Comité de Derechos Humanos
135º período de sesiones
27 de junio a 29 de julio de 2022
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto
Respuestas de Georgia a la lista de cuestiones relativa a su quinto informe periódico *
[Fecha de recepción: 26 de julio de 2021]
Respuesta al párrafo 1
1.Las actividades de capacitación o concienciación para los jueces, los fiscales, los abogados, los agentes del orden y la población en general en relación con los derechos consagrados en el Pacto, su aplicabilidad en el derecho interno y el procedimiento disponible en virtud del Protocolo Facultativo se llevan a cabo de forma periódica. Las actividades de concienciación respectivas comprenden, entre otras, cuestiones como los mecanismos nacionales de aplicación de los dictámenes aprobados por el Comité en el contexto de las modificaciones introducidas en 2016 en el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Administrativo.
Respuesta al párrafo 2
2.Aunque el Gobierno de Georgia no puede ejercer su legítima jurisdicción sobre las regiones de Abjasia y la región de Tsjinvali/Osetia del Sur debido a la ocupación ilegal de Rusia, el Gobierno está haciendo todo lo posible para favorecer la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los territorios ocupados.
3.En primer lugar, cabe destacar que, en la sentencia dictada el 21 de enero de 2021 por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puso fin a un decenio de disputas interestatales con una victoria histórica de Georgia, el Tribunal Europeo estableció de manera inequívoca la existencia de una ocupación continua de partes del territorio de Georgia por la Federación de Rusia y la responsabilidad de esta última respecto de diversas violaciones de los derechos humanos, como las restricciones de la libertad de circulación.
4.La sentencia de 21 de enero y las repercusiones jurídicas de las conclusiones del Tribunal que figuran en ella (en particular las relacionadas con la existencia de un control efectivo de los territorios ocupados por parte de la Federación de Rusia) servirán de base sólida para sustentar cualquier futura demanda, ya sea interestatal o individual, derivada de la práctica administrativa continua de Rusia de violaciones de los derechos humanos.
5.Asimismo, en relación con las medidas adoptadas para supervisar y asegurar el respeto de los derechos humanos, el 21 de agosto de 2018 el Ministerio de Justicia de Georgia interpuso ante el Tribunal Europeo la cuarta demanda interestatal contra la Federación de Rusia ( Georgia c. Rusia (IV) ). La demanda se refiere a la práctica administrativa de hostigar, detener, agredir y matar a los ciudadanos georgianos en los territorios de Georgia ocupados por Rusia y a lo largo de la línea de ocupación. Esa práctica se intensificó especialmente tras la guerra de 2008 y alcanzó su punto álgido cuando Archil Tatunashvili fue torturado y asesinado en febrero de 2018.
6.Georgia solicita que Rusia rinda cuentas por la violación de varios artículos del Convenio Europeo. En particular, Rusia sigue violando artículos de ese instrumento como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a la protección de la vida privada y familiar, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación y la libertad de circulación.
7.Incluso a la Misión de Observación de la Unión Europea, la única misión de vigilancia internacional sobre el terreno, se le sigue impidiendo cumplir plenamente su mandato en todo el territorio de Georgia, en particular en las regiones de Abjasia y Tsjinvali.
Respuesta al párrafo 3
8.En 2019, la Secretaría de Derechos Humanos de la Administración del Gobierno presentó la primera Metodología Nacional de Evaluación de Riesgos al Consejo de Lucha contra la Corrupción, que la aprobó en diciembre de 2019. El enfoque garantiza la identificación de los riesgos humanos y organizativos en los organismos públicos, ayudando a identificar las esferas de riesgo. La metodología contribuirá sustancialmente al desarrollo de la integridad en las instituciones del Estado y el establecimiento de una función pública libre de corrupción.
9.Las estadísticas sobre la detección y la puesta en marcha de una investigación por el Organismo de Lucha contra la Corrupción del Servicio de Seguridad del Estado de Georgia, así como sobre las personas acusadas, se publican anualmente en los informes anuales del Servicio que, entre otras cosas, abarcan la sección sobre la lucha contra la corrupción, y están disponibles en línea en la página web oficial del Servicio: https://ssg.gov.ge/en/page/info/reports.
10.La Fiscalía de Georgia tiene una política estricta con los acusados de corrupción. En el ámbito de la política de lucha contra la corrupción, en 2016-2020, la Fiscalía de Georgia puso en marcha investigaciones en 2.978 causas penales relacionadas con la corrupción. En el mismo período se pusieron en marcha acciones penales contra 1.844 personas. En 2020, se dictaron sentencias contra 58 personas en causas de corrupción.
11.En la Ley de Georgia sobre los Conflictos de Intereses y la Corrupción en las Instituciones Públicas se define a los “funcionarios” que están sujetos a la presentación anual de la declaración de bienes e intereses. Los funcionarios públicos rellenan y presentan anualmente las declaraciones a la Oficina de la Función Pública por medio del Sistema Electrónico de Declaración de Bienes en Línea en un sitio web específico (www.declaration.gov.ge/). Los funcionarios deberán cumplimentar la declaración de bienes una vez al año. La no presentación de la declaración por un funcionario en el plazo establecido está sujeta a una multa de 1.000 laris georgianos.
12.Todas las declaraciones son públicas y tras su presentación se difunden en la página web oficial de la Oficina de la Función Pública en un plazo de 48 horas.
13.El mecanismo de verificación de las declaraciones de bienes e intereses se estableció en 2017. Se concedió a la Oficina de la Función Pública la potestad de revisar las declaraciones y determinar y verificar la exactitud de la información.
14.En 2020, como resultado de la verificación, de las 349 declaraciones revisadas, se aceptaron 134, se multó a 177 declarantes y se advirtió a 29 funcionarios debido a la existencia de una infracción leve. El procedimiento de revisión se suspendió en ocho casos. Se remitió una declaración a la Fiscalía del Estado para su investigación.
15.El Organismo Nacional del Registro Público se encarga de la inscripción de los derechos sobre la tierra de conformidad con la Ley de Georgia sobre el Registro Público y la instrucción. El proceso de inscripción es transparente y está regulado por diversas leyes de Georgia. Todos los documentos del registro son públicos y están a disposición de todas las partes interesadas. Las decisiones relacionadas con la inscripción se pueden recurrir ante un órgano administrativo superior, así como ante un tribunal. El proceso de inscripción se revisa, controla y supervisa.
Respuesta al párrafo 4
16.Según el Informe especial del Defensor del Pueblo sobre el estado de la igualdad (2020), los organismos del Estado aplicaron el 38 % de las recomendaciones emitidas por esa institución en 2020, se está aplicando el 12 % y los encuestados privados cumplieron el 36 %.
17.En 2018 el Defensor del Pueblo aplicó el mecanismo de ejecución de las recomendaciones por conducto del poder judicial y remitió la recomendación dirigida al municipio y la empresa del agua de Kobuleti al tribunal de la ciudad de Batumi. Según la recomendación, el Defensor del Pueblo había pedido a los demandados que proporcionaran una red de abastecimiento de agua para los locales privados propiedad de la comunidad musulmana. Las tres instancias judiciales ratificaron las alegaciones del Defensor del Pueblo e impusieron las obligaciones pertinentes a los demandados. La ejecución de la resolución judicial está pendiente.
18.El Ministerio del Interior prepara un proyecto de enmiendas legislativas sobre los delitos cometidos por motivos de discriminación, que incluye enmiendas tanto del Código Penal como del Código de Infracciones Administrativas. Ese conjunto de cambios legislativos asegurará una respuesta eficaz a los delitos contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
19.Una de las prioridades del Departamento de Protección de los Derechos Humanos y Control de Calidad del Ministerio del Interior es la vigilancia de los delitos de odio. El Departamento velará por la promoción de la calidad de las investigaciones sobre categorías similares de delitos mediante el seguimiento permanente de las causas penales. En 2020, se capacitó a más de 150 investigadores del Ministerio del Interior sobre la detección y la investigación eficaces de los delitos de odio.
Respuesta al párrafo 5
20.El Gobierno de Georgia elaboró la segunda Estrategia Nacional de Derechos Humanos de Georgia para 2021-2030. De las cuatro prioridades clave del documento, una está dedicada a promover la igualdad, con especial atención a la protección de los derechos de las minorías y la eliminación de todas las formas de discriminación.
21.En 2020, Georgia aprobó el primer documento de políticas sobre los derechos de la orientación sexual y la identidad de género como parte del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos.
22.La erradicación de la discriminación está bien arraigada en el plan de estudios georgiano, concretamente en el currículo nacional de la educación general, que abarca la enseñanza de cuestiones de derechos humanos. En él quedan reflejados los objetivos y los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones internacionales pertinentes.
23.La lucha contra los delitos motivados por la intolerancia es otra esfera prioritaria de la Fiscalía de Georgia. En 2020, se enjuició a 22 personas por delitos de odio basados en elementos de orientación sexual e identidad de género, 11 de ellas por discriminación basada en la identidad de género y las otras 11 por discriminación basada en la orientación sexual; se concedió a 28 personas la condición de víctimas, 13 de ellas por discriminación basada en la identidad de género y las otras 15 por discriminación basada en la orientación sexual.
