Convención sobre los Derechos del Niño

Distr.GENERAL

CRC/C/65/Add.1029 de marzo de 2000

Original: ESPAÑOL

COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOSPARTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN

Segundo informe periódico que los Estados Partesdebían presentar en 1997

Adición

GUATEMALA

[7 de octubre de 1998]

ÍNDICE

Párrafos Página

SIGLAS5

INTRODUCCIÓN1-157

I.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS16-2210

A.Población16-1810

B.Contexto sociopolítico19-2210

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

II.MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN23-6711

A.Armonización legislativa23-2711

B.Armonización política28-3512

C.Armonización institucional36-4213

D.Mecanismos de información estadística e indicadores43-4414

E.Análisis presupuestario en relación con los derechos económicos y sociales45-5115

F.Cooperación internacional52-5517

G.Proceso de elaboración del presente informe56-6718

III.DEFINICIÓN DEL NIÑO68-7320

IV.PRINCIPIOS GENERALES DE LOS DERECHOS DEL NIÑO74-8721

A.La no discriminación (artículo 2)74-7721

B.El interés superior del niño (artículo 3)78-8022

C.El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo(artículo 6)81-8522

D.El respeto a la opinión del niño (artículo 12)86-8723

V.DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES88-12623

A.El nombre y la nacionalidad (artículo 7)88-9323

B.La preservación de la identidad (artículo 8)94-9724

C.La libertad de expresión (artículo 13)98-10025

D.Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión(artículo 14)101-10326

E.La libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas(artículo 15)104-11526

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

V.(continuación)

F.El acceso a la información pertinente (artículo 17)116-12128

G.El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penascrueles, inhumanos o degradantes (artículo 37 a))122-12629

VI.ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA127-15330

A.La dirección y orientación parentales (artículo 5)127-13230

B.Las responsabilidades de los padres (artículo 18)133-13731

C.La reunión de la familia (artículo 10)138-13931

D.La adopción (artículo 21)140-14332

E.Los abusos y el descuido, incluidas la recuperación física ypsicológica y la reintegración social (artículo 39)144-15333

VII.SALUD BÁSICA Y BIENESTAR154-19836

A.Los niños impedidos (artículo 23)154-15936

B.La salud y los servicios sanitarios (artículo 24)160-18737

C.La seguridad social y los servicios e instalaciones de guardade niños (artículo 26 y párrafo 3 del artículo 18)188-19242

D.El nivel de vida (párrafos 1 a 3 del artículo 27)193-19843

VIII.EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADESCULTURALES199-23744

A.La educación, incluida la formación y orientaciónprofesional (artículo 28)199-23144

B.El descanso, el esparcimiento y las actividades culturales(artículo 31)232-23750

IX.MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN238-29551

A.Los niños y niñas afectados por el conflicto armado239-25252

B.Los niños y niñas en conflicto con la justicia (artículo 40);apartados b), c) y d) del artículo 37)253-25856

ÍNDICE (continuación)

Párrafos Página

IX.(continuación)

C.Los niños, niñas y jóvenes trabajadores259-27257

D.Los niños, niñas y jóvenes amenazados o violados en susderechos (niños, niñas y jóvenes de/en la calle)273-27859

E.Los niños, niñas y jóvenes y el uso indebido de drogas279-28660

F.La explotación y el abuso sexuales (artículo 34)287-29062

G.Los niños, niñas y jóvenes y la seguridad pública291-29562

SIGLAS

ADEJUCAlianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario

AGPCSAsociación Guatemalteca en Prevención y Control del SIDA

ASCATEDAsociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad

CCOPINGUAComité Consultivo de Organizaciones Internacionales para la Protección Integral de la Niñez en Guatemala

CEARComisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados

CIPRODENICoordinadora Institucional Pro Derechos de la Niñez

COEDUCAComité Educativo Comunitario

COINAPComisión Interinstitucional para la Atención de la Población en Áreas Precarias de Guatemala

CONACMIComisión Nacional contra el Maltrato Infantil

CONANICoordinadora Nacional de Acción por los Niños

COPANJComisión Permanente para la Niñez y la Juventud

COPREDEHComisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos

ENSMIEncuesta Nacional de Salud Materno-Infantil

FONAPAZFondo Nacional para la Paz

IGSSInstituto Guatemalteco de Seguridad Social

INAJUInstituto Nacional de la Juventud

INEInstituto Nacional de Estadística

MINUGUAMisión de las Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala

NEUNueva Escuela Unitaria

PACPatrullas de Autodefensa Civil

PAINProyecto de Atención Integral al Niño y Niña

PLANEVIPlan Nacional de Educación Preventiva Integral

PRODENComisión Pro-Convencion de los Derechos del Niño

PRONADEPrograma Nacional de Auto-Gestión para el Desarrollo Educativo

PRONICEPro-Niño y Niña Centroamericanos

SECCATIOSecretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y Tráfico de Drogas

SEGEPLANSecretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica

SIASSistema Integral de Atención en Salud

SICAREDSistema Nacional de Capacitación Regionalizado de la Educación Bilingüe Intercultural

SIMACSistema Nacional de Recursos Humanos y de Adecuación Curricular

SISSistema de Indicadores Sociales

SOSEPSecretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

URNGUnidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

INTRODUCCIÓN

1.El Estado de Guatemala fue el sexto país en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, asumiendo los compromisos en relación al cumplimiento de su contenido. Uno de éstos es presentar al Comité de los Derechos del Niño, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, informes en torno a las medidas adoptadas para dar vigencia a los derechos reconocidos en este instrumento.

2.En 1992 se formuló el primer informe acerca de la situación de la niñez en Guatemala, de la normativa legal y de las instituciones gubernamentales responsables de atender las necesidades de niñas y niños. Por diversas circunstancias, este primer informe no fue conocido en su oportunidad, siendo hasta 1994 que la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) elabora un nuevo informe que es presentado al Comité de los Derechos del Niño, instancia que luego del análisis correspondiente emite en junio de 1996, una serie de observaciones al mismo.

3.En cuanto a las observaciones planteadas, es importante resaltar que el aspecto que ha recibido la máxima atención y al que se han volcado grandes esfuerzos, tanto de los organismos estatales como de la sociedad civil, es el que se refiere a la armonización legislativa, es decir, la readecuación de la normativa jurídica interna en relación a la niñez, cuyo basamento era la doctrina de situación irregular a la doctrina de la protección integral que corresponde al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño.

4.Para la sociedad guatemalteca en general, la aprobación del Código de la Niñez y la Juventud se constituye en un valioso instrumento que contribuirá a un cambio histórico en la atención a las necesidades reales de niños y niñas. De hecho, muchas de las preocupaciones expresadas por el Comité de los Derechos del Niño en relación a la precaria situación de la niñez guatemalteca reflejada en el anterior informe, han sido consideradas en el texto del nuevo Código cuya implementación está generando cambios estructurales, institucionales y de políticas sociales. De esta cuenta, por ejemplo, instancias contempladas en el Código como el Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud tiene como prioridad, en el corto plazo, la formulación de una política general de la niñez; asimismo, la Comisión Nacional de la Juventud Trabajadora abordará la adopción de medidas para fijar la edad mínima de empleo a los 15 años.

5.De igual manera, el grave problema de la situación educativa que afecta especialmente a la niñez, que es motivo de preocupación para el Comité de los Derechos del Niño y también para Guatemala, será objeto de especial atención al haberse instalado la Comisión de Reforma Educativa, como parte de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz. Es importante enfatizar que Guatemala ha considerado con especial atención las preocupaciones y recomendaciones expresadas por el Comité (véase el informe CRC/C/54, párrs. 201 a 233), y está haciendo múltiples esfuerzos por atenderlas. Muchos de estos esfuerzos se enmarcan en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz.

6.En virtud de que el informe inicial de Guatemala (CRC/C/3/Add.33) fue examinado en junio de 1996, así como también que en esa fecha se amplió información escrita requerida por el mismo Comité, se consideró pertinente que el segundo informe periódico de avances en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, a presentarse en 1997, contemplara información de los dos últimos años (1996‑1997), tomando en cuenta además la especial coyuntura de nuestro país.

7.En efecto, Guatemala ha vivido en la última década procesos históricos desde una profunda polarización hasta el momento actual en que se están sentando las bases para un nuevo proyecto de nación orientado por tres ejes fundamentales: la reconciliación social, la reconstrucción de la economía y el establecimiento del estado de derecho. Este particular contexto sociopolítico y económico deviene del proceso de negociación entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que culminó con la finalización del conflicto armado y la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradero el 29 de diciembre de 1996.

8.Esta nueva situación implica retos complejos y profundos, y afrontarlos no es tarea exclusiva del Gobierno; requiere de los sectores políticos, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, acciones tendientes a la construcción de un tejido social basado en la democracia, la equidad y la justicia que incluye por vez primera el reconocimiento del carácter multicultural y plurilingüe de la sociedad guatemalteca.

9.Es necesario señalar que tanto el proceso de paz como la movilización social en torno a la discusión de un nuevo instrumento jurídico dirigido a la niñez y la juventud en Guatemala, son acciones que han exigido una fuerte inversión política y financiera, circunstancias que han limitado los esfuerzos para fortalecer las condiciones que permitieran el fiel cumplimiento de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, es significativo resaltar que tanto la firma de los Acuerdos de Paz como la aprobación de un nuevo Código de la Niñez y la Juventud, se perfilan como avances trascendentales a nivel político, legal y social para la garantía de los derechos humanos y la esperanza para el disfrute de mejores condiciones de vida para los niños, niñas y jóvenes que, en Guatemala, constituyen el 44% de la población.

10.Es necesario reconocer, no obstante, que desafortunadamente persisten graves deficiencias en la situación vital de niños y niñas evidenciadas en los altos índices de morbimortalidad infantil, las limitantes en el acceso a la educación reflejadas en la baja cobertura, deserción y ausentismo, que se traducen en el alto porcentaje de analfabetismo que prevalece en el país. Asimismo, sigue siendo alarmante la cantidad de niños y niñas que se ven obligados a incorporarse tempranamente al trabajo debido a los niveles de pobreza y pobreza extrema que afectan a la gran mayoría de familias. Esta precariedad impacta con mayor énfasis a las niñas y niños, especialmente indígenas del área rural, coartando el desarrollo de sus potencialidades. Un análisis más preciso de esta problemática está contenido en el presente informe.

11.Ahora bien, es necesario indicar que el Gobierno guatemalteco y la sociedad civil aún enfrentan limitaciones de diferente signo para la atención de las necesidades de la niñez, entre las que cabe señalar la escasa participación y conciencia de algunos sectores; la dispersión geográfica y la carencia de vías de comunicación y de servicios básicos que padece la población del área rural; la persistencia de discriminaciones por edad, sexo y pertenencia étnica. Igualmente se insiste en la dificultad de contar con datos estadísticos oportunos y confiables y en la falta de coordinación entre instancias gubernamentales y no gubernamentales que, muchas veces, inciden en la duplicidad de esfuerzos y en la optimización de recursos humanos y financieros.

12.Para superar estos obstáculos, el Estado ha planteado propuestas derivadas de los compromisos plasmados en los Acuerdos de Paz especialmente en los Acuerdos sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria e Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Los Acuerdos antes mencionados contemplan un incremento sustancial en materia de inversión social. Por un lado, en el sector educación se prevé una reforma educativa basada en el concepto de respeto a la identidad de los pueblos indígenas y la equidad de género, planteándose metas para la reducción de la tasa de analfabetismo al 30% en el año 2000, así como elevar la cobertura educativa en las áreas que presentan mayores déficit. En el área de salud se está llevando a cabo la descentralización sectorial, con el objetivo de garantizar el acceso de toda la población a la salud integral y se pretende aumentar significativamente el presupuesto asignado a este rubro. No menos importante es el impulso que se está dando al sector vivienda, orientado a hacer efectiva la asignación del 1,5% que por ley le corresponde, así como a descentralizar el sistema con la finalidad de dotar soluciones habitacionales al mayor número posible de guatemaltecos de menores ingresos, especialmente en el área rural.

13.Por otro lado, es necesario subrayar que para los niños, niñas y jóvenes guatemaltecos representa un gran avance la aprobación en 1996 de un nuevo Código de la Niñez y la Juventud ya que su contenido es compatible con los principios establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptando la doctrina de protección integral de los derechos de la niñez. dicho instrumento representa un esfuerzo importante de participación y consulta social. Asimismo, involucra a entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil en su cumplimiento, situación que está demandando cambios de paradigmas y reestructuras organizacionales y administrativas importantes para atender las necesidades prioritarias de la niñez guatemalteca. En el momento actual, el Congreso de la República ha diferido la puesta en vigencia de este Código para el 1º de marzo de 1998; sin embargo, tal moratoria no implica en absoluto que se retrase la atención a un grupo social tan vulnerable como lo es la niñez y la juventud, ya que se continúa la fase preparatoria para asumir con seriedad las obligaciones derivadas de este instrumento normativo.

14.Finalmente cabe destacar que la elaboración del presente informe es una muestra de los cambios que se están generando a nivel de la interlocución gobierno‑sociedad civil, ya que se llevó a cabo un proceso de consulta con funcionarios/as gubernamentales, así como también con representantes de organizaciones no gubernamentales, en la perspectiva de que las posibilidades de desarrollo de niños y niñas son responsabilidad del Estado, que está conformado por los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, y además por la sociedad civil organizada o no.

15.El presente informe se ha formulado bajo el siguiente esquema: para cada tema del cual el Comité requiere información, se presenta un breve diagnóstico; luego se plantea la normativa legal contenida en el Código de la Niñez y la Juventud y otras disposiciones legales y políticas. Por último, se plantean algunas de las acciones concretas y novedosas que organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales están realizando en función del cumplimiento de los derechos de la niñez.

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PAÍS

A. Población

16.Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe conformada por mayas, ladinos, garífunas y xincas; según el Instituto Nacional de Estadística (1997), cuenta con una población estimada en 10 millones de habitantes, lo que la ubica, a nivel de la región centroamericana, como el país más poblado. Desagregada en un 35% de población urbana, del que un 50% está concentrado en la región metropolitana y 65% rural, que primordialmente habita en el occidente del país.

17.La población de niños, niñas y jóvenes, menor de 18 años, es del 44%, que desagregada por sexo corresponde el 50% al masculino y el 50% al femenino; en cuanto a la identificación étnica de esta población, el censo nacional de población de 1994, que hace solamente la división entre indígenas y no indígenas, establece que el 42,8% es indígena y el 57,2% no indígena. Debe resaltarse que en este último censo se aplicó el criterio metodológico de la autoidentificación y de la lengua materna "en que se aprendió a hablar", lo que permite contar con mayores datos acerca de la identidad de la población guatemalteca.

18.Un dato interesante que presenta el censo nacional lo constituye la distribución geográfica de la población, de donde se infiere que la de ascendencia maya predomina en tres regiones: norte, noroccidente y suroccidente, y la no indígena en las regiones metropolitana, nororiental, sudoriental y Petén, mientras en la región central habita un número similar de indígenas y no indígenas.

B. Contexto sociopolítico

19.La actual coyuntura de la sociedad guatemalteca está signada por la finalización del conflicto armado interno que duró 36 años y que tuvo un impacto devastador en la población guatemalteca, especialmente en la niñez del área rural. El 29 de diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), hecho que culminó un largo proceso de negociación que como corolario fue permitiendo la apertura de espacios para la expresión y participación de la sociedad civil, proceso que, en todo momento, fue apoyado y acompañado por países amigos y organismos internacionales de cooperación.

20.En relación a la niñez, si bien no se explicitan compromisos concretos, una lectura atenta de los planteamientos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el Reasentamiento de Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas permite inferir que su espíritu sustenta una perspectiva de cambio para establecer nuevas políticas sociales de atención a las necesidades de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo lo constituye la reforma educativa que se está impulsando con base en los Acuerdos de Paz y que compromete al Estado a tomar acciones más decididas para garantizar el derecho a la educación.

21.Por otro lado, el plan de gobierno denominado "Desarrollo Social y Construcción de la Paz. Plan de Acción 1996-2000" presenta un marco estratégico de desarrollo social en correspondencia con los Acuerdos de Paz, que prioriza acciones de salud y educación tendientes a mejorar las precarias condiciones de vida que se reflejan en los altos índices de analfabetismo y morbimortalidad infantil.

22.Es importante señalar que la evaluación de los primeros ocho meses posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, evidencia que se ha cumplido con los compromisos puntuales contenidos en el Acuerdo Cronograma, destaca especialmente la seriedad con que el Gobierno culminó el proceso de desmovilización y término legal de los comités voluntarios de defensa civil. Asimismo, se observa una disminución de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Por otro lado, es de resaltar la voluntad política del Gobierno al cumplir con la conformación de la mayoría de las comisiones paritarias definidas en los Acuerdos de Paz cuyo objetivo fundamental es el análisis y propuesta de solución a los graves problemas de educación, salud, respeto a la identidad, acceso a la tierra y otros. Igualmente, destaca la convocatoria al diálogo con la sociedad civil a fin de consensuar con los diferentes sectores sociales la propuesta de modernización del Estado.

II. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN

Medidas adoptadas para armonizar la legislación y la política nacionalcon las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño

A. Armonización legislativa

23.El artículo 51 de la Constitución de la República obliga al Estado a proteger la salud física, mental y moral de los menores de edad y los ancianos, garantizándoles el derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. El artículo 4 de la Convención plantea que "los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención".

24.En correspondencia con las normas anteriores, la Comisión Pro Convención sobre los Derechos del Niño (PRODEN) (creada en 1989 e integrada por instituciones del Gobierno, organizaciones no gubernamentales e iniciativa privada bajo la coordinación del Procurador de los Derechos Humanos), inicia en 1992 el proceso de movilización social apoyado decididamente por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) con el objetivo de elaborar una normativa legal que erradicara la doctrina de "situación irregular" y se basara en los principios de la doctrina de protección integral de la niñez fundamentados en la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en otras normas de las Naciones Unidas: Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"), Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad).

25.Luego de cinco años de análisis, discusión y gestión, el Congreso de la República aprobó mediante Decreto Nº 78-96 publicado en el Diario Oficial el 27 de septiembre de 1996, el "Código de la Niñez y la Juventud", que entrará en vigor el 1º de marzo de 1998. Este Código afirma un nuevo concepto visualizando a niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos, dentro de un marco democrático y de respeto a los derechos humanos.

26.Otro avance importante en materia legislativa ha sido la promulgación, en octubre de 1996, de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar (Decreto Nº 97-96) que responde a los lineamientos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará). Esta ley se presenta como un mecanismo para evitar y sancionar aquellas acciones que causen daño a la persona y afecten directamente su desarrollo integral. Importante es destacar que esta ley no solamente protege a las mujeres sino también a niños, niñas, ancianos, ancianas y cualquier otro miembro de la familia que por su especial circunstancia esté expuesto a situaciones de agresión.

Rango jurídico de la Convención en el derecho interno

27.El artículo 46 de la Constitución de la República reza en su parte conducente "en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno". Con base en este principio, sí pueden invocarse las disposiciones de la Convención directamente ante los tribunales.

