Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB), Instituto Nacional de Estadística (INE) y otros.

Elaboración: Centro de Estudios Laborales y Agrícolas (CEDLA).

* Hasta 1995 se refiere sólo a ciudades capitales y después al área urbana.

60.En el cuadro se observa que para el período 1997-2001 el crecimiento promedio del PIB ha disminuido, se ha elevado el saldo negativo de la balanza comercial y ha aumentado la tasa de desempleo urbano. Ha habido un fuerte incremento de la inversión extranjera directa, debido sobre todo a los efectos de la capitalización de las grandes empresas emprendida por el gobierno durante el período 1993-1997. Esos recursos, sin embargo, no han generado empleo ya que se trata de inversiones intensivas en capital. La tasa de desempleo abierto se mantuvo hasta 1997 en menos de 4% incrementándose a alrededor de 7% hasta el año 2001. Del total de la población ocupada, 35% está subempleada, con una inserción creciente en el sector informal, en ocupaciones de baja productividad, inestables y mal remuneradas.

Las políticas estatales entre 1997 y 2002

61.Durante la administración de gobierno 1993-1997 se implementaron una serie de reformas estructurales entre las cuales las más importantes fueron las Leyes de Participación Popular, de Descentralización Administrativa, de Reforma del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, de Reforma Educativa y de Capitalización de las empresas estatales, todas ellas dirigidas a mejorar las condiciones de desarrollo económico, consolidar un Estado de derecho y fortalecer la institucionalidad del Estado en su capacidad de formular políticas y hacer más eficiente su gestión.

62.Una de las primeras medidas del Gobierno instalado en 1997 fue la reestructuración del Poder Ejecutivo por medio de la Ley de Organización del poder Ejecutivo que buscaba una estructura simplificada que facilitara la gestión pública. El nivel central posee funciones normativas y fiscalizadoras, el nivel regional elabora planes y políticas departamentales y ejecuta acciones para hacer operativas las políticas nacionales. A nivel local, los municipios organizan la demanda y llevan adelante actividades definidas en el marco de sus Planes de Desarrollo Municipal y de los Planes de Desarrollo Departamentales. Esta reestructuración se enmarcaba en lo establecido por las Leyes de Descentralización Administrativa y de Participación Popular.

63.Otras medidas importantes establecidas después de 1997 fueron la promulgación de la Ley de Aduanas, la creación del Directorio Único de Fondos (DUF) y el inicio de la institucionalización del Servicio Nacional de Caminos. Se promulgó la ley del Estatuto del Funcionario Público, se concluyó el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y se estableció el Sistema de Seguimiento y Evaluación por Resultados (SISER). Por otra parte, se puso en funcionamiento el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y se creó la oficina del Defensor del Pueblo.

64.La legislación y las políticas más importantes relativas a la niñez y adolescencia están referidas a la profundización de la Reforma Educativa, iniciada durante la gestión 1993-1997 y la puesta en marcha del proceso de Reforma en Salud con la implementación del Seguro Básico de Salud, con prestaciones gratuitas para menores de 5 años. Se aprobó el Código del Niño, Niña y Adolescente (se hará referencia a él como el Código) en reemplazo del anterior Código del Menor, y se continuó con la instalación y fortalecimiento de las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia (se hará referencia a ellas como Defensorías) que habían sido creadas en 1996. Las Defensorías son un servicio municipal gratuito de protección y defensa sociojurídica y una instancia promotora que vela por la protección y el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. También se inicia la organización de algunas Comisiones Municipales de la Niñez y Adolescencia, con participación de instituciones de la Sociedad Civil. A nivel de las Prefecturas se crean los Servicios Departamentales de Gestión Social encargados de establecer prioridades departamentales en el ámbito de la niñez y la adolescencia, ejecutar políticas de atención y dar cumplimiento a las medidas de protección social y socioeducativas a favor de niños, niñas y adolescentes a través de la puesta en marcha de programas de atención.

65.Se aprobó la Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028, 1999), que señala que es competencia del Gobierno Municipal el desarrollo humano sostenible, la defensa y protección de la niñez y adolescencia y la organización y reglamentación de las Defensorías.

66.Los Juzgados del Menor se transformaron en Juzgados de la Niñez y Adolescencia y en ellos se conforman equipos interdisciplinarios. Se modificó el Artículo 4 del Código Civil que establece la mayoría de edad a los 18 años (Ley Nº 2089, 2000). Se promulgó la Ley de Partidos Políticos (Ley Nº 1983, 1999) que regula la participación política de personas comprendidas entre los 16 y 18 años de edad, reconociéndoles una categoría especial para su formación cívica y ciudadanía. Con la promulgación de la Ley de Protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual (Ley Nº 2033, 1999), se modifica el Código Penal en temas como la violación de niños, niñas y adolescentes. Se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 2175, 2001), que dispone la participación de fiscales especializados en procesos de adolescentes en conflicto con la ley. En el campo de educación, se aprueba el año 2000 el Reglamento de Organización y Funcionamiento para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario (se lo denominará Reglamento de Unidades Educativas) que prohíbe el castigo corporal, psicológico y económico a los estudiantes.

67.La política estatal del período que concluye el próximo 6 de agosto se estructuró en un programa de desarrollo que contenía cuatro pilares: oportunidad, institucionalidad, equidad y dignidad. Un tema importante en la agenda gubernamental ha sido el de la pobreza, que surgió del Diálogo Nacional realizado en dos oportunidades, la primera en 1997 y la segunda el año 2000. Resultado de estos encuentros fue la formulación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, que presenta un programa de acción hasta el año 2015, con la perspectiva de que pueda constituirse en política de Estado. En el campo de la niñez y la adolescencia, la Estrategia apoya el pago de maestros y personal de salud y el fortalecimiento del área social de los municipios en proyectos dirigidos a mujeres y niños. El proceso del Diálogo contó con el fuerte apoyo e impulso de la cooperación internacional y la implementación de la misma en gran parte será posible debido a los recursos de condonación de deuda otorgados al país con el programa HIPC II. La Ley del Diálogo Nacional 2000 (Nº 2235, julio 2001) proporciona el marco legal para el funcionamiento del sistema establecido.

68.Las medidas dirigidas específicamente a llevar adelante una estrategia a favor de la niñez y la adolescencia están enmarcadas en la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y en el Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial. Esto dio lugar en 1992 a la elaboración del Plan Decenal de Acción para la Niñez, que ha sido expresado en metas, sobre la evolución de las cuales se ha venido haciendo un seguimiento permanente. Se considera que deberá elaborarse un nuevo Plan de Acción en función de las conclusiones de la última Sesión Especial a favor de la Niñez y la Adolescencia realizada en mayo del 2002.

69.A partir del 6 de Agosto de 2002 fecha en la que se realiza el cambio de Gobierno en el país, se presenta la reestructuración del Poder Ejecutivo, esta nueva administración dispone la creación mediante D.S. Nº 26778 del Viceministerio de los Asuntos del Niño, Niña y Adolescente, dependiente del Ministerio de los Asuntos Campesinos e Indígenas, Género y Generacionales; el mencionado Viceministerio tendrá las siguientes funciones:

a)Proponer políticas y normas para fortalecer el régimen de prevención, protección y atención integral a todo niño, niña o adolescente;

b)Proponer políticas de asistencia social, educativa ya recreativa a favor de los niños, niñas y adolescentes, reafirmando sus condiciones de libertad, respeto, dignidad, equidad y justicia;

c)Vigilar el cumplimiento del Código del Niño, Niña y Adolescente, recomendando acciones que coadyuven a su implementación;

d)Apoyar a las Prefecturas de Departamento y Municipios, en el funcionamiento de sus áreas y unidades especializadas con la finalidad de apoyar a los niños, niñas y adolescentes.

El Código del Niño, Niña y Adolescente y los ajustes a la legislación

70.El instrumento más importante de políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia es el Código del Niño, Niña y Adolescente, aprobado en octubre de 1999 y puesto en vigencia en junio del año 2000, elaborado en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. A esto siguió la elaboración y aprobación del Reglamento al Código, por medio del Decreto Supremo (D.S.) Nº 26086 del 21 de febrero, 2001.

71.El Código consta de un primer capítulo de disposiciones fundamentales, y tres libros. El primero está referido a deberes y derechos fundamentales (derecho a la vida y a la salud, a la nacionalidad e identidad, a la libertad y respeto a la dignidad, a la educación, la cultura y el esparcimiento, a la protección en el trabajo y a deberes fundamentales). El libro segundo contiene aspectos relativos a la prevención, atención y protección. El libro tercero se refiere a la protección jurídica, responsabilidad, jurisdicción y procedimientos.

72.Velando siempre por el interés superior del niño y dado que en el CNNA se detectaron posteriormente vacíos jurídicos, en la presente gestión se han preparado tres proyectos de ley para superar esos problemas:

El primero, Proyecto de Ley de Complementación de los Artículos 96 al 98 y al Artículo 1º de las Disposiciones Transitorias del CNNA, apunta a la aplicabilidad de los mencionados artículos, relativos a la extensión de certificado de nacimiento gratuito. Se encuentra en la agenda de la Cámara de Diputados para su aprobación y ya ha sido consensuado interinstitucionalmente.

El segundo es el Proyecto de Ley sobre Complementación de Normas sobre Adopción Nacional e Internacional, que tiene por objeto llenar vacíos existentes en la legislación nacional y adecuar las normas vigentes a la Convención de La Haya.

El tercero es el Proyecto de Ley Complementaria al Código Penal contra la Organización Criminal, Tráfico y Prostitución Infantil que ha sido consensuado interinstitucionalmente y se encuentra en la Cámara de Diputados para su aprobación.

73.En el proceso de compatibilización de la legislación, queda aún pendiente la tarea de hacer una revisión a la Ley General del Trabajo y al Código Penal, y la reformulación del Código de Familia. Existe además una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado que ha sido elaborada por el Defensor del Pueblo, Aldeas Infantiles SOS, DNI y UNICEF a fin de incorporar a la Carta Magna los principios de la Convención y del Código, pero también crear un marco para el desarrollo de medidas políticas, económicas y administrativas a través de las cuales hacer efectiva la responsabilidad social y estatal en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.

74.En cuanto a convenios internacionales, en las dos últimas gestiones del Parlamento, entre 1999 y 2001, se ha ratificado el Convenio de La Haya (diciembre de 2001) y fue suscrito el Protocolo Facultativo sobre Tráfico, Venta y Prostitución Infantil (noviembre de 2001). Los Convenios Nos. 182 y 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) están pendientes de aprobación.

B. Las condiciones de supervivencia

1. El derecho a un nivel de vida digno

75.Uno de los principios básicos de la Convención es el reconocimiento de la dignidad y del valor de la persona humana como derechos fundamentales e inalienables, y el reconocimiento del derecho al cuidado especial que tienen los niños, niñas y adolescentes. Estos derechos deben ser promovidos a través del progreso social y la elevación del nivel de vida, dentro de un concepto amplio de libertad y de no discriminación de manera que ningún niño quede postergado. Las medidas que se tomen a favor de ellos no sólo inciden sobre su desarrollo sino también sobre la forma en que se desarrolla la sociedad toda. Por lo tanto el Estado, la familia y la comunidad deben velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes, garantizándoles el derecho intrínseco que tienen a la vida y a la supervivencia.

Pobreza e inequidad

76.Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina, lo cual afecta la calidad de vida de una alta proporción de sus habitantes. La incidencia de pobreza es de 59% en 2002, habiendo disminuido cuatro puntos desde 1997. Si bien hay un cierto avance, el ritmo es lento y el nivel actual de pobreza en Bolivia es sustancialmente mayor al promedio latinoamericano de 36%, y equivalente al promedio de la región de hace veinte años.

77.En números absolutos, de un total de población actual de alrededor de 8,3 millones de personas en el país, alrededor de 5 millones son pobres. De estos pobres, cerca de 2,5 millones tienen menos de 18 años y unos 500.000 tienen una edad inferior a los 5 años.

78.Esas dificultades para generar ingresos adecuados y el acceso aún reducido a servicios básicos, no logran asegurar condiciones de vida adecuadas para gran parte de la población boliviana y las reducidas capacidades humanas inciden a su vez en las posibilidades de crecimiento y desarrollo del país. Por lo tanto es limitada la vigencia de derechos económicos y sociales básicos para un amplio porcentaje de los habitantes del país. Esto afecta de manera especial a los grupos más vulnerables entre los que se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres e indígenas. Si bien la lucha contra la pobreza fue una de las políticas más importantes asumidas por la presente gestión de gobierno, dadas las tendencias observadas y la situación económica del país, es poco probable que se alcance la meta fijada para el 2015 de reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de personas en situación de extrema pobreza y de pobreza.

Cuadro 2.1

PIB per cápita y valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH), 1995-2001

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
PIB per cápita (dólares por habitante)	903,9	973,8	1.019,3	1.059,0	1.019,2	964,7	940,3
IDH	0,628		0,652		0,648
Posición según IDH entre los países del mundo			112		104

Fuente: Elaboración propia sobre datos UDAPE y PNUD 1999 y 2001.

79.En el cuadro se observa un aumento de la pobreza en términos del PIB per cápita, sin embargo ha mejorado el IDH y la posición relativa de Bolivia en el contexto mundial, lo cual muestra los esfuerzos que el país ha venido haciendo en los últimos años, sobre todo en salud y educación.

80.La pobreza presenta diferentes niveles de intensidad y afecta de manera diferencial a distintos grupos humanos. En el país persisten brechas entre regiones, entre área rural y urbana y según origen étnico.

81.Como se ve en el cuadro siguiente, en 2001, 59% de la población se encontraba debajo de la línea de pobreza y 24% eran indigentes. En el área rural más de 80% eran pobres y casi 60% estaban en condiciones de indigencia.

Cuadro 2.2

Incidencia de pobreza e indigencia en la población según área de residencia (método de líneas de pobreza), 2001

Áreas	Incidencia de pobreza	Indigentes
(Porcentaje)
Nacional	59	24
Ciudades	47	22
Rural	82	59

Fuente: Elaboración propia sobre datos UDAPE, 2001.

82.Dado que la mayor parte de la población rural es indígena, es evidente que hay una fuerte relación entre este origen y situación de exclusión y pobreza. Algo semejante sucede con sectores de marginalidad y pobreza urbana que en su mayoría son de origen campesino e indígena. Es así como entre los no pobres, 80% tiene como idioma materno castellano y 17% el aymara o el quechua. Las relaciones se invierten a medida que aumenta la pobreza.

83.Según PNUD, 31% de la población pobre se concentra en el altiplano, 47% en los valles y 22% en los llanos. La extrema pobreza se concentra en municipios rurales del altiplano central, especialmente en el norte de Potosí, de Chuquisaca y La Paz. Estas regiones tienen población dispersa, escaso acceso a servicios básicos y a centros poblados y bajos niveles de productividad agrícola.

84.La tasa de decrecimiento de la pobreza entre áreas urbanas y rurales también es diferente: entre 1997 y 1999 el nivel de pobreza extrema bajó de 34 a 31% en las ciudades, en cambio en el campo se mantuvo constante (59%). En un indicador tan importante como mortalidad infantil la brechas entre campo y ciudad tienden a hacerse más amplias. Esto significa que el crecimiento no sólo es lento sino que es inequitativo, por lo que existen limitaciones en la vigencia de los principios de universalidad de acceso a bienes y servicios y de no exclusión.

85.En conclusión, no obstante los esfuerzos realizados, las mejoras que se observan son todavía lentas, persiste la ampliación de brechas que expresan situaciones de inequidad y son limitadas las condiciones de respeto al derecho a una vida digna para amplios sectores de la población. Presenta limitaciones también la vigencia de los principios de universalidad y no discriminación en el disfrute de derechos ya que se observan procesos de exclusión que afectan de manera particular a ciertas regiones del país, en especial al área rural y zonas de marginalidad urbana y a grupos indígenas. En estos grupos los niños, niños y adolescentes son especialmente vulnerables.

2. El derecho a la salud

86.La buena salud y una nutrición adecuada son la base para una vida sana y activa. Esto significa romper el ciclo intergeneracional de nutrición y salud deficientes procurando que todos los niños comiencen la vida en condiciones de seguridad y salud, mediante la prestación de servicios de atención primaria a la salud y la promoción de un estilo de vida sano entre adolescentes y adultos.

La salud y los servicios sanitarios. Universalización de la atención primaria

87.Los derechos a la vida y a la salud están consignados en el Código (Art. 13). Estos derechos deben ser garantizados por el Estado, asegurando el acceso universal e igualitario a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud, y el suministro gratuito de servicios, medicinas, etc. para quienes no posean recursos suficientes (Art. 14).

88.Bolivia viene intensificando sus esfuerzos para mejorar las condiciones de acceso a la salud, en especial para madres y niños y niñas menores de 5 años.

89.En el período 1996 se introdujo el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (ahora Seguro Básico de Salud) destinado a mejorar la provisión y calidad de los servicios básicos en salud, especialmente para niños y mujeres. Esos servicios deben ser prestados de manera obligatoria y gratuita por lo Centros de Salud Pública y de la Seguridad Social y por aquellos centros de salud de ONGs e iglesias que hubieran firmado convenios con los municipios.

90.Esta política ha seguido estando presente con la gestión que asumió el Gobierno a partir de 1997 en que se desarrolla la Reforma de Salud y el Plan Estratégico de Salud (PES). La participación popular y la descentralización administrativa introducidas por la gestión de gobierno anterior, establecieron el marco de estructura institucional de vinculación de los niveles nacional, departamental y municipal.

91.El objetivo del Plan Estratégico de Salud es construir un sistema de salud con acceso universal, con base en la atención primaria y a través de la medicina familiar, que permita reducir las tasas de mortalidad materno-infantil y mejorar el control de las principales enfermedades transmisibles. Integra: un modelo económico y financiero administrado por el Ministerio de Salud pública y Seguridad Social, con la utilización de recursos nacionales y de la cooperación internacional. Otro componentes son el Seguro Básico de Salud, el Escudo Epidemiológico, el fortalecimiento institucional, un programa de profesionalización de la carrera de salud y la calificación de recursos humanos, la reforma de la seguridad social en el corto plazo y la promoción de municipios saludables.

92.El Seguro Básico de Salud constituye una política de estado enmarcada en el Plan Estratégico de Salud y contiene un paquete de prestaciones de salud primaria, que ha ampliado su número de 32 en 1997, a 92 en la actualidad, duplicando el presupuesto y triplicando las atenciones. Su aplicación ha permitido ampliar las coberturas básicas dirigidas a madres, niños y población en general, con una cobertura total que llega a 68%.

93.El Escudo Epidemiológico, por su parte, ha incidido en la prevención, control y curación de chagas, malaria y tuberculosis que son las tres principales endemias en el país. El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) ha estado dirigido a ampliar la cobertura de vacunación y ha logrado funcionar totalmente con recursos del Tesoro General de la Nación.

Mortalidad infantil y de menores de 5 años

94.Las tasas de mortalidad infantil de menores de un año (TM1) y de menores de cinco años (TMM5) continúan siendo elevadas en el país y las últimas significan el 50% del total de las muertes esperadas para el total de la población. Los niveles de muertes infantiles también son altos comparados con los de la región latinoamericana. En 1999 la TMM5 de Bolivia era de 79 por cada 1.000 nacidos vivos y el promedio de la región era de 39.

95.La tendencia histórica boliviana muestra que las tasas de mortalidad infantil bajan progresivamente. El cuadro siguiente muestra su evolución desde 1983.

Cuadro 2.3

Evolución de las tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años en tres quinquenios. Proyecciones al 2000 y 2002

Tasas por 1.000 nacidos vivos	1983/88	1988/93	1993/98	Proyección al 2000	Proyección al 2002
TMI	89	75	67	55	50
TMM5	131	116	92	79	72

Fuente: MSPS, 2000.

96.La disminución de estas tasas se está acelerando a un ritmo mayor que el de la región y ha subido de 2,5% hasta 1990 a 4,3% entre 1990 y 1999. Esta evolución, sin embargo, no ha sido suficiente como para alcanzar las metas de la Cumbre en Favor de la Infancia. De continuar la tendencia actual, la meta para la mortalidad infantil se alcanzará el año 2002 y la del menor de 5 años el año 2003.

97.Hay diferencias importantes entre áreas urbanas y rurales en relación a mortalidad infantil. En general la tasa rural es superior a 80/000 nacidos vivos, con excepción de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. En el área urbana los departamentos con tasas más altas son La Paz, Oruro y Potosí, pero ninguno supera la tasa de 80/000 nacidos vivos.

98.Conviene señalar que si bien las metas no se han cumplido, están mejorando las condiciones de apoyo para el logro de las metas. Se supone que las inmunizaciones y el acceso a terapia de hidratación oral son los factores que más han contribuido a la disminución de la mortalidad infantil y de menores de 5 años, así como la atención de neumonías y diarreas que son prestaciones del SBS. También ha contribuido el Programa de Atención al Menor de Seis Años, dependiente del Ministerio de la Presidencia, que dentro de su programación incluye la promoción de la vacunación y la práctica de hábitos saludables, la detección oportuna de enfermedades y la capacitación a la familia.

99.Pero subsisten problemas. Pese a los importantes esfuerzos en la promoción de los servicios de salud que ofrecen prestaciones gratuitas para los menores de 5 años, persiste una insuficiente demanda debido al desconocimiento de la población en general de las prestaciones que ofrece el Seguro Básico de Salud. En áreas rurales esto se acentúa por la dificultad de acceso a servicios en áreas dispersas y alejadas, pero también debido a razones culturales, por lo cual se está implementando el Seguro Indígena que trabaja con kallawayas para acercar la medicina tradicional a la medicina occidental. Asimismo hay una inadecuada utilización de los servicios ya que la población acude a centros de segundo o tercer nivel en lugar de recurrir al nivel primario, principalmente en área urbana y en capitales de departamento.

