Naciones Unidas

CCPR/C/133/D/2619/2015

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

25 de enero de 2022

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2619/2015 * **

Comunicación presentada por:

Marina Adamovich (representada por Michael Scheimer, de Hogan Lovells, y por Freedom Now y McKool Smith)

Presunta víctima:

Mikalai Statkevich

Estado parte:

Belarús

Fecha de la comunicación:

15 de noviembre de 2013 (presentación inicial)

Referencia s :

Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 22 de diciembre de 2015 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:

26 de octubre de 2021

Asunto:

Condena de un líder de la oposición; reclusión ilegal; juicio imparcial; tortura y confesión forzada; condiciones de reclusión inhumanas; injerencia en la vida privada; libertad de expresión; libertad de reunión pacífica; libertad de asociación; derecho a participar en la vida pública

Cuestión de procedimiento:

Grado de fundamentación de la reclamación

Cuestiones de fondo:

Tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; detención arbitraria; derecho a comparecer sin demora ante un juez; derecho a ser oído con las debidas garantías ante un tribunal imparcial; derecho a la presunción de inocencia; derecho a contar con tiempo y medios adecuados para la defensa; derecho a comunicarse con el abogado de su elección; derecho a interrogar a los testigos; derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable; derecho a la privacidad; libertad de expresión; derecho de reunión pacífica; igualdad ante la ley e igual protección de la ley; recurso efectivo

Artículos del Pacto:

2; 7; 9; 10; 14, párrs. 1, 2, 3 b), d), e) y g), y 5; 17; 19, párrs. 1 y 2; 21; 22 y 25

Artículo del Protocolo Facultativo:

2

1.1La autora de la comunicación es Marina Adamovich, nacional de Belarús nacida en 1961. Afirma que su marido, Mikalai Statkevich, nacional de Belarús nacido en 1956, es víctima de la vulneración por el Estado parte de los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 2; 7; 9; 10; 14, párrs. 1, 2, 3 b), d), e) y g), y 5; 17; 19, párrs. 1 y 2; 21; 22 y 25 del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 30 de diciembre de 1992. La autora cuenta con representación letrada.

1.2El 7 de mayo de 2021, de conformidad con el artículo 107 de su reglamento, el Comité, actuando por conducto de sus Relatores Especiales sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales, desestimó la solicitud del Estado parte de que suspendiera el examen de la denuncia.

Antecedentes de hecho

2.1El Sr. Statkevich es el Presidente del Partido Socialdemócrata de Belarús, antiguo candidato a la Presidencia del país y fundador del Sindicato del Personal Militar de Belarús.

2.2En 1994, el Sr. Statkevich fundó y dirigió una comisión pública para la supervisión y gestión de las elecciones presidenciales de Belarús. En 1995, pasó a ser Presidente de la Asamblea Popular. En 1996, el Sr. Statkevich asumió la presidencia del recién creado Partido Socialdemócrata de Belarús. Fue elegido presidente del Foro Socialdemócrata de Europa Oriental en febrero de 1999 y se presentó sin resultados satisfactorios a las elecciones al Parlamento de Belarús en 2000. En 2003, se convirtió en el líder de la Coalición Europea Belarús Libre y concurrió como candidato de la oposición a las elecciones presidenciales de 2001 y 2006. En un intento de forzar su retirada de las elecciones, las autoridades iniciaron un proceso penal contra él justo antes de las dos elecciones presidenciales. El Sr. Statkevich adquirió mayor protagonismo como defensor de la democracia. Durante las décadas de 1990 y 2000 organizó y dirigió más de 30 manifestaciones, a las que asistieron varios miles de personas, para proteger la democracia contra las políticas del Gobierno. Como consecuencia fue detenido más de 30 veces y se le acusó de delitos al menos en tres ocasiones. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1997 fue detenido por manifestarse contra la política del Presidente Lukashenko, que pretendía estrechar lazos con la Federación de Rusia. En octubre de 2004, el Sr. Statkevich organizó una protesta pacífica contra los resultados de un referéndum que permitieron suprimir los límites impuestos en la Constitución al número de mandatos presidenciales y ampliar de forma indefinida el mandato del Presidente Lukashenko, así como en relación con las irregularidades en las elecciones parlamentarias de octubre de 2004. Fue detenido y el 31 de mayo de 2005 fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión por su participación en la protesta. En 2006, Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia. En julio de 2007 fue puesto en libertad condicional.

2.3En 2009, el Sr. Statkevich fue propuesto como candidato de la oposición del Partido Socialdemócrata en las elecciones presidenciales de 2010. Durante su campaña fue acosado por las fuerzas de seguridad que, entre otras cosas, se incautaron de su material de campaña, grabaron sus conversaciones telefónicas y confiscaron un sistema de altavoces.

