Naciones Unidas

CAT/C/EGY/CO/5

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Distr. general

12 de diciembre de 2023

Español

Original: inglés

Comité contra la Tortura

Observaciones finales sobre el quinto informe periódicode Egipto *

1.El Comité examinó el quinto informe periódico de Egipto en sus sesiones 2056ª y 2059ª, celebradas los días 14 y 15 de noviembre de 2023, y aprobó en sus sesiones 2067ª y 2069ª, celebradas los días 22 y 23 de noviembre de 2023, las presentes observaciones finales.

A.Introducción

2.El Comité acoge con beneplácito la presentación del informe del Estado parte, pero lamenta que se haya presentado con 19 años de retraso. El Comité agradece también al Estado parte las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones.

3.El Comité agradece haber tenido la oportunidad de entablar un diálogo constructivo con la delegación del Estado parte, así como las respuestas a las preguntas y preocupaciones planteadas en el trascurso del examen del informe periódico.

B.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con beneplácito la ratificación de los siguientes instrumentos internacionales por el Estado parte o su adhesión a ellos:

a)La Carta Árabe de Derechos Humanos, el 24 de febrero de 2019;

b)La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 14 de abril de 2008;

c)El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, el 6 de febrero de 2007;

d)El Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 1 de marzo de 2005;

e)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el 5 de marzo de 2004.

5.El Comité acoge con beneplácito también las iniciativas del Estado parte encaminadas a revisar y ampliar su legislación en esferas pertinentes para la Convención, en particular la aprobación de:

a)La Ley núm. 30/2018, por la que se regulan las actividades del Consejo Nacional de la Mujer;

b)La Ley núm. 10/2018, relativa a los derechos de las personas con discapacidad;

c)La Ley núm. 82/2016, relativa a la migración ilegal y el tráfico ilícito de migrantes, con arreglo a la cual es delito el tráfico ilícito, la tentativa de tráfico ilícito o la facilitación del tráfico ilícito de migrantes;

d)La Ley núm. 94/2014, que modifica la Ley de Ordenamiento Penitenciario núm. 396/1956 y otorga a todo aquel que haya sido condenado a una pena de prisión menor de hasta seis meses el derecho a solicitar una alternativa a la pena privativa de libertad;

e)La Ley núm. 64/2010, relativa a la lucha contra la trata de personas;

f)La Ley núm. 71/2009, que regula la atención a pacientes psiquiátricos y los procedimientos penales relacionados con personas que presenten enfermedades mentales o psiquiátricas, e incorpora disposiciones a fin de garantizar que no sufran ninguna forma de tortura;

g)La Ley núm. 95/2003, por la que se elimina, del Código Penal y de cualquier otra ley punitiva, la pena de trabajos forzados.

6.El Comité encomia las iniciativas emprendidas por el Estado parte para modificar sus políticas y procedimientos con el fin de reforzar la protección de los derechos humanos y aplicar las disposiciones de la Convención, en particular:

a)La aprobación, en 2022, de la Tercera Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas (2022-2026);

b)La aprobación, en 2021, de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos (2021-2026);

c)La creación, en 2019, del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad;

d)Las contribuciones aportadas por el Estado parte, en 2019 y 2014, al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura;

e)La creación, en 2018, del Comité Supremo Permanente de Derechos Humanos;

f)El establecimiento, en 2017, del Departamento de Derechos Humanos de la Fiscalía General;

g)La aprobación, en 2016, de la Estrategia Nacional para el Empoderamiento de las Mujeres Egipcias (2016-2030).

C.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

Condición jurídica de la Convención

7.Si bien observa que la Constitución establece en sus artículos 93 y 151 que los tratados internacionales ratificados por el Estado parte adquieren rango de ley desde el momento de su promulgación, el Comité lamenta no haber sido informado sobre la forma en que se resuelven los posibles conflictos entre las leyes nacionales, incluidas las basadas en la sharía, y la Convención. También lamenta que no se hayan proporcionado ejemplos de casos en los que las disposiciones de la Convención hayan sido invocadas ante los tribunales nacionales o aplicadas directamente por ellos (art. 2).

8.El Estado parte debe velar por que las leyes internas, incluidas las basadas en la sharía, se interpreten y apliquen de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención. También debe ofrecer a los funcionarios judiciales y a los abogados actividades de capacitación específica sobre cómo aplicar directamente la Convención y sobre el ejercicio de los derechos consagrados en ella ante los tribunales. En su próximo informe periódico deberá incluir información sobre casos concretos en los que la Convención haya sido aplicada directamente por los tribunales nacionales o invocada ante ellos.

Definición y tipificación de la tortura

9.Si bien el Comité toma nota de que la tortura está explícitamente prohibida con arreglo al artículo 52 de la Constitución y el artículo 126 del Código Penal, y que el delito de tortura no prescribe, le preocupa que en el artículo 126 del Código Penal no se incluya una definición de tortura que se ajuste al artículo 1 de la Convención. Le preocupa especialmente que: a) no se defina la tortura como “todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”; b) no se haya incorporado en la definición del Estado parte la idea de la tortura infligida con el “consentimiento o aquiescencia” de “un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas”; y c) los actos de tortura solo estén tipificados como delito cuando se cometen contra un acusado y con el fin de coaccionarlo para que confiese. Al Comité le preocupa también que los delitos de tentativa de tortura y complicidad con el delito de tortura o participación en él no estén tipificados explícitamente y que los actos de tortura que no produzcan la muerte de la víctima lleven aparejadas penas equivalentes a las de un delito menor, lo cual contraviene el requisito establecido en el artículo 4, párrafo 2, de la Convención de que la tortura debe castigarse con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad. El Comité expresa además su preocupación por que no haya ninguna disposición clara en la legislación del Estado parte que garantice que la prohibición de la tortura es absoluta e irrevocable. Por último, al Comité le preocupa que el principio de la responsabilidad de mando por actos de tortura cometidos por subordinados no esté expresamente reconocido en el derecho interno. A este respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 2 (2007), en la que se destaca que las discrepancias graves entre la definición que figura en la Convención y la reflejada en la legislación nacional abren resquicios reales o potenciales para la impunidad (arts. 1, 2 y 4).

10. El Estado parte debe considerar la posibilidad de modificar el artículo 126 del Código Penal para que la definición de tortura se ajuste plenamente al artículo 1 de la Convención y para que su alcance se amplíe a toda persona que intente cometer tortura o que sea cómplice o participe en ella, según lo dispuesto en el artículo 4, párrafo 1, de la Convención. El Estado parte también debe velar por que los actos de tortura y malos tratos se castiguen con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad, conforme al artículo 4, párrafo 2, de la Convención. Además, el Estado parte debe cerciorarse de que el principio de la prohibición absoluta de la tortura se incorpore a su legislación y se aplique con rigor, de conformidad con el artículo 2, párrafo 2, de la Convención, y de que, de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, de esta, en ningún caso pueda invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad como justificación de la tortura. Por último, el Estado parte debe establecer la responsabilidad penal en que incurren los superiores jerárquicos por los actos de tortura cometidos o los malos tratos infligidos por sus subordinados si sabían o debían haber sabido que esas conductas inaceptables estaban ocurriendo o era probable que ocurrieran, y aun así no adoptaron las medidas razonables y necesarias para impedirlo.

