Naciones Unidas

CAT/OP/LBR/ROSP/1

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles , Inhumanos o Degradantes

Distr. general

14 de noviembre de 2023

Español

Original: inglés

Español, francés e inglés únicamente

Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Visita a Liberia del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018: recomendaciones y observaciones dirigidas al Estado parte

Informe del Subcomité * **

Índice

Página

I.Introducción3

II.Establecimiento del mecanismo nacional de prevención4

III.Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras su visita de 20106

A.Cuestiones normativas6

B.Cuestiones institucionales6

IV.Denuncias de tortura y malos tratos 10

A.Policía10

B.Cárceles11

V.Práctica y procedimientos de la policía11

A.Privación de libertad en las comisarías de policía11

B.Salvaguardias legales fundamentales durante la etapa inicial de la detención policial12

C.Condiciones materiales de detención en las comisarías de policía y preocupacionesde carácter humanitario conexas12

VI.Cárceles (presos preventivos y condenados)13

A.Separación de los reclusos13

B.Registros y mantenimiento de la información13

C.Situación general en las cárceles y preocupaciones de carácter humanitario conexas14

D.Menores privados de libertad16

E.Atención de la salud en las cárceles16

VII.Próximas medidas18

Anexos

I.List of government officials, civil society representatives and others with whom theSubcommittee met19

II.List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee20

I.Introducción

1.De conformidad con su mandato en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes realizó su segunda visita a Liberia del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018. Liberia ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo el 22 de septiembre de 2004.

2.Realizaron la visita los siguientes miembros del Subcomité: Malcolm Evans (jefe de la delegación), Mari Amos, Marija Definis-Gojanovic y Satyabhooshun Gupt Domah. El Subcomité contó con la asistencia de 2 oficiales de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 2 oficiales de seguridad de las Naciones Unidas y 2 intérpretes.

3. La primera visita del Subcomité a Liberia tuvo lugar del 6 al 13 de diciembre de 2010; el informe de esa visita se transmitió con carácter confidencial al Estado parte el 17 de junio de 2011. El Gobierno optó por mantener un silencio absoluto sobre su contenido, pese a que el Subcomité puso el máximo empeño en alentar al Estado parte a que presentara su respuesta al respecto.

4.Los principales objetivos de la segunda visita eran: a) dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Subcomité en el informe sobre la visita que había realizado en 2010; b) volver a visitar varios lugares de reclusión para que el Subcomité pudiera prestar asesoramiento al Estado parte acerca de las medidas que debía adoptar para fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y c) proporcionar asesoramiento y asistencia técnica en relación con el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

5.El Subcomité celebró reuniones con representantes de diversas autoridades gubernamentales competentes, organizaciones de la sociedad civil y las Naciones Unidas (véase el anexo I). Visitó diversos lugares de privación de libertad (véase el anexo II), entrevistando a personas privadas de libertad, agentes del orden y funcionarios de centros de detención, entre otros.

6.Al término de su visita, el Subcomité presentó verbalmente sus observaciones preliminares confidenciales a las autoridades y funcionarios del Gobierno.

7.En el presente informe, el Subcomité expone sus observaciones, conclusiones y recomendaciones en relación con la prevención de la tortura y los malos tratos de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo la jurisdicción de Liberia.

8.El Subcomité se reserva el derecho de formular observaciones adicionales sobre los lugares visitados, estén o no mencionados en el presente informe, en las conversaciones que mantenga con el Gobierno de Liberia a raíz del informe. La ausencia de observaciones en el presente informe acerca de alguno de los establecimientos o lugares de detención visitados por el Subcomité no implica ninguna opinión positiva o negativa de este al respecto.

9. El Subcomité recomienda al Estado parte que distribuya el presente informe a todas las autoridades, departamentos e instituciones gubernamentales competentes, en particular a aquellos mencionados en el informe.

10.El presente informe tendrá carácter confidencial hasta que el Gobierno de Liberia decida hacerlo público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, del Protocolo Facultativo. El Subcomité está firmemente convencido de que la publicación del presente informe contribuiría positivamente a la prevención de la tortura y los malos tratos en Liberia.

11. El Subcomité recomienda a las autoridades de Liberia que autoricen la publicación del presente informe de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 2, del Protocolo Facultativo.

12. El Subcomité señala a la atención del Gobierno de Liberia la existencia del Fondo Especial establecido en virtud del artículo 26 del Protocolo Facultativo y el hecho de que la publicación de las recomendaciones contenidas en los informes sobre sus visitas puede servir de base para la presentación de solicitudes al Fondo Especial.

13.El Gobierno de Liberia no ha cooperado plenamente con el Subcomité en la forma prevista en el Protocolo Facultativo. No entabló ningún tipo de diálogo tras la visita del Subcomité en 2010, ni proporcionó la mayor parte de la información solicitada por el Subcomité con miras a preparar su segunda visita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 b) del Protocolo Facultativo.

14.Si bien el Estado parte designó coordinadores para que prestaran asistencia al Subcomité, en caso necesario, durante su visita, estos no pudieron resolver las dificultades en el acceso a la sede del Organismo Nacional de Seguridad. Además, ningún representante de la Policía Nacional de Liberia asistió a las reuniones con el Subcomité que estaban previstas al inicio y al término de la visita. De hecho, muy pocos funcionarios acudieron a la reunión final. En consecuencia, el Estado parte perdió una valiosa oportunidad de recabar algunas observaciones iniciales que podrían haber sentado las bases para un diálogo constructivo con el Subcomité.

15.El artículo 4 del Protocolo Facultativo establece que el Estado permitirá las visitas a cualquier lugar bajo su jurisdicción y control donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de su libertad, bien por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito. Ese acceso debe proporcionarse de manera sistemática y no debe depender del permiso de terceros. El Subcomité recuerda al Estado parte que, una vez establecido, el mecanismo nacional de prevención debe tener esas mismas atribuciones.

16.Hubo una buena cooperación con la Dirección Penitenciaria y de Rehabilitación y, a nivel institucional, con los responsables de los centros penitenciarios y las comisarías de policía dependientes de esta Dirección. El Subcomité tuvo pleno acceso a los archivos y documentos y pudo entrevistarse de manera confidencial con las personas privadas de libertad sin injerencias, salvo en un caso aislado, que se produjo en la comisaría del depósito situado en la zona 10 del puerto franco de Monrovia.

II.Establecimiento del mecanismo nacional de prevención

17.Como se menciona en el párrafo 1 del presente informe, Liberia ratificó el Protocolo Facultativo el 22 de septiembre de 2004. En el artículo 17 del Protocolo Facultativo se dispone que se debe mantener, designar o crear un mecanismo nacional de prevención en el plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor (es decir, en el caso de Liberia, el 22 de junio de 2007). Todavía no se han adoptado esas medidas, lo que significa que, en el momento de la visita del Subcomité, el retraso en el establecimiento del mecanismo nacional de prevención era de más de 11 años. Desde 2016, Liberia figura en la lista pública de Estados partes que incumplen de manera sustancial y continua lo previsto en el artículo 17.

18.En el transcurso de sus visitas a Liberia en 2010 y 2018, el Subcomité examinó con las autoridades y otros interlocutores la creación o designación de un mecanismo nacional de prevención. En el momento de la visita de 2010, varios interesados nacionales habían asumido que se designaría como mecanismo nacional de prevención a la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos. Durante la visita realizada en 2018, quedó claro que no se había avanzado en absoluto en el establecimiento del mecanismo.