Morbilidad

100.Con relación a la morbilidad referida a neumonías y diarreas, se observa que en ambos casos han aumentado sostenidamente las coberturas de atención desde 1997. Cuando se trata de neumonías se han alcanzado y superado las metas fijadas, lo cual no ha sucedido en el caso de las EDAs. (Ver el cuadro siguiente.)

Cuadro 2.4

Metas HIPC, 1999-2001

(En porcentaje)

Años	Indicador
Cobertura de neumonías atendidas en menores de 5 años	Cobertura de EDAs atendidas en menores de 5 años
1996	Meta	25	25
Observado	39	21
1997	Meta	43	25
Observado	68	26
1998	Meta	50	36
Observado	69	29
1999	Meta	60	46
Observado	76	31
2000	Meta	70	45
Observado	93	54
2001	Meta	70	47
Observado	100	43

Fuente: Reforma de Salud.

101.La estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI) ha sido incluida en el SBS como un componente básico en la atención del menor de 5 años, con el objeto de disminuir aceleradamente la mortalidad infantil y mejorar la calidad de atención, e integra las enfermedades: diarrea, neumonía, malaria, sarampión y desnutrición. Se encuentra implementada en un 60% en los servicios de primer nivel de atención de todo el país, aunque se pretendía llegar a 80% el año 2000.

102.El Seguro Básico de Salud conjuntamente con el inicio de la reforma en salud, han jugado un importante rol para mejorar estas condiciones. Según información contenida en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza los logros del Seguro Básico de Salud son notables, especialmente por el aumento en la atención de partos institucionales, y la atención de diarreas, neumonías y vacunas. El descuento automático del 6,8% del presupuesto del municipio para el Seguro Básico de Salud y los aportes que recibe de las Prefecturas y del gobierno central han favorecido el desarrollo del Seguro Básico de Salud, asegurándole sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, han surgido problemas con la administración de estos recursos por parte de los municipios que muchas veces no hacen los desembolsos respectivos.

103.Uno de los principales obstáculos que encuentra el sector para su desenvolvimiento es la escasez de recursos humanos que se expresa en una limitada capacidad de atención en las zonas rurales. En general los ítems son escasos y el personal está insuficientemente capacitado. La insuficiente capacidad del personal administrativo crea obstáculos a una gestión más eficiente y disminuye el impacto de los componentes del Plan Estratégico de Salud. Hay en general falta de articulación, duplicación de funciones y escasa capacidad de resolución de los prestadores de servicios, lo cual resta eficiencia. Se observa, por ejemplo, una alta tasa de mortalidad neonatal en partos atendidos institucionalmente. Asimismo, se registra un elevado número de muertes en el primer nivel de atención, lo cual implica la necesidad de mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel. En el caso de las coberturas, la meta es de 60% para los casos tratados de neumonía sobre casos esperados. En Oruro, Cochabamba y La Paz ese porcentaje no pasa de 33%. Está presente también el factor cultural, ya que es corriente el trato desconsiderado que el personal de salud da a la gente pobre, más aún cuando se trata de mujeres y de campesinas.

104.Los mayores problemas que ha enfrentado la implementación del Escudo Epidemiológico han estado relacionados al financiamiento. Por ejemplo, el programa contra el chagas contó con recursos recién el segundo semestre del 2000, lo cual retrasó la adquisición de insumos y de vehículos para los trabajos en el campo. El programa contra la malaria cuenta con recursos para dos departamentos de Beni y Pando, donde se presenta la mayor prevalencia. Hubo también problemas en el programa de prevención y tratamiento de la tuberculosis ya que los Servicios Departamentales de Salud no lo consideraban prioritario a pesar de la alta prevalencia que presenta esta enfermedad; la intervención del Ministerio de Salud Pública y Seguridad Social ha permitido activar el programa.

Universalización de la atención primaria

105.En general se observa que no hay un incremento de establecimientos del primer nivel de atención en el periodo.

Cuadro 2.5

Establecimientos en el primer nivel de atención, 1997-2000

(En porcentaje)

Años	Pública	Seguridad social	ONGs	Iglesia	Privada
	Puestos de salud
1997	90	1	7	2	0
2000	90	2	5	2	1
	Centro de Salud
1997	60	1	19	6	4
2000	58	12	18	6	6

Fuente: SNIS.

106.Ha habido, sin embargo, un mejoramiento en el acceso a servicios, dirigidos sobre todo a atención primaria. Entre 1997 y 2000 se ha incrementado el promedio de consulta por niño menor de 5 años en Servicios Departamentales de Salud de 1,1 a 1,6.

107.En el cuadro siguiente se observa que entre 1997 y 2000 se ha incrementado en dos puntos el porcentaje de consultas nuevas y repetidas entre menores de cinco años y los servicios del sector público son los que en mayor medida otorgan estas prestaciones ya que atienden unas dos terceras partes de las consultas, las demás corresponden a ONGs, Seguridad Social, iglesias y entidades privadas.

Cuadro 2.6

Consulta médica nueva y repetida en menores de 5 años, 1997-2000

(En porcentaje)

Años	Pública	ONGs	Seguridad social	Privada
1997	65	20	13	2
1999	64	19	15	1
2000	67	17	14	2

Fuente: SNIS.

108.Pero el incremento más importante se ha dado en la cobertura de controles de crecimiento y desarrollo de menores de 5 años, a nivel general y en el primer nivel de atención, de manera que entre 1997 y 2000 ha pasado de 44 a 60%. Estas consultas son especialmente importantes porque son la entrada al paquete de prestaciones preventivo-promocionales y a veces al tratamiento de las enfermedades prevalentes y de rehabilitación nutricional. En ellas se recomienda alimentación y nutrición de acuerdo a la edad y formas de estimulación temprana, se realiza la administración profiláctica de micronutrientes y de antiparasitarios y se hace seguimiento a la vacunación.

Vacunación

109.Por otra parte, se ha puesto atención especial al control de enfermedades inmunoprevenibles.

110.Ha mejorado la captación para la tercera dosis de polio y de DPT en menores de un año, como se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro 2.7

Captación de menores de 1 año para la tercera dosis en polio y DPT

(En porcentaje)

Años	Polio	DPT
1997	84	87
2000	85	91

Fuente: SNIS.

111.También se han cumplido, de manera general, las metas de cobertura de vacunación para el periodo, como se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro 2.8

Metas HIPC, 1999-2001

(En porcentaje)

Años	Indicador
Porcentaje de niños menores a 1 año con ciclo de vacunación completo (promedio BCG, polio, DPT3, sarampión)	Cobertura de tercera dosis de antipolio	Cobertura de tercera dosis de DPT3	Dosis única de BCG	Cobertura de antisarampionosa
1996	Meta	78	76	76	83	75
Observado	78	71	71	86	82
1997	Meta	80	79	78	86	76
Observado	79	78	78	87	73
1998	Meta	82	80	79	87	80
Observado	80	76	77	88	80
1999	Meta	83	81	80	88	83
Observado	86	81	85	96	84
2000	Meta	84	82	81	89	85
Observado	92	82	89	95	100
2001	Meta	87	83	87	93	85
Observado	87	84	92	93	81

Fuente : SNIS 2000.

112.Como se puede ver por el cuadro siguiente, el tétano neonatal no presentó ningún caso en el año 2000. Persisten todavía casos de sarampión, tos ferina y difteria, así como tuberculosis. En el caso del sarampión, en 1998 se presentó un brote epidémico que obligó a intensificar el control.

Cuadro 2.9

Vigilancia epidemiológica, 1991-2000

(En números absolutos)

Años	Número de casos
Sarampión	Tos ferina	Tétanos neonatal	Difteria	Tuberculosis
1991	2.108	37	48	2	11.223
1992	4.037	284	42	12	9.520
1993	3.391	251	21	16	8.614
1994	1.448	292	17	17	9.392
1995	76	36	20	5	9.551
1996	7	43	14	1	10.012
1997	7	138	14	3	9.853
1998	1.004	44	9	8	10.123
1999	1.441	27	3	1	9.272
2000	122	10	0	22	7.584

Fuente: SNIS.

113.El cuadro siguiente presenta datos correspondientes al año 2000 que muestran las diferencias entre regiones en coberturas de vacunación, así como entre áreas urbanas y rurales y según el nivel educativo de la madre. Está claro que el nivel educativo de la madre es el factor condicionante más importante, más allá de las diferencias entre regiones y entre campo y ciudad.

Cuadro 2.10

Niños de 12 a 23 meses de edad que han sido vacunados, 2000

Característica	Porcentaje de niños de 12 a 23 meses de edad que han sido vacunados de
BCG	DPT 3	Polio 3	Sarampión	Todas
Región
Altiplano	92,0	75,6	57,2	76,5	48,1
Valle	93,6	66,3	55,0	78,4	48,8
Llano	91,5	74,4	61,9	85,2	55,8
Área de residencia
Área urbana	96,4	75,2	57,8	82,4	52,1
Área rural	88,3	68,0	56,7	75,2	47,5
Educación de la madre
Ninguna	80,2	63,7	47,5	74,9	38,0
Primaria	89,4	62,9	53,7	73,9	44,8
Secundaria y más	98,2	83,1	64,1	86,0	58,9
Otro				67,4	18,7

Fuente: MICS 2000.

114.Las campañas de vacunación han sido instrumentos importantes para obtener los logros alcanzados, pero es importante lograr la sostenibilidad de los servicios de atención primaria mediante recursos del Tesoro General de la Nación, y además mediante el uso de vacunas de nueva generación.

115.El Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años ha jugado un rol importante con actividades de promoción de la vacunación, promoción de hábitos saludables, detección oportuna de enfermedades y capacitación a la familia. El 66% de los niños atendidos por el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años tienen el esquema de vacunación completo, especialmente en el área rural, 66% está afiliados al Seguro Básico de Salud, y 60% de los menores derivados al Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años porque se les detectó una enfermedad han sido atendidos en puestos de salud.

116.Varias regiones están expuestas a enfermedades endémicas como chagas, malaria y tuberculosis. El chagas es responsable del 13% de muertes de personas entre 15 y 75 años de edad, las áreas de transmisión afectan el 60% del territorio nacional. La prevalencia de la malaria es alta, de 9/000 habitantes el año 2000. En cuanto a la tuberculosis, esta muestra un descenso desde 1990, pero se encuentra entre las más altas de la región (107/000 para el año 2000).

117.Con las acciones realizadas entre 1999 y 2000 con el programa de Escudo Epidemiológico se ha incrementado sustancialmente la fumigación de viviendas contra chagas, se redujo en 8/000 el índice de parasitosis anual y el número de diagnósticos y tratamientos de tuberculosis se incrementó en 10%. Es importante que para intensificar su impacto estos programas se acompañen de servicios básicos de agua y alcantarillado. La implementación de estos programas requiere de recursos externos para asegurar su sostenibilidad.

118.El cuadro siguiente muestra el incremento de viviendas fumigadas contra chagas en acciones que han alcanzado y sobrepasado las metas propuestas.

Cuadro 2.11

Metas HIPC, 1997-2001

(En porcentaje)

Años	Indicador
Porcentaje de viviendas fumigadas contra chagas (se cambia la meta a partir del 2000 "porcentaje de viviendas rociadas por año respecto del acumulado UDAPE")
1997	Meta	14
Observado	5
1998	Meta	25
Observado	2
1999	Meta	17
Observado	19
2000	Meta	22
Observado	36
2001	Meta	27
Observado	59

Fuente: SNIS 2000.

Condiciones nutricionales. Acceso al agua

119.El estado nutricional de los niños afecta las probabilidades de enfermedad y de muerte, incidiendo también sobre sus posibilidades de desarrollo psicomotor.

120.Las metas comprometidas a favor de la infancia establecen un 50% de disminución de la desnutrición global en un período de diez años, habiéndose avanzado en Bolivia un 30% en el logro de la meta hasta 1998.

121.Se considera que la desnutrición crónica es un factor de riesgo que incide en un 28% en la mortalidad de menores de cinco años. Los niveles de desnutrición crónica aún son elevados, pese a que ha habido un descenso, mientras que la desnutrición aguda se mantiene relativamente estable en niveles bajos. El departamento que presenta las peores condiciones nutricionales es Potosí.

122.La desnutrición global (peso para la edad) en menores de 3 años es de 9,5%. Potosí llega a 16% y Tarija, con el porcentaje más bajo, a 5%. La región del Altiplano y Valle son las más afectadas. Hasta 1998 la meta se cumplió en 71%.

123.En cuanto a la desnutrición crónica (talla para la edad), su prevalencia es de 26% a nivel nacional. El departamento más afectado es Potosí (49%) y la región más afectada, el Altiplano. La disminución porcentual de la desnutrición crónica hasta 1998 fue de 33%, y la meta se llegó a cumplir en un 66%.

124.La desnutrición presenta niveles más altos en zonas rurales. Se ha comprobado también que a menor instrucción de la madre, mayor la desnutrición de los menores de 3 años.

125.El Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años busca prevenir la desnutrición mediante alimentación equilibrada, monitoreo y promoción del crecimiento y educación nutricional a las familias. Los resultados muestran que un alto porcentaje de los niños y niñas atendidos crecen adecuadamente y es un éxito la prevención de la desnutrición crónica.

126.En 1996, 13 años después de haberse iniciado el programa de Lucha contra el Bocio, Bolivia obtuvo la certificación internacional de la eliminación de los desórdenes por deficiencia de yodo como problema de salud pública. Según datos de 1998 el consumo de sal yodada era de 96% en áreas urbanas y 94% en áreas rurales. Se ha iniciado además la fortificación de la sal yodada con flúor para prevención de caries y se ha establecido el Sistema de Garantía y Calidad de sal fortificada para garantizar la calidad de ese producto.

127.En cuanto a la carencia de vitamina A, en 1991 se realizó un estudio que mostró los bajos niveles de prevalencia en algunas zonas rurales del país, sobre todo del Altiplano y Valles. El 48% de los niños menores de 6 años presentaron niveles bajos. Actualmente se está realizando la suplementación con vitamina A en niños entre 6 meses y 4 años y mujeres puérperas. Esto se hace mediante el Seguro Básico de Salud, y se espera aumentar la cobertura de esa población a más de 60%. No hay un nuevo estudio que permita conocer el grado de cumplimiento de esta meta.

128.La cobertura de viviendas que cuentan con agua potable mediante red pública o privada se incremento de 71 a 85% entre 1997 y 2000. Subsisten las diferencias entre área urbana y rural (93 y 69% respectivamente el año 2000). Los programas a cargo de mejorar el acceso al saneamiento básico este servicio son el Programa de Saneamiento Básico Rural (PROSABAR) y el Programa de Agua y Saneamiento para Pequeños Municipios (PROAGUAS).

129.PROSABAR benefició con agua potable cerca de 100.000 habitantes, con alcantarillado sanitario a 8.000 y con la construcción de letrinas a 5.000. además permitió la transferencia a los municipios de 452 proyectos de agua y benefició a 290 comunidades con acciones de desarrollo comunitario. El Programa de Saneamiento Básico Urbano (PROSUB) ejecutó alrededor de U$ 23 millones en proyectos de agua y alcantarillado en poblaciones mayores de 5.000 habitantes de un total de U$ 87,5 millones comprometidos para este tipo de obras.

Atención primaria prenatal y postnatal. La mortalidad materna

130.El Código consigna en el Artículo 15 que es responsabilidad del Estado proteger la maternidad a través de entidades de salud que brinden atención gratuita en la etapa prenatal y posnatal, proporcionando tratamiento médico especializado, medicinas, exámenes complementarios y apoyo nutricional. Estos servicios también serán otorgados a mujeres embarazadas recluidas en cárceles.

131.El porcentaje de embarazadas con cuatro controles prenatales ha aumentado de 29 a 33% entre 1999 y 2000. Como se ve en el siguiente cuadro, la cobertura de parto institucional ha aumentado entre 1997 y 2001 de 39 a 54%.

Cuadro 2.12

Metas HIPC, 1999-2001

(En porcentaje)

Años	Indicador
Cobertura de partos atendidos por personal institucional
1996	Meta	30
Observado	33
1997	Meta	45
Observado	39
1998	Meta	56
Observado	43
1999	Meta	63
Observado	47
2000	Meta	49
Observado	52
2001	Meta	52
Observado	54

Fuente: SNIS 2000.

132.La prevalencia de anemia en mujeres embarazadas y en mujeres en edad fértil es de 27 y 28% respectivamente. Estos son los niveles observados en 1998 por la ENDSA y son la línea de base a partir de la cual se realizarán mediciones futuras.

133.Con relación a la mortalidad materna, la información disponible proviene de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 94 que muestra que entre 1989 y 1994 los casos se redujeron de 416 por 100.000 nacidos vivos a 390 por 100.000 nacidos vivos, que representa solamente 6% de disminución y un importante retraso en el logro de la meta de reducción de 50%.

134.Entre las causas de muerte materna la hemorragia ocupa el primer lugar. El aborto no representaría más del 10% de los decesos maternos. La eclampsia, que puede ser prevenida mediante control prenatal, ocupa el segundo lugar. Según estimaciones realizadas para el año 2000, un 40% de las embarazadas presenta algún tipo de complicación y 15% presenta complicaciones graves que pondrían en riesgo la vida de la madre.

135.Para mejorar las condiciones de atención a las madres se está desarrollando un sistema de transferencia y contratransferencia para dar seguimiento a pacientes con complicaciones. Sin embargo, factores como el escaso desarrollo de sistemas de transporte y comunicación dificultan la atención de emergencias obstétricas. Muchas veces las mujeres tienen dificultad en tomar una decisión durante una emergencia porque están acostumbradas a que los familiares decidan por ellas. También hay la percepción de que la atención que se proporciona no es adecuada ni oportuna, fundamentalmente porque no se toman en cuenta factores culturales. Por otra parte, sobre todo en áreas rurales, las mujeres no tienen acceso a atención después del parto, lo que incrementa la vulnerabilidad a complicaciones y riesgo de muerte. Está aumentando el número de partos atendidos por personal calificado pero persiste la desinformación respecto de la importancia de la atención prenatal.

136.El Seguro Básico de Salud ha mejorado las condiciones de acceso de la población a estos servicios y los 314 municipios han firmado convenios para implementarlo. Hay proyectos con recursos de la cooperación internacional en todo el país: Proyecto Nacional de Salud Reproductiva, Proyecto de la Reforma del Sector Salud y Proyecto de Salud Materna y Neonatal. Se está iniciando la implementación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva y existe el Foro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva como instancia coordinadora interinstitucional e intersectorial.

137.Otro problema importante es la mortalidad neonatal que es alta y refleja las deficientes condiciones de atención del recién nacido. A nivel nacional 40% de las defunciones de menores de 5 años ocurren antes de cumplir el primer mes de vida por complicaciones prevenibles, y del total de los que mueren el primer mes, 57% lo hace durante la primera semana de vida. Las tasas más altas se encuentran en La Paz, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca (entre 45 y 35/000 nacidos vivos). Las tasas más bajas están en Tarija, Santa Cruz y Beni/Pando (entre 15 y 20/000 nacidos vivos).

Capacitación e información sobre salud y nutrición del niño a los que están a cargo de su cuidado. La lactancia materna

138.El Código en el Artículo 17 señala el deber del Estado, de las instituciones públicas, privadas y de los empleadores, proporcionar las condiciones adecuadas para la lactancia materna, inclusive en el caso de madres privadas de libertad. Esto en muchos casos no se cumple.

139.En Bolivia, en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) de 1998, se observó que la práctica de la lactancia materna en menores de dos meses era de 69% y se considera que mejorar las condiciones de su práctica puede incidir en la disminución de la mortalidad, ya que se ha comprobado que los niños menores de dos meses que han dejado de lactar tienen un riesgo de muerte de 23%. Las ENDSA 94 y 98 mostraron un incremento de la lactancia exclusiva de menores de dos meses de 46 a 54% entre esos años, pero no existen datos posteriores que den cuenta de la situación actual.

140.La estrategia AIEPI ha enfatizado la lactancia materna y su prolongación hasta los dos años, ha preparado material de información para las madres, tanto relativa a la lactancia como a la nutrición del menor de cinco años. Estas actividades se realizan a través de centros de capacitación. La difusión de información se hace a través de cuñas radiales y de un afiche de información para las madres. Se ha preparado también un anteproyecto de ley sobre la comercialización de sucedáneos de leche materna a fin de proteger la lactancia natural y regular la comercialización de los sucedáneos.

141.También las iniciativas de lactancia y nutrición se difundieron a través de los 14 hospitales llamados Amigos de la Madre y el Niño.

142.Por otra parte, el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años ha desarrollado una importante labor en este campo con el énfasis que coloca en la vida familiar, en la promoción y ejercicio de los derechos de niños y niñas, capacitación a las familias y a la comunidad, detección, referencia y seguimiento de niños maltratados y participación en la campaña de certificación de nacimientos (78% de los niños atendidos cuentan con certificado de nacimiento).

143.Durante 1998 y 1999 se realizó la Semana de la Niñez y la Adolescencia para difundir los derechos de estos grupos. A estos eventos asistieron padres de familia y se difundieron cartillas y otros materiales informativos y se contó con el apoyo de Prefecturas y Municipios.