Lucha contra el terrorismo y estado de emergencia

11.Si bien el Comité es consciente de las inquietudes del Estado parte en lo que respecta a su seguridad nacional, le preocupa que la Ley de Lucha contra el Terrorismo (núm. 94/2015) y la Ley de Entidades Terroristas (núm. 8/2015) contengan una definición de terrorismo vaga y excesivamente amplia, que incluye los actos que “atenten contra la cohesión nacional” y que “alteren el orden público”, y que, al parecer, esas leyes se hayan utilizado para silenciar las críticas, reales o supuestas, contra el Gobierno. Le preocupa también que las personas sospechosas o acusadas de participación en actos terroristas puedan permanecer recluidas en régimen de detención policial durante un plazo máximo de 28 días y que, al parecer, hayan sido privadas de libertad durante períodos más largos sin que se formularan cargos contra ellas. Al Comité le preocupan además las denuncias según las cuales las personas acusadas de terrorismo son a menudo objeto de detención arbitraria, reclusión ilegal, tortura, malos tratos y desaparición forzada, y que los procedimientos judiciales en los casos de terrorismo suelen carecer de las garantías procesales fundamentales para un juicio imparcial. Si bien toma nota de que el estado de emergencia, que se mantuvo ininterrumpidamente en Egipto desde 1981 hasta el 31 de mayo de 2012 y se aplicó de forma intermitente desde entonces por motivos de “lucha contra el terrorismo” y “protección de la seguridad nacional”, se levantó el 25 de octubre de 2021, el Comité está preocupado ante los amplios poderes que la Ley núm. 162/1958, del Estado de Emergencia, confiere al Gobierno. En particular, las modificaciones introducidas en abril de 2020 en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) restringieron aún más el disfrute de los derechos consagrados en la Convención al introducir medidas en una serie de ámbitos que no guardaban una relación clara con la salud pública, como la ampliación de la jurisdicción de los tribunales militares sobre los civiles y la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad para mantener privados de libertad indefinidamente a los sospechosos con escasa supervisión judicial (arts. 2, 11 a 13 y 16).

12. El Estado parte debe:

a) Revisar la definición de terrorismo que figura en la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Ley de Entidades Terroristas para velar por que se ajuste a la Convención y a las normas internacionales, y garantizar que la legislación antiterrorista no se utilice para restringir los derechos consagrados en la Convención;

b) Reducir la duración máxima de la detención policial para las personas sospechosas de terrorismo, velando por que cualquier prórroga se limite a circunstancias excepcionales debidamente justificadas, y garantizando un control judicial de la legalidad de la privación de libertad;

c) Cerciorarse de que todas las denuncias de tortura, malos tratos y otras violaciones cometidas por funcionarios públicos contra personas acusadas de participación en actos de terrorismo se investiguen con prontitud, imparcialidad y eficacia, se enjuicie y castigue debidamente a los responsables, y se proporcione una reparación a las víctimas;

d) Garantizar que se apliquen en la práctica unas salvaguardias legales adecuadas y efectivas y se ofrezcan garantías de un juicio imparcial, y no se recurra a detenciones arbitrarias, reclusiones ilegales ni desapariciones forzadas con el pretexto de la lucha contra el terrorismo;

e) Considerar la posibilidad de modificar la Ley núm. 162/1958, del Estado de Emergencia, para que las restricciones impuestas en aplicación del estado de emergencia se expresen en términos claros y precisos que aseguren el respeto de los derechos irrevocables, como los derechos a un proceso con todas las garantías y a un juicio imparcial y la prohibición de la tortura. El Estado parte debe abstenerse de eliminar de forma indiscriminada las salvaguardias legales y la revisión judicial, en particular la revisión de la legalidad de la detención y la privación de libertad.

Desapariciones forzadas

13.El Comité está preocupado por el aparente recurso generalizado a la detención en régimen de incomunicación en virtud de la legislación antiterrorista, que supone un considerable riesgo sistémico de que se produzcan desapariciones forzadas de breve duración, y por las informaciones sobre la tendencia al alza de este tipo de desapariciones. También le preocupan las denuncias de desaparición forzada de personas cuya liberación ha sido dictada por orden judicial. El Comité manifiesta además su preocupación por el gran número de casos de desapariciones forzadas que sigue recibiendo y aún no ha examinado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Por último, le preocupa la falta de datos oficiales sobre los casos documentados de desaparición forzada y sobre las investigaciones llevadas a cabo al respecto (arts. 2, 11 a 13 y 16).

14. El Estado parte debe:

a) Tipificar expresamente como delito la desaparición forzada y velar por que se investiguen con exhaustividad e imparcialidad todos los casos de desaparición forzada y se enjuicie a sus responsables y, en caso de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con el delito;

b) Tomar todas las medidas necesarias para buscar a las personas dadas por desaparecidas y garantizar que toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada tenga acceso a toda la información disponible que pueda ser útil para determinar el paradero de la persona desaparecida y tenga derecho a una indemnización justa y adecuada;

c) En caso de fallecimiento, identificar y restituir los restos de la persona fallecida en condiciones dignas;

d) Considerar la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;

e) Crear un registro consolidado y centralizado de personas desaparecidas.

Salvaguardias legales fundamentales

15.Si bien toma nota de las salvaguardias procesales para prevenir la tortura y los malos tratos consagradas en la Constitución y en el Código de Procedimiento Penal, el Comité está preocupado por las informaciones constantes que indican que, en la práctica, las personas privadas de libertad, en particular las que lo están por delitos relacionados con el terrorismo o durante la vigencia de estados de emergencia, no gozan sistemáticamente de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el inicio de la privación de libertad. A ese respecto, se ha denunciado que: a) se vulneran de manera sistemática los derechos de las personas recluidas a ser informadas de las razones de su detención, de la naturaleza de los cargos que se les imputan y de su derechos; b) en la práctica no se garantiza el acceso a abogados, especialmente durante la fase de investigación; c) el acceso oportuno a un reconocimiento médico independiente no es una práctica habitual para descubrir indicios de tortura o malos tratos; d) a menudo se retrasa, y en ocasiones se deniega, el ejercicio del derecho que asiste a las personas detenidas de informar a un familiar o cualquier otra persona de su elección; e) no se utilizan registros de personas privadas de libertad, que incluyan los detalles pertinentes, de forma sistemática y coherente en todas las fases de la reclusión; y f) los detenidos a menudo son puestos a disposición de la autoridad competente después de que haya expirado el plazo legal de 24 horas establecido en el ordenamiento jurídico egipcio, por lo que pueden correr un mayor riesgo de sufrir tortura o malos tratos; y g) a menudo no se respeta el derecho del acusado a impugnar la legalidad de la detención ante un juez (art. 2).