19. El Subcomité recomienda a las autoridades de Liberia que adopten un plan de acción claro que dé lugar al establecimiento de un mecanismo nacional de prevención de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo Facultativo en un plazo de seis meses a partir de la recepción del informe, y que adjunten ese plan a la respuesta que presenten por escrito, como se solicita en el párrafo 82.

20.El Subcomité entiende que la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos realiza algunas visitas a cárceles y comisarías de policía sin previo aviso. Sin embargo, ni las autoridades penitenciarias ni las personas recluidas en los lugares visitados por el Subcomité en 2018 parecían tener conocimiento de tales visitas.

21. El Subcomité insta al Estado parte a que establezca el mecanismo nacional de prevención de conformidad con las disposiciones pertinentes del Protocolo Facultativo y los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París). Además, si bien corresponde al Estado parte decidir qué forma debe adoptar su mecanismo nacional de prevención, el Subcomité recomienda a las autoridades de Liberia que se remitan a las Directrices relativas a los mecanismos nacionales de prevención y tengan en cuenta los siguientes elementos al preparar el plan de acción mencionado en el párrafo 19:

a) El mandato y las facultades del mecanismo nacional de prevención deben enunciarse de manera clara en forma de un texto constitucional o legislativo, y la independencia operacional del mecanismo debe estar garantizada por ley y hacerse efectiva en la práctica;

b) El mecanismo nacional de prevención debe establecerse y sus miembros deben ser seleccionados y nombrados mediante un proceso público, inclusivo y transparente en el que participen la sociedad civil y otros agentes que se dedican a la prevención de la tortura y los malos tratos en Liberia y de conformidad con los criterios publicados;

c) El mecanismo nacional de prevención debe desempeñar todos los aspectos de su mandato de una manera que no provoque conflictos de intereses reales o aparentes;

d) El mecanismo nacional de prevención debe disponer de recursos suficientes para desempeñar su labor con eficacia y gozar de una total autonomía financiera y operacional en el ejercicio de las funciones que se le encomiendan en el Protocolo Facultativo;

e) El mecanismo nacional de prevención debe complementar, y no sustituir, los sistemas de supervisión existentes en Liberia, y debe tener en cuenta la cooperación y la coordinación efectivas entre los mecanismos de prevención en el país y no debe impedir la creación o el funcionamiento de otros sistemas complementarios;

f) El Estado parte debe velar por que el mecanismo nacional de prevención pueda realizar visitas en la forma y con la frecuencia que decida el propio mecanismo, entrevistarse de manera confidencial con las personas privadas de libertad y realizar visitas sin previo aviso y en cualquier momento a todos los centros de reclusión, de conformidad con las disposiciones del Protocolo Facultativo;

g) Las autoridades del Estado y el mecanismo nacional de prevención deben entablar un proceso de diálogo significativo y constante, con miras a aplicar las recomendaciones que el mecanismo haya formulado, mejorando así el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y previniendo la tortura y otros malos tratos o penas. El Estado parte debe publicar y difundir ampliamente los informes anuales del mecanismo nacional de prevención.

22.El Subcomité está dispuesto a proporcionar asesoramiento y asistencia técnica para el establecimiento de un mecanismo nacional de prevención. Alienta a las autoridades de Liberia a que utilicen las herramientas elaboradas por el Subcomité (el instrumento y la matriz de evaluación) al formular su plan de acción, redactar la legislación pertinente y facilitar la labor del mecanismo nacional de prevención una vez que se haya establecido.

III.Aplicación de las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras su visita de 2010

23.El Subcomité entiende la complejidad de la situación del Estado parte y de su historia reciente, que se caracteriza por hechos como la celebración de elecciones parlamentarias y un cambio de Gobierno. No obstante, lo cierto es que el Gobierno de Liberia ha logrado escasos progresos desde la primera visita del Subcomité en 2010 en relación con sus recomendaciones, la mayoría de las cuales siguen sin aplicarse.

A.Cuestiones normativas

24.No se ha producido ningún avance con respecto al proyecto de ley contra la tortura presentado ante el órgano legislativo de Liberia en 2010.

25. El Subcomité reitera su recomendación al Estado parte de que, con carácter prioritario, tipifique la tortura como delito específico y autónomo, en consonancia con la definición de tortura establecida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura.

B.Cuestiones institucionales

26.El marco institucional sigue adoleciendo de problemas estructurales crónicos. A continuación, se exponen los más acuciantes, que requieren la adopción de medidas urgentes. Esta situación debe examinarse a la luz de la enorme acumulación de causas pendientes ante los tribunales, que es fruto de una combinación del uso excesivo de la prisión preventiva, las deficiencias en el sistema de justicia penal, la escasez de abogados de oficio y la falta de mecanismos adecuados para abordar estos problemas.

1.Uso y duración excesivos de la prisión preventiva

27.En el informe sobre su visita de 2010, el Subcomité planteó serias preocupaciones en relación con el número de presos preventivos y la duración de la prisión preventiva. Esos problemas siguen sin resolverse. Los presos preventivos representan el 70 % de la población carcelaria total, que es de aproximadamente 2.300 reclusos. En el artículo 18.2 de la Ley de Procedimiento Penal se establece que, a menos que se demuestre la existencia de razones justificadas, una causa debe desestimarse si no se han formulado cargos en las dos vistas consecutivas siguientes a la detención. Las faltas y los delitos leves, que son competencia de un juez o un juez de paz, serán juzgados dentro de los 15 días siguientes a la detención del acusado o tras su comparecencia ante el tribunal en virtud de una citación o una orden de comparecencia. Estas disposiciones legales rara vez se respetan en la práctica. El carácter disfuncional de los procedimientos relativos a la detención, la detención policial y la prisión preventiva y la falta de alternativas prácticas a las medidas de privación de libertad (véanse los párrafos 29 a 36) se traducen en la grave sobrecarga del sistema de justicia. La duración media de la prisión preventiva parece ser de dos o tres años, lo cual contraviene las garantías constitucionales del derecho a un juicio sin dilaciones. Eso quiere decir que muchas personas permanecen en prisión preventiva durante períodos superiores a los correspondientes a las penas que se les impondrían de ser declaradas culpables, un asunto que es especialmente serio en los casos de delitos leves.

28. El Subcomité reitera su recomendación de que la prisión preventiva se utilice como medida de último recurso, en lugar de ser la norma general . Además, recomienda que se creen alternativas a la prisión preventiva, así como un mecanismo más eficaz para el examen periódico de los casos de las personas en prisión preventiva.