2.4El 19 de diciembre de 2010 se celebraron las elecciones presidenciales, a las que concurrieron diez candidatos. El mismo día, antes del anuncio de los resultados oficiales, los seguidores de los candidatos presidenciales de la oposición y los opositores no partidistas del Presidente en ejercicio se reunieron en el centro de Minsk para protestar contra lo que consideraban unas elecciones no equitativas, denunciando irregularidades y falsificaciones en masa. La manifestación comenzó a las 18.50 horas y, aproximadamente a las 22.00 horas, un pequeño grupo de manifestantes empezó a romper las ventanas de la sede del Gobierno cercana. Se creía que eran agitadores contrarios al Gobierno y, por ello, los políticos de la oposición les instaron a dejar de cometer actos vandálicos y a actuar de manera pacífica. A las 22.37 horas, como respuesta al vandalismo, las fuerzas del orden atacaron a los manifestantes pacíficos y golpearon, hirieron y detuvieron a muchas personas. El Sr. Statkevich fue detenido y golpeado por unos desconocidos enmascarados y trasladado a un lugar desconocido. Más tarde se enteró de que le habían llevado al centro de prisión preventiva del Comité de Seguridad del Estado. En el momento de la detención no se le informó de la acusación formulada contra él y tampoco se llevó su caso ante un juez para que determinara si debía permanecer privado de libertad.

2.5Mientras se encontraba en prisión preventiva en los locales del Comité de Seguridad del Estado, el Sr. Statkevich fue sometido a torturas y a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fue objeto de largos interrogatorios durante la noche, sin la presencia de su abogado. En la celda, le obligaron a dormir en el suelo sobre un tablero de madera, con las luces encendidas en todo momento. No le permitían ir al baño y en ocasiones permaneció recluido con reclusos con VIH o tuberculosis. Los agentes del Comité de Seguridad del Estado ejercieron además presión psicológica sobre él para forzar su confesión y, tras negarse a declararse culpable, lo amenazaron con detener a su esposa. Después de iniciar una huelga de hambre, fue trasladado a un lugar desconocido y posteriormente a un hospital. En ambas ocasiones, los agentes le amenazaron con dejarle inconsciente.

2.6En febrero de 2011, la hija del Sr. Statkevich presentó una reclamación ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que determinó que Belarús había vulnerado los derechos que lo amparaban en virtud del artículo 9 del Pacto y de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La decisión del Grupo de Trabajo se dictó el 19 de junio de 2011, pero el Estado parte no puso en libertad al Sr. Statkevich ni le concedió ninguna indemnización.

2.7El 11 de mayo de 2011, el caso del Sr. Statkevich fue llevado a juicio ante el Tribunal del Distrito Leninsky de Minsk. Durante el juicio, el Sr. Statkevich y los coacusados permanecieron esposados en una jaula en todo momento. Las pruebas que presentó no se tuvieron en cuenta y la credibilidad de sus argumentos y explicaciones fue constantemente cuestionada y rechazada por el tribunal. En las actuaciones, denunció la vulneración de los derechos reconocidos en los artículos 7, 9 y 10 del Pacto que se habían producido durante su detención y encarcelamiento. Sin embargo, el 26 de mayo de 2011, el cribunal declaró al Sr.  Statkevich culpable de haber organizado disturbios multitudinarios que generaron violencia y destrucción de bienes y lo condenó a seis años de prisión.

2.8El Sr. Statkevich recurrió esta condena en el marco de un procedimiento de casación, alegando que la acusación contra él era infundada y que había sido objeto de ataques específicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de reunión y de expresión. En el recurso también alegó que las acciones contra él parecían tener una motivación política, en represalia por sus actividades como candidato político de la oposición. El 19 de julio de 2011 el Tribunal Municipal de Minsk ratificó la sentencia del tribunal inferior. Posteriormente, el Sr. Statkevich recurrió la condena interponiendo un recurso de revisión (control de las garantías procesales). Presentó un recurso de revisión ante el Presidente del Tribunal Municipal de Minsk, que lo desestimó el 11 de noviembre de 2011. Interpuso ante el Presidente del Tribunal Supremo un segundo recurso de revisión, que fue desestimado por un vicepresidente del Tribunal el 17 de febrero de 2012. En noviembre de 2012, el Sr. Statkevich presentó un recurso ante la Fiscalía de Minsk que fue desestimado el 23 de enero de 2013.

2.9Ambos cónyuges se han quejado infructuosamente a las autoridades penitenciarias de las condiciones de la reclusión del Sr. Statkevich, del hecho de que la administración penitenciaria le señalara por supuestas infracciones del reglamento penitenciario y de los límites excesivos impuestos a su contacto con el mundo exterior.