16. El Estado parte debe:

a) Velar por que toda persona privada de libertad disfrute, en la ley y en la práctica, e independientemente de los motivos de la reclusión, de todas las salvaguardias legales fundamentales desde el inicio de la privación de libertad, en particular:

i) Ser informada, en un idioma que comprenda, de los motivos de la detención, la naturaleza de los cargos que se le imputan y sus derechos;

ii) Ser informada de su derecho, que deberá estar garantizado, a contar con la asistencia de un abogado independiente de su elección, sin excluir la fase de investigación, y a tener acceso a asistencia letrada cualificada, independiente y gratuita, en caso necesario;

iii) Tener el derecho a solicitar y ser sometida a un reconocimiento médico gratuito por un facultativo independiente o de su elección, si así lo pide la persona interesada, sin que los agentes de policía o el personal penitenciario puedan presenciar dicho reconocimiento ni oír lo que en él se diga, a menos que el facultativo competente solicite expresamente lo contrario;

iv) La transmisión inmediata de su historial médico a un fiscal cuando de las conclusiones establecidas en él o de las alegaciones de la persona detenida se desprenda que esta pueda haber sido víctima de tortura o malos tratos;

v) Poder informar de su privación de libertad a un familiar o cualquier otra persona de su elección;

vi) Ser inscrita en el registro del lugar de reclusión;

vii) Ser llevada ante un juez en el plazo de 24 horas prescrito por la ley;

viii) Poder impugnar la legalidad de su privación de libertad en cualquier fase de las actuaciones;

b) Proporcionar a los funcionarios que participan en actividades relacionadas con la privación de libertad una capacitación adecuada y periódica sobre las garantías legales, supervisar que se cumplan dichas garantías y sancionar cualquier incumplimiento por parte de los funcionarios.

Prisión preventiva

17.Si bien toma nota de las salvaguardias previstas en el Código de Procedimiento Penal, que limitan la prisión preventiva a un máximo de dos años en el caso de los delitos graves, el Comité sigue preocupado por el recurso, al parecer generalizado, a la prisión preventiva prolongada en el Estado parte, especialmente la de personas críticas con el Gobierno. Al Comité le preocupa especialmente que, al parecer, las personas detenidas en el marco de la lucha contra el terrorismo sean sometidas a largos períodos de prisión preventiva antes de ser llevadas ante un juez. Le preocupan también las informaciones que indican que los plazos legales máximos de duración de la prisión preventiva se incumplen con regularidad mediante la práctica conocida como “rotación”, con la que la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado elude las órdenes de puesta en libertad dictadas por jueces o fiscales respecto de personas que se encuentran en prisión preventiva prolongada dictando nuevas órdenes de reclusión por cargos similares, basadas en investigaciones secretas realizadas por la Agencia de Seguridad Nacional. Al Comité le preocupa además que el uso sistemático de la prisión preventiva esté contribuyendo de forma directa a las condiciones de hacinamiento en las prisiones, así como que no exista un registro público sobre el número de personas privadas de libertad a la espera de una investigación o un juicio (arts. 2, 11 y 16).

18. El Estado parte debe:

a) Garantizar que se respetan las disposiciones en materia de prisión preventiva, incluidos los plazos legales máximos de su duración, y limitar su aplicación a circunstancias excepcionales y por períodos limitados, de conformidad con la ley;

b) Velar por que no se retenga a ningún detenido sin la pronta presentación de cargos penales, y por que todos los detenidos en prisión preventiva sean juzgados sin demora en juicios públicos que cumplan las garantías procesales fundamentales;

c) Intensificar las medidas destinadas a reducir de manera significativa las condiciones de hacinamiento en las prisiones, mediante el aumento de la capacidad judicial para reducir la acumulación de causas y emplear más las alternativas a la prisión preventiva, de conformidad con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio) y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok);

d) Velar por que la Fiscalía ejerza un control sistemático sobre la legalidad de la prisión preventiva, revisar los expedientes de todas las personas en prisión preventiva y poner inmediatamente en libertad a todas las que hayan cumplido un período de reclusión superior al que correspondería a la pena de prisión máxima aplicable al delito del que se las acusa.

Lugares de reclusión no oficiales

19.Si bien toma nota de la prohibición en virtud del derecho interno de la reclusión ilegal en lugares no previstos para ello, así como de la afirmación del Estado parte según la cual no hay en el país ningún lugar de reclusión secreto, el Comité continúa preocupado por las reiteradas informaciones recibidas de varias fuentes sobre casos de reclusión ilegal y en régimen de incomunicación en lugares desconocidos (arts. 2, 11 y 16).

20. El Estado parte debe procurar, con carácter prioritario, que la legislación interna se cumpla efectivamente en el conjunto del país y tomar medidas para clausurar sin demora todos los lugares de reclusión no oficiales. También debe ordenar que se ponga inmediatamente a disposición judicial a las personas que pudieran estar recluidas en esos lugares, incluidas las personas sospechosas de terrorismo, y velar por que gocen de todas las salvaguardias fundamentales para prevenir la tortura o los malos tratos y protegerlas de esos actos.

Condiciones de reclusión

21.Si bien reconoce las medidas adoptadas por el Estado parte para mejorar las condiciones en los lugares de reclusión, como la clausura de varios centros de detención que no cumplían los requisitos mínimos y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, el Comité está preocupado por los informes en los que se denuncian las condiciones de hacinamiento y las malas condiciones materiales de algunos lugares de privación de libertad, como el Centro Correccional y de Rehabilitación de Badr, en particular la insalubridad y la falta de higiene, la falta de ventilación, la calidad deficiente de los alimentos y el agua, que se suministran en cantidades insuficientes, así como la falta de actividades recreativas y educativas que promuevan la reinserción. También está preocupado por el acceso limitado a una atención de la salud de buena calidad, incluida la atención de la salud mental, en particular para las mujeres embarazadas y las que están recluidas junto a sus hijos, y por la falta de personal penitenciario capacitado y cualificado, personal médico incluido, que siguen planteando graves problemas en el sistema penitenciario. Al Comité le preocupan además las denuncias de actos de violencia cometidos por el personal penitenciario contra los reclusos y las informaciones que indican que las personas recluidas por motivos políticos son sometidas con frecuencia a condiciones especialmente duras, incluidos largos períodos en régimen de aislamiento. Por último, se muestra preocupado por el hecho de que la suspensión de todas las visitas presenciales, que se impuso en el contexto de la pandemia de COVID-19, aún no se haya levantado en varios lugares de reclusión (arts. 2, 11 y 16).

