223. La tasa general de fecundidad en el Ecuador ha disminuido, así lo demuestran las cifras de los últimos años. En 1993 se registra una tasa de 101.4 por mil; en 1994 97.9 por mil; 1995 92.8 por mil; 1996 90.0 por mil; 1997 87.7 por mil; y; 1998 84.7 por mil.

224. La educación influye en el número de embarazos que tienen las mujeres. En mujeres que no han tenido instrucción el promedio de hijos es 6.24, a diferencia de las mujeres con instrucción superior en las que el promedio de hijos es del 2.13. El grupo con mayor número de embarazos es el de campesinas sin instrucción alguna, que tienen un promedio de 7 hijos.

225. En 1994, cerca de la quinta parte de las jóvenes entre 15 y 19 años (17.5%) eran madres o estaban embarazadas. El embarazo adolescente en el campo es causa de un matrimonio temprano. El 21% de las mujeres en el área rural era madre o estaba encinta antes de los 19 años; la mayor incidencia de embarazo adolescente ocurre en la costa rural. La educación influye grandemente en el inicio de la maternidad; en el campo, 4 de cada 10 jóvenes entre 15 y 19 años que no habían completado la primaria ya tenían o estaban en camino de tener hijos, cuatro veces más que las jóvenes que ingresaron a la secundaria.

226. El control del embarazo es fundamental para la salud de la madre y del niño. El número de controles promedio durante el último embarazo en el período de 1993 a 1998, a nivel del país, fue de 5.6 controles, con predominancia en el área urbana de 6.2, frente al promedio del área rural que fue de 4.6. La atención prenatal disminuye entre las mujeres indígenas y campesinas quienes tienen en promedio 2 y 3 controles prenatales respectivamente.

227. El porcentaje de embarazos sin control a nivel del país es de 11.7% en el año de 1995 (último embarazo en 5 años anteriores). Las mujeres en el campo corren mayores riesgos durante sus embarazos. En el mismo año, el porcentaje sin control profesional o capacitado fue especialmente alto entre las mujeres campesinas e indígenas, 25% y 42% respectivamente.

228. En el país, un número significativo de mujeres en el área rural no recibe atención profesional durante el parto. Según datos del periodo 1993-1998, apenas un 50.1% fue atendida por un médico/a y un 24.5% por comadronas o parteras. Es importante anotar que un 14.5% de mujeres son atendidas por la familia. En el área urbana, en el mismo periodo, predomina la atención por parte de un médico/a, ya que un 79.8% de mujeres fueron atendidas por un profesional médico; el 13.7% por una obstetriz y el 4.2% por una comadrona o partera.

229. A nivel de país, la asistencia al parto se da en un 49.3% en hospitales públicos; el 21.7% en consultorio o clínica privada y el 21.4% en domicilio.

230. En 1995, el 33% de muertes de mujeres por cáncer se debió a tumores genitales y el 12% a cáncer del seno, mientras que entre los hombres los tumores genitales representaron solo el 15% de los casos de cáncer. Si bien el cáncer del pulmón ocurre predominantemente entre los hombres, ha aumentado también entre las mujeres.

231. Las mujeres del campo enfrentan mayores riesgos de muerte por la falta de atención preventiva. Según datos de la tercera ronda de la Encuesta de Condiciones de Vida, en los años 97-98, solamente un 25.9% de mujeres entre 15 y 49 años se realizaron un examen de papanicolau. En el área urbana el 31.6% de mujeres se realizó dicho examen, frente a un 16.1% en el área rural. Preocupa el hecho de que en el ámbito nacional, el 56.5% de mujeres en edad fértil nunca se han realizado un examen de papanicolau; a nivel del área rural alcanza el 69.9%.

232. Las estadísticas demuestran que las mujeres entre 15 y 49 años en el área urbana usan métodos anticonceptivos en un 35.6% y en el área rural 23.4%. En cuanto a la población que conoce de algún método de anticoncepción las cifras varían notablemente; así, un 87.7% en el área urbana y un 63.8% en el área rural.

233. Los cinco métodos anticonceptivos más utilizados por las mujeres entre 15 y 49 años son la ligadura con un 32% en el ámbito nacional, Dispositivo Intrauterino –DIU- 24.1%, Píldora 21.9%, Inyección 5.8% y por último el condón 3.2%.

234. Los indicadores arriba señalados sobre la ligadura, el DIU y la píldora indican que son los métodos anticonceptivos más utilizados en el país lo que muestra que la responsabilidad de la salud reproductiva la asume fundamentalmente la mujer.

235. La ligadura se constituye en el método anticonceptivo que mayor acogida tiene en el área rural con un 36.7% frente a un 30.2% en el área urbana.