24.De conformidad con la legislación georgiana, si una persona presenta un documento emitido por una institución médica al Organismo de Desarrollo de Servicios del Estado que confirme el cambio de su sexo biológico, tiene derecho a solicitar el cambio de nombre o apellido y a realizar cambios relacionados con el sexo en los registros pertinentes.
Respuesta al párrafo 6
25.Las enmiendas legislativas sobre las cuotas de género dieron lugar a la presencia de 30 mujeres en el Parlamento de la décima legislatura, lo cual es un 3,4 % más que el número total de diputadas en la novena legislatura (el 16,6 % del número total de diputados en la novena legislatura eran mujeres, mientras que actualmente el 20 % del número total son mujeres). Tras la aprobación de las enmiendas legislativas sobre las cuotas de género, todavía no se han celebrado elecciones a los gobiernos autónomos locales. Por lo tanto, el efecto de las enmiendas legislativas sobre la participación de las mujeres en los gobiernos autónomos locales se evaluará después de las elecciones.
26.Como resultado de las enmiendas a la Ley de Georgia sobre la Eliminación de la Violencia Doméstica y la Protección y el Apoyo de las Víctimas de esa Violencia, la ley incluye no solo la violencia en el seno de la familia, sino también la violencia contra las mujeres en general, ya sea en público o en privado. La violencia contra las mujeres se define como todo acto de violencia de género que cause o pueda causar daños o sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos o económicos a las mujeres, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, independientemente de que se comenta en público o en privado. La definición de víctima ha cambiado sustancialmente e incluye no solo al miembro de la familia sino también a la mujer en general.
27.Las entidades del Estado empezaron a establecer mecanismos de respuesta al acoso sexual, bajo la coordinación del Comité Interinstitucional sobre la Igualdad de Género. Ocho instituciones del Estado han implantado esos mecanismos en sus organismos.
28.El Departamento de Protección de los Derechos Humanos y Control de Calidad del Ministerio del Interior trabajó activamente en la concienciación sobre el acoso sexual en 2020. Los investigadores, los agentes de policía, los policías de patrulla y los agentes de la policía comunitaria han recibido capacitación sobre el acoso sexual, la detección de esos delitos y la manera de realizar una investigación eficaz.
Respuesta al párrafo 7
29.Entre 2018 y 2020, la Fiscalía de Georgia tuvo una política penal estricta con los acusados de delitos domésticos y se negó a aplicar la potestad discrecional a los autores de violencia contra las mujeres para cualquier categoría de delito. En 2020, se iniciaron procesos penales por delitos domésticos contra 4.633 personas y la proporción de procesos penales iniciados contra autores de delitos domésticos fue de un cuarto del total. La intolerancia por motivos de género quedó reflejada por primera vez en 2020 en causas de asesinato de mujeres.
30.Se ampliaron las funciones del Servicio de Coordinadores de Testigos y Víctimas. De conformidad con las recientes enmiendas al artículo 50 del Código de Procedimiento Penal, la persona que lleve a cabo el interrogatorio deberá ofrecer a los parientes cercanos de los acusados en las causas penales abiertas en virtud del artículo 1261 (violencia doméstica) o el artículo 111 (delito doméstico) del Código Penal de Georgia que hayan sufrido daños morales, físicos o pecuniarios a causa de ese delito la posibilidad de consultar a un coordinador de testigos y víctimas y un período de deliberación de tres días antes de ejercer el derecho previsto en el artículo 50 del Código de Procedimiento Civil.
31.El Departamento de Derechos Humanos y Control de Calidad de las Investigaciones del Ministerio del Interior hace un seguimiento diario de los casos de violencia de género contra las mujeres y supervisa las actuaciones policiales en asuntos similares.
32.En marzo de 2020, el Parlamento aprobó la Ley para Combatir los Delitos contra la Libertad y la Inviolabilidad Sexuales, que endureció la responsabilidad de los autores de delitos contra la libertad y la inviolabilidad sexuales de los menores. Quienes cometan delitos contra la libertad y la inviolabilidad sexuales de los menores serán privados de determinados derechos en virtud de la ley por sentencia judicial. Por ejemplo, después de salir de una institución penitenciaria, los autores tienen prohibido trabajar en instituciones educativas, el derecho a permanecer en un radio de no más de 30 metros en los alrededores, el derecho a estar en centros de ocio para niños, en bibliotecas para menores, etc.
33.Además, el Ministerio del Interior está elaborando una base de datos de personas condenadas por delitos sexuales, cuya finalidad es controlar a los autores de delitos sexuales y proteger a los menores de la violencia sexual.
Respuesta al párrafo 8
34.A fin de abordar y prevenir el aborto de selección de sexo (selección de sexo con sesgo de género), el Gobierno de Georgia se sigue centrando en: promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las niñas y la lucha contra los estereotipos de género negativos; garantizar el derecho de las mujeres a acceder a las tecnologías reproductivas modernas, trabajando con los prestatarios de servicios y los especialistas en salud reproductiva para recabar su participación como asociados y promover un uso más ético de las tecnologías de atención de la salud reproductiva; y llevar a cabo una campaña de comunicación en todo el país con el lema “no diferencies, tanto los niños como las niñas son tu futuro”.
35.El Ministerio de Educación y Ciencia de Georgia ha empezado a preparar un curso de aprendizaje sobre la educación y los delitos sexuales en el marco de “La hora del médico” para el nivel básico.
36.La Orden del Ministro de Trabajo, Salud y Asuntos Sociales sobre la Aprobación de las Normas para la Aplicación de la Interrupción Artificial del Embarazo estableció el procedimiento de consulta o entrevista previa al aborto, que sirve para informar plenamente a la paciente sobre las complicaciones previstas como resultado del aborto. La orden prohíbe el aborto selectivo, excepto en los casos en que sea necesario para prevenir una enfermedad de transmisión sexual.
37.Las complicaciones del aborto se financian con cargo al Programa de Atención Universal de la Salud del Estado. Cuando un profesional o una profesional de la salud, por cualquier motivo, se niega a practicar un aborto, de conformidad con el Protocolo Nacional sobre la Interrupción Segura del Embarazo, tiene la obligación de remitir a la paciente a otro centro que preste el servicio.
38.Organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y el Institute for Health Metrics and Evaluation, han expresado su aprobación por la disminución considerable de la mortalidad materna y de menores de 5 años. Según las estadísticas oficiales y las estimaciones internacionales, la tasa de mortalidad de los menores de 5 años en Georgia cumplió el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio.
39.Con el fin de reducir el número de fallecimientos de madres y niños, así como el número de muertes perinatales por anemia ferropénica, y el número de partos prematuros y anomalías congénitas, desde junio de 2014 toda la población embarazada recibe ácido fólico hasta la 13ª semana de embarazo y, en caso de anemia ferropénica, la medicación correspondiente a partir de la 26ª semana de embarazo.
Respuesta al párrafo 9
40.El 9 de agosto de 2008, la Fiscalía General de Georgia inició una investigación sobre los crímenes de genocidio y la violación premeditada del derecho internacional humanitario y el derecho penal de Georgia durante el conflicto armado que tuvo lugar en el país en 2008. Se interrogó a unos 6.000 ciudadanos, la mayoría de los cuales están reconocidos como víctimas. Se calcula que se mató o hirió a más de 2.000 civiles durante las hostilidades y se detuvo a hasta 200 civiles. Entre las personas muertas había militares, policías y periodistas. Según los datos de 2008 del Organismo del Registro Civil, el número total de desplazados internos registrados de diferentes regiones de Georgia superaba los 130.000. Por el momento, no se ha iniciado ningún proceso penal contra ninguna persona. La investigación está en curso.
41.En la actualidad, se están investigando 486 casos en el Departamento de Investigación de los Delitos Cometidos durante las Acciones Judiciales de la Fiscalía de Georgia. Entre 2015 y 2021 el Departamento desveló 181 casos de confiscación forzosa de bienes de los ciudadanos y 20 casos de palizas, tortura, trato inhumano y violencia, y se descubrió la participación en delitos de 52 funcionarios públicos, incluidos el ex Fiscal General y sus adjuntos, el ex Ministro del Interior y altos funcionarios de los ministerios del Interior y de Finanzas.
42.Desde la creación del Departamento, se concedió la condición de víctima a 407 personas, 293 de las cuales han recuperado (o los procedimientos de recuperación están en curso), como resultado de la decisión final adoptada por la Fiscalía, del Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible de Georgia bienes muebles e inmuebles por valor de aproximadamente 57.750.000 laris.
43.En la actualidad, el Departamento ha adoptado la decisión de solicitar al tribunal la revisión de la sentencia con respecto a 103 condenados, 18 de los cuales tenían la condición de presos políticos. Hasta la fecha, el tribunal ha dictado sentencias absolutorias en relación con 85 personas.