Denuncia

3.1La autora alega que se han vulnerado los derechos que asisten al Sr. Statkevich en virtud de los artículos 2; 7; 9; 10; 14, párrs. 1, 2, 3 b), d), e) y g), y 5; 17; 19, párrs. 1 y 2; 21; 22 y 25 del Pacto. Afirma que se han violado los derechos de su esposo reconocidos en el artículo 7, ya que las autoridades lo sometieron a reclusión en régimen de incomunicación durante varios meses, le negaron el acceso a un abogado, lo acosaron y lo amenazaron con detenerla a ella si no confesaba su culpabilidad. Se le obligó a dormir en el suelo con las luces encendidas, no se le permitía ir al baño y permaneció recluido con presos con enfermedades infecciosas. Fue conducido a un lugar desconocido para intimidarlo y, durante el traslado, tuvo las manos esposadas a la espalda.

3.2La autora alega que se han vulnerado los derechos del Sr. Statkevich reconocidos en los artículos 9, párrs. 2 y 3, porque no fue informado de las razones de su detención ni de la acusación formulada contra él. La prisión preventiva también fue ilegal, ya que no fue autorizada por un juez. Además, la decisión de prorrogar su privación de libertad la tomó un fiscal sin justificación, la revisión judicial a ese respecto no fue oportuna ni eficiente, no fue llevado ante el tribunal para la revisión y fue interrogado por la noche sin la presencia de su abogado. Fue llevado por primera vez ante un juez cuando se inició el juicio, cinco meses después de su detención.

3.3La autora alega que se han vulnerado los derechos del Sr. Statkevich reconocidos en el artículo 10, ya que las autoridades lo sometieron a maltrato emocional y físico al acosarlo y amenazarlo antes y después de su condena. Durante la represión del 19 de diciembre de 2010 a manos de las fuerzas especiales de la policía, el Sr. Statkevich fue golpeado. En la cárcel del Comité de Seguridad del Estado permaneció recluido sin acceso a un abogado y no se le permitió ver a su familia. Lo mantuvieron aislado, en un lugar frío y lo obligaron a dormir con la luz encendida. En consecuencia, su salud se deterioró considerablemente.

3.4La autora alega también que se ha negado a su esposo un juicio imparcial y público ante un tribunal independiente e imparcial, en contravención del artículo 14, párrafo 1, del Pacto. El Sr. Statkevich no tuvo un juicio imparcial ante un órgano judicial imparcial porque se excluyeron pruebas pertinentes, se incluyeron pruebas perjudiciales irrelevantes, no se obligó a la acusación a asumir la carga de la prueba y no se exigió la comparecencia de los testigos. Las autoridades acusaron públicamente al Sr. Statkevich y a otros candidatos de la oposición de haber planeado un golpe de estado para derrocar al Presidente antes y después de las elecciones. Las autoridades declararon culpables a los candidatos de la oposición, incluido el Sr. Statkevich, antes de que el tribunal dictara y anunciara la sentencia definitiva. La autora afirma que no se presentó ninguna prueba que vinculara a su esposo con el único incidente aislado de violencia. El tribunal se permitió hacer críticas y expresar sus dudas sobre la fiabilidad del testimonio del Sr. Statkevich. El tribunal también desestimó las peticiones de la defensa, al tiempo que aceptó las de la acusación. El Sr. Statkevich no pudo preparar una defensa con las debidas garantías. Por ejemplo, no se autorizó a su abogado a interrogar a los principales testigos de la acusación. El tribunal no exigió la comparecencia de algunos testigos.

3.5La autora alega que se han vulnerado los derechos que amparan al Sr. Statkevich en virtud del artículo 14, párrafo 2, ya que con la declaración de culpabilidad de las autoridades no se respetó su presunción de inocencia. Se le juzgó junto con otras personas sobre la base de la culpabilidad por asociación, mientras que otras partes del juicio se celebraron por separado y se utilizaron para condenarlo sin su participación. Ello dio lugar a una grave limitación de su defensa. También se le mantuvo esposado en una jaula durante el juicio.

3.6La autora alega que se han vulnerado los derechos del Sr. Statkevich reconocidos en el artículo 14, párrafo 3 b), ya que permaneció recluido en régimen de incomunicación y se le negó el acceso a un abogado durante los tres meses siguientes a su detención. Posteriormente, se restringió el acceso del abogado al Sr. Statkevich.

3.7La autora también alega que se han vulnerado los derechos del Sr. Statkevich reconocidos en el artículo 14, párrafo 5, ya que se le negó el derecho a recurrir porque el tribunal de apelación no dio ninguna explicación sobre las razones por las que rechazó el recurso y no examinó los fallos de fondo de su condena. La revisión en casación no fue más que una mera formalidad. No se le permitió estar presente durante las audiencias del tribunal de casación.