236. El embarazo aumenta los riesgos de salud, las principales causas de muertes maternas en el Ecuador, en 1996, fueron:

– Toxemias en el embarazo 27.0 por 100.000 nacidos vivos

– Hemorragia del embarazo y del parto 16.6 por 100.000 nacidos vivos

– Aborto 4.1 por 100.000 nacidos vivos

– Complicaciones del puerperio 3.0 por 100.000 nacidos vivos

– Causas obstétricas indirectas 0.4 por 100.000 nacidos vivos

– Otras causas 0.4 por 100.000 nacidos vivos

237. El aborto constituye una complicación primaria del embarazo que puede provocar la muerte de la mujer. En los últimos años los porcentajes de muertes por aborto en mujeres de 15 a 49 años han sido del 0.14% en 1994, del 0.15% en 1995 y del 0.08% en 1996. La muerte materna puede ocurrir por la hemorragia o infección en casos de aborto incompleto o debido a la intervención para provocarlo. La muerte es probable si la mujer no recibe atención médica y hospitalización o si acude a un centro de salud con una sepsis generalizada.

238. Preocupa al Estado los índices de aborto en adolescentes. Para 1997, las cifras de abortos en adolescentes embarazadas en Guayaquil (principal puerto del país) arroja un resultado del 40%; existe un 10% de adolescentes presionadas por la familia para abortar. Se registra un índice del 17.15% de abortos en menores de 15 años. Pese al alto porcentaje (urbano 87.7% y rural 63.8%) de conocimiento de métodos de planificación familiar por mujeres, apenas utilizan estos métodos un 35.6% de mujeres en el área urbana y un 23.4% en la rural, según la tercera ronda de encuestas de condiciones de vida, de 1998.

239. No se cuenta con datos sobre prácticas de abortos en la clandestinidad. Los datos existentes pertenecen a los casos registrados por egresos hospitalarios.

240. La oferta de servicios de salud en el Ecuador tiene diferentes sistemas de atención y son los siguientes:

– Público, a través del Ministerio de Salud Pública y de la intervención de los Municipios con los Patronatos

– El que atiende a poblaciones específicas como el Seguro de Policías y Militares (ISSPOL y el ISSFA)

– El semi-estatal a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

– El privado

– Privado sin fines de lucro como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, SOLCA, entre otras.

241. Estos sistemas son paralelos y consecuentemente la oferta de servicios de salud en el país es dispersa. No existía una política integral sobre este tema, hasta la promulgación de la Constitución vigente. En cumplimiento de su mandato se prevé organizar un Sistema Nacional de Salud, que se integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector que funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.

242. De la conformación del sistema de salud se desprende que un 30% de la población está cubierta por la salud Pública (Ministerio de Salud); un 20% lo cubre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS-; un 20% el Seguro Social Campesino. La cobertura en el sector privado sin fines de lucro es del 7% y con fines de lucro del 15%.

243. El 80% de las mujeres no tiene acceso a los seguros de salud, en especial las del área urbana, con un 82.6% sin acceso; en el área rural este porcentaje disminuye al 76.3%. Esta ligera disminución se atribuye a que el Seguro Social Campesino en el área rural cubre a un 21.8% de mujeres mientras que en el área urbana cubre a un 0.5%.

244. Los profesionales de salud son muy escasos en el campo. La mayoría se concentra en las ciudades grandes. En 1995, a nivel nacional, la tasa por cada 10.000 habitantes de médicos era de 15.19 , con mayor concentración en el ámbito urbano (13.79) y en el área rural de 1.39.

245. La tasa por 10.000 habitantes de enfermeras/os, en 1995, en el ámbito nacional era de 5.20 con una tasa mayor en el área urbana de 4.81 y con 3.98 en el área rural. Con relación a la tasa de obstetrices en el área urbana era de 650 y en el área rural de 125, lo que nos da un total de país de 775. Las/os auxiliares de enfermería tienen una tasa total de país de 13.39 divididas en 12.12 en el área urbana y 1.27 en el área rural.

246. La Encuesta de Condiciones de Vida –ECV- en su tercera ronda indica que el tiempo promedio de espera para la atención médica en minutos es un total nacional de 40 minutos; la espera de las mujeres es mayor registrándose un promedio de 42 minutos frente a los hombres que es de 38. En el área urbana las mujeres esperan un promedio de 41 minutos y los hombres 36; en el área rural el promedio de espera para las mujeres es de 44 minutos, frente al promedio de espera de los hombres que es de 40 minutos.

247. En 1998, a las mujeres en el área urbana les tomaba un promedio de 27 minutos acceder a los centros de salud, mientras que a las mujeres en el área rural les tomaba 59 minutos para llegar a un puesto de salud; lo cual limita el acceso de las mujeres al servicio de salud, especialmente de las campesinas e indígenas.