44.Como resultado del trabajo del Departamento, se estableció la violación sustancial de derechos contra 14 personas, 12 de las cuales fueron reconocidas como presos políticos, sobre la base de lo cual, se retiraron las acusaciones contra ellas y fueron absueltas.
45.En relación con los delitos cometidos contra los reclusos del establecimiento penitenciario núm. 5 (la cárcel de Ortachala, actualmente clausurada, el denominado caso del “motín en la cárcel”), se inició un proceso contra tres personas, en virtud de los artículos 1443 y 333 del Código Penal de Georgia. Los tres acusados fueron declarados culpables de las acusaciones presentadas contra ellos.
46.En cuanto a los delitos cometidos contra los presos internados en el establecimiento penitenciario núm. 8, se iniciaron acciones judiciales contra 41 personas, en virtud de los artículos 138 (Otra acción de carácter sexual), 1441 (Tortura), 1443 (Trato inhumano o degradante) y 333 (Extralimitación de funciones) del Código Penal de Georgia.
47.En relación con los delitos cometidos contra los reclusos del establecimiento penitenciario núm. 15, en virtud de los artículos 1443 (Trato inhumano o degradante) y 342 (Dejación de funciones) del Código Penal de Georgia, se inició un proceso contra cinco personas, entre ellas un director de prisiones y tres jefes de dependencia. El tribunal de primera instancia absolvió a todos los acusados de la acusación en virtud del artículo 1443. Los tribunales de apelación y casación confirmaron la absolución. Una persona acusada en virtud del artículo 342 del Código Penal de Georgia fue declarada culpable en la sentencia del tribunal.
48.En relación con los delitos cometidos contra los reclusos del establecimiento penitenciario núm. 2, se inició un proceso contra ocho personas, entre ellas dos directores de prisiones. Siete acusados fueron declarados culpables de las acusaciones presentadas contra ellos y uno fue absuelto. En este momento la investigación está en curso en relación con nueve casos.
49.En cuanto a los delitos cometidos contra los presos internados en el establecimiento penitenciario núm. 6, se inició un proceso contra ocho personas, en virtud de los artículos 1441 y 1443 del Código Penal de Georgia. Todos los acusados fueron declarados culpables de las acusaciones presentadas contra ellos. Se concedió la condición de víctima a 82 personas. En la actualidad, la investigación está en curso en relación con 24 casos.
50.En cuanto a los delitos cometidos contra los presos internados en el establecimiento penitenciario núm. 16, se inició un proceso contra cinco personas, en virtud del artículo 1441 del Código Penal de Georgia. Todos los acusados fueron declarados culpables de las acusaciones presentadas contra ellos. Se concedió la condición de víctima a 149 personas.
51.En cuanto a los delitos cometidos contra los reclusos del establecimiento penitenciario núm. 4, se iniciaron acciones judiciales contra nueve personas, en virtud del artículo 1443 del Código Penal de Georgia, entre las que se encontraban 1 jefe del Departamento Penitenciario, 1 jefe adjunto del Departamento Penitenciario y 2 jefes de dependencia. Todos los acusados fueron declarados culpables de los delitos presentados contra ellos por el tribunal de primera instancia. El tribunal de apelación anuló esa resolución y absolvió a todos los acusados. La parte acusadora presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Georgia.
52.En cuanto a la dispersión de la manifestación pacífica del 7 de noviembre de 2007, la Fiscalía General inició la investigación de un caso (todos los demás casos relacionados con los actos violentos del 7 de noviembre se acumularon con el primero). Como resultado de la investigación, se iniciaron acciones judiciales contra tres personas. En la actualidad el caso está siendo examinado en cuanto al fondo por el tribunal.
53.En lo que respecta al 15 de junio de 2009, para cumplir los compromisos del Gobierno de Georgia derivados de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en 2015, se entrevistó o interrogó a aproximadamente 70 testigos, se solicitaron documentos pertinentes para la investigación a diversas organizaciones, se obtuvo material fotográfico y videográfico que ilustraba la dispersión de la manifestación de medios de comunicación y diversas páginas web, y se encargaron y realizaron exámenes médicos habitoscópicos y forenses. Se concedió la condición de víctima a 37 personas que participaron en la manifestación del 15 de junio de 2009. La investigación y la recopilación de pruebas adicionales están en curso para la evaluación jurídica de los actos cometidos por las personas identificadas.
54.Con respecto al 3 de enero de 2011, sobre la base de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada el 4 de abril de 2017, con vistas a cumplir los compromisos del Gobierno de Georgia, se entrevistó o interrogó a 34 personas, y, en total, se interrogó a 72 personas como testigos. Se concedió la condición de víctima a 12 personas. Se solicitaron documentos valiosos para la investigación a diversos organismos, se obtuvo de medios de comunicación material fotográfico y videográfico que mostraba la dispersión de la manifestación y se encargó un examen forense habitoscópico y fonético exhaustivo. La investigación está en curso.
55.Durante la reunión de la coalición Sueño Georgiano con la población local, en la aldea de Mereti, en el municipio de Gori, el 26 de junio de 2012, por el altercado verbal entre partidarios del Movimiento Nacional y de Sueño Georgiano, dos personas fueron objeto de detención administrativa por alteración del orden público y una persona fue detenida por alteración del orden público e incumplimiento de una orden legítima de un agente de policía. Se impuso a los tres infractores una sanción de detención administrativa de diez días de duración.
56.Por la alteración del orden público cometida contra el periodista y el teleoperador de la agencia de noticias Info 9 el 12 de julio de 2012, en el asentamiento de desplazados internos de Karaleti, cerca de la ciudad de Gori, se sometió a cinco personas a detención administrativa durante 15 días.
Respuesta al párrafo 10
57.La Oficina de Inspección del Estado es independiente en el ejercicio de sus competencias y no está sujeta a ningún órgano o funcionario. Cualquier influencia o injerencia ilícita en las actividades de la Inspección del Estado, los empleados de la Oficina de Inspección del Estado o los investigadores está prohibida y sujeta a sanciones por la ley.
58.El Servicio de Inspección del Estado tiene la potestad para llevar a cabo investigaciones completas y aplicar medidas operacionales y de investigación en los casos de delitos de su competencia. La Fiscalía de Georgia se encarga de la orientación y la supervisión procesales de los casos investigados por el Servicio, así como del enjuiciamiento penal.
59.En 2020, el Servicio de Inspección del Estado recibió 2.622 denuncias de delitos. Se inició la investigación de 270 casos penales, entre ellos 27 en aplicación del artículo 1443 del Código Penal de Georgia (Trato degradante o inhumano).
60.En relación con el caso de Temirlan Machalikashvili, cabe señalar que el 23 de diciembre de 2017, el Tribunal de la Ciudad de Tiflis dictó una sentencia sobre su detención. Según esa sentencia, la noche del 26 de diciembre de 2017, durante una operación especial en la aldea de Duisi, en el distrito de Akhmeta, un agente del Departamento de Operaciones Especiales del Servicio de Seguridad del Estado disparó e hirió a Temirlan Machalikashvili, que acabó falleciendo el 10 de enero de 2018, por su intento de activar una granada de mano.
61.A fin de determinar si el agente del Departamento de Operaciones Especiales actuó correctamente y si el disparo era urgente, la Fiscalía de Tiflis realizó una investigación exhaustiva y completa. En particular, se entrevistó a 124 personas en calidad de testigos, se llevaron a cabo decenas de actuaciones de investigación o procesales, y se realizaron más de una docena de exámenes forenses diferentes sobre la causa penal.
62.La Fiscalía de Georgia realizó un juicio sumario y la investigación del caso se finalizó el 25 de enero de 2020. La investigación ha demostrado que el agente de la División de Operaciones Especiales se encontraba en una situación de legítima defensa, la amenaza era real e inminente, y el único propósito de sus actos era proteger su propia vida y salud y las de los que lo rodeaban. También se confirmó que ninguno de los miembros de las Fuerzas Especiales ni ningún alto funcionario cometieron ningún acto ilegal o delictivo. Por lo tanto, el Gobierno solicita al Comité que tome en consideración lo anterior y evite la clasificación del caso como homicidio por agentes del Servicio de Seguridad del Estado (como se indica en el párrafo 10 de la lista de cuestiones).
Respuesta al párrafo 11
63.Georgia informó al Secretario General de las Naciones Unidas sobre el derecho de suspensión ejercido en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante la nota N19/9860, de 21 de marzo de 2020.
64.El 21 de marzo de 2020, el Presidente de Georgia declaró el estado de emergencia en el territorio de Georgia para limitar la propagación de la COVID-19 y asegurar la protección de la salud pública. Inicialmente, el estado de emergencia se instituyó por 30 días desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril de 2020. Sin embargo, habida cuenta de la creciente dinámica de la propagación de la COVID-19, se prolongó posteriormente hasta el 22 de mayo de 2020.