Salud sexual y reproductivo. El embarazo en la adolescencia

144.A nivel nacional, el conocimiento de métodos anticonceptivos es relativamente alto entre hombres y mujeres en Bolivia. Casi el 90% de mujeres en edad fértil y de hombres de 15 a 64 años han oído hablar por lo menos de un método y esto se debe en gran parte a las campañas que se han venido realizando. Existe además el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que ha sido incorporado al Seguro Básico de Salud, y la Reforma Educativa contempla la educación para la sexualidad que ha avanzado en desarrollo curricular y capacitación.

145.En cuanto a la captación de usuarias de métodos de planificación familiar a partir de mujeres que asistieron a controles prenatales ésta se ha incrementado de 38 a 46%.

146.La adolescencia es una etapa especialmente crítica por los cambios que se producen, físicos y de personalidad. En esta etapa la morbilidad y mortalidad no son frecuentes, y si suceden se deben sobre todo a accidentes. Es una edad más bien vulnerable a enfermedades de transmisión sexual, así como al alcoholismo y tabaquismo, y a embarazos no deseados. El embarazo y la maternidad adolescente están asociados a la pobreza y se acompañan de desnutrición y riesgos durante el embarazo y el parto. No es amplio el desarrollo de actividades dirigidas a los adolescentes, sin embargo se han realizado esfuerzos para mejorar esta situación.

147.Se promulgó el D.S. Nº 25290 sobre Deberes y Derechos de la Juventud y se inició la implementación del Plan Nacional Concertado de la Adolescencia y Juventud (1998-2002) que incorpora estrategias dirigidas a promover acciones de salud para adolescentes y su entorno: padres de familia, grupos de pares, maestros. También funcionan, a nivel departamental y local, los Comités de Salud para el Adolescente, que prestan servicios en salud sexual y reproductiva.

148.Por otra parte, en los servicios de salud se han introducido, entre 1994 y 1996, a acciones destinadas a prevenir el consumo de sustancias controladas y promover la salud sexual y reproductiva. Desde 1998 existen servicios integrales a favor de adolescentes en 8 de los 9 departamentos y se va estructurando gradualmente una red de atención que incorpora un enfoque de atención diferencial integral para este grupo de población. Existen normas y protocolos de atención y una iniciativa de calidad denominada "Servicios Amigables". Salud ha favorecido el trabajo con grupos juveniles, desarrollando eventos nacionales y departamentales y actividades educativas a través de La Carpa Lila y La Caravana de Soles y Sueños.

Prevalencia VIH/SIDA

149.El SIDA es una epidemia incipiente. En Bolivia los estudios de seroprevalencia realizados en trabajadoras sexuales comerciales muestran una incidencia inferior a 1%. La tasa oficial de prevalencia acumulada hasta 1998 era de 0,6 por 100.000 habitantes, que es baja pero que va en aumento, si bien es muy probable que exista subregistro.

Cuadro 2.13

Vigilancia epidemiológica, 1991-2000

(En números absolutos)

Años	Número de casos de SIDA
1991	17
1992	18
1993	20
1994	14
1995	9
1996	3
1997	8
1998	6
1999	225
2000	14

Fuente: SNIS.

150.En cambio la presencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) como sífilis, gonorrea, etc., es considerada alta: 74 por 100.000 habitantes para gonorrea, 55 para sífilis, y constituyen un problema de salud pública. Los riesgos son mayores para la población pobre, sobre todo rural, por la falta de información y la falta de servicios de salud.

151.Se han introducido componentes de salud sexual en el Seguro Básico de Salud para la prevención de estas enfermedades. Por su parte el Programa Nacional de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS/SIDA) lleva adelante una serie de actividades para la prevención y el control de estas enfermedades y aplica un modelo de prevención que tiene tres componentes básicos: diagnóstico y tratamiento de las ETS, actividades de información, educación y comunicación y promoción del uso del condón. Requiere ampliar su área de intervención, sobre todo entre grupos de mayor riesgo, a través de campañas de información y comunicación, y para esto requiere de recursos adicionales.

152.En conclusión, hay un importante avance en el de acceso al disfrute del derecho a la salud de los niños, sobre todo por la implementación de servicios de salud primaria dirigida a madres y niños menores de cinco años, así como por el énfasis colocado en el mejoramiento de la gestión institucional de estos servicios. Ellos, sin embargo, no han alcanzado cobertura universal y persisten diferencias entre regiones, área urbana y rural y origen étnico. Es representativa de esta problemática la ampliación de brechas de mortalidad infantil entre área rural y urbana.

153.Se están haciendo esfuerzos especiales por acercar los servicios de salud a los pobladores rurales: se ha desarrollado el Seguro Indígena de Salud y existe un programa con fondos HIPC que imparte bonos a egresados de medicina que quieran trabajar en el campo. Existen algunos avances para garantizar el derecho a la salud en la adolescencia. En general hay un avance para mejorar las condiciones de equidad y en introducir en las políticas el principio del interés superior del niño, sobre todo en lo que se refiere a los menores de cinco años.

3. La seguridad social

154.La población boliviana no tiene una cobertura amplia de seguridad social ya que la mayor parte de la población económicamente activa se desenvuelve en el llamado sector informal. Existe, sin embargo, el proyecto de integrar la seguridad social al Seguro Básico de Salud, aumentando de esta manera la cobertura y eficiencia de la atención primaria.

155.Los adolescentes trabajadores tienen derecho a requerir seguridad social, pero ellos ignoran esto. Las Defensorías no prestan asesoramiento y no existen otros mecanismos para hacerla efectiva.

156.La Ley General del Trabajo establece, desde el año 1898, que habiendo mujeres que trabajan en las empresas o instituciones, éstas deben proveer guarderías para los niños, pero son contadas aquéllas que las poseen.

4. Los niños, niñas y adolescentes discapacitados

157.El Código estipula que todo niño, niña o adolescente discapacitado tiene derecho a recibir cuidados y atención especiales (Art. 20) por lo cual el Estado debe desarrollar y coordinar programas de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación para estos niños (Arts. 21 y 22). El Estado también debe asegurar a todo niño, niña o adolescente con dificultades especiales de aprendizaje, acceso a la enseñanza especial integrada dentro de la modalidad regular (Art. 115.3).

158.La problemática de la discapacidad es una de las menos estudiadas en Bolivia y falta información que permita conocer su magnitud y sus características. En base a parámetros internacionales de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que 10% de la población tiene algún grado de discapacidad, lo que significa que en el país habría unos 412.000 niños, niñas y adolescentes en estas condiciones.

159.En 1995 se sancionó la Ley de la Persona con Discapacidad Nº 1678 y en ese marco se han creado el Comité Nacional y Comités Departamentales que está haciendo un levantamiento de información en la mayoría de los departamentos, información que aún no se halla sistematizada. Por otra parte, en el Ministerio de Trabajo se ha elaborado un Proyecto de Ley para adolescentes trabajadores con discapacidad.

160.Existen algunas instituciones que desarrollan programas para discapacitados bajo la dependencia del Ministerio de Salud. Por ejemplo, en La Paz hay tres centros que atienden discapacidad física y mental. Por otra parte, la Reforma Educativa está trabajando en la implementación de unidades educativas experimentales que funcionan desde 1997 que llegan a 300 en todo el país. En la oficina de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación hay una unidad que se dedica a educación especial. Es posible también que con la vigilancia al embarazo y el mejoramiento de las condiciones de parto y post parto que lleva adelante el Seguro Básico de Salud, se esté realizando también una acción preventiva en este campo.

C. Educación, esparcimiento y actividades culturales

161.La Convención promueve la creación de un mundo justo en el que todos los niños adquieren la mejor base posible para su vida futura, reciban una enseñanza básica de calidad y disfruten de oportunidades para desarrollar sus capacidades en un entorno seguro y estimulante. La educación es un derecho humano fundamental para reducir la pobreza y el trabajo infantil y promover el desarrollo y la democracia. Por eso es importante poner especial énfasis en el acceso a la enseñanza primaria de buena calidad, gratuita y obligatoria, ampliar el acceso a la enseñanza secundaria, eliminando disparidades de sexos, entre grupos sociales y entre zonas urbanas y rurales.

1. El acceso a una educación de calidad

162.Las medidas más importantes adoptadas por el país para garantizar el derecho del niño a la educación se encuentran consignadas en el Artículo 177 de la Constitución que establece que la educación es la más alta función del Estado y garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del mismo, determina que la educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la escuela unificada y democrática; siendo obligatoria en el ciclo primario.

163.Posteriormente, la Ley de Reforma Educativa (julio 1994) consigna una serie de medidas que tienen por objeto garantizar una sólida y permanente formación de recursos humanos, mejorar la calidad de la educación, ampliando su cobertura y haciéndola pertinente a las necesidades de la comunidad, creando condiciones que mejoren la permanencia de los educandos en el sistema, dando atención preferencial a los sectores menos favorecidos, garantizando la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la construcción de un sistema educativo intercultural y participativo.

164.A partir de 1998 se han venido aprobando una serie de decretos sobre administración de personal, contratación temporal y funciones de las Juntas Escolares. En 2001 se sancionó con la Resolución Ministerial Nº 162/01 el Reglamento de Unidades Educativas. También se diseñó el Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMECAL), se establecieron normas de ordenamiento administrativo para el servicio escolar público y se adaptó el Programa de Reforma Educativa a la nueva estructura administrativa descentralizada.

165.La medida que garantiza de manera más explícita el respeto a los principios generales de la Convención es el Código que estipula en el Artículo 112 que los Niñas, Niños y Adolescentes tienen derecho a una educación en igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la escuela, el derecho a ser respetado por sus educadores y a impugnar criterios de evaluación, el derecho de organización y participación en entidades estudiantiles y a participar activamente como representante o representado en la junta escolar que le corresponda.

166.La preocupación por disminuir desigualdades que son evidentes sobre todo entre zonas urbanas y rurales, está expresada en el Artículo 116 del Código que indica que las Prefecturas y Municipalidades tienen la obligación de tomar medidas para asegurar mejores condiciones de acceso a la educación a niños, niñas y adolescentes de áreas rurales.

La reforma educativa: hacia una gestión responsable e incluyente

167.La transformación más importante por la que atraviesa la educación boliviana es la de Reforma Educativa, iniciada en 1995 y que viene profundizándose desde entonces con programas que se desarrollan no sólo en castellano sino también en idiomas nativos.

168.Esta reforma se amplía progresivamente a un número cada vez mayor de escuelas de nivel primario, que son las llamadas unidades educativas o núcleos en transformación, los cuales reciben nuevos materiales, mejoras en la infraestructura y un asesor pedagógico enviado por el Ministerio que orienta el proceso de mejoramiento de la enseñanza.

169.Hasta el año 2000 se había conformado 1.279 núcleos.

Cuadro 3.1

Números de núcleos en transformación, 1996-2000

Años	Número de núcleos
1996	351
1997	851
1998	888
1999	1.144
2000	1.279

Fuente: Viceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria (VEIPS).

170.Estos núcleos incluyen un total de 9.279 escuelas que representan el 72% de las escuelas de nivel primario del país, 18% de las cuales correspondía al área urbana y 82% al área rural el año 2000. El siguiente cuadro muestra el importante incremento ocurrido entre 1997 y 2000, que en términos porcentuales ha sido mucho mayor en el área rural que en la urbana.

Cuadro 3.2

Incremento del número de escuelas del programa de transformación, 1997-2000

(Año base 1997, en porcentajes)

Años	1997	1998	1999	2000
Área urbana	0	12,0	25,0	34,9
Área rural	0	15,3	66,8	87,9
Total	0	14,5	56,8	75,3

Fuente: Elaboración propia sobre datos VEIPS.

171.A pesar de este incremento en escuelas, que ha sido mayor en el campo que en las ciudades, los alumnos cubiertos por el programa se han incrementado proporcionalmente mucho más en la ciudad que en el campo, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, y esto se debe a que en las zonas urbanas las escuelas son más grandes y pueden acoger un mayor número de estudiantes.

Cuadro 3.3

Incremento del número de alumnos que estudian con el programa de transformación curricular, 1997-2000

(Año base 1997, en porcentajes)

Años	1997	1998	1999	2000
Área urbana	0	83,3	180,6	319,9
Área rural	0	56,3	139,1	272,0
Total	0	69,7	159,6	295,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos VEIPS.

172.En el año 2000 había 690.000 alumnos registrados en escuelas en transformación, que representan 42% de los alumnos inscritos en nivel primario en el país. El 53% de ellos pertenecía a escuelas de área urbana y 47% escuelas de área rural.

173.Se estima que para el año 2001 habría 1.007.700 alumnos inscritos en el programa de transformación, que significa 46% de crecimiento con respecto a la gestión de 2000.

174.La reforma se implementa a través del Programa de Reforma Educativa, en el marco de las Leyes de Participación Popular y de Descentralización Administrativa. Existe el Plan Estratégico 1999-2002 que se transforma en Planes Operativos Anuales y hay evaluaciones anuales sobre el avance de la Reforma así como evaluaciones del avance del Plan Estratégico. Se han introducido importantes mejoras en el currículum con contenidos transversales referidos a ciudadanía, género, maltrato y derechos humanos.

175.En cuanto al nivel secundario, la Ley de Reforma Educativa establece que éste está compuesto por dos ciclos. El primero, de "aprendizajes tecnológicos", que proporciona habilidades y conocimientos técnicos de primer grado. Dura dos años y da lugar a la obtención del diploma de técnico básico con el cual el muchacho o muchacha pueden incorporarse al trabajo o continuar estudios en el ciclo siguiente.

176.El segundo ciclo es el de "aprendizajes diferenciados", con dos opciones: la de "aprendizaje técnico medio" con lo que se obtiene el diploma de bachiller técnico medio y la posibilidad de continuar la formación técnica a un nivel superior. La segunda opción es la del "aprendizaje científico-humanístico" que permite obtener el diploma de bachiller en humanidades y la habilitación para continuar estudios de nivel superior en esos campos de estudio. Estas modalidades son importantes ya que otorgan niveles de capacitación que abren posibilidades laborales para los adolescentes que no siguen estudios superiores.

177.El año 2003 se iniciará el proceso de reforma en este nivel, que también se extenderá al nivel inicial.

178.En cuanto a educación superior, se ha elaborado un primer proyecto de Reforma de la Educación Superior que se basa en la creación del Fondo de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior. Se inició también el proceso de consolidación del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Técnica y se formalizó el marco legal que sustenta el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la Ley sobre Ciencia, Tecnología e Innovación.

Competencia docente y calidad de la enseñanza. Los procesos de evaluación

179.Se han hecho evaluaciones a los niños y en general se observa que, en evaluaciones de lenguaje y matemáticas realizadas por UNESCO en el tercer y cuarto grado de primaria, la calidad de la educación boliviana se encuentra por debajo del promedio latinoamericano.

180.Este es un tema central dentro del proceso de reforma educativa ya que es fundamental contar con buenos maestros para mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, esta ha sido una cuestión difícil de llevar adelante por la oposición a ciertos aspectos de la reforma planteados por los sindicatos del magisterio.

181.A pesar de esto hay importantes logros. Según información del Ministerio de Educación en los dos últimos años se ha capacitado a 20.000 maestros, habiéndose otorgado un bono que estimulaba la participación de los docentes en el programa.

182.De los maestros trabajando con el nuevo currículum 57% corresponde al primer ciclo de primaria y 43% al segundo. Estos maestros constituyen el 56% de maestros de nivel primario del país.

183.Pese a los esfuerzos de la Reforma los niveles de calidad de los docentes aún son bajos. Esto se debe en parte a que los maestros sienten que sus ingresos son reducidos, con una estructura de remuneraciones en base al sistema de escalafón, determinada más por la antigüedad que por el rendimiento. Este sistema no propicia la actualización permanente ni estimula su mejor desempeño en el servicio.

184.Se ha puesto en marcha un sistema de incentivos para estimular la permanencia de los maestros en áreas pobres rurales y se otorga el bono de gestión para aquellos maestros que cumplieron los 200 días de clases al año. Durante la gestión 2000 se desembolsaron U$ 2,36 millones y U$ 5,14 millones respectivamente para cada uno de estos programas. Otro avance importante durante ese año ha sido la incorporación de cerca de 300 nuevos asesores pedagógicos.

185.Ha habido avances en la reglamentación del sistema: se aprobó el reglamento de la carrera administrativa y del sistema de formación docente. La aprobación del Registro de Unidades Educativas, la consolidación de las diferentes fuentes de información y los nuevos datos obtenidos en las pruebas aplicadas por SIMECAL permiten mejorar la planificación y la evaluación al interior del sistema educativo. Para mejorar y facilitar la toma de decisiones se cuenta con el Sistema de Información Educativa (SIE) que recopila registros administrativos de unas 14.800 unidades educativas.

186.Se espera que la calidad de la enseñanza mejore también con el mejoramiento de la infraestructura. Hay financiamiento, a través del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) para los municipios que quieran mejorar la infraestructura escolar e introducir mejoras pedagógicas, pero deben aportar ciertos recursos de contraparte.

187.Este proceso de evaluación que se realiza al avance académico de los alumnos, al desempeño de los profesores y al avance de la propia Reforma y del Plan Estratégico, se halla inserto en los procesos de participación popular y descentralización. Ellos se expresan institucionalmente en un sistema que en el nivel nacional encabeza el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con el apoyo de una instancia de coordinación y vigilancia que es el Consejo Nacional de Educación, y con instancias regionales y locales. A nivel local se encuentran las Juntas Escolares de Núcleo y de Distrito, y a nivel departamental los Consejos Departamentales de Educación.

188.La legislación abarca también a las escuelas privadas, por lo cual el currículum de la Reforma Educativa debería aplicarse igualmente en esas escuelas, pero esto todavía no se ha hecho. Los Directores Distritales (hay 274 Distritos Educativos en el país) son los encargados de supervisar la educación privada en los niveles preescolar, primario y secundario. Sin embargo, en general, la supervisión se limita a vigilar los montos de matrícula y mensualidad que cobran estas instituciones educativas.

La erradicación del analfabetismo

189.En el Diálogo Nacional se señaló la importancia de erradicar el analfabetismo a través de la escolarización de todos los niños, por lo cual son tan importantes la educación inicial y primaria. Esta es una de las razones por las cuales se busca llegar a la cobertura total para los menores de 18 años.

190.Según datos del INE entre 1992 y 2000 el analfabetismo ha disminuido de 20 a 14%. Entre los hombres bajó de 12 a 7% y entre las mujeres de 28 a 20%. En el área rural la disminución fue de 36 a 29% y en la urbana de 9 a 6%. Tanto en el área rural como entre las mujeres la disminución ha sido importante, pero los niveles existentes son todavía muy altos, afectando sobre todo a los grupos de mayor edad. El Plan Nacional de Alfabetización para la Vida y la Producción ha permitido que entre 1999 y 2001 fueran alfabetizadas a 160.000 personas, incluidos jóvenes y adolescentes, en una proporción casi igual de hombres y mujeres. También en el marco de este plan se implementaron 4 Centros de Educación Técnica Agropecuaria para jóvenes y adultos en los departamentos de Potosí y Chuquisaca.

La educación temprana

191.El Código, Artículo 115.4, establece que es obligación del Estado la creación, atención y mantenimiento de centros de educación preescolar para atender los requerimientos de niños y niñas entre 4 y 6 años. El Ministerio de Educación desarrolla programas de educación temprana con el llamado ciclo inicial para niños de 5 a 6 años.

192.Entre 1997 y 2000 ha habido un crecimiento de 17% en el número de unidades educativas con nivel inicial, 17% de crecimiento en el área urbana y 15% en el área rural. El número total de alumnos pasó de 182.000 en 1997 a 200.000 el año 2000, y la relación de niños y niñas era de 51 a 49.

193.Esta ampliación del ciclo inicial está siendo apoyada por el Viceministerio de Educación Alternativa que desde mediados del año 2000 está coordinando un proyecto con apoyo de la OEA para la construcción y aplicación de materiales educativos innovadores para menores de 6 años.

194.En educación temprana es fundamental la labor que desarrolla el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años con actividades dirigidas a mejorar la motricidad de los niños, el manejo del lenguaje y la creatividad. Entre los niños atendidos por el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años se observan logros cognoscitivos y psicosociales mayores en comparación con los de niños que no asisten al programa, 78% de estos niños han alcanzado un desarrollo integral óptimo para su edad y poseen un rendimiento escolar comparable al de niños que asisten al ciclo inicial.

195.El Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años fue creado en abril de 1997 como resultado de la fusión de tres proyectos: el Programa de Atención Integral al Niño (PIDI) de acción fundamentalmente urbana, el Centro de Desarrollo Integral (CIDI) que funcionaba en áreas rurales, y el Programa Nacional de Atención al Menor (PRONAM). Los tres coincidían en la importancia otorgada a la atención integral del niño y a la educación inicial como base de la Reforma Educativa, dada la importancia decisiva de la atención al niño en sus primeros años para su desarrollo futuro. El 61% de los niños y niñas bolivianos viven en condiciones de pobreza y tienen mayor riesgo de sufrir desnutrición, enfermedades, ser abandonados y maltratados y no recibir una adecuada preparación para la vida. El Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años se propone brindar una adecuada educación inicial, nutrición, y salud, mejorar los conocimientos de educadoras y madres en la atención integral a la niñez, fortalecer a las familias y promover su participación y la de la comunidad como actores de su propio desarrollo.

196.Cerca de 100.000 niños y niñas han sido atendidos por el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años desde su inicio hasta el año 2.000, más de 57.000 familias han sido beneficiadas, cerca de 3.300 centros familiares o comunitarios han sido construidos o refaccionados. Para esto se han firmado convenios con 8 Prefecturas y 186 gobiernos municipales y actualmente está trabajando con 35 ONGs para aumentar la calidad de los servicios prestados. Actualmente presta servicios a 65.000 niños y niñas, atendidos por más de 7.000 educadores y educadoras en 3.000 centros en todo el país. La cobertura actual alcanzada por el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años representa alrededor de 7% del total de niños y niñas del país en las edades atendidas por este programa.

