Naciones Unidas

CCPR/C/137/D/2406/2014

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Distr. general

26 de mayo de 2023

Español

Original: inglés

Comité de Derechos Humanos

Dictamen aprobado por el Comité a tenor del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, respecto de la comunicación núm. 2406/2014 * **

Comunicación presentada por:

V. M. (representado por los abogados Geoffrey Robertson y Toby Collis)

Presunta víctima:

El autor

Estado parte:

Sri Lanka

Fecha de la comunicación:

25 de marzo de 2014 (presentación inicial)

Referencias:

Decisión adoptada con arreglo al artículo 92 del reglamento del Comité, transmitida al Estado parte el 30 de mayo de 2014 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:

14 de marzo de 2023

Asunto:

Tortura durante la reclusión

Cuestión de procedimiento:

Agotamiento de los recursos internos

Cuestiones de fondo:

Tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un recurso efectivo

Artículos del Pacto:

2, párr. 3, y 7

Artículo del Protocolo Facultativo:

5, párr. 2 b)

1.El autor de la comunicación es V. M., nacional de Sri Lanka, nacido en 1973. Afirma que el Estado parte ha violado los derechos que lo asisten en virtud del artículo 7, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto. El Protocolo Facultativo entró en vigor para el Estado parte el 3 de enero de 1998. El autor está representado por un abogado.

Hechos expuestos por el autor

2.1El autor señala que es exmiembro de los Tigres de Liberación del Ílam Tamil (TLIT); se unió al grupo en 1990 y llevó a cabo tareas de formación. Sin embargo, en 2000 abandonó el grupo, se distanció de él y comenzó a trabajar transportando mercancías entre Colombo, Jaffna y Vanni.

2.2El 5 de enero de 2009, mientras se encontraba en Colombo con su esposa y su hijo, el autor fue secuestrado por unos desconocidos que se dirigieron a él con el nombre que utilizaba en los TLIT. Le vendaron los ojos, lo esposaron, lo metieron en una furgoneta y lo trasladaron a la comisaría de Kotahena, donde, tras retirarle la venda de los ojos y desnudarlo, un exmiembro de los TLIT convertido en confidente y agentes del Departamento de Investigación Penal lo interrogaron acerca de sus actividades en Colombo. Les contó que se encontraba allí para preparar su traslado a Suiza. Mientras estaba desnudo y esposado, lo golpearon repetidamente con palos de cricket. Le dijeron que debía colaborar con las autoridades como confidente de los TLIT o de lo contrario su familia pagaría las consecuencias, a lo que él se negó. En torno a las 21.00 horas del mismo día, el autor fue conducido a una celda hacinada que presentaba unas condiciones de higiene pésimas. En un momento posterior de la noche, esposado y con los ojos vendados, agentes de policía lo trasladaron a otras dependencias, que posteriormente identificó como la comisaría de policía de Foreshore, donde otro agente lo interrogó acerca de sus actividades en los TLIT, mientras le apuntaban con una pistola al bajo vientre. El autor negó haber tenido contacto alguno con los TLIT desde que abandonara la organización en 2000, pero los agentes que le estaban interrogando no lo creyeron y lo golpearon con bates y palos de críquet en la cadera y los hombros, le clavaron alfileres en los pezones, lo colgaron cabeza abajo atándolo por los dedos de los pies con una cuerda de nailon y le hundieron la cabeza en el agua hasta en diez ocasiones. La tortura se prolongó hasta las 4.00 horas del día siguiente, cuando lo condujeron a una celda, aún esposado y con los ojos vendados.

