la comunicación.

6.4El Comité considera que los autores han fundamentado suficientemente sus reclamaciones en cuanto a la admisibilidad se refiere. En consecuencia, declara la comunicación admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes. Observa que la cuestión que tiene que dilucidar es si la restricción de la libertad de expresión de los autores en forma de sanción penal era necesaria para la protección de la seguridad nacional, de conformidad con el artículo 19, párrafo 3 b), del Pacto.

7.2El Comité recuerda que las restricciones del derecho a la libertad de expresión no deben ser excesivamente amplias. Deben ajustarse al principio de proporcionalidad, deben ser adecuadas para desempeñar su función protectora, deben ser el instrumento menos perturbador de los que permitan conseguir su función protectora y deben guardar proporción con el interés que debe protegerse. El principio de proporcionalidad también debe tener en cuenta la forma de expresión de que se trate, así como los medios por los que se difunda.

7.3El Comité recuerda también que los Estados partes deben procurar con el mayor cuidado que las disposiciones que se refieren a la seguridad nacional estén redactadas y se apliquen de conformidad con las condiciones estrictas del artículo 19, párrafo 3, del Pacto. Cuando un Estado parte haga valer una razón legítima para restringir la libertad de expresión, deberá demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se haya adoptado, en particular estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza.

7.4El Comité observa que, en el presente caso, los tribunales del Estado parte condenaron a los autores en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional por considerar que su comportamiento amenazaba la seguridad nacional y, además, condenaron a Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim por incitación a la insurrección, basándose en diversos hechos (véanse los párrs. 2.1 a 2.3). El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte según la cual las condenas de las autores se basaron, en particular, en el hecho de que tenían en su poder documentación y habían realizado declaraciones que propugnaban la violencia y hacían apología de la ideología, el líder, los ensayos nucleares, las fuerzas armadas y el plan de ataque al Estado parte de la República Popular Democrática de Corea, en especial en momentos decisivos de las reuniones con objeto de infundir el espíritu de la revolución en el ánimo de los asistentes. El Comité toma nota además del argumento del Estado parte según el cual está permanentemente sujeto a las provocaciones militares de la República Popular Democrática de Corea y que ciertas expresiones constituyen una amenaza para su existencia y seguridad y para el orden democrático fundamental.

7.5En este sentido, el Comité observa en particular que los tribunales del Estado parte también se basaron en las transcripciones de los mítines de mayo. El Comité observa que, según los autores, las autoridades malinterpretaron deliberadamente fragmentos ininteligibles de la grabación sonora, pero los autores no señalan ejemplos concretos. Según el resumen de la transcripción, Seok-ki Lee, en sus observaciones introductorias, dijo que el mitin tenía por objeto analizar la candente situación de la península de Corea y que los asistentes, como revolucionarios, tenían el deber de poner fin de manera proactiva a los intentos de invasión y al sistema militar de los imperialistas estadounidenses. Señaló que la situación se resolvería por la vía militar e instó a los presentes a realizar preparativos políticos, militares, materiales y técnicos para una guerra. A continuación, Hong-yeol Kim, en su calidad de moderador, invitó a los oradores a tratar en mesas redondas la preparación política y militar en la situación reinante.En las mesas redondas se examinaron diversas formas de atacar las infraestructuras, como la fabricación de armas y bombas y el sabotaje de las telecomunicaciones, la red ferroviaria y los oleoductos, y se hizo referencia a lugares concretos.Tras estas intervenciones, Seok-ki Lee subrayó que los asistentes debían ser proactivos en cuanto a los preparativos materiales y técnicos.Se refirió a la existencia de sitios web en que se explicaba cómo fabricar bombas caseras, y afirmó que “en Internet se puede encontrar tanto un manual como una fórmula para fabricar bombas caseras con una olla a presión como las utilizadas en el atentado del maratón de Boston.Con un poco de interés, podrán encontrar lo que les digo”.También hizo alusión a “métodos sencillos” para destruir una torre de acero.Además de las mencionadas observaciones de Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim, todos los demás autores participaron en las mesas redondas sobre la realización de preparativos militares, o hicieron un resumen de ellas, y estudiaron igualmente cómo adquirir armas y destruir infraestructuras.

7.6A este respecto, el Comité toma nota de la aseveración de los autores de que algunos pasajes de sus observaciones eran vagos, que Seok-ki Lee dijo a los asistentes que no llevaran armas y que no se puede considerar a los autores responsables de las observaciones formuladas por terceros.El Comité considera que la supuesta ambigüedad de ciertos pasajes no afecta a la clara relación existente entre las declaraciones mencionadas y la seguridad nacional.Aunque no todos los comentarios sobre la destrucción de infraestructuras fueron hechos por los autores, las observaciones posteriores de Seok-ki Lee sobre la fabricación de bombas y la destrucción de torres de acero solo pueden considerarse como un respaldo a esos comentarios.Tampoco se pueden considerar tales comentarios al margen de la invitación que hizo Hong-yeol Kim a tratar los preparativos militares.Además, dado que Seok-ki Lee era un diputado del Partido Progresista Unificado en la Asamblea Nacional y que Hong-yeol Kim presidía el comité provincial de Gyeonggi del Partido, no puede afirmarse que no se encontraran en una posición de autoridad respecto de los asistentes, los cuales eran miembros del mismo comité provincial.