248. En cuanto a la oferta de salud, la dotación de camas por 10.000 habitantes, en los establecimientos del Ministerio de Salud Pública tuvo una tasa de 7.1 en 1994, en 1995 de 7.7 y 7.6 en 1996. La ocupación de camas en entidades privadas tuvo una tasa de 3.1 en 1994, 3.3 en 1995 y 3.4 en 1996. Así mismo la dotación de camas en el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) tuvo una tasa de 1.6 para los años de 1994,1995 y 1996: y con relación a otras instituciones la tasa fue de 4.0 para 1994 y 1995 y 3.9 para 1996.

249. El acceso al agua potable en 1993 fue de 59.2% a nivel nacional; en el área urbana el 75.0% y en el área rural el 27.5%. Para 1996 el acceso al agua potable a nivel del país fue de 69.7%; en el área urbana el 81.5% y en la rural el 50.9%.

250. La falta de acceso de agua segura afecta aún a una mayoría de mujeres en el campo. El rezago de las zonas rurales en cuanto a este servicio sigue siendo considerable.

251. En cuanto a servicios de alcantarillado se refiere, la cobertura en el año de 1993 en el área urbana fue del 60.8% y en el área rural del 9.4%. En el año 1996 el porcentaje del servicio de alcantarillado fue del 61.4% para el área urbana y del 10.4% para el área rural. Es notorio que la mayor diferencia se encuentra en el área rural. La dotación de letrinas en el área urbana para 1993 fue del 9.0% y en el área rural del 25.4%; y, para el año 1996, del 9.1% en el área urbana y del 26.3% en el área rural.

252. El Ministerio de Salud, a través del proyecto denominado FASBASE “Fortalecimiento y ampliación de servicios básicos de salud en el Ecuador”, asegura la atención de salud para los dos millones de ecuatorianos que vivían en condiciones de pobreza y en riesgo de enfermar y morir por problemas factibles de ser atendidos con mecanismos de prevención o tratamiento precoz, mediante un sistema de servicios básicos de salud eficaz y bajo costo. (Ministerio de Salud 1992). El proyecto contempla también un componente de desarrollo nutricional que trabaja en líneas de complementación alimentaria (a mujeres embarazadas en período de lactancia y a niños y niñas menores de tres años de edad), educación alimentaria, promoción de la lactancia materna y monitoreo del crecimiento y vigilancia nutricional. Otro componente importante es el que estuvo vinculado al saneamiento básico, con actividades destinadas a la dotación de agua segura y letrinización de las poblaciones incluidas en el proyecto.

253. El Ministerio de Salud, viene desarrollando varios programas destinados a la prevención de enfermedades y a la protección de la salud materno- infantil. Estos programas son:

Control de crecimiento y desarrollo. Pretende alcanzar adecuados niveles de crecimiento y desarrollo en las niñas y niños a través de acciones de vigilancia nutricional, atención nutricional a grupos de alto riesgo y educación nutricional a las madres, familias y comunidades.

Programa ampliado de inmunizaciones. Consiste en la vacunación contra 10 enfermedades (sarampión, difteria, tos ferina, rubéola, tuberculosis, tétanos, poliomielitis, papera, fiebre amarilla, hepatitis B) a un millón quinientos mil niños y a mujeres embarazadas. La vacuna de fiebre amarilla y hepatitis B se aplicó solamente en la región amazónica, donde se comprobó la existencia de algunos casos; de igual forma se suministró Vitamina “A” a menores de 3 años.

Programa de fomento y protección de la lactancia materna. Busca mejorar las prácticas de lactancia materna, con el objeto de disminuir la morbilidad y mortalidad en menores de 5 años de edad, garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo y mejorar el nivel nutricional. El programa se encuentra implementando la estrategia de hospitales amigos del niño y de la madre, para fomentar la lactancia materna, desde las instituciones que tienen más de 1.000 partos al año.

Proyecto Salud y Supervivencia Infantil. Es un proyecto con dos líneas de trabajo: mejorar la salud y supervivencia infantil mediante la atención a la niña y al niño en las áreas de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas e inmunizaciones y el fortalecimiento institucional mediante el mejoramiento de los sistemas de información, supervisión, gerencia y logística.

Programa Nacional de Alimentación y Nutrición. Propone incorporar objetivos, consideraciones y componentes agro-alimentarios y nutricionales en las políticas, planes y programas de desarrollo nacionales y sectoriales, a fin de mejorar la prevención y el tratamiento de las carencias nutricionales en la población, en especial en grupos afectados y de alto riesgo (mujeres en edad fértil, niños, niñas y ancianos).

Programa de alimentación complementaria materno infantil. Proporciona refuerzos alimenticios a niñas y a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en período de lactancia, usuarios del programa de salud maternoinfantil del Ministerio de Salud Pública.

Programa de lucha contra el bocio endémico. Se propone controlar los problemas relacionados con la carencia de yodo mediante el uso de sal yodada en toda la población y un sistema de vigilancia epidemiológica de desórdenes por deficiencia de yodo; con especial énfasis en la región andina, considerada como zona de alto riesgo.