197.La evaluación del Banco Mundial considera que el programa ha sido exitoso al llegar a niños y niñas de comunidades pobres. Sin embargo, como se señaló en un capítulo anterior, problemas para obtener una ampliación del financiamiento internacional pueden poner en peligro la existencia de este proyecto.

198.Existen también los Wawa-Wasis y Kallpa Wawas que apoya el UNICEF con su programa de PROANDES, que trabajan con educación inicial, nutrición y salud. Han priorizado la estimulación temprana, la capacitación de las educadoras, obteniendo importantes resultados en el desarrollo integral de los niños. Utilizan la modalidad de capacitar a los padres de menores de tres años y la intervención directa con niños de 3 a 6 años. En 1999 funcionaban 84 centros que atendían a 2.300 niños y niñas.

La enseñanza primaria, gratuita y obligatoria. Capacidad de retención y de inclusión del sistema

199.Según el Código, Artículo 15.1, el Estado tiene la obligación de asegurar: "La educación primaria y gratuita, inclusive para aquellos que no tuvieron acceso a ella en la edad adecuada, asegurando su escolarización, especialmente en el área rural". La edad de ingreso a primero de primaria es como mínimo seis años y como máximo nueve (Artículo 39 del Reglamento de Unidades Educativas).

200.El cuadro siguiente muestra el porcentaje de niños que asistían a la escuela primaria el año 2000. A nivel nacional la relación entre niños y niñas es bastante equitativa. La región del Altiplano es la más inequitativa (83,7% de niñas y 85,7% de niños), y es inequitativa también la relación en la zona rural (82,9% de niñas y 86,8% de niños).

Cuadro 3.4

Porcentaje de niños y niñas en edad escolar primaria (6 a 14 años) que asisten a la escuela primaria, 2000

Característica	Asistencia niños	Asistencia niñas	Asistencia total
Bolivia	88,2	86,6	87,4
Región
Altiplano	87,7	83,7	85,7
Valle	87,0	87,8	87,4
Llano	90,2	89,8	90,0
Área de residencia
Área urbana	89,2	89,2	89,2
Área rural	86,8	82,9	84,8

Fuente: MICS, 2000.

201.Bolivia se acerca a cumplir la meta de universalizar el acceso de niños y niñas a la educación primaria, como se puede ver por el cuadro siguiente.

Cuadro 3.5

Tasas de cobertura bruta (sector público y privado), 2000

Año	Primaria	Secundaria
Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
2000	106,1	109,2	108,1	61,7	66,8	64,8

Fuente: VEIPS.

202.Ahora el reto que se plantea el país en el mediano plazo es disminuir la deserción escolar y mejorar la calidad de la educación, para lo que es importante implementar la Reforma Educativa en todos sus componentes.

Cuadro 3.6

Tasa bruta de cobertura, matriculación femenina y tasa de deserción, 1990-1999

Tasa bruta de cobertura (pública-privada)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Total	69,8	71,8	72,4	74,4	76,0	77,6	78,5	83,3	80,8	80,1
Preescolar (1 año)	31,5	32,7	34,5	35,4	36,1	36,9	38,1	44,3	44,9	42,0
Primaria	94,5	97,0	96,9	99,2	101,1	103,3	103,6	108,6	104,2	102,7
Secundaria	38,0	39,2	40,8	43,0	44,1	45,3	46,9	50,3	50,2	52,2
Matriculación femenina en primaria (crecimiento %)		5,7	2,2	5,3	4,2	4,4	4,3	5,2	1,5	1,0
Tasa de deserción primaria	6,2	5,8	6,8	13,1	13,0	8,2	8,2	9,0	7,5	6,0
Tasa de deserción secundaria	10,1	8,3	5,1	12,6	12,6	11,6	12,0	13,1	11,0	9,4

Fuente: EBRP, 2000.

203.La diferencia entre las tasas brutas y netas están relacionadas con los altos índices de repetición y deserción. El ingreso tardío es una de las características más sobresalientes del sistema educativo boliviano el cual, en combinación con la deserción temprana y la repetición, dan lugar a que una cantidad importante de personas deja el sistema sin haber completado su educación escolar. Es así como sólo dos terceras partes de los alumnos de primaria terminan el sexto grado. En la Ley del Diálogo se toma en cuenta el problema de la deserción y se han asignado recursos que ayuden a resolverlo, pero no se han desarrollado los mecanismos que permitan implementarlos. La Unidad de Información y Análisis del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes está estudiando estas cuestiones.

204.Es importante introducir modalidades nuevas que permitan disminuir la deserción escolar y garantizar la retención en la escuela. El Programa de Apoyo y Refuerzo Escolar para Niños y Niñas en Situación de Riesgo constituye un esfuerzo en este sentido y se está realizando en La Paz, Cochabamba y El Alto a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social y con recursos del Tesoro General de la Nación. Es una continuación de la labor realizada por el Programa de Escolarización de Niños y Niñas Trabajadores (PENNT) hasta 2001.

La educación secundaria y superior

205.El fomento al desarrollo de la enseñanza secundaria se hace fundamentalmente por medio de la permanente creación de escuelas a través de su crecimiento vegetativo. El Reg. U.E. (Art. 4) establece que "La unidad educativa de reciente creación deberá completar gradualmente el nivel ofertado en la cantidad de años que le resta para completar dicho nivel". Hay un incremento de la demanda pero las zonas rurales no poseen escuelas secundarias suficientes para atenderla lo cual hace que en muchos casos la posibilidad de dar mayores niveles de educación a los hijos sea un factor de migración hacia centros más poblados.

206.La cobertura bruta en secundaria se ha incrementado de 50,3% en 1997 a 52,2% el año 1999 (cuadro 3.6), habiendo llegado a 64,8% el año 2000, como muestra el ver cuadro, que todavía es bajo. Este incremento de coberturas se ha acompañado de un ritmo mayor de incorporación de mujeres que de varones, si bien la proporción de éstas, como se ve en este mismo cuadro, es inferior a la de los hombres en alrededor de 5%.

207.Sólo 15% de la población en edad de asistir a la educación secundaria la completa y solamente 5% obtiene luego un grado universitario. También debe señalarse, como se ve en el cuadro 3,2 que la tasa de deserción en la escuela secundaria presenta una tendencia declinante desde 1994, si bien todavía es elevada.

208.La educación secundaria en el sistema fiscal es gratuita. Los alumnos ingresan a primer año de secundaria con una edad mínima es de 14 años y máxima de 17 (Reglamento de Unidades Educativas).

209.No hay programas amplios de asistencia económica para niños o adolescentes que la requieran, si bien el Programa de Escolarización de Niños y Niñas Trabajadores concluido en 2001 ha constituido un esfuerzo en este sentido, que ahora se continúa con el Programa de Apoyo y Refuerzo Escolar para Niños y Niñas en Situación de Riesgo que opera a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social con recursos del Tesoro General de la Nación.

210.No hay servicios de orientación vocacional.

Niños discapacitados

211.La Ley de Reforma Educativa establece en su Artículo 24 la llamada educación alternativa orientada a posibilitar el acceso a la educación a los que por razones de edad, condiciones físicas y mentales excepcionales no hubieran iniciado o concluido sus estudios en la educación formal. Sus formas son la educación permanente, la educación de adultos y la educación especial, siendo estas dos últimas las más pertinentes para el caso de niños y adolescentes.

212.La educación de adultos está destinada a los educandos mayores de 15 años que no pudieron iniciar o completar la educación primaria o la secundaria. El Artículo 85 (Reglamento de Unidades Educativas) dice que la educación especial de los estudiantes que no presenten problemas de alta dificultad se desarrollará integrándolos a las unidades educativas regulares, bajo la orientación permanente de personal debidamente capacitado. Los maestros en general, sin embargo, no están formados en educación especial por lo cual se los está capacitando en unidades educativas experimentales que, dentro del proceso de reforma educativa, incorporan a niños que no presentan problemas serios de desarrollo intelectual, físico y psíquico-afectivo. Hay 300 unidades educativas experimentales donde se han iniciado estos programas.

2. La disciplina escolar y participación. El acceso a la información

213.Hay varias normas relativas a la disciplina y al seguimiento a los alumnos. El Reg. U.E. (Art. 21) prohíbe todo tipo de castigo corporal, psicológico o económico, prohíbe expulsar a adolescentes embarazadas, dar tareas como medida disciplinaria o humillar a un alumno que ha cometido una falta. En casos comprobados de robo, agresión física, sexual, venta o consumo de bebidas alcohólicas o drogas y portación de armas, el alumno debe ser referido a la Defensoría Municipal más próxima. Por otra parte, el Código señala el derecho que tienen niños, niñas y adolescentes a impugnar criterios de evaluación y a organizarse y participar en entidades estudiantiles. Estas normas, como todas las relativas a la educación, rigen tanto para escuelas públicas como privadas.

214.Los sistemas de vigilancia son internos a la escuela y están a cargo del Director, quien puede recibir también denuncias de los padres de familia. Existen mecanismos independientes establecidos para este fin que son las Defensorías y los Servicios Departamentales de Gestión Social, pero ellos rara vez intervienen ya que todavía no son muchos los casos que se les remiten y éstos se resuelven por lo general al interior de la escuela. En cuanto a la participación de los alumnos en organizaciones estudiantiles, ella es escasa.

215.Lo anterior muestra que está surgiendo un concepto nuevo de disciplina escolar, que no sólo implica mayor respeto por el alumno sino también que se lo estimula a expresarse y participar. Es un avance importante a nivel de postulados, que todavía no se hacen muy efectivos en la realidad. Nueve de cada 10 niños han recibido por lo menos alguna vez reprimendas, insultos o han sido ridiculizados frente a los demás, 5 de cada 10 alguna vez han recibido golpes. A pesar de la Reforma, 50% de los maestros asocian disciplina a castigo y 27% de ellos entienden el maltrato y el castigo como formas de disciplina. Los propios alumnos, en muchos casos, reconocen el castigo bueno. Esto remite al tema de la violencia, el cual se quiere atender en el futuro retomando el Proyecto para la Prevención de la Violencia en la Escuela.

216.En cuanto al acceso a la información, ésta se ha incrementado en general por el impacto de los medios de comunicación, y no existe una política estatal en este campo dirigida a responder a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. Un importante avance que ha introducido la Reforma Educativa es la biblioteca del aula, que se está alimentando en buena medida de la producción y publicación de obras de autores nacionales.

3. Descanso, esparcimiento y actividades culturales

217.Las garantías al descanso y al esparcimiento, al juego y actividades recreativas y la libre participación en la vida cultural y política están contenidas en la Ley de Reforma Educativa y en el Código, en el Artículo 123.

218.Estas actividades están restringidas por lo general al interior de la unidad educativa y no involucran a la familia o a la comunidad.

219.Los presupuestos específicamente destinados a estas actividades son mínimos, y por lo general se trata de eventos esporádicos que alguna vez organizan las Alcaldías o los colegios.

220.En conclusión, han habido importantes avances para asegurar el derecho de niños, niñas y adolescentes al desarrollo a través de la educación. Los más favorecidos por este proceso son los niños y niñas que asisten a la escuela primaria y ha habido un esfuerzo sostenido por mejorar el acceso en áreas rurales y a implementar un enfoque intercultural y de género. La diferencia de género se acorta, también en el área rural.

221.Actualmente el mayor reto consiste en mejorar la calidad de la enseñanza y ejercitar nuevas modalidades en programas para disminuir la deserción y garantizar la retención escolar. Ha habido asimismo una ampliación de la cobertura del ciclo inicial. El programa de educación temprana Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años, que depende de recursos externos para su funcionamiento no tiene asegurada su sostenibilidad. La ampliación de la reforma a los ciclos de educación secundaria e inicial a partir de 2003 permitirá seguir profundizando el proceso iniciado.

222.Un importante avance de la gestión 1997-2002 ha sido la ampliación y profundización de la Reforma Educativa. Esta Reforma, en el marco de los principios de no discriminación, del interés superior del niño y respeto a su opinión, ha introducido nuevos conceptos en la filosofía educativa y en normas y reglamentos, de manera que ha habido un mejoramiento en la gestión del sistema, en la calidad del personal docente y la promoción de la participación de la ciudadanía. El nuevo currículum ha incorporado progresivamente transversales en ciudadanía, género, maltrato y derechos humanos.

223.La cultura existente en el país, sin embargo, coloca todavía obstáculos al derecho de los niños, niñas y adolescentes a expresarse libremente, desarrollarse en condiciones no violentas y participativas y crecer en el desarrollo de su cultura. El acceso a la información se ha incrementado con la propia apertura de una sociedad globalizada más que debido a políticas específicas en este campo.

D. El derecho de niños, niñas y adolescentes a ser cuidados y protegidos

224.La Convención reconoce a la familia como grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, en especial de los niños, por lo cual debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades. Reconoce que el niño debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de amor y comprensión, a fin de prepararse para una vida independiente, con un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, igualdad y solidaridad. Sin embargo, las presiones sociales y económicas debilitan la capacidad de los padres para proporcionar a sus hijos un entorno seguro y formativo, por lo cual es fundamental crear condiciones que aseguren a los niños la protección frente al abandono, el maltrato, la explotación y la violencia.

1. El nombre y la nacionalidad

225.El derecho al nombre y a la nacionalidad establece un principio de ciudadanía al permitir a los niños y niñas identificarse como miembros de una familia y de una sociedad, ser reconocidos como tales por los demás y, por lo tanto, iguales en derechos ante la ley.

226.La Constitución Política del Estado establece que: "Son bolivianos de origen los nacidos en el territorio nacional y los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el sólo hecho de avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados (Art. 36). En el caso de Niñas, Niños y Adolescentes adoptados por extranjeros, ellos mantienen su nacionalidad boliviana sin perjuicio de que adquieran la nacionalidad de los adoptantes (Artículo 92 del Código). En Bolivia, por lo tanto, no hay casos de niños apátridas. Tampoco hay refugiados o solicitantes de asilo.

227.El Artículo 97 del Código establece que el niño debe ser inscrito en el Registro Civil inmediatamente después del nacimiento, debiendo recibir el certificado correspondiente en forma gratuita. Las disposiciones relativas a esta cuestión han sido mejoradas por medio de un Decreto Supremo especial para la extensión de certificados de nacimiento gratuitos promulgado el 12 de abril, 2002 y un proyecto de ley sobre la ampliación de los artículos 96 al 98 del Código (Ley Complementaria a la Ley del Registro Civil para la extensión de certificado de nacimiento gratuito). El término "inmediatamente" del Código ha dado lugar a problemas y se está revisando la alternativa de establecer un lapso de tiempo mayor ya que en muchas zonas del país este registro inmediato es inviable.

228.Hay una amplia proporción de la población que no posee certificado de nacimiento. Según la Corte Nacional Electoral la cifra alcanza a 778.000 casos en todo el país. Según el UNICEF, 20 % de estas personas tiene edades entre 0 y 14 años y 42% de ellos son menores de 1 año.

229.La falta de registro y de certificado de nacimiento se debe a factores culturales, económicos y a desconocimiento de la importancia de este documento. El factor cultural incide sobre todo en el área rural donde se registra al niño o niña cuando éste ha sobrevivido y alcanza la edad de 2 ó 3 años. Un factor muy importante es el económico por los costos que implica el trámite. También existen problemas cuando los hijos no han sido reconocidos por el padre. Asimismo, la falta de formación de los oficiales de registro civil hace que cometan errores al hacer el registro los cuales sólo pueden ser corregidos por medio de un juicio.

230.Si bien el Código establece que el registro debe ser gratuito, la falta de recursos crea dificultades para que esta disposición se haga efectiva. En 1999 se promulgó un D.S. para facilitar la inscripción de menores de 7 años, con lo cual ha habido importantes avances. En abril de 2002 se ha aprobado otro D.S. que permite a los niños nacidos a partir de enero de este año obtener certificado de nacimiento gratuito. Se ha asignado un aporte del Tesoro General de la Nación de Bs. 2 millones con el compromiso de incorporar esta partida todos los años y la Corte Nacional Electoral (CNE) ha contratado especialmente 88 oficiales de registro civil para hacer el registro.

231.En el Parlamento están pendientes los ajustes a las normas del Código y a la Ley de Registro Civil que tienen por objeto mejorar esta situación, asimismo esos ajustes plantean ampliaciones relativas a niños abandonados y a hijos de madres solteras. Además se quiere que esos trámites judiciales se vuelvan trámites administrativos para hacerlos más ágiles. La propuesta ha sido aprobada en el Senado pero falta la aprobación de Diputados. Estos ajustes prevén medidas dirigidas a movilizar y sensibilizar a la opinión pública en relación a la necesidad y la importancia de registrar el nacimiento de los niños y capacitar debidamente al personal de registro civil.

232.Con respecto a los datos utilizados para identificar al niño que constan en la inscripción de su nacimiento, el Artículo 96 del Código establece que el niño tiene derecho a un nombre propio e individual, a llevar dos apellidos, el del padre y el de la madre, a gozar de una nacionalidad, a conocer a sus padres biológicos y a estar informado de sus antecedentes familiares. Se lo inscribe con apellidos convencionales en caso de desconocerse la identidad de uno o de ambos progenitores (Art. 98). El Artículo 97, por su parte, establece que el niño tiene derecho a llevar un nombre que no sea motivo de discriminación en ninguna circunstancia. En el caso de niños totalmente abandonados, con parentesco desconocido, se los inscribe con nombres convencionales.

2. La protección en la familia

La responsabilidad de los padres

233.Las normas dirigidas a garantizar el respeto a la responsabilidad de padres o tutores legales están establecidas en el Código de la Familia, sancionado en 1972, que reglamenta lo referente a estructuras familiares, igualdad entre los miembros de la familia, apoyo al grupo familiar, defensa de bienes, etc.

234.Se realizan pocas actividades de asesoramiento a la familia, formación de los padres y campañas de sensibilización de los padres. La información sobre la evolución y el cuidado de los niños se transmite fundamentalmente al interior de la familia.

235.Hay sin embargo, algunos esfuerzos en este sentido en educación y en salud. El Seguro Básico de Salud da información a las madres sobre cuidado y nutrición del niño. Existen asimismo programas de salud reproductiva que transmiten información, sobre todo relacionada con la paternidad responsable.

236.El programa más ambicioso que trabaja directamente con los padres es el Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años, al cual ya se hizo referencia, y están también los Wawa-Wasis que son parte del programa PROANDES de UNICEF. Existen asimismo algunas acciones que realizan la Iglesia Católica y ONGs.

237.En cuanto a la responsabilidad de los padres, el Código de Familia señala la obligación de los padres de dar mantenimiento, alimentación, educación, vestido y atención médica de los niños. Algo semejante está contenido en el Código (Art. 32) que se refiere a la obligación de los padres de dar al niño sustento, guarda, protección y educación.

238.La autoridad de los padres es ejercida en igualdad de condiciones por la madre o por el padre, asegurándoles a cualesquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar esa divergencia (Artículo 31 del Código).

239.Son escasas las acciones tomadas prestar la asistencia apropiada a los padres y tutores en el desempeño de sus responsabilidades. Las condiciones de pobreza crean limitaciones para que los padres asuman plenamente estas responsabilidades y existen también limitaciones a nivel de los recursos existentes para desarrollar programas de apoyo a los padres en situación de pobreza.

La separación de los padres

240.El Código expresa la actual tendencia de no separar al niño de sus padres, salvo en situaciones extremas (Arts. 29, 33 y 34). En este último caso se procura colocar al niño con una familia sustituta (Art. 27), siendo la internación la última opción a ser considerada.

241.El Artículo 29 del Código señala que el niño no puede ser separado de sus padres por motivos de carencia de recursos económicos, en cuyo caso la familia obligatoriamente debe ingresar a programas prefecturales, municipales o no gubernamentales de apoyo y promoción familiar. Estos programas son prácticamente inexistentes.

242.En caso de separación de los cónyuges, la Constitución establece en el Artículo 196 que la situación de los hijos se definirá teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de éstos. El Código de Familia establece que el padre o madre alejados del hijo por separación del cónyuge, tiene derecho a mantener la relación filial, supervisar la educación del hijo, etc. Se respeta la opinión del niño cuando el juez evalúa que ésta es una opinión libre (Código, Art. 103).

243.El procedimiento aplicable cuando los padres no cumplen con sus responsabilidades también toma en cuenta la consideración del interés superior del niño y está consignado en el Código en los Artículos 274 al 296. En ellos se establece la forma en que la demanda debe ser presentada, la aplicación de medidas cautelares para proteger al niño, la realización del juicio y la aplicación de sanciones.

244.La función de la revisión judicial es un aspecto muy importante del Código y es una garantía para los padres y los hijos porque transfiere la tutela de los Juzgados de Familia a los de la Niñez y Adolescencia. El juez especial da amparo inmediato al niño huérfano y también sanciona el maltrato con la pérdida, suspensión y extinción de la autoridad paterna que debe imponerse solamente después de escuchar a los padres en proceso legal y otorgar guarda, tutoría o adopción a terceros en casos excepcionales. De acuerdo a lo establecido por el Código, en caso de que el niño deba ser separado de uno o de ambos padres, éstos siempre conocen el paradero del niño, así como también los niños deben ser informados sobre dónde están sus padres. Es difícil encontrar información relativa a estas cuestiones por la reserva y el resguardo de identidad.