7.7El Comité observa que, aunque los autores argumentan que las observaciones estaban supeditadas al estallido de una guerra, Seok-ki Lee reconoció durante los mítines que la conducta de la República Popular Democrática de Corea había colocado a la península de Corea en una situación de máxima tensión. A este respecto, el Comité toma nota de que, según el Estado parte, tres días antes del primer mitin, la República Popular Democrática de Corea había amenazado con convertir “las cinco islas del mar Occidental en un mar de fuego”, y que entre el 18 y el 20 de mayo de 2013 lanzó cinco cohetes. El formato de los mítines y la cantidad de público parecen indicar que se pretendía limitar la difusión de su contenido a los 130 asistentes. No obstante, la combinación de las respectivas funciones de los autores en la organización y el desarrollo de los mítines y sus observaciones, en particular sus palabras sobre la necesidad de realizar preparativos militares y sobre posibles formas de obtener armas y destruir infraestructuras, junto con la posición de autoridad que ocupaban Seok-ki Lee y Hong-yeol Kim, así como el contexto general, respaldan la conclusión del Tribunal Supremo de que esas observaciones podían influir sustancialmente en el comportamiento de los asistentes y justificar una restricción de la libertad de expresión para proteger la seguridad nacional.

7.8Si bien toma nota del argumento de los autores de que el Estado parte podría haber pedido al Partido Progresista Unificado que aplicara sus mecanismos de disciplina interna, el Comité no está convencido de que esa medida hubiera tenido el mismo efecto protector que un enjuiciamiento penal y una sanción en relación con los hechos concretos y graves del presente caso, que afectan la seguridad nacional y el orden democrático fundamental del Estado, al tratarse de una incitación a la insurrección y de la existencia de documentación y la pronunciación de discursos que propugnaban la violencia y el ataque a infraestructuras vitales como la red ferroviaria, las comunicaciones y el suministro de combustible. Aunque recuerda que ha expresado preocupación por los enjuiciamientos en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, el Comité no pierde de vista las circunstancias específicas del caso, en particular el carácter particularmente grave de las palabras pronunciadas por los autores en diferentes ocasiones, su función dirigente, el contexto concreto en que se encontraba el Estado parte en el momento de los hechos y las obligaciones del Estado parte, en virtud del artículo 20 del Pacto, relativas a la supresión de la propaganda en favor de la guerra. A la luz de la información de que dispone, el Comité no puede llegar a la conclusión de que el Estado parte no haya demostrado suficientemente que las condenas de los autores fueran necesarias en las circunstancias del caso, adecuadas para cumplir su función protectora y proporcionadas al interés que debía protegerse, y en consecuencia no considera que se hayan violado los derechos que asisten a los autores en virtud del artículo 19, párrafo 2, del Pacto.

8.El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que de los hechos que tiene ante sí no se desprende que haya habido una vulneración del artículo 19 del Pacto.

Anexo I

Voto particular (parcialmente disidente) de Furuya Shuichi, Andreas Zimmermann y Gentian Zyberi, miembros del Comité

1.En general, estamos de acuerdo con la conclusión expresada en el dictamen de que, dado que las condenas de los autores eran necesarias en las circunstancias del caso y proporcionadas al interés que debía protegerse, no constituyen una violación de los derechos que asisten a los autores en virtud del artículo 19, párrafo 2, del Pacto. Sin embargo, no podemos coincidir con ella en lo que respecta a las condenas de los autores en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional por haber entonado una canción llamada “Camaradas en la revolución”.

2.Según los hechos expuestos por los autores, fueron juzgados y condenados no solo por su conducta y sus declaraciones realizadas en sendos mítines celebrados los días 10 y 12 de mayo de 2013, sino también por entonar dicha canción el 8 de marzo, el 3 de mayo, el 21 de junio y el 10 de agosto de 2012. Como se señala en el párrafo 7.3 del dictamen, cuando un Estado parte haga valer una razón legítima para restringir la libertad de expresión, deberá demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se haya adoptado, en particular estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza. No obstante, en el dictamen aprobado por el Comité no se evalúa de manera individualizada si el Estado parte ha cumplido los criterios de necesidad y proporcionalidad en relación con los hechos concretos de entonar la canción en 2012.