Programas de desarrollo infantil. Son modelos de atención integral a niños y niñas menores de 6 años, cuyas familias están en situación de pobreza y alto riesgo. Funciona con distintas modalidades de atención alrededor de componentes de salud para la prevención y control de enfermedades y componentes de alimentación y nutrición para mejorar el estado nutricional de los niños y niñas en riesgo o con desnutrición leve o moderada, así como con componentes de desarrollo psico-social para estimular el desarrollo de niños y niñas. Este programa lo ejecuta el Ministerio de Bienestar Social (ORI) y el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA.

254. El nivel de salud que tiene la población del Ecuador es modesto. A pesar de que existen progresos en las dos últimas décadas, preocupa que éstos se vean amenazados por la crisis económica y política que vive el país, desde el decenio pasado.

255. Entre 1974 y 1994 las formas de enfermar y morir de las ecuatorianas y ecuatorianos han cambiado notablemente: las muertes por causas que pudieron ser prevenidas descendieron y aumentaron aquéllas por enfermedades crónico- degenerativas. Hacia 1995, por primera vez en la historia del país, la mortalidad por esta última causa superó a aquélla causada por enfermedades previsibles.

256. El incremento de los puestos de salud en las comunidades rurales, constituye un progreso para la atención de enfermedades; así lo demuestra el hecho de que en 1995 el 35% de las comunidades rurales tenía un puesto de salud.

257. Las campañas de vacunación constituyen un beneficio para la población infantil y mujeres embarazadas. En 1995, la vacunación estaba dirigida contra seis enfermedades. Para 1999, se incrementó a 10 enfermedades, tomando en cuenta las particularidades de la región Amazónica. Esta campaña logró cubrir, a nivel nacional, a un millón quinientos mil niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.

258. El Estado, a través del Ministerio de Salud, ha declarado desde 1998 a la violencia intra-familiar como un problema de salud pública, tanto para el registro de casos de violencia, identificación de casos de violencia y tratamiento a las víctimas.

ARTÍCULO TRECE

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular:

El derecho a prestaciones familiares;

El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero;

El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural.

259. La Constitución Política del Estado, Art. 34, garantiza la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos para la producción y en la toma de decisiones económicas para la administración de la sociedad conyugal y de la propiedad.

260. Si bien no se discrimina en el acceso a los recursos como vivienda y tierra, en cambio, conforme a las estadísticas de 1995, únicamente el 19% de las mujeres eran propietarias de tierras, mientras que los hombres propietarios llegaban al 31%. De igual forma, existe una desigualdad de cerca de 10 puntos en lo que se refiere a la propiedad de la vivienda.

261. Los Bancos Públicos y Privados, al otorgar créditos e hipotecas, no reparan en el sexo de las/los solicitantes; la condición analizada es la capacidad de pago.

262. En el área rural, los hogares tienen menos acceso al crédito institucional que aquéllos de las ciudades. El uso de los créditos formales es menor entre los hogares indígenas y campesinos: alcanzó apenas el 5% de estos hogares en contraste con el 18% en los hogares de las ciudades. En el campo los hogares dependen principalmente del crédito informal.

263. El Ministerio de urbanismo y vivienda, MIDUVI, para dotar de vivienda ha creado el “Sistema de Incentivos de Vivienda” -SIV-, que consiste en combinar el ahorro de los solicitantes con un incentivo del gobierno y un crédito de una institución financiera para compra de vivienda, mejoramiento de vivienda, compra de vivienda en el ámbito urbano marginal y vivienda rural, otorgando prioridad a las mujeres jefas de hogar.

264. De los resultados de la aplicación del sistema SIV en vivienda nueva, se desprende que según el estado del trámite, han sido beneficiadas hasta 1999, un 44.92% de mujeres. Del grupo total, el 36.75% tiene estudios superiores frente al 63.25% que no lo tienen; es mayoritario el porcentaje de mujeres con empleo (60.26%) que las que no lo poseen (39.74%). Las casadas representan el mayor porcentaje de beneficiarias con un 42.48% y solteras con un 33.13%. Las divorciadas con el 9.12%, separadas con el 7.52% en unión libre el 4.57% y las viudas el 3.18%. 

ARTÍCULO CATORCE

Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medias apropiadas para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las zonas rurales.

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:

Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles;

Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia;

Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social;

Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica;

Organizar grupos de auto-ayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;

Participar en todas las actividades comunitarias;

Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento;

Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

265. El capítulo 5 de la Constitución de la República, relativo a los derechos colectivos, consagra los derechos de los pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos

266. La Ley de Desarrollo Agrario de 1994, fomenta la capacitación campesina y la organización con fines productivos, dinamiza el mercado de tierras, garantiza la propiedad de la tierra, dispone la aplicación de mecanismos para que el pequeño productor acceda al crédito, racionaliza los procesos de comercialización agropecuarias, descongestiona la administración del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario –INDA- para formalizar la propiedad rural y determina estímulos para la inversión del sector agropecuario.