2.Poder judicial

29.Los problemas generados por el uso indiscriminado de la prisión preventiva son múltiples e incluyen, entre otros, retrasos y disfunciones sistémicos en la administración de justicia. Estos problemas ya fueron señalados por el Subcomité en su informe sobre la visita de 2010. En la actualidad, el poder judicial no parece funcionar con eficiencia: los plazos para las actuaciones judiciales son inadecuados y los sistemas de remisión de causas entre los distintos tribunales no son eficaces. Con arreglo a la Ley del Poder Judicial, la jurisdicción penal en primera instancia es compartida fundamentalmente por los tribunales de circuito, los tribunales de primera instancia y los jueces de paz. Sin embargo, la mayoría de las causas se asignan a los tribunales de circuito, que se reúnen cuatro veces al año en períodos de sesiones trimestrales. Cada período de sesiones dura 42 días, lo que en total representa menos de la mitad del año. En la práctica, los períodos de sesiones pueden ser a menudo más breves. Habida cuenta de la acumulación de causas pendientes, esos períodos son demasiado cortos, situación que se ve agravada por la limitada disponibilidad de jueces. Puede suceder que se tarde varios períodos de sesiones en concluir una única causa, lo cual dilata aún más el plazo de espera para la resolución de otras causas. Como resultado de ello, las personas permanecen recluidas durante períodos prolongados, con frecuencia por delitos leves y delitos para los que se prevé la libertad bajo fianza, en condiciones deplorables. Tales problemas se ven agudizados por la falta de una coordinación adecuada y oportuna entre los tribunales, la policía y las autoridades penitenciarias.

30. El Subcomité recomienda al Gobierno de Liberia que revise la Ley del Poder Judicial y reforme su sistema judicial mediante la ampliación de los períodos de sesiones de los tribunales, a fin de que pueda administrar justicia de manera más eficiente, eficaz y oportuna. También recomienda al Gobierno que recabe el asesoramiento de expertos para reformar sus sistemas de gestión de casos y expedientes.

3.Programa de Celebración de Juicios en las Prisiones

31.El Programa de Celebración de Juicios en las Prisiones, que se mencionó en el informe sobre la visita de 2010 y fue concebido para acelerar la tramitación de las causas relativas a presos preventivos aún no ha solventado los problemas sistémicos y estructurales del sistema de justicia penal. La celebración de juicios siguiendo el procedimiento acelerado previsto en el marco de dicho programa solo tiene lugar en la Prisión Central de Monrovia y, por lo tanto, no tiene incidencia alguna a nivel nacional. Además, si bien es cierto que la Prisión Central de Monrovia es la que registra la mayor tasa de hacinamiento del país y alberga al 75 % de todos los presos preventivos, muchos de los entrevistados que estaban acusados de delitos leves no tenían conocimiento de la existencia de esta modalidad de juicios, que, según se decía, se celebraban regularmente seis días a la semana. Pese a que el Subcomité realizó dos visitas a la Prisión Central de Monrovia, no asistió a ningún juicio celebrado con arreglo al procedimiento acelerado ni vio pruebas de que se hubiera celebrado alguno recientemente, ni oyó hablar de presos que estuvieran al corriente de tal procedimiento. Por lo tanto, no resulta sorprendente que el programa no haya logrado resultados significativos en la resolución de los problemas de hacinamiento, demoras indebidas y períodos excesivamente prolongados de prisión preventiva.

32. El Subcomité recomienda que el Programa de Celebración de Juicios en las Prisiones se haga extensivo a otros centros de prisión preventiva de todo el país. Asimismo, debe estudiarse el establecimiento de tribunales móviles y el uso de comunicaciones electrónicas entre los abogados, los tribunales y las personas privadas de libertad. Debe proporcionarse información relativa al funcionamiento de los juicios con arreglo al procedimiento acelerado a todos los presos preventivos y debe mejorarse la coordinación entre los jueces, los fiscales, los abogados de oficio y los funcionarios penitenciarios, con miras a facilitar la tramitación oportuna de las causas y reducir el número de presos preventivos y la duración media de la prisión preventiva. El Subcomité recomienda también que se le proporcione información actualizada sobre la celebración de juicios siguiendo el procedimiento acelerado en el marco de la respuesta solicitada en el párrafo 82 del presente informe.

4.Libertad bajo fianza, libertad vigilada y libertad condicional

33.El Estado parte aún no ha establecido alternativas adecuadas a la detención y no hace un uso suficiente de las alternativas que existen actualmente, como la libertad bajo fianza, la libertad vigilada y la libertad condicional. Cabe señalar que la Constitución de Liberia garantiza a sus ciudadanos el derecho a la libertad bajo fianza y que la Ley de Procedimiento Penal tipifica una serie de delitos para los que puede concederse la libertad bajo fianza. Sin embargo, parece que esta se aplica de forma esporádica. Incluso cuando se concede la libertad bajo fianza, la cuantía que se fija como condición es a menudo tal que resulta prácticamente inaccesible para muchos, si no para la mayoría, de quienes deberían poder ejercer su derecho constitucional y legal a beneficiarse de ella. Además, la Ley de Procedimiento Penal otorga a los jueces la facultad discrecional de poner en libertad a las personas acusadas de un delito menor sin pagar una fianza, pero con sujeción a la obtención de garantías personales sobre su futura comparecencia ante el tribunal. No solo se utiliza esta discrecionalidad judicial en raras ocasiones, sino que también los tribunales aplican poco las medidas alternativas a la reclusión, ya sea en la fase previa al juicio o en el momento de dictar condena. Otro hecho que cabe señalar es que, en el momento de la visita, la Junta de Libertad Condicional no estaba operativa, aunque recientemente se habían publicado avisos de vacante para cubrir varios puestos.

34. El Subcomité recomienda que las disposiciones de la Ley de Procedimiento Penal relativas a las medidas alternativas a la detención por delitos leves se utilicen de manera adecuada en la práctica y que se elaboren y apliquen debidamente las disposiciones legales sobre las medidas alternativas a la privación de libertad de los detenidos, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio).

35. El Subcomité recomienda que se revisen y reduzcan las cuantías excesivas exigidas para obtener la libertad bajo fianza y que se imparta capacitación a los funcionarios judiciales a fin de garantizar que la libertad bajo fianza sea la norma y no la excepción.

36. El Subcomité recomienda que la Junta de Libertad Condicional se establezca con prontitud y comience a funcionar de inmediato.

5.Sistemas de justicia informales

37.En el informe sobre su visita de 2010, el Subcomité formuló observaciones sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia informales en el país. Durante su visita, el Subcomité recibió información sobre la existencia de diversas formas de justicia informal, con diferentes niveles de formalidad y reconocimiento, a saber, la justicia comunitaria, la justicia tradicional y la justicia callejera.

38.La justicia comunitaria tiene como objetivo abordar los delitos leves a través de la mediación comunitaria gratuita. Entraña una estrecha cooperación entre la Policía Nacional de Liberia, los dirigentes comunitarios y otros agentes de la justicia y la seguridad. Contribuye a garantizar que las personas no sean encarceladas innecesariamente y también puede ayudar a resolver cuestiones que quedan fuera del ámbito de la responsabilidad penal. Esas iniciativas de mediación son un complemento valioso de los procedimientos jurídicos más formales, siempre que sean llevadas a cabo por mediadores debidamente capacitados y que los procesos se ajusten a las normas de derechos humanos aplicables.

39.El uso de los sistemas de justicia tradicionales sigue siendo habitual en las zonas rurales debido a su accesibilidad y asequibilidad: según algunas estimaciones, en las zonas rurales casi el 80 % de los asuntos relacionados con la justicia, tanto en el ámbito penal como civil, se resuelve a través de los cauces tradicionales. La justicia tradicional está estrechamente vinculada a la seguridad y el orden y depende de las funciones de los dirigentes tradicionales, como los jefes, los ancianos y los líderes espirituales. Sin embargo, este sistema complementario también presenta algunas desventajas graves, ya que sigue facilitando el recurso a prácticas nocivas que pueden equivaler a torturas y malos tratos, como la mutilación genital femenina, las ordalías, las acusaciones de brujería y los asesinatos rituales, que afectan especialmente a determinados grupos, como las mujeres, los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y los indigentes.