B. Armonización política

28.Los postulados del nuevo Código demandan innovaciones en el papel político de todos los sectores sociales; prueba de ello es el rol preponderante que se asigna a la participación de la sociedad civil junto a instituciones gubernamentales para la definición de políticas en favor de la niñez y la juventud, así como la promoción de sus derechos. El Código define la reestructura de instituciones gubernamentales, la readecuación de las organizaciones no gubernamentales, y la creación de espacios de coordinación y decisión interinstitucionales a nivel municipal, departamental y nacional.

29.Se destaca la conformación del Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud, instancia que estará integrada por delegados y delegadas gubernamentales de alto nivel, por representantes de la sociedad civil y de organizaciones estudiantiles de niños, niñas y jóvenes (un niño, una niña). Las principales atribuciones de este Consejo son:

a)Formular y aprobar, quinquenalmente, las políticas de protección integral de la niñez y la juventud;

b)Velar para que en el presupuesto nacional se incluyan las asignaciones correspondientes;

c)Fiscalizar y supervisar el funcionamiento de los servicios y establecimientos destinados a niños, niñas y jóvenes; velar por su mejor funcionamiento, y conocer las irregularidades en estas instituciones aplicando las medidas que correspondan.

30.En este sentido se han dado pasos concretos para la conformación del Consejo Nacional, con el nombramiento de los(las) Viceministros(as) de las áreas de Salud, Educación, Gobernación, Cultura y Deportes, Trabajo, así como la Secretaria de Bienestar Social, el Subsecretario de Planificación Económica y el Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes se encuentran en la fase preparatoria para establecer lineamientos políticos, organizativos y de ejecución.

31.Desde la sociedad civil, se ha iniciado también un proceso de consulta convocando a las diferentes organizaciones no gubernamentales a efecto de concretar la elección de sus representantes ante el Consejo. Esta convocatoria y la formulación de un reglamento para fortalecer el funcionamiento del Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud, está siendo dirigido por la Comisión Pro-Convención de los Derechos del Niño.

32.En esta dinámica, atendiendo al compromiso del Estado de adecuar sus políticas sociales a los contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y congruente con las obligaciones derivadas de la firma de los Acuerdos de Paz, se ha establecido en el Plan de Acción 1996-2000, "Desarrollo Social y Construcción de la Paz", el marco estratégico que guía la intervención del Gobierno en el área social, basándose entre otros, en los principios de respeto a la vida en todas sus manifestaciones, a la pluriculturalidad y diversidad étnica y la promoción de la paz y la democracia como forma básica de convivencia humana.

33.En el Plan de Acción se definen metas prioritarias en materia de educación, salud, alimentación y nutrición, que directa e indirectamente responden a las necesidades de la niñez. Asimismo se establecen metas específicas para niños, niñas y adolescentes en riesgo social que necesiten programas de atención especial, identificados como niños y niñas trabajadores del sector formal e informal, los que realizan actividades marginales de ingreso, los y las que viven en la calle, niños y niñas discapacitados, maltratados(as), huérfanos(as), institucionalizados(as) o que residen en hogares temporales y víctimas del enfrentamiento armado (refugiados(as) o desplazados(as)).

34.Para fortalecer la política social del país se han concretado estructuras al más alto nivel como el Gabinete Social de Ministros, el Gabinete de Fondos Sociales, que coordinan sus acciones con el Gabinete de Gobierno y el Gabinete Económico.

35.Por otro lado, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) ha iniciado un proceso para definir una política general en materia de derechos humanos. Atendiendo a la filosofía de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha elaborado un inventario de los compromisos que deben ser asumidos por cada ministerio y dependencia gubernamental, a efecto de que sean incorporados en la planificación de las acciones sectoriales.

C. Armonización institucional

36.El nuevo Código de la Niñez y la Juventud ha generado un cambio social importante ya que su formulación, discusión y aprobación movilizó a diversos sectores de la sociedad civil y a los organismos del Estado. Con el propósito de hacer realidad lo normado en el Código de la Niñez y la Juventud se están desarrollando procesos de reestructura institucional en el organismo ejecutivo, entre otras en la Secretaría de Bienestar Social que adicionalmente es la institución que preside el Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud; en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social que tiene a su cargo la convocatoria y coordinación de la Comisión Nacional de la Juventud Trabajadora; y en el Ministerio de Gobernación que deberá crear la Unidad Especializada de la Niñez y la Juventud en la Policía Nacional.

37.Asimismo, se están creando estructuras descentralizadas y desconcentradas que, a nivel local, garanticen el acceso a recursos financieros, humanos, de administración de la justicia y de movilización social a fin de abogar, vigilar y verificar que los derechos de la niñez, especialmente de los grupos vulnerables, sean observados. Estas estructuras están identificadas en el Código como el Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud, los Consejos Departamentales y Municipales de la Niñez y la Juventud, y las Juntas Municipales de Protección a la Niñez y la Juventud (los integrantes de estas últimas serán electos por la comunidad y nombrados por el Procurador de los Derechos Humanos).

38.Por otro lado, el organismo judicial por medio de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado el proceso de creación de juzgados de la niñez y la juventud que estarán ubicados en algunas regiones del país. Los(las) profesionales que integrarán los equipos multidisciplinarios a cargo de estos juzgados se encuentran en la etapa de formación dirigida por la Escuela de Estudios Judiciales en coordinación con la Comisión Pro-Convención sobre los Derechos del Niño (PRODEN).

39.Con el propósito de apoyar el mandato del nuevo Código respecto a la obligatoriedad de contar con defensores públicos para los jóvenes que se encuentren en situaciones especiales, la Unión Europea, a través del "Programa Niños de la Calle" firmó, en mayo de 1997, un convenio por 30.000 dólares de los EE.UU. con la Corte Suprema de Justicia, para la creación de la Defensoría Pública para los Jóvenes.

40.Una de las instancias más importantes y destacadas en la defensa, protección, capacitación, divulgación y promoción de los derechos de la niñez y la juventud guatemalteca es la Defensoría de los Derechos de la Niñez creada en 1990 al seno de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, que en los últimos años ha sido fortalecida dotándola de mayores recursos humanos y financieros.

41.Asimismo, en 1991 se formaliza, por medio del Acuerdo SG 6-91 del Procurador de Derechos Humanos, la Comisión Pro-Convención sobre los Derechos del Niño (PRODEN), que surgió en 1989 y que se constituye en la instancia coordinadora de más de 30 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como de 21 Comités Departamentales, cuyos objetivos están orientados a dirigir, velar y promover, a nivel nacional, la efectiva aplicación y cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Una de las acciones que PRODEN ha impulsado con mayor fuerza es la creación de los Comités Departamentales de los Derechos del Niño con el propósito de promover la organización comunitaria así como la participación de las autoridades a nivel local, en torno al proyecto de beneficio para la niñez.

42.En la perspectiva de la armonización institucional la COPREDEH cuenta dentro de su estructura organizativa, con la "Dirección Específica de la Niñez y la Juventud" cuya función es la de coordinar con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en aspectos de su competencia, especialmente el de dar seguimiento a las denuncias sobre violación a los derechos humanos de la niñez y la juventud.

D. Mecanismos de información estadística e indicadores

43.Guatemala, en esta materia, realiza esfuerzos significativos para modernizar, actualizar y fortalecer los sistemas de estadísticas nacionales a fin de que las instituciones, especialmente gubernamentales, cuenten con datos fidedignos que les permitan planificar e invertir recursos en forma eficiente y oportuna. Un avance importante ha sido la institucionalización del Sistema de Indicadores Sociales (SIS) como parte de las estructuras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y cuya función primordial es recopilar información y traducirla a indicadores sociales de educación, actividad económica y salud, desagregados por grupos etáreos, áreas geográficas, grupo étnico y sexo, y asimismo, dar seguimiento a los planes gubernamentales de desarrollo social.

44.Uno de los productos más recientes derivados del SIS es la Encuesta Nacional de Salud Materno‑Infantil, que cubrió 21 departamentos y que permitió recoger información sobre temas de población y de salud femenina e infantil, a fin de que sirva de insumo en la elaboración de los planes de desarrollo económico y social del país y para facilitar las acciones que los organismos de salud y planificación familiar dirijan hacia los grupos más desprotegidos de la población guatemalteca.

E. Análisis presupuestario en relación con losderechos económicos y sociales

45.En consonancia con el Programa de Gobierno 1996-2000, el Ministerio de Finanzas Públicas inició en 1996 un programa de modernización y saneamiento de las finanzas públicas y empezó a orientar los recursos financieros para mejorar la calidad del gasto público, apoyando la estabilidad macroeconómica, la recuperación y mejoramiento de la infraestructura y la atención prioritaria del sector social.

46.En los últimos años, el Gobierno ha venido realizando esfuerzos que pretenden la reorientación del gasto público hacia los sectores de mayor rentabilidad social para solucionar la difícil problemática que atraviesa el país, tal como se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico Nº 1

Comportamiento del gasto social(años 1990, 1995 y 1997)

Miles de quetzales

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

47.En el presupuesto general de ingresos y gastos del Gobierno para el presente ejercicio fiscal, se destina el 40% a la inversión social. Para 1998 se espera que alcance un 45,9%. La inversión en el área social, asciende a 5.534,2 millones de quetzales en 1997 y a 7.339,6 millones de quetzales en 1998, mientras que el gasto en defensa se sitúa en 1.225,5 millones de quetzales en 1997 y en 1.470,8 millones de quetzales en 1998 (8,9 y 7,7% del presupuesto total respectivamente). En relación a la ayuda externa, en 1997 ésta se orientó al 23,1% de la misma área social.

48.El cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno exige la reorientación del gasto público, obligando al ordenamiento de las políticas sectoriales y dando prioridad a los sectores de mayor rentabilidad social y a mejorar la eficiencia de su ejecución. En este sentido, el presupuesto para el ejercicio fiscal 1998 contempla las siguientes asignaciones a estos sectores.

Sector	Propuesto(millones de quetzales)
Gasto social	7.339,6
Salud y asistencia social	1.766,9
Educación, ciencia y cultura	2.693,9
Vivienda	1.450,2
Trabajo y previsión social	1.428,6

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

49.En el Programa de Gobierno 1996‑2000, la inversión social desempeña un papel central como instrumento para aumentar la capacidad productiva y posibilitar mayores niveles de crecimiento económico, generación de empleo y equidad social. Así, se proyecta una focalización clara de la inversión social en los grupos meta definidos como sectores prioritarios, así también, lineamientos para la reorientación geográfica de la inversión pública en función de los déficits de inversión social identificados en los departamentos y municipios. En ese sentido se prevé para el año 2000 un incremento significativo en la inversión social, que permitiría al país dar un salto cualitativo en materia de equidad y justicia social.

50.Cabe señalar que el logro de este objetivo requiere de un esfuerzo extraordinario que permita mejorar cualitativa y cuantitativamente la prestación de los servicios sociales básicos y ejecutar la inversión pública necesaria para el desarrollo económico y social del país, para lo cual el Gobierno se ha propuesto elevar significativa y realistamente la carga tributaria, a fin de contar con los recursos necesarios que permitan hacer frente a los diversos compromisos asumidos.

51.Por otro lado, desde 1991, el organismo ejecutivo ha creado los fondos sociales como un mecanismo para agilizar y viabilizar la ejecución de proyectos de inversión social en las áreas de salud y nutrición, educación inicial, preprimaria y primaria, apoyo a la reinserción de la población desarraigada, infraestructura básica y otros. Estos proyectos pretenden mejorar la calidad de la vida de la población incluidos niños, niñas y jóvenes de las comunidades especialmente del área rural.

F. Cooperación internacional

52.Guatemala ha recibido el apoyo de la comunidad internacional con la finalidad de fortalecer técnica y financieramente la ejecución de proyectos encaminados a dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño. Un producto tangible de esta cooperación ha sido el soporte brindado para la elaboración, consulta, validación, divulgación y aprobación, en 1996, del nuevo Código de la Niñez y la Juventud por el Congreso de la República, así como de su posterior difusión.

53.Por otro lado, merece destacarse la creación, en 1995, del Comité Consultivo de Organizaciones Internacionales para la Protección Integral de la Niñez en Guatemala (CCOIPINGUA) integrado por GTZ de Alemania, UNICEF, AID, Redd Barna, Radda Barnen, Redd Barnet, Plan Internacional, Médicos Sin Fronteras, Unión Europea, Voluntarios de Naciones Unidas (VNU), la Misión de Naciones Unidas para la Verificación de los Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y OIT‑IPEC. Los objetivos de este Comité son optimizar la cooperación nacional e internacional para mejorar las condiciones de vida de la niñez guatemalteca en situación de riesgo, asimismo, constituirse en un foro permanente de intercambio de información.

54.Los esfuerzos de CCOIPINGUA se concentran en cuatro grandes líneas:

a)Unificación de criterios para el desarrollo de una estrategia nacional encaminada hacia la sostenibilidad de los programas que se apoyan en el sector;

b)Intercambio de experiencias y búsqueda de la no duplicidad de esfuerzos dentro de las áreas programáticas;

c)Promover la doctrina de protección integral; y

d)Constituirse en interlocutor para entes exteriores con fines de captación de fondos e información para acciones en favor de la niñez de Guatemala.

55.Una acción concreta en materia de cooperación es la firma del Plan Maestro de Operaciones 1997‑2001 que la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) establecieron para apoyar y ejecutar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de la niñez y la mujer en el país. Este Plan Maestro se desarrollará a través de los Programas de Desarrollo de Políticas Sociales y de Servicios Básicos Integrados para cuya ejecución UNICEF aportará y gestionará un monto de 24 millones de dólares de los EE.UU. Dichos programas son congruentes con las prioridades del Gobierno, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, los Acuerdos de Paz y el Plan de Desarrollo Social y Construcción de la Paz y el Código de la Niñez y la Juventud.

G. Proceso de elaboración del presente informe

56.En la perspectiva de que Guatemala es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, desde 1990, la Vicepresidencia de la República asumió este año el compromiso de elaborar el presente informe, designando a su vez a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia como la institución conductora de la consulta hacia diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales, con el propósito de recoger las opiniones e informaciones que den cuenta del avance en el cumplimiento de la Convención.

57.Para el efecto, se planificó y diseñó una metodología de trabajo consistente en tres tipos de actividades: recopilación de documentos, entrevistas y movilización social por medio de encuentros interinstitucionales.

Recopilación documental

58.Ésta incluyó la búsqueda y revisión de ensayos, libros, documentos, investigaciones y notas de prensa, que recientemente han abordado y analizado temas vinculados a la niñez guatemalteca.

Visitas y entrevistas

59.Se realizaron más de 50 visitas y entrevistas a funcionarios/as gubernamentales y representantes de organizaciones no gubernamentales que impulsan programas y proyectos de atención a la niñez y la juventud. Adicionalmente se obtuvo información escrita de las diferentes dependencias gubernamentales, basada en el perfil preparado para el efecto.

Movilización social

60.Se llevaron a cabo cuatro encuentros interinstitucionales en los departamentos de Zacapa, Quetzaltenango, Mazatenango y Baja Verapaz, en centros de bienestar social (centros de cuidado infantil) que atienden niños y niñas de 0 a 7 años de edad. A estos encuentros asistieron aproximadamente 200 personas representantes de organismos gubernamentales, fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales así como miembros de la comunidad, destacando su disposición y apertura para dialogar en torno a la situación de la niñez guatemalteca y las perspectivas que se abren en función del Código de la Niñez y la Juventud.

61.El espíritu que prevaleció en este diálogo interinstitucional fue el de considerar que la elaboración de este informe compete tanto a los organismos del Estado (ejecutivo, judicial y legislativo), como a la sociedad civil organizada o no, ya que además, el enfoque que imprime el Código de la Niñez y la Juventud es que la atención a los derechos de la niñez es responsabilidad de todos en este país. En el marco de los encuentros interinstitucionales se desarrolló una conferencia dictada por personal de la Comisión pro Convención de los Derechos del Niño (PRODEN), acerca de la relación entre la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Juventud.

62.El punto culminante de los encuentros fue la discusión colectiva que dio como resultado varias reflexiones, iniciativas y acciones generales entre las cuales cabe mencionar las siguientes:

i)Concepción institucional acerca de la situación actual de la niñez y la juventud en Guatemala

63.Los/las asistentes coincideron en señalar que la situación actual de la niñez y la juventud es precaria y vulnerable, dada la limitación de recursos humanos, financieros, de infraestructura y la concentración de éstos, fundamentalmente en las áreas urbanas del país. Tanto a nivel del gobierno como de algunas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que atienden a niños y niñas, existe insuficiente cobertura en relación a las necesidades y demandas que presenta este sector de la población.

ii)Opinión acerca del nuevo Código de la Niñez y la Juventud

64.Se considera un avance para la sociedad guatemalteca porque concibe de manera integral a la niñez y la juventud, reconociéndolos como sujetos de derechos y obligaciones. También constituye una herramienta de apoyo para sancionar las violaciones a los derechos de los niños, niñas y jóvenes. En los sectores consultados existe claridad que la implementación y ejecución requerirá voluntad política de autoridades y participación de la sociedad civil, así como de la dotación de recursos necesarios para hacerlo realidad.

iii)Acciones institucionales a favor de la niñez y la juventud

65.Los ámbitos de atención de las instituciones participantes son entre otros:

-formación y capacitación sobre derechos y obligaciones de la niñez y la juventud;

-educación a padres y madres de familia;

-apoyo y seguimiento a denuncias por abusos de todo tipo;

-persecución penal de delitos cometidos en contra de niños, niñas y jóvenes;

-rehabilitación a niños, niñas y jóvenes discapacitados;

-protección a niños y niñas de la calle;

-orientación para que niños, niñas y jóvenes se incorporen y participen activamente en la comunidad.

iv)Limitantes para el desarrollo de las acciones a favor de la niñez y la juventud

66.Las principales limitaciones que las instituciones enfrentan para la implementación de programas, proyectos y servicios dirigidos a la niñez y la juventud son las siguientes:

-recursos económicos insuficientes para ejecutar programas de difusión y capacitación para personal específico;

-paternidad irresponsable;

-discriminación por edad, género y pertenencia étnica;

-dificultad en el acceso a datos estadísticos oportunos y confiables;

-duplicidad de esfuerzos de parte de algunas instancias gubernamentales y no gubernamentales, lo que incide en la falta de coordinación de iniciativas;

-dispersión geográfica de pequeños poblados, aldeas y caseríos que no cuentan con facilidad de acceso;

-escasa voluntad política en ciertos sectores para involucrarse en proyectos de beneficio para la niñez y la juventud.

v)Proyecciones institucionales

67.Las proyecciones más importantes señaladas por los/las participantes son inicialmente conocer y manejar con propiedad el Código de la Niñez y la Juventud; divulgar y promover su contenido y aunar esfuerzos a través de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales para atender a la niñez.