2.3Entre el 6 y el 23 de enero de 2009, trasladaron al autor a distintas comisarías y lo interrogaron sobre sus funciones dentro de los TLIT. Lo golpearon a diario. El 24 de enero de 2009, un agente del Departamento de Investigación Penal lo obligó a firmar una declaración en cingalés, idioma que él no entendía. Los seis días siguientes los pasó recluido en una celda y fue golpeado por agentes de policía. El 2 de febrero de 2009 lo trasladaron a la comisaría del Departamento de Investigación Penal de Demetagoda, donde lo interrogaron y torturaron, golpeándole con unos tubos en la cadera y la espalda, introduciéndole un objeto punzante por el ano, metiéndolo en una cámara frigorífica, aplicándole descargas eléctricas e insertándole una varilla metálica en el pene, entre otras prácticas. Al término de esta sesión de interrogatorios, lo obligaron a firmar una declaración que él no entendía. A consecuencia de las lesiones sufridas durante los interrogatorios y la privación de libertad, el autor recibió tratamiento en un hospital militar por espacio de tres a cuatro días y le tuvieron que dar 18 puntos de sutura en el abdomen. El médico le desaconsejó declarar que había sido torturado.

2.4El 6 de febrero y el 5 de marzo de 2009, el autor compareció ante el tribunal, sin comprender el contenido de las actuaciones, dado que no se le había facilitado un intérprete de tamil. Entre vista y vista, permaneció recluido en la comisaría de policía de Kotahena. El 3 de abril de 2009, fue puesto en libertad tras el pago de un soborno. Sin embargo, antes de su puesta en libertad, lo obligaron a colaborar como confidente y a identificar a nuevos detenidos.

2.5En julio de 2009, al autor obtuvo un visado de entrada en Suiza, donde posteriormente adquirió la residencia permanente tras solicitar y obtener la condición de refugiado. Desde entonces no ha vuelto a Sri Lanka. En Suiza le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, disfunción eréctil e incontinencia de resultas de las torturas y violaciones sufridas.

2.6El autor afirma que no puede obtener una reparación en Sri Lanka, ya que los exmiembros de los TLIT bien no disponen de recursos jurídicos para denunciar las violaciones de los derechos humanos, bien estos resultan ineficaces. Reconoce que en Sri Lanka existen, en teoría, tres vías de recurso en caso de producirse una violación de la prohibición de la tortura, pero sostiene que todas ellas son ineficaces. Señala que, de conformidad con el artículo 126, párrafo 1, de la Constitución, un demandante puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo alegando que se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y que el artículo 11 de la Constitución ampara el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Aunque, en teoría, el Tribunal Supremo puede imponer el pago de una indemnización, el autor apunta que, según lo previsto en el artículo 126, párrafo 2, de la Constitución, el plazo para interponer un recurso al respecto es de un mes desde que se produce la presunta violación. Hace notar que un mes después de ser privado de libertad y torturado aún se estaba recuperando de sus lesiones, por lo que le habría resultado imposible presentar la denuncia dentro del plazo previsto. Asegura que el “régimen de derechos fundamentales” no permite la celebración de vistas orales ni la presentación de pruebas testificales y tampoco admite recurso. Argumenta que el sistema no cumple las normas procesales básicas para que pueda considerarse útil para determinar los derechos de un demandante. El autor también observa que también cabe interponer denuncias contra los presuntos autores de actos de tortura al amparo de la Ley núm. 22 (1994) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, argumenta que es inútil tratar de obtener tal reparación, puesto que, como han demostrado las pruebas, pese a los cientos de denuncias que se han presentado al amparo de esa Ley desde su promulgación, hasta 2008 solo se habían dictado ocho absoluciones y tres condenas. El proceso de denuncia dura años, y se ha recibido información fidedigna de amenazas contra los demandantes. El autor señala además que, en aplicación de esa Ley, se ha enjuiciado a agentes de policía rasos, pero no se ha presentado ninguna acusación basada en la responsabilidad de mando. Por último, observa que este procedimiento no prevé una indemnización para las personas que denuncian torturas, por lo que tampoco ofrece un recurso efectivo para las víctimas de ese delito. Señala que, con arreglo a la Ley núm. 21 (1996) de la Comisión de los Derechos Humanos de Sri Lanka, este órgano tiene por mandato investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Alega, no obstante, que ese procedimiento no supone un recurso efectivo en los casos de violaciones graves de los derechos humanos, ya que, a tenor del artículo 15, párrafo 2, de dicha Ley, la Comisión solo tiene potestad para ordenar medidas de conciliación y mediación y, según lo dispuesto en el artículo 15, párrafos 3 y 4, de la Ley, la Comisión únicamente puede formular recomendaciones no vinculantes o remitir la causa a un tribunal; no tiene competencia para imponer indemnizaciones.