40.La justicia callejera es frecuente en Monrovia y sus alrededores y a menudo la aplican ex niños soldados, que responden a los presuntos delitos adoptando medidas de carácter justiciero contra los presuntos delincuentes sin hacer referencia alguna al sistema jurídico y judicial oficial o complementario. La justicia callejera es, esencialmente, otra forma de anarquía y criminalidad.

41. El Subcomité reitera las recomendaciones que figuran en el informe sobre su visita de 2010 y recomienda que:

a) La solución de controversias por vías alternativas y los mecanismos de justicia comunitaria corran a cargo únicamente de mediadores debidamente capacitados;

b) Pese a reconocer la importante contribución de los sistemas sociales y culturales tradicionales, se realice la debida supervisión de los sistemas de justicia tradicionales, a fin de proteger a los usuarios contra toda forma de tortura o malos tratos;

c) Se adopten medidas inmediatas para eliminar la justicia callejera y para considerar a quienes la practican como autores de delitos en el marco del procedimiento de justicia penal.

6.Asistencia jurídica y abogados de oficio

42.El Gobierno de Liberia aún no ha aplicado las recomendaciones formuladas por el Subcomité tras su visita de 2010 en relación con la asistencia jurídica y los abogados de oficio. A pesar de las garantías legales relativas al derecho a tener acceso a un abogado y de la existencia del Programa Nacional de Defensa Pública, en la actualidad solo hay disponibles 34 abogados de oficio, que ejercen su labor dentro de los límites de Monrovia. Estos son insuficientes en número y solo se les asignan casos de presuntos asesinatos y robos a mano armada, lo cual significa que la mayoría de los presos preventivos no tienen acceso al sistema de asistencia letrada. Además, al parecer, con frecuencia los abogados de oficio exigen el pago de una tarifa adicional al detenido que puede beneficiarse del programa de asistencia letrada, quien también debe sufragar otros gastos (transporte, logística, etc.) que no están cubiertos por este programa.

43. El Subcomité recomienda que el sistema de asistencia letrada y defensa pública cuente con el personal y los recursos adecuados, a fin de que todas las personas que reúnan los requisitos necesarios para acceder a él reciban asistencia letrada gratuita, independientemente de su ubicación y de sus medios financieros. Además, el alcance del sistema debe ampliarse para abarcar la coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y los abogados que prestan servicios gratuitos.

7.Policía Nacional de Liberia

44.Aunque la administración policial ha mejorado desde la visita del Subcomité en 2010 y se están estableciendo nuevas normas para mejorar el funcionamiento de la policía, persisten problemas institucionales sistémicos, como el bajo nivel de remuneración, la escasa dotación de personal y la financiación insuficiente. Las comisarías de policía no están debidamente provistas y carecen tanto de vehículos como de equipamiento básico, como porras, esposas y armas de fuego. Además, los agentes tienen que adquirir sus propios uniformes. La escasez de personal y de medios de transporte menoscaba la eficiencia y la eficacia de la policía en todas las zonas de Monrovia, por no hablar de las zonas rurales del país. Esta situación propicia que las personas recurran a los mecanismos de justicia mencionados anteriormente (párrs. 37 a 41).

45. El Subcomité recomienda al Estado parte que aborde la cuestión sistémica de las condiciones deficientes de las comisarías y las malas condiciones de trabajo de los agentes de policía mediante un examen exhaustivo para determinar las necesidades de la policía en materia de dotación de personal, equipamiento básico (incluidos los medios de transporte) e instalaciones. Ese examen debe incluir la elaboración de un nuevo plan estratégico que disponga de financiación suficiente y garantice que la policía cuente con el personal, la remuneración y el equipo adecuados y esté en condiciones de actuar con eficiencia y eficacia en todo el país. El Estado parte también debe adoptar medidas enérgicas para prevenir la corrupción.

8.Separación de poderes

46.En la actualidad, tanto la policía como la administración del sistema judicial dependen del Ministerio de Justicia. Esta situación vulnera el principio de la separación de poderes y puede dar lugar a graves conflictos de intereses, que son contrarios a la gestión eficaz, imparcial e independiente del sistema de justicia penal. La policía y el poder judicial tienen funciones y responsabilidades diferentes y, por principio, deben estar separados administrativamente y ser gestionados por ministerios distintos.

47. El Subcomité recomienda que la responsabilidad del mantenimiento del orden y la administración de justicia se organice de modo que se haga efectivo el principio de la separación de poderes, garantizando así la independencia funcional y operacional y la imparcialidad de cada esfera.

IV.Denuncias de tortura y malos tratos

A.Policía

48.El Subcomité observa que, según la información proporcionada durante su segunda visita, a diferencia de la facilitada durante su visita de 2010, solo se formuló un pequeño número de denuncias de uso excesivo de la fuerza por agentes de policía en el momento de la detención y durante el transporte a las comisarías de policía. No obstante, en las comisarías de Monrovia visitadas por el Subcomité se presentaron varias denuncias de actos de violencia por parte de agentes de policía, incluidas palizas (puñetazos y patadas) como castigo por presunta mala conducta durante la privación de libertad. Según la información recibida, que fue corroborada, algunos agentes de policía esposaban sistemáticamente a los detenidos a una reja situada fuera de la comisaría durante varias horas, a fin de disuadir a los demás detenidos de tener una mala conducta. A menudo esos castigos se imponían para sofocar la agitación de quienes se encontraban sumamente hacinados en calabozos, cuyas condiciones materiales eran intolerables. Además, esas prácticas disciplinarias eran toleradas por las autoridades, lo que reforzaba la sensación general de impunidad respecto de las prácticas ilícitas de los agentes del orden en todo el país. Dichos actos constituyen formas de malos tratos prohibidos y deben considerarse como tales. Los agentes de policía deben tratar a todos los detenidos con humanidad. Si, excepcionalmente, es necesario esposar a una persona que ya se encuentra en detención policial, las esposas no deberán estar excesivamente apretadas ni utilizarse durante más tiempo del necesario y no deberán utilizarse para servir de escarmiento a los demás.

49. El Subcomité recomienda que se prohíban claramente esas medidas disciplinarias y que los responsables rindan cuentas de sus actos y, además de ser objeto de un procedimiento disciplinario, se enfrenten a cargos penales.

B.Cárceles

50.El Subcomité escuchó varias denuncias de torturas y malos tratos en las cárceles que visitó. Por ejemplo, en la Prisión Central de Tubmanburg, situada en el condado de Bomi, los guardias habrían sometido a presos preventivos a sanciones disciplinarias como esposarlos a las rejas y propinarles severas palizas con los puños, ramas con espinas o cables eléctricos. En la Prisión Central de Buchanan, que se encuentra en el condado de Grand Bassa, el Subcomité recibió denuncias concordantes de malos tratos físicos graves y sistemáticos infligidos por los guardias como forma de sanción disciplinaria. Por ejemplo, según las denuncias, se golpeaba sistemáticamente a los reclusos, se los esposaba mientras se hallaban en posiciones estresantes y se los obligaba a participar en actividades físicas extenuantes hasta que se desmayaban y se los exponía, durante períodos prolongados, al sol sin recibir alimentos ni agua, lo que les provocaba graves quemaduras solares. Varios de los internos presentaban marcas físicas que corroboraban esas denuncias.