245.Cuando los padres están privados de libertad y no existen familiares que puedan hacerse cargo del niño, niña o adolescente, se lo colocará en un hogar, salvo en el caso de los menores de seis años que permanecen con la madre (Art. 30). En 1999 1.000 niños y niñas vivían con sus padres en recintos carcelarios, 85% de los cuales eran menores de 6 años. La pobreza de los reclusos, la imposibilidad de recurrir a parientes que se hagan cargo de sus hijos y la carencia de alternativas de atención para que éstos no queden abandonados, son algunas de las circunstancias que dan lugar a esta situación.

246.Algunos estudios realizados con estos niños muestran un bajo nivel de desarrollo en general, ligado a un escaso acceso a servicios de educación, salud y recreación. A ello se suma el alto riesgo de crecer y desarrollarse en convivencia cotidiana con adultos con conductas delincuenciales, a veces violentas y peligrosas, que se manifiestan en abuso sexual, explotación laboral y utilización para fines ilícitos como tráfico de drogas y alcohol. El Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre estas situaciones, y se ha elaborado el programa "No Encarceles mi Niñez" que ha encontrado dificultades en su implementación ya que ha encontrado resistencias a la separación forzada de padres e hijos.

La reunión de la familia

247.La Constitución garantiza el libre tránsito y no hay impedimento para que los niños bolivianos entren al país. Tampoco existen restricciones para que el niño abandone el país acompañado de sus padres, salvo cuando éstos tienen problemas penales y han sido arraigados. En caso de que existan problemas entre los padres y uno de ellos pide que el niño no salga, esto dificulta su salida, la cual debe ser autorizada por una autoridad competente. Cuando los padres residen en Estados diferentes al del niño, el Estado no posee mecanismos para mantener las relaciones paterno o materno-filiales, es la familia la que se ocupa.

248.Este es un tema complejo y uno de los más delicados. La ley prevé salidas legales de los niños pero no hay una forma clara y expresa en que se haga referencia a la restitución de los niños al país de origen, con la consecuencia de separación de hecho de padres e hijos. Existe entonces la imposibilidad material y legal de restitución o repatriación, excepto por la vía diplomática, cuando el Juez de Familia dispone la repatriación ordenando la realización de un trámite judicial a través de Cancillería, trámite que es muy moroso. Este es un vacío importante de la ley, y aunque este principio esté establecido en la Convención, no existen los mecanismos internos que permitan hacerlo operativo.

249.También pueden ocurrir traslados ilícitos de menores, a los cuales el Código no hace referencia específica. Sin embargo Bolivia ha suscrito la Convención Interamericana sobre Retención Ilícita de Niños en el Extranjero que pocas autoridades nacionales conocen. También la ratificación del Protocolo Facultativo sobre Tráfico, Venta y Prostitución Infantil proporciona un instrumento importante para facilitar estos procedimientos. Este es un tema sobre el que se conoce poco. El estudio de DNI, por ejemplo, hace referencia explotación sexual y a diverso tipo de tráfico que, bajo la forma de adopciones y raptos, pueden estar detrás de estos traslados ilícitos. Estas leyes se encuentran para su consideración en el Congreso.

El pago de la pensión alimenticia del niño

250.La legislación boliviana ha velado desde 1831 para que los hijos gocen de asistencia familiar cuando están separados de los padres, o cuando éstos se separan. El pago de pensiones es competencia de materia familiar. Pero el otorgamiento de pensiones por parte de padres o familiares por maltrato es competencia de la Jurisdicción de la Niñez y Adolescencia, y es un aspecto que se trabaja en forma muy tímida. No hay casos importantes en que debido a maltrato haya habido suspensión o pérdida de la autoridad paterna y que la defensa técnica hubiera interpuesto la demanda en la jurisdicción familiar. En la jurisdicción familiar es muy poco lo que se hace. Las Defensorías atienden estos casos de asistencia familiar que constituyen el 8% del total de casos atendidos por esas entidades en 2001.

251.En caso de que los padres u otras personas que tengan la responsabilidad económica del niño eludan el pago de su pensión alimenticia, el juez, a través de la vía judicial coercitiva puede llegar a emitir mandamiento de apremio para que el padre cumpla la orden. Cuando se utiliza la vía transaccional, se recurre a la Fiscalía o a las Defensorías. Esta segunda es la más utilizada porque no tiene costo, si bien es menos efectiva ya que la decisión del Fiscal no tiene fuerza ejecutiva.

252.Hay avances en materia familiar, sobre todo porque ahora los trámites se han agilizado a través de una actuación más agresiva de las Defensorías que facilitan los procedimientos. A partir de 2001 hay información sistematizada sobre casos de atención en asistencia familiar.

253.El certificado de nacimiento no constituye un obstáculo para obtener la pensión alimenticia, más bien la primera cuestión que debe ser resuelta es la obtención del reconocimiento del padre.

Los niños privados de su medio familiar

254.Los niños, niñas y adolescentes pueden verse privados de su medio familiar por lo general porque son huérfanos, abandonados o alejados de sus padres por descuido o maltrato. Están también aquéllos que han tenido conflicto con la ley.

255.Hay poca información sobre el abandono y la orfandad. En 1992 se encontró que en los hogares de niños había 8.500 abandonados y huérfanos. También se dan otras formas de abandono con la entrega que hacen los padres de sus hijos a parientes, compadres, conocidos o a terceras personas. Esta problemática está vinculada a la pobreza, al embarazo prematuro, la prostitución y la desintegración familiar. Según Domic, 65% de los Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentran en instituciones provienen de este tipo de familias. Parecería además que el fenómeno del abandono se incrementa en los últimos años dadas las condiciones de pobreza y de desintegración familiar, aunque también es posible que en este tiempo haya aumentado la visibilidad de estas situaciones.

256.En cuanto al número de huérfanos, se estima que constituye el 1,8% de la población menor de 18 años. Esto en gran parte se debe a la alta mortalidad materna que afecta sobre todo a la población más pobre, y hace que los hijos queden huérfanos a edad temprana.

257.El Código garantiza protección a los niños privados de su medio familiar temporal o permanentemente a través de lo que denomina "familia sustituta" (Art. 37). La incorporación al hogar sustituto se hace a través de la guarda, la tutela o la adopción y esta decisión sólo puede ser tomada mediante resolución del JNA. El niño, niña o adolescente deberá ser oído previamente y su opinión será fundamental para la decisión del juez (Arts. 39 y 38).

258.La tutela es de dos tipos. La tutela ordinaria es aquélla ejercida por personas designadas por el JNA. La tutela superior es la que ejerce el Estado, es indelegable y la ejerce a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social, de los cuales dependen los centros de acogimiento (Art. 55). La derivación del niño, niña o adolescente a una entidad de acogimiento tendrá carácter excepcional y transitorio y ello no implica privación de libertad (Art. 40). La situación debe ser vigilada por los Servicios Departamentales de Gestión Social y Defensorías (Art. 49), las cuales a su vez estarán fiscalizadas por la Comisión de la Niñez y la Adolescencia (Art. 176).

259.Las Servicios Departamentales de Gestión Social llevan el registro, seguimiento y acreditación de las entidades públicas y privadas de atención a la niñez y a la adolescencia (Art. 180). En cuanto a las Defensorías, éstas deben "conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones públicas o privadas e impulsar las acciones administrativas que fueren necesarias para la defensa de sus derechos" (Art. 196.5).

260.Por su parte el Juez de la Niñez y Adolescencia tiene la atribución de inspeccionar semanalmente, los establecimientos destinados a la protección y asistencia de la niñez y adolescencia, adoptando las medidas que estime pertinentes (Art. 269.10).

261.Servicios Departamentales de Gestión Social y Defensorías ejercen parcialmente las funciones que les corresponden, en la mayoría de los municipios las Comisiones no funcionan y por lo general los JNAs no tienen tiempo para hacer inspecciones semanales.

262.Existe un amplio estudio realizado por Jorge Domic por encargo del Defensor del Pueblo, publicado a fines del año 2.000, referido a la situación de niños, niñas y adolescentes en hogares bajo la responsabilidad de los Servicios Departamentales de Gestión Social, que da cuenta de la medida en que se cumple, o se incumple, lo establecido en el Código.

263.El estudio tuvo una vasta cobertura de cerca de 2.500 de niños, niñas y adolescentes que representaba 41% del total de los 6.000 institucionalizados en siete ciudades importantes del país. Una tercera parte de los 32 hogares analizados eran de administración directa y dos terceras partes de administración delegada. Del total de centros, 22 incluían centros "transitorios" para adolescentes infractores, 8 internados que posibilitan educación a niños de pocos recursos en el área rural y 2 centros para adolescentes trabajadores. No se encontró información sobre el 30% de los internos, pero en el 70% restante se pudo establecer la mayor parte de ellos fue acogido por riesgo físico o moral, orfandad o irresponsabilidad paterna, un menor número por pobreza de la familia. Hay internos por "vagancia" que el Código no contempla y por pobreza de la familia, que tampoco es motivo de internación. Otros resultados relevantes del estudio se mencionan a continuación.

264.La población de los hogares es heterogénea, no hay procesos educativos ni intervenciones que tomen en cuenta la problemática de los niños. No hay centros especializados para infractores (salvo uno en Cochabamba). Hay internos niños y adolescentes víctimas de maltrato, pero no se desarrollan programas de atención especializada.

265.Hay diferencias importantes en la cantidad y calidad de recursos económicos y humanos entre centros de administración directa y delegada. Entre los primeros el presupuesto no cubre necesidades mínimas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento por lo que no están garantizadas condiciones adecuadas de salud, desarrollo, protección y un entorno favorable. La situación es mejor en los de administración delegada.

266.En general los sueldos del personal son bajos y los pagos no se hacen puntualmente. La inestabilidad de los recursos humanos, que tiene que ver sobre todo con cambios políticos, hace que los niños no puedan establecer lazos afectivos que ayuden a su desarrollo emocional. Sólo 46% de los recursos humanos de los hogares tuvo acceso el año anterior a actividades de capacitación, que en general ésta se hace utilizando la oferta que presentan otras instituciones.

267.Gran parte del presupuesto de los Servicios Departamentales de Gestión Social se destina a alimentación para los hogares. En la mayor parte de los hogares es mayor el número de niños que el de raciones disponibles y el monto asignados por niño por día no cubre los requerimientos nutricionales mínimos necesarios. El 37% de los hogares no recibió ninguna muda de ropa el año anterior, por lo que recogen ropa usada. Hay, sin embargo controles periódicos de salud en 78% de los hogares, dirigido por lo general a los menores de 12 años. No hay presupuesto para compra de medicamentos. El 31% de los hogares cuenta con atención regular de dentista. Sólo en 22% de los centros se han hecho evaluaciones sobre desarrollo socioafectivo.

268.De la población estudiada, 12% son huérfanos o abandonados y pese a que muchos tienen familiares, la mayoría ha roto total o parcialmente sus relaciones de manera que sólo 18% mantiene contacto. La pérdida de vínculos afectivos produce deprivación afectiva, y el abandono y maltrato sufridos dificultan los procesos de adaptación y desestabilizan la personalidad causando trastornos de conducta.

269.El 70% están internados de manera permanente y aunque debería existir resolución judicial y está prohibida la transferencia a terceros, esto no se cumple. Sólo 15% cuenta con resolución de JNAs y el resto está internado por decisión del Servicios Departamentales de Gestión Social.

270.Los datos sobre niveles educativos son insuficientes. Sólo 47% de total de internos cuenta con cárdex de seguimiento escolar. También es parcial la información sobre repitencia escolar. En cuanto al grado de correspondencia escolar, sólo 50 está en el grado que le corresponde. Sólo 52% tiene certificado de nacimiento y se hace poco en relación al respeto a la cultura, la lengua y las costumbres únicamente en once hogares hay cierta privacidad y sólo en 25% de los hogares los internos tienen muebles de uso personal.

271.Este estudio que muestra que en muchos aspectos los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que viven en hogares están siendo violados y que no se respetan los procedimientos que establece la ley para su protección y rehabilitación, dio lugar a que la Defensora del Pueblo emitiera la Resolución Defensorial Nº RD/LP/00078/2000/DH del 7 de diciembre del 2000 llamando la atención sobre esta situación. Por información reciente de Servicios Departamentales de Gestión Social de La Paz, las condiciones de los hogares habrían mejorado con la asignación de mayores recursos para alimentación, vestido y mejoramiento de infraestructura y del personal a cargo.

La adopción nacional

272.El Código en el Artículo 63 determina que "La adopción solamente será concedida por el Juez de la Niñez y Adolescencia mediante sentencia, cuando se comprueben verdaderos beneficios para el adoptado y se funde en motivos legítimos". La adopción se establece en función del interés superior del adoptado y es irrevocable (Art. 57), y concede al adoptado el estado de hijo nacido de la unión matrimonial de los adoptantes, con los deberes y derechos reconocidos por las leyes (Art. 58). El Código es un avance en relación al anterior Código del Menor ya que establece la adopción plena entre 0 y 18 años y no sólo de 0 a 6. En el Código anterior la adopción entre 6 y 18 años era simple y revocable.

273.Con la adopción los vínculos con la familia de origen quedan extinguidos (Art. 59). Con el fin de atenuar las consecuencias emocionales y psicológicas de integrarse a un nuevo hogar se procurará la no separación de los hermanos, tomando en cuenta aspectos como el grado de parentesco, la relación de afectividad y origen cultural.

274.El Código dedica dos secciones a este tema, la primera incluida en el Libro primero, Título II de Derecho a la Familia, y la segunda en el Libro Tercero, Título III, Procedimientos para Adopciones Nacionales e Internacionales. El procedimiento se inicia con la etapa preparatoria, la demanda y admisión, la audiencia de asignación. A ello sigue la audiencia de entrega y período preadoptivo, asentimiento y ratificación y sentencia.

275.Existen ciertos requisitos para el sujeto de adopción, sea éste nacional o internacional: debe ser menor de 18 años, debe existir una resolución judicial que establezca extinta la autoridad de los padres, acredite su condición de huérfano y la inexistencia de vínculos familiares (Arts. 62.1 y 2).

276.El Artículo 60 establece que los Servicios Departamentales de Gestión Social constaten que las personas que deben dar su consentimiento para la adopción lo concedan en estado de lucidez y sin haber sido presionados, no habiendo recibido pago o compensación y concientes de las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas que ello implica. El Artículo 61 relativo a progenitores adolescentes estipula que cuando ellos no estén emancipados, al prestar su consentimiento para dar a su hijo en adopción, deben presentarse necesariamente ante el JNA acompañados de sus padres o responsables quienes deberán expresar su opinión. Si uno o ambos progenitores adolescentes no otorgan su consentimiento el juez no concederá la adopción aunque haya oposición de los padres o responsables.

277.En cuanto a los sujetos de adopción, es necesario que el juez constate que el niño ha sido debidamente asesorado e informado sobre las consecuencias de la adopción. El juez debe escuchar personalmente al niño, niña o adolescente y tomar en cuenta su opinión y escuchar también la opinión del responsable de la entidad que tuviera a su cargo la guarda del niño a ser adoptado (Arts. 62.3, 4 y 5).

278.Las salvaguardas más importantes están referidas a la absoluta reserva del trámite, a la inscripción del adoptado como hijo de los adoptantes en el Registro Civil y a que no se indicarán los antecedentes de la inscripción en el certificado de nacimiento. Se prohíbe que el trámite de adopción sea motivo de lucro o beneficio material para los funcionarios a cargo del tramite y los colegios profesionales fijarán aranceles mínimos ya que se trata de un fin social (Arts. 72, 73 y 75).

279.Se establecen también requisitos para los adoptantes: tener por lo menos 25 años de edad y un máximo de 50, y 15 años más que el adoptado. Pueden ser solteros, casados o parejas en unión libre. Deben gozar de buena salud y no poseer antecedentes penales. Los padres adoptivos interesados deben seguir un curso para adoptantes y haber recibido una evaluación favorable en el estudio multidisciplinario al que deben someterse (Art. 82).

280.Los Servicios Departamentales de Gestión Social deben realizar el seguimiento periódico de la adopción y presentar informes cada seis meses durante dos años.

281.Todo niño, niña o adolescente que haya sido adoptado, tiene derecho a conocer los antecedentes de su adopción y referencias de su familia de origen. Es deber de los padres adoptivos brindarles esta información (Art. 78).

282.Como se ve, la legislación posee normas referidas a una amplia gama de aspectos, pero continúan las adopciones ilegales y el tráfico de niños, cuestiones sobre las que se viene llamando fuertemente la atención a través de la prensa y de intervenciones de la Defensora del Pueblo.

283.Por otra parte en Bolivia hay pocas peticiones de adopción debido a tabúes culturales que persisten entre la población en relación al hijo adoptado, lo cual frena la guarda, la tutela y la adopción. El boliviano, por ejemplo, no acepta fácilmente el niño que el juez le asigna como sucede en el extranjero. En Bolivia faltan mecanismos de concientización y de preparación de padres adoptivos y el seguimiento es parcial.

284.Los adoptados a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social llegaron a 97 en 1999. El 78% de los casos contó con resolución judicial, en el resto no se especifica. Si bien la mayoría de los hogares realizan seguimiento, se desconoce si presentan informes cada seis meses al JNA.

La adopción internacional

285.El Artículo 84 del Código, entiende por adopción internacional los casos en los cuales los solicitantes son de nacionalidad extranjera y residen en el exterior, o siendo de nacionalidad boliviana tienen domicilio o residencia habitual fuera del país y el sujeto de la adopción es de nacionalidad boliviana, radicado en el país. El Artículo 85 establece que: " La adopción internacional es una medida excepcional que procede en atención al interés superior del niño, niña o adolescente, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios para proporcionarle un hogar sustituto en territorio nacional". Los requisitos que deben cumplir los adoptantes son semejantes a los consignados para la adopción nacional, agregándose a ellos un certificado que acredite solvencia económica (Art. 91). Debe haber un seguimiento posadoptivo, con informes semestrales al juez y a la instancia técnica gubernamental señalada en sentencia.

286.El Código mejora las condiciones de certidumbre sobre las agencias de adopción internacional a partir de convenios de Estado a Estado, regidas por la ley interna y sujetas a Declaraciones, Convenciones, Convenios y otros instrumentos internacionales relativos al tema y que hayan sido ratificados por el Estado Boliviano. Para que la adopción proceda es indispensable que existan convenios entre Bolivia y el Estado de residencia de los adoptantes, ratificados por el Poder Legislativo. En esos convenios cada Estado designará la Autoridad Central a objeto de tramitar las adopciones internacionales y a efecto del seguimiento correspondiente. Esta Autoridad Central, que es el Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia (se hará referencia a él como el Viceministerio), actuará a través de organismos debidamente acreditados. La información sobre estos organismos será comunicada oficialmente al Estado Boliviano.

287.Bolivia realiza un estudio de la compatibilidad de las leyes propias con las del país adoptante a fin de que se respeten los principios que sustentan la legislación boliviana, que las adopciones sean legales y los niños gocen de todos los derechos que Código les otorga. Existen convenios bilaterales con España e Italia, y aún no se ha realizada ninguna adopción bajo la Convención de La Haya ya que ésta entra en vigencia en el país el 1º de julio de 2002. El mayor progreso, en el marco del Código, consiste en que las adopciones se hagan dentro del marco de la ley, velando por el interés superior del niño.

288.A diferencia de lo que sucede con las adopciones nacionales, se reciben varias solicitudes del exterior y en general son buenas las experiencias con esas adopciones. Según datos proporcionados por la Unidad de Familia de la Dirección General de Asuntos Generacionales y Familia del Viceministerio, el número total de adopciones internacionales entre 1966 y 2000 fue de 621, en una proporción casi igual de varones y mujeres. Los países con los que se hicieron adopciones fueron los Estados Unidos, el Canadá y varios países europeos.

Los niños de la calle

289.Los niños privados de su medio familiar no necesariamente son acogidos por instituciones o adoptados, sino que muchos han hecho de la calle su hogar. Ellos viven en la calle porque han roto definitiva o temporalmente el vínculo familiar. Por lo general tienen entre 6 y 19 años, desarrollan estrategias de sobrevivencia, algunas de ellas ilícitas, y se organizan en grupos o pandillas. Por lo general no tienen parientes cercanos, pueden haber sido abandonados o también expulsados de su casa por las condiciones desfavorables en que vivían de pobreza, violencia, etc.

290.Hay muy poca información cuantitativa sobre ellos ya que las propias características de la vida que llevan hacen difícil su registro. Algunos estudios cualitativos realizados con esta población muestran que tienen baja escolaridad, altos niveles de pobreza y un alto grado de deterioro de su desarrollo físico y psicosocial. Las condiciones de la vida que llevan los hacen vulnerables al consumo de inhalantes o drogas y alcohol, fácilmente ligados a la prostitución y a comportamientos sociales violentos, de manera que se encuentran permanentemente en condiciones de represión, aislamiento y rechazo. Este es un tema complejo y no hay políticas en este campo. Las que más han trabajado con niños de la calle son las ONGs y entidades dependientes de iglesias. Según información del Despacho de la Primera Dama, en general los organismos que trabajan con estos niños estarían empezando a dirigir sus esfuerzos hacia cuestiones más relacionadas a la prevención, como apoyo a las familias o refuerzo escolar.

291.El Despacho de la Primera Dama, en el marco de su Plan Nacional de Acción, está realizando el proyecto de Apoyo a la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de y en la Calle en La Paz, El Alto y Cochabamba, dirigido a mejorar el estado nutricional de 3.000 de ellos, el acceso a servicios de prevención y atención en salud para 5.000 Niñas, Niños y Adolescentes, y fortalecer programas de escolarización y de capacitación laboral. Cuenta con el apoyo de PMA y otros cooperantes.