2.7El autor afirma que el poder judicial no es independiente en el Estado parte. A ese respecto, hace referencia a varios informes en los que se expresa preocupación, entre otras cosas, por la politización del poder judicial y la falta de independencia de la profesión jurídica.

2.8El autor afirma que la tortura es una práctica habitual que está tolerada en el Estado parte. Menciona varios informes en los que se señala que la tortura persiste en ellos y que el Gobierno se muestra reacio a investigar o enjuiciar las violaciones graves de los derechos humanos. Alega que, en esas circunstancias, no sería razonable esperar que él, exmiembro de los TLIT, acudiera a un tribunal a interponer la denuncia expuesta en la comunicación. Afirma que esta sería rechazada y se arriesgaría a ser detenido y torturado. Remite a un informe en el que se documentaban casos de tortura contra personas que habían regresado de forma voluntaria del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a Sri Lanka, especialmente contra sospechosos de pertenencia a los TLIT. El autor observa que también apareció en un documental de la British Broadcasting Corporation relatando las torturas que sufrió en Sri Lanka. A raíz de ello, había recibido amenazas en Suiza. Hace hincapié en el riesgo que correría en caso de regresar a Sri Lanka.

Denuncia

3.1El autor afirma que fue víctima de tortura, violación y malos tratos por parte de las autoridades del Estado parte, lo que constituye una violación de los derechos que le asisten en virtud del artículo 7 del Pacto. También sostiene que la falta de un recurso efectivo y de un poder judicial competente e independiente que le proporcione reparación constituye una violación de los derechos que le asisten en virtud del artículo 7, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

3.2El autor pide al Comité que recomiende al Estado parte que investigue de manera exhaustiva las circunstancias en que fue torturado y maltratado y, basándose en los resultados de esa investigación, adopte las medidas que correspondan contra los responsables, y que adopte medidas para que el autor reciba una indemnización integral y suficiente por el daño sufrido.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad

4.1El 22 de junio de 2020, el Estado parte presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la comunicación. En ellas sostiene que la comunicación debe declararse inadmisible porque no se han agotado los recursos internos.

4.2El Estado parte afirma que el autor no ha hecho ningún intento de agotar los recursos internos. Señala que, en virtud del artículo 126, párrafo 1, de la Constitución, corresponde al Tribunal Supremo la competencia única y exclusiva para conocer y resolver toda cuestión relacionada con la vulneración o inminente vulneración, a través de medidas ejecutivas o administrativas, de algún derecho fundamental consagrado en la Constitución. El Estado parte sostiene que el derecho a no ser sometido a tortura está reconocido en el artículo 11 de la Constitución. Observa asimismo que, según alega el autor, el artículo 126, párrafo 2, de la Constitución establece el plazo de un mes desde que se produce la presunta violación para que el demandante interponga un recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, alega que el Tribunal ha desestimado en repetidas ocasiones el plazo de un mes, siempre que el demandante ha podido justificar la demora. El Estado parte hace notar que en la causa Wijesekera y otros c. el Ministerio de Deporte y Ocio Públicos y otros, el Tribunal dictaminó, en relación con la inobservancia del artículo 126, párrafo 2, que, en el supuesto de que la violación sea de naturaleza grave y afecte a derechos materiales relevantes y esenciales para el demandante, se pueda demostrar que se ha actuado con mala fe o de manera parcial o caprichosa, o se trate de una violación continuada, el Tribunal Supremo no desestimará la causa in limine, sin al menos haber estudiado la demanda. El Estado parte también observa que, en virtud del artículo 44, párrafo 7, del reglamento del Tribunal Supremo, si el demandante no tiene acceso a asistencia letrada para interponer un recurso de amparo por violación de sus derechos fundamentales, se le podrá asignar un abogado de la Comisión de Asistencia Jurídica. Apunta, además, que este reglamento prevé la posibilidad de presentar comunicaciones exhaustivas, tanto orales como escritas, ante una sala del Tribunal compuesta por un mínimo de dos jueces. El Estado parte señala que para interponer un recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales no es necesario que el demandante se persone físicamente ante el Tribunal durante las actuaciones, basta con que comparezca un abogado en su nombre. Estima que el autor no habría tenido que regresar a Sri Lanka para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo. El Estado parte alega que el Tribunal Supremo ha constatado violaciones del artículo 11 de la Constitución en relación con la tortura en muchos casos presentados por demandantes, o en nombre de ellos, en los que se denunciaba que habían sido sometidos a tortura. También aduce que, a la luz de esa jurisprudencia, carece de fundamento la afirmación del autor de que los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo son ineficaces.