51. El Subcomité recomienda que se prohíba de manera absoluta e inequívoca el uso de medidas disciplinarias y de control que constituyan torturas o tratos o penas inhumanos o degradantes, que se realicen investigaciones prontas e imparciales cuando haya motivos para sospechar que se han producido tales actos y que los responsables sean objeto de sanciones penales y disciplinarias.

52. El Subcomité recomienda al Estado parte que establezca y aplique reglamentos disciplinarios claros en todas las cárceles, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). En tales reglamentos se debe determinar: a) el tipo de conducta que constituye una infracción disciplinaria; b) el carácter y la duración de las sanciones disciplinarias aplicables; c) la autoridad competente para imponer esas sanciones; y d) los sistemas de recurso, registro y supervisión externa de las sanciones disciplinarias.

V.Práctica y procedimientos de la policía

A.Privación de libertad en las comisarías de policía

53.El Subcomité visitó seis comisarías de policía en Monrovia y el condado de Bomi. Existían diferencias notables en cuanto al cumplimiento del plazo de 48 horas dentro del cual un detenido debe ser acusado formalmente y comparecer ante una autoridad judicial. Si bien en general se respeta el plazo legal, a veces los detenidos permanecen en las dependencias policiales durante más de tres días, mientras que otros nunca son acusados ni llevados ante un tribunal. Además, varios detenidos habían sido trasladados a diversas comisarías de policía antes de ser acusados o puestos en libertad, prolongando en la práctica el plazo de detención más allá del plazo legal y, en algunas ocasiones, hasta cinco días. Esta práctica constituye una forma de abuso de la facultad de detención y privación de libertad.

54.Además, al parecer, algunas personas que se encuentran en detención policial son puestas en libertad bajo “palabra de una persona respetable”. Si bien el Subcomité valora y comprende los fundamentos de los sistemas comunitarios de mediación y resolución de conflictos y los beneficios que reportan, también señala que es importante que esos mecanismos estén debidamente regulados y que no den lugar al otorgamiento a la policía de facultades discrecionales no definidas jurídicamente que queden fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Procedimiento Penal. Según parece, un número considerable de las personas que se encuentran en detención policial también permanecen recluidas en relación con asuntos relativos a deudas privadas u otros litigios civiles, que parecen estar al margen o fuera del ámbito de la responsabilidad penal.

55. El Subcomité recomienda que se respeten estrictamente los plazos legales de detención policial. Todo retraso deberá ser excepcional y estar justificado por las circunstancias y previsto por la ley. Los sistemas alternativos para conceder la libertad a una persona objeto de detención policial deben estar debidamente regulados y sujetos a una supervisión externa independiente.

B.Salvaguardias legales fundamentales durante la etapa inicial de la detención policial

56.Las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe del Subcomité sobre su visita de 2010 en relación con la falta de salvaguardias fundamentales para las personas detenidas por la policía siguen siendo tan pertinentes hoy como lo eran entonces. Si bien las salvaguardias legales fundamentales de los detenidos están garantizadas por el artículo 21 de la Constitución de Liberia, por lo general, estas no se disfrutan en la práctica. La asistencia letrada no está disponible en la fase de la detención policial, ya que está supeditada a la comparecencia ante un tribunal, lo cual reduce su valor como salvaguardia preventiva. La mayoría de las personas con las que habló el Subcomité no habían sido informadas de sus derechos, incluido el derecho a tener acceso a un abogado. Ninguna de ellas había sido sometida a un reconocimiento médico, ni siquiera a un examen médico básico, mientras se encontraban en detención policial. En muchos casos, los familiares solo habían sido informados de la detención al cabo de varios días. El Subcomité recuerda que denegar el acceso a un abogado y a atención médica independiente y no informar de la detención de una persona a un familiar podría equivaler a una reclusión en régimen de incomunicación.

57.La situación de los menores en detención policial, y de las niñas en particular, es preocupante. No parece haber medidas especiales de protección ni salvaguardias legales, y los menores son interrogados sistemáticamente por agentes de policía sin la presencia de un progenitor, tutor u otro adulto independiente. Algunos permanecen bajo custodia policial en régimen de incomunicación.

58. El Subcomité recomienda que se apliquen las recomendaciones que figuran en el informe sobre su visita de 2010 y que se garanticen en la práctica los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad. En otras palabras, los detenidos deben tener acceso sin demora a asistencia jurídica y a un reconocimiento médico independientes, debe informarse de su detención a un familiar o a un tercero de su elección y los propios detenidos deben ser informados de sus derechos de manera adecuada . Deben establecerse salvaguardias adicionales para los menores privados de libertad y el ejercicio de esos derechos no debe depender de la buena voluntad de las autoridades encargadas de la detención.

C.Condiciones materiales de detención en las comisarías de policía y preocupaciones de carácter humanitario conexas

59.En el informe sobre su visita de 2010, el Subcomité expresó su profunda preocupación por las condiciones físicas de los calabozos de las comisarías de policía visitadas; esa preocupación persiste. Las condiciones en los calabozos de las seis comisarías de policía visitadas eran deplorables: tenían una ventilación deficiente, un elevado nivel de humedad y escasa o nula luz natural. Las condiciones de higiene y saneamiento eran sumamente precarias en todas ellas. Las autoridades no proporcionaban a los detenidos alimentos ni agua, sino que básicamente se limitaban a darles lo que otros podían haber traído para ellos. Algunos calabozos estaban tan abarrotados que no había suficiente espacio para que todos pudieran tumbarse a dormir. Ninguno de los calabozos visitados disponía de camas o ropa de cama, por lo que los detenidos tenían que dormir en el suelo, que a veces estaba mojado. Además, la mayoría de los calabozos carecían de instalaciones sanitarias (o estas no funcionaban); en lugar de retretes se utilizaban cubos u otros arreglos improvisados. Ninguno de los calabozos visitados era apropiado ni siquiera para estancias cortas de unas pocas horas, y ciertamente no para pernoctar en ellos. Salvo en contadas excepciones, se recluía a los menores de ambos sexos en los mismos calabozos que a los adultos. Únicamente en el centro de detención de la Policía Nacional de Liberia en Salem Base, en Sprigg Field, las menores estaban recluidas en una celda separada en el momento de la visita. Sin embargo, esa celda medía 1 m por 1,6 m y una de las muchachas tuvo que pasar la noche en el suelo húmedo, sin agua ni comida. No parecía haber una prestación efectiva de asistencia médica ni acceso a ella en caso necesario. La reclusión de los detenidos en esas condiciones es una forma de trato inhumano y degradante.

60. El Subcomité reitera las recomendaciones formuladas tras su visita de 2010 en relación con las condiciones en los calabozos de la policía, y recomienda que se adopten medidas inmediatas para mejorar las condiciones físicas de los centros de detención temporal de la policía y, en particular, para velar por que la ventilación, la luz natural y los servicios de saneamiento sean adecuados. Se debe proporcionar diariamente a todas las personas privadas de libertad una cantidad suficiente de alimentos y agua.