292.En conclusión, se han hecho un importantes esfuerzos para mejorar las condiciones de registro y emisión de certificado de nacimiento, habiéndose logrado la asignación de recursos del Tesoro General de la Nación para que niños y niñas nacidos a partir de enero de 2002 tengan acceso a ese documento de manera gratuita.

293.La situación de crisis económica y de pobreza de la población ha deteriorado las condiciones que permiten a las familias cuidar de sus hijos y satisfacer sus necesidades. Esto ha dado lugar en gran medida a los niños en y de la calle, a lo cual se suma la situación de niños huérfanos y abandonados. Estos fenómenos encuentran una respuesta parcial en los hogares encargados de acogerlos, en un alto número a cargo de ONGs y entidades privadas, y no hay una política ni servicios que permitan enfrentar esta problemática de una manera integral, si bien se trata de cuestiones muy complejas que remiten a factores estructurales.

294.En cuanto a adopción, nacional e internacional, el Código presenta un avance al establecer la adopción plena entre 0 y 18 años y crea condiciones de certidumbre para la adopción internacional a partir de convenios de Estado a Estado. Sin embargo, deben hacerse ajustes y mejorar los mecanismos a fin de impedir las adopciones ilegales. La legislación coloca énfasis en el interés superior del niño, el respeto por su opinión y la no discriminación, pero en la práctica estos principios tienen una aplicación parcial.

3. La protección contra diversas formas de explotación y maltrato

295.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos de los malos tratos, la explotación y la violencia y deben existir los mecanismos que permitan garantizar esos derechos.

El maltrato y la violencia

296.El Código define como maltrato (Art. 108) todo acto de violencia ejercido contra los derechos de niños, niñas y adolescentes que, aunque sea a título de medida disciplinaria o educativa, les ocasiona daños o perjuicios en su salud física, mental o emocional.

297.Según el Código, es deber de todos velar por la dignidad del niño, protegerlo del trato inhumano y violento así como denunciar ante las autoridades los casos de sospecha o confirmación de maltrato. Debe ser el primero que reciba protección o socorro en situación de peligro (Arts. 106 y 107). Los Artículos 158 y 159 se refieren a la prevención y a la obligación que tiene el Estado y la sociedad de prevenir situaciones que pudieran atentar contra la integridad del niño. Con esa filosofía es que se han creado las Defensorías y los Servicios Departamentales de Gestión Social.

298.Tanto los Servicios Departamentales de Gestión Social como las Defensorías tienen entre sus atribuciones proteger a los niños del maltrato (Arts. 180 y 196). Los profesionales e instituciones, sobre todo de educación y salud tienen la obligación de proteger y cuidar a un niño o adolescente que corra riesgo de ser nuevamente maltratado, y en término de 48 horas deberá dar parte al JNA. Los profesionales médicos deberán extender el certificado médico correspondiente en forma gratuita (Art. 111) a fin de facilitar que se siente la denuncia.

299.Cuando los derechos de los niños y adolescentes se ven amenazados el Código prevé la aplicación de medidas de protección social a cargo de las Defensorías (Art. 208): orientación, apoyo y acompañamiento temporales, derivación a programas de ayuda y atención médica y psicológica.

300.El JNA puede ordenar la salida del agresor del domicilio familiar, pudiendo derivarlo a un centro de tratamiento psicológico, prohibir el tránsito del agresor por los lugares que transita la víctima, entregar el niño, niña o adolescente a los padres o responsables para su cuidado, colocar a la víctima en un hogar sustituto o disponer su acogimiento en un centro de atención. Si el maltrato fuera reincidente y grave, el caso se remitirá a la jurisdicción penal (Art. 210). El Artículo 212 indica que no procede la mediación ni la conciliación en casos relacionados con maltrato ni en casos de suspensión o pérdida de la autoridad paterna.

301.Existen pocas investigaciones sobre este tema. Una de ellas es la publicada en 1991 por DNI, sobre una muestra de 4.500 niños de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba. La segunda fue realizada en 1997 en la Subsecretaría de Asuntos Generacionales con aporte de UNICEF y la Comunidad Económica Europea sobre percepción de derechos en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. En general los resultados señalan que en el 87% de los casos el maltrato es ejercido por los propios padres de familia, el 43% de los niños, niñas y adolescentes reciben castigos que pueden ser situados en la categoría de "síndrome de maltrato". Siete de cada 10 son sometidos a castigo psicológico y 6 de cada 10 a castigo físico. Según DNI, casi 20% de los castigos se realizan cuando los padres regresan del trabajo, 14% en el marco de peleas conyugales y 14% cuando los padres están en estado de ebriedad. Tres de cada 10 niños, niñas y adolescentes son víctimas de acoso sexual o violación.

302.El maltrato no sólo se presenta en la familia sino también en la escuela y el trabajo y, en definitiva, en todos los ámbitos en que se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, ya que es expresión de una cultura autoritaria e intolerante, centrada en el adulto que establece relaciones asimétricas de autoridad, donde la disciplina es entendida como castigo. Estas situaciones de maltrato representan casi el 50% de los casos atendidos por las Defensorías; y si bien hay resistencia a dar cuenta de este tipo de hechos, se está incrementando también la cultura de denuncia entre la población. Reciben asimismo estos casos las Brigadas de la Mujer y la Familia, en el marco de la Ley de Lucha contre la Violencia Intrafamiliar o Doméstica, que fue sancionada en diciembre de 1955. El Viceministerio ha impulsado el fortalecimiento de las Defensorías y la capacitación en abordaje, atención y tratamiento del maltrato infantil.

303.El Plan contra el Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes 2003-2007, elaborado por el Viceministerio incidirá en esta temática y prevé la realización de investigaciones.

304.Por otra parte, hay ONGs que trabajan en rehabilitación.

Niños, niñas y adolescentes trabajadores

305.El Código define adolescente trabajador al que realiza actividades productivas o de servicios, a cambio de un salario o generando un ingreso económico. También es trabajador el que desempeña actividades orientadas a la satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y familiar, aunque no perciba remuneración económica ni exista relación obrero patronal por tratarse de trabajo familiar o comunitario (Art. 124). La edad mínima para trabajar es de 14 años según el Artículo 126 del Código Niño, Niña y Adolescente. En los Artículos 125 y 126 se establece que todo adolescente tiene derecho a realizar un trabajo que no afecte su salud física, mental o moral, a la protección en el trabajo, a la formación integral y la capacitación profesional. Están prohibidos los trabajos peligrosos que puedan poner en riesgo la vida, la salud y la integridad física o mental del adolescente. El Artículo 135 incluye también entre los trabajos prohibidos los que se realizan en salas de espectáculos obscenos, locales de diversión para adultos y propagandas, películas y videos que atenten contra la dignidad del adolescente (Art. 133).

306.El salario para adolescentes no puede ser menor al salario mínimo nacional (Art. 129), deben recibir todos los beneficios establecidos por ley (Art. 130), no pueden ser trasladados a otra localidad para realizar un trabajo sin permiso de sus padres y tampoco pueden ser llevados al exterior (Arts. 127 y 128). Las Defensorías son las encargadas de que esto se cumpla y de proteger al adolescente de la explotación económica (Art. 126).

307.La jornada máxima de trabajo para adolescentes es de ocho horas diarias, con un descanso obligatorio de dos días semanales. No pueden trabajar de noche, tienen derecho a quince días hábiles de vacación anual y si no hubieran terminado la instrucción primaria o secundaria deben poder contar con el tiempo necesario para asistir a un centro educativo (Arts. 142, 147, 145 y 146). Los que trabajan en régimen de dependencia gozan de los derechos de organización y participación laboral (Art. 137).

308.Asimismo el Código reglamenta el caso de los trabajadores por cuenta propia (Arts. 149 a 152) y el régimen de trabajo familiar (Arts. 153 a 156).

309.Los niños, niñas y adolescentes trabajadores no son una presencia nueva en el país, ya que ellos siempre han participado del trabajo doméstico y productivo. Su número, sin embargo, se ha incrementado a partir de la década de los ochenta y se calcula que actualmente alcanzan un número de 800.000, representando 21% de la población económicamente activa, proporción que según la OIT es mucho más alta que la de otros países de la región. Del total de estos niñas niños y adolescentes cerca del 30% vive en áreas urbanas. Se calcula que hay 8.000 niños que trabajan en la zafra en Santa Cruz y 5.000 en Tarija, muchos de ellos menores de 13 años.

310.El alto porcentaje de población infantil y adolescente trabajadora de zona rural (70%) pertenece a un ámbito donde el trabajo tiene un significado cultural particular y se asocia a la formación para la vida que reciben los niños, es una forma de socializarlos y de apoyar la supervivencia de la familia rural. Sin embargo, ello posterga sus posibilidades de asistencia a la escuela.

311.Investigaciones realizadas muestran que las condiciones en que niños, niñas y adolescentes trabajan presentan muchas veces violencia, abuso y discriminación, largas horas de trabajo, salarios bajos y falta de seguridad social. Muchos de ellos no cuentan con documentos, es limitado su acceso a la escuela y a los servicios de salud y están expuestos a enfermedades. Se ha calculado que más de 56% de ellos no asistieron o abandonaron la escuela.

312.Hay niños, niñas y adolescentes que desempeñan trabajos considerados peligrosos y en condiciones de explotación. Es el caso de la zafra, las minas, la recolección de castaña y goma. También está aumentando la presencia de niños, niñas y adolescentes en la maquila, sobre lo cual todavía se conoce muy poco, en la prostitución, sobre todo de niñas, y en la producción pornográfica.

313.Dada la escasez de información, las normas muchas veces resultan inadecuadas, insuficientes y en algunos casos contradictorias con las necesidades de estos grupos. Esta situación ha llevado a la formulación y puesta en marcha del Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010, dirigido especialmente a los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la zafra, minería, recolección de castaña, niños en casas de terceros y explotación sexual. El proyecto es apoyado por la OIT en atención a los Convenios 138 y 182.

314.El Ministerio de Trabajo tiene por objeto lograr que este Plan contribuya a la erradicación del trabajo infantil hasta el año 2.010. Prevé acciones que permitan profundizar en el conocimiento de la magnitud y características del trabajo infantil, contener el deterioro en áreas críticas de ese tipo de trabajo, sentar las bases para su abordaje integral y crear las condiciones para un desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Prevé también crear un marco que permita racionalizar la participación de diversas instituciones ya que existen varias que trabajan con este tema de forma poco coordinada, lo cual ha contribuido a la dispersión de esfuerzos y superposición de recursos. Hay ONGs dedicadas sobre todo en educación y capacitación técnica, formación integral y servicios como salud y alimentación. La Iglesia Católica tiene obras sociales con más de 200 centros, hogares, comedores y proyectos que atienden a niños en desventaja social, incluyendo a la población trabajadora, con unos 500 servicios. Las Iglesias Cristianas y Evangélicas también poseen programas.

315.Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de difusión a nivel nacional, el fortalecimiento de la Comisión Nacional para la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la conformación de las Comisiones Departamentales, ocho de las cuales ya están organizadas y hasta principios de agosto lo estará la de Cochabamba.

316.Un avance importante del proyecto es la realización de varias investigaciones que están ya en su etapa final. La OIT ha financiado dos de ellas, sobre la zafra y la minería y el del trabajo en casa de terceros está a cargo de Save the Children.

317.La contraparte nacional del proyecto se encuentra en el Ministerio de Trabajo. Los recursos para el desarrollo del proyecto de U$ 90 millones, aún deben ser financiados.

318.Otro esfuerzo en este campo ha sido el Programa de Escolarización de Niños y Niñas Trabajadores (PENNT). Nació como una propuesta del Viceministerio al BID para atender a 2000 niños del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), en coordinación con ONGs, para apoyar a niños y niñas trabajadores menores de 12 años y reincorporarlos a la escuela. Se juntaron la pesadez de la administración estatal y los excesivos requerimientos del BID que no permitieron que el proyecto siguiera adelante y concluyera el 2001. Sin embargo se le está dando un nuevo impulso con el nombre de Programa de Apoyo y Refuerzo Escolar para Niños y Niñas en Situación de Riesgo. Opera a través de los Servicios Departamentales de Gestión Social con recursos del Tesoro General de la Nación.

La explotación sexual

319.La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un tema no muy estudiado y se lo percibe vinculado a la prostitución infantil y a la producción pornográfica.

320.En este ámbito el Código establece medidas de protección dando atribuciones a las Defensorías de intervenir cuando se encuentran en conflicto los derechos de niños, niñas y adolescentes con los padres o responsables, para hacer prevalecer su interés superior pudiendo remitir el caso, si fuera necesario, a la jurisdicción penal. En estos casos no procede mediación ni conciliación (Arts. 196.10 y 212). El JNA es el que recibe las denuncias y decide medidas para el tratamiento, protección y atención del niño (Art. 269).

321.Otro avance importante desde el punto de vista legal ha sido la ratificación del Protocolo Facultativo sobre Tráfico, Venta y Prostitución Infantil (2001), con posterioridad a lo cual se ha elaborado un proyecto de Ley Complementaria al Código Penal contra la Organización Criminal, Tráfico y Prostitución Infantil que penaliza el comercio sexual y el tráfico de niños, niñas y adolescentes.

322.Un importante esfuerzo en este campo es el estudio sobre explotación sexual que se realiza en el marco del Proyecto para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil realizado en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, que será publicado próximamente. No hay campañas sistemáticas dirigidas a sensibilizar a la población en estos temas, aunque los medios de comunicación juegan un rol importante denunciando estos hechos, si bien algunas veces con sensacionalismo.

La venta, la trata y el secuestro

323.El Código solamente hace referencia a la prohibición de que la adopción dé lugar a beneficios económicos. No establece ninguna norma relativa específicamente a la venta, trata y secuestro y ya se mencionó el vacío que éste tiene en relación a la restitución internacional de niños. Se formó una comisión interinstitucional para estudiar estos temas que no ha llegado a funcionar.

324.Existe un estudio realizado por DNI con información sobre 442 Niñas, Niños y Adolescentes en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre sobre tráfico con fines de explotación laboral. El deterioro de la economía, la infantilización y feminización de la pobreza, la incorporación temprana el trabajo son las causas principales de esta situación. Los mayores porcentajes se encuentran entre los 11 y 15 años. Por lo general las mujeres se insertan en labores domésticas y también son parte del tráfico y explotación sexual de niñas vírgenes. Existe el tráfico de órganos bajo la forma de adopciones ilegales. También se lleva a menores a la Argentina para trabajar en talleres de costura, en condiciones carcelarias.

325.El tráfico de estos niños, niñas y adolescentes en alto grado está provocado por los propios padres que buscan aliviar la difícil situación de la familia y autorizan el traslado de sus hijos a las ciudades, especialmente La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Existen personas que viajan a las provincias y actúan como intermediarios y también están aquéllos que raptan a los niños, niñas y adolescentes de sus hogares, en la escuela o durante el pastoreo.

326.En 1997 se denunciaron 332 casos de raptos de niñas y niños al Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), muchos de ellos no volvieron a su casa. Anualmente alrededor de medio centenar de niños, niñas y adolescentes son reportados como desaparecidos sólo en las tres ciudades del eje central.

Los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la justicia

327.Este es un tema que causa mucha preocupación y su tratamiento está contemplado en el Código. Bolivia ya ha ratificado convenios y convenciones internacionales relativas a la justicia de menores. En legislación interna el Código es el que norma estas situaciones garantizando a todo niño, niña o adolescente el acceso en igualdad de condiciones a la justicia a través de un sistema de administración de justicia especializada. Esto implica reconocerlos como personas, sujetos de derechos, debiendo prevalecer en todas las actuaciones, el interés superior de los mismos. En caso de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a grupos étnicos o comunidades indígenas, se tomarán en cuenta sus usos y costumbres, pudiendo consultarse con las autoridades de la comunidad a la cual pertenecen (Arts. 213 y 214).

328.Hay diversas instituciones que atienden a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley: las Defensorías, los Servicios Departamentales de Gestión Social, la Policía Técnica Judicial (PTJ) y las Brigadas de Protección a la Familia. Las Defensorías reciben estos casos y poseen registros que muestran un número de 191 adolescentes en esta situación el año 2001.

329.Con el Código ha habido un gran avance en el tratamiento a adolescentes en conflicto con la ley en relación al Código del Menor anteriormente en vigencia, con el cual la administración de justicia dependía de una entidad administrativa que era el Organismo Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA). Actualmente es el Juez de la Niñez y la Adolescencia el encargado de tratar los casos, tomando en cuenta los principios de respeto a la dignidad de niños, niñas y adolescentes, debido proceso, consideración de la edad, derecho a contar con asesoramiento, reintegración social y familiar, importancia a la opinión del adolescente.

330.Como legislación el Código significa un avance ya que prevé un proceso que les otorga plenas garantías y faculta al juez la detención preventiva. Sin embargo, el sistema no está funcionando adecuadamente y se hacen necesarios ajustes al Código Penal. En La Paz, por ejemplo, no hay ningún adolescente con detención preventiva y se los deja en libertad porque los jueces temen aplicar la ley penal a los adolescentes porque en ese ámbito la ley no es clara por lo que prefieren no tomar riesgos, con lo cual se está invisibilizando la responsabilidad penal del adolescente. Existen también dificultades doctrinarias y de proceso que plantea el propio Código que han llevado a un descontrol y parálisis del sistema de manera que no hay de estos casos en los tribunales. El Código, por lo tanto, despertó muchas expectativas en este campo pero con nulos resultados. Implica el trabajo conjunto de cuatro instancias: la Policía, el Ministerio Público, el Sistema Judicial y los Servicios Departamentales de Gestión Social, pero debido a los vacíos de la ley ninguno cumple su misión y el sistema se paraliza. De esta manera no hay ni protección ni sanciones lo que significa, en definitiva, desprotección de derechos.

331.Por otra parte, tampoco existen servicios que permitan la libertad vigilada ni trabajos comunitarios y no funcionan los servicios a cargo de la implementación de las medidas socioeducativas. En general se puede decir que los servicios dirigidos a la recuperación física y psicológica y la reintegración social del niño prácticamente no existen, si bien hay algunas instituciones no gubernamentales que empiezan a trabajar en esto. En un hogar dedicado a adolescentes infractores, de 17 internos, sólo uno permanecía por infracción, los otros 16 habían sido recluidos por diversos factores que no son causales de reclusión y hay víctimas de violación en situación de encierro, sin recibir el tratamiento adecuado.

332.En cuanto a la imposición de penas, en el país no existe la pena capital y tampoco los adolescentes pueden llegar a recibir pena perpetua. La privación de libertad durará un período máximo de cinco años para adolescentes de más de catorce años y menos de dieciséis años y de tres años para adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad. Esta pena se da sólo cuando el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de libertad superior a cinco años en el Código Penal (Art. 251 del Código).

Niños afectados por un conflicto armado

333.Bolivia ha adoptado instrumentos internacionales relativos a estas cuestiones pero no hay una legislación interna al respecto porque no hay casos de niños refugiados y no existe la situación de conflicto armado. Sin embargo, es corriente hacer participar a los niños en manifestaciones de protesta social, en marchas y hasta en huelgas de hambre, lo cual según el Código constituye maltrato (Art. 119.9). Las Defensorías y los Jueces de Niñez y Adolescencia son los encargados de no permitir que estas situaciones tengan lugar, pero raramente lo hacen.

334.Por otra parte, en los últimos años viene agravándose en el país la situación del Chapare debido al programa de erradicación de coca. Éste se constituyó en uno de los pilares del programa de la actual gestión de gobierno con el nombre de Plan Dignidad. La situación creada en esa región ha sido de violencia, inseguridad y violación de derechos humanos.

335.La situación del Chapare ha llevado al Viceministerio, a través del Servicio Departamental de Gestión Social de Cochabamba, a implementar el proyecto Atención Integral de Niños y Adolescentes afectados por el Conflicto Social del Trópico de Cochabamba. Se busca fortalecer la función de 7 Defensorías de esa zona, donde no hay ni un Juzgado de Niñez y Adolescentes y sólo dos Jueces de Partido, y mejorar la situación de los niños, niñas y adolescentes afectados cuyos padres muchas veces son perseguidos, hay allanamiento de las viviendas y ocupación de las escuelas que se usan como campamentos militares.

336.Con respecto al Servicio Militar, la Constitución señala que éste es obligatorio y la Ley del Servicio Nacional de Defensa (1976) establece que se realizará a partir de 19 años. El Defensor del Pueblo ha iniciado gestiones para realizar una investigación de oficio sobre condiciones de vida en los cuarteles, ya que se ha identificado la existencia de menores de 19 años (entre 14 y 17) que se encuentran prestando servicio militar. Se ha detectado también que hay muchos casos de conscriptos explotados laboralmente para fines particulares y sometidos a malos tratos que pueden resultar en lesiones irreparables. En el Chapare también han sido denunciados casos de adolescentes que se han visto incorporados de manera irregular a la lucha contra el narcotráfico.

337.Existe además el Servicio Premilitar para menores de 18 años, hombres y mujeres, que se encuentran finalizando la escuela secundaria y que asisten a un entrenamiento especial los fines de semana.

338.Por otra parte, en relación a las minas personales, éstas no existen en Bolivia, pero sí del otro lado de la frontera con Chile. Este tema es tratado bilateralmente a través de las Cancillerías de los dos países.

El uso indebido de estupefacientes

339.El Código resalta la importancia de la prevención (Art. 158) y establece que toda persona en general, y los directores y maestros de establecimientos educativos en especial, que detecte alguna señal o indicio de abuso, tenencia o consumo de bebidas alcohólicas o drogas prohibidas, está obligada a comunicar inmediatamente esta situación a los padres o responsables y a la DMNA de su jurisdicción (Art. 159).