65.Las medidas adoptadas incluían el establecimiento de normas especiales de aislamiento y cuarentena, la suspensión del tráfico aéreo, terrestre y marítimo internacional, la suspensión de las visitas a las instituciones penitenciarias, la restricción de las reuniones, concentraciones y manifestaciones, el establecimiento de normas y condiciones para la educación en línea y la restricción del derecho a la propiedad.
66.La aplicación de esas medidas dio lugar a suspensiones en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Más concretamente, de conformidad con el artículo 4, párrafo 3, del Pacto, Georgia suspendió los artículos 9, 12, 17 y 21. Georgia informó debidamente al Secretario General de las Naciones Unidas sobre esas suspensiones.
67.El 22 de mayo de 2020, el Parlamento aprobó y el Presidente promulgó la legislación especial de emergencia por la que se establecieron audiencias judiciales a distancia y se introdujeron normas especiales sobre el aislamiento y la cuarentena hasta el 15 de julio de 2020. La legislación especial de emergencia se prorrogó varias veces y sigue en vigor hasta el 1 de enero de 2022. Por consiguiente, las suspensiones se han prorrogado hasta ese momento.
68.Georgia informó al Secretario General de las Naciones Unidas sobre el derecho de suspensión ejercido por Georgia en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante las siguientes notas: N19/9860, de 21 de marzo de 2020; N19/11359, de 22 de abril de 2020; N19/13537, de 23 de mayo de 2020; N19/18571, de 15 de julio de 2020; N19/34515, de 31 de diciembre de 2020; y N19/18004, de 30 de junio de 2021.
69.Como subrayó Georgia en sus comunicaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, esas suspensiones solo afectan a las obligaciones en la medida estrictamente necesaria habida cuenta de las exigencias de la situación persistente con el coronavirus. Georgia informará al Secretario General de las Naciones Unidas cuando se levanten esas medidas.
Respuesta al párrafo 12
70.El Parlamento de Georgia tiene previsto aprobar un nuevo Código de Infracciones Administrativas. El nuevo Código regulará sistemáticamente las normas existentes y desarrollará una normativa clara sobre las relaciones jurídicas pertinentes. Todo ello se hará de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. En la actualidad, no está previsto suprimir la detención administrativa.
71.De conformidad con la legislación georgiana, la duración máxima de la detención administrativa es de 12 horas, tras lo cual se debería presentar a la persona ante un tribunal. Sin embargo, si la detención administrativa se produce fuera del horario laborable, la persona puede quedar detenida en un centro de detención temporal en régimen de aislamiento hasta que una autoridad competente examine el caso. De ser así, el período total de detención no deberá superar las 48 horas. El plazo máximo de la detención administrativa es de 15 días.
72.El acceso a un abogado por las personas sometidas a detención administrativa, se concede plenamente a cualquier hora del día o de la noche, sin ninguna limitación. El derecho a un abogado se explica en la lista de derechos y obligaciones que se entrega a todos los detenidos al ingresar en un centro de detención temporal en régimen de aislamiento.
73.Se elaboró un formulario especial de conformidad con el Protocolo de Estambul y el examen médico de los detenidos se realiza únicamente de conformidad con el mencionado documento.
74.Cuando un médico o una médica documenta posibles malos tratos contra un detenido, lo notifica inmediatamente al Servicio de Inspección del Estado. La notificación se envía incluso cuando el detenido no ha denunciado ningún acto de violencia, pero el médico tiene sospechas razonables de que tales hechos podrían haber tenido lugar.
75.En 2020, se contrató a personal médico adicional en cinco centros de detención temporal en régimen de aislamiento por todo el país. En la actualidad, hay unidades de servicios médicos en 22 de los 30 centros de detención en régimen de aislamiento.
76.Desde 2020, se ha renovado completamente un centro de detención temporal en régimen de aislamiento. Se realizaron los trabajos de mantenimiento necesarios en 19 centros de detención en régimen de aislamiento. En agosto de 2020, se inauguraron en Tiflis el nuevo centro de detención en régimen de aislamiento y la institución para personas sujetas a detención administrativa. Ambos centros cumplen plenamente las normas vigentes.
Respuesta al párrafo 13
77.El 5 de marzo de 2021, el Parlamento de Georgia aprobó enmiendas legislativas a la Ley de Georgia sobre Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas, Precursores y Ayudas de Estupefacientes, que volvió a definir las cantidades de ocho sustancias sometidas a control especial y sus dosis. Ello se debió al uso generalizado de esas drogas en la práctica y al hecho de que la posesión de incluso la dosis más pequeña conllevaba la responsabilidad prevista para la compra o la posesión ilegales de grandes cantidades de drogas. Como resultado de la modificación, la responsabilidad penal por la posesión de drogas específicas se graduó en pequeña, inicial y grande en función de la cantidad. Se dio efecto retroactivo a la ley y se consideró una circunstancia nueva que permitía revisar las sentencias dictadas antes de su aprobación.
78.Georgia da prioridad a la importancia del desarrollo de una política de drogas basada en pruebas. A fin de abordar la prioridad mencionada, el Ministro de Justicia de Georgia emitió una orden el 16 de enero de 2020, por la que se estableció el Observatorio Nacional de las Drogas, garante institucional de la recogida y el análisis de datos científicamente válidos sobre las drogas y las cuestiones de la drogadicción.
79.El Observatorio Nacional de las Drogas está integrado por expertos en prevención, tratamiento y rehabilitación, reducción de daños, reducción de la oferta, adicciones, sociología o epidemiología y representantes de los organismos del Estado.
Respuesta al párrafo 14
80.En 2020, se proporcionó a 640 familias de desplazados internos alojamiento de larga duración y, en 2021-2022, se hará lo propio con otras 1.820 familias de desplazados internos.
81.A pesar de las restricciones de la pandemia de COVID-19, más de 3.000 familias de desplazados internos recibieron una casa en 2020 en el marco de diferentes programas del Estado.
82.El Organismo de Medios de Vida presta asistencia financiera ocasional a los desplazados internos y fondos de alquiler mensuales para las familias. En 2020, 12.384 desplazados internos recibieron ayuda financiera ocasional y 1.462 familias, fondos de alquiler para su alojamiento temporal.
83.Según la investigación realizada entre los beneficiarios de los diferentes programas ejecutados por el Organismo anualmente, los ingresos del 86 % de los beneficiarios han aumentado debido al efecto positivo de los programas y ascienden a entre 300 y 1.500 laris.
84.A fin de mitigar parcialmente los efectos negativos de la pandemia en las familias y las personas más vulnerables de la comunidad de desplazados internos, el Organismo llevó a cabo diversas actividades durante 2020, como, por ejemplo: 1.050 familias de desplazados internos preseleccionadas recibieron productos alimenticios y bienes fungibles; 1.000 familias muy vulnerables recibieron alimentos y diferentes productos de higiene con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; 126 asentamientos colectivos de desplazados internos fueron completamente desinfectados con la ayuda del Gobierno central, las instituciones municipales y varias organizaciones no gubernamentales.
Respuesta al párrafo 15
85.El sistema de asilo georgiano garantiza el acceso al asilo a todos los extranjeros y apátridas que soliciten protección internacional en la frontera o en el territorio de Georgia.
86.Las solicitudes de protección internacional de los solicitantes de asilo sirios, eritreos y yemeníes, al igual que el resto de las solicitudes de otros países de origen, son examinadas de manera individual, objetiva e imparcial por funcionarios competentes del Ministerio del Interior, que evalúan cuidadosamente todos los hechos y la información pertinentes.
87.Cualquier decisión adoptada por el Ministerio del Interior durante el procedimiento de asilo, incluida la desestimación sobre la base de consideraciones de seguridad nacional, se puede recurrir en el plazo de un mes tras la notificación oficial de la decisión al solicitante de asilo.
88.Los tribunales tienen pleno acceso a la información de seguridad en la que se basen las resoluciones de desestimación de la protección internacional. Antes de que los tribunales dicten una resolución firme, los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional gozan de los derechos y las garantías previstos en la ley, incluido el acceso a la asistencia jurídica gratuita en relación con las desestimaciones de sus solicitudes de asilo, así como con la revocación o la cancelación de su situación.
89.Si el tribunal de primera instancia desestima la solicitud del solicitante de asilo o el beneficiario de protección internacional, este puede recurrir ante el tribunal de segunda instancia, que dicta la resolución final sobre el caso.
90.Georgia cuenta con un procedimiento eficaz de inscripción de los nacimientos que impide que estos queden sin registrar, lo cual elimina la posibilidad de que un niño se convierta en apátrida por ese motivo. La autoridad de inscripción de los actos civiles inscribe el nacimiento de un niño nacido en Georgia, así como el nacimiento de un niño nacido en el extranjero de un ciudadano georgiano o el nacimiento de un hijo de un apátrida reconocido jurídicamente en Georgia.
91.La Ley Orgánica sobre la Ciudadanía de Georgia define las diversas opciones para obtener la ciudadanía georgiana, incluso cuando se trate de un hijo o hija de un apátrida en Georgia o su padre o madre sea apátrida en Georgia y el otro progenitor sea desconocido.