III. DEFINICIÓN DEL NIÑO

68.La Constitución de la República y el Código de Menores no expresan específicamente el concepto de niño, considerando "menores" a quienes no hubieren cumplido 18 años de edad. Por su parte, el nuevo Código de la Niñez y la Juventud en el artículo 2 reza literalmente:

"Se considera niño o niña, para los efectos de esta ley, a toda persona desde su concepción hasta los 12 años de edad cumplidos, y joven a toda persona desde los 12 años hasta que cumpla los 18 años de edad."

69.En cuanto a la preocupación del Comité de los Derechos del Niño en relación con la edad mínima para el matrimonio en el caso de las niñas, debe indicarse que existe una iniciativa del Proyecto Mujer y Reformas Jurídicas de la Oficina Nacional de la Mujer, contenida en las propuestas de reforma al Código Civil, Decreto-ley Nº 106 para modificar el artículo 81, de tal manera que se fije la edad de 16 años como la mínima para que las y los jóvenes puedan contraer matrimonio. Esto constituiría un avance en el sentido que se establecería igualdad de condiciones para niños y niñas.

70.En relación a la edad mínima legalmente establecida dentro del país para la responsabilidad penal y la privación de libertad, el Código de la Niñez y la Juventud plantea, en el artículo 160:

"Serán sujetos de esta ley todas las personas que tengan una edad comprendida entre los 12 y menos de 18 años al momento de incurrir en una acción en conflicto con la ley penal o leyes especiales."

71.Asimismo en cuanto a la aplicación de medidas legales relacionadas con la edad, señala que "diferenciará en cuanto al proceso, las medidas y su ejecución entre dos grupos; a partir de los 12 y hasta los 15 años de edad, y a partir de los 15 y hasta tanto no se hayan cumplido los 18 años de edad" (art. 163). Así también, en el artículo 165 se plantea lo siguiente:

"Los actos cometidos por un menor de 12 años de edad, que constituyan delito o contravención no serán objeto de este título; la responsabilidad civil quedará a salvo y se ejercerá ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Dichos niños y niñas serán objeto de atenciones médicas, psicológicas y pedagógicas que fueren necesarias bajo el cuidado y custodia de los padres o encargados y deberán ser atendidos por los Juzgados de la Niñez y la Juventud."

72.Estas medidas armonizan con el espíritu de la doctrina de protección integral en tanto que se toma en cuenta al niño y a la niña en su dimensión psico-bio-social y abandona el concepto de "situación irregular" prevaleciente en la estructura jurídica anterior.

73.En correspondencia con lo normado en los artículos citados, debe destacarse que en el nuevo Código se contempla la creación de instancias desde el nivel local hasta el nacional para atender a los niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley. Particularmente, el Sistema de Instituciones Operadoras de Administración de la Justicia Penal, ha iniciado el proceso de adecuación institucional y procesal requerido.

IV. PRINCIPIOS GENERALES DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

A. La no discriminación (artículo 2)

74.Guatemala ha sido históricamente una sociedad excluyente y discriminadora, condiciones que han afectado la calidad de vida de la mayoría de niños y niñas; particularmente los/las que habitan en áreas rurales, que pertenecen a grupos indígenas y los/las pobres del campo y la ciudad. Agravándose esta situación en el caso de las niñas.

75.Sin embargo, la actual coyuntura sociopolítica, derivada de la finalización del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz, abre posibilidades para fortalecer las expresiones propositivas de la sociedad civil, especialmente los movimientos maya y de mujeres que desde hace una década han venido visibilizando las discriminaciones de etnia y género y proponiendo acciones legislativas, educativas y políticas entre otras, que tiendan a minimizar las disparidades existentes.

76.En este sentido la sección II, Derecho a la igualdad, artículo 10, del Código de la Niñez y la Juventud indica que "los derechos establecidos en esta ley, serán aplicables a todo niño, niña y joven sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, posición económica, discapacidad física, mental o sensorial, orientación sexual, impedimento físico, nacimiento o cualquier otra condición de éstos, de sus padres, familiares, tutoras o personas responsables".

77.Una iniciativa que actualmente desarrolla el Ministerio de Educación con el propósito de eliminar estereotipos sexistas y racistas en los contenidos educativos, es el Programa de la Niña vinculado al Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación Curricular, que incorpora la metodología de género y el concepto de interculturalidad en el currículo, los libros de texto y materiales educativos producidos por esta dependencia.

B. El interés superior del niño (artículo 3)

78.La sociedad guatemalteca se ha caracterizado por una cultura autoritaria que ha desestimado la visión del interés superior del niño, realidad que se vive en la cotidianidad familiar y que se evidencia tanto en el enfoque que ha prevalecido en la planificación de las políticas públicas, como en la ejecución de programas y proyectos dirigidos a la niñez. A fin de superar esa visión, desde diversos sectores se ha generado un proceso de reflexión y conocimiento acerca de lo que significa el derecho de la niñez al disfrute de mejores condiciones de vida y al desarrollo de sus potencialidades como seres humanos.

79.Esta perspectiva se instituye legalmente en el Código de la Niñez y la Juventud donde se plantea que "… en todas las medidas que se adopten en relación a los niños, niñas y jóvenes se tomará en consideración su interés superior. Para los efectos de este Código se entiende por interés superior del niño, niña y joven a todas aquellas acciones encaminadas a favorecer su desarrollo físico, psicológico, educativo, cultural, moral, espiritual y social, para lograr el pleno desenvolvimiento de su personalidad" (art. 5).

80.Actualmente las instituciones que proporcionan atención directa a niños, niñas y jóvenes se encuentran reformulando sus programas a fin de que éstos sean congruentes con ese principio. Este proceso, ha enfrentado limitaciones de orden político, económico, de infraestructura y de articulación interinstitucional, dada su magnitud y complejidad.

C. El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (artículo 6)

81.La información de la Encuesta Nacional de Salud Maternoinfantil, (ENSMI-95) evidencia que un alto porcentaje de la niñez en Guatemala no goza de un adecuado desarrollo físico y mental. En ese sentido, la Encuesta señala que de cada 1.000 niños nacidos vivos en Guatemala, 26 mueren antes de cumplir un mes de vida y otros 25 antes de cumplir 1 año de vida. Es importante resaltar la disparidad en la mortalidad infantil entre las áreas urbana (41‰) y rural (56‰). Pero también es significativo el descenso observado de 70 a 51‰ en el período 1985-1995.

82.En general, la situación nutricional del país muestra iniquidades de orden geográfico y étnico, ya que por ejemplo la prevalencia de desnutrición crónica es relativamente baja en la región metropolitana (34%) en comparación con un 70% en la región noroccidental, cuya población es mayoritariamente indígena.

83.A efecto de mejorar las precarias condiciones de salud de la niñez guatemalteca y en correspondencia con el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Juventud reconoce que "los niños, niñas y jóvenes tienen derecho fundamental a la vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridad y desarrollo". Así también, "tienen derecho a la protección, cuidado y asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental y social. Estos derechos se reconocen desde su concepción" (art. 9). En el artículo 25 se refuerza este principio, la indicar que "los niños, las niñas y jóvenes tienen derecho a protección, a una vida digna y a la salud mediante la realización de políticas sociales públicas que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de existencia".

84.Por otro lado, en el Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria se plantea el compromiso de impulsar la reforma del sector salud, que dentro de sus lineamientos prioriza la atención a los problemas básicos, especialmente del grupo maternoinfantil.

85.De igual forma el gobierno se compromete a destinar, por los menos el 50% del gasto público en salud a la atención preventiva, a reducir la mortalidad infantil en un 50% del índice observado en 1995, antes del año 2000.

D. El respeto a la opinión del niño (artículo 12)

86.Las opiniones de niños, niñas y jóvenes han tenido, hasta ahora, escasas posibilidades de expresión y respeto, dado el perfil vertical y autoritario que caracteriza las relaciones entre los/las adultos/as y la niñez. Atendiendo a una nueva visión de estas relaciones, en el Código de la Niñez y la Juventud, se plantea que "los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la libertad, al respeto, a la dignidad y a la denuncia como personas humanas en proceso de desarrollo y como sujetos de derechos humanos y sociales garantizados en la Constitución y en las leyes" (art. 12). Además, el artículo 13, literal b), garantiza el derecho de los niños, niñas y jóvenes a la "libre opinión y expresión". Asimismo, en el artículo 17 se señala que "tienen derecho de denunciar las violaciones a sus derechos humanos ante la autoridad local más cercana a fin de garantizar el respeto, prevención y reparación de los mismos".

87.Un avance significativo que asegurará el derecho de la niñez a participar en la toma de decisiones de su competencia, está contemplado en el nuevo Código de la Niñez y la Juventud: en la integración del Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud se ha tomado en cuenta la incorporación de dos representantes electos por las organizaciones estudiantiles de niños, niñas y jóvenes, debiendo ser uno del sexo masculino y otra del sexo femenino. Además, también se contempla en el artículo 102 que en la integración de la Comisión Nacional de la Juventud Trabajadora participe "un delegado electo por las federaciones sindicales del país, preferentemente deberá estar comprendido entre los 14 y los 18 años de edad".

V. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES

A. El nombre y la nacionalidad (artículo 7)

88.El conflicto armado interno que duró 36 años provocó, entre otras situaciones, el desplazamiento interno, el exilio y el refugio de miles de familias afectando a la niñez particularmente la indígena y en extrema pobreza. Las iniquidades padecidas por esta población vulneraron el derecho de miles de niños y niñas a ser reconocidos legalmente y a su nacionalidad, debido entre otras causas a la destrucción de los registros civiles de cientos de comunidades y al anonimato y la clandestinidad en que se vieron forzadas a vivir miles de familias especialmente indígenas.

89.Por otro lado, si bien es cierto que el registro civil cumple con inscribir los nacimientos, algunas investigaciones preliminares de grupos de mujeres y organizaciones no gubernamentales que promueven la participación ciudadana han detectado casos de niños y niñas no inscritos, debido a que los padres desconocen el procedimiento para realizarlo, a que las madres también carecen de documentación, o bien porque culturalmente no se considera necesario, situación que afecta singularmente a niñas de las áreas rurales y urbanomarginales, limitando su derecho a la educación ya que se dificulta su acceso a la escuela.

90.Para garantizar a los niños y niñas guatemaltecos su derecho al nombre y la nacionalidad, el Código de la Niñez y la Juventud reconoce en su artículo 14 que "los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a su identidad incluidos: la nacionalidad y el nombre y conocer a sus padres y ser cuidados por ellos, las expresiones culturales propias y su idioma. Es obligación del Estado garantizar su identidad, sancionando a los responsables de la sustitución, alteración o privación de ella".

91.Una iniciativa que pretende reparar la violación antes señalada, es el análisis que actualmente realiza el Congreso de la República para introducir reformas al proyecto de Ley Especial de Documentación Personal que responde a los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y que está encaminada a la facilitación de documentos de identificación especial a los/las desplazados/as internos, refugiados/as, retornados/as y ex combatientes de la URNG. Asimismo, para que esta Ley tenga efectos positivos se ha contemplado la realización de campañas masivas de inscripción en aquellos lugares donde esté concentrada la población reasentada y desarraigada.

92.Una situación que también ha afectado el derecho al nombre de niños y niñas es la discriminación por ser hijos/hijas "no reconocidos por el padre". En ese sentido es de destacar la aprobación, en 1995, de una norma contenida en el artículo 4 del Código Civil, que otorga a las madres solteras el derecho de inscribir a sus hijos e hijas con sus dos apellidos a fin de evitar esa discriminación.

93.Una acción concreta que desde el nivel ejecutivo está desarrollando el Instituto Nacional de Estadística con apoyo del UNICEF, es un programa para mejorar la calidad de la información relacionada con los hechos vitales: nacimientos, matrimonios y defunciones. Actualmente se está realizando la primera etapa de capacitación dirigida a los registradores civiles de los departamentos donde se ha detectado mayor incidencia de subregistro.

B. La preservación de la identidad (artículo 8)

94.Es un hecho, reconocido en el proceso de negociación y plasmado en los Acuerdos de Paz, la segregación y discriminación que han prevalecido en la sociedad guatemalteca y de la que han sido objeto especialmente los pueblos mayas. Situación que se evidencia en las precarias condiciones -materiales y espirituales- de vida de esta población. Es de resaltar, sin embargo, que a pesar del sincretismo cultural a que fueron sometidos históricamente estos pueblos, la tradición oral ha mantenido aspectos esenciales de su cosmovisión, principalmente el idioma, la relación con la tierra y la naturaleza. Igualmente, es necesario visibilizar que niños, niñas, mujeres y ancianos representan en cualquier comunidad humana -pero especialmente en las comunidades indígenas- una garantía para la reproducción de la cultura.

95.Estas realidades se reconocen en la Constitución de la República, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales ratificado en 1996, instrumentos que se constituyen en un marco legal de trascendencia para el cumplimiento del principio de preservación de la identidad que contribuirá al desarrollo integral de la niñez indígena guatemalteca.

96.Asimismo, el Código de la Niñez y la Juventud también identifica el derecho que niños, niñas y jóvenes tienen a preservar y fomentar su identidad cultural garantizando la libertad de conciencia, pensamiento y religión y la participación en la vida familiar sin discriminación, de acuerdo a los patrones culturales propios de la comunidad a la que pertenezcan (art. 13), y también, "el derecho al respeto que consiste en la inviolabilidad de la integridad física, psíquica y moral del niño, niña y joven, abarcando la preservación de la imagen, de la identidad, de la autonomía, de los valores, ideas y creencias, de los espacios y objetos personales" (art. 5).

97.Es importante indicar que en cumplimiento de los compromisos contenidos en los Acuerdos de Paz y específicamente en el Acuerdo sobre Identidad citado, ya se han instalado las comisiones de Oficialización de Idiomas Indígenas, para los Lugares Sagrados y la Comisión Paritaria de Reforma Educativa, integradas por representantes de las organizaciones indígenas y del Gobierno.

C. La libertad de expresión (artículo 13)

98.El proceso educativo originado en la familia y reforzado por el sistema escolar formal e informal y los medios de comunicación, se ha caracterizado por la falta de estímulos a la creatividad y expresión de la niñez y juventud en Guatemala. La formación, desarrollo y expresión de las capacidades de los futuros ciudadanos se han visto limitados debido a la carencia de espacios, el escaso interés institucional y los pocos recursos que el Estado ha asignado para ello.

99.Como una forma de superar esta situación, el nuevo Código de la Niñez y la Juventud contempla el derecho de niños, niñas y jóvenes a "la libre opinión y expresión; la participación en la vida cívica del país, teniendo como únicas restricciones las señaladas por la ley; el acceso a la información principalmente la que fomente su desarrollo espiritual y moral, así como su salud física y mental" (art. 13).

100.Desde la sociedad civil, algunas organizaciones no gubernamentales entre otras, la Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario (ADEJUC) Pro Niño y Niña Centroamericanos (PRONICE), la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED) y la Coordinadora Institucional Pro Derechos de la Niñez (CIPRODENI) han generado acciones para fomentar y estimular la expresión y el protagonismo de niños, niñas y jóvenes, visualizándolos como sujetos sociales de derechos. Este nuevo concepto implica una redefinición de roles de los distintos componentes del tejido social, especialmente: niñez y juventud, autoridades, familia, sectores no organizados, movimientos sociales e instituciones. Por otro lado, en cuanto a las expresiones artísticoculturales de la niñez y la juventud, algunas instituciones como la Universidad Popular, la Universidad de San Carlos, la Radio Nacional TGW, varias radios comunitarias y algunas empresas de la iniciativa privada, generan y apoyan acciones puntuales.

D. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 14)

101.Uno de los aspectos más vulnerados por la cultura autoritaria y rígida en que se sustenta la historia sociopolítica de la sociedad guatemalteca es el de la libertad de pensamiento. El ejercicio de este derecho fue severamente limitado en el pasado, afectando directamente a miles de niños, niñas y jóvenes por la persecución violenta de que fueron objeto sus padres, madres y otros familiares. Asimismo, la expresión religiosa, particularmente de los pueblos indígenas, era restringida lo que dificultaba su transmisión generacional, coartando este aspecto del desarrollo cultural de niños, niñas y jóvenes.

102.En ese sentido, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en la literal c) "Espiritualidad", reconoce la importancia de la espiritualidad y de la transmisión de los valores de los pueblos indígenas. Es de destacar que la Comisión para la Definición de los Lugares Sagrados ya fue instalada y su función principal es definir estos lugares así como el régimen de su preservación. El Gobierno además se compromete a hacer respetar el ejercicio de esta espiritualidad en todas sus manifestaciones y a promover ante el Congreso de la República, una reforma al Artículo 66 de la Constitución a fin de estipular que el Estado reconoce, respeta y protege las distintas formas de espiritualidad practicadas por los pueblos maya, garífuna y xinca.

103.Por otro lado, el Código de la Niñez y la Juventud garantiza en el artículo 13, literal c), la libertad de conciencia, pensamiento y religión.

E. La libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (artículo 15)

104.En relación a este derecho, es necesario recordar que el tejido social en Guatemala ha sido dañado ya que durante mucho tiempo se negó, a todo nivel, espacio para la expresión social, incluso de los niños, niñas y jóvenes quienes han tenido pocas oportunidades de establecer organizaciones grupales que les permitieran desarrollar las capacidades y habilidades de liderazgo para promover su participación ciudadana con responsabilidad.

105.Es significativo señalar que afortunadamente la sociedad guatemalteca, incluida la niñez, vive una nueva coyuntura devenida de los Acuerdos de Paz que se caracteriza por la apertura y el impulso -si bien incipientes- a la participación social en el marco de una cultura de paz.

106.Para reforzar esta nueva situación, el Código de la Niñez y la Juventud garantiza el derecho a la libertad para niños, niñas y jóvenes planteando "que la libertad comprende entre otros aspectos la libre locomoción, con excepción de las restricciones legales y la participación en la vida cívica del país teniendo como únicas restricciones las señaladas por la ley" (art. 13).

107.Es satisfactorio anotar que tanto desde la instituciones gubernamentales como de las organizaciones no gubernamentales se están promoviendo acciones dirigidas a la formación civicopolítica de los/las jóvenes con el propósito de fortalecer el proceso democratizador y de paz en Guatemala. En esa perspectiva, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, desarrolla el programa de Unidades de atención abierta en Coatepeque, Zacapa y Cuilapa, con el objetivo de apoyar la organización y la formación de aspectos que inciden positivamente en la vida social, familiar y educativa, de más de 2.000 jóvenes.

108.Asimismo, el Consejo Nacional de la Juventud avalado por el organismo ejecutivo, en la actualidad desarrolla una movilización social que involucra a más de 5.000 jóvenes de ambos sexos a nivel nacional, realizando talleres, actividades culturales y deportivas para promover la participación social en un ambiente de solidaridad, paz y democracia. También el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cuenta con un programa de adolescentes, que promueve acciones de salud, recreación y participación social dirigidas a los jóvenes.

109.Desde la sociedad civil se destaca el programa educativo que la sección Guatemala de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales está desarrollando desde julio de 1997, para jóvenes comprendidos entre las edades de 16 a 23 años y cuyos ejes temáticos son: Democratización y participación ciudadana; Derechos humanos y acuerdos de paz; Desarrollo económico y social y relaciones interétnicas y Relaciones de género.