3.8La autora alega una vulneración del artículo 17 del Pacto, porque el Estado parte grabó y publicó ilegalmente las transcripciones de las llamadas telefónicas de su marido durante su campaña presidencial en 2010. La grabación de las llamadas no era necesaria ni legal, ni estaba justificada, por lo que violó el derecho del Sr. Statkevich a la privacidad.

3.9La autora sostiene que se han vulnerado los derechos que asisten al Sr. Statkevich en virtud de los artículos 19 y 21 del Pacto. Afirma que la condena impuesta a su esposo de conformidad con el artículo 293, parte 1, del Código Penal violó sus derechos a abrigar opiniones sin injerencias y a la libertad de expresión, recogidos en el artículo 19 del Pacto, puesto que las restricciones impuestas por el Estado parte al ejercicio de esos derechos no estaban previstas por la ley ni eran necesarias para la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud pública. También afirma que las autoridades del Estado parte enjuiciaron al Sr. Statkevich y lo condenaron a cinco años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por sus actividades políticas. Afirma asimismo que la condena impuesta fue manifiestamente desproporcionada, ya que los órganos de investigación no demostraron que existiera una relación causal directa entre las declaraciones incriminatorias del Sr. Statkevich y la actuación ilícita de los individuos no identificados que irrumpieron en la sede del Gobierno el 19 de diciembre de 2010. Además, la participación de su esposo en la manifestación celebrada ese día fue una expresión de los derechos consagrados en el artículo 21 del Pacto, habida cuenta de que el único propósito de esa concentración era expresar pacíficamente la oposición a unos resultados electorales fraudulentos con objeto de promover la democracia.

3.10La autora afirma que se han vulnerado los derechos del Sr. Statkevich en virtud del artículo 22 del Pacto, alegando que fue detenido porque ejerció su derecho a la libertad de asociación.

3.11Por último, la autora alega una vulneración de los derechos de su marido en virtud del artículo 25 del Pacto, ya que todo lo que sufrió fue consecuencia de sus esfuerzos por ejercer el derecho a participar en el proceso político. El Sr. Statkevich quería defender un sistema multipartidista y reformas electorales democráticas, pero fue acosado, detenido, golpeado, torturado y, posteriormente, condenado a seis años de prisión por sus actividades políticas. La autora señala que, en 2011, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria reconoció claramente el vínculo entre esas represalias y los esfuerzos de su esposo por participar en asuntos públicos, en particular en el proceso electoral de 2010.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1En una nota verbal de 12 de junio de 2015, el Estado parte devolvió la comunicación por no estar redactada ni en bielorruso ni en ruso. En una nota verbal de 6 de octubre de 2015, el Estado parte solicitó que se le facilitara la comunicación completa, incluidos los documentos anexos, en bielorruso o ruso.

4.2En una nota verbal de 3 de diciembre de 2018, el Estado parte informó al Comité de que la comunicación había sido presentada sin la documentación requerida para demostrar que el Sr. Statkevich había autorizado a la autora a representarlo y a presentar la comunicación. El Estado parte sostiene que el registro de las comunicaciones debe ajustarse estrictamente a las disposiciones del Protocolo Facultativo.

4.3En una nota verbal de 20 de mayo de 2019, el Estado parte impugnó el registro de la comunicación alegando que ya que se había registrado en contravención del artículo 1 del Protocolo Facultativo, ya que Marina Adamovich no disponía de ningún poder de representación legal. Además, el Estado parte señaló que la autora y el Sr. Statkevich habían autorizado a Freedom Now, una organización con sede en los Estados Unidos de América, y a Hogan Lovells, un bufete de abogados también con sede en ese país, a representarlos a ella y a su esposo, a pesar de que esas dos organizaciones no están bajo la jurisdicción de Belarús sino de un tercer país. El Estado parte alegó que, en el momento de la presentación de las observaciones, nada impedía que el Sr. Statkevich expusiera personalmente sus intereses ante el Comité. A la luz de lo que antecede, el Estado parte consideró que no debían realizarse más acciones procesales en relación con la comunicación y que esta debía ser archivada.

Comentarios de la autora acerca de las observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

5.1El 25 de marzo de 2020, la autora señaló que la presentación de la comunicación por un tercero se ajustaba a la práctica y al reglamento del Comité, en particular al artículo 91, que establece que, cuando se presente una comunicación en nombre de una persona, se hará con su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar su actuación sin dicho consentimiento. Las acciones del Estado parte impidieron que la autora obtuviera una autorización escrita del Sr. Statkevich, ya que no se le permitió ver a su familia hasta seis meses después de su detención. Una vez condenado, fue objeto de numerosos traslados de prisión, a menudo a establecimientos penitenciarios con normas más estrictas en los que se limitaba su comunicación con el mundo exterior y con frecuencia se le negaba por presunto incumplimiento de las normas penitenciarias. Además, los funcionarios de prisiones confiscaban todo su correo de entrada y se negaban a enviarle el correo de salida. La autora, como esposa del Sr. Statkevich, tenía derecho a presentar una comunicación en su nombre. Según el artículo 99 b) del reglamento del Comité, se podrá aceptar una comunicación presentada en nombre de una presunta víctima cuando sea evidente que esta no está en condiciones de presentar personalmente la comunicación.