92.Se presume que un niño que resida en Georgia con filiación desconocida es ciudadano georgiano a menos que se demuestre lo contrario.
93.La Ley Orgánica sobre la Ciudadanía Georgiana define la naturalización facilitada para los niños apátridas nacidos en Georgia. A los niños y niñas apátridas nacidos en Georgia se les concederá la ciudadanía georgiana si cumplen solo uno de los requisitos: cinco años de residencia en Georgia. La naturalización de los niños apátridas no requiere la residencia legal en Georgia.
94.A los niños y niñas que no hayan adquirido la ciudadanía georgiana por nacimiento se les concederá si uno de sus progenitores es un ciudadano georgiano o si han sido adoptados por un ciudadano georgiano.
Respuesta al párrafo 16
95.La absolución dictada por un jurado es firme y no se puede recurrir.
96.El Código de Procedimiento Penal prevé excepciones específicas en las que se puede recurrir una condena, a saber: una parte puede recurrir una condena ante el Tribunal de Apelación (una vez), si: a) el Presidente de la sesión adoptó una decisión ilegal sobre la admisibilidad de las pruebas; b) el Presidente de la sesión adoptó una decisión ilegal durante el examen de una moción presentada por una de las partes, vulnerando gravemente el principio de contradicción; c) el Presidente de la sesión cometió un error importante al dar explicaciones antes de abandonar la sala de deliberaciones del jurado; d) el magistrado presidente, en todo o en parte, no se basó en el veredicto del jurado al dictar la sentencia; e) el Presidente de la sesión se basó en el veredicto incumpliendo los requisitos del Código al dictar sentencia; f) la sentencia es ilegal o está claramente injustificada; g) el magistrado presidente no tuvo en cuenta la recomendación del jurado de reducir o agravar la pena. Si se estima el recurso de casación previsto en los apartados a) a e), se deberá remitir el caso a un nuevo jurado para que lo vuelva a examinar.
97.En caso de revocación del veredicto del jurado por los motivos previstos en los apartados f) y g), el Tribunal de Apelación deberá dictar una nueva sentencia. En ese caso, la sentencia de este último es firme y no admite recurso.
98.El Servicio de Asistencia Jurídica ofrece asistencia jurídica gratuita a los ciudadanos vulnerables y desfavorecidos y pone su apoyo a su disposición mediante sus 14 oficinas y 25 centros de asesoramiento en todo el país.
99.Se ofrece asesoramiento jurídico sobre cualquier asunto penal, civil o administrativo de manera gratuita a cualquier persona. En cuanto a la preparación de la documentación legal y la representación en los tribunales, solo se prestan esos servicios a los ciudadanos socialmente vulnerables que no puedan pagar los servicios de un abogado.
100.Los beneficiarios registrados en la base de datos unificada de hogares socialmente vulnerables con una puntuación igual o inferior a 70.000, así como las personas pertenecientes a categorías específicas con una puntuación igual o inferior a 100.000, tienen derecho a recibir servicios jurídicos gratuitos del Servicio de Asistencia Jurídica.
101.En casos excepcionales, el director del Servicio de Asistencia Jurídica puede asignar un abogado de oficio a las personas que no sean insolventes, pero que no puedan costear los servicios de asesoramiento por su mala situación socioeconómica, si dicha incapacidad está bien documentada.
Respuesta al párrafo 17
102.En virtud de las enmiendas legislativas, los representantes de los otros poderes del Estado han sido excluidos de la composición del Consejo Superior de Justicia.
103.En la Constitución de Georgia se ha previsto que el Consejo Superior de Justicia rinda cuentas solo ante la Conferencia de Jueces, el órgano de autogobierno de los jueces de los tribunales comunes, que asegura además la independencia del Consejo de cualquier tipo de influencia o injerencia externa.
104.En aplicación de las enmiendas legislativas de 2019, el Consejo Superior de Justicia debe motivar sus decisiones, incluidas las decisiones sobre el nombramiento de jueces y presidentes de tribunales.
105.La aprobación de la Ley sobre la Mediación y la ampliación de los litigios susceptibles de mediación se deben destacar también en lo que respecta a las medidas adoptadas para reducir el flujo de casos en los tribunales. Las actividades del Consejo Superior de Justicia, como la aprobación del Programa de Mediación Judicial y su plan de acción, el establecimiento de centros de mediación en los tribunales, etc., tendrán en última instancia un efecto positivo en la reducción de la carga de trabajo y el aumento de la eficiencia del poder judicial.
106.Desde el 1 de enero de 2018, los casos se han asignado a los jueces mediante un sistema electrónico, según el principio de asignación aleatoria.
107.A fin de asegurar un examen objetivo de las presuntas faltas de conducta de los jueces, en 2017 se estableció la institución del Inspector Independiente, que actúa con independencia del Consejo Superior de Justicia. En la actualidad, solo el Inspector está facultado para iniciar el procedimiento disciplinario y realizar el examen y la investigación preliminar de las presuntas faltas de conducta.
108.La duración del programa de capacitación inicial de los candidatos a jueces se ha aumentado de 10 a 16 meses y se han perfeccionado los componentes del programa de aprendizaje, lo cual permite la profundización de los conocimientos teóricos de los candidatos y el desarrollo de las habilidades esenciales para las actividades judiciales.
109.La introducción del sistema de nombramiento vitalicio de los jueces ha sido la culminación de las últimas reformas judiciales. En virtud del artículo 63, párrafo 6, de la Constitución de Georgia, los jueces de los tribunales comunes (incluidos los magistrados del Tribunal Supremo) deberán ser nombrados de forma vitalicia hasta que alcancen la edad establecida por la ley orgánica. De conformidad con la legislación, el nombramiento por un período de tres años solo se puede aplicar en los casos de nombramiento inicial y hasta el 31 de diciembre de 2024.
110.Hay dos procedimientos diferentes para la evaluación de un candidato a juez: con experiencia judicial previa y sin experiencia judicial previa. La evaluación de ambos tipos de candidatos a juez la lleva a cabo el Consejo Superior de Justicia sobre la base de dos criterios principales: la integridad y la competencia.
111.El cumplimiento por los candidatos a juez sin experiencia judicial previa de los criterios prescritos se evalúa sobre la base de las entrevistas realizadas con ellos y la información obtenida (verificación de antecedentes). Después de la entrevista, cada miembro del Consejo Superior de Justicia deberá completar la hoja de evaluación de cada candidato, en la que se anotarán los resultados de la evaluación de los candidatos a juez según los criterios establecidos. En cuanto a los jueces en funciones y los antiguos jueces, se les evalúa sobre la base del examen de cinco casos elegidos al azar, el sistema de evaluación de puntos y la hoja de evaluación rellenada por los miembros del Consejo Superior de Justicia de manera independiente tras la entrevista.
112.Después de que el Consejo Superior de Justicia vote la designación de un juez para el cargo, la motivación de la decisión se deberá publicar en su página web. La motivación debería incluir la descripción del procedimiento y el perfil del juez o la jueza designada, incluidas las puntuaciones obtenidas y las conclusiones sobre su integridad. Además, la publicación de las opiniones disidentes de los miembros del Consejo Superior de Justicia es obligatoria.
113.Los candidatos a juez o jueza tienen derecho a recurrir la decisión del Consejo Superior de Justicia sobre la denegación de su nombramiento ante la Sala de Calificación del Tribunal Supremo de Georgia.
114.La reforma constitucional de 2017 facultó al Consejo Superior de Justicia (en lugar del Presidente de Georgia) para seleccionar y nombrar a los candidatos a jueces del Tribunal Supremo ante el Parlamento.
115.Sobre la base de las enmiendas legislativas de 2019, 2020 y 2021, la Ley Orgánica de Georgia sobre los Tribunales Comunes ha dispuesto el procedimiento detallado y los criterios para la selección de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo.
116.Las enmiendas han determinado la obligación del Consejo Superior de Justicia de llevar a cabo una contratación abierta, determinar los requisitos que deben cumplir los solicitantes, realizar verificaciones de antecedentes y entrevistar a cada candidato individualmente en una audiencia pública. Las puntuaciones obtenidas por los candidatos, la explicación de esas puntuaciones, las evaluaciones de cada característica de la integridad y la explicación de esas evaluaciones se deberán publicar en la página web del Consejo Superior de Justicia junto con la identidad de sus miembros.
117.El marco legislativo permite que los candidatos con los mejores resultados se presenten al Parlamento. El Consejo Superior de Justicia determina la lista de candidatos preseleccionados en función de su puntuación, es decir, los candidatos que hayan obtenido las puntuaciones más altas en el criterio de la competencia pasan a la siguiente fase de selección.
118.Los miembros del Consejo Superior de Justicia pueden emitir una opinión disidente por escrito, que se deberá presentar al Parlamento y publicar en la página web del Consejo.