110.La organización no gubernamental Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario realiza proyectos de atención a la niñez enmarcados en el concepto del protagonismo infantil en correspondencia con la Convención de los Derechos del Niño y el nuevo Código, ha impulsado la Alianza Interprogramas en ocho departamentos de la República.

111.A su vez la Coordinadora Institucional Pro Derechos de la Niñez (CIPRODENI), que aglutina 13 organizaciones que trabajan en pro de la niñez, tiene como uno de sus ejes de acción el desarrollo de la expresión infantil y ejecuta actualmente el proyecto "Técnicas alternativas para la promoción de los derechos del niño".

112.La Coordinadora Nacional de Acción por los Niños (CONANI) desarrolla el proyecto denominado "Promotores juveniles comunitarios", dirigido a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El eje central de este proyecto es el derecho a la educación, complementándose con los ejes de comunicación social, educación para la vida y proyectos productivo-educativos.

113.Algunos logros alcanzados son: la formación de 90 promotores juveniles activos, se cubren 224 áreas de extrema pobreza, se da seguimiento y reforzamiento escolar a 1.340 niños y niñas y se atienden cinco grupos de padres de familia. Es de resaltar que la CONANI coordina sus acciones con la Unidad del Menor Trabajador del Ministerio de Trabajo, especialmente en el área de capacitación.

114.La misión técnica alemana (GTZ) apoya, entre otras iniciativas, el programa Asambleas juveniles que se realiza en las instalaciones del Instituto Nacional de la Juventud (INAJU) que cubre el área metropolitana. Esta programa pretende, a través del autogobierno, desarrollar el liderazgo positivo de niños, niñas y jóvenes.

115.Es importante destacar que la nueva coyuntura social y política está generando espacios y necesidades de organización en todos los grupos sociales, incluyendo los y las jóvenes; una muestra de ello es el trabajo que viene realizando la Fundación Oliverio Castañeda De León cuyo objetivo primordial es recuperar la organización de estudiantes del nivel medio.

F. El acceso a la información pertinente (artículo 17)

116.Al alto índice de analfabetismo prevaleciente en el país, se suma el escaso interés de los medios masivos de comunicación por poner al alcance de niños, niñas y jóvenes, programas y mensajes que contribuyan a su formación integral.

117.Se ha privilegiado la difusión de contenidos comunicacionales que en alguna medida refuerzan una cultura de violencia e intolerancia. Afortunadamente, la actual circunstancia sociopolítica que vive Guatemala, está abriendo espacios para la promoción de mensajes alternativos basados en los conceptos de paz, equidad, justicia y democracia.

118.Tanto el Código de la Niñez y la Juventud como el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, reconocen la importancia que tienen los medios de comunicación en la defensa, desarrollo y transmisión de los valores y conocimientos culturales, tomando en cuenta la diversidad sociocultural del país. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el Gobierno se compromete a tomar medidas para "abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para la divulgación de las expresiones culturales indígenas y propiciar similar apertura en los medios privados" y "reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, científicos, artísticos y educativos de las culturas indígenas en sus idiomas por medio de la radio, la televisión y los medios escritos nacionales".

119.En el artículo 75 del Código de la Niñez y la Juventud, se insta a los medios de comunicación social a "facilitarles (a niños, niñas y jóvenes) el acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales", "promover su participación directa en los programas o ediciones", "difundir, transmitir, publicar y editar material y programas en idioma de ascendencia maya, garífuna y xinca".

120.Por otro lado, el Código prevé los efectos nocivos de cierto tipo de información cuando plantea "la protección de niños, niñas y jóvenes contra toda información y material perjudicial para su formación, así como la calificación, clasificación y supervisión de toda la información, espectáculo, programa o material que sea puesto en su conocimiento. Así también contempla la clasificación de toda forma de comunicación que sea perjudicial para el bienestar de la niñez y la juventud y la necesidad de velar por que los medios de comunicación establezcan franjas infantiles, juveniles, familiares y exclusivas para adultos" (arts. 75 y 76). En correspondencia con los anteriores principios, el Ministerio de Cultura y Deportes está adecuando la Oficina de Espectáculos Públicos y elaborando un proyecto específico para tal fin.

121.Diversas instituciones públicas y privadas como la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Trabajo, COPREDEH, CIPRODENI, ADEJUC, realizan permanentemente la difusión de materiales que promueven los derechos de la niñez y juventud, tales como calendarios, trifoliares, afiches, cuadernos pedagógicos y cuñas radiofónicas. Una iniciativa interesante en esta materia es el Servicio de Información que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha establecido desde septiembre de 1997 para niños y niñas de 8 a 12 años con el objetivo de estimular en la niñez el uso apropiado de datos principalmente numéricos relacionados con la realidad del país.

G. El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes (artículo 37 a))

122.Entre otras cosas, es necesario resaltar dos situaciones que han afectado severamente a la niñez guatemalteca: una se refiere a las violaciones a sus derechos fundamentales en el contexto del conflicto armado; la otra se deriva de las condiciones de pobreza que han incidido en los procesos de abandono, callejización, drogadicción, delincuencia y otros exponiéndose a la población infantil a abusos y violencia callejera.

123.Esta violencia es ejercida con impunidad por adultos agresores, pandilleros y bandas organizadas del crimen, y desafortunadamente aún por algunos miembros de las fuerzas del orden público, que en definitiva no responden a una práctica institucionalizada. Un número mucho menor de niños sometidos a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, son aquellos víctimas del secuestro. El secuestro con fines económicos se dirigió inicialmente a un sector adulto de la población guatemalteca, sin embargo posteriormente se han visto afectados niños y niñas.

124.Si bien no existe todavía una política específica dirigida a minimizar los efectos de esta violencia contra la niñez, las instituciones gubernamentales encargadas de la seguridad pública han abierto espacios como la Sección de Menores del Departamento de Investigaciones Criminológicas, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, que contempla un área de atención a los derechos de la niñez y además desarrolla un programa de capacitación de en esta materia dirigido a la nueva Policía Nacional Civil.

125.Es de destacar además la acción conjunta que la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional. la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), el Ministerio Público y la Asociación Casa Alianza (organización no gubernamental) realizan desde la Comisión Permanente para la Niñez y Juventud (COPANJ) que desde 1995 reglamentó sus funciones, con el objeto de promover acciones jurídicas y sociales tendientes a velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud a quienes han sido amenazados o violados en sus derechos. Actualmente la COPANJ está dando seguimiento a 114 denuncias de violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes, de las cuales 83 han sido presentadas por Casa Alianza, y 31 de oficio. Asimismo, a 114 procesos penales en contra de agentes de la Policía Nacional, agentes de seguridad privada y personas particulares que han cometido violaciones y abusos contra niños y jóvenes de la calle.

126.El nuevo Código de la Niñez y la Juventud respondiendo a esta problemática ha incorporado una perspectiva de denuncia y protección especial, tal como lo expresa el artículo 16: "Es obligación del Estado y la sociedad en su conjunto, velar por la dignidad de los niños, niñas y jóvenes, poniéndoles a salvo de cualquier tratamiento inhumano, violento, aterrorizador, humillante o constrictivo".

VI. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA

A. La dirección y orientación parentales (artículo 5)

127.En Guatemala existe diversidad de estructuras familiares, tanto en las áreas urbanas como rurales. Según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil (ENSMI), la cantidad de hogares con jefatura femenina asciende a 20%; sin embargo es necesario señalar que la realidad evidencia que este porcentaje podría ser mayor. Esta situación se deriva de factores como la pobreza y los patrones culturales que inciden en altas tasas de natalidad, incluso temprana, la paternidad irresponsable y la violencia común y política, lo que repercute en el desarrollo de potencialidades de niños y niñas, ya que generalmente los hogares jefeados por mujeres presentan marcados índices de pobreza.

128.El nuevo Código de la Niñez y la Juventud insta a las familias a asumir su responsabilidad de garantizar el derecho que "todo niño, niña y joven tiene a ser criado y educado en el seno de su familia" (art. 18). Así también norma otras obligaciones de los padres, madres, tutores o personas responsables relacionadas con el afecto y el aprovisionamiento, de acuerdo a sus posibilidades económicas, de recursos materiales a la niñez. De igual manera obliga al Estado "a fomentar, por todos los medios, la estabilidad y el bienestar de la familia como base de la sociedad y asegurarle al niño, niña y joven, la convivencia familiar" (art. 19).

129.Otro aspecto que es necesario visibilizar es el de la orfandad de niños y niñas menores de 15 años, especialmente en las áreas donde el conflicto armado fue más crítico. En ese sentido son reveladores los hallazgos de la ENSMI-95 en cuanto a que la orfandad de padre por área de residencia es mayor en los departamentos de Chimaltenango (4%) y en El Quiché (3,8%), y la orfandad materna es mayor en los departamentos de Alta Verapaz y Chimaltenango con 2,3 y 1,6% respectivamente.

130.Estas situaciones de amenaza o violación a los derechos humanos de un alto porcentaje de niños, niñas y jóvenes, son reconocidas en el Código de la Niñez y la Juventud (art. 77) y para enfrentarlas, plantea entre otros aspectos la obligación del Estado de "coordinar acciones e impulsar programas que fomenten la unidad y estabilidad familiar y velar por que los niños, niñas y jóvenes en orfandad sean entregados inmediatamente a otros familiares, deberá prestarse atención prioritaria a los niños, niñas y jóvenes que quedaron en orfandad como resultado del conflicto armado interno y diseñarse y ejecutar programas de educación sexual, que inculquen la paternidad y maternidad responsables" (art. 78).

131.Como parte de las políticas públicas en el Plan de Acción 1996-2000, Desarrollo Social y Construcción de la Paz, también se ha definido como prioridad "fortalecer a la familia como medio para el rescate de los valores éticos y culturales y su transmisión a la comunidad, promoviendo la estabilidad y autenticidad familiar como un elemento básico para la adecuada formación de las nuevas generaciones". Algunas acciones concretas en esta materia son la escuela para padres y el Proyecto de Atención Integral al Niño y Niña menor de 6 años (PAIN) promovidos por el Ministerio de Educación. Así también el programa Escuela para Padres que la Secretaría de Bienestar Social impulsa en 42 centros de bienestar social a nivel nacional.

132.Desde organizaciones no gubernamentales y sector privado existen iniciativas relacionadas con la formación de Escuelas para Padres, entre ellas, las que impulsa la Sociedad Protectora del Niño en el área metropolitana. En 1994 se creó la Comisión Nacional de la Familia y las Comisiones Departamentales, coordinadas por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) con el propósito de impulsar acciones de difusión y sensibilización para el rescate de valores fundamentales que tiendan a la integración familiar.

B. Las responsabilidades de los padres (artículo 18)

133.No cabe duda que las personas más importantes en la vida de los niños y niñas son sus padres y madres; su desarrollo físico, moral, intelectual, y emocional depende en gran medida de las relaciones que tengan con sus progenitores y su entorno familiar inmediato. El ser niño o niña en Guatemala representa, para una gran mayoría, el continuo riesgo de sucumbir por razones de desintegración familiar, insuficiencia de ingresos, padres adictos e incorporación temprana al trabajo. Desafortunadamente hasta ahora no se han generado ni desde la esfera pública ni de la privada, servicios suficientes de calidad y accesibles para la atención y cuidado a la niñez. Esta situación afecta especialmente a los niños y niñas de hogares pobres que representan aproximadamente el 65% del total de hogares.

134.El Código de la Niñez y la Juventud, plantea que "el Estado por medio de los organismos competentes establecerá programas dedicados a la atención integral del niño y niña hasta los 6 años" (art. 34). Asimismo el Código mandata que las instituciones que atienden a la niñez, reorienten sus acciones por lo que la Secretaría de Bienestar Social, dentro de su proceso de reestructura, ha contemplado la transformación de las guarderías infantiles tradicionales ubicadas a nivel nacional, en centros de servicios integrados que respondan a las diversas necesidades de niños y niñas.

135.De igual manera la SOSEP creó desde 1991 el programa alternativo de cuidado diario dentro de las mismas comunidades atendido por madres cuidadoras del lugar. Este programa atiende a 15.000 niños y niñas menores de 7 años en 1.500 hogares de cuidado diario y 50 de medio tiempo.

136.Como una nueva modalidad de atención se están implementando 10 centros infantiles comunitarios, ubicados en los departamentos de Sololá, Retalhuleu, Chimaltenango y Zacapa (Teculután), en cada uno de éstos se atiende a 30 niños y niñas de 0 a 7 años. Este es un plan piloto ya que se tiene contemplado ampliar para 1998, a 1.000 centros infantiles comunitarios ubicados en 170 municipios de los 22 departamentos del país, distribuidos con base en las prioridades definidas en el programa de gobierno 1996-2000.

137.Otras instituciones que proporcionan cuidado diurno infantil son la municipalidad de Guatemala y la Sociedad Protectora del Niño. Otras organizaciones sociales como una proyección a la comunidad, también brindan soluciones de atención y cuidado a niños y niñas preescolares, en especial algunas órdenes religiosas católicas y evangélicas.

C. La reunión de la familia (artículo 10)

138.Uno de los efectos colaterales más impactantes del conflicto armado fue la desestructuración de la vida familiar que afectó especialmente a niños, niñas y jóvenes indígenas de las áreas rurales. Datos aproximados de varias fuentes indican que el momento más intenso de este conflicto tuvo una cauda de más de 150.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos (Jonas, Monzón, Zepeda, 1996).

139.Frente a la panorámica descrita y en atención a la necesidad que tiene la sociedad guatemalteca de preservar la unión familiar, en el marco de los acuerdos de paz, se suscribió un compromiso en el sentido de "iniciar las medidas necesarias para hacer posible la reunificación de los miembros de URNG con sus familias. El Gobierno de la República se compromete a brindar todas las facilidades para el efecto". Para fortalecer este compromiso, en el Código de la Niñez y la Juventud, se norma que "el Estado deberá apoyar programas que tiendan a la localización de los padres o familiares de algún niño, niña y joven, a fin de obtener información que facilite el reencuentro familiar" (art. 20).

D. La adopción (artículo 21)

140.La problemática de la situación de abandono de miles de niños y niñas se debe a múltiples causas:

a)Causas de orden socioeconómico, reflejadas en la enorme cantidad de hogares pobres tanto el área rural como urbanomarginal;

b)Causas de orden cultural que se evidencia en las altas tasas de fecundidad (5,1 hijos/as por mujer) y un gran número de embarazos no deseados asociados a la falta de educación sexual y la paternidad irresponsable;

c)Causas de orden sociopolítico, ya que a partir del conflicto armado interno surgieron diversas categorías de niños y niñas, por ejemplo huérfanos de padre, madre o ambos; separados forzosamente de su familia; desplazados internos y externos; adoptados temporal o definitivamente por parientes, amigos o miembros de la comunidad.

141.Si bien la adopción es una respuesta positiva al abandono, las leyes que la regulan en Guatemala son ambiguas, lo que ha resultado en prácticas irregulares llegando incluso al tráfico ilegal de niños y niñas para darlos en adopción, especialmente a familias extranjeras, ya que algunos estudios revelan que el 95% de las adopciones realizadas en el país son internacionales.

142.Al respecto es ilustrativa una reciente investigación realizada por la Asociación Casa Alianza en coordinación con la Procuraduría General de la Nación que señala la existencia en el país, de redes de traficantes de niños y niñas vinculadas a terceros países, el involucramiento de los hogares privados en la captación ilegal de niños y niñas para darlos en adopción, así como también irregularidades en algunas de las instancias judiciales que intervienen en los procesos de adopción. Es importante resaltar esta acción conjunta de una organización no gubernamental y una institución gubernamental para aportar datos que conlleven a la eliminación de tales prácticas en tanto se aprueba una nueva ley para la adopción, que actualmente se encuentra en estudio en el Congreso de la República.

143.El Código de la Niñez y la Juventud, en esta materia plantea que "el Estado reconoce la institución de la adopción de los niños, niñas y jóvenes debiendo garantizar que en el ejercicio de ésta se atienda primordialmente a su interés superior" así también que, "solamente las autoridades competentes deberán determinar con apego a las leyes, procedimientos aplicables y sobre la base de toda información pertinente y fidedigna que la adopción es admisible. La ley de la materia regulará lo relativo a la adopción" (arts. 22 y 23).

E. Los abusos y el descuido, incluidas la recuperación física y psicológica

y la reintegración social (artículo 39)

144.En los últimos años se ha evidenciado el interés y la preocupación de los organismos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales por visibilizar la dimensión y los efectos del fenómeno del maltrato infantil, así como también los traumas en la salud física y mental en niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado interno.

145.Al respecto cabe destacar la realización de investigaciones recientes que incluyen una análisis histórico, social y jurídico de los tipos de maltrato e incidencia por regiones, sexo y edades. Estos estudios han tenido un carácter exploratorio y se han llevado a cabo con base en información proporcionada por los hospitales nacionales y las oficinas medicoforenses. Alguna de esta información se visualiza en los siguientes dos gráficos:

Gráfico Nº 2

Casos de maltrato infantil (1992-1995)

Fuente: CONACMI, 1997.

Gráfico Nº 3

Maltrato infantil según grupo de edad y sexo

Fuente: CONACMI, 1997.

Estos gráficos indican que las formas de maltrato más frecuentes son el maltrato físico, el abuso sexual particularmente en las niñas de 13 a menos de 18 años y la negligencia.

146.Asimismo en la Defensoría de los Derechos de la Niñez, se han registrado en lo que va del año 1997, 465 denuncias de maltrato y abuso y en el año 1996 más de 300. Este incremento revela que la población está recurriendo con mayor frecuencia a presentar denuncias a las instancias correspondientes.

147.Un avance significativo en materia legal es la de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, aprobada en noviembre de 1996, que en su artículo 2 contempla "la aplicación de medidas de protección necesarias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar asimismo tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, ancianos y ancianas y personas discapacitadas". El texto de esta ley ha sido traducido al idioma k'iché.

148.En la perspectiva del Código de la Niñez y la Juventud se reconoce que, "los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de maltrato", asimismo que "el Estado deberá adoptar todas las medidas par protegerlos contra toda forma de abuso físico o mental, descuidos o tratos negligentes, abuso y explotación sexuales, así como también, "estimulará la creación de instituciones y programas preventivos o psicosociales necesarios, para dar apoyo y orientación a la familia y la comunidad, deberá proporcionar la asistencia necesaria, tratamiento y rehabilitación a las víctimas, a quienes cuidan de ellas y al victimario" (arts. 55 y 56). En los casos de sospecha o confirmación de maltrato es obligación del personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de atención a los niños y niñas, la denuncia de los casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones (arts. 30 y 57).

149.Es de destacar que las acciones dirigidas a disminuir el maltrato infantil en Guatemala se han afianzado, en los últimos años gracias a la integración y coordinación lograda por las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales con el apoyo de la cooperación internacional. Estos esfuerzos se han concretado en la Comisión Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI) que desde 1996, cuenta con la cobertura institucional del Procurador de los Derechos Humanos.