22. El Estado parte debe intensificar sus esfuerzos para que las condiciones de reclusión sean compatibles con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), también en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Badr. El Estado parte debe, en particular:

a) Adoptar medidas adicionales para reducir las condiciones de hacinamiento en las prisiones, utilizando con mayor frecuencia las alternativas a la privación de libertad y continuando con la aplicación de planes para desarrollar la infraestructura de las prisiones y demás centros de reclusión;

b) Asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas privadas de libertad en lo que respecta a, entre otras cosas, el agua, el saneamiento y la alimentación, y aumentar el número de miembros del personal penitenciario capacitados y cualificados, personal médico incluido, para asegurar la adecuada atención sanitaria de los reclusos, de conformidad con las reglas 24 a 35 de las Reglas Nelson Mandela;

c) Facilitar el acceso a actividades recreativas y culturales, así como a la formación profesional y la educación, en los lugares de reclusión con miras a favorecer la reinserción de los reclusos en la comunidad;

d) Garantizar que las reclusas, en particular las que están embarazadas o se encuentran en prisión con bebés, tengan acceso a instalaciones sanitarias, de agua y saneamiento adecuadas y que estén recluidas en condiciones que tengan en cuenta el género;

e) Velar por que se emprendan sin dilación investigaciones imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas a actos de tortura y malos tratos infligidos por miembros del personal penitenciario a los reclusos, en particular los presos políticos, y por que los presuntos autores sean enjuiciados y se les impongan penas adecuadas;

f) Armonizar su legislación y sus prácticas en materia de reclusión en régimen de aislamiento con las normas internacionales, en particular con las reglas 43 a 46 de las Reglas Nelson Mandela.

Vigilancia de los lugares de reclusión

23.Si bien toma nota de la información proporcionada por el Estado parte de que la Fiscalía General y las comisiones parlamentarias, así como el Consejo Nacional de Derechos Humanos, llevan a cabo inspecciones periódicas de las instalaciones penitenciarias y otros lugares de privación de libertad, el Comité está preocupado por la falta de información sobre las visitas sin previo aviso que hayan realizado mecanismos independientes a los lugares de privación de libertad y sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones formuladas por los órganos de supervisión. También observa con preocupación que, dado que el mandato del Consejo no le permite realizar visitas sin previo aviso a los lugares de privación de libertad, sus visitas se conciertan al parecer de antemano y no se le permite un acceso sin trabas ni entablar entrevistas confidenciales con los detenidos (arts. 2, 11 y 16).

24. El Estado parte debe:

a) Velar por que los órganos de supervisión con el mandato de visitar lugares de privación de libertad, incluido el Consejo Nacional de Derechos Humanos, puedan realizar visitas periódicas, independientes y sin previo aviso a todos los lugares de privación de libertad del país, tanto civiles como militares, y entrevistar a todas las personas detenidas en forma confidencial;

b) Establecer un sistema nacional independiente y eficaz encargado de vigilar e inspeccionar todos los lugares de privación de libertad, así como de hacer un seguimiento de los resultados de esa vigilancia sistemática;

c) Considerar la posibilidad de ratificar lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Uso excesivo de la fuerza

25.El Comité está profundamente preocupado por las denuncias recurrentes de uso excesivo de la fuerza, en especial en el contexto de protestas, que han causado la muerte y lesiones a centenares de manifestantes pacíficos —incluidos niños— y han dado lugar a reclusiones arbitrarias, reclusiones en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos y desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad. Expresa su honda preocupación por la falta de rendición de cuentas de la policía y el personal de seguridad por el uso excesivo de la fuerza. Al Comité también le preocupa que el marco jurídico del Estado parte en lo que respecta al uso de la fuerza y de armas de fuego por agentes del Estado siga sin ajustarse a las normas internacionales (arts. 2, 12 a 14 y 16).

26. El Estado parte debe:

a) Velar por que se emprendan sin demora investigaciones imparciales y efectivas de todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en especial de la fuerza letal, por agentes del Estado, y asegurarse de que los responsables sean enjuiciados y castigados con penas apropiadas, y de que las víctimas o sus familias reciban plena reparación;

b) Revisar su legislación sobre el uso de la fuerza para ajustarla a las normas internacionales, en particular los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden, elaborar directrices claras, de ser necesario, que incorporen los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad y el principio de precaución, y redoblar sus esfuerzos para proporcionar a todos los miembros de las fuerzas del orden capacitación obligatoria y exhaustiva sobre estas normas internacionales.

Muertes de personas privadas de libertad

27.El Comité está preocupado por el elevado número de muertes, incluidas muertes violentas, que se producen en los lugares de reclusión. También le preocupan las denuncias de que la tortura es una causa frecuente de muerte de las personas privadas de libertad, además de la falta de atención sanitaria. Lamenta la falta de información sobre las investigaciones realizadas a ese respecto. Lamenta también la falta de información y datos estadísticos fiables sobre el número de muertes de personas privadas de libertad durante el período que abarca el informe, desglosadas por lugar de reclusión, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad de los fallecidos y causa de la muerte (arts. 2, 11, 12 y 16).

28. El Estado parte debe:

a) Velar por que todas las muertes de personas privadas de libertad sean objeto de una investigación imparcial realizada sin demora por una entidad independiente, que incluya un peritaje forense independiente, de conformidad con el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, y, si procede, aplicar las sanciones correspondientes;

b) Evaluar la eficacia de las estrategias y los programas encaminados a prevenir el suicidio y la automutilación y evaluar los programas existentes de prevención, detección y tratamiento de las enfermedades crónicas, degenerativas e infecciosas en las prisiones;

c) Reunir y comunicar al Comité información detallada sobre las muertes ocurridas en todos los lugares de privación de libertad y sobre sus causas, así como sobre el resultado de las investigaciones.

Inadmisibilidad de las confesiones obtenidas mediante tortura

29.Si bien el Comité toma nota de las garantías establecidas en el artículo 55 de la Constitución y en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal en relación con la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura o coacción, observa con preocupación la falta de información sobre decisiones judiciales en las que se hayan admitido como prueba confesiones obtenidas mediante tortura o malos tratos. Le preocupan los informes que señalan que la tortura se utiliza habitualmente para obtener confesiones y que esas confesiones se invocan ante los tribunales como prueba de la culpabilidad de los acusados. También le preocupan los reiterados informes que coinciden en que los tribunales no investigan las denuncias a ese respecto (arts. 2, 15 y 16).