5.2Respecto de la afirmación del Estado parte de que nada impedía al Sr. Statkevich comunicarse personalmente con el Comité después de su puesta en libertad, la autora afirmó que su esposo llevaba recluido casi tres años en el momento en que se presentó la comunicación y que su puesta en libertad estaba prevista para diciembre de 2017. Además, a pesar de no estar ya en prisión, ha sido privado de libertad al menos en siete ocasiones desde agosto de 2015.

5.3La autora también alega que el Estado parte no ha actuado de buena fe.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

6.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

6.3El Comité observa la afirmación del Estado parte de que no hay fundamento jurídico para examinar la comunicación de la autora ya que se registró en contravención de las disposiciones del Protocolo Facultativo.

6.4El Comité recuerda que, en virtud del artículo 39, párrafo 2, del Pacto, está facultado para establecer su propio reglamento, que los Estados partes han convenido en reconocer. Al adherirse al Protocolo Facultativo, todo Estado parte en el Pacto reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto (preámbulo y artículo 1 del Protocolo Facultativo). El Comité recuerda su práctica, recogida en el artículo 99 b) de su reglamento, de que una víctima podrá estar representada por una persona de su elección a condición de que el representante esté debidamente autorizado. La adhesión de un Estado al Protocolo Facultativo lleva implícito el compromiso de cooperar de buena fe con el Comité para permitir y posibilitar que este considere dichas comunicaciones y que, una vez concluido el examen, remita su dictamen al Estado parte y al individuo (art. 5, párrs. 1 y 4). Es incompatible con esas obligaciones que un Estado parte adopte medidas que impidan o frustren la labor del Comité de considerar y examinar la comunicación y emitir un dictamen. Corresponde al Comité determinar si un caso debe o no ser registrado.

6.5El Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la comunicación es inadmisible, ya que fue presentada al Comité por Marina Adamovich, la esposa del Sr. Statkevich, sin un poder de representación para exponer sus intereses ante el Comité. No obstante, es una práctica arraigada del Comité permitir que los familiares entablen procesos en nombre de presuntas víctimas fallecidas, desaparecidas o que se vean impedidas por otras razones para presentar una comunicación o designar a un representante. A este respecto, el Comité recuerda que el artículo 99 b) de su reglamento dispone que normalmente la comunicación deberá ser presentada por la propia persona o por un representante suyo; se podrá aceptar una comunicación presentada en nombre de una presunta víctima cuando sea evidente que esta no está en condiciones de presentar personalmente la comunicación. En el presente caso, el Comité observa que la presunta víctima estaba privada de libertad en el momento de presentar la comunicación. El Comité también toma nota de la explicación de la autora, según la cual las acciones del Estado parte impidieron que la Sra. Adamovich obtuviera una autorización por escrito del Sr. Statkevich, puesto que no se le permitió ver a su familia hasta seis meses después de su detención. Además, los funcionarios de prisiones confiscaron todo su correo de entrada y se negaron a enviarle el correo de salida. En estas circunstancias, el incumplimiento de la obligación de presentar un poder de representación no puede imputarse a la presunta víctima ni a sus familiares. El Comité recuerda que, en los casos en que resulta imposible que la víctima autorice la comunicación, el Comité ha considerado que una relación personal estrecha con la presunta víctima, por ejemplo, las relaciones familiares, es un vínculo suficiente para justificar que un autor actúe en nombre de la presunta víctima. En el presente caso, en el momento de la presentación de la comunicación, el Sr. Statkevich estaba recluido en régimen de incomunicación, con acceso limitado o sin acceso alguno a su familia y a su abogado. El Estado parte no proporcionó ninguna información sobre las condiciones de reclusión del marido de la autora ni sobre su acceso a su familia y a sus abogados. En vista de la información que consta en el expediente, el Comité observa que la denuncia fue presentada en nombre de la presunta víctima por su esposa, que ha entregado un poder de representación debidamente firmado para que los abogados les representen ante el Comité. Por lo tanto, el Comité considera que está justificado que la autora actúe en nombre del Sr. Statkevich debido su estrecha relación familiar.