150.Desde las instancias gubernamentales, se realizan acciones en diferentes ámbitos: la prevención del maltrato, el fortalecimiento al proceso de las denuncias de maltrato, la atención médica y psicológica a niños y niñas víctimas de diferentes tipos de maltrato. Las instituciones directamente involucradas en la ejecución de programas relacionados con la atención al maltrato son el ministerio público a través de la Oficina de Atención a la Denuncia, la Procuraduría General de la Nación y su Unidad de Atención a Menores, el Ministerio de Educación, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Ministerio de Salud que ha conformado los comités contra el maltrato infantil que funcionan en algunos hospitales de la red nacional. Estas dependencias trabajan estrechamente vinculadas a la Defensoría de la Niñez y otras organizaciones no gubernamentales.

151.Muchas de estas acciones son apoyadas y acompañadas por diferentes organismos de cooperación internacional, por ejemplo Redd Barna de Noruega coordinó recientemente con la CONACMI una capacitación para la prevención del maltrato, dirigida a 935 maestros y maestras que trabajan en las zonas 3, 7, 12, 16, 17, 18 y 21 de la capital, identificadas con mayor riesgo de maltrato.

152.Asimismo, con el fin de descentralizar la proyección interinstitucional en esta materia, se ha iniciado el proyecto "Red de prevención y atención al maltrato infantil", con el propósito de abordar integralmente el maltrato infantil. En una primera fase de experimentación se han incorporado los departamentos de Zacapa, Jalapa, Progreso y Sacatepéquez.

153.Con el fin de concienciar a la población en general acerca de los devastadores efectos del maltrato en la niñez, la CONACMI realizó en 1996 con el apoyo de medio masivos de comunicación la "Campaña Nacional contra el Maltrato Infantil" enmarcada en la campaña centroamericana del mismo nombre, cuyo lema fue "ni golpes que duelan, ni palabras que hieren… eduquemos con ternura". Este año, se está preparando una segunda campaña contra el maltrato infantil para lo cual se ha iniciado el proceso de coordinación interinstitucional a nivel gubernamental y no gubernamental.

VII. SALUD BÁSICA Y BIENESTAR

A. Los niños impedidos (artículo 23)

154.El documento "Políticas de desarrollo para la atención de la discapacidad", elaborado en 1995 por diversas organizaciones no gubernamentales en coordinación con la Secretaría General de Planificación Económica, evidencia que a pesar de los esfuerzos realizados no ha sido posible precisar la magnitud de la población con discapacidad y las repercusiones socioeconómicas que esta condición conlleva. A lo anterior se suma una percepción social de la discapacidad que se traduce en actitudes discriminatorias, mitos y estereotipos que determinan un desconocimiento y marginación de la niñez discapacitada, las mismas organizaciones no gubernamentales no están exentas de estas actitudes y prejuicios (Búrbano, 1996).

155.No obstante el Censo Nacional de Población 1994, permite estimar que la población infantil con discapacidad física, sensorial y mental asciende aproximadamente a 20.000 niños, niñas y jóvenes, de los cuales más del 50% viven en el área rural. Por otro lado, una investigación reciente señala que aunque no se cuenta con información específica respecto a la población infantil con secuelas de guerra, datos del área Ixil e Ixcán indican que existen 641 casos de niños y niñas con discapacidad (Zepeda/Meneses, 1996).

156.El nuevo Código de la Niñez y la Juventud reconoce que "los niños, niñas y jóvenes discapacitados, física, sensorial y mentalmente, tienen derecho a gozar de una vida plena y digna", así también a "recibir cuidados especiales gratuitos, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden de ellos. Este derecho incluye el acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, así como la preparación para el trabajo, para lo cual promoverá, si no contara con estos servicios, su creación" (arts. 48 a 50).

157.Un avance significativo en esta materia es la promulgación del Decreto Nº 135-96, "Ley de atención a las personas con discapacidad". Este instrumento jurídico se constituye en una herramienta eficaz al servicio de las personas (incluidos niños, niñas y jóvenes) con discapacidad, sus padres y demás familia, para que puedan ejercer sin discriminaciones sus derechos humanos y sus obligaciones ciudadanas. Para hacer efectiva esta ley se contempla la creación del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, integrado por delegados/as del sector público y de la sociedad civil, incluyendo las universidades del país. En la actualidad ya se ha conformado este Consejo con los representantes gubernamentales y no gubernamentales que deberán cumplir las funciones señaladas en la ley.

158.Por su parte el Ministerio de Educación ha fortalecido la educación especial con la creación del Departamento de Educación Especial, por medio del Acuerdo gubernativo Nº 156‑95, al que se ha dotado desde 1997 de un presupuesto específico aunque éste no alcanza a responder a las necesidades de la población infantil escolar discapacitada.

159.Desde las organizaciones no gubernamentales que atienden a la población discapacitada se realizaron en los meses de junio y julio dos actividades puntuales: la VIII Jornada Guatemalteca de Educación Especial, convocada por el Instituto Neurológico, cuyo tema central fue "Niñez con discapacidad en el proceso de paz", en el que participaron diversas instituciones. Por otro lado, la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED) realizó un seminario de capacitación a facilitadores comunitarios de 12 departamentos de las regiones nororiente y occidente del país. La opinión de los/las participantes en esta actividad es que aún existe discriminación hacia los niños, niñas y jóvenes discapacitados, ya que incluso los padres y madres desconocen los derechos que éstos tienen. Algunas de sus sugerencias para enfrentar esta problemática son: descentralizar y ampliar los servicios de atención directa; la autorización de una carrera a nivel medio para maestros/as especializados en la enseñanza a niños y niñas con discapacidad; la realización de campañas dirigidas a la población en general en todos los idiomas, con el objeto de concientizarla acerca de la situación y los derechos de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

B. La salud y los servicios sanitarios (artículo 24)

160.Los niveles de salud de la población guatemalteca, especialmente de niños y niñas de áreas rurales y urbanas marginales, son deficitarios y están asociados a los altos índices de pobreza y pobreza extrema que prevalecen en el país. Algunos factores como insuficiente ingesta alimentaria, escasa cobertura de servicios básicos de saneamiento, limitación en el acceso a servicios preventivos y curativos, asociados a bajos niveles de escolaridad inciden directamente en la precariedad de la salud de la niñez.

161.Los indicadores de la ENSMI-95 muestran que la mortalidad infantil en Guatemala es de 51 por 1.000 nacidos vivos, la que presenta enormes contrastes entre regiones geográficas (la más alta en la región Central 73‰, la más baja en la región Metropolitana 43‰), y entre grupos étnicos (64‰ indígenas, 53‰ ladinos).

162.Asimismo, los datos del estado nutricional de niños y niñas menores de 5 años revelan que el 50% padece de desnutrición crónica y el 24% severa. Al comparar por áreas se tiene que casi seis de cada diez niños y niñas padece de desnutrición en la rural, mientras que la proporción para la urbana es de uno cada cuatro. En relación al peso, se observa que el 27% de niñas y niños menores de 5 años tienen un peso deficiente de acuerdo a su edad.

163.Las principales causas de morbilidad y mortalidad en la infancia y la niñez son enfermedades prevenibles como las respiratorias, diarreicas e infectocontagiosas que según datos de la encuesta mencionada afectan diferencialmente a la niñez según el sexo, la edad, el grupo étnico y la región donde habiten. Así, enferman y mueren más niños y niñas menores de 5 años que habitan en regiones predominantemente indígenas, como la región Central, la Norte y la Noroccidental.

164.Otros hallazgos de la ENSMI-95 relacionados con la salud materna son importantes de destacar por la incidencia directa que ésta tiene en la viabilidad del feto y la salud de niños y niñas en sus primeras etapas de vida. Entre éstos, altas tasas de fecundidad (5,1 hijos/as por mujer) que están estrechamente ligadas con altas tasas de mortalidad materna (200 por cada 100.000 nacidos vivos) y además con otros factores como alta paridez, intervalo integenésico corto, condiciones económicas y socioculturales deprimentes y acceso limitado a recursos sanitarios.

165.Una situación prevaleciente y que tiene una profunda repercusión en la vida de las niñas y jóvenes es la gestación precoz. Al respecto, la ENSMI-95 encontró que el 21% de las mujeres de 15 a 19 años ya es madre o está embarazada de su primer hija o hijo. La alta fecundidad en adolescentes se hace más evidente en la región Norte del país, en donde la frecuencia de madres adolescentes es casi el doble que en la región Metropolitana.

166.El panorama descrito se basa en los datos de la ENSMI-95, esfuerzo interinstitucional que permitió documentar las mejoras en el campo de la salud, pero a su vez detecta y confirma los grandes desniveles entre grupos poblacionales.

167.A nivel legal, además de las obligaciones que el Estado asume en materia de salud y que están preceptuadas en el Artículo 94 de la Constitución de la República, el nuevo Código de la Niñez y la Juventud plantea que "Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a protección, a una vida digna y a la salud, mediante la realización de políticas sociales públicas que permitan el nacimiento y el desarrollo sano y armonioso, en condiciones dignas de existencia". Asimismo, se garantiza el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para promoción, protección y recuperación de la salud. Y luego plantea que "es obligatoria la vacunación de los niños en los casos recomendados por las autoridades sanitarias" (arts. 25, 29 y 32).

168.En materia de salud cabe resaltar que un compromiso del Gobierno, en consonancia con el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en relación con la niñez, es destinar "por lo menos 50% del gasto público en salud a la atención preventiva y a reducir la mortalidad infantil en un 50% del índice observado en 1995 antes del año 2000". En tal sentido, los esfuerzos gubernamentales se dirigen a favorecer el acceso de la población a los servicios de salud, ampliando la cobertura y mejorando su calidad, enfocándola hacia la atención preventiva, la asistencia primaria y los programas educativos. Las asignaciones a este sector, congruentes con la política establecida, se dirigen hacia el efectivo ejercicio de la población al derecho fundamental a la salud, sin discriminación alguna. Estos recursos han venido incrementándose en los últimos años y están orientados a cubrir los programas de salud preventiva (maternoinfantil, saneamiento ambiental y epidemiología); atención médica primaria (centros y puestos de salud); salud curativa (atención médica general y especializada); y seguridad alimentaria (nutrición escolar).

Gráfico 4

Gobierno Central

Gasto total en salud y asistencia social

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

169.En función de los cambios cualitativos que se están introduciendo en la atención a la salud de la población, el Ministerio de Salud ha implementado el Sistema Integral de Atención en Salud (SIAS), que se basa en la prestación de servicios de salud utilizando infraestructura ya existente, se trate del sector público, de la iniciativa privada o de organizaciones no gubernamentales. Esta estrategia permitirá iniciar el proceso de integración de más de 600 organizaciones no gubernamentales registradas en el país, de las cuales desafortunadamente hasta ahora solamente 30 tienen relación formal con el Ministerio de Salud Pública mediante convenios de cooperación.

170.Otros programas que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social está desarrollando son: el Plan Nacional para la Reducción de la Mortalidad Materna y Perinatal, el Programa Nacional Maternoinfantil, que como una novedad incluye el proyecto de Casas de Espera, que ya se está ejecutando en los seis departamentos de mayor incidencia de mortalidad materna.

171.Asimismo, un avance del Programa Nacional Maternoinfantil es que ahora contempla la atención a la salud de los y las adolescentes. Al respecto, ya se está impulsando en coordinación con organizaciones no gubernamentales y adolescentes de diferentes regiones del país el proyecto "Normas de promoción y atención en salud integral para el y la adolescente".

172.En la misma línea el Ministerio de Salud ha llevado a cabo en los dos últimos años las siguientes acciones concretas:

a)Acción de sensibilización dirigida a personal médico, paramédico y de organizaciones no gubernamentales del área ixil en el noroccidente del país;

b)Acción de investigación para conocer la situación de los y las adolescentes tomando en cuenta factores como la influencia familiar, las adicciones, la sexualidad y la salud reproductiva entre otros;

c)Acción de movilización social, como por ejemplo el Encuentro de Madres y Padres Adolescentes y el Encuentro Nacional de Adolescentes por la Paz con Visión al Futuro con la participación de 28 líderes de 14 departamentos, quienes representaron a diferentes grupos socioculturales.

173.Es necesario visibilizar algunas acciones incipientes para la atención a la población de madres adolescentes, a nivel gubernamental, Hospital San Juan de Dios y en organizaciones no gubernamentales como la Asociación Niña Madre y Casa Alianza que trabajan en el área metropolitana y Manos Amigas en Chimaltenango.

174.En relación a los niños y niñas menores de 5 años, se continúan fortaleciendo acciones en dos aspectos básicos:

a)La nutrición infantil, a través de la Comisión Nacional de la Lactancia Materna (CONAPLAM), que desde hace 15 años fomenta, promueve y protege la práctica de la lactancia en Guatemala. Esta Comisión está desarrollando el proyecto "Autocuidado de la salud maternoinfantil", dirigido a 45 comunidades y 47 escuelas primarias en la región Norte, coordinando este esfuerzo con el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ).

b)La prevención de enfermedades de la niñez, mediante la vacunación contra las principales enfermedades inmunoprevenibles. Al respecto, el Ministerio de Salud alcanzó en el período 1996 a mayo de 1997 la siguiente cobertura:

Vacunación de niños y niñas menores de 5 años1996‑1997

1996	%	1997 (mayo)	%
OPV3	73	OPV	26,73
DPT3	72	DPT	26,72
Antisarampión	69	Antisarampión	26,04
BCG	76	BCG	34,86

Fuente: MSPAS, 1997

175.Le Encuesta Nacional de Salud Maternoinfantil (ENSMI‑95) apunta que si bien los niveles de vacunación contra enfermedades de la niñez son altos, los niveles de vacunación con esquema completo son todavía bajos en algunas poblaciones y, por diversas causas, no se da el seguimiento de las diferentes dosis que se requieren.

176.El Ministerio de Salud Pública, por otro lado, ha realizado el proyecto "Escuelas saludables" dirigido a niños y niñas en edad escolar, cuya meta es que todas las escuelas cumplan con los requisitos mínimos de educación en salud, para lo que ha capacitado a 1.000 promotores escolares.

177.Una acción importante de destacar es la reciente apertura del Diplomado en Salud de la Niñez con el objetivo de "contribuir a elevar el nivel de salud y la calidad de vida de la niñez guatemalteca". Este programa académico ha sido organizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá.

178.Desde el sector no gubernamental la Comisión Interinstitucional para la Atención de la Población en Áreas Precarias de Guatemala (COINAP), desarrolla el Programa Integrado de Salud (PIS) que orienta sus servicios a la atención primaria en salud: prevención, inmunización, desparasitación, aplicación de vitamina A. El PIS da cobertura a 85 comunidades y atiende aproximadamente a 83.000 niños y niñas.

179.A efecto de fortalecer las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se han suscrito los siguientes convenios con diferentes organismos internacionales:

Convenios de cooperación de apoyo al Gobierno de Guatemala

Convenio	Proyecto	Período
ALA 91-95 U.E.C.A	Salud maternoinfantil	1994‑1997
AID‑GUA. 520‑0257	Salud maternoinfantil	1992‑1997
FNUAP/GUA. 96/PO 1	Mortalidad materna	1997
MOTHER CARE II, Fase II	Intervención maternoperinatal	1997‑1998

Fuente: MSPAS, 1997

Enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA

180.La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el país hay entre 50.000 y 100.000 portadores del virus VIH‑SIDA; no obstante, según cifras oficiales del Ministerio de la Salud, en 14 años se han registrado 1.800 casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), aunque las mismas autoridades también consideran que existe un subregistro de aproximadamente 80%, lo cual significa que habría unas 1.400 personas más que padecen esta enfermedad.

181.De la población afectada por el SIDA, se estima que el 7% de casos corresponde a jóvenes menores de edad. El 61% de estos casos se han producido por vía perinatal (madre‑hijo/a), el 7% por vía sanguínea y el 32% por vía sexual, particularmente cuando niños y niñas son víctimas de abuso, coacción y explotación sexual.

182.Por otro lado, datos de la organización no gubernamental Asociación Guatemalteca en Prevención y Control del SIDA (AGPCS) indican que una tercera parte de los hijos e hijas (4.000 a 5.000 niños/as) de las 40.000 personas adultas que ellos calculan, están infectadas en la actualidad, fallecerán en los próximos años a consecuencia del SIDA y, según las proyecciones, las dos terceras partes restantes no infectadas (9.000 a 15.000 niños y niñas) quedarán huérfanos/as.

183.La expansión del SIDA está asociada, entre otros, a diversos factores como: bajos niveles educativos, patrones culturales patriarcales, limitado acceso a servicios sanitarios y a la información y educación sexual; esto último es evidenciado por la ENSMI‑95 cuando infiere que las personas menos informadas acerca del SIDA son las mujeres jóvenes (15 a 19 años), indígenas del área rural y de menor educación.

184.Como en otros países, en Guatemala han sido principalmente las organizaciones no gubernamentales las que han realizado acciones de sensibilización, investigación y atención directa a este problema de salud. Los gobiernos por diversas causas habían orientado esfuerzos poco significativos para atender esta situación. En tal sentido, es importante destacar que se están iniciando acciones por parte del Estado a través de los organismos legislativo y ejecutivo y la sociedad civil para coordinar esfuerzos que tiendan a enfrentar esta pandemia.

185.En el organismo legislativo se están analizando dos iniciativas interesantes, una específicamente sobre el SIDA y otra acerca del fomento, promoción y protección a la lactancia materna, que incluye la creación de bancos de leche humana para atender a recién nacidos/as en situación de riesgo y especialmente a hijos e hijas de madres portadoras del VIH/SIDA.

186.A nivel del ejecutivo, el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional del SIDA, está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica a efecto de contar con registros más confiables. Por otro lado, una acción concreta de este programa fue la realización, en agosto de 1997, de la primera campaña informativa contra el SIDA, con la contribución de las organizaciones no gubernamentales y los medios masivos de comunicación. Esta campaña nacional, que incluyó mensajes en idiomas mayas, se orientó a crear conciencia social sobre la magnitud de esta enfermedad en el país y plantear las medidas para prevenir su contagio.

187.Otros esfuerzos realizados entre 1996 y 1997 desde organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales en el tema del VIH/SIDA están enfocados a:

a)Prevención: el proyecto Prevención ETS, VIH/SIDA para Jóvenes y Mujeres en Barrios Marginales de la Ciudad desarrollado conjuntamente por la AGPCS, Médicos Sin Fronteras, las Asociaciones de Vecinos y los Centros de Salud;

b)Capacitación: talleres organizados por la organización Comunidades Responsables frente al SIDA‑CRESIDA, para adolescentes de ambos sexos con el objeto de prepararlos como facilitadores y multiplicadores en el tema de la prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Estos facilitadores/as han atendido más de 10.000 consultas y distribuido más de 20.000 sets de tarjetas informativas a la población en general del área metropolitana;

c)Atención: apertura de la clínica familiar "Luis Ángel García" a cargo de la Asociación Guatemalteca para la Prevención y Control del SIDA‑AGPCS, la cual brinda atención y apoyo integral a personas (incluidos jóvenes) que viven con VIH/SIDA;

d)Movilización social: la Coordinadora de Sectores de Lucha contra el SIDA ha iniciado un proceso de movilización social ya que este año, la campaña de celebración del Día Mundial contra el SIDA está dedicada a los niños y niñas, con el lema "Los niños en un mundo con SIDA".