4.3El Estado parte sostiene que el autor podía haber presentado una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos por violación del artículo 11 de la Constitución. Observa que esta Comisión tiene por mandato indagar e investigar todas las denuncias de violación de los derechos humanos fundamentales y conceder la reparación que proceda, lo que incluye una indemnización. Alega que el autor disponía de un recurso efectivo para presentar una denuncia ante la Comisión que podría haberle proporcionado una reparación.

4.4El Estado parte afirma que la Ley núm. 22 (1994) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes castiga la tortura con una pena de prisión no inferior a siete años ni superior a diez, previa celebración de un juicio en el Tribunal Superior.

4.5El Estado parte aduce además que el autor podía haber presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Policía, que tiene por mandato investigar las alegaciones, también de tortura, contra agentes de policía.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte sobrela admisibilidad

5.1El 6 de marzo de 2021, el autor presentó sus comentarios sobre las observaciones del Estado parte. En ellos defiende que su comunicación es admisible.

5.2El autor señala que el Estado parte no presentó sus observaciones sobre la comunicación hasta junio de 2020 y que no ha ofrecido ninguna excusa o explicación por la demora excesiva de su respuesta. Alega que sus denuncias están sólidamente fundamentadas con pruebas médicas que acreditan la tortura de la que fue objeto y observa que el Estado parte no ha dado respuesta alguna a esas alegaciones.

5.3El autor también hace notar la alegación del Estado parte de que disponía de varios recursos internos. Observa, no obstante, que abandonó Sri Lanka en 2009 y que tuvo que permanecer escondido durante varios meses antes de poder escapar del país. Alega que no es razonable pensar que habría podido interponer un recurso durante ese período, dado que cualquier intento en ese sentido se habría saldado con represalias. Insiste en que en 2009 no estaba en disposición de presentar su denuncia ante el Comité, pues aún se estaba recuperando de sus lesiones y del trastorno de estrés postraumático, y estaba tratando de rehacer su vida en Suiza, lo que implicaba superar los trámites de asilo, aprender un nuevo idioma y encontrar trabajo. Sostiene que habría sido inútil intentar obtener una reparación desde el extranjero y señala que el Estado parte no ha hecho referencia a ningún caso similar en el que se haya fallado a favor de ningún exmiembro de los TLIT que fuera víctima de tortura en ese período. El autor añade que no tiene sentido que el Estado parte haga referencia a recursos que puede que hayan estado disponibles en años posteriores, sin demostrar que esos recursos estaban a su disposición con anterioridad a marzo de 2014. Afirma asimismo que el Estado parte tampoco ha demostrado que en la actualidad existan recursos internos disponibles en el Estado parte. Remite a un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2021 en el que se afirma que “[c]asi 12 años después del fin de la guerra, las iniciativas nacionales para la rendición de cuentas y la reconciliación han fracasado sistemáticamente a la hora de obtener resultados, arraigando más profundamente la impunidad y exacerbando la desconfianza de las víctimas en el sistema. Sri Lanka sigue negando el pasado; se han abandonado iniciativas para esclarecer la verdad, y los funcionarios del Estado al más alto nivel se niegan a reconocer los crímenes del pasado”. Además, “[l]as reformas de 2015 que reforzaban el sistema de control del poder ejecutivo se han cancelado, lo que ha erosionado aún más la independencia del poder judicial y de otras instituciones clave”. El autor señala que en el informe también se da a entender la falta de independencia de la Comisión Nacional de Policía y de la Comisión de Derechos Humanos, y se destaca que “el actual Gobierno ha obstruido proactivamente las investigaciones y los juicios penales en curso, o ha tratado de detenerlos, para impedir la rendición de cuentas por los delitos cometidos en el pasado”. También hace notar que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes constató que en Sri Lanka persistía una cultura de la tortura y que se recurría a la coacción contra los sospechosos detenidos en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo. El Relator Especial también señaló que interponer un recurso de amparo por violación de derechos fundamentales ante el Tribunal Supremo implicaba entablar litigios costosos y complejos y, por tanto, no accesibles para todas las víctimas, y que el Presidente de dicho órgano había informado de que el Tribunal Supremo tenía unas 3.000 causas de violación de los derechos fundamentales pendientes de resolución. En lo que respecta al argumento del Estado parte de que, en determinados casos el plazo de un mes para interponer un recurso puede ampliarse, como cuando se produce una infracción continuada que justifique dicha ampliación, el autor señala que el Tribunal Supremo ha dictaminado que, una vez transcurrido el plazo de un mes, no cabe impugnar ninguna decisión ejecutiva o administrativa por el mero hecho de que siga teniendo consecuencias. Lo que es relevante a la hora de determinar la fecha de inicio del plazo de un mes previsto en el artículo 126, párrafo 2, es el hecho de que se produzca una infracción, no sus consecuencias. Una infracción puede consistir en una actuación, decisión, denegación u omisión aislada, particular o puntual. Otras infracciones, en cambio, pueden ser el resultado de una serie de actuaciones, decisiones, denegaciones u omisiones repetidas a lo largo del tiempo. Únicamente cabe calificar de infracción continuada el segundo tipo de infracciones. El autor manifiesta que sus alegaciones no encajan en la definición de infracción continuada que establece el Tribunal Supremo y que, por consiguiente, ese Tribunal habría estimado que en su caso era aplicable el plazo de un mes.