30. El Estado parte debe velar por que:

a) Las confesiones y declaraciones obtenidas mediante tortura o malos tratos no se admitan como prueba en la práctica, salvo en contra de la persona acusada de recurrir a la tortura, en tanto que prueba de que la declaración se hizo bajo coacción;

b) Se investigue de forma inmediata, efectiva e independiente cualquier denuncia de que una declaración ha sido obtenida mediante tortura, y por que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados;

c) Todos los policías, agentes de seguridad nacional, militares, jueces y fiscales reciban capacitación obligatoria que haga hincapié en el vínculo entre las técnicas de interrogatorio no coercitivas, la prohibición de la tortura y los malos tratos y la obligación de la judicatura de invalidar las confesiones y las declaraciones de testigos obtenidas mediante tortura, tomando nota, en ese sentido, de los Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información (Principios de Méndez).

Tribunales militares

31.El Comité está preocupado ante la ampliación de las competencias de los tribunales militares y el creciente recurso a ellos para enjuiciar a personas, también civiles, con arreglo a las disposiciones excesivamente vagas de la legislación antiterrorista y otras leyes. También le preocupan las informaciones según las cuales un número muy elevado de críticos y opositores políticos, reales o supuestos, del Gobierno, entre ellos niños, han sido juzgados y condenados por esos tribunales en juicios, incluidos juicios colectivos, que no respetan el debido proceso y las garantías de un juicio imparcial (arts. 2, 11 a 13 y 16).

32. El Estado parte debe considerar la posibilidad de revisar su legislación a fin de retirar a los tribunales militares las competencias para juzgar a civiles, incluso en casos relacionados con actos de terrorismo, y velar por que los tribunales militares apliquen sistemáticamente las garantías procesales fundamentales y las normas relativas a un juicio imparcial. También debe hacer que todas las condenas y sentencias dictadas por los tribunales militares se revisen íntegramente en los tribunales ordinarios.

Defensores de los derechos humanos, periodistas, opositores políticosy abogados

33.Si bien toma nota de la información facilitada por el Estado parte en sus respuestas a la lista de cuestiones, el Comité queda preocupado por la falta de información sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección efectiva de defensores de los derechos humanos, opositores políticos, activistas de la sociedad civil, periodistas, abogados, sindicalistas, intelectuales, estudiantes, blogueros y artistas críticos con el Gobierno para que puedan llevar a cabo su labor sin injerencias indebidas. El Comité manifiesta su preocupación expresa por el hecho de que, al parecer, los abogados, en particular los que participan en actividades políticas o en casos delicados desde el punto de vista político, son a menudo objeto de amenazas, acoso, intimidación y represalias y, en algunos casos, de prisión preventiva prolongada, detención arbitraria, tortura, otros malos tratos y desaparición forzada. Al Comité le preocupan además las informaciones según las cuales se ha denegado indebidamente a abogados el acceso a sus clientes recluidos, en particular en procedimientos judiciales ante tribunales militares o Tribunales de Excepción de la Seguridad del Estado (arts. 2, 12, 13 y 16).

34. El Estado parte debe:

a) Garantizar que existan salvaguardias suficientes, tanto en la ley como en la práctica, para asegurar la plena independencia y seguridad de los abogados y que estos puedan desempeñar sus funciones sin amenazas, intimidación, acoso, injerencias indebidas o miedo de ser sometidos a persecución penal y condenados, o de sufrir otras represalias, y que todos los abogados sometidos a reclusión arbitraria por el mero hecho de ejercer su profesión sean puestos inmediatamente en libertad y reciban una indemnización adecuada;

b) Velar por que toda persona privada de libertad disfrute, en la ley y en la práctica, de acceso a un abogado independiente de su elección durante todo el procedimiento judicial, también en los casos juzgados por tribunales militares y Tribunales de Excepción de la Seguridad del Estado.

Investigaciones sobre las denuncias de uso generalizado y sistemáticode la tortura

35.Teniendo en cuenta las numerosas y constantes denuncias de uso sistemático de la tortura y los malos tratos por parte de agentes de policía, guardias de prisiones y otros miembros de las fuerzas de seguridad, así como de militares, en comisarías de policía, centros correccionales y de rehabilitación, centros de detención de la Agencia de Seguridad Nacional, bases militares y lugares de reclusión no oficiales, en el transcurso de la detención, el interrogatorio y la investigación, a menudo como método de coacción para obtener información o para castigar o intimidar a opositores políticos y a críticos del Gobierno, reales o supuestos, el Comité sigue profundamente preocupado por la falta de rendición de cuentas, que contribuye a crear un clima de impunidad. A ese respecto, lamenta no haber recibido información completa sobre los casos que han dado lugar a la incoación de un proceso penal y sobre sus resultados, incluidos los enjuiciamientos, las condenas, las penas y las medidas disciplinarias impuestas a las personas condenadas por actos de tortura y malos tratos durante el período examinado. Al Comité le preocupan además los informes que indican que las personas privadas de libertad a menudo no presentan denuncias por miedo a sufrir represalias y que, en los casos que sí denuncian, falte información sobre las investigaciones realizadas y su resultado. Le preocupa también que aún no se haya puesto en marcha un mecanismo específico, independiente, eficaz y confidencial que permita recibir denuncias de actos de tortura o malos tratos cometidos en todos los lugares de privación de libertad y que los órganos de investigación existentes carezcan en ocasiones de la independencia necesaria, ya que forman parte de la misma estructura que emplea a los presuntos autores de tales delitos (arts. 2, 11 a 13 y 16).

36. Recordando y reiterando sus anteriores recomendaciones formuladas en el marco del procedimiento de investigación , el Comité considera que el Estado parte debe:

a) Velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos sean investigadas sin demora y de forma efectiva e imparcial por un organismo independiente, y por que no exista ninguna relación institucional o jerárquica entre los investigadores de dicho organismo y los presuntos autores de esos actos;

b) Garantizar que las autoridades inicien de oficio una investigación siempre que existan motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura o malos tratos;

c) Cerciorarse de que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación, en particular si existe el riesgo de que, de no hacerse así, pudieran volver a cometer los actos investigados, tomar represalias contra la presunta víctima u obstruir la investigación;

d) Velar por que los presuntos autores de actos de tortura o malos tratos y sus superiores jerárquicos responsables de ordenar o tolerar tales actos sean enjuiciados debidamente y que, si se los declara culpables, se les imponga una pena acorde a la gravedad de los actos;

e) Establecer un mecanismo de supervisión policial eficaz e independiente;

f) Poner en marcha un mecanismo de denuncia independiente, eficaz, confidencial y accesible en todos los lugares de reclusión, entre ellos las dependencias de detención policial y las prisiones, y proteger a las víctimas y a los testigos y sus familiares frente a cualquier riesgo de represalias;

g) Recopilar y difundir datos estadísticos actualizados desglosados sobre las denuncias presentadas, las investigaciones realizadas, los procesos incoados y las sentencias condenatorias pronunciadas en casos de denuncia de tortura y malos tratos.