340.Los Servicios Departamentales de Gestión Social tienen bajo su responsabilidad el funcionamiento de los centros de orientación y tratamiento de niños, niñas y adolescentes dependientes de alcohol y drogas (Art. 182.7).

341.Las Defensorías por su parte tienen entre sus atribuciones (Arts. 196.13 y 15) desarrollar acciones de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y el uso indebido de drogas. Podrán asimismo derivar a programas de ayuda, orientación o tratamiento casos de dependencia al alcohol o a otras drogas (Art. 208). Asimismo se prevén sanciones para los propietarios o responsables de establecimientos donde se venden alcohol, fármacos u otros productos que causen dependencia (Art. 262) cuya venta está prohibida (Arts. 166 y 167).

342.La legislación boliviana no hace referencia a la producción y tráfico en la que estén niños involucrados, tampoco lo hace el Código.

343.Algunos datos contenidos en el Plan de Acción señala que según estudios realizados, hay una tendencia cada vez mayor en la población boliviana hacia el consumo de drogas y alcohol. Un estudio de 1994 de niños trabajadores que asistían a la escuela estableció que consumía drogas el 4% de estos niños en Santa Cruz, 9% en Cochabamba y 8% en La Paz. Un estudio de UNICEF realizado en 1998 sobre consumo de alcohol y drogas en niños de la calle mostró que de los 200 niños investigados 192 consumían thinner, 129 alcohol y 130 singani. El consumo de alcohol está fuertemente asociado a violencia familiar, homicidios y suicidios. Es una forma de escapar a la realidad y también una manera de tomar coraje para realizar actos ilícitos.

344.El proyecto del Proyecto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Prevención del Uso Indebido de Drogas, AD/BOL/97/C-24 (se lo mencionará como C/24) empezará a incidir en estos aspectos, con acciones dirigidas sobre todo al alcoholismo más que a la drogadicción, ya que el primero tiene más incidencia que la dependencia de drogas. ONGs que trabajan en este campo, como SEAMOS, CIES, etc.

345.En conclusión, los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes a ser protegidos se ven vulnerados por las condiciones en que se desenvuelve la familia y las instituciones encargadas de garantizar ese derecho, condiciones que están también vinculadas a problemas estructurales del país. Frente a esta situación, entre 1997 y 2002 se han realizado importantes esfuerzos y avances para ampliar y profundizar la legislación, realizar investigaciones, mejorar la capacidad institucional, en especial a través del fortalecimiento de las Defensorías, cuya función específica es promover y apoyar la plena vigencia de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Paralelamente está en marcha un proceso de creación de instituciones que garanticen la defensa del derecho a la protección, que van incorporando progresivamente la aplicación de los principios de la Convención. En algunos casos las zonas rurales presentan menor riesgo dada la existencia de redes sociales más fuertes, pero estos son temas complejos que requieren de mayor investigación.

E. El funcionamiento institucional. Movilización de recursos

346.La inversión en la infancia sienta las bases de una economía fuerte, una sociedad justa y un mundo sin pobreza, y debe ser sostenida en el mediano y largo plazo. Para esto es importante contar con una institucionalidad eficiente y con recursos que deben ser movilizados internamente u obtenidos del aporte de la cooperación internacional

1. El funcionamiento institucional

347.La estructura institucional responsable de asegurar la vigencia de los derechos de la niñez y la adolescencia está establecida en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo de 1997 (Arts. 12 y 52) y en el Código. En ellos se determina que la entidad normativa de las políticas para niños, niñas y adolescentes es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia, que es también la autoridad competente para representar al Estado en cuestiones de adopciones internacionales. Las responsabilidades, arriba mencionadas ahora recaen sobre el actual Viceministerio de los Asuntos del Niño, Niña y Adolescente creado a partir de la reestructuración del Poder Ejecutivo del 6 de agosto de 2002.

348.Otros Ministerios que cumplen una labor relevante en este campo son el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Ministerio de Salud y Seguridad Social. También están vinculados a esta temática el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, y el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el Poder Legislativo existe una comisión legislativa encargada de temas sociales, entre los cuales se incluye la niñez y la adolescencia, y en el Poder Judicial las Cortes de Justicia Departamentales tienen a su cargo Juzgados por Materia entre los que se encuentran los Jueces de Familia y los Jueces de Niñez y Adolescencia. Otra entidad que juega un rol relevante es el Defensor del Pueblo.

349.Los procesos de descentralización y participación popular han llevado esta estructura hasta el nivel local, pasando por el nivel de la región con las Prefecturas de Departamento. Es así como se han establecido los Servicios Departamentales de Salud (SEDES), los de Educación (SEDUCAS), los de Gestión Social (SEDEGES) que cumplen funciones para organizar los servicios a nivel departamental y vincular el nivel nacional con el nivel local de los Municipios, en los cuales funcionan las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

350.La coordinación entre las diferentes instancias del Ejecutivo se hace a través del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que desempeña funciones normativas, de fiscalización y de elaboración de partidas presupuestarias y establece mecanismos de asistencia técnica para el funcionamiento de los sistemas de atención. Está presidido por el Ministro de Desarrollo Sostenible e integrado por representantes de los Ministerios de Educación y Salud, de las Prefecturas departamentales, de la Iglesia Católica y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este campo. Es decir que se ha contemplado incorporar a estas tareas no sólo a instituciones gubernamentales, sino también no gubernamentales y de la sociedad civil. Una función similar deben desarrollar las Comisiones Departamentales y Municipales insertas en el nivel regional y local.

351.Esta estructura institucional ha presentado algunos vacíos y debilidades en su funcionamiento. Por una parte, el Viceministerio no ha podido desarrollar una presencia institucional relevante de modo que su desempeño como cabeza de sector se ha visto debilitado. Ha contribuido a ello el desconocimiento del Código entre las instituciones vinculadas al Viceministerio, la reducida influencia política que llegó a ejercer, la escasa asignación presupuestaria y los reducidos desembolsos que han incidido en los bajos niveles salariales y en la inestabilidad del personal.

352.El Consejo Nacional nunca se conformó porque no llegaron a constituirse las Comisiones Departamentales y Municipales de la Niñez y la Adolescencia que prevé la ley (salvo en ciertos casos del nivel municipal). Ello debilita al Viceministerio y a su capacidad de relacionamiento con otras instituciones, tanto con Ministerios del nivel central como con instancias regionales y locales y con organizaciones de la sociedad civil, afectando también el funcionamiento general del sistema. Esta situación expresa asimismo la falta de voluntad política para apoyar cuestiones relativas a la niñez y la adolescencia, tanto a nivel nacional como departamental y local.

353.El desempeño del Despacho de la Primera Dama de la Nación llenó algunos de los vacíos existentes con una mayor capacidad operativa, y su fuerza política le ha permitido obtener recursos de la cooperación internacional para llevar adelante su Plan Nacional de Acción por la Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo. El Despacho es un órgano desconcentrado de apoyo directo a la Presidencia de la República, con independencia de gestión técnica, legal y administrativa y cuenta con recursos incorporados dentro del presupuesto del Ministerio de la Presidencia.

354.El apoyo brindados por UNICEF y UNDCP al Viceministerio a través del Proyecto para la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Prevención del Uso Indebido de Drogas, AD/BOL/97/C-24 (se lo mencionará como C/24), ha significado una importante posibilidad de desarrollar la capacidad de funcionamiento de las Defensorías, la vinculación institucional entre el Viceministerio, las Prefecturas y los Municipios, y de manera especial, fortalecer el rol del Viceministerio como cabeza de sector.

355.A nivel departamental los Servicios Departamentales de Gestión Social tienen a su cargo, según el Código, el funcionamiento de diez servicios y programas de atención, algunos de los cuales nunca llegaron a constituirse y otros funcionan parcialmente. Su acción está centrada sobre todo en la administración de hogares para abandono, orfandad, extrema pobreza y problemas de conducta. Albergan una población heterogénea, que no recibe una atención especializada, en condiciones que han mejorado en los últimos años en aspectos referidos a recursos humanos, dietas, vestimenta e infraestructura.

356.Las Defensorías deben cumplir, según el Código, una importante función a nivel local. La baja asignación de recursos, o la ausencia de ésta en los presupuestos municipales, afecta la estabilidad del personal y la continuidad de las acciones que realizan. En este aspecto, sin embargo ha sido importante el aporte del Viceministerio a través del proyecto C/24 que funciona con aportes de UNICEF y UNDCP, que ha permitido fortalecer la coordinación interinstitucional, especialmente con los Servicios Departamentales de Gestión Social y con el nivel nacional. Las Defensorías atienden sobre todo casos de maltrato, adolescentes infractores y asistencia familiar, aunque las funciones que les asigna el Código son más amplias. Entre 1997 al 2000 se han fortalecido 143 Defensorías en 120 municipios, con servicios permanentes de prevención, promoción y protección. Se han realizado talleres departamentales con la presencia de alcaldes, concejales y miembros de Comités de Vigilancia. En 1999 había 146 Defensorías en 136 municipios, y al 2001 se contaba con 204 Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia en 183 municipios; más del 80% de ellas en el área rural.

357.En conclusión, durante la gestión 1977-2002 se han realizado esfuerzos para poder contar con un marco legal e institucional eficiente y para movilizar recursos internos y de la cooperación internacional. La puesta en vigencia del Código representa un importante avance en la legislación, ya que constituye un marco de referencia que organiza los principios y derechos fundamentales de la niñez contenidos en la Convención, a partir del cual se han promovido ajustes en otros ámbitos de la legislación nacional.

358.Los mayores avances institucionales han tenido lugar en los sectores de salud y educación, tanto a nivel nacional como departamental y local. El sistema que organiza el Viceministerio como cabeza de sector presenta debilidades que en parte responden a que se trata de instituciones de reciente creación, como son las Defensorías y los Servicios Departamentales de Gestión Social, que se encuentran en un proceso de conformación y consolidación. Este proceso va paralelo al de la profundización de la descentralización administrativa y la participación popular, para lo cual se han introducido mecanismos novedosos para organizar demandas, como ha sido el caso del Diálogo Nacional, y para coordinar más eficientemente los niveles nacional, departamental y local, promover responsabilidad fiscal y la eficiencia en la asignación de recursos. Esto ha contado con el aporte de la cooperación internacional, en el marco de la implementación de la Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza y de los recursos HIPC.

2. Asignaciones presupuestarias

359.A partir del proceso de capitalización, el Estado ha incrementado su capacidad de dirigir recursos al área social, con una tendencia ascendente hasta la fecha. Esto se observa claramente en el cuadro siguiente que permite ver el marcado ascenso del gasto social como porcentaje del gasto total, que pasa de 36,3% en 1995 a 49,8 en 2001. Se observa también que se ha incrementado el gasto social como porcentaje del PIB.

Cuadro 5.1

Gasto social, 1995-2001

Gasto	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Gasto social como porcentaje del gasto total	36,3	42,9	45,2	44,8	46,9	47,0	49,8
Gasto social como porcentaje del PIB	12,3	13,8	15,1	16,0	16,7	18,1	18,7

Fuente: Elaboración propia sobre datos UDAPE 2001.

360.El cuadro siguiente muestra ciertos aspectos de gasto público social en Bolivia en comparación con el promedio latinoamericano. En primer lugar lo que se observa es que el gasto aumenta al pasar del primer período 1996-1997, al segundo, 1998-1999. Por otra parte, el gasto público total per cápita es sustancialmente más bajo en Bolivia que el promedio latinoamericano. Sin embargo tanto el gasto social como porcentaje del gasto público total y como porcentaje del PIB son más elevados en Bolivia que el promedio de los otros países de la región, lo que estaría mostrando el esfuerzo que se viene realizando en este país para atender los sectores sociales y la presión que tiene el país para responder a demandas en necesidades básicas.

Cuadro 5.2

Gasto público social, 1996-1997 y 1998-1999

(En dólares de 1997)

Gasto	1996-1997	1998-1999
Gasto público total per-cápita
Bolivia	147	168
América Latina	499	540
Gasto público social como porcentaje del gasto público total
Bolivia	54,9	56,5
América Latina	46,7	47,8
Gasto público social como porcentaje del PIB
Bolivia	14,6	16,1
América Latina	12,5	13,1

Fuente: Elaboración propia sobre datos CEPAL 2001.

361.Los nuevos enfoques como el de desarrollo humano y la importancia que van cobrando las políticas sociales en los últimos años, unidos a la implementación de la descentralización y la participación popular, han permitido también una mejor asignación de recursos a nivel regional y local y elevaron la participación de los gobiernos locales en la ejecución de la inversión pública. Ésta era de alrededor de 8% en 1994 y subió a 21% en 1999. Si se incluye el nivel departamental, este porcentaje supera el 60%.

362.Estos recursos internos, sin embargo, no son suficientes para responder a las necesidades que plantea garantizar la vigencia de derechos humanos para toda la población y de manera especial para niños, niñas y adolescentes.

3. La cooperación internacional

363.Como se ve en el siguiente cuadro, la proporción de recursos externos es importante como fuente de la inversión pública, si bien esa proporción tiende a disminuir en los últimos años.

Cuadro 5.4

Fuentes de financiamiento de la inversión pública, 1990-1999

(En porcentaje y como proporción del PIB)

Fuente (porcentaje de la inversión pública)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	Prom 90-99
Recursos internos	45,6	54,2	46,9	41,0	43,1	48,0	44,9	58,9	57,9	55,7	49,6
Recursos externos	54,4	45,8	53,1	59,0	56,9	52,0	55,1	41,1	42,1	44,3	50,4
Créditos	42,2	35,4	43,7	45,3	46,3	42,9	43,6	31,8	30,4	32,8	39,4
Donaciones	12,3	10,4	9,4	13,7	10,6	9,2	11,5	9,3	11,7	11,5	11,0
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: EBRP, 2000.

364.Bolivia sigue siendo uno de los países de la región con un nivel más alto per cápita de asistencia oficial al desarrollo. En 1999 ese monto era de U$ 69.9 cuando el promedio latinoamericano estaba en U$ 9.2. (PNUD. 2001). El siguiente cuadro se aprecia la disminución del monto de asistencia oficial al desarrollo (AOD) entre 1997 y 1999, disminución que también está presente en el monto per cápita y en la relación de la AOD como porcentaje del PIB.

Cuadro 5.5

Asistencia oficial al desarrollo, 1997-1999

	1997	1999
Total en miles de U$	717,0	568,6
Monto per cápita en U$	106,5	69,9
Como porcentaje del PIB	9,2	6,8

Fuente: Elaboración propia sobre datos PNUD 1999 y 2001.

365.Según datos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza hasta el 2005 Bolivia recibirá cerca de U$ 1,9 mil millones de financiamiento externo para proyectos actualmente en ejecución, a lo que se agregan los recursos de condonación de la deuda, HIPC I y II de alrededor de U$ 1,5 mil millones para los programas de lucha contra la pobreza contenidos en la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Se ha establecido además la Política de Compensación que destina recursos HIPC a los municipios más pobres y se ha dictado la Ley del Diálogo (julio, 2001) como expresión de voluntad política y para dar fuerza legal al proceso.

366.Para que la utilización de estos recursos sea eficiente, se fortalecerá el sistema de gestión, seguimiento y evaluación y se utilizarán criterios de eficiencia para definir la asignación presupuestaria. El programa de lucha contra la pobreza requerirá de importantes recursos por lo cual se han llevado adelante negociaciones con organismos financieros multilaterales y con la cooperación internacional para poder contar con ese financiamiento. Desde 1999 está en vigencia el Nuevo Marco de Relacionamiento Gobierno-Cooperación Internacional que establece los criterios que deben regir esa relación.

367.La Ley del Diálogo indica que el Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS) es el encargado de apoyar a los municipios, sobre todo los más pobres, a mejorar la infraestructura educacional. Asigna 20% de los recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda para servicios de mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, a ser destinados a equipamiento escolar, adquisición de materiales, mantenimiento de infraestructura escolar y dotación de incentivos que eviten deserción escolar primaria.

368.Asimismo establece que para cubrir el déficit de ítems acumulados hasta 2001 del personal docente en educación pública y del personal médico y paramédico en salud pública, se constituye el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Pública, que contará con aportes anuales de los recursos provenientes del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda en 5 millones de dólares para la gestión 2001 y en 27 millones de dólares anuales en los próximos 15 años.

369.El Gobierno de Bolivia seguirá requiriendo de este apoyo para mantener los logros alcanzados y asegurar la sostenibilidad de la Reforma. En el campo de salud, las prioridades para la asistencia al desarrollo están referidas a la consolidación del Seguro Básico de Salud y la ampliación de la estrategia AIEPI para reducir la mortalidad infantil. Ella se encuentra implementada en un 40% en los servicios del primer nivel de atención y se pretende llegar al 80% para fines del 2001. Además es necesario apoyar el mejoramiento de servicios básicos para prevención de enfermedades diarreicas, promoción de la terapia de rehidratación oral, detección precoz de infecciones respiratorias y capacitación de madres para prevención de enfermedades infecciosas.

370.Esta necesidad de recursos externos también involucra a programas más reducidos, como es el caso del Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis Años que venía siendo financiado con recursos del Banco Mundial y que podría dejar de funcionar ya que es posible que esa institución le retire su apoyo. Se están realizando gestiones con Prefecturas o Alcaldías para que tomen el proyecto a su cargo, pero hasta ahora hay muy poco avance. A lo largo de este informe se han mencionado otros varios proyectos e investigaciones que dependen de la cooperación externa para su ejecución.

371.En conclusión, la escasez de recursos internos ha llevado a que Bolivia reciba un fuerte apoyo de la cooperación internacional, constituyéndose en uno de los países de la región con mayor monto per cápita de asistencia oficial al desarrollo. Esto implica una importante contribución al país, pero también genera situaciones de dependencia que afectan la sostenibilidad y la autonomía de las acciones de desarrollo emprendidas.

4. El rol de las ONGs

372.Hay una fuerte presencia y una importante contribución de las organizaciones privadas sin fines de lucro, que en muchos casos coadyuvan a la política estatal. Estas organizaciones actúan sobre todo en zonas urbanas y en ciudades del eje, aunque también realizan acciones en otros departamentos del interior y en zonas rurales. Cuentan con recursos que en buena medida tienen origen externo, y que pueden llegar a montos elevados. Proponen diferentes enfoques y metodologías, y en muchos casos el impacto de sus acciones se diluye por la duplicación de esfuerzos o vacíos en ciertas áreas de trabajo. Pero también están contribuyendo a introducir experiencias innovadoras y dar solución de problemas urgentes, desarrollando acciones que el Estado tiene limitaciones para emprender.

373.Los mayores problemas que enfrentan son, entre otros, el manejo político partidario de las instancias públicas encargadas de la ejecución de políticas en este campo, la falta de voluntad política de las autoridades y la insuficiencia de recursos que garanticen la ejecución de políticas, la visión asistencialista en instituciones estatales con la tendencia a desconocer los cambios ocurridos en el país y retroceder a modelos de atención ya superados. Persiste además una cultura centrada en el adulto que no asume como prioridad el tema de la niñez y la adolescencia.

F. Actividades complementarias y vigilancia

374.Los sistemas de información y de vigilancia son fundamentales para proporcionar un conocimiento de la situación para apoyar decisiones de política que organicen los recursos en el logro de los objetivos propuestos. La vigilancia de los procesos emprendidos permite hacer frente a los obstáculos y realizar los ajustes necesarios. Es importante dar a conocer esos avances a fin de fortalecer el compromiso de las instituciones y de toda la sociedad con el progreso de las condiciones de supervivencia, desarrollo y protección de niños, niñas y adolescentes, es decir, afianzar logros y crear un compromiso alrededor del principio de "los niños primero".

1. Sistemas de información y seguimiento

375.Las acciones a favor de la niñez y la adolescencia están contenidas el Plan de Acción para la Aplicación de la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño. El Plan Decenal de Acción para la Niñez elaborado en 1992 en este marco ha sido expresado en metas, sobre la evolución de las cuales se hace un seguimiento permanente. En 2001 se presentó la segunda evaluación quinquenal de cumplimiento de metas. Por otra parte, el año 2000 se establecieron las Metas de Desarrollo del Milenio en Bolivia, como una herramienta para medir el avance del país en la lucha contra la pobreza, con especial énfasis en educación primaria, igualdad de género, mortalidad infantil y de la niñez y mortalidad materna. También con motivo de la puesta en marcha de la Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza, que cuenta con el apoyo de los recursos HIPC, se ha establecido una batería de indicadores y metas que permiten medir el avance y el cumplimiento de compromisos. El establecimiento de metas significa un importante avance que ha impulsado el fortalecimiento de sistemas de información.

376.En los últimos 5 años el mayor esfuerzo para mejorar los sistemas de información se ha realizado en los sectores de salud y educación. Ha habido un importante fortalecimiento del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), que en un futuro próximo podrá llegar a establecer un sistema único de información para la gerencia y la vigilancia epidemiológica, articulado al Sistema de Información de Apoyo a los Políticas Sociales (SISAPS). Es importante también el avance logrado por el Ministerio de Educación que cuenta con un sistema que proporciona información actualizada sobre los avances de la Reforma y del funcionamiento del sistema educativo en general.

377.En los otros ámbitos los sistemas de información se van generando de acuerdo a las necesidades de datos que surgen para hacer seguimiento y evaluación de los respectivos programas y proyectos. Esto sucede también con las ONGs. Estos proyectos por lo general están financiados por organismos internacionales.

378.En el Despacho de la Primera Dama se ha implementado el Sistema Nacional de Registro de Instituciones de Servicio Social, que son instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de las iglesias que trabajan con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. El registro tiene una cobertura nacional a nivel urbano y de algunos municipios rurales. La información recogida facilitará la toma de decisiones y con el conjunto de las instituciones participantes se está creando una plataforma que facilitará la implementación del sistema.