3.Aunque las tensiones entre el Estado parte y la República Popular Democrática de Corea han existido desde el final de la guerra de Corea, la gravedad de dichas tensiones ha sido diferente según el momento. Coincidimos con la afirmación del Estado parte según la cual los mítines de mayo de 2013 tuvieron lugar en un contexto de riesgo inminente de guerra, a la luz de que la República Popular Democrática de Corea había amenazado con convertir “las cinco islas del mar Occidental en un mar de fuego” tres días antes del mitin del 10 de mayo de 2013 y que luego lanzó cinco cohetes entre el 18 y el 20 de mayo de 2013. A la luz de este contexto particular, apoyamos la conclusión del dictamen de que la sanción penal de los autores era necesaria y proporcionada al interés que debía protegerse. Sin embargo, en nuestra opinión, la tensión entre ambos Estados en 2012 era menos grave que en mayo de 2013, y la amenaza a la seguridad nacional del Estado parte era menos inminente. Por ello, el Comité debería haber examinado la compatibilidad del enjuiciamiento y la sanción de los autores con el Pacto en este contexto concreto de 2012 de forma independiente de los mítines de mayo de 2013.

4.A la luz de la situación general existente en el Estado parte en 2012, parece que el enjuiciamiento y la sanción de los autores por haber entonado la canción mencionada no eran necesarios para mantener la seguridad del Estado parte ni proporcionados a este fin. Sea como fuere, como el Estado parte no proporcionó al Comité ninguna información concreta para justificar el enjuiciamiento y la sanción de los autores por haber entonado la canción en 2012, esto nos lleva a la conclusión de que el Estado parte no ha demostrado suficientemente que las medidas adoptadas se circunscribieran en el ámbito de las restricciones permitidas en virtud del artículo 19, párrafo 3. Por esta razón, tenemos que concluir que el enjuiciamiento y la sanción de los autores por estos hechos concretos que tuvieron lugar en 2012 constituyen una violación del artículo 19, párrafo 2.

Anexo II

[Original: español]

Voto particular (parcialmente disidente) de Hernán Quezada Cabrera, miembro del Comité

1.Respecto a la comunicación núm. 2809/2016 ( Seok-ki Lee y otros c. República de Corea ), lamento no poder unirme a la mayoría del Comité, la cual concluyó que los hechos examinados no revelan una violación del artículo 19 del Pacto, decisión que no consideró uno de los elementos en que se había basado —salvo en un caso— la condena judicial impuesta a los autores.

2.En tal sentido, aun cuando la conclusión del Comité de no encontrar una violación al artículo 19 del Pacto pudiera ser adecuada en relación exclusivamente con los hechos que tuvo en cuenta, el haber omitido en su análisis otro de los hechos en examen impidió revelar una violación concreta al párrafo 2 del artículo 19. Mi opinión individual es, entonces, parcialmente disidente, como expondré a continuación.

3.La condena de todos los autores, salvo Dong-kun Han, en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional se basó, entre otros elementos, en el hecho de que entonaran la canción “Camaradas en la revolución” los días 8 de marzo, 3 de mayo, 21 de junio y 10 de agosto de 2012 en reuniones del comité provincial del partido en que militaban. Según el Estado parte, la canción glorifica la ideología, el líder, los ensayos nucleares, las fuerzas armadas y el plan de ataque de la República Popular Democrática de Corea al Estado parte, por lo que, al entonarla, los autores habrían incurrido en los delitos consistentes en enaltecer a y actuar de concierto con una organización antiestatal, difundir sus ideas y actuar de concierto con ella.

4.A mi juicio, no se ha demostrado que en la canción se propugne conducta alguna que constituya una amenaza para la seguridad nacional, de acuerdo con la traducción de la letra proporcionada por los autores. Tampoco está claro qué tipo de riesgo plantearon los autores entonándola o cuán grande era este, o si las autoridades judiciales del Estado parte definieron efectivamente estos elementos más allá de referirse en general al hecho de que la canción tenía por objeto infundir el espíritu de la revolución, glorificar a la República Popular Democrática de Corea y criticar a los Estados Unidos de América. Aparte de señalar que la canción se entonó en momentos decisivos de las reuniones y que su objeto sería infundir el espíritu de la revolución en el ánimo de los asistentes, el Estado parte tampoco ha demostrado que en las cuatro ocasiones en que se entonó la canción el contexto fuera tal que existiera una relación directa e inmediata entre el hecho de cantarla y la presunta amenaza. Al respecto, en su observación general núm. 34 (2011), el Comité ha manifestado explícitamente: “Cuando un Estado parte haga valer una razón legítima para restringir la libertad de expresión, deberá demostrar en forma concreta e individualizada la naturaleza precisa de la amenaza y la necesidad y la proporcionalidad de la medida concreta que se haya adoptado, en particular estableciendo una conexión directa e inmediata entre la expresión y la amenaza” (párr. 35).

5.Examinados todos los antecedentes del caso, considero que el Estado parte no ha demostrado que esta restricción de la libertad de expresión de los autores fuera necesaria por alguna de las razones expuestas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto.

6.En consecuencia, es posible concluir que se han vulnerado los derechos que asisten a Seok-ki Lee, Hong-yeol Kim, Sang-ho Lee, Soon-seog Hong, Yang-won Cho y Keun-rae Kim en virtud del artículo 19, párrafo 2, del Pacto, en la medida en que la condena que se les impuso en virtud del artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional se debió, entre otros elementos, al hecho de haber cantado “Camaradas en la revolución” en las oportunidades señaladas.