119.Los candidatos tienen la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo Superior de Justicia en cualquier fase del proceso de selección ante la Sala de Calificación del Tribunal Supremo.
120.Tras la nominación, se celebran entrevistas en una comisión parlamentaria. Quienes reciben la mayoría de los votos del pleno del Parlamento son finalmente designados para el Tribunal Supremo.
121.La Constitución de Georgia dispone que los jueces pueden ser apartados del examen de un caso, destituidos o trasladados a otro puesto únicamente en los casos especificados por la ley orgánica. En particular, se deberá retirar al juez del conocimiento de una causa y el ejercicio de otras facultades oficiales desde el momento en que: a) se inicie un proceso penal contra él; b) el Tribunal Disciplinario adopte la decisión de destituirlo, hasta la resolución final del caso. La recusación de un juez del conocimiento de una causa conllevará automáticamente la suspensión de otras funciones oficiales.
122.Los magistrados del Tribunal Supremo pueden ser apartados de sus cargos por el Parlamento de Georgia mediante un proceso de destitución, mientras que los jueces de los tribunales de primera y segunda instancia son destituidos por el Consejo Superior de Justicia sobre la base de los motivos detallados que se establecen en el artículo 43 de la Ley Orgánica sobre los Tribunales Comunes. En caso de cometer una falta disciplinaria, será necesario el informe correspondiente del Tribunal Disciplinario de los jueces de los tribunales comunes para que el Consejo Superior de Justicia destituya a un juez.
Respuesta al párrafo 18
123.Desde el 1 de enero de 2020, el Centro de Derivación de Menores depende del Organismo para la Prevención del Delito, las Penas No Privativas de Libertad y la Libertad Condicional, que es una entidad jurídica de derecho público. Es la primera vez en Georgia que se empieza a trabajar de forma sistemática y compleja con los menores en conflicto con la ley por debajo de la edad de responsabilidad penal (menos de 14 años).
124.También se ha empezado a trabajar con adolescentes de 10 a 18 años que muestran diversos comportamientos desafiantes, difíciles o antisociales. Sobre la base de una evaluación de sus necesidades específicas, los menores participan en servicios de rehabilitación como el servicio psicológico, la capacitación psicosocial y otros programas.
125.En cuanto al efecto de los programas en los menores, desde la fundación de los centros en 2020 hasta la actualidad, el plan de apoyo individual se ha finalizado con éxito en 19 casos y el proceso de mejora de la rehabilitación se está llevando a cabo en otros casos.
126.Los menores del Organismo participan en los siguientes tipos de programas de resocialización y rehabilitación: gestión de la ira, trata de personas, estilo de vida saludable, valores personales, programa de integración en la comunidad, programa de capacitación en derechos humanos y desarrollo de la tolerancia para grupos vulnerables, comunicación efectiva, módulo de autoevaluación y promoción de nuevas posibilidades, adaptación al contexto social, conocimiento de la actividad delictiva, etc.
127.De conformidad con el artículo 15 del Código de Justicia de Menores, en cualquier fase del proceso penal, los menores acusados, condenados o absueltos y los menores víctimas recibirán asistencia jurídica gratuita, salvo que un abogado defensor (defensa acordada) contratado por el menor participe en el proceso.
128.En cuanto a los menores o las menores entrevistadas o testigos, también pueden solicitar asistencia jurídica gratuita si carecen de medios o deben ser entrevistadas en relación con los delitos contra la vida, la salud, la libertad sexual y la inviolabilidad sexual, la tortura o el trato inhumano. Si se cumple alguna de esas condiciones y el menor o la menor entrevistada o testigo o su representante legal solicita la designación de un abogado a cargo del Estado, se satisface dicha solicitud. En la práctica judicial tampoco hay excepciones a esa norma.
129.Los trabajadores sociales intervienen en todos los procedimientos de justicia juvenil y presentan una evaluación individual del menor al tribunal. Además, en todos los casos en que los jueces consideren que incide en el interés superior del menor, se recaba la intervención de un psicólogo en las actuaciones procesales realizadas en relación con los menores. El psicólogo evalúa las necesidades del menor y le proporciona apoyo psicológico durante el proceso.
Respuesta al párrafo 19
130.El Organismo Técnico Operacional de Georgia, que tiene la potestad exclusiva para llevar a cabo medidas de vigilancia electrónica, goza de un alto grado de independencia y no tiene funciones de investigación, inteligencia o contrainteligencia.
131.El Organismo lleva a cabo actividades de investigación encubiertas solo previa solicitud de los servicios policiales y de seguridad, sobre la base de la autorización judicial respectiva (y solo en casos excepcionales de urgencia, a petición del fiscal, que debe recibir la aprobación del juez en un plazo máximo de 48 horas).
132.El nuevo conjunto de medidas legislativas ha mejorado considerablemente los mecanismos de supervisión externa de las actividades del Organismo. El Gobierno, la Comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento (en particular el Grupo de Confianza), los tribunales, la Fiscalía General, la Inspección del Estado y la Oficina de Auditoría del Estado llevan a cabo la supervisión.
133.Se ha otorgado a la Inspección del Estado la potestad para llevar a cabo la supervisión del proceso de actividades de investigación encubiertas (vigilancia de las comunicaciones), así como del proceso relacionado con los datos de identificación de las comunicaciones electrónicas, mediante los sistemas de vigilancia electrónica y vigilancia electrónica especial, inspeccionando la legalidad del fundamento para el procesamiento de la información y teniendo la posibilidad de suspender el proceso en cualquier etapa en caso de que se detecte alguna incoherencia. Desde la creación del Organismo, se han realizado diez inspecciones anunciadas y no anunciadas.
134.En virtud de las recientes enmiendas a la Ley de Georgia sobre la Seguridad de la Información, el Organismo Operacional Técnico se encargará de garantizar la seguridad de la información en los organismos del Gobierno, mientras que el sector privado será competencia del Organismo de Gobernanza Digital, que es una entidad jurídica de derecho público del Ministerio de Justicia. El Organismo Operacional Técnico no tendrá derecho a acceder directamente al contenido de las comunicaciones realizadas por esos organismos del Gobierno y sus actividades estarán sometidas a amplios mecanismos de supervisión, incluidos el Parlamento, el Primer Ministro y la Inspección del Estado.
135.La Ley sobre el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia dispone los mecanismos pertinentes para asegurar la independencia y la imparcialidad política del Servicio y garantiza la protección del Servicio de cualquier influencia indebida.
136.En la Ley sobre el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia se dedica un capítulo aparte a los mecanismos de supervisión externa de sus actividades, entre los que se encuentran los controles parlamentario, judicial, de la Fiscalía y del Servicio de Auditoría del Estado. Además, cabe mencionar las funciones de supervisión del Defensor del Pueblo y la Inspección del Estado y su acceso a los secretos de Estado, en lo que respecta al control de las actividades del Servicio de Seguridad del Estado.
Respuesta al párrafo 20
137.Georgia no es la sucesora legal del régimen totalitario soviético y no tiene la obligación de indemnizar a las asociaciones religiosas por los daños causados por el régimen totalitario soviético. Sin embargo, el Estado georgiano sigue devolviendo a las asociaciones religiosas los edificios de culto que pasaron a ser propiedad del Estado tras la restauración de la independencia.
138.Como parte de esa política, desde 2014 hasta la actualidad, se han devuelto unas 200 mezquitas, tanto suníes como chiíes, a la comunidad musulmana y se restituyeron plenamente 20 sinagogas a la comunidad judía. Se devolvieron la iglesia y el cementerio próximo (5.500 m2) en Tiflis a la Iglesia evangélica luterana de Georgia.
139.El 1 de enero de 2019 adquirió fuerza ejecutiva la resolución del Tribunal Constitucional y, aunque antes la Iglesia ortodoxa era la única que gozaba de privilegios, la exención del impuesto sobre el valor añadido sin derecho a deducción se empezó a aplicar a los trabajos de construcción, restauración y pintura de los templos y las iglesias de todas las religiones (sentencia núm. 1/2/671 del Tribunal Constitucional de Georgia, de 3 de julio de 2018).
140.En virtud de la resolución del Tribunal Constitucional, a partir del 1 de enero de 2019, se equipararon todas las demás confesiones religiosas con la Iglesia ortodoxa de Georgia y se dio la oportunidad de transferir la propiedad sobre bienes del Estado, de forma gratuita, a todas las asociaciones religiosas (sentencia núm. 1/1/811 del Tribunal Constitucional de Georgia, de 3 de julio de 2018).
141.A discreción del Estado, en el marco de la Resolución núm. 117 del Gobierno de Georgia, de 27 de enero de 2014, cuatro confesiones religiosas, las asociaciones religiosas islámicas, judías, católicas romanas y apostólicas armenias, reciben indemnizaciones simbólicas y parciales por los daños causados durante el régimen totalitario soviético. Desde 2014 hasta la fecha, la indemnización simbólica y parcial por los daños ha ascendido a 32.250.000 laris, más concretamente: comunidad musulmana, 19.800.000 laris; comunidad católica romana, 3.900.000 laris; comunidad apostólica armenia, 5.700.000 laris; y comunidad judía, 2.850.000 laris.