Pena de muerte

37.El Comité está profundamente preocupado por el hecho de que la legislación nacional castigue con pena de muerte un gran número de delitos, incluidos delitos relativamente menos graves que no implican homicidio doloso, y que la pena de muerte sea obligatoria para ciertos delitos. Expresa también su honda preocupación por el número, al parecer elevado y creciente, de casos en los que se impone y ejecuta la pena de muerte. Preocupan además al Comité las informaciones que sugieren que ese tipo de condenas se dictan predominantemente en el marco de la legislación de lucha contra el terrorismo y a menudo no respetan el debido proceso ni las garantías relativas a un juicio imparcial. Le preocupan especialmente las denuncias de casos en los que se ha impuesto la pena de muerte sobre la base de una confesión obtenida bajo coacción o tortura, también en el contexto de juicios colectivos y juicios ante tribunales militares. A pesar de las garantías verbales proporcionadas por la delegación de que no se impone la pena de muerte a los niños, al Comité le preocupa la información según la cual se ha condenado a muerte a niños por delitos presuntamente cometidos antes de que cumplieran los 18 años. El Comité está preocupado también por los informes de que se han llevado a cabo una serie de ejecuciones en secreto y sin permitir la visita de la familia o avisándola sin suficiente antelación (arts. 2, 11 y 16).

38. El Estado parte debe:

a) Considerar la posibilidad de revisar su política, con vistas a reducir el número de delitos punibles con la pena capital y abolir la pena de muerte en la legislación o dar pasos inequívocos para formalizar la moratoria sobre la pena de muerte, tomar medidas para conmutar la pena de muerte por prisión permanente en el caso de los condenados en espera de ejecución, y examinar la posibilidad de adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;

b) Adoptar todas las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para que la pena de muerte nunca sea obligatoria y revisar su legislación, incluida su legislación de lucha contra el terrorismo y otras leyes pertinentes que puedan comportar la imposición de la pena de muerte, de modo que solo pueda imponerse la pena de muerte por los delitos más graves, es decir, delitos que implican homicidio doloso ;

c) Asegurarse de que las condiciones de reclusión de los presos condenados no constituyan tortura ni malos tratos, adoptando medidas inmediatas para reforzar las salvaguardias legales y las debidas garantías procesales, y garantizar el acceso a asistencia letrada gratuita y que las pruebas obtenidas bajo coacción y tortura sean inadmisibles ante los tribunales;

d) Cerciorarse de que los presos condenados a muerte, sus familias y sus abogados sean debidamente notificados de las ejecuciones inminentes;

e) Velar por que a ninguna persona que tuviese menos de 18 años en el momento de la comisión del delito se le imponga la pena de muerte.

Justicia juvenil

39.Si bien acoge con satisfacción la aprobación de la Ley núm. 126/2008, por la que se modificaron varias disposiciones de la Ley de la Infancia (núm. 12/1996), que reforzó las salvaguardias jurídicas para los niños en conflicto con la ley y dispuso el establecimiento de tribunales de menores y fiscalías especializadas en la infancia, preocupa al Comité que:

a)Un elevado número de niños de entre 12 y 18 años está privado de libertad durante la fase de investigación, a pesar de lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de la Infancia, modificado por la Ley núm. 126/2008, que establece que los menores de 15 años no serán recluidos;

b)Al parecer, los niños privados de libertad son sometidos a tortura y malos tratos y son recluidos en régimen de aislamiento;

c)En ocasiones, los niños están recluidos junto con adultos;

d)Al parecer, se recluta a niños para que participen en la violencia armada de la que se sigue informando en el Sinaí Norte;

e)Los niños carecen de información sobre sus derechos y las vías para denunciar abusos (arts. 2, 11 y 16).

40. El Estado parte debe intensificar los esfuerzos para que su sistema de justicia juvenil se ajuste plenamente a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) y:

a) Velar por que la privación de libertad de los niños se utilice únicamente como medida de último recurso y durante el período más breve posible, entre otras cosas promoviendo el uso de medidas extrajudiciales, como la derivación, la mediación y el asesoramiento para los niños acusados de delitos penales y, siempre que sea posible, la imposición de penas no privativas de la libertad, como la libertad condicional o los trabajos en beneficio de la comunidad, de conformidad con el artículo 107 de la Ley de la Infancia, modificado por la Ley núm. 126/2008;

b) Investigar con prontitud todos los casos de tortura y malos tratos de niños recluidos y sancionar como corresponda a los autores de tales actos;

c) Poner fin de inmediato a la práctica de la reclusión en régimen de aislamiento en el caso de los niños privados de libertad;

d) Velar por que las condiciones de reclusión cumplan las normas internacionales, también en lo que respecta al acceso a la educación y a los servicios sanitarios y, en el caso de la prisión preventiva, que la reclusión se revise periódicamente con vistas a ponerle fin;

e) Aumentar el número de miembros del personal penitenciario bien capacitados y cualificados para atender debidamente las necesidades especiales de los niños;

f) Garantizar que todos los niños recluidos estén separados de los adultos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de la Infancia, modificado por la Ley núm. 126/2008;

g) Detectar y erradicar el reclutamiento y el uso de niños soldados en la violencia armada de la que se sigue informando en el Sinaí Norte, procurar rápidamente su desarme, desmovilización, rehabilitación y reintegración, y reunirlos con sus familias;

h) Proporcionar a los niños y niñas en conflicto con la ley información sobre sus derechos, garantizar que tengan acceso a mecanismos de denuncia y asistencia jurídica eficaces, independientes, confidenciales y accesibles, y proteger a los denunciantes de cualquier riesgo de represalias.

Exámenes médicos para probar actos sexuales

41.El Comité toma nota con preocupación de las informaciones según las cuales las personas acusadas de “libertinaje habitual” de conformidad con la Ley núm. 10/1961, de Lucha contra la Prostitución, son a veces sometidas a exámenes anales forzados para demostrar su homosexualidad. También observa con preocupación las denuncias de exámenes vaginales, en ocasiones sin consentimiento, llevados a cabo para probar actos sexuales como relaciones extramatrimoniales y actos de prostitución (arts. 2 y 16).

42. Recordando y reiterando sus anteriores recomendaciones formuladas en el marco del procedimiento de investigación , el Comité considera que el Estado parte debe hacer efectiva la prohibición de las “pruebas de virginidad” y poner fin a la práctica de los exámenes médicos anales de las personas acusadas de “libertinaje habitual” y de cualquier otro delito.

Capacitación

43.Si bien observa la labor realizada por el Estado parte para elaborar y poner en marcha programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos dirigidos a los miembros de la policía, la judicatura y el personal penitenciario, el Comité lamenta la escasa información disponible acerca de las actividades de capacitación sobre las disposiciones de la Convención y el contenido del Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul, en su forma revisada) dirigidas a los médicos forenses y al personal médico que se ocupa de las personas privadas de libertad con miras a que sean capaces de detectar y documentar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura. Lamenta también que no se haya establecido un mecanismo para evaluar la eficacia de los programas de capacitación, así como la ausencia de capacitación específica para los militares, los organismos de inteligencia y el personal médico pertinente (art. 10).