6.6El Comité toma nota de la afirmación del Estado parte de que la comunicación es inadmisible, ya que fue presentada al Comité por terceros que no están bajo la jurisdicción de Belarús sino de un tercer país y no por la propia presunta víctima. También observa que es una práctica arraigada que los autores puedan designar a representantes de su elección, no solo para recibir la correspondencia, sino también para representarlos ante el Comité. El Comité afirma que ninguna de las disposiciones del Protocolo Facultativo o del reglamento prohíbe la representación por una entidad jurídica. También observa que el Protocolo Facultativo (arts. 1 y 2) requiere que los individuos se hallen bajo la jurisdicción del Estado parte únicamente en relación con las víctimas de violaciones de los derechos humanos. El reglamento no hace alusión a la representación legal de las entidades jurídicas extranjeras. En consecuencia, el artículo 1 del Protocolo Facultativo no obsta para que el Comité examine la comunicación.

6.7El Comité observa que el Estado parte no ha cuestionado que se hayan agotado los recursos internos. Por consiguiente, concluye que nada obsta para que examine la presente comunicación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo.

6.8El Comité toma nota de la afirmación de la autora de que el Estado parte incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 del Pacto. El Comité recuerda su jurisprudencia, en el sentido de que las disposiciones del artículo 2 establecen una obligación general para los Estados partes y no pueden dar lugar, cuando se invocan por separado, a una reclamación en una comunicación presentada en virtud del Protocolo Facultativo. En consecuencia, concluye que esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.9El Comité toma nota de la afirmación de la autora de que se han vulnerado los derechos del Sr. Statkevich en virtud del artículo 14, párrafo 5, del Pacto, ya que el tribunal de apelación no dio ninguna explicación sobre las razones por las que rechazó el recurso y no examinó los fallos de fondo de la condena del Sr. Statkevich. El Comité observa, sin embargo, que en la decisión del Tribunal Municipal de Minsk de 19 de julio de 2011 no solo se abordan los aspectos de procedimiento de la vista celebrada en el tribunal de distrito, sino que también se hace referencia a la “información que figura en el expediente”, lo que indica que el tribunal evaluó los hechos y las pruebas y no limitó el examen a las cuestiones de derecho. Por consiguiente, el Comité considera que las alegaciones formuladas por la autora en relación con el artículo 14, párrafo 5, del Pacto no están suficientemente fundamentadas a efectos de su admisibilidad y declara esta parte de la comunicación inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.10El Comité toma nota de la alegación de la autora de que se han vulnerado los derechos que amparan a su esposo en virtud del artículo 22 del Pacto, ya que el Sr. Statkevich fue detenido por ejercer su derecho a la libertad de asociación. Puesto que no se ha presentado información adicional al respecto, el Comité considera que la autora no ha fundamentado de forma suficiente esta alegación a efectos de su admisibilidad. En consecuencia, concluye que esta parte de la comunicación es inadmisible con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.11El Comité considera que la autora ha fundamentado suficientemente las restantes reclamaciones hechas al amparo de los artículos 7; 9; 10; 14, párrafos 1, 2 y 3 b), d), e) y g); 17; 19, párrafos 1 y 2; 21 y 25 del Pacto, a los efectos de la admisibilidad. Por consiguiente, declara la comunicación admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

7.1El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo. Señala que, al no responder a una comunicación, o al responder de forma incompleta, el Estado contra el que se presenta la comunicación se coloca en situación de desventaja, pues el Comité se ve obligado a examinar la comunicación sin disponer de toda la información relativa a ella. Puesto que el Estado parte no ha facilitado explicación alguna en relación con el fondo, debe otorgarse la debida credibilidad a las alegaciones de la autora, en la medida en que estén suficientemente fundamentadas.

7.2En cuanto a la afirmación de la autora de que el Sr. Statkevich fue sometido a tortura, malos tratos y presión psicológica durante la prisión preventiva y la fase de investigación, con el fin de obtener una confesión, así como después de su condena, el Comité observa que la autora proporcionó una descripción detallada de los métodos utilizados, como el maltrato físico y emocional mediante acoso y amenazas. Durante la represión del 19 de diciembre de 2010 por las fuerzas especiales de la policía, el Sr. Statkevich fue golpeado físicamente. Se le obligó a dormir en el suelo con las luces encendidas, no se le permitía ir al baño y permaneció recluido con presos con enfermedades infecciosas. Fue conducido a un lugar desconocido para intimidarlo y, durante el traslado, le esposaron las manos a la espalda. Las autoridades sometieron al Sr. Statkevich a reclusión en régimen de incomunicación durante varios meses y le negaron el acceso a un abogado; los agentes lo acosaron y amenazaron. A falta de observaciones del Estado parte sobre estas alegaciones, debe darse la debida consideración a las afirmaciones de la autora. Por consiguiente, el Comité considera que los hechos expuestos ponen de manifiesto una vulneración del artículo 7 del Pacto.

7.3Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, el Comité no considera necesario examinar por separado las alegaciones formuladas por la autora en virtud del artículo 10 del Pacto.