267. La mayoría de los habitantes de las áreas rurales son campesinos. En 1995, alrededor del 60% de la población rural era campesina, es decir, vivía en hogares que dependen en alguna medida del trabajo de la tierra. En la Sierra rural el 66% de hombres y mujeres pertenecía a hogares campesinos. Los estudios estiman que cerca del 20% de la población rural de la Sierra y la Amazonía es indígena. Esta distribución coincide con la concentración de hogares en los que se habla una lengua nativa.

268. La mayoría de la población que habla lenguas indígenas se concentra en la Sierra y en la Amazonía. La concentración de los grupos étnicos tiene claros sesgos regionales. En 1995, el 13% de la población del área rural y el 17% de las campesinas/os hablaba una lengua indígena. En la Amazonía el 9% de las personas hablaba shuar o quichua y el 16% pertenecían a hogares en los cuales se hablan estos idiomas.

269. El Seguro Social campesino es un servicio que cubre por igual a hombres y mujeres. La cuarta parte de la población campesina (23%) estaba amparada por este servicio en 1995.

270. Los dispensarios médicos del Seguro Social constituyen un importante componente de la infraestructura de asistencia de salud en el medio rural del país. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, ECV-III ronda 1998, en cuanto al acceso a seguros de salud en el área urbana, las mujeres tienen acceso en un 0.5% y los hombres en un 0.6% del seguro social campesino; en el área rural, el acceso de las mujeres al seguro social campesino registra un 21.8% y los hombres un 19.7%.

271. En 1995, la Población Económicamente Activa –PEA- ocupada por grupo de edad en el área rural, se concentraba en la población de 10 a 19 años, con una participación de las mujeres en un 26.2% y de los hombres en un 28.8%; mientras que en el área urbana la mayor concentración se encontraba en el grupo de edad de 20 a 39 años.

272. En 1995, el 61% de mujeres campesinas y el 84% de mujeres indígenas eran económicamente activas, en comparación al 54% de mujeres en las áreas urbanas. Las mujeres de la Amazonía y de la Sierra participan de actividades productivas con mayor frecuencia que las de la Costa.

273. Las mujeres indígenas son trabajadoras activas durante toda su vida, desde niñas hasta adultas mayores. Un número considerable de niñas y niños del campo cumplen tareas productivas. En 1995, el 74% de los niños y el 43% de las niñas entre 10 y 17 años que vivían en el campo trabajaban, cumplían tareas productivas en el hogar o buscaban empleo. Las niñas pertenecientes a hogares campesinos e indígenas trabajan con más frecuencia que las demás menores del país.

274. La inequidad en los salarios, según las estadísticas de 1995 -ECV-95-, era mayor en el campo donde las mujeres ganaban un 37% menos que los hombres. Es importante anotar que estas cifras se refieren solamente a quienes tienen un trabajo remunerado y no a los trabajadores sin pago. Por lo tanto la brecha en la remuneración entre hombres y mujeres es en realidad mayor.

275. El autoconsumo es importante para la supervivencia de los hogares campesinos e indígenas. La importancia del autoconsumo es mayor para los hogares campesinos e indígenas. Cerca de la cuarta parte de los ingresos de los hogares campesinos (24%) y casi la tercera parte de las familias indígenas (27%) provenían del consumo que ellos mismos producen en sus negocios o fincas.

276. En el campo la jefatura femenina es más frecuente. En 1998, en el área rural encontramos los siguientes porcentajes con relación a la jefatura de hogar: El 15% del total de los hogares tiene jefatura femenina. De los hogares con más de cinco miembros, el 23.8% tiene jefatura femenina. El 58.8% de las mujeres jefas de hogar tienen instrucción primaria.

277. La mayoría de las mujeres ecuatorianas de 15 años o más está unida o casada, en particular en el campo. La unión libre es más frecuente en las zonas rurales, en especial entre las campesinas, que en las urbanas. La unión libre es mucho más frecuente entre las mujeres de la Costa; hay más mujeres costeñas unidas que casadas, en tanto que el matrimonio es más común entre las de la Sierra. Las mujeres indígenas del campo registran un 59% de casadas y solamente el 5% estaba en unión consensual. En las campesinas existe el 44% de casadas o en matrimonio y un 16% en unión libre.

278. El divorcio y la separación son muy poco frecuentes en el campo. En 1995, de las mujeres mayores de 15 años en el área rural, un 2% de mujeres indígenas se habían divorciado y un 1% estaban separadas. El mayor porcentaje (59%) estaban casadas. En el área rural (8%) la proporción de viudas es mayor que en las ciudades (6%).