142.La concesión de permisos de construcción (incluidos los edificios religiosos) en Georgia está regulada por la ley y las minorías religiosas tienen total libertad para construir sus propios edificios religiosos de conformidad con la legislación aplicable.
143.En el ámbito de la educación general y en las escuelas públicas en concreto, la neutralidad religiosa y la protección del proceso de aprendizaje frente a todo tipo de adoctrinamiento y proselitismo religioso se rigen por la Ley de Georgia sobre la Educación General.
144.El plan de estudios nacional, como documento principal para la enseñanza y el aprendizaje, abarca temas relacionados con la violencia y el discurso de odio, los derechos humanos y la tolerancia en las asignaturas pertinentes en las escuelas públicas.
Respuesta al párrafo 21
145.En 2016-2020 se enjuició a nueve personas por injerencia ilegal en las actividades profesionales de la prensa, en virtud del artículo 154 del Código Penal de Georgia. En cuanto a otros delitos cometidos contra periodistas, en 2016-2020 se enjuició a 22 personas, en virtud de los artículos 126, 150, 156, 187 y 239 del Código Penal de Georgia.
146.En 2021, se modificó la calificación jurídica en el caso de la privación ilegal de la libertad de Afgan Mukhtarli y, por el momento, la investigación sigue su curso en virtud del artículo 143, párrafo 3 a), del Código Penal de Georgia (cometida con el acuerdo previo de un grupo de personas). En el proceso de investigación de este caso, las fuerzas del orden han interrogado a hasta 400 personas, se han solicitado y examinado las grabaciones de las cámaras de videovigilancia y se han realizado los exámenes forenses pertinentes.
147.El 7 de abril de 2021, Afgan Mukhtarli llegó a Georgia. Tras su llegada, fue interrogado como testigo y se realizó un experimento de investigación con su participación. En la actualidad, se están planificando y llevando a cabo las actividades operacionales y de investigación derivadas del testimonio de Afgan Mukhtarli, se está interrogando a los testigos especificados por este y se envió una solicitud de asistencia judicial internacional adicional a Azerbaiyán.
148.En abril de 2021 se concedió a Afgan Mukhtarli la condición de víctima, sin que hasta la fecha se haya iniciado el proceso judicial contra ninguna persona. La investigación está en curso.
149.El 17 de julio de 2020, el Parlamento aprobó unas enmiendas a la Ley sobre las Comunicaciones Electrónicas que introducen nuevas normas relativas a la ejecución de las decisiones de la Comisión Nacional de Comunicaciones de Georgia, organismo nacional de regulación en los ámbitos de la radiodifusión y las comunicaciones electrónicas. En virtud de la nueva ley, los actos jurídicos de la Comisión de Comunicaciones en el ámbito de las comunicaciones electrónicas se deberán cumplir, salvo que el tribunal decida lo contrario y suspenda su aplicación.
150.Las medidas previstas en la nueva ley comprenden el mecanismo del administrador especial, nombrado en el operador de telecomunicaciones, si el operador viola persistentemente la legislación y se niega a aplicar las resoluciones normativas relativas a las fusiones y adquisiciones y cumplir las obligaciones relativas al poder de mercado significativo. Se pueden confiar en el administrador especial las facultades de gestión del operador, excepto la de vender acciones o activos del operador. El mecanismo del administrador especial finaliza una vez que se ejecuta la decisión inicial.
151.La regulación se consideró necesaria para colmar la laguna de la legislación georgiana, que no preveía un mecanismo eficaz de aplicación de las decisiones de la Comisión de Comunicaciones. La legislación establece salvaguardias para que el administrador especial no pueda influir en la política editorial de las actividades de radio difusión del operador de telecomunicaciones e impide que se infrinja el principio de neutralidad de la red.
Respuesta al párrafo 22
152.La Fiscalía General está investigando el caso de extralimitación de funciones, uso de violencia y armas por algunos agentes del orden que participaban en la protección y el restablecimiento del orden público los días 20 y 21 de junio en Tiflis, delito tipificado en el artículo 333, párrafo 3 b), del Código Penal de Georgia. Se han llevado a cabo más de 1.000 actuaciones de investigación y procesales; se ha interrogado a unas 800 personas; se ha recogido material de videográfico y fotográfico, procesado y sin procesar, que muestra los sucesos de los días 20 y 21 de junio, así como documentación médica; se están llevando a cabo exámenes médicos forenses en relación con 340 personas; y se han iniciado exámenes forenses de trazabilidad. Se procedió a la incautación de todas las armas utilizadas durante los sucesos de los días 20 y 21 de junio, así como cartuchos de muestra, y posteriormente se realizaron exámenes de balística y química forense.
153.La investigación ha obtenido más de 10 terabytes de material fotográfico y videográfico. En la actualidad, se está llevando a cabo la investigación y el análisis del material incautado, con el fin de establecer cada episodio concreto e identificar a las personas pertinentes.
154.Se reconoció la condición de víctima a 13 personas, entre ellas 3 periodistas. Se procesó a tres empleados del Ministerio del Interior en virtud del artículo 333, párrafo 3 b), del Código Penal de Georgia. Sus casos están siendo examinados en cuanto al fondo en el Tribunal de la Ciudad de Tiflis. La oficina del Defensor del Pueblo de Georgia supervisa la investigación.
155.Con respecto a los sucesos de los días 20 y 21 de junio de 2019, la Inspección General del Ministerio del Interior inició procedimientos disciplinarios contra 11 empleados del Ministerio y aplicó las siguientes sanciones disciplinarias: reprimenda, dos empleados; apercibimiento, ocho empleados; y apercibimiento grave, un empleado.
156.El Servicio de Inspección del Estado de Georgia está investigando ocho casos de extralimitación de funciones, haciendo uso de la violencia, por agentes del orden contra los participantes en una manifestación de protesta en Tiflis en noviembre de 2019, delito tipificado en el artículo 333, párrafo 3 b), del Código Penal de Georgia. Se llevaron a cabo todas las actuaciones urgentes, necesarias y posteriores de investigación y procesales sobre los casos mencionados, incluida la solicitud de los exámenes forenses pertinentes. En este momento, no se ha reconocido a ninguna persona como víctima ni se ha presentado acusación contra nadie. Las investigaciones siguen en curso.
Respuesta al párrafo 23
157.En 2020, la Fiscalía General de Georgia examinó casos relativos a delitos tipificados en el artículo 140 (Penetración de carácter sexual en el cuerpo de una persona menor de 16 años) y 1501 (Matrimonio forzado) del Código Penal de Georgia, así como casos relativos a la privación ilegal de la libertad, y elaboró la Directriz para los Delitos Punibles en Virtud del Artículo 140.
158.Los departamentos de policía están creando y adaptando entornos que tengan en cuenta el interés superior del niño para minimizar la victimización de los menores afectados por los procedimientos. Ya hay salas adaptadas a los niños en cinco divisiones y para finales de 2021 está previsto duplicar el número de espacios similares.
159.Además, en 2020, se puso en marcha la Unidad Principal de Asuntos de Menores en el Departamento de Policía de Tiflis, que cuenta con investigadores especializados. La Unidad responde a los delitos y las infracciones administrativas cometidas por menores o contra ellos.
160.Cada año, el Departamento de Protección de los Derechos Humanos y Control de Calidad hace un seguimiento de todos los casos en todo el país, cuya motivación pueda haber sido el matrimonio infantil y prepara informes especiales. Se ha elaborado una instrucción especial para los investigadores sobre las normas para la investigación de los delitos de matrimonio infantil y el Departamento supervisa el uso activo de esa instrucción. A fin de evitar la repetición de la violencia contra la víctima, junto a la puesta en marcha de una investigación sobre los mismos delitos, en todos los casos necesarios se dictan órdenes de alejamiento contra los autores, incluidos los de discriminación de género. Además, se remite a los menores a servicios públicos para que reciban asistencia psicológica, social o jurídica.
161.El Ministerio del Interior lleva a cabo periódicamente una campaña informativa denominada “No te lleves la infancia” con el fin de eliminar los delitos de matrimonio infantil y aumentar la conciencia pública sobre la cuestión, así como informar puntualmente a la policía sobre el delito.
162.El 13 de julio de 2020, el Parlamento de Georgia aprobó enmiendas legislativas en cuatro actos legislativos con el objetivo de restringir las medidas contra el abuso sexual y la explotación sexual de niños.
163.Como resultado de las enmiendas legales en 2016-2021 el Organismo de Desarrollo del Servicio Público, que es una entidad jurídica de derecho público del Ministerio de Justicia emitió documentos de identidad temporales para 41 niños (28 sin hogar y 13 víctimas de la violencia) sobre la base de la solicitud del Organismo para la Atención del Estado. El Organismo de Desarrollo del Servicio Público también expidió 13 documentos de identidad y 1 permiso de residencia temporal para 14 niños sin hogar y niños víctimas de la violencia y pasaportes biométricos para 13 niños.