7.4El Comité toma nota de la alegación de la autora al amparo del artículo 9 del Pacto, de que el Sr. Statkevich no fue informado de las razones de su detención ni de la acusación formulada contra él, y de que su prisión preventiva también fue ilegal, ya que no estaba justificada. Fue llevado por primera vez ante un juez cuando se inició el juicio, cinco meses después de su detención. El Comité observa que el Estado parte no ha demostrado que la detención del Sr. Statkevich fuera razonable y necesaria. Por consiguiente, a falta de más información, el Comité concluye que se ha vulnerado el artículo 9, párrafo 1, del Pacto.

7.5El Comité observa también la alegación de la autora de que la decisión de decretar prisión preventiva para el Sr. Statkevich la tomó el fiscal, que no está legalmente facultado para ejercer funciones judiciales como exige el artículo 9, párrafo 3, del Pacto. El Comité recuerda que esa disposición confiere a la persona detenida y acusada de un delito el derecho a que su privación de libertad sea sometida a control judicial. Es inherente al correcto desempeño de la función judicial que la autoridad que la ejerza sea independiente, objetiva e imparcial en relación con las cuestiones de que se trate. El Comité no está convencido de que pueda interpretarse que ese fiscal posee la objetividad e imparcialidad institucionales necesarias para ser considerado un funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales en el sentido del artículo 9, párrafo 3, del Pacto, y concluye, por tanto, que se ha vulnerado esa disposición.

7.6El Comité toma nota de las alegaciones de la autora de que el Sr. Statkevich no tuvo un juicio imparcial ante un tribunal independiente e imparcial, en contravención del artículo 14, párrafo 1, del Pacto, y de que los tribunales del Estado parte no le ofrecieron las garantías mínimas previstas en el artículo 14, párrafo 3 b) d) y e), del Pacto. El Comité toma nota también de la afirmación de la autora de que, durante el tiempo que permaneció en prisión preventiva en los locales del Comité de Seguridad del Estado, su esposo fue sometido a largos interrogatorios por la noche, sin la presencia de su abogado, y de que se le mantuvo en régimen de incomunicación y se le negó el acceso a un abogado durante los tres meses posteriores a su detención; posteriormente, se restringió el acceso del abogado. El Comité toma nota asimismo de la alegación de la autora de que no se permitió que el abogado de su esposo interrogara a los principales testigos de cargo y de que el tribunal no exigió la comparecencia de algunos testigos. A falta de comentarios del Estado parte que rebatan las alegaciones de la autora, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí constituyen una vulneración del artículo 14, párrafos 1, y 3 b), d) y e) del Pacto.

7.7En cuanto a las alegaciones de vulneración del artículo 14, párrafo 2, el Comité observa la reclamación de la autora de que se vulneró el derecho a la presunción de inocencia del Sr. Statkevich porque los medios de comunicación estatales y las máximas autoridades del Estado parte lo acusaron públicamente de intentar derrocar al Presidente en ejercicio y afirmaron que era culpable de delitos relacionados con los sucesos del 19 de diciembre de 2010 antes de que los tribunales hubieran establecido su culpabilidad. La autora también alegó que permaneció esposado y enjaulado en la sala de audiencias durante las vistas de la causa. El Estado parte no ha rebatido esas alegaciones. El Comité recuerda que el Pacto garantiza el derecho del acusado a la presunción de inocencia mientras su culpabilidad no sea demostrada por un tribunal competente. En ausencia de información pertinente del Estado parte, el Comité concluye que los hechos descritos por la autora ponen de manifiesto una vulneración del artículo 14, párrafo 2, del Pacto.

7.8El Comité recuerda su jurisprudencia anterior de que lo dispuesto en el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto, que establece que, durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable, debe interpretarse en el sentido de que no debe ejercerse presión física o psicológica directa o indirecta alguna sobre los acusados por parte de las autoridades investigadoras con miras a que se confiesen culpables. El Comité recuerda además que, en los casos de denuncias de confesiones forzadas, recae sobre el Estado la carga de demostrar que las declaraciones de los acusados han sido hechas libremente y por su propia voluntad. En las circunstancias del presente caso, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una vulneración del artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto.

7.9El Comité toma nota de la afirmación de la autora de que el Estado parte vulneró el artículo 17 del Pacto, ya que sus autoridades intervinieron ilegalmente el teléfono del Sr. Statkevich, grabaron las llamadas que realizó durante la campaña presidencial de 2010 y posteriormente publicaron las transcripciones. La autora sostuvo que la intervención telefónica era innecesaria, ilegal e injustificada y, por tanto, vulneró el derecho de su esposo a la privacidad. Además, la información obtenida ilegalmente por ese medio fue utilizada por el tribunal de primera instancia como prueba de su culpabilidad. El Comité observa que el Estado parte no ha comentado las alegaciones de la autora a este respecto. Por consiguiente, el Comité concluye que los hechos que tiene ante sí constituyen una vulneración por el Estado parte del derecho que asiste a la autora en virtud del artículo 17 del Pacto.

