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Naciones Unidas

CCPR/C/138/D/2525/2015

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

8 de septiembre de 2023

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Decisión adoptada por el Comité en virtud del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2525/2015 * **

Comunicación presentada por:N. N. (no representado por abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado parte:Belarús

Fecha de la comunicación:3 de septiembre de 2014 (presentación inicial)

Referencias:Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 9 de enero de 2015

Fecha de adopción de la decisión:19 de julio de 2023

Asunto:Negativa de una imprenta a producir folletos para la campaña electoral; falta de acceso a los tribunales

Cuestiones de procedimiento:Admisibilidad ratione materiae; fundamentación de las reclamaciones

Cuestiones de fondo:Acceso a los tribunales; libertad de expresión; votación y elecciones; discriminación por motivos de opinión política o de otra índole; derecho a un recurso efectivo

Artículos del Pacto:2, párrs. 2 y 3; 14, párr. 1; 19, 25 y 26

Artículos del Protocolo Facultativo:2 y 3

1.1El autor de la comunicación es N. N., nacional de Belarús, nacido el 24 de junio de 1963. Afirma que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1, y de los artículos 19, 25 y 26, leídos conjuntamente con el artículo 2, párrafos 2 y 3, del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 30 de diciembre de 1992. El autor no está representado por abogado.

1.2La presente comunicación se sometió a examen antes del 8 de febrero de 2023, fecha en que entró en vigor la denuncia del Protocolo Facultativo por el Estado parte. De conformidad con el artículo 12, párrafo 2, del Protocolo Facultativo y la jurisprudencia anterior del Comité, el Estado parte sigue estando sujeto a la aplicación del Protocolo Facultativo en lo que respecta a la presente comunicación.

Hechos expuestos por el autor

2.1El autor es miembro del Partido Cívico Unido (Obyedinennaya Grazhdanskaya Partiya), un partido político de la oposición de Belarús. En 2014 se presentó como candidato a las elecciones del Consejo Regional de Diputados de Gómel. En su calidad de candidato, solicitó a la sociedad anónima Polispechat, una imprenta administrada por el Comité Ejecutivo Regional de Gómel, la producción de folletos de campaña. El autor facilitó a la imprenta un esquema del folleto, que contenía información sobre la estrategia política de su partido bajo el lema “¡Por unas elecciones justas!” y críticas a las autoridades del Estado parte. La imprenta se negó a aceptar el pedido alegando que el contenido del folleto incluía llamamientos a perturbar y cancelar las elecciones, lo que contradecía las disposiciones pertinentes del Código Electoral.

2.2El autor se quejó al Comité Ejecutivo Regional de Gómel. El 19 de marzo de 2014, el Comité Ejecutivo dio una respuesta, en la que indicaba que el folleto contenía llamamientos que instaban a la disrupción y cancelación de las elecciones, en contra de las disposiciones pertinentes del Código Electoral. El Comité Ejecutivo también indicó que su respuesta podía impugnarse de conformidad con la legislación aplicable.

2.3El autor impugnó la negativa de la imprenta a producir los folletos ante el Tribunal de Distrito de Zheleznodorozhny, en la provincia de Gómel. Alegó que carecía de fundamento, equivalía a censura y restringía desproporcionadamente su derecho a hacer campaña como candidato a las elecciones, así como su derecho a la libertad de expresión.

2.4El 3 de abril de 2014, el tribunal desestimó la reclamación por carecer de competencia jurisdiccional. Sostuvo que las disposiciones pertinentes de la legislación procesal invocada por el autor en su denuncia, a saber, el artículo 353 del Código de Procedimiento Civil, preveían el derecho a denunciar ante un tribunal la violación de los propios derechos por actos ilícitos (inacción), salvo que la ley hubiera establecido otro procedimiento extrajudicial de denuncia. El tribunal sostuvo asimismo que la denuncia del autor se refería a una presunta vulneración de la legislación electoral en el marco del proceso electoral, así como de los derechos del autor en su calidad de candidato al Consejo Regional de Diputados de Gómel. Dada la naturaleza de las cuestiones jurídicas, el tribunal consideró que debía aplicarse el artículo 49-1, párrafo 1, del Código Electoral, que preveía un procedimiento de denuncia separado para las presuntas violaciones de la legislación electoral, en el que las denuncias debían presentarse a las autoridades no judiciales designadas de conformidad con dicho artículo para que las examinaran. Además, en relación con el aspecto de derecho civil de las cuestiones jurídicas examinadas, el tribunal determinó que el autor podía presentar una demanda civil para interponer una reclamación, en vista de la negativa de la imprenta a celebrar un contrato para la producción de material impreso.

2.5El autor recurrió la decisión del tribunal de primera instancia ante el Tribunal Regional de Gómel. Alegó que la desestimación de su denuncia por carecer de competencia equivalía a una denegación de justicia, era contraria a la Constitución de Belarús, que garantizaba a todas las personas el derecho a la protección judicial, y vulneraba sus derechos en virtud del artículo 14 del Pacto, leído conjuntamente con el artículo 2.