C. La seguridad social y los servicios e instalaciones de guarda de niños (artículo 26 y párrafo 3 del artículo 18)

188.El sistema de seguridad social que opera en Guatemala en la actualidad, principalmente a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es de limitado alcance ya que cubre solamente a la población económicamente activa bajo contrato formal (30%) y presta todos sus servicios sólo en algunas regiones del país, con una fuerte concentración en el área metropolitana dejando fuera a una gran cantidad de la población rural.

189.Contrastando la situación de la seguridad social con la niñez, se hace necesario señalar que existen bajos índices de cobertura infantil, lo que se refleja en la exclusión de los hijos e hijas mayores de 5 años de los/las afiliados/as a los servicios de atención médica por accidentes y enfermedad (Mesa‑Lago, 1997).

190.Por otro lado, aunque los niños, niñas y jóvenes trabajadores pueden gozar de los servicios que ofrece el IGSS, deben estar inscritos en el mismo, requisito que muy pocos de ellos pueden cumplir ya que la gran mayoría trabaja de manera informal sin ninguna cobertura legal.

191.En cuanto a los servicios de guarda de niños, debe indicarse que el Código de Trabajo legisla que las empresas con 30 o más trabajadoras están obligadas a prestar el servicio de guardería para niños y niñas menores de 3 años. No obstante, la observancia de esta norma es mínima, ya que pocas empresas privadas e incluso instituciones gubernamentales autónomas y semiautónomas cumplen este precepto. Es de reconocer que tanto desde el sector gubernamental como no gubernamental se han venido proporcionando estos servicios, aunque la asistencia que prestan es tradicional y la cobertura insuficiente en relación a la demanda y a las necesidades de la población trabajadora (madres y padres).

192.Entre otras instituciones que prestan estos servicios, puede mencionarse a la Secretaría de Bienestar Social, la municipalidad capitalina, la empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (GUATEL), el Ministerio de Finanzas, la Policía Nacional, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Programa de Hogares Comunitarios. Así como algunas del sector no gubernamental como la Sociedad Protectora del Niño y las guarderías de algunas denominaciones religiosas.

D. El nivel de vida (párrafos 1 a 3 del artículo 27)

193.Según las estimaciones oficiales del Banco de Guatemala, el país presenta el mayor Producto Interno Bruto (PIB) de Centroamérica, el cual ascendía a 15.630,1 millones de dólares de los EE.UU. en 1996, con un ingreso per cápita anual de 1.200 de acuerdo al estudio "Guatemala, el gasto social público y su eficiencia" realizado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN) en el marco del Proyecto Ruta Social (1996).

194.El gasto social público en educación y salud representa alrededor del 2,7% del PIB, muy bajo si se compara con la mayoría de los países de América Latina. Aunque a través de los Fondos de Intermediación Social se han realizado esfuerzos por agilizar la ejecución de proyectos en los sectores de educación y salud, aún se requiere mejorar la focalización de las inversiones y la integración de los proyectos.

195.La población económicamente activa es de 3,2 millones de personas que representan el 26% de la población total. La participación de la niñez y la juventud (26%) y de la mujer (24%) en la fuerza de trabajo es cada vez mayor, como consecuencia del proceso de urbanización y del empobrecimiento general.

196.El problema del subempleo se agudizó en la década anterior, cuando pasó de 31,2% en 1980 a 41% en 1990, sin contar que el sector informal reportó un aumento (29% en 1985 a 34% en 1990). La fuerza laboral tiene apenas 3,2 años de escolaridad en promedio y entre los más pobres es inferior a los 2 años.

197.La pobreza está generalizada tanto en el área rural (76,5%) como en la urbana (51%). En la década de los ochenta, el número de pobres aumentó en 2,8 millones de personas, problema que se agudiza entre los indígenas quienes constituyen el 65% del decil más pobre de la población, siendo las regiones con mayores porcentajes de población indígena las que presentan los promedios más bajos de escolaridad y de acceso a servicios sociales.

198.Las condiciones descritas dificultan el disfrute de un nivel y calidad de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social para niños, niñas y jóvenes, porque las necesidades básicas de las familias están insatisfechas. Al respecto son reveladores los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Indicadores Sociales en el sentido de que el 88,9% de la población de 0 a 14 años vive en hogares en situación de pobreza y el 70,6% de este grupo vive en la indigencia.

VIII. EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES

A. La educación, incluida la formación y orientación profesional (artículo 28)

199.El sistema educativo guatemalteco se caracteriza por la centralización administrativa, concentración de servicios y recursos en ciertas áreas y grupos, rigidez en el calendario escolar, escasa cobertura y altos índices de repitencia y deserción, condiciones que aunadas a los altos índices de pobreza han limitado a la niñez las oportunidades de acceso y permanencia en la escuela. Esta situación se visualiza en el Censo Nacional de Población de 1994, cuyos datos reportan que de la población de 15 años o más el 35,7% era analfabeta y de ésta el 81,7% se ubicaba en el área rural. Estos déficits se acentúan en poblaciones indígenas y entre el sexo femenino; un ejemplo lo constituye la población del área Ixil y el norte de los departamentos de Alta Verapaz y el Quiché (mayoritariamente indígenas) con un 76% de analfabetismo.

200.Los indicadores más recientes de cobertura escolar muestran que de 1980 a 1995 la tasa bruta de escolarización en preprimaria sólo pasó de 22,7 a 32%, en el nivel de educación primario de 54,8 a 64,7%, en el nivel medio de 22,9 a 31,9% y en el nivel diversificado de 10,1 a 13,7%. Con relación a la tasa bruta de escolarización para la niña en el nivel primario las cifras de 1995 revelan que en área urbana, 78 de cada 100 niñas asistieron a la escuela, en tanto que en el área rural su condición fue más dramática, ya que de cada 100 niñas sólo 59 se inscribieron en la escuela primaria.

201.Por otro lado, en términos de eficiencia interna del sistema educativo, se observan altos índices de repitencia escolar, especialmente en los tres primeros grados del nivel primario que alcanzan el 26,7, 15,4 y 12,1%, respectivamente. Asimismo, los índices de deserción en los diferentes niveles educativos son elevados: 9,4% en el nivel preprimario, 7,7% en el primario y 7,6% en el ciclo básico. Otros indicadores altos son los de ausentismo, abstención y sobreedad, representando obstáculos adicionales a las metas de ampliación de la cobertura educativa.

202.Con respecto a la educación bilingüe, a pesar de que el 42,8% de la población es de origen maya, solamente se imparte educación bilingüe intercultural en cuatro idiomas mayas, en 1.300 escuelas del área rural en el nivel preprimario y los tres primeros grados de primaria.

203.En 1994 los programas de educación extraescolar atendieron a 4.455 personas con acciones educativas en proyectos económicos productivos y sociales en diez departamentos del país. También se atendió a 1.663 personas con la metodología de educación modular. Es evidente, sin embargo, que la cobertura de la educación extraescolar formal es reducida, siendo necesario replantear sus funciones y objetivos.

204.En cuanto a las oportunidades de los y las jóvenes de acceder a servicios de orientación y formación profesional, es necesario indicar que éstas son mínimas tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, limitando las expectativas laborales y el acceso a mejores niveles de calificación para el trabajo.

205.Ante la magnitud de la problemática que presenta la educación y con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento del derecho constitucional a la educación, se plasman en el Plan de Acción Desarrollo Social y Construcción de la Paz (1996-2000) dos estrategias globales que además son congruentes con los compromisos, en materia de educación, contenidos en los Acuerdos sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. Estas estrategias pretenden "fortalecer en todas las acciones del sistema educativo, la cultura de paz y la educación intercultural basadas en la democracia, el respeto, y la protección al medio ambiente" y, "aumentar la cobertura del sistema educativo especialmente en los niveles de educación preprimaria y primaria, con énfasis en la educación bilingüe intercultural y educación de la niña, en el área rural y urbanomarginal".

206.Asimismo en los Acuerdos de Paz, se plantean las siguientes metas para contribuir a minimizar los déficits educativos a todo nivel:

a)Facilitar el acceso de la población entre 7 y 12 años de edad, a por lo menos tres años de escolaridad, antes del año 2000;

b)Ampliar el porcentaje de alfabetismo a un 70% al año 2000;

c)Promover que los programas de capacitación y formación profesional a nivel nacional, atiendan a por lo menos 200.000 trabajadores antes del año 2000;

d)Ejecutar el programa de educación cívica nacional para la democracia y la paz que promueva la defensa de los derechos humanos y la solución pacífica de los conflictos.

207.Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Estado, se han dado pasos significativos como la integración de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa que incluye una representación de la Comisión de la Reforma Educativa prevista en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta Comisión realizará la adecuación de los contenidos educativos para contribuir a la eliminación de los estereotipos y discriminación de género, etnia, clase y niveles de pobreza.

208.El nuevo Código de la Niñez y la Juventud, por su parte también sustenta el derecho de "los niños, niñas y jóvenes a recibir una educación integral, que deberá ser orientada a desarrollar su personalidad, civismo y urbanidad, promover el conocimiento y ejercicio de los derechos humanos, la importancia y necesidad de vivir en una sociedad democrática con paz y libertad de acuerdo a la ley y la justicia; con el fin de prepararlo para una vida adulta cívica y responsable" (art. 38).

1.Presupuesto en educación

209.La política del gobierno en materia de educación se concentra en aumentar la cobertura y mejorar la calidad del sistema escolar, principalmente de la educación preprimaria y primaria con especial atención a las niñas. Adicionalmente, está en marcha una reforma educativa que contempla la transformación curricular, la adecuación de los programas de estudio, calendarios y horarios a las características de la población y el mejoramiento profesional del magisterio.

210.Tomando en cuenta que la educación de la población es fundamental para el desarrollo económico, cultural, social y político del país, el presupuesto destina recursos orientados a programas de educación inicial, primaria, básica y capacitación.

Gráfico 5

Gobierno central

Gasto total en educación

Fuente: Ministerio de Finanzas Públicas.

211.Para alcanzar las metas educativas propuestas, el Gobierno ha recibido apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo, el Banco Mundial otorgará a Guatemala un préstamo, que se enmarca en los Acuerdos de Paz, que asciende a 33 millones de dólares para la ejecución del proyecto de "Reforma Educativa" a nivel primario, el cual será administrado por el Ministerio de Educación en un plazo de cinco años. En la ejecución de este proyecto se ha priorizado el área de la ZONAPAZ que incluye los departamentos de Huehuetenago, San Marcos, Petén, entre otros.

2.Descentralización y desconcentración de los servicios educativos

212.El Plan de Desarrollo Social y Construcción de la Paz (1996-2000), en el área de educación, plantea el objetivo de fortalecer y ampliar el Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo (PRONADE), con el propósito de aumentar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios educativos en el área rural, financiando la construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura educativa y, dotando de los recursos financieros necesarios a los comités de padres de familia, para la prestación de los mismos.

213.Esta perspectiva es enfatizada en los Acuerdos de Paz específicamente en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas que señalan el compromiso de "otorgar a las comunidades y a las familias… un papel protagónico en la definición de las curricula, del calendario escolar, la capacidad de proponer el nombramiento y remoción de sus maestros a fin de responder a los intereses de las comunidades educativas y culturales".

214.A fin de fortalecer la descentralización y desconcentración de los servicios educativos se han integrado, con la participación de padres y madres de familia, los Comités Educativos Comunitarios (COEDUCAS) organizados legalmente para administrar las escuelas comunitarias con el apoyo de Juntas Escolares conformadas paritariamente por maestros/as y padres de familia. No obstante lo novedoso de este sistema, algunos sectores especialmente del sector magisterial como el Sindicato de Maestros de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio, adversan el sistema de COEDUCAS, por considerar que existen tendencias a la privatización de la educación.

215.Hasta finales de 1996, el PRONADE atendió a 93.696 niños y niñas a nivel nacional, priorizando los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Quiché que presentan los más altos déficits educativos. Por otro lado, en 1997 se espera cubrir a 103.391 niños y niñas; y para el año 2.000 las metas son: atender a 250.000 escolares, capacitar a más de 20.000 padres y madres de familia integrantes de los COEDUCAS y por último, fomentar y mejorar la calidad educativa en más de 130 municipios.

3.Programas de apoyo al sistema escolar

a)Educación bilingüe

216.Un alto porcentaje de niños y niñas guatemaltecos pertenecen a los grupos socioculturales maya, garífuna y xinca, condición que ha contribuido a su discriminación en el acceso a la educación en su idioma materno. En la última década se han dado pasos importantes para superar esta limitante y garantizar el derecho a la educación bilingüe a esta población, como lo reconoce la actual Constitución de la República, instrumentos jurídicos internacionales (Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales) y especialmente el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que contempla acciones para impulsar la educación bilingüe intercultural en las comunidades indígenas e institucionalizar mecanismos de consulta y participación con representantes indígenas en el proceso educativo. Es importante indicar al respecto que la Comisión Paritaria para la Reforma Educativa contemplada en este Acuerdo, fue instalada con fecha 1º de marzo de 1997.

217.Asimismo, el Código de la Niñez y la Juventud, obliga al Estado "a garantizar el derecho a la educación multicultural y multilingüe, especialmente en las zonas de población mayoritariamente maya, garífuna y xinca". Así como "desarrollar los mecanismos necesarios para que la niñez del área rural tenga acceso a la educación, mediante programas adecuados a su realidad geográfica, étnica y cultural" (arts. 40 y 41).

218.El Ministerio de Educación tiene entre sus funciones desarrollar la educación bilingüe para lo cual ha creado, mediante el Acuerdo gubernativo 726-95, la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, cuyo objetivo es proporcionar, desarrollar y promover la educación escolar bilingüe en los niveles de preprimaria, primaria, media y extraescolar a la población maya, xinca y garífuna del país, con la participación activa de los padres y madres de familia y la comunidad.

219.Esta Dirección con el apoyo del Proyecto OEA para la expansión de la educación bilingüe a seis comunidades lingüísticas (Tzutujil, Q'anjobal, Chuj, Achí, Uspanteco y Poqomam), ha alcanzado los siguientes resultados en los últimos dos años: 27.500 alumnos y alumnas atendidos, 14 guías didácticas y 24 textos en los distintos idiomas elaborados y validados y 530 maestros/as capacitados/as. En esta misma línea, en el año 1996, con el apoyo del Banco Mundial se elaboraron y distribuyeron 500.000 libros de texto para primer grado en las áreas lingüísticas mayoritarias del país, Kaqchikel, Mam, K'iché y Q'eqchí.

220.Otro aspecto desarrollado en función de la educación bilingüe, es la creación del Sistema Nacional de Capacitación Regionalizado de la Educación Bilingüe Intercultural (SICAREBI) que cubre 14 departamentos del país y cuyo propósito es la autogestión de los docentes para mejorar su calidad educativa.

221.Algunas organizaciones mayas no gubernamentales, han venido desarrollando acciones educativas para hacer efectivo el derecho a una educación basada en su cosmovisión, idioma y costumbre. Entre éstas puede mencionarse:

a)El Programa Hacia un Modelo Alternativo de Educación Maya de la Coordinación Maya Majawil q'IJ (El Nuevo Amanecer); dirigido a cinco regiones lingüísticas: Ch'orti', Q'eqchi', Kaqchikel, K'iché y Mam. En 1996 atendió a 10.192 alumnos y alumnas, en 118 escuelas de 98 comunidades ubicadas en Chiquimula, Alta Verapaz, Quiché, San Marcos, Quetzaltenango y Sololá.

b)El Proyecto de Desarrollo Integral Q'eqchi', tiene cobertura en 130 aldeas de 8 municipios de Alta Verapaz.

c)El Programa radiofónico "El Maestro en Casa-IGER" del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica dirigido a las comunidades lingüísticas, Q'eqchi', K'iche', Ixil, Mam y Kaqchikel.

d)La Escuela de Semaji para la población Q'eqchi' del departamento de Izabal, atiende a 13 aldeas donde el sistema oficial no llega.

222.Otras acciones de apoyo al sistema escolar, enmarcadas en las estructuras ministeriales y que reciben para su desarrollo, fondos de diversas fuentes de cooperación internacional son: la Nueva Escuela Unitaria (NEU) el Programa de la Niña y el Programa de Atención Integral al niño menor de 6 años (PAIN).

b)Nueva Escuela Unitaria

223.El programa NEU se lleva a cabo especialmente en aldeas y caseríos del área rural, con el apoyo de padres y madres de familia, basándose en los principios de aprendizaje activo y gobierno escolar, asimismo, de respeto a la cultura materna, promoción de la convivencia democrática y el reconocimiento de la necesidad paralela de subsistencia y educación. Según estadísticas del Ministerio de Educación, la cobertura geográfica del proyecto piloto de la NEU para 1992-1996, que ha contado con el apoyo financiero de USAID-Guatemala, abarcó 23 municipios de la región II que comprende los departamentos de Alta y Baja Verapaz y 38 de la región IV, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. En este período se atendió a 10.851 alumnos y alumnas y 277 maestros/as de 198 escuelas.

c)Programa de la Niña

224.Este programa funciona desde 1991 con el objetivo de promover las oportunidades y mejorar el nivel educativo de las niñas, especialmente del área rural y de regiones con alto porcentaje de población indígena, así como favorecer la equidad en el ambiente escolar. En ese sentido, desarrolla acciones en varios aspectos: asistencia técnica y coordinación interinstitucional, investigación y capacitación y, producción de materiales educativos no sexistas, área en la que ha enfatizado su trabajo este año en coordinación con el Sistema Nacional de Recursos Humanos y de Adecuación Curricular (SIMAC).

225.Algunos resultados concretos de este Programa refieren que se ha otorgado 6.211 becas de estudio a niñas indígenas, se ha atendido a 8.006 niños y niñas y a 131.600 más, en coordinación con otros programas ministeriales como el de Educación Bilingüe y la Nueva Escuela Unitaria.

226.Es necesario indicar que los esfuerzos para aumentar la escolaridad en las niñas ha contado con el apoyo decidido de la iniciativa privada especialmente de la Fundación Castillo y Fundazúcar. Cabe destacar por su lado, que la Fundación para el Desarrollo Rural, asumirá el financiamiento de 30.000 becas para niñas indígenas de ocho departamentos hasta el año 2000.