VI.Cárceles (presos preventivos y condenados)

A.Separación de los reclusos

61.Si bien todas las cárceles visitadas tenían, en teoría, pabellones distintos para hombres, mujeres y menores, así como para los presos preventivos y los condenados, en la práctica, los diferentes grupos de detenidos no permanecían recluidos por separado. Los presos preventivos, incluidos los menores varones de 15 y 16 años, estaban alojados en las mismas celdas que los condenados. Sin embargo, existía una separación general entre hombres y mujeres, incluidas las menores de edad.

62. El Subcomité recomienda que los presos preventivos estén separados de los que cumplen condena . Las personas en detención preventiva deben permanecer recluidas en un régimen y unas condiciones que sean acordes con su situación y respeten la presunción de inocencia.

B.Registros y mantenimiento de la información

63.Por lo general, los centros de detención solo guardan copias impresas de los registros de ingreso y salida. No existe un sistema electrónico. En el expediente personal figura información básica, incluida la relativa a toda lesión física visible y a los registros corporales y los cacheos con desnudo integral. No todos los archivos personales contienen información sobre la detención o las fechas de las audiencias judiciales, aunque los expedientes de los presos condenados suelen contener una copia de la sentencia firme y de la pena impuesta. En su conjunto, la documentación personal disponible en las cárceles visitadas era relativamente escasa.

64.Si bien había registros de visitantes, registros de visitas de los abogados de oficio y libros de registro diarios del personal penitenciario actualizados, no parecía haber registros de denuncias, de lesiones ni de sanciones disciplinarias impuestas. Los historiales médicos que pudieron consultarse estaban desorganizados y eran inadecuados. No parecía haber sistemas para registrar e investigar las denuncias de torturas o malos tratos en los establecimientos penitenciarios.

65. El Subcomité recomienda que se revisen y reformen los sistemas de mantenimiento de registros en las cárceles a fin de garantizar que los registros sean completos, precisos y detallados y estén actualizados. En el expediente personal debe constar la información relativa a las audiencias, las decisiones y las sentencias judiciales. Todos los lugares de reclusión deben garantizar la existencia de registros exactos y actualizados de las quejas y de su resultado, las denuncias de torturas y malos tratos, las sanciones disciplinarias y las lesiones sufridas durante la privación de libertad, con inclusión de las evaluaciones médicas y de información sobre el tratamiento recibido.

C.Situación general en las cárceles y preocupaciones de carácter humanitario conexas

66. Apenas se han producido cambios en lo que respecta a las condiciones de la Prisión Central de Monrovia y la Prisión Central de Tubmanburg, que el Subcomité visitó en 2010. Las condiciones en la Prisión Central de Buchanan, visitada por primera vez en 2018, también distan mucho de ajustarse a las normas internacionales aceptables a pesar de haber sido renovada hace relativamente poco tiempo. Era evidente que algunas de las cárceles visitadas esperaban la visita del Subcomité y habían adoptado varias medidas para tratar de impresionarlo. De hecho, esto solo sirvió para poner de relieve cuán deficientes eran realmente las condiciones físicas de reclusión. En las tres cárceles visitadas, el Subcomité constató que había celdas que no eran aptas para su uso. Además, en las tres las oportunidades para que los reclusos que cumplían condena realizaran un trabajo significativo, excepto algunas tareas de limpieza y mantenimiento general, eran escasas o nulas. El establecimiento penitenciario no ofrecía actividades de resocialización ni de rehabilitación, ni acceso a la educación. La mayoría de los reclusos permanecían en sus celdas, por lo general, insalubres y superpobladas, durante la mayor parte del día. Las condiciones de privación de libertad se caracterizaban por unos niveles extremadamente bajos de higiene y saneamiento, la falta de ventilación, el suministro escaso de alimentos y agua de mala calidad, la denegación sistemática de permiso para pasar tiempo fuera de las celdas y el grave hacinamiento en algunas cárceles. En general, las condiciones observadas constituían ejemplos paradigmáticos de trato inhumano y degradante.

1.Prisión Central de Monrovia

67.La población carcelaria total de Liberia es de aproximadamente 2.300 reclusos, de los cuales unos 1.100 se encuentran en la Prisión Central de Monrovia, cuya capacidad de ocupación oficial es de 375 internos. Todos los pabellones presentan condiciones de hacinamiento e insalubridad. El Subcomité recuerda el informe sobre su visita de 2010 y menciona en particular el pabellón D, cuyas condiciones son absolutamente abominables en todos los sentidos y constituyen una afrenta a la humanidad. En el momento de la visita del Subcomité, el pabellón D albergaba a 138 presos, tanto preventivos como condenados, en 32 celdas. Las celdas más pequeñas medían 2,1 m por 1,7 m y albergaban a 5 reclusos, que dormían en hamacas improvisadas colgadas unas encima de otras. La única fuente de luz y ventilación provenía de una pequeña ventana con barrotes situada en la parte superior de cada celda y de pequeñas rejillas en las puertas que, por lo demás, eran sólidas y estaban cerradas la mayor parte del día. Casi todos los presos pasaban muchos días seguidos dentro de su pabellón, la mayoría dentro de sus celdas. No había instalaciones sanitarias en las celdas y las que se encontraban dentro del pabellón eran escasas, rudimentarias y rara vez accesibles. Se debía desmantelar todo el pabellón. Además, en el turno de día trabajaban entre 40 y 60 guardias, un número claramente insuficiente para un centro penitenciario del tamaño de la Prisión Central de Monrovia. De resultas de ello, los internos tenían escasísimas o nulas oportunidades de realizar ejercicio físico al aire libre o cualquier actividad significativa fuera de sus celdas o de los corredores del pabellón. Muchos reclusos estaban perdiendo la vista debido a la prolongada privación de la luz del día. Muchos también estaban subalimentados, ya que solo se les proporcionaba una comida de bajo valor nutricional. Se disponía de agua potable, pero en cantidades limitadas.

68.Las celdas del pabellón de mujeres de la Prisión Central de Monrovia estaban sucias e infestadas de ratas, piojos y pulgas. Sin embargo, a diferencia de los pabellones para hombres, las celdas de las mujeres tenían luz eléctrica, pero esta permanecía encendida durante toda la noche. Las celdas albergaban a mujeres adultas y menores de edad, así como a presas preventivas y condenadas. No se atendían las necesidades sanitarias de las mujeres, ni existían disposiciones especiales para las embarazadas. Como hecho positivo, cabe señalar que las mujeres podían pasar una parte considerable del día fuera de sus celdas en un pequeño patio contiguo, a menos que se les hubieran impuesto sanciones disciplinarias.

2.Prisión Central de Tubmanburg

69.La Prisión Central de Tubmanburg tiene una capacidad oficial de 75 reclusos. En el momento de la visita del Subcomité, la cárcel albergaba a 49 reclusos, de los cuales 30 se encontraban en prisión preventiva. El establecimiento empleaba a 26 trabajadores; durante el día estaban de servicio 10 funcionarios penitenciarios. Aunque en el momento de la visita no se registraba hacinamiento, sin embargo, las condiciones de reclusión eran precarias: al no haber camas, los presos dormían en esteras finas colocadas sobre suelos de cemento; las celdas tenían una iluminación y una ventilación insuficientes; las instalaciones de saneamiento eran rudimentarias (por ejemplo, se utilizaban cubos); y únicamente se suministraba una comida al día. Por lo general, a los internos se les permitía hacer solo una hora de ejercicio físico al aire libre a la semana.