Falta de cooperación del Estado parte e información adicional

6.1El 15 de noviembre de 2018, el 2 de julio de 2019 y el 5 de febrero de 2020, el Comité envió recordatorios al Estado parte para que presentara sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la comunicación. Tras la presentación por el Estado parte de sus observaciones sobre la admisibilidad el 22 de junio de 2020, se le enviaron nuevos recordatorios solicitando sus observaciones sobre el fondo de la comunicación. El Comité lamenta que el Estado parte no haya respondido oportunamente a esas solicitudes ni haya facilitado información alguna sobre el fondo de las reclamaciones del autor. Recuerda que el artículo 4, párrafo 2, del Protocolo Facultativo obliga a los Estados partes a examinar de buena fe todas las alegaciones formuladas en su contra y a facilitar al Comité toda la información de que dispongan. Ante la falta de respuesta del Estado parte, debe otorgarse la debida credibilidad a las alegaciones del autor, en la medida en que hayan sido fundamentadas.

6.2El 25 de abril de 2022, el Estado parte presentó información adicional sobre la comunicación. En ella recuerda que, entre marzo de 2006 y enero de 2016, no respondió a ninguna petición presentada en virtud del Protocolo Facultativo. Señala que ya se comunicó esta postura al Comité en 2006. Observa además que, a raíz de una decisión política adoptada en 2016, volvió a dar respuesta al Comité por las denuncias individuales presentadas y que también comunicó esa decisión al Comité en su momento.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

7.1Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité debe decidir, de conformidad con el artículo 97 de su reglamento, si dicha comunicación es admisible en virtud del Protocolo Facultativo.

7.2En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité se ha cerciorado de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional.

7.3El Comité observa que, según el Estado parte, la comunicación es inadmisible por no haberse agotado los recursos internos disponibles, ya que el autor podría haber: a) interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo por vulneración de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución; b) presentado una denuncia al amparo de la Ley núm. 22 (1994) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; c) presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; o d) presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Policía.