227.Por otro lado, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la reforma educativa, el Ministerio de Educación firmó recientemente un convenio de cooperación con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón-JICA que contempla la donación de Q.1,2 millones para fortalecer la educación de la niña.

d)Programa de Atención Integral al Niño menor de 6 años (PAIN)

228.Este proyecto atiende, con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, a niños y niñas menores de 6 años de áreas rurales y urbanomarginales en los aspectos de desarrollo cognoscitivo, socioafectivo, psicomotriz, lenguaje, salud, nutrición y seguridad. En atención a sus objetivos, PAIN ha realizado capacitaciones en 225 Centros de Educación Inicial, sobre cuidados durante el embarazo, importancia de la lactancia materna, crecimiento físico e intelectual de los niños y niñas de 0 a 6 años. También se ha capacitado a 550 orientadores voluntarios, que funcionan como auxiliares en la realización de actividades pedagógicas con el coordinador docente en el programa con niños de 3 a 6 años.

e)Otros apoyos a la educación escolar

229.Algunos esfuerzos desde la iniciativa privada que atienden y coordinan con el Ministerio de Educación y organizaciones no gubernamentales en diversas regiones del país son: la Fundación Castillo Love, Fundación Castillo Córdova, Fundación Carlos Novella, Fundación por la Vida, REMAR, Fundación Juan Bautista Gutiérrez, Fundación G&T, Sociedad de Amigos del País, Cámara de Industria, Siglo XXI, Organización Paiz, Fundazúcar y Colegio Castillo Encantado, Christian Childrens' Fund, Visión Mundial, Fe y Alegría. Todas estas organizaciones apoyan por medio de: donación de útiles y libros escolares, material didáctico, bolsas de estudio, becas, bibliotecas, construcción y mantenimiento de aulas, promoción de actividades recreativas y culturales.

230.Una iniciativa importante desarrollada por el Ministerio de Educación en coordinación con la Fundación Castillo Córdova y otras entidades privadas, es el "Programa Corazón Contento" que beneficia a 325.000 niñas y niños del área rural y urbanomarginal, que consiste en la distribución de desayunos y refacciones escolares, con el propósito de disminuir el bajo rendimiento y la deserción escolar.

f)Programas de recursos humanos e infraestructura

231.Otros esfuerzos encaminados a mejorar los servicios educativos, se están llevando a cabo mediante el Proyecto de Fortalecimiento de la Educación Básica (BEST) que cuenta con el apoyo financiero de USAID y un préstamo del BIRF. Entre los logros de este proyecto destacan:

-Creación de 1.722 plazas que benefician a 68.880 niños y niñas en jornada vespertina;

-Construcción de 541 aulas que beneficiarán a 21.640 niños y niñas del área rural;

-Mobiliario para 675 aulas, próximamente se entregarán 1.068 y se amplió el contrato para 1.800 más;

-Entrega de 962 microbibliotecas, próximamente 1.122 más;

-Entrega de 1.209.000 libros y próximamente 487.000 más;

-Entrega de 56.000 guías y manuales de capacitación;

-Capacitación para 2.842 maestros y 1.760 de nuevo ingreso.

B. El descanso, el esparcimiento y las actividades culturales (artículo 31)

232.La garantía de este derecho se ve limitada, para un alto porcentaje de niños y niñas, a causa de que socialmente no se asigna importancia a este aspecto y a las precarias condiciones económicas que les excluyen del acceso a actividades lúdicas que contribuyan a su desarrollo integral. Es escaso el tiempo que niños y niñas, particularmente de las áreas rurales y urbanomarginales, pueden dedicar al descanso y a las actividades culturales y deportivas, ya que muchos de ellos están incorporados al trabajo familiar y/o remunerado.

233.A esto se suma el hacinamiento en que viven las familias, especialmente en las áreas urbanomarginales y los pocos espacios existentes para la recreación y la práctica de deportes. Incluso los niños y niñas que asisten a la escuela, tienen limitaciones para el juego ya que muchos edificios escolares no cuentan con áreas específicas y suficientes para tal fin. Una investigación realizada con el fin de conocer el uso del tiempo en niños y niñas de 7 a 14 años, muestra además que las niñas tienen menos acceso a los espacios y al tiempo para la recreación y la realización de actividades culturales, especialmente las que se desarrollan en ámbitos públicos.

234.En el Código de la Niñez y la Juventud en correspondencia con esta situación se contempla "el derecho de los niños, niñas y jóvenes, al descanso, esparcimiento, juego, a las actividades recreativas y deportivas propias de su edad; asimismo, a participar libre y plenamente en la vida cultural y artística de su comunidad". Asimismo, les garantiza el "derecho de organización y participación en entidades estudiantiles, culturales, deportivas, religiosas y otras que la ley no prohíba" (arts. 47 y 38). Al respecto existen pocos esfuerzos tanto a nivel gubernamental como no gubernamental para brindar a la niñez guatemalteca, programas e infraestructura para el descanso, esparcimiento y las actividades culturales.

235.Una acción concreta en esta materia es el "Plan de Estudios de Educación Física para los Niveles Educativos de Preprimaria y Primaria" implementado por la Escuela de Educación Física con el aval del Ministerio de Educación en escuelas parvularias y de aplicación en el área metropolitana. Este plan está dirigido a niños y niñas de 4 a 13 años y su innovación consiste en la concepción de que la educación física es una disciplina pedagógica que contribuye a la estructuración de la personalidad del educando.

236.Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Deportes ha creado el Programa de Atención a la Niñez y la Juventud que contempla, entre otros, el establecimiento a nivel nacional de escuelas deportivas para niños, niñas y jóvenes de 7 a 18 años de edad.

237.Una iniciativa del sector no gubernamental es la apertura del Museo de la Niñez y la Juventud "Alberto Habie" en el museo Ixchel, que cuenta con una colección de 112 réplicas en miniatura de huipiles de uso diario y ceremoniales. Esta actividad abre nuevos espacios de revalorización y rescate de elementos culturales que recrean una tradición y son manifestación de la cosmovisión y la vida cotidiana de los pueblos indígenas.

IX. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN

238.Los niveles de pobreza y pobreza extrema en que viven miles de familias en Guatemala, aunados a otros factores de orden sociopolítico, han impactado negativamente en la calidad de vida de la niñez, aumentando el número de niños, niñas y jóvenes de categorías especialmente vulnerables tales como trabajadores del sector formal e informal, los que realizan actividades marginales de ingreso, niños y niñas de la calle y víctimas del conflicto armado. El Plan de Acción 1996‑2000, Desarrollo Social y Construcción de la Paz, plantea una política específica dirigida a esta población, cuyo objetivo es "brindar protección especial a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad reduciendo el grado de riesgo en que se encuentran, en un ámbito de paz y solidaridad".

Categorías de niños, niñas y jóvenes en situaciones de excepción

A. Los niños y niñas afectados por el conflicto armado

239.Los grandes desequilibrios estructurales que han incidido en la situación de pobreza, así como la insuficiencia de espacios para la expresión sociopolítica de la mayoría de la población, fueron algunas de las causas del conflicto armado interno que duró aproximadamente 40 años y que afectó a toda la población guatemalteca: inicialmente, de la región oriental, luego de la central y en la última década, de la región occidental donde habitan mayoritariamente indígenas.

240.Los niños, niñas y jóvenes fueron afectados de diversas formas por este conflicto; según cálculos oficiales se estima que existe un número de 200.000 huérfanos/as y 40.000 viudas. Asimismo, que en la etapa más violenta del conflicto armado 73.000 niños, niñas y adolescentes permanecían con sus familias en las montañas sobreviviendo en las Comunidades de Población en Resistencia. Es hasta 1995 que el Gobierno les reconoce su calidad de población civil no combatiente (Confregua). Por otro lado, se calcula que 200.000 personas se refugiaron en otros países, especialmente en México y más de 1 millón, se desplazaron internamente. Todas estas situaciones tuvieron consecuencias directas en la salud física, mental y emocional, el acceso a la educación, la articulación y dinámica familiares, así como en la preservación de la identidad de miles de niños y niñas especialmente indígenas.

241.Una situación que afectó particularmente a los niños y jóvenes indígenas fue el reclutamiento forzoso (práctica que afortunadamente ha cesado), tanto para engrosar las filas del ejército nacional como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y las fuerzas de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Al respecto es necesario destacar que el Estado de Guatemala apoya la adopción del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, habiéndose manifestado en favor de su adopción y expuesto que, el reclutamiento de menores de 18 años en las fuerzas armadas o en los grupos armados no gubernamentales es inaceptable, desde todo punto de vista de los derechos humanos, aun en el eventual caso de que los niños se alisten voluntariamente.

242.La garantía de los derechos de los niños, niñas y jóvenes afectados por el conflicto armado se encuentra materializada en instrumentos como el Plan de Acción 1996‑2000, los Acuerdos de Paz y el Código de la Niñez y la Juventud. Este último norma que "en caso de conflicto armado los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a su no reclutamiento y que el Estado debe respetar y velar por que se cumplan las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables, así como que adoptará todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 18 años de edad, no participen directamente en las hostilidades, ni sean reclutados para servicio militar en cualquier época" (art. 59).

243.Por otro lado, en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos se indica "que es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dicho resarcimiento y/o asistencia se harán efectivos a través de medidas y programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social".

244.En el marco de los Acuerdos de Paz se reconoce la importancia de identificar las causas del conflicto armado y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos en ese período, para lo cual se ha conformado la Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuyo objetivo fundamental es recuperar la memoria histórica de la sociedad guatemalteca para que este sufrimiento no se repita nunca más.

245.En otro orden y con el propósito de atender a la población desarraigada, el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) ha realizado un censo de las Comunidades de Población en Resistencia, para contar con datos que permitan identificar necesidades y promover acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida.

246.Otro problema derivado del conflicto armado, es la falta de documentación de la población desarraigada para lo cual, el Gobierno de la República se ha comprometido a impulsar ante el Congreso de la República las reformas que correspondan a la Ley de documentación personal de la población desarraigada por el enfrentamiento armado interno (Decreto Nº 73‑95). Esas acciones dirigidas a la población en general contribuirán a la reunificación familiar y comunitaria, beneficiando directamente a los niños, niñas y jóvenes.

247.En 1986, el Gobierno se comprometió a crear las condiciones que permitieran el retorno al país de los refugiados guatemaltecos en el extranjero y otorgar asistencia a las personas desplazadas de su lugar de origen o residencia, para cumplir estas funciones se constituyó la Comisión Nacional para la Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (CEAR). Esta Comisión ha pasado de la atención puntual a los retornados, a cumplir en la actual coyuntura, un papel más activo en la construcción de la paz y la democracia, para lo cual ha sido fortalecida institucionalmente y ampliado su ámbito de acción.

248.La CEAR desarrolla diversos proyectos de investigación y diagnóstico sociodemográfico como insumo para la planificación de proyectos, canalización de recursos y búsqueda de financiamiento. Ha realizado este trabajo en coordinación con organismos gubernamentales, no gubernamentales e internacionales, en las áreas de seguridad alimentaria nutricional, infraestructura y vivienda, producción, ingreso y empleo, salud, educación, negociación y créditos para la compra de tierras y reasentamiento de poblaciones desarraigadas. Según datos de la CEAR, en el período 1987 a 1997, han retornado al país 33.773 personas, de las cuales 19.630 son niñas y niños menores de 18 años. En el gráfico siguiente puede apreciarse la distribución de esta población.

Gráfico 6

Población retornada

Niños, niñas y jóvenes de 0 a 17 años

1987‑1997

Fuente: CEAR 1997.

Nota: El intervalo 0‑2 años no presenta desagregación por sexo.

249.CEAR ha llevado a cabo acciones, específicamente con niños/as retornados/as, en las siguientes áreas:

a)Desminado y búsqueda de artefactos explosivos: conjuntamente con la Comisión Coordinadora del Programa para la Reducción de Riesgos a los Habitantes de Zonas Afectadas por el Enfrentamiento Armado. (Programa Desminado, Decreto Nº 60‑95, art. 3.)

b)Asistencia alimentaria en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos.

c)Salud: en 1997 se firmó un convenio de cooperación entre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Guatemala, el bufete profesional Vives Scheel y Asociados y la Fundación Pediátrica Guatemalteca, que proporcionará a la población infantil refugiada y retornada servicios de atención médica que incluyen desde el control de crecimiento y desarrollo de los niños, la administración de vacunas, hasta intervenciones quirúrgicas simples y complejas.

d)Educación: en 1997 se estableció un convenio de cooperación entre CEAR, Ministerio de Educación, ACNUR y los Fondos Nacional para la Paz y el de Inversión Social, para la construcción y equipamiento de escuelas que coadyuvarán a la atención educativa de niños y niñas retornados. Por otro lado, el MINEDUC se compromete a reconocer los títulos obtenidos en México por los Promotores de Educación, así como avalar los estudios alcanzados en dicho país por los niños y niñas repatriados. Los servicios educativos a la población retornada se prestarán prioritariamente en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, El Quiché (Ixcan), El Petén y Suchitepéquez. Otros apoyos en materia de educación, se refieren a las donaciones de 534 libros bilingües (maya‑español) por parte de la Universidad Rafael Landívar y de 10.000 libros de lectura y escritura del Programa de Apoyo Institucional de la Unión Europea.

e)Recreación y deporte: la CEAR ha atendido este aspecto a través de la construcción de áreas recreativas y canchas deportivas en comunidades de retornados con el apoyo económico del Banco Centroamericano de Integración Económica ‑ BCIE.

f)Diseño de asentamientos: el Programa de Apoyo al Reasentamiento de Poblaciones Desarraigadas (HABITAT‑PNUD/CEAR) ha beneficiado a más de 11.000 personas a quienes ha entregado a la fecha 1.468 lotes y 48 proyectos de infraestructura (agua potable, vivienda, escuelas, puentes).

Rehabilitación psicosocial

250.En congruencia con la meta de apoyar a los niños y niñas afectados por el conflicto armado, establecida en el Plan de Desarrollo 1996‑2000, el Ministerio de Salud y Asistencia Social impulsará desde 1997, un Plan de Acción para la Rehabilitación Psicosocial de la Población Afectada por el Conflicto Armado Interno, dirigido a la niñez y la juventud, sustentado en un esquema preventivo con participación comunitaria.

251.Por otro lado, desde 1992 entidades no gubernamentales han desarrollado experiencias para recuperar la salud mental de esta población. Entre éstas puede mencionarse:

a)El Proyecto de Niños y Niñas del Área Ixil (PRONIXIL), que desde 1992 forma y capacita a promotores juveniles y maestros del Triángulo Ixil. Ha atendido aproximadamente a 11.000 niñas, niños y adolescentes comprendidos entre las edades de 6 a 17 años.

b)Los programas impulsados por la Asociación de Servicios Comunitarios de Salud ‑ ASECSA (Chimaltenango) y por la diócesis católica del Quiché, que orientan su trabajo a la disminución de los daños psicosociales de la niñez afectada por el conflicto armado.

252.No obstante que aún se viven las secuelas de este conflicto, tanto a nivel nacional como comunitario las condiciones actuales son mejores que en años anteriores para promover, con relativa confianza, programas de esta naturaleza. Sin embargo, todavía se encuentran algunas limitantes como carencia de personal profesional dispuesto a trabajar en las comunidades, escasez de información sobre metodologías apropiadas y la insuficiencia de servicios en relación a la demanda.

B. Los niños y niñas en conflicto con la justicia (artículo 40; apartados b), c) y d) del artículo 37)

253.Los problemas que afronta la sociedad guatemalteca se evidencian en la situación de pobreza y marginación social que impera en la población, variables que se traducen en elevadas tasas de desempleo y subempleo, ingresos familiares insuficientes, falta de servicios básicos, disgregación familiar y pérdida de valores morales y éticos dentro del contexto familiar. Esa situación ha limitado el desarrollo psicosocial de niños, niñas y jóvenes, especialmente de las áreas urbanomarginales y rurales quienes, además, no han sido criados en una cultura de autoestima, lo que se refleja en crisis emocionales, conductas autodestructivas y resentimientos sociales, generando a la vez pautas de comportamiento no acordes con las normas de convivencia social.

254.Aunado a estos factores, en los últimos años la sociedad guatemalteca afronta una crisis de seguridad pública que se manifiesta en los altos índices de violencia común a la que no escapa la población infantojuvenil, que se ve involucrada de diferentes formas en actos que los colocan en conflicto con la justicia. Aún no existen investigaciones que aporten datos precisos del número de niños, niñas y jóvenes en esa situación; no obstante diversas instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales coinciden en que este fenómeno va en aumento.

255.Desde 1991, la Comisión pro Convención sobre los Derechos del Niño inició una amplia discusión con la participación de sectores gubernamentales y no gubernamentales en torno a las condiciones de vida de la niñez en Guatemala a la luz de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. El propósito de este debate ha sido esencialmente contribuir a un cambio cultural en el seno de la sociedad y principalmente en el ámbito de la justicia, en la perspectiva de superar la visión de la niñez en "situación irregular", hacia la concepción de la doctrina de protección integral.

256.Este proceso, que duró seis años, culminó en la elaboración, propuesta y aprobación de un nuevo Código de la Niñez y la Juventud que, en materia de la niñez en conflicto con la justicia, plantea la desjudicialización, es decir, asume una nueva definición del delito y de quien lo comete. Asimismo, asigna responsabilidades a la comunidad y a diferentes instancias del Estado en la aplicación de medidas pertinentes contemplando como último recurso la privación de libertad. Las disposiciones relacionadas con los jóvenes que han cometido actos contrarios a la ley penal están contenidas en el libro III, título II, Jóvenes en conflicto con la ley, artículos 159 a 287 del Código de la Niñez y la Juventud.

257.Por otro lado, el Plan de Acción 1996‑2000, en congruencia con el contenido del Código de la Niñez y la Juventud, plantea el objetivo de "impulsar el diseño y ejecución de políticas, programas y proyectos para la protección de los derechos de la niñez", así como las metas de "asegurar la eliminación de cualquier forma no judicial de privación de libertad para jóvenes menores de 18 años" y "reestructurar el sistema de atención y tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley penal". Actualmente, si bien la vigencia del nuevo Código de la Niñez y la Juventud ha sido postergada temporalmente, las instituciones gubernamentales a las que corresponde asumir las acciones que el Código mandata en esta materia, están comprometidas con el proceso de readecuación organizacional pendiente.

258.En esta perspectiva, la Policía Nacional Civil y la Corte Suprema de Justicia están desarrollando un programa de capacitación acerca del nuevo Código y de sus responsabilidades específicas. La Corte además ha iniciado la formación de los Juzgados de la Niñez y la Juventud. Por otro lado, el Ministerio Público está creando la Fiscalía de la Niñez, y la Secretaría de Bienestar Social está orientando su reestructura a dos niveles: i) la mejora de la infraestructura física de los centros de atención para niños, niñas y jóvenes en conflicto con la ley penal, y  ii) la readecuación programática y la profesionalización del recurso humano.

C. Los niños, niñas y jóvenes trabajadores

259.La situación de empobrecimiento que viven grandes segmentos de la población guatemalteca ha provocado que la subsistencia de muchas familias dependa en gran medida del ingreso proveniente del trabajo infantojuvenil, obligando a un alto porcentaje de niños y niñas a incorporarse al trabajo tanto en el sector formal como informal.

260.Según datos del Censo Nacional de Población 1994, se estima que 756.711 niños y niñas (7 a 17 años) están incorporados a la población económicamente activa, representando el 26% de ésta. Es necesario tomar en cuenta, sin embargo, que existe un subregistro importante especialmente en el sector informal y el trabajo doméstico, que impide conocer con exactitud cuántos niños y niñas trabajan, aunque proyecciones de instituciones que investigan esta problemática indican que la cifra podría llegar al millón y medio.