379.En la Dirección de Asuntos Generacionales y de Familia del Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia existe el Centro de Documentación e Información sobre Niñez y Familia que es parte del Programa Interamericano de Información sobre Niño y Familia del Instituto Interamericano del Niño (INN). Este Centro ha recibido poco apoyo durante la última gestión de gobierno y desarrolla una actividad muy reducida. Por otra parte, en la Unidad de Familia y Servicios Sociales de esta Dirección ha desarrollado una base de datos sobre adopciones que permite seguimiento y evaluación. A nivel municipal, las Defensorías han estandarizado criterios e indicadores para uniformizar la atención de casos y recoger información e implementar el Sistema de Información de Defensorías que ya está en vigencia.

380.Faltan, sin embargo, sistemas amplios de sistematización y análisis de la información. Esto se ha desarrollado en el Instituto Nacional de Estadística y Unidad de Análisis y Política Económica (UDAPE) que, a pesar de contar con la base de datos, elaboran relativamente poca información desagregada relativa a niñez y adolescencia.

2. La difusión de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Informe a la Comisión para los Derechos del Niño

381.Se han llevado a cabo esfuerzos institucionales conjuntos para dar difusión a la Convención. El Defensor del Pueblo elaboró una versión popular de la Convención y el Viceministerio impulsó la traducción de la Convención al quechua, aymará y guaraní, si bien es cierto que se lee poco esos idiomas.

382.El Viceministerio ha realizado publicaciones del Código, la Convención y el Reglamento para ser distribuidos entre funcionarios públicos y ha impulsado el mayor número de talleres para la difusión del Código con Jueces de Partido, Jueces de la Niñez y Adolescencia, operadores de justicia, Brigadas de la Mujer y la Familia y Policía. En cuanto a los talleres, ha dado preferencia a aquellos dirigidos a operadores de justicia y del área social, pero el problema es que el personal de las instituciones es muy cambiante, tienen contratos que duran sólo pocos meses. En general hay más permanencia en los Juzgados y no así en las Prefecturas y Municipios.

383.El Viceministerio, en coordinación con Defensorías y ONGs y a través de redes sociales, ha realizado permanentes campañas de difusión del Código. Se han producido materiales educativos en versión popular que han sido publicados en los periódicos como separatas. Las Defensorías han iniciado procesos de formación de líderes juveniles para la difusión del Código.

384.En las universidades del país, en las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, el estudio de la Convención y el Código han sido incorporados a los planes de estudio y se han abierto dos Diplomados Superiores en universidades privadas relativos a niñez y adolescencia.

385.Si bien ha habido avances en la difusión y el conocimiento del Código, el gran reto que se presenta es lograr cambios en las actitudes y en los valores culturales que predominan entre los adultos con relación a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido se hace cada vez más evidente la importancia de desarrollar mecanismos alternativos, no sólo la difusión de mensajes a través de la radio y la televisión, sino la posibilidad de incidir, por ejemplo, en la actitud de los maestros en el trato diario con los alumnos, en el trabajo en salud, y a través de actividades que puedan desarrollarse a nivel comunitario. Las Defensorías tienen ese rol, pero las limitaciones financieras de los municipios no les permiten desarrollar esas acciones.

386.En cuanto al informe presentado en 1997 a la Comisión para los Derechos del Niño, se ha distribuido el Resumen Ejecutivo entre funcionarios públicos y ONGs. El Informe tuvo un tiraje de 2000 ejemplares, que fueron totalmente distribuidos. No se han hecho talleres de difusión. Existe un problema en el hecho de que el Informe se elabora el momento de terminar la gestión gubernamental, por lo que las autoridades del nuevo gobierno no lo asumen como propio, y eso retrasa y complica el proceso. El Defensor del Pueblo ha apoyado este proceso de difusión en la etapa de transición y ha hecho posible interesar a algunas autoridades.

ANEXOS

Anexo I

DEFINICIÓN DE NIÑO Y EDADES ESTABLECIDAS LEGALMENTE EN DIFERENTES ÁMBITOS DE DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

No hay diferencias entre la definición de niño de la Convención y lo que señala la legislación nacional. El Código establece en el Artículo 2 que se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta los 12 años cumplidos y adolescentes desde los 12 a los 18 años cumplidos.

Edad mínima establecida legalmente para el asesoramiento médico sin el consentimiento de los padres

Esto no está establecido en el Código. El Artículo 15.3 del Código establece la obligación que tienen las entidades de salud estatales, personal médico y paramédico de brindar a las niñas o adolescentes embarazadas, atención gratuita y prioritaria, así como la orientación médica, psicológica y social requeridas, durante el período de gestación, parto y post-parto, pero no se hace mención al consentimiento de los padres.

El tratamiento médico o las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento de los padres

El Código no hace mención al consentimiento de los padres para tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, si bien lo usual es que en caso de intervención quirúrgica en los establecimientos de salud se pida la autorización de éstos o de una persona responsable y que los niños vayan acompañados de un adulto al hacer una consulta médica.

En el Código, en el Artículo 18, se hace referencia a que en todos los casos de internación de niños y niñas el establecimiento de salud debe proporcionar condiciones adecuadas para que los padres o personas encargadas permanezcan junto a ellos. En el caso de adolescentes se facilitará la permanencia de padres o responsables en casos de gravedad.

En el Artículo 219.g el Código establece la obligación de los padres o del responsable legal de llevar al niño, niña o adolescente a tratamiento especializado.

La terminación de la escolaridad obligatoria

En el Código, Artículo 115.1, se estipula que el Estado tiene el deber de asegurar a todo niño, niña y adolescente la educación primaria obligatoria y gratuita, inclusive para aquellos que no tuvieron acceso a ella en la edad adecuada, que es el caso en especial del área rural. Si bien el Reg. U.E. indica que la edad máxima para concluir la escuela primaria es de 16 años, el sistema de educación de adultos está abierto para los adolescentes a partir de los 15 años.

La aceptación de un empleo o trabajo, sin excluir el trabajo peligroso

En el Artículo 126 del Código se establece que la edad mínima para trabajar es de 14 años y se exige que los empleadores garanticen que el trabajo que el adolescente desarrolle no perjudique su salud física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la educación y a la profesionalización. Encomienda a la Defensorías de la Niñez y Adolescencia, apoyadas por las instituciones privadas pertinentes, la supervisión de estas situaciones así como de la explotación económica. Existe una disposición transitoria de protección a niños y niñas menores de 14 años.

Por el Artículo 133 del Código se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y que atenten contra la dignidad de los adolescentes.

El empleo a tiempo parcial y el empleo a tiempo completo

Por el Artículo 137 del Código el Estado garantiza al adolescente trabajador los derechos de prevención, salud, educación, deporte y esparcimiento así como la posibilidad de tener un horario especial de trabajo, gozar de todos los beneficios sociales reconocidos por Ley y tener acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses.

En el Artículo 142 relativo a la jornada de trabajo se señala que la jornada máxima de trabajo para el adolescente es de ocho horas diarias, de lunes a viernes, con descanso obligatorio dos días a la semana, días que no podrán ser compensados con remuneración económica.

El matrimonio

El Código de Familia establece que con el debido consentimiento de los padres, los varones pueden casarse a los 16 años y las mujeres a los 14. El Código no hace mención a este tema.

El consentimiento sexual

No necesitan aprobación de los padres para dar consentimiento sexual. El Código no hace mención a este tema.

El alistamiento voluntario en las Fuerzas Armadas

La Constitución señala que el Servicio Militar es obligatorio y la Ley del Servicio Nacional de Defensa (1976) establece que se realizará a partir de 19 años. El Defensor del Pueblo ha iniciado gestiones para realizar una investigación de oficio sobre condiciones de vida en los cuarteles, ya que se ha identificado la existencia de menores de 19 años (entre 14 y 17) que se encuentran prestando servicio militar. Se ha detectado también que hay muchos casos de conscriptos explotados laboralmente para fines particulares y sometidos a malos tratos que pueden resultar en lesiones irreparables. En el Chapare también han sido denunciados casos de adolescentes que se han visto incorporados de manera irregular a la lucha contra el narcotráfico.

Existe además el Servicio Premilitar para menores de 18 años, hombres y mujeres, que se encuentran finalizando la escuela secundaria y que asisten a un entrenamiento especial los fines de semana a lo largo de un año.

La participación en hostilidades

No existen disposiciones al respecto.

La responsabilidad penal

Los adolescentes son imputables desde los 16 años y procesables como personas mayores, sin embargo hasta los 18 años reciben apoyo sociojurídico de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.

El Código (Art. 221) considera infracción a la conducta tipificada como delito en la Ley penal, en la que incurre como autor o partícipe un adolescente, y de ella emerge una responsabilidad social. El Juez de la Niñez y Adolescencia es el único competente para conocer estos casos. El Artículo 222 estipula que la responsabilidad social se aplicará a los adolescentes comprendidos entre los doce y los dieciséis años, al momento de la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal, haciéndose pasible de las medidas socio-educativas señaladas por el propio Código. Finalmente el Artículo 223 dice que las niñas y niños que no hubieren cumplido los doce años de edad están exentos de responsabilidad social, quedando a salvo la responsabilidad civil, la cual será demandada ante los tribunales competentes. A todo niño o niña que infrinja la Ley penal debe aplicarse las medidas de protección previstas en el Código.

La privación de libertad, incluyendo el arresto, la detención y la prisión, entre otras cosas, en lo relativo a la administración de justicia, la solicitud de asilo y el internamiento de los niños en instituciones de asistencia social o de salud.

Según el Código, Artículo 223, por ningún motivo se puede disponer una medida privativa de libertad para los menores de 12 años. En cuanto a los mayores de 16 años y menores de 21, serán sometidos a la legislación ordinaria. A ellos se les aplican tres tipos de medidas privativas de libertad: arresto domiciliario, semilibertad y privación de libertad en centros especializados dependientes de las Prefecturas.

No hay casos de solicitud de asilo.

En cuanto a la internación de niños, niñas y adolescentes en instituciones de asistencia social o de salud, esto puede hacerse desde el momento de nacer.

La pena capital y la reclusión a perpetuidad

No existe pena capital en la legislación boliviana. No se aplica la reclusión a perpetuidad en el caso de niños, niñas y adolescentes o adolescentes, es decir antes de los 18 años.

La declaración ante los tribunales, en causas civiles y penales

Para declarar en tribunales en causas civiles o penales la persona debe tener más de 18 años.

La presentación de denuncias y la solicitud de reparación ante un tribunal u otra autoridad pertinente sin el consentimiento de los padres

Los niños, niñas y adolescentes pueden presentar denuncias desde que tienen uso de razón. En el Código, no se establece una edad en particular, pero el juez debe aceptar una denuncia en caso de que considere que el niño o niña cuenta con la suficiente madurez.

La intervención en procedimientos administrativos o judiciales que afecten al niño

El niño o adolescente puede intervenir en procedimientos administrativos o judiciales que lo afectan desde que tiene uso de razón, pero debe ir acompañado por los padres o un representante legal.

Con relación a los adolescentes, el Código, Artículo 230.4 garantiza la presencia de los padres o representantes en todos los actos procesales. Según el Artículo 196.4, las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia tienen la atribución de intervenir como promotores legales de adolescentes infractores en estrados judiciales e intervenir cuando se encuentran en conflicto los intereses de niños, niñas o adolescentes con los padres, tutores, responsables o terceras personas, para hacer prevalecer su interés superior.

El consentimiento para cambiar de identidad, incluyendo el cambio de nombre, la modificación de los vínculos familiares, la adopción, la tutela

Es posible cambiar de identidad antes de los 18 años sin consentimiento de los padres y con el apoyo de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia.

El acceso a información relativa a los padres biológicos

Niños, niñas y adolescentes y niñas tienen derecho a obtener esta información desde que tienen uso de razón. En el Artículo 96 del Código, se establece que el niño tiene derecho a "… conocer a sus padres biológicos y a estar informado de sus antecedentes familiares…".

Capacidad jurídica de heredar, hacer transacciones relativas a la propiedad de bienes, formar o afiliarse a asociaciones

Los niños, niñas y adolescentes poseen capacidad jurídica de heredar desde el momento que son concebidos dentro del matrimonio. En caso de haber sido concebido fuera del matrimonio, pueden heredar desde el momento de haber sido reconocidos legalmente. En cuanto a transacciones, pueden realizarlas sin consentimiento paterno desde los 18 años, aunque existe una figura jurídica de emancipación que le permite hacerlo a partir de los 16.

La elección de una religión o la asistencia a cursos de instrucción religiosa

Pueden elegir una religión desde que tienen uso de razón. En el Artículo 101 del Código, se estipula que el niño, niña y adolescente tiene derecho a la libertad de creencia y de culto religioso. Por otra parte, el Artículo 104 determina la libertad de asociación con fines lícitos.

El consumo de alcohol o de otras sustancias controladas

El consumo de alcohol y otras sustancias controladas está prohibido por ley, con o sin consentimiento paterno. El Artículo 196.15 del Código encarga a las Defensorías desarrollar acciones de prevención contra el consumo de alcohol, tabaco y el uso indebido de drogas. En el Artículo 161 establece la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, fármacos y otros productos cuyos componentes constituyan un peligro o puedan causar dependencia física o psíquica.

Relación entre la edad mínima para el empleo y la edad de terminación de la escolaridad obligatoria. Efectos sobre el derecho del niño a la enseñanza

El Código, Artículo 126, se establece que la edad mínima para trabajar está fijada en catorce años. El trabajo no debe afectar el derecho del niño a la enseñanza, ya que el empleador tiene la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho al adolescente. No obstante, un alto porcentaje de población infantil ligada a actividades laborales se ve afectada en su derecho a la educación.

Medida en que la legislación ha tenido en cuenta distinciones entre las muchachas y los varones, incluso en lo que al matrimonio y el consentimiento sexual se refiere

El Código establece claramente que no existen diferencias en el acceso y disfrute de derechos entre varones y mujeres.

En los casos en que la pubertad es un criterio de derecho penal, medida en que éste se aplica de modo diferente a las muchachas y a los varones, y si se tienen en cuenta los principios y las disposiciones de la Convención

En la aplicación de normas de derecho penal no hay diferencia entre varones y mujeres y se toman en cuenta los principios de la Convención. Sin embargo, en la práctica, los jueces conocen poco la Convención y a veces no aplican esos principios, cuando deberían hacerlo con prioridad.

Anexo II

DOCUMENTOS CONSULTADOS

Bellido, Ivana. 1999.	Cargando la Vida. Situación de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores Independientes de Sucre. Centro Juana Azurduy. Sucre (Bolivia).
Comisión Interinstitucional del Área de la Niñez y la Adolescencia. 1997.	Informe de Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño en la República de Bolivia. La Paz (Bolivia).
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 2000.	Plan para la Erradicación progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010 (PEETI).
Dávalos, Guillermo. 1999.	Programa por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Defensor del Pueblo. La Paz (Bolivia).
Defensor del Pueblo. 2000.	Resolución Defensorial Nº RD/LPZ/00078/2000/DH. 7 de diciembre del 2000. La Paz (Bolivia).
Domic, Jorge. 2002.	Resumen Ejecutivo, "Calidad y Calidez de la Atención en las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia". Enero, 2002. La Paz (Bolivia).
Domic, Jorge et al. 2000.	Seguimiento a Servicios Prefecturales y Defensorías Municipales de Atención a la Niñez y Adolescencia. Defensor del Pueblo. La Paz (Bolivia).
DNI. 2001.	Estado de Situación de la Niñez y Adolescencia en Bolivia. Percepción Institucional. Cochabamba (Bolivia).
DNI. 1998.	Tráfico de Niños, Niñas y Adolescentes con Fines de Explotación Laboral en Bolivia. La Paz (Bolivia).
Gobierno de Bolivia. 2001.	Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. El Diálogo Nacional 2000 y Anexos. Ed. Ministerio de Hacienda. La Paz (Bolivia).
González, H., Medinacelli, C. 1999.	El Trabajo Infantil En Bolivia. OIT/IPEC. La Paz (Bolivia).
INE. 2001.	Censo Nacional de Población y Vivienda. La Paz (Bolivia).
Lugo, O. y Gutiérrez, M. 2001.	El Seguro Básico de Salud. Difusión y Uso. Serie Alivio de la Pobreza 2. UNICEF. La Paz (Bolivia).
MDSP. 2002.	Políticas Públicas de Genero. Avances. La Paz (Bolivia).
MECD. 2001.	Reglamento de Administración y Funcionamiento para Unidades Educativas de los Niveles Inicial, Primario y Secundario. Resolución Ministerial 162/01. La Paz (Bolivia).
MECD. 2001.	Nuevo Compendio de legislación sobre la Reforma Educativa y Leyes Conexas.
MSPS. 2000.	Información Urgente! Situación de Salud de la Niñez Boliviana Frente al Nuevo Milenio. La Paz (Bolivia).
SNIS. 2000.	Estadísticas de Salud.
SNIS. 1999.	Estadísticas de Salud.
Naciones Unidas. 2001.	Metas de Desarrollo de la Cumbre del Milenio. Progreso en Bolivia. La Paz (Bolivia).
Naciones Unidas. 2000.	Dónde Estamos el 2000? Remontando la Pobreza. Ocho Cimas a la Vez. La Paz (Bolivia).
PNUD. 2001.	Informe de Desarrollo Humano 2001. Nueva York (Estados Unidos de Norteamérica).
PNUD. 2000a.	Informe de Desarrollo Humano 2000. Nueva York (Estados Unidos de Norteamérica).
PNUD. 2000b.	Evaluación Común de País. (Borrador Final). La Paz (Bolivia).
PNUD. 2000c.	Informe de Desarrollo Humano en Bolivia. La Paz (Bolivia).
República de Bolivia. 2001.	Ley del Diálogo Nacional. 2000. La Paz (Bolivia).
SAG. 1997.	Percepción de sus Derechos. Maltrato en Niños, Niñas y Adolescentes. Encuestas y Estudios. La Paz (Bolivia).
UNICEF. 2001.	Hacia la Cumbre Mundial de la Infancia. Evaluación de Metas. La Paz (Bolivia).
UNICEF. 2001a.	Estado Mundial de la Infancia 2001. Nueva York (Estados Unidos de Norteamérica).
UNICEF. 2001b.	Hacia la Cumbre Mundial de la Infancia. Evaluación de las Metas. (Documento preliminar). La Paz (Bolivia).
UNICEF. 2001c.	Análisis de Situación de la Niñez y la Mujer en Bolivia. La Paz (Bolivia).
UNICEF. 2000.	Encuesta de Múltiples Indicadores por Conglomerados. (MICS 2000). La Paz (Bolivia).
UNICEF. 1997.	El Proceso de Presentación de Informe al Comité de los Derechos del Niño. Guía para el Personal de UNICEF.
UNICEF, VAGGF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  1997.	Informe de Bolivia al Comité de los Derechos del Niño: Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño.
UPPIA. 2000.	Aspectos de la Población en Bolivia. Bolivia y sus Provincias. La Paz (Bolivia).
VAGGF. 2000.	Plan contra el Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes.  2003‑2007. La Paz (Bolivia).
VAGGF. 2000.	Código del Niño, Niña y Adolescente y Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. UNICEF. La Paz (Bolivia).
VIPFE. 1999.	Nuevo Marco de Relacionamiento Bolivia – Cooperación Internacional. Hacia el Siglo XXI. Ministerio de Hacienda, República de Bolivia. La Paz (Bolivia).

Anexo III

ABREVIATURAS

AIEPIAtención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia

C-24Proyecto Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Prevención del Uso Indebido de Drogas, AD/BOL/97/C-24

CDNConvención sobre los Derechos del Niño

CNNACódigo del Niño, Niña y Adolescente

DMNADefensoría Municipal de la Niñez y la Adolescencia

DNIDefensa del Niño Internacional

D.S.Decreto Supremo

DUFDirectorio Único de Fondos

EBRPEstrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

ENDSAEncuesta Nacional de Demografía y Salud

ETSEnfermedades de Transmisión Sexual

FPSFondo Nacional de Inversión Productiva y Social

HIPCHighly Indebted Poor Countries

IDHÍndice de Desarrollo Humano

INEInstituto Nacional de Estadísticas

LRELey de Reforma Educativa

MECDMinisterio de Educación, Cultura y Deportes

MICSEncuesta de Múltiples Indicadores por Conglomerados

MSPSMinisterio de Salud Pública y Seguridad Social

NNANiños, niñas y adolescentes

ONAMFAOrganismo Nacional del Menor, Mujer y Familia

PAIPrograma Ampliado de Inmunizaciones

PANPrograma Nacional de Atención a Niños y Niñas Menores a Seis Años

PEETIPlan de Erradicación progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010

PENNTPrograma de Escolarización de Niños y Niñas Trabajadores de 7 a 12 Años

PESPlan Estratégico de Salud

PDDPlanes de Desarrollo Departamental

PDMPlan de Desarrollo Municipal

PREPrograma de Reforma Educativa

PROAGUASPrograma de Agua y Saneamiento para Pequeños Municipios

PROSABARPrograma de Saneamiento Básico Rural

Reg. U.E.Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades Educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario

SBSSeguro Básico de Salud

SIESistema de Información Educativa

SIMECALSistema de Medición de la Calidad Educativa

SNISSistema Nacional de Información en Salud

TGNTesoro General de la Nación

UNDCPPrograma de Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas

UPPIAUnidad de Políticas de Población, Investigación y Análisis

VAGGFViceministerio de Asuntos de Género, Generaciones y Familia

VEIPSViceministerio de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

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