7.4El Comité también observa que, según el autor, no ha podido acceder a ningún recurso interno ni en el momento de su salida de Sri Lanka, ni cuando presentó su denuncia ante el Comité, ni en la actualidad. Toma en consideración asimismo su argumento de que, en virtud del artículo 126, párrafo 2, de la Constitución, el plazo para interponer un recurso ante el Tribunal Supremo por vulneración de cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución es de un mes a partir de la supuesta violación de derechos. Hace notar su argumento de que, un mes después de ser detenido y torturado, aún se estaba recuperando de sus lesiones, por lo que le habría sido imposible presentar su denuncia dentro del plazo previsto. El Comité hace referencia a la denuncia del autor de que el “régimen de derechos fundamentales” no permite la celebración de audiencias orales ni las pruebas testificales y tampoco admite recurso, por lo que no cumple las normas procesales básicas para que pueda considerarse útil para determinar los derechos de un demandante. También toma nota del argumento del Estado parte de que el plazo de un mes para presentar una denuncia ante el Tribunal Supremo, previsto en el artículo 126, párrafo 2, de la Constitución, puede prorrogarse en caso de que este tribunal constate que la violación persiste y considere que el demandante ha justificado adecuadamente la demora. Sin embargo, el Comité apunta que el Estado parte no ha facilitado información ni ejemplos de ningún otro caso de tortura en el que efectivamente se haya ampliado el plazo. También toma en cuenta el argumento del autor de que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su caso no habría sido posible ampliar el plazo de un mes, puesto que su denuncia no se ajusta a la definición de “infracción continuada” que establece el Tribunal para poder ampliar el plazo. El Comité señala además que el Estado parte no ha facilitado ninguna información que refute lo que el autor afirma a ese respecto. Recuerda que deben eliminarse los impedimentos al establecimiento de la responsabilidad penal, entre ellos los plazos de prescripción excesivamente breves. Recuerda también su jurisprudencia en el sentido de que establecer un plazo legal tan breve como el de un mes desde que se producen los actos de tortura o desde la fecha de puesta en libertad para presentar una denuncia ante las autoridades nacionales por tales actos es de por sí manifiestamente incompatible con la gravedad del crimen y no puede considerarse un recurso efectivo o disponible.

7.5El Comité observa que, según alega el autor, habría sido inútil interponer un recurso al amparo de la Ley núm. 22 (1994) de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dado que, pese a los cientos de denuncias que se han presentado amparándose en esa Ley, solamente se han dictado tres condenas. También toma nota de que, en palabras del autor, el procedimiento de denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es un recurso efectivo en los casos de violaciones graves de los derechos humanos, puesto que esta comisión solo tiene competencias para decretar medidas de conciliación y mediación, formular recomendaciones no vinculantes o remitir la causa a un tribunal, no para imponer indemnizaciones. El Comité observa asimismo que el Estado parte no ha facilitado ninguna información concreta para refutar las afirmaciones del autor al respecto, ni tampoco ningún argumento específico sobre la eficacia de dichos recursos. Por último, toma en consideración el argumento del Estado parte de que el autor también podía haber presentado una denuncia ante la Comisión Nacional de Policía, que tiene por mandato investigar las alegaciones, también de tortura, presentadas contra agentes de policía, pero observa que el Estado parte no ha facilitado ninguna información adicional sobre dicho procedimiento ni ha indicado si tal procedimiento ofrecería al autor una vía de reparación, incluido el derecho a una indemnización. Habida cuenta de todo lo anterior, el Comité considera que lo dispuesto en el artículo 5, párrafo 2 b), del Protocolo Facultativo no obsta para que examine la presente comunicación.

7.6El Comité toma nota de las denuncias formuladas por el autor en virtud del artículo 7, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto, y considera que el autor las ha fundamentado suficientemente a efectos de su admisibilidad. Por lo tanto, declara que la comunicación es admisible y procede a examinarla en cuanto al fondo.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

8.1El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo exigido en el artículo 5, párrafo 1, del Protocolo Facultativo.