261.A nivel de ramas de actividad, área geográfica, etnia y sexo, se encuentra que en el área rural dos tercios de niños y jóvenes, sobre todo indígenas, están vinculados a la agricultura, que ocupa a 8 de cada 10 niños y a 3 de cada 10 niñas. En el área urbana, los niños trabajan en el sector informal (ventas callejeras, limpiabotas, limpiacarros, etc.) y la presencia de las niñas es notoria en el comercio (18%), la industria, especialmente la maquila (23%), y el servicio doméstico (25%). Generalmente, las niñas trabajadoras del servicio doméstico provienen de áreas rurales, son indígenas y pertenecen a familias numerosas.

262.Una situación que es necesario señalar es la gran cantidad de niños, niñas y jóvenes que se ven obligados a migrar temporalmente acompañando a sus padres y madres en el trabajo agrícola estacional, tanto al interior del país como a las fincas ubicadas en el sur de México.

263.Las condiciones laborales para la mayoría de niños y niñas trabajadores, se caracterizan por bajos salarios, ausencia de prestaciones laborales y por largas e intensivas jornadas de trabajo. Aún se dan casos de niños y niñas que trabajan solamente por vivienda y alimentación, sin pago alguno en efectivo.

264.Uno de los efectos más negativos de la incorporación temprana al trabajo, es la vulneración del derecho a la educación de una gran mayoría de niños, niñas y jóvenes ya que no asisten a la escuela, desertan fácilmente, son repitentes constantes y presentan bajo rendimiento escolar. Asimismo, se priva a la niñez de su derecho al juego, la recreación y el tiempo libre; afectando su autoestima y autoidentidad así como el libre desarrollo de sus potencialidades y sus oportunidades para el futuro.

265.Por otro lado, las precarias condiciones de trabajo inciden negativamente en la salud integral de la niñez trabajadora, especialmente los ambientes inadecuados, pequeños, sin ventilación, antihigiénicos, de alta peligrosidad, en donde niños y niñas están en contacto con materiales tóxicos, inflamables, contaminantes y de alto riesgo. Algunas situaciones que evidencian este alto riesgo, son el trabajo en coheterías, donde se estima que laboran por lo menos 2.000 niños y niñas, las caleras y las canteras, así como los campos donde niños y niñas recogen desechos de vidrio.

266.En el nuevo Código de la Niñez y la Juventud, se reconoce el "derecho de los niños, niñas y jóvenes a ser protegidos contra la explotación económica, el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física y mental o que impida su acceso a la educación. Asimismo, a "ser protegidos por el Estado, la familia y la sociedad para dedicarse a la educación, el deporte, la cultura y la recreación" (art. 53).

267.A fin de erradicar los efectos negativos del trabajo infantil, en el Código de la Niñez y la Juventud se contempla la creación de dos instancias para la protección de la juventud trabajadora: la Comisión Nacional de la Juventud Trabajadora y la Unidad de Protección al Joven Trabajador. A la primera "le corresponde llevar a la práctica una política laboral adecuada para la protección de los jóvenes trabajadores en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez y la Juventud". Y a la segunda, "la ejecución de los proyectos y programas que emprendan el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de la Juventud Trabajadora", asimismo, "velará por que las disposiciones relativas al joven trabajador sean cumplidas y comunicará a las autoridades competentes de cualquier incumplimiento para su investigación y sanción si fuere el caso" (arts. 100 al 106).

268.Un avance del Código de la Niñez y la Juventud, respecto al anterior Código de Menores, es que visibiliza a la juventud trabajadora y además obliga la integración de instancias administrativas y organizativas. Sin embargo, no plantea normas específicas para regular, proteger, disminuir o erradicar el trabajo infantojuvenil, que sigue estando reglamentado en el Código de Trabajo y la Constitución de la República.

269.Desde 1992, con la creación de la Unidad del Menor Trabajador en el Ministerio de Trabajo, se han dado pasos importantes en materia de investigación, sensibilización y protección de los derechos de los niños, niñas y jóvenes trabajadores. En la actualidad esta Unidad ha sido robustecida con la asignación de mayores recursos humanos y presupuestarios. Las acciones de la Unidas del Menor Trabajador se realizan por medio de diferentes programas: asesoría social y labora, capacitación, divulgación y promoción en derechos laborales, cabildeo con empleadores y sindicalistas y coordinación interinstitucional a nivel nacional e internacional.

270.Un programa que merece destacarse es el de los créditos educativos que se coordinan a través de la Dirección para el Fomento de Becas del mismo Ministerio de Trabajo y que consiste en una ayuda económica para apoyar la asistencia y permanencia de los y las jóvenes trabajadores en la escuela. Si bien esta acción es incipiente e insuficiente, constituye un espacio novedoso que contribuirá a garantizar el derecho a la educación de los y las jóvenes trabajadores.

271.En la perspectiva de la erradicación del trabajo infantil, un avance significativo ha sido la firma, en junio de 1996, del Memorandum de Entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo, por medio del cual se asume el compromiso de adoptar las estrategias del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC). Por otro lado, el Plan de Acción 1996-2000, también propone la meta de "establecer mecanismos para la erradicación gradual del trabajo de niños y niñas menores de 12 años y para la eliminación de la participación del adolescente en actividades peligrosas", planteamiento que muestra la voluntad gubernamental de tomar acciones contra el trabajo infantil.

272.En la perspectiva de visualizar la magnitud y características del trabajo infantil, algunas organizaciones no gubernamentales como el Programa de Atención Maternoinfantil (PAMI), Esperanza de los Niños (CHILDHOPE), Pro Niño y Niña Centroamericanos (PRONICE) y Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario (ADEJUC), han desarrollado investigaciones importantes y valiosas para evidenciar la precaria situación de miles de niños y niñas incorporados a trabajos de alto riesgo para su salud física y mental, como son las coheterías, caleras, canteras construcción y corte de café, achiote y cardamomo. Los resultados de estas investigaciones sustentan argumentos para la erradicación del trabajo infantil.

D. Los niños, niñas y jóvenes amenazados o violados en sus derechos(niños, niñas y jóvenes de/en la calle)

273.El fenómeno de la niñez y juventud de y en la calle tiene sus raíces en las condiciones de pobreza, inestabilidad y maltrato familiar, rechazo y abandono. Factores que denotan la incapacidad de las familias, la comunidad y la sociedad de brindar a niños y niñas, apoyo, educación, salud y calidad de vida. De esa cuenta los niños y niñas de la calle son el efecto de rompimientos, desequilibrios y desarticulaciones del tejido social.

274.La cantidad de niños y niñas de la calle se ha incrementado en los últimos años, ubicándose particularmente en áreas urbanas, tanto de la capital como de algunos departamentos. Diversas organizaciones sostienen que existen entre 3.500 y 5.000 niños y niñas de la calle. Sin embargo, por su característica de población móvil, ha sido difícil contar con un registro más preciso acerca de la cantidad, edades, sexo y etnia de pertenencia. El perfil de la niñez de la calle muestra que algunos carecen de familia y otros mantienen una frágil relación familiar aunque permanecen en la calle, generando estrategias de sobrevivencia.

275.Por otro lado, sus niveles educativos son mínimos o inexistentes y los de salud son muy precarios presentando desnutrición, anemia, infecciones respiratorias crónicas y agudas, enfermedades gastrointestinales, caries dental y enfermedades de transmisión sexual. Muchos consumen drogas, pegamento o solventes, alcohol y tabaco. Siendo la calle su referente cotidiano, estos niños y niñas aprenden a "moverse" en esos ambientes de encontradas experiencias que incluyen deshumanización, abusos, explotación, hambre y muchas más. Asimismo, espacios para el juego, amistad y lealtades, dictadas por las normas de la calle.

276.El Código de la Niñez y la Juventud, al analizar esta situación "considera amenaza o violación a los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes a todo aquello producido por: acción u omisión de la sociedad o del Estado; falta por omisión o abuso de los padres, tutores o responsables y acciones de omisión contra sí mismos. Asimismo asigna al Estado las obligaciones de "velar por que las instituciones públicas o privadas que atiendan a los niños, niñas y jóvenes a quienes sus derechos humanos se encuentren amenazados o violados, éstos le sean respetados" (arts. 77, 78 y 79).

277.En esta materia, la Presidencia de la República y la municipalidad de Guatemala han promovido recientemente una consulta con instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales con el fin de estructurar un Plan Nacional de Atención a Niños de y en la Calle que entre otros objetivos estratégicos plantea:

a)Lograr un impacto directo en los índices de callejización por medio del mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de la población;

b)Desarrollar e implementar un plan de acción integrado cuyo énfasis sean los aspectos preventivos a nivel comunitario y familiar;

c)Definir estrategias de atención y tratamiento no tradicionales que permitan hacer más eficiente el trabajo que se lleva a cabo en la actualidad reorientando los programas ya existentes;

d)Unificar criterios de trabajo que conduzcan a una efectiva coordinación de acciones entre las diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Este Plan incluye los componentes de definición de políticas a favor de los niños, niñas y jóvenes de y en la calle, investigación, capacitación y formación de personal, coordinación interinstitucional, financiamiento y participación de niños, niñas y jóvenes.

278.Es de destacar que la Comisión Permanente para la Niñez y la Juventud (COPANJ) conformada por organismos gubernamentales y no gubernamentales, dentro de sus funciones tiene establecido dar seguimiento a casos de violación y abuso contra niños y niñas de la calle. Por otro lado, existen diversas organizaciones no gubernamentales, entre las que destaca "Casa Alianza" que orientan sus esfuerzos a atender las necesidades de niños, niñas y jóvenes que viven en la calle. Sus acciones están dirigidas a la prevención, acompañamiento y atención directa de esta población. Igualmente, organismos internacionales de cooperación como GTZ de Alemania están apoyando el proyecto "Niños de la Calle" que incluye aspectos educativos, de movilización y organización social y salud, entre otros.

E. Los niños, niñas y jóvenes y el uso indebido de drogas

279.El tráfico y consumo de drogas se perfila, en los últimos años, como uno de los más grandes problemas sociales y constituye una amenaza que es preciso enfrentar con rapidez y decisión. La drogadicción tiene muy serias consecuencias para la convivencia comunitaria y el bienestar de las familias, sin dintingo de estrato socioeconómico, afectando seriamente las bases culturales, económicas y políticas de la sociedad. El consumo de drogas se ha incrementado a causa del ambiente que rodea a los y las jóvenes desde su hogar y/o escuela, indirectamente por la ausencia de valores morales y sociales que impera en la actualidad, y directamente cuando sufre malos tratos y mal ejemplo por parte de sus padres y otros adultos.

280.Es importante señalar que a las condiciones de pobreza se suman los pocos espacios sociales para la expresión y el desarrollo personal, propiciando un sentimiento de frustración e insatisfacción que es aprovechado por grupos ilícitos para involucrar a los jóvenes en el consumo de drogas, desencadenando una seria problemática que va desde la delincuencia, la violencia, el aumento de niños y niñas de y en la calle, hasta la muerte.

281.Adicionalmente dada la composición pluricultural y multilingüe de la población guatemalteca, se dificulta la elaboración y ejecución de programas de educación y prevención sobre adicciones. Tampoco se cuenta con una estructura institucional organizada y coordinada que incluya programas permanentes de prevención, rehabilitación, seguimiento y evaluación de las adicciones.

282.En el Código de la Niñez y la Juventud, se plantea que "los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a ser protegidos contra el uso y abuso de sustancias que produzcan dependencia, para lo cual el Estado creará los programas correspondientes" (art. 54).

283.Igualmente, el Plan de Acción 1996-2000, contempla dentro de sus prioridades "promover el desarrollo de un ambiente social, económico, cultural y recreativo que propicie el desarrollo humano y que desestimule el interés por el tráfico y consumo de sustancias adictivas tanto a nivel individual como colectivo". Acorde a este planteamiento define algunas líneas de acción orientadas a que el curriculo del sistema nacional de educación incluya información acerca del uso y abuso de drogas y que refuerce los valores éticos y morales, la autoestima y toma de decisiones de niños, niñas y jóvenes. De igual manera, otra prioridad es favorecer la formación de orientadores pedagógicos y líderes que dediquen su tiempo y esfuerzo a la educación preventiva e involucrar a la comunidad y sectores organizados (como elemento multiplicador) en la orientación a jóvenes y adultos drogodependientes.

284.En correspondencia con la propuesta de Gobierno, la Vicepresidencia de la República, a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y Tráfico de Drogas (SECCATID), impulsa varias acciones en coordinación con otras entidades, entre las que destacan:

a)El Plan Nacional de Educación Preventiva Integral (PLANEPI). Iniciado en 1996 con una perspectiva de coordinación interinstitucional y multidisciplinaria, su estrategia se orienta a la capacitación de multiplicadores (maestros/as, padres y madres de familia, orientadores, promotores), en las áreas de educación preventiva integral, la salud física y mental (SIDA/drogas), y los derechos humanos. El PLANEPI se ubica en las estructuras administrativas del Ministerio de Educación y dirige sus acciones preventivoeducativas a estudiantes del nivel preprimario, primario y básicos. Una actividad concreta realizada recientemente fue el programa "Estrellas al Rescate" en coordinación con la Escuela Nacional de Maestras de Educación Preprimaria.

b)El Proyecto DARE. Este es un esfuerzo de colaboración entre oficiales de policía y guardias de Hacienda autorizados por DARE América (Embajada de Estados Unidos) y profesores, estudiantes, padres y madres con el propósito de ayudar a los alumnos a reconocer y resistir las presiones directas e indirectas que los inducen a experimentar con drogas.

285.Una actividad concreta en materia de prevención de la drogadicción fue el II Encuentro de Líderes Estudiantiles que se realizó en 1997 con la participación de jóvenes de diferentes regiones del país. Este Encuentro fue coordinado por el Ministerio de Educación y el Consejo de Entidades contra el SIDA.

286.Por otro lado, también en 1997, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Coordinadora contra las Adicciones y el Tráfico de Drogas realizaron campañas sobre la prevención de las adicciones por los diferentes medios de comunicación. Como parte de esta campaña se llevó a cabo, con la participación de niños y niñas entre los 11 y 17 años, un concurso de afiches y una exposición de los mismos en el Palacio Nacional.

F. La explotación y el abuso sexuales (artículo 34)

287.La prostitución infantil afecta especialmente a las niñas, derivado de la situación de pobreza generalizada, los patrones culturales sexistas, la privación afectiva y también del abandono familiar y social. Al respecto, en los últimos cinco años se han realizado algunos esfuerzos investigativos con el propósito de visibilizar esta situación. Sin embargo, las condiciones de clandestinidad en las que se realizan, las escasas denuncias por parte de la comunidad, aunado a la falta de coordinación entre las instancias gubernamentales que tendrían una responsabilidad directa en este sentido, han dificultado contar con datos concisos acerca de la magnitud de este fenómeno.

288.Recientemente se llevó a cabo una investigación exploratoria en ocho municipios de cuatro departamento del país: Escuintla, Alta Verapaz, San Marcos y Huehuetenango. Los resultados aún están en discusión, no obstante es posible inferir que las condiciones de pobreza, la descomposición social, los patrones culturales prevalecientes y la existencia de traficantes de personas con fines de explotación sexual son algunas de las causas de que la prostitución infantojuvenil se esté extendiendo, vulnerando los derechos a la integridad de las niñas y provocando efectos irreversibles en su salud física y mental. Estos mismos estudios señalan que la normativa legal vigente contempla sanciones poco severas contra los prostituyentes, lo cual en vez de desalentar estas deleznables prácticas, deja resquicios para continuar con la explotación sexual y económica de niños y niñas.

289.En torno a esta problemática, el artículo 58 del Código de la Niñez y la Juventud, enfatiza el derecho de los niños, niñas y jóvenes "a ser protegidos contra toda forma de explotación o abuso sexual incluyendo: la incitación o la coacción para que se dedique a cualquier actividad sexual; su utilización en la prostitución, espectáculos o material pornográfico; promiscuidad sexual; el acoso sexual de docentes, tutores o responsables". Asimismo, en el Plan de Acción 1996‑2000, se contempla la meta de "establecer mecanismos de protección y prevención para erradicar la prostitución, el maltrato y abuso sexual del niño, niña y adolescente".

290.Es necesario agregar que el Estado de Guatemala apoya la adopción de un proyecto de Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, habiéndose manifestado a favor del mismo.

G. Los niños, niñas y jóvenes y la seguridad pública

291.Los niveles de violencia y la delincuencia que cada vez es más cruel, caracterizan un fenómeno que amenaza directamente el bienestar de todos los guatemaltecos sin distingos de clase, etnia o género. En ese sentido, es evidente el incremento de la práctica del secuestro con fines económicos que en los últimos años ha afectado a numerosas familias, incluyendo a la niñez. El secuestro implica separar violentamente a niños, niñas y jóvenes de su entorno familiar, privarlos de su libertad, desarticular su cotidianidad, irrumpir en sus espacios, afectar su integridad emocional, mental y física, amenazarlos y/o torturarlos, provocándoles secuelas irreversibles que requieren atención especializada. Este tipo de delito, es poco denunciado por el temor de las familias a poner en riesgo la vida de las víctimas del secuestro, por lo que se hace difícil determinar el número de casos, quedando muchos de éstos en el anonimato.

292.En materia legislativa, el Código Penal vigente señala que el plagio o el secuestro de una persona, con el objeto de lograr rescate, remuneración, canje de terceras personas, así como cualquier otro propósito ilícito o lucrativo, se castigará con la pena de 25 a 30 años de prisión. Asimismo contempla la imposición de la pena de muerte: si la víctima es menor de 12 o mayor de 60 años. Así como cuando la persona secuestrada resultare con lesiones graves o gravísimas, trauma psíquico o psicológico permanente o falleciere.

293.En el nuevo Código de la Niñez y la Juventud también se señala que "los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la protección contra secuestro, tráfico y venta para cualquier fin o en cualquier forma. El Estado deberá desarrollar todas las actividades y estrategias para impedir estas acciones" (art. 52).

294.Es importante reconocer que la magnitud de la problemática del secuestro, ha desbordado la capacidad técnica, financiera y humana del Estado para enfrentarla y que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades e instituciones de gobierno no ha sido posible su erradicación.

295.Por otro lado, es de destacar el surgimiento de grupos de la sociedad civil que pretenden constituirse en instancias que a través de la participación ciudadana, promuevan, vigilen y contribuyan a la eficacia y eficiencia del Estado en la solución de esta situación, desde su origen hasta sus manifestaciones, tal los casos de Madres Angustiadas y Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro. Sus acciones fundamentales se orientan:

a)A dar apoyo psicológico a la víctima y acompañamiento en las negociaciones a la familia;

b)Realizar programas de sensibilización y concientización dirigidos a la población en general, sobre este flagelo social;

c)Llevar a cabo estudios y análisis acerca de la situación de la administración de justicia del país, a fin de presentar propuestas que coadyuven a superar las deficiencias existentes, tanto en el organismo judicial como en el ministerio público.

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