2.6El 27 de mayo de 2014, el Tribunal Regional de Gómel confirmó la decisión del tribunal de primera instancia. Consideró que la desestimación de la demanda por carecer de competencia era legal, ya que el procedimiento especial de denuncias establecido en el artículo 49-1, párrafo 1, del Código Electoral era aplicable a la situación del autor.

2.7El autor recurrió ante la Presidencia del Tribunal Regional de Gómel y la Presidencia del Tribunal Supremo en el marco del procedimiento de revisión (control de las garantías procesales). Sus reclamaciones en dicho marco fueron desestimadas el 9 de julio y el 18 de agosto de 2014, respectivamente. El Tribunal Supremo sostuvo, en particular, que la legislación interna había establecido una lista exhaustiva de motivos para la revisión judicial de las presuntas violaciones de la ley electoral, y que la lista no estaba sujeta a una interpretación expansiva. El Código Electoral no preveía la posibilidad de revisión judicial de las decisiones relativas a la producción de material para campañas electorales.

2.8El autor señala que no interpuso nuevos recursos de revisión ante la fiscalía, ya que ese recurso interno no se consideraba efectivo. También afirma que la legislación procesal en vigor no prevé el derecho a interponer un recurso constitucional directamente ante el Tribunal Constitucional. Así pues, en su caso se han agotado los recursos judiciales internos.

Denuncia

3.1El autor sostiene que no tenía a su disposición ningún recurso interno efectivo que le permitiera impugnar ante un tribunal independiente e imparcial la negativa de la imprenta a producir folletos electorales en el marco de su campaña a las elecciones. Así pues, el Estado parte incumplió su obligación de proporcionarle acceso a un tribunal competente, lo que constituyó una violación de sus derechos en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

3.2El autor sostiene además que no pudo obtener la protección de los derechos que le asisten en virtud de los artículos 19 y 25 del Pacto por un tribunal competente, independiente e imparcial, y que no tuvo a su disposición ningún recurso que pudiera asegurar dicha protección. El autor se remite a las disposiciones de la Constitución, que garantizan a toda persona la protección de sus derechos y libertades por un tribunal competente, independiente e imparcial, y afirma que, en su caso, la inobservancia total de las normas constitucionales por parte de los tribunales nacionales dio lugar no solo a la denegación de justicia, sino también a la negativa del Estado parte a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno disfrute de sus derechos y libertades.

3.3El autor pide al Comité que reconozca una vulneración de los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 14, párrafo 1; 19, párrafo 2; 25 y 26, leídos conjuntamente con el artículo 2, párrafos 2 y 3, del Pacto. También pide al Comité que recomiende al Estado parte que adapte las disposiciones de su legislación nacional, a saber, el Código de Procedimiento Civil y el Código Electoral, así como su aplicación en la práctica, a sus obligaciones internacionales.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1Mediante una nota verbal de 23 de marzo de 2015, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación. Se refirió al principio del derecho internacional firmemente establecido según el cual, antes de recurrir a los mecanismos internacionales, se deben agotar todos los recursos legales en el propio país. El Estado parte señala que este principio está consagrado no solo en el artículo 2 del Protocolo Facultativo, sino también en la Constitución del Estado parte. El Estado parte sostiene además que el autor de la presente comunicación afirmó que no había agotado todos los recursos internos disponibles, en incumplimiento del artículo 2 del Protocolo Facultativo y de la Constitución. El examen por el Comité de la presente comunicación, presentada en contravención del artículo 2 del Protocolo Facultativo, constituye una violación del artículo 5 del Protocolo Facultativo y alienta al autor a vulnerar la Constitución de su país.

4.2El Estado parte señala con pesar que la interpretación que hace el Comité de los artículos 2 y 5 del Protocolo Facultativo es arbitraria, es incompatible con las disposiciones del Pacto y de su Protocolo Facultativo, y es contraria a los principios establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

4.3Sobre la base de lo que antecede, el Estado parte indica que “rechaza” la presente comunicación porque el autor y el Comité no han cumplido los requisitos de procedimiento establecidos en el Pacto y en su Protocolo Facultativo, y suspende toda correspondencia ulterior al respecto.

Comentarios del autor acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

5.1El 8 de septiembre de 2022, el autor presentó sus comentarios. Con respecto al argumento del Estado parte de que no se habían agotado los recursos internos, el autor indica que su caso había pasado por todas las etapas de revisión judicial previstas en el derecho interno, incluido el recurso al Tribunal Supremo.

5.2El autor sostiene además que una solicitud de recurso de revisión ante la fiscalía no constituye un recurso interno efectivo, ya que la decisión sobre su resultado depende únicamente del criterio de un fiscal y no entraña una revisión del caso en cuanto al fondo, incluida una revisión de los hechos y las pruebas presentadas. Por otra parte, según el autor, no se dispone de información sobre las solicitudes de recurso de revisión presentadas por los fiscales con miras a proteger los derechos y libertades garantizados en los artículos 14, párrafo 1; 19, párrafo 2; 25 y 26 del Pacto.