7.10El Comité toma nota de la alegación de la autora de que la condena dictada contra el Sr. Statkevich en virtud del artículo 293, párrafo 1, del Código Penal vulneró sus derechos a no ser molestado a causa de sus opiniones y a la libertad de expresión, amparados por el artículo 19 del Pacto, ya que las restricciones impuestas por el Estado parte al ejercicio de esos derechos no estaban previstas por la ley ni eran necesarias para la protección de la seguridad nacional y el orden público, o de la salud pública. El Comité también toma nota de que, según la autora, las autoridades del Estado parte juzgaron y condenaron al Sr. Statkevich a cinco años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por sus actividades políticas. Toma nota además de la alegación de la autora de que la pena fue manifiestamente desproporcionada porque los órganos de instrucción no demostraron que hubiera una relación causal directa entre las declaraciones incriminatorias del Sr. Statkevich y los actos ilegales de las personas no identificadas que asaltaron la sede del Gobierno el 19 de diciembre de 2010.

7.11El Comité se remite a su observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y la libertad de expresión, en la que se afirma que ambas son condiciones indispensables para el pleno desarrollo de la persona y fundamentales para toda sociedad. Constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. El Comité recuerda que el artículo 19, párrafo 3, del Pacto permite ciertas restricciones solo si están expresamente fijadas por la ley y son necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Toda restricción del ejercicio de dichas libertades ha de ajustarse a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad. Las restricciones solamente se podrán aplicar para los fines con que fueron prescritas y deberán estar relacionadas directamente con la necesidad específica de la que dependen. El Comité recuerda también que corresponde al Estado parte demostrar que las restricciones impuestas a los derechos que asisten al Sr. Statkevich en virtud del artículo 19 del Pacto fueron necesarias y proporcionales. Sin embargo, en el presente caso el Comité observa que ni el Estado parte ni los tribunales han explicado el modo en que las restricciones impuestas al Sr. Statkevich en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión estaban justificadas con arreglo a las condiciones de necesidad y proporcionalidad establecidas en el artículo 19, párrafo 3, del Pacto. Por consiguiente, el Comité considera que el Estado parte vulneró los derechos que asisten al autor en virtud del artículo 19, párrafo 2, del Pacto.

7.12El Comité toma nota de la alegación de la autora de que, al condenar al Sr. Statkevich a cinco años de prisión con arreglo al artículo 293, párrafo 1, del Código Penal por haber organizado una reunión pública no autorizada, aunque pacífica, el Estado parte se ha injerido de manera desproporcionada en el ejercicio de su derecho de reunión pacífica, reconocido en el artículo 21 del Pacto. Esa injerencia no está prevista en la ley, ya que las disposiciones del artículo 293 del Código Penal son demasiado amplias e imprecisas para que la persona pueda prever las consecuencias jurídicas de sus propios actos y en la legislación interna no figura ninguna definición de “disturbios multitudinarios”. El Comité recuerda que el derecho de reunión pacífica, amparado por el artículo 21 del Pacto, es un derecho humano fundamental, indispensable en una sociedad democrática. Ese derecho conlleva la posibilidad de organizar una reunión pacífica, incluso espontánea, en un lugar público y de participar en ella. Si bien el derecho de reunión pacífica puede limitarse en ciertos casos, corresponde a las autoridades justificar cualquier restricción. Las autoridades deben poder demostrar que las restricciones cumplen el requisito de legalidad y son necesarias y proporcionadas en relación con al menos uno de los motivos de restricción admisibles que figuran en el artículo 21. A falta de información pertinente del Estado parte, el Comité concluye que, en el presente caso, el Estado parte ha vulnerado los derechos que asisten a la autora en virtud del artículo 21 del Pacto.

7.13Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores, el Comité no considera necesario examinar por separado las alegaciones formuladas por la autora en virtud del artículo 25 del Pacto.

8.El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte de los artículos 7; 9, párrafos 1 y 3; 14, párrafos 1, 2 y 3 b), d), e) y g); 17; 19, párrafo 2; y 21 del Pacto.

9.De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Esto implica que debe otorgar una reparación integral a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido vulnerados. En consecuencia, el Estado parte está obligado, entre otras cosas, a conceder a Mikalai Statkevich una indemnización adecuada, cancelar la anotación de su condena en sus antecedentes penales, llevar a cabo una investigación rápida, imparcial, eficaz y exhaustiva de las alegaciones de tortura y malos tratos y enjuiciar a los responsables de esos actos. El Estado parte tiene también la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro.

10.Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en los idiomas oficiales del Estado parte.