3.Prisión Central de Buchanan

70.Las condiciones físicas de la Prisión Central de Buchanan eran mejores que las de la Prisión Central de Monrovia y la Prisión Central de Tubmanburg, ya que el Centro había sido objeto de recientes renovaciones, consistentes en la colocación de suelos de baldosas y la instalación de retretes razonablemente dignos en las celdas. Sin embargo, esas medidas se veían socavadas por la elevada tasa de hacinamiento y la imposibilidad de que todos los reclusos pudieran tumbarse simultáneamente para dormir en las finas esteras que se les suministraban. Si bien la capacidad oficial de la cárcel era de 47 reclusos, en el momento de la visita del Subcomité, había 89 presos, de los cuales 33 eran preventivos. Al igual que en los demás lugares de privación de libertad, solo se proporcionaba una comida al día y, a pesar de las renovaciones, las celdas carecían de iluminación y ventilación adecuadas. La aplicación de un sistema de castigos draconianos, junto con la limitación del tiempo transcurrido fuera de las celdas y la renuencia a permitir actividades comunitarias en las celdas, como juegos, hacían que el régimen general fuera extremadamente duro y punitivo.

71. El Subcomité recomienda que se adopten medidas urgentes destinadas a hacer frente al hacinamiento como requisito indispensable para mejorar las condiciones generales de reclusión. Por ejemplo, se debe procurar reducir el número de presos preventivos mediante el perfeccionamiento y la ampliación del programa de celebración de juicios con arreglo al procedimiento acelerado.

72. El Subcomité recomienda también que se adopten medidas urgentes para garantizar que los presos preventivos y los condenados permanezcan recluidos en instalaciones separadas, a fin de que puedan aplicarse regímenes adecuados a su situación.

73. El Subcomité recomienda además que se adopten medidas urgentes para velar por que todos los reclusos puedan pasar al menos una hora al día fuera de sus pabellones y por que puedan hacer ejercicio físico de forma adecuada.

74. Además de estas recomendaciones generales, el Subcomité recomienda que se adopten las siguientes medidas concretas:

a) Llevar a cabo una auditoría inmediata de los establecimientos penitenciarios con arreglo a las normas reconocidas internacionalmente y poner en marcha un programa de emergencia para desmantelar los pabellones y las celdas que no cumplan esas normas, comenzando por aquellos que se hayan identificado como los menos conformes. Se debe dar prioridad a la reducción radical de la tasa de ocupación en el pabellón D de la Prisión Central de Monrovia y a la posterior inhabilitación de dicho pabellón;

b) Mejorar progresivamente las condiciones de reclusión a fin de garantizar que en todas las instituciones penitenciarias: i) haya colchones, ropa de cama y mosquiteros ; ii) las celdas cuenten con ventilación apropiada, así como con luz natural y artificial; iii) se mejoren las disposiciones sanitarias y de higiene; iv) los reclusos tengan acceso a instalaciones sanitarias adecuadas tanto de día como de noche; v) se aumente la calidad y la cantidad de los alimentos y se proporcionen al menos dos comidas al día, así como un suministro adecuado de agua potable limpia ; y vi) se atiendan debidamente las necesidades sanitarias y de salud específicas de las mujeres;

c) Elaborar programas de actividades útiles y ponerlos a disposición de todos los presos, y velar por que los reclusos que cumplen condena tengan la oportunidad de realizar un trabajo remunerado significativo.

D.Menores privados de libertad

75.En Liberia, se entiende por niño toda persona menor de 18 años; la edad de responsabilidad penal se establece en 16 años. La Sección de Justicia Juvenil del Ministerio de Justicia supervisa la aplicación del Programa de Derivación de Menores, que tiene por objeto reducir el número de menores detenidos por infracciones leves de la ley. El Subcomité alienta al Estado parte a que siga aplicando el programa, que adopta un enfoque preventivo y no punitivo de la delincuencia juvenil.

76.Las condiciones de reclusión de los menores en todas las cárceles visitadas son inadecuadas y no tienen en cuenta sus necesidades específicas. La mayoría de los muchachos de entre 15 y 17 años entrevistados habían sido detenidos por delitos relativamente leves que no parecían justificar en absoluto su privación de libertad. Permanecían recluidos en los mismos pabellones, y a menudo en las mismas celdas, que los adultos. En todas las cárceles visitadas, los menores en prisión preventiva y los menores que cumplían condena compartían celda. No tenían acceso a la educación, a pesar de que muchos de ellos estaban en edad de escolaridad obligatoria, ni a ninguna otra actividad útil, como la formación profesional o el trabajo. Salvo por algunos períodos esporádicos que pasaban en pequeños patios o ayudando en el establecimiento penitenciario, casi todos los menores pasaban la mayor parte del tiempo ociosos en sus celdas.

77. El Subcomité recomienda que se racionalice debidamente el Programa de Derivación de Menores, a fin de reducir al mínimo absoluto el número de menores privados de libertad. En los casos en que la reclusión sea inevitable, los menores deben estar estrictamente separados de los presos adultos y, en principio, los menores en prisión preventiva y los menores que cumplan condena deben estar separados. El Subcomité recomienda también que se ofrezca a los menores privados de libertad una gama adecuada de oportunidades de educación y formación . Los menores que se encuentren recluidos deben poder pasar una parte considerable del día dedicados a actividades provechosas fuera de sus celdas.

E.Atención de la salud en las cárceles

78.El Ministerio de Salud es el principal responsable de la prestación de servicios de atención de la salud en el sistema penitenciario. La provisión de esos servicios sigue siendo tan esporádica e insuficiente como lo era en el momento de la visita del Subcomité en 2010. Aunque la Prisión Central de Monrovia y la Prisión Central de Buchanan tenían un dispensario (seis salas) y un gabinete médico (una sala), se trataba de salas pequeñas que disponían de muy pocos medicamentos y equipamientos médicos. La Prisión Central de Monrovia contaba con su propio equipo médico, mientras que la Prisión Central de Buchanan y la Prisión Central de Tubmanburg dependían de las visitas semanales de un miembro del personal de enfermería del hospital local. En todas las cárceles visitadas, las personas con problemas de salud de carácter urgente o grave serían trasladadas al hospital civil más cercano, pero, habida cuenta de la escasez de opciones de transporte (cada centro penitenciario tiene a su disposición un solo vehículo) y del mal estado de las carreteras, era difícil imaginar cómo se podía recurrir a este tipo de arreglo. Era igualmente difícil imaginar cómo los dispensarios podían atender con eficacia la variedad de enfermedades e infecciones resultantes de las condiciones de reclusión.

79. El Subcomité reitera su recomendación anterior de que se establezcan dispensarios en todas las cárceles. Esos dispensarios deben contar con un número adecuado de profesionales de la medicina de diversas especialidades y disponer de suministros suficientes de equipamiento y medicamentos para poder atender las necesidades de asistencia sanitaria de los reclusos. Es necesario mejorar las opciones de transporte para los casos graves y urgentes.