44. El Estado parte debe:

a) Seguir elaborando e impartiendo programas de capacitación obligatoria inicial y en el empleo para que todos los funcionarios públicos, en particular los agentes del orden, el personal militar, los funcionarios judiciales, el personal penitenciario, el personal de inmigración y otras personas que puedan intervenir en la custodia, el interrogatorio o el trato de personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión, conozcan bien las disposiciones de la Convención, especialmente la prohibición absoluta de la tortura, y sean plenamente conscientes de que no se tolerará la vulneración de esas disposiciones, sino que se investigará y se enjuiciará a los responsables, a los que, de ser declarados culpables, se impondrá una pena adecuada;

b) Asegurar que todo el personal pertinente, incluido el personal médico, reciba capacitación específica para detectar casos de tortura o malos tratos, de conformidad con el Protocolo de Estambul en su forma revisada;

c) Elaborar y aplicar una metodología de evaluación de la eficacia de los programas educativos y de capacitación para reducir el número de casos de tortura y malos tratos y garantizar la detección, documentación e investigación de tales actos, así como el enjuiciamiento de los autores.

Reparación

45.El Comité lamenta que el Estado parte no haya aportado información exhaustiva sobre las medidas de reparación e indemnización ordenadas por los tribunales y otros órganos del Estado, y las que se hayan proporcionado realmente a las víctimas de tortura y sus familiares durante el período que abarca el informe, ni sobre el nivel de cooperación mantenido en esta esfera con organizaciones no gubernamentales especializadas. Está preocupado también por los informes según los cuales apenas se proporciona rehabilitación médica o psicosocial, además de indemnización, a las víctimas de tortura, y lamenta la falta de información sobre si se han establecido programas de rehabilitación específicos para ellas. El Comité señala a la atención del Estado parte su observación general núm. 3 (2012), en la que el Comité explicó el contenido y el alcance de la obligación que incumbe a los Estados partes de proporcionar una reparación plena a las víctimas de tortura (art. 14).

46. El Estado parte debe velar por que, en la ley y en la práctica, todas las víctimas de torturas y malos tratos obtengan una reparación que incluya el derecho jurídicamente exigible a recibir una indemnización justa y adecuada y los medios para lograr una rehabilitación lo más completa posible, y garantías de no repetición, también en los casos en que se suscite la responsabilidad civil del Estado parte. También debe recopilar y difundir estadísticas actualizadas sobre el número de víctimas de tortura o malos tratos que hayan obtenido reparación, incluidas rehabilitación médica o psicosocial e indemnización, así como sobre las formas de dicha reparación y los resultados obtenidos.

Refugiados y solicitantes de asilo

47.Si bien el Comité reconoce el importante número de refugiados y solicitantes de asilo que acoge el Estado parte, le preocupa la ausencia de un marco legislativo e institucional adecuado que garantice el derecho de asilo y la protección contra la devolución a todos los solicitantes de asilo que entran en el país. Le preocupan también las denuncias que indican que personas que solicitan o necesitan protección internacional, entre ellas solicitantes de asilo eritreos en situación de riesgo, han sido detenidas en la frontera, o antes de ponerse en contacto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Egipto, por haber entrado ilegalmente en el territorio del Estado parte, privadas de su derecho a acceder a los procedimientos de asilo y a que sus motivos para pedir protección sean examinados, y devueltas a sus países de origen, en contravención del principio de no devolución. Le preocupan además las informaciones según las cuales las condiciones de reclusión de inmigrantes no cumplen con las normas internacionales, con problemas como las condiciones de hacinamiento, la reclusión de niños junto con adultos y la falta de acceso a atención sanitaria adecuada. Asimismo, el Comité observa con preocupación que el Estado parte no ha presentado información exhaustiva sobre las solicitudes de asilo recibidas y aceptadas ni sobre las devoluciones, extradiciones o expulsiones llevadas a cabo durante el período que abarca el informe, ni sobre las garantías y las evaluaciones de riesgos que se ofrecieron a esas personas (arts. 2, 3 y 16).

48. El Estado parte debe:

a) Respetar el principio de no devolución velando por que, en la práctica, ninguna persona pueda ser expulsada, retornada o extraditada a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a torturas;

b) A la espera de la aprobación de un marco jurídico e institucional nacional adecuado en materia de asilo, adoptar las medidas necesarias para permitir que todas las personas que solicitan o necesitan protección internacional, en particular las detenidas en las fronteras, tengan un acceso rápido, sin trabas y seguro al ACNUR, así como a una evaluación individualizada de su caso, independientemente de su país de origen;

c) Cerciorarse de que existan salvaguardias procesales frente a la devolución y recursos efectivos con respecto a las devoluciones en los procedimientos de expulsión, incluida la revisión de la decisión por un órgano judicial independiente, en particular en apelación;

d) Garantizar que la detención de solicitantes de asilo y migrantes indocumentados se emplee solo como medida de último recurso, cuando esté justificada por ser razonable, necesaria y proporcionada, y durante el plazo más breve posible, y que en la práctica se recurra a alternativas a la privación de libertad;

e) Velar por que no se detenga a niños y familias con niños únicamente por su situación migratoria;

f) Mejorar las condiciones materiales de reclusión y los servicios de atención sanitaria, incluida la atención psiquiátrica, en todos los centros para inmigrantes y garantizar que todos los inmigrantes detenidos tengan acceso a asistencia jurídica gratuita y a la revisión judicial u otras vías útiles y efectivas para impugnar la legalidad de su privación de libertad;

g) Establecer mecanismos eficaces para identificar con prontitud a los solicitantes de asilo vulnerables, incluidas las víctimas de tortura, y derivarlos a los servicios adecuados a fin de que no sean privados de libertad en el contexto de los procedimientos de asilo y de que sus necesidades específicas se tengan en cuenta y se atiendan de manera oportuna.

Violencia de género

49.Si bien acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Estado parte para combatir la violencia de género contra las mujeres, como la aprobación de la Estrategia y Marco Nacionales para Combatir la Violencia contra las Mujeres (2015-2020), y la creación de un mecanismo nacional de remisión para la denuncia de casos de violencia contra las mujeres, al Comité le preocupan:

a)La elevada incidencia de la violencia de género, en particular la violencia doméstica y sexual contra las mujeres y las niñas;

b)La inexistencia de una ley integral sobre violencia de género, las disposiciones discriminatorias del Código Penal, en particular los artículos 237, 274 y 277, que permiten cierta indulgencia en los “delitos de honor”, y la aplicación discriminatoria de las sanciones por adulterio en aplicación de las leyes de zina;

c)La escasez de denuncias de casos de violencia de género debido a las barreras culturales y al miedo a la estigmatización, la revictimización y la impunidad;

d)El escaso número de enjuiciamientos y fallos condenatorios por violencia de género, y la levedad de las penas impuestas (arts. 2 y 16).