279. El Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, es el organismo encargado de planificar el desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos. De igual manera, el Consejo de Desarrollo de los Pueblos Afroecuatorianos, CODAE, se encarga de las políticas sobre los pueblos negros del Ecuador. Estas instituciones garantizan la participación de las nacionalidades y pueblos indígenas así como de los afroecuatorianos en todos los ámbitos de la vida social.

280. En agosto de 1997, el Ministerio de Bienestar Social presentó el Plan de Lucha contra la Pobreza Rural, en el que se reafirma la voluntad política del Gobierno Nacional, por mantener al Desarrollo Rural Sostenible como una política de largo plazo para el combate a la pobreza, al tiempo de precisar como ejes estratégicos: la participación campesina, la conservación de los recursos y el medio ambiente, la agricultura ampliada y la capacitación, entre los de mayor relevancia.

281. El Plan Nacional de Desarrollo Económico (PRONADER), en el período 1989 – 1992, asignó una prioridad elevada al desarrollo rural, como uno de los principales componentes de la estrategia para reducir el nivel de desempleo y la pobreza del país y disminuir el grado de desigualdad entre las diferentes regiones.

282. El PRONADER establece la participación de varias instituciones como ejecutoras del desarrollo rural: Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, Instituciones que forman parte del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, Banco Nacional de Fomento, Organismos No Gubernamentales, nacionales e internacionales y la cooperación técnica del Instituto Interamericano de Cooperación Agraria, IICA.

283. En base de las consideraciones anteriores, se incorporó el enfoque de género en el desarrollo del PRONADER, informando y capacitando a los participantes en los distintos niveles de dirección y operación del programa sobre los conceptos, metodologías de trabajo, instrumentos y herramientas para incorporar el enfoque de género. Se capacitó en forma práctica a técnicos y campesinos (mujeres y hombres) en el nivel local, sobre los contenidos y herramientas de la planificación con perspectiva de género y otros temas.

284. El PRONADER, a partir de 1998, se denomina Programa de Desarrollo Local Sostenible -PROLOCAL- cuyo objetivo es construir una sociedad local sostenible y equitativa en una nueva ruralidad. El CONAMU junto con el IICA trabajan en la inserción de género en este programa.

285. El Ministerio de Agricultura y Ganadería viene trabajando desde la década de los 80, con programas orientados al mejoramiento de la situación de la mujer campesina, en coherencia al concepto de desarrollo rural en la que la mujer es asumida como sujeto activo de desarrollo, valorando su rol protagónico en el proceso productivo y potenciándole en actividades agropecuarias, agro-industriales, agro-artesanales y de conservación del medio ambiente.

286. En el desarrollo y ejecución de los diferentes proyectos se privilegió la participación de la mujer y de los jóvenes, beneficiarios directos de los proyectos de desarrollo que impulsa el Ministerio de Agricultura y Ganadería, bajo la responsabilidad de la División Nacional de la Mujer, Juventud y Familia Campesina.

287. A través del Proyecto “Desarrollo Integral de la Mujer Campesina”, iniciado en 1994, cuyas bases se generaron de las acciones del Programa de Mejoramiento del Hogar con la estructuración de grupos de mujeres, se ha venido desarrollando actividades tendientes a abrir mayores espacios de participación de la mujer, mediante un accionar directo en actividades productivas que le generen empleo e ingresos, le permitan el acceso a niveles de poder comunitario y eleven su autoestima.

288. El principal objetivo es fomentar y valorar el trabajo de la mujer campesina en la actividad agropecuaria y propiciar su participación en los beneficios del desarrollo. La cobertura de este programa es de 18 provincias: 10 en la Sierra, 3 en la Costa y 5 en el Oriente. Las comunidades beneficiarias son 78, sub-proyectos en ejecución 143, familias beneficiarias 7.900. El presupuesto es estatal. Los sub-proyectos están manejados por grupos mixtos (mujeres y hombres) organizados, liderados en un 85% por mujeres. Se otorga capacitación socio-organizativa, técnico-productiva, administrativo– empresarial, manejo de recursos naturales, talleres de motivación para la inserción a los beneficios del desarrollo, auto-gestión, participación política e investigación de manifestaciones étnico culturales. Se brinda infraestructura comunitaria como canales de riego, casas–taller, abastos de agua, galpones y centros de acopio.

289. Las estrategias y metodologías para la ejecución del Proyecto incluyen componentes para modernizar las actividades agropecuarias como: la validación y transferencia de tecnología, la dotación de riego, la capacitación y el mejoramiento de las prácticas agropecuarias, agro-industriales y artesanales, la creación y operación de formas innovadoras de financiamiento como es el Fondo de Desarrollo Comunitario (FODECO), los servicios modernos de comercialización, la legalización de la propiedad de la tierra, el mejoramiento vial y la capacitación empresarial que se han convertido en elementos dinámicos para modernizar los procesos de producción.

290. Como metas del Programa se consideraron la sensibilización y capacitación de funcionarios en temas de género para la elaboración de estadísticas nacionales y la capacitación sobre planificación de género a funcionarios/as de organismos regionales y seccionales.