80.Durante la visita, el Subcomité observó que no se realizaban reconocimientos médicos rutinarios a todos los reclusos a su llegada. Tampoco se llevaba a cabo una evaluación preliminar de las personas con necesidades especiales o discapacidad en el momento del ingreso en prisión. Al parecer, no se concedían sistemáticamente las solicitudes de los presos de consultar a un facultativo, y los exámenes médicos tendían a practicarse únicamente si había una lesión o necesidad evidente. El Subcomité escuchó que, incluso en los casos graves, no se proporcionaba tratamiento médico debido a la escasez de personal médico o a la falta de transporte disponible. El Subcomité se reunió con numerosos reclusos que presentaban síntomas de enfermedades graves, pero que no habían sido examinados ni tratados. No parecía llevarse un registro adecuado de los historiales médicos, que contenían poca información sobre los diagnósticos o los tratamientos.

81. El Subcomité recomienda al Estado parte que en todos los lugares de privación de libertad:

a) Se garantice el acceso a un médico independiente y el examen por este tan pronto como sea posible después del traslado al centro penitenciario; se establezca una forma más coherente y exhaustiva de hacer constar la información médica en el historial clínico, respetando plenamente la ética y deontología médica; y se elabore un formulario tipo para la realización de un reconocimiento médico completo de todas las personas a su llegada al lugar de privación de libertad;

b) Se vele por que la atención médica, incluida la atención especializada, esté garantizada y se haga accesible a todas las personas privadas de libertad cuando lo soliciten;

c) Se establezca un sistema uniforme de registro de traumatismos para cada recluso, en el que el personal médico esté obligado a hacer constar la siguiente información: la existencia de cualquier malestar o síntoma; los resultados del reconocimiento clínico, con inclusión de una descripción de las lesiones observadas y de una explicación de la manera en que se produjeron esas lesiones; toda alegación de haber sufrido recientemente actos de violencia, tortura o malos tratos; y la conclusión del profesional de la salud en cuanto a la coherencia de todos los elementos registrados;

d) Se asegure que todos los presos recién llegados reciban el tratamiento y la asistencia adecuados en el momento de su ingreso y durante su reclusión, en particular aquellos con necesidades especiales y discapacidad;

e) Se vele por que los profesionales de la salud que trabajan en los lugares de reclusión reciban capacitación sobre el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) y otras normas internacionales relativas al deber de detectar y denunciar la tortura y los malos tratos, y por que estos informen inmediatamente a las autoridades competentes de los casos sospechosos y evidentes de tortura y malos tratos, a fin de que se pueda llevar a cabo un examen independiente de conformidad con el Protocolo de Estambul.

VII.Próximas medidas

82. El Subcomité solicita una respuesta al presente informe en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de su transmisión a la Misión Permanente de Liberia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. En su respuesta, el Gobierno de Liberia debe atender directamente todas las recomendaciones y solicitudes de información adicional formuladas en el informe y explicar con detalle las medidas que se hayan adoptado o que esté previsto adoptar (indicando los calendarios de ejecución) para poner en práctica las recomendaciones. El Gobierno debe incluir información detallada sobre la aplicación de las recomendaciones específicas para cada institución y sobre la política y la práctica general, en particular en relación con las acuciantes preocupaciones de carácter humanitario señaladas en los centros de reclusión gestionados tanto por la policía como por el sistema penal. El Subcomité pide que se presenten planes de acción en los que se establezcan las medidas que se adoptarán para reducir las tasas de prisión preventiva, renovar los establecimientos penitenciarios, ampliar y mejorar el sistema de juicios con arreglo al procedimiento acelerado y proporcionar atención de la salud en todos los lugares de privación de libertad.

83.El artículo 15 del Protocolo Facultativo prohíbe cualquier tipo de sanción o represalia, con independencia de su procedencia, contra las personas que hayan estado en contacto con el Subcomité o procurado estarlo. El Subcomité recuerda al Gobierno de Liberia su obligación de impedir esas sanciones o represalias y solicita que, en su respuesta, proporcione información detallada sobre las medidas que haya adoptado para garantizar el cumplimiento de esa obligación.

84.El Subcomité recuerda que la prevención de la tortura y los malos tratos es una obligación constante y de gran alcance. Por lo tanto, pide al Gobierno de Liberia que lo informe acerca de las novedades legislativas, reglamentarias, políticas o de otra índole pertinentes en relación con el trato de las personas privadas de libertad y con el establecimiento del mecanismo nacional de prevención.

85.El Subcomité considera que tanto su visita como el presente informe forman parte de un proceso de diálogo continuo. Espera ayudar al Gobierno de Liberia a cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Protocolo Facultativo mediante la prestación de más asesoramiento y asistencia técnica, a fin de que pueda lograr el objetivo común de prevenir la tortura y los malos tratos en los lugares de privación de libertad.

86.El Subcomité recomienda que, de conformidad con el artículo 12 d) del Protocolo Facultativo, las autoridades nacionales de Liberia entablen un diálogo con el Subcomité acerca de la aplicación de las recomendaciones de este dentro de los seis meses siguientes a la recepción de la respuesta al presente informe por parte del Subcomité. Asimismo, el Subcomité recomienda que el Gobierno de Liberia inicie conversaciones con el Subcomité sobre las modalidades de ese diálogo en el momento de presentar su respuesta al presente informe.

Annex I

List of government officials, civil society representatives and others with whom the Subcommittee met

Ministry of Foreign Affairs

H.E. Gbehzohngar M. Findley, Minister of Foreign Affairs

Mr. Rosetta N. Jackollie, Assistant Minister/Legal Affairs

Mr. Korboi G. Daniels,Legal Analyst, Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Justice

Mr. Nyati Tuan, Deputy Minister Codification

Mr. Eddie Tarawali,Assistant Minister for Corrections and Rehabilitation

Mr. Edwin Folley McGill, Bureau of Corrections and Rehabilitation

Mr. Kutaka Devine Togbah, Director, Human Rights Protection Division

Representatives from the Drug Enforcement Agency and Liberia Immigration Services

Independent National Commission on Human Rights

Mr. Urias Teh Pour, Independent National Commission for Human Rights

Mr. Kwame Ross, Independent National Commission on Human Rights

Others

Ms. Joyce Reeves Woods, Chairperson of the Legal Aid Clinic of the Liberian Bar

United Nations

Mr. Yacoub El Hillo, Assistant Secretary General, United Nations Resident Coordinator, UNDP Resident Representative

Uchenna Emelonye, Country Representative, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

Civil Society

Civil Society Human Rights Advocacy Platform / Independent Human Rights Investigators

Liberia National Law Enforcement Association (LINLEA)

National Commission of Justice, Peace and Caritas

Rescue Alternatives Liberia

Transgender Network of Liberia (TNOL)

Stop Aid in Liberia

The Lesbian, Gay Association of Liberia (LEGAL)

Annex II

List of places of deprivation of liberty visited by the Subcommittee

Prisons

Buchanan Central Prison

Monrovia Central Prison

Tubmanburg Central Prison

Police stations

Liberian National Police Headquarters

Monrovia Zone 3 Police Station (in Congo Town)

Monrovia Zone 5 Police Station (in Paynesville)

Monrovia Zone 10 Depot 1, Freeport beach police station

Tubmanburg police station (together with woman and children protection section)

Salem Base Police Station