8.2El Comité observa las alegaciones del autor de que durante su detención fue objeto de graves tortura, violación, malos tratos y amenazas por parte de agentes del Estado. También observa su denuncia, no refutada por el Estado parte, de que entre el 6 de enero y el 3 de abril de 2009 permaneció recluido y durante ese tiempo le sometieron de forma continua a tortura y malos tratos: lo golpearon con bates y palos de críquet y un tubo, le clavaron alfileres en los pezones, lo colgaron cabeza abajo atándole los dedos de los pies a una cuerda de nailon, le hundieron la cabeza en el agua, le introdujeron un objeto punzante en el ano, lo metieron en una cámara frigorífica, le aplicaron descargas eléctricas y le insertaron una varilla metálica en el pene. Añade que el autor no fue puesto en libertad hasta haber pagado un soborno. Observa que, según alega el autor, a consecuencia de las lesiones sufridas durante los interrogatorios y su reclusión, recibió tratamiento en un hospital militar por espacio de tres a cuatro días y le tuvieron que dar 18 puntos de sutura en el abdomen. El Comité observa también que, según los informes médicos presentados por el autor, en Suiza le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, disfunción eréctil e incontinencia de resultas de las torturas y violaciones sufridas. Toma conocimiento asimismo de que, según alega el autor, el hecho de no disponer de un recurso efectivo y que un órgano judicial competente e independiente no investigue sus denuncias constituye una violación de los derechos que le asisten en virtud del artículo 7, leído conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

8.3El Comité recuerda que del artículo 4, párrafo 2, del Protocolo Facultativo se desprende que el Estado parte está obligado a investigar de buena fe todas las alegaciones de violación del Pacto que se hayan formulado contra él y contra sus representantes y a transmitir al Comité la información que obre en su poder. Cuando el autor haya presentado al Estado parte alegaciones corroboradas por elementos de prueba dignos de crédito y cuando, para seguir aclarando el asunto, se precise información que obre exclusivamente en poder del Estado parte, el Comité podrá considerar que las alegaciones del autor han sido adecuadamente fundamentadas si el Estado parte no las refuta aportando pruebas o explicaciones satisfactorias. En el presente caso, el Comité observa que el Estado parte no ha presentado ninguna observación sobre el fondo de la presente comunicación ni ha refutado ninguna de las alegaciones del autor. A falta de una respuesta del Estado parte a ese respecto, el Comité tiene debidamente en cuenta las alegaciones del autor y considera que los hechos descritos, según los cuales este sufrió graves torturas, violaciones y malos tratos, constituyen una violación de los derechos que le asisten en virtud del artículo 7, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

9.El Comité, actuando en virtud del artículo 5, párrafo 4, del Protocolo Facultativo, dictamina que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación por el Estado parte del artículo 7, leído por separado y conjuntamente con el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

10.De conformidad con el artículo 2, párrafo 3 a), del Pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Esto significa que debe otorgar una reparación integral a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido vulnerados. Por consiguiente, el Estado parte está obligado, entre otras cosas, a adoptar las medidas adecuadas para: a) investigar de forma exhaustiva, imparcial, independiente y eficaz de los hechos expuestos por el autor; b) procesar, enjuiciar y castigar a los responsables de torturar al autor y divulgar esas actuaciones; y c) proporcionar al autor una indemnización adecuada y adoptar medidas de satisfacción apropiadas por las violaciones de que fue víctima. El Estado parte también tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan violaciones semejantes en el futuro. A este respecto, el Comité señala que ha examinado casos similares relacionados con el Estado parte en varias comunicaciones anteriores y recomienda que este modifique la legislación en la materia y los plazos de prescripción, a fin de ponerlos en conformidad con las normas internacionales, y establezca penas y reparaciones para los casos de tortura que sean proporcionales a la gravedad de ese delito y compatibles con las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2, párrafo 2, del Pacto.

11.Teniendo presente que, por haber llegado a ser parte en el Protocolo Facultativo, el Estado parte ha reconocido la competencia del Comité para determinar si ha habido o no violación del Pacto y que, con arreglo al artículo 2 del Pacto, el Estado parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a proporcionar un recurso efectivo y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación, el Comité desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el dictamen del Comité. Se pide asimismo al Estado parte que publique el presente dictamen y que le dé amplia difusión en los idiomas oficiales del Estado parte.