291. El Fondo de Inversión Social de Emergencia, creado en 1993, como una instancia ejecutora de la Presidencia de la República, se orienta a la construcción de pequeña infraestructura para las comunidades afectadas por desastres naturales, su accionar está dirigido a las comunidades campesinas e indígenas en condiciones de pobreza.

292. El Fondo de Solidaridad, creado para la utilización de recursos generados por la aplicación de la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de los Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, expedida en 1993, debe orientar sus actividades hacia los sectores más deprimidos del país, con una planificación dirigida a propiciar la desconcentración económica y la descentralización administrativa.

293. Existe una enorme diferencia en la disponibilidad de servicios públicos en las ciudades y el campo. Las mujeres rurales y sobre todo las campesinas e indígenas sufren mayores carencias relacionadas con la precaria calidad de la vivienda y su hábitat. La electricidad es el único servicio que llega a la mayoría de pobladoras/es del campo. A pesar del progreso, la electricidad del campo es desigual: mayor en la Sierra, mediana en la Costa y escasa en la Amazonía.

294. Desde la cooperación internacional, los organismos de desarrollo nacionales públicos y privados y las instituciones que han recibido el apoyo técnico del CONAMU, se han emprendido acciones para crear un diagnóstico de la situación de las mujeres rurales, sistematización de experiencias productivas y políticas de empleo y generación de ingresos a niel local.

295. En Ecuador se han apoyado múltiples proyectos de desarrollo dirigidos hacia mujeres rurales o con enfoque de género. Algunos han tenido una visión desarrollista y otros, sobre todo en el último tiempo, han trabajado con enfoques de Mujer en el Desarrollo y de Género en el Desarrollo.

296. Se ejecutaron proyectos de cobertura nacional y regional que trabajan con perspectiva de género, que combinan la capacitación técnica con la consecución del “empoderamiento” de la mujer; como por ejemplo, el proyecto Desarrollo Forestal Campesino -DFC, el Programa de Desarrollo Humano Sustentable -PDHS, el Proyecto de la Cuenca Alta del Río Cañar -CARC y el Proyecto de Desarrollo de la Mujer Rural y su Familia, en la Provincia de Chimborazo, por citar los más importantes.

297. Estos proyectos y programas han funcionado con el apoyo de la Comunidad Europea, la FAO y ONG’s locales que financian programas dirigidos a mujeres como sujeto social prioritario, como la Fundación Esquel y el FEPP, en coordinación con ONG’s especialistas en género.

298. El Ministerio de Agricultura y Ganadería creó la División Nacional de la Mujer, Juventud y Familia Campesina, mediante Acuerdo Ministerial No. 180, publicado en el R.O 958 de 3 de junio de 1996. El Proyecto Desarrollo Integral de la Mujer Campesina ha logrado avances significativos en cuanto a los siguientes aspectos: “Visibilización” del trabajo de la mujer, “visibilización” del aporte de la mujer en el campo productivo, acceso de la mujer a los servicios de capacitación y asistencia técnica, auto-gestión de los grupos organizados, ampliación de la cobertura, generación de ingresos a la economía familiar campesina, mujeres líderes representantes de sus proyectos, acceso a niveles de decisión comunitaria, mayor participación política local, regional y nacional.

299. En el período 1992-1996, el PRONADER llevó a cabo el Proyecto de titulación de la Tierra por Género, con una totalidad de 12.500 títulos entregados en el período de 1992-1996.

300. El CONAMU en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario -INDA- y el Programa de Desarrollo Rural realizó la validación de experiencias en titulación de tierras y elaboración de propuestas de procedimientos, orientada a garantizar los derechos patrimoniales de las mujeres en tres de las doce áreas que tiene el PRONADER.

301. En el proceso de validación de titulación de tierras, se elaboró junto con el INDA un manual de procedimientos que incorpora elementos conceptuales y operativos en los instrumentos de investigación y de carácter legal, así como capacitación al equipo operativo del INDA que participa en el proceso de titulación.

ARTÍCULO QUINCE

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley.

2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esta capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo.

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

302. La Constitución Política del Estado señala claramente la igualdad de la mujer y el hombre ante la ley, así como el deber del Estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos.

303. Las reformas del Código Civil, realizadas a través de la Ley 43 en el año 1989, constituyen la base legal de las relaciones entre cónyuges, en cuanto a: igualdad de derechos y deberes, administración ordinaria de la sociedad conyugal, disposición de sus bienes para testar, entre otros.

304. El material impreso y visual ha sido u no de los principales medios para difundir los derechos de las mujeres, sobre todo: derechos consagrados en la Constitución y derecho a una vida sin violencia, así como las acciones que se han llevado a cabo desde el Estado y desde el movimiento de mujeres en fechas específicas como: el día mundial de la alimentación, el día mundial de la Mujer, etc.