164.Se ha potenciado el papel de los trabajadores sociales. En particular, los trabajadores sociales tienen la potestad de alejar a los niños de la familia o el entorno en que se cometa violencia. Ello comprende el caso de que la violencia contra el niño tenga lugar en la calle.
165.El Mecanismo de Remisión para la Protección de los Niños amplió las entidades encargadas de remitir los casos de violencia contra los niños a los organismos competentes. En particular, todas las instituciones del Gobierno y sus dependencias orgánicas, las instituciones médicas y las municipalidades locales tienen la obligación de remitir al Organismo para la Atención del Estado y a la policía los posibles casos de violencia contra los niños. La falta de notificación de esos casos a los órganos competentes del Estado por las personas que participen en el mecanismo de remisión de niños da lugar a responsabilidad administrativa.
166.En 2018-2020, se identificó a diez niños como víctimas legales de la trata de personas por su participación en la mendicidad. Se procesó a seis tratantes y se condenó a cinco por mendicidad forzada de niños. Un proceso judicial sigue en curso.
167.Desde 2016, el Departamento de Inspección de las Condiciones Laborales vigila el trabajo forzoso, incluido el trabajo infantil. En 2020, solo se descubrió un caso de trabajo forzoso que se remitió al Ministerio del Interior para que lo investigara.
Respuesta al párrafo 24
168.Para las elecciones parlamentarias del 31 de octubre de 2020, se reformaron la Constitución de Georgia y la Ley Orgánica de relativa al Código Electoral de Georgia, lo cual cambió sustancialmente el sistema electoral.
169.El número de diputados a elegir por el sistema mayoritario se ha reducido respectivamente. El Parlamento, como resultado de las elecciones parlamentarias de 2020, consta de 120 miembros elegidos por el sistema proporcional y 30 miembros elegidos por el sistema mayoritario.
170.Se ha reducido el umbral electoral y se ha simplificado el procedimiento de inscripción electoral de los partidos.
171.Se definió la norma temporal para la participación de los votantes en silla de ruedas en las elecciones parlamentarias de 2020 de Georgia.
172.Por primera vez, se estableció el principio de las cuotas de género obligatorias en la legislación electoral de Georgia en relación con las listas electorales, en particular, se definió una cuota obligatoria de equilibrio de género en la lista de los partidos para su inscripción y participación en las elecciones.
173.Anteriormente, la compra de votos por menos de 100 laris estaba prevista en el Código Administrativo de Infracciones, mientras que la compra de votos por más de 100 laris estaba tipificada en el Código Penal. En la actualidad, la compra de votos por menos de 100 laris constituye también un delito.
174.Se modificó el artículo 26, párrafo 6, de la Ley Orgánica de Georgia sobre las Asociaciones Políticas de Ciudadanos y se determinó que el nombre, el apellido y el número personal del donante sean públicos.
175.La enmienda del artículo 25, párrafo 2 b), de la Ley Orgánica de Georgia sobre las Asociaciones Políticas de Ciudadanos aclara los criterios que deben reunir las entidades jurídicas donantes: solo pueden ser donantes las entidades jurídicas registradas en Georgia cuyos socios sean únicamente ciudadanos georgianos y las entidades jurídicas registradas en Georgia cuyos beneficiarios finales sean únicamente ciudadanos georgianos.
176.Durante las elecciones presidenciales del 28 de octubre de 2018 y las elecciones parlamentarias del 31 de octubre de 2020, las personas con discapacidad tuvieron a su disposición los siguientes servicios en todos los recintos electorales: votantes en silla de ruedas, cabinas de votación especiales en los recintos electorales accesibles; votantes con discapacidad visual, dos láminas con efecto lupa; votantes ciegos, guía de votación táctil. Para los votantes sordos y con problemas de audición, así como para los beneficiarios de ayuda, se colocó un cartel en el que se describía el proceso de votación en todos los colegios electorales.
177.De conformidad con el artículo 24, párrafo 2, de la Constitución de Georgia, los ciudadanos que hayan sido reconocidos por resolución judicial como beneficiarios de ayuda e ingresados en un hospital no tendrán derecho a participar en elecciones y referendos. Por lo tanto, la restricción indicada se refiere únicamente a los beneficiarios de ayuda que estén ingresados en un hospital, mientras que los que no estén en esa situación pueden disfrutar del sufragio activo.
Respuesta al párrafo 25
178.Uno de los instrumentos clave de la política de igualdad cívica e integración es la Estrategia Estatal para la Igualdad Cívica y la Integración y su Plan de Acción respectivo, que tiene como objetivo la participación igualitaria y plena de las minorías étnicas en los procesos sociopolíticos, cívicos y culturales, y la prestación de una educación de calidad, incluida la mejora del conocimiento del idioma estatal (georgiano) y la preservación de la identidad cultural.
179.El 13 de julio de 2021, el Gobierno aprobó un documento estratégico para 2021-2030 y el plan de acción correspondiente para 2021-2022.
180.La representación de las minorías étnicas en el autogobierno local es proporcional al porcentaje de la población. Las minorías étnicas han participado en igualdad de condiciones y plenamente en las elecciones (parlamentarias, presidenciales, de autogobierno local) celebradas en Georgia. La documentación electoral se tradujo al armenio y el azerbaiyano, se realizaron campañas de información o concienciación, y se capacitó a los miembros de las comisiones electorales que no hablaban georgiano.
181.En las regiones densamente pobladas por personas de origen étnico armenio y azerbaiyano, la población no tiene dificultades lingüísticas con las autoridades locales. Se facilita la comunicación de los representantes de las minorías étnicas con las autoridades públicas y el gobierno autónomo local, así como la traducción de las solicitudes y las quejas presentadas a los órganos de gobierno autónomo local por dichos representantes y de las respuestas.
182.En las administraciones regionales de Kvemo Kartli y Kakheti hay consejos consultivos públicos integrados por representantes de las minorías étnicas. Esa modalidad de comunicación o consulta contribuye a mejorar la participación de los representantes de las minorías étnicas en los procesos de adopción de decisiones en el plano local.
183.Desde 2017 se está ejecutando satisfactoriamente un programa especial de prácticas para estudiantes de minorías étnicas, beneficiarios del Programa 1+4, en el sector público. El programa consiste en contratar a estudiantes de minorías étnicas para mejorar sus conocimientos y habilidades que contribuyan a sus oportunidades de empleo y al proceso de integración cívica. El número de beneficiarios del programa de prácticas ha aumentado hasta 300.
184.La mayoría de los romaníes están inscritos y su condición jurídica es la adecuada. El proceso de inscripción y su apoyo jurídico están en curso. Representantes de la comunidad romaní participan periódicamente en actividades culturales destinadas a popularizar la diversidad cultural del país. Durante la pandemia de COVID-19, se llevó a cabo una campaña de información y concienciación para la población romaní sobre cuestiones relacionadas con el coronavirus. También se han entregado 380 paquetes con alimentos y artículos de higiene a familias romaníes en todo el país.
185.Los grupos étnicos minoritarios más pequeños, como los kists, los avares, los yazidíes, los asirios y los udíes, reciben una atención especial. Se les presta apoyo por medio de programas y actividades adaptados a las necesidades que tienen por objetivo la participación activa en los procesos cívicos, políticos y socioeconómicos, así como una mayor promoción de su cultura.
186.Los canales de televisión regionales retransmiten diariamente en directo el programa de noticias en versión georgiana, con traducción simultánea a los idiomas armenio y azerbaiyano. El portal web puesto en marcha en el marco de la radiotelevisión pública está disponible en siete idiomas, incluidos los minoritarios. Los periódicos en armenio y azerbaiyano se publican con el apoyo del Estado.
187.Se alienta y apoya correctamente la diversidad cultural de Georgia. El Estado presta apoyo a los teatros, los museos y los centros culturales de los representantes de las minorías étnicas, así como diversas actividades culturales por medio del Programa de Apoyo a la Cultura de las Minorías Étnicas, cuyo objetivo es promover y popularizar las culturas y las tradiciones de los grupos étnicos minoritarios, así como el diálogo intercultural.
188.En las regiones de asentamiento compacto de los representantes de las minorías étnicas se han llevado a cabo campañas de información o concienciación sobre programas y servicios estatales, programas educativos, temas sensibles, como los procesos de integración europea y euroatlántica de Georgia, y la desinformación y la propaganda, también en sus idiomas nativos (armenio, azerbaiyano).
189.Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 en Georgia, se han adoptado satisfactoriamente medidas proactivas concretas para asegurar la protección y el apoyo de los representantes de las minorías étnicas mediante el acceso a la información (mensajes de texto, videoclips, medios sociales, reuniones virtuales, más de medio millón de materiales impresos en idiomas minoritarios), servicios y artículos básicos de subsistencia (se han entregado 1.434 paquetes a familias de minorías étnicas socialmente vulnerables) y el acceso a la salud y la educación.