5.3El autor concluye afirmando que el Estado parte ha vulnerado los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 14, párrafo 1; 19, párrafo 2; 25 y 26 del Pacto.

Deliberaciones del Comité

Falta de cooperación del Estado parte

6.1El Comité toma nota de las afirmaciones del Estado parte de que la comunicación del autor se registró en contravención del artículo 2 del Protocolo Facultativo, de que la rechaza porque el autor y el Comité no han cumplido los requisitos de procedimiento establecidos en el Pacto y en su Protocolo Facultativo y de que suspende toda correspondencia ulterior al respecto.

6.2El Comité recuerda que, de conformidad con el artículo 39, párrafo 2, del Pacto, está facultado para establecer su propio reglamento, que los Estados han convenido en reconocer. Observa que, al adherirse al Protocolo Facultativo, todo Estado parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de vulneraciones de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto (preámbulo y art. 1 del Protocolo Facultativo). La adhesión de un Estado al Protocolo Facultativo lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité para permitirle y facilitarle que examine esas comunicaciones y, una vez concluido el examen, remita su dictamen al Estado parte y al individuo (art. 5, párrs. 1 y 4). Es incompatible con esas obligaciones que un Estado parte adopte medidas que impidan o frustren la labor del Comité de considerar y examinar la comunicación y emitir un dictamen. Corresponde al Comité determinar si una comunicación debe o no ser registrada. El Comité observa que, al no aceptar la competencia del Comité para determinar si una comunicación debe registrarse y al declarar de antemano que no aceptará la determinación del Comité en cuanto a la admisibilidad o el fondo de la comunicación, el Estado parte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 1 del Protocolo Facultativo.

Examen de la admisibilidad

7.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

7.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

7.3El Comité toma nota de la afirmación del autor de que la negativa de los tribunales nacionales a examinar su reclamación por falta de competencia jurisdiccional le negó el acceso a un tribunal y constituyó una vulneración de sus derechos en virtud del artículo 14, párrafo 1, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafos 2 y 3, del Pacto. El Comité se remite a los párrafos 16 y 17 de su observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, en la que define la noción de “derechos u obligaciones de carácter civil” a que se refiere el artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Según esta definición, los “derechos u obligaciones de carácter civil” abarcan no solo los procedimientos para determinar los derechos y las obligaciones relativos a los contratos, la propiedad y los perjuicios extracontractuales en derecho privado, sino también las nociones equivalentes de derecho administrativo. El Comité observa que las reclamaciones de la presente comunicación se refieren a un proceso electoral, lo que no entraña ningún derecho ni obligación privados o administrativos para el autor. No puede considerarse que constituyan “derechos u obligaciones de carácter civil” y, por lo tanto, no entran en el ámbito de aplicación del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. En consecuencia, esta parte de la comunicación es inadmisible ratione materiae en virtud del artículo 3 del Protocolo Facultativo del Pacto.

7.4El Comité toma nota además de la reclamación del autor en virtud de los artículos 19, 25 y 26, leídos conjuntamente con el artículo 2, párrafos 2 y 3, del Pacto, a saber, que no pudo obtener protección de sus derechos por un tribunal competente, independiente e imparcial y que no tuvo a su disposición recurso alguno que pudiera asegurar esa protección. El Comité observa a este respecto que, en el caso del autor, los tribunales nacionales, al desestimar su denuncia por razones de procedimiento, señalaron claramente el procedimiento especial de denuncias contemplado en el artículo 49-1, párrafo 1, del Código Electoral que era aplicable a una categoría definida de casos, incluido el del autor. El Comité toma nota de que el material que tiene ante sí no contiene información sobre si el autor recurrió al procedimiento especial establecido en el artículo 49-1, párrafo 1, del Código Electoral. Además, el Comité observa que el autor no proporcionó ningún argumento que indicara que el procedimiento de denuncias establecido por el Código Electoral era ineficaz. Las alegaciones del autor en cuanto a la falta de un recurso interno efectivo para asegurar la protección de sus derechos en virtud de los artículos 19, 25 y 26 del Pacto, y al hecho de que el Estado parte no haya adoptado las medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos, son de carácter muy general. A la luz de estas observaciones, y a falta de cualquier otra información o explicación del autor, el Comité considera que este no ha fundamentado suficientemente sus reclamaciones a los efectos de la admisibilidad. En consecuencia, esta parte de la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.5Por último, el Comité toma nota de la reclamación del autor, formulada en sus comentarios de 8 de septiembre de 2022 (véase párr. 5.3 supra), en particular sobre una vulneración de sus derechos en virtud de los artículos 19, 25 y 26 del Pacto, considerados por separado. A la luz de la conclusión que figura en el párrafo 7.4 supra y teniendo en cuenta la falta de explicaciones adicionales del autor, el Comité considera que esta parte de la comunicación también es inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

8.Por lo tanto, el Comité decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud de los artículos 2 y 3 del Protocolo Facultativo;

b)Que la presente decisión se ponga en conocimiento del Estado parte y del autor.