50. El Estado parte debe:

a) Considerar la posibilidad de aprobar una ley integral sobre la violencia de género que penalice todas las formas de violencia contra las mujeres;

b) Estudiar la posibilidad de revisar el Código Penal a fin de despenalizar el adulterio y de asegurar que a quienes cometan “delitos de honor” no se les reduzcan las penas ni se les exima de un enjuiciamiento penal, ni siquiera en los casos de flagrante delito de adulterio;

c) Velar por que todos los casos de violencia de género, en particular aquellos casos en los que haya habido acciones u omisiones de autoridades del Estado u otras entidades que den lugar a la responsabilidad internacional del Estado parte con arreglo a la Convención, sean investigados exhaustivamente, por que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, debidamente castigados, y por que las víctimas o sus familias obtengan una reparación que incluya una indemnización y rehabilitación adecuadas;

d) Intensificar los esfuerzos para concienciar tanto a los hombres como a las mujeres, entre otras cosas mediante campañas educativas y en los medios de comunicación, sobre el carácter delictivo de la violencia de género con el fin de cuestionar su aceptación social y hacer frente al estigma que disuade a las víctimas de denunciarla;

e) Impartir a los miembros de la judicatura, los fiscales, los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley una capacitación adecuada sobre los derechos de la mujer y sobre procedimientos de investigación e interrogatorio con perspectiva de género en los casos de violencia de género contra las mujeres;

f) Elaborar y aprobar sin demora una nueva estrategia integral para eliminar todas las formas de violencia de género, incluida la violencia doméstica y sexual, y asignar recursos suficientes para su aplicación efectiva.

Prácticas tradicionales nocivas

51.Si bien el Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley núm. 10/2021 de modificación de la Ley núm. 58/1937, por la que se promulga el Código Penal, que prevé penas más severas para la mutilación genital femenina, y la aprobación del Plan Nacional para la Erradicación de la Mutilación Genital (2022-2026), así como la creación, en 2019, del Comité Nacional para la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina, le preocupa que esta práctica nociva siga siendo frecuente en la mayoría de las comunidades del país, con una prevalencia del 86 % entre las mujeres de 15 a 49 años, en particular en las zonas rurales y remotas. Observa con preocupación la falta de datos precisos sobre la mutilación genital femenina, las denuncias de la medicalización creciente de la práctica, el gran número de casos que no se denuncian y la tasa relativamente baja de enjuiciamientos, así como la persistente impunidad de los autores. El Comité lamenta también la falta de información sobre los efectos de las campañas de concienciación emprendidas por el Estado parte para erradicar la mutilación genital femenina (arts. 2 y 16).

52. El Estado parte debe asegurar la aplicación efectiva del Plan Nacional para la Erradicación de la Mutilación Genital (2022-2026), en particular reforzando las medidas específicamente destinadas a luchar contra las actitudes discriminatorias a nivel comunitario, difundir el Plan Nacional en todo el país y evaluar su eficacia. También debe velar por la aplicación estricta de los artículos 242 bis y 242 bis A) del Código Penal, que tipifican como delito la mutilación genital femenina, y por que los autores de esta práctica nociva, incluidos los profesionales de la medicina, sean enjuiciados y se les impongan penas adecuadas. Asimismo, debe intensificar los esfuerzos para erradicar la mutilación genital femenina, entre otras cosas mediante la cooperación transfronteriza y una mayor concienciación entre los líderes religiosos, los dirigentes tradicionales y el público en general, en cooperación con la sociedad civil, sobre el carácter delictivo de esta práctica, su efecto adverso en los derechos humanos y en la salud de las mujeres, así como sobre la necesidad de erradicar tanto esta práctica como sus justificaciones culturales subyacentes.

Trata de personas

53.Si bien el Comité acoge con satisfacción la aprobación de la Ley núm. 64/2010, de Lucha contra la Trata de Personas, y la Tercera Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas (2022-2026), y la creación, en 2017, del Comité Nacional de Coordinación para Combatir y Prevenir la Migración Ilegal y la Trata de Personas, le preocupa la persistencia de diversas formas de trata en el Estado parte, incluida la trata de trabajadoras migrantes con fines de explotación laboral y sexual, la trata de niños, en particular para la mendicidad y la explotación laboral, la trata destinada a la extracción de órganos, que afecta también a los niños en situación de calle, y los matrimonios transaccionales, estacionales y contractuales de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Le preocupan especialmente la aplicación inadecuada de la Ley núm. 64/2010, de Lucha contra la Trata de Personas, y el hecho de que no se hayan puesto plenamente en funcionamiento el mecanismo nacional de remisión y el fondo de asistencia a las víctimas de la trata. También le preocupa la baja tasa de enjuiciamientos y condenas por trata de personas (arts. 2 y 16).

54. El Estado parte debe:

a) Intensificar los esfuerzos para garantizar la aplicación efectiva de la Ley núm. 64/2010, de Lucha contra la Trata de Personas, e incrementar las investigaciones, los enjuiciamientos, las condenas y las penas de los autores de delitos relacionados con la trata;

b) Garantizar la aplicación efectiva de la Tercera Estrategia Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas (2022-2026) y el pleno funcionamiento del mecanismo nacional de remisión y el fondo de asistencia a las víctimas de la trata;

c) Redoblar los esfuerzos para capacitar a todos los funcionarios del Estado, en particular jueces, fiscales, abogados, agente del orden y agentes de inmigración, en la lucha contra la trata de personas.

Procedimiento de seguimiento

55. El Comité solicita al Estado parte que proporcione, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, información acerca del seguimiento de las recomendaciones del Comité sobre la lucha contra el terrorismo y el estado de emergencia, las condiciones de reclusión y la pena de muerte (véanse los párrs. 12 e), 22 a) y 38 b)). En ese contexto, se invita al Estado parte a que informe al Comité sobre sus planes para aplicar, durante el período correspondiente al siguiente informe, algunas de las demás recomendaciones formuladas en estas observaciones finales o todas ellas.

Otras cuestiones

56. El Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención.

57. Se solicita al Estado parte que dé amplia difusión al informe presentado al Comité y estas observaciones finales, en los idiomas pertinentes, a través de los sitios web oficiales, los medios de difusión y las organizaciones no gubernamentales, e informe al Comité sobre las actividades realizadas a tal fin.

58. El Comité solicita al Estado parte que presente su próximo informe periódico, que será el sexto, a más tardar el 24 de noviembre de 2027. Con ese propósito, el Comité invita al Estado parte a que acepte, a más tardar el 24 de noviembre de 2024, el procedimiento simplificado de presentación de informes, que consiste en la transmisión por el Comité al Estado parte de una lista de cuestiones previa a la presentación del informe. Las respuestas del Estado parte a esa lista de cuestiones constituirán su sexto informe periódico en virtud del artículo 19 de la Convención.