305. En el Ecuador el libre ejercicio profesional está garantizado. Tanto profesionales mujeres como hombres desarrollan sus actividades en igualdad de condiciones. Con la Ley de Amparo Laboral, se inicia la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial que instaura la disposición relativa al 20% obligatorio de mujeres como Ministras Juezas, Juezas, Notarias, Registradoras y demás cargos relativos a la función judicial y a la administración de justicia.

306. La participación de las mujeres en la Función Judicial en 1999, fue la siguiente:

- Ministras de la Corte Suprema de Justicia0%

- Presidentas de las Cortes Superiores5.0%

- Ministras de las Cortes Superiores9.4%

- Ministras de Tribunales Distritales6.1%

- Presidentas de Tribunales Penales4.9%

- Vocales del Tribunales Penales13.4%

- Defensoras Públicas18.2%

- Juezas Civiles13.8%

- Juezas Fiscales0%

- Juezas de Inquilinato55.6%

- Juezas Penales10.7%

- Juezas de Trabajo35.5%

- Juezas de Tránsito13.5%

307. Como ente fiscalizador de acciones discriminatorias hacia la mujer, desempeña un papel preponderante la Defensoría Adjunta de la Mujer y la Niñez; que es parte de la Defensoría del Pueblo, encargada de velar, defender, promocionar y vigilar que se cumplan los derechos fundamentales, especialmente de los grupos sociales vulnerables que son las mujeres y los niños.

308. El CONAMU y la Comisión de la Mujer, la Juventud, el Niño y la Familia del Congreso Nacional firmaron el 25 de noviembre de 1998 un convenio de cooperación, orientado a canalizar en los siguientes dos años, propuestas de nuevos códigos y leyes, así como reformas legales a la legislación existente, mediante la conformación de comités consultivos, mesas de trabajo y mesas de concertación. Las reformas tienen relación con las prioridades institucionales y apuntan a mejorar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

309. Constituye un avance las reformas legislativas que se han realizado a partir de 1989, especialmente las del Código Civil que rompieron con un patrón de inequidad de nuestra legislación; posteriormente la actual Constitución refleja la preocupación de varios sectores de la sociedad política en problemas de género; además de la sensibilización de la sociedad en general, que desembocó en la creación de la Defensoría del Pueblo Adjunta de la Mujer y la Niñez.

310. El Art. 1489 del Código Civil establece la capacidad jurídica plena de la mujer en igualdad de condiciones que el hombre, garantizando los principios de libertad de contratación y libertad de trabajo, comercio e industria. Por ello, el Tribunal de Garantías Constitucionales en 1989, deja sin efecto los artículos del Código de Comercio que prohibían a las mujeres ser agentes de Bolsa de Valores, martilladoras públicas y factores de comercio.

ARTÍCULO DIECISEIS

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular asegurarán en condiciones de igualdad, entre hombre y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio;

b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio solo por su libre albedrío y su pleno consentimiento;

c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución;

d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos;

f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos los intereses de los hijos serán la consideración primordial;

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación;

h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.

311. El Art. 37 de la Carta Magna ecuatoriana garantiza los derechos de la familia como célula fundamental de la sociedad. En el matrimonio, el libre consentimiento de los contrayentes y la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges, así como los mismos derechos y obligaciones para las uniones de hecho.

312. Como consta en las disposiciones legislativas, tanto mujeres como hombres pueden demandar el divorcio, así como la disolución de la sociedad conyugal. La administración de la sociedad conyugal está permitida a cualquiera de los cónyuges, no obstante la norma establece que en el caso de que no hubiera una determinación expresa sobre quien administrará la sociedad conyugal “se entenderá” que el administrador ordinario de dicha sociedad es el marido. No hay distingo de valor procesal en las pruebas rendidas por una mujer; la mujer está igualmente capacitada tanto para ser albacea como administradora de la herencia.

313. Las mujeres y los hombres del Ecuador tienen libertad para contraer matrimonio y para divorciarse. En 1997, la tasa de matrimonio de las mujeres de 20 a 24 años era de 40.4%, le sigue el grupo de 15 a 19 años con el 31.9 5% y de 25 a 29 años con el 23.2%. La tasa de nupcialidad de los hombres de 20 a 24 años era de 41.1%, entre los 25 y 29 años con una tasa de 32.4% y el grupo de 30 a 34 años con 19.2%.

314. Conforme se avanza en edad, la proporción de divorcios es menor para las mujeres. La tasa en el grupo de 30 a 34 años es de 41.0%, en segundo lugar la población de 35 a 39 años con el 35.1% y el grupo de 25 a 29 años con el 35.0%.

315. Se ejecutan proyectos de desarrollo social con énfasis en el mejoramiento de la situación de las mujeres y las niñas, niños y adolescentes en el ámbito familiar, especialmente dirigidos por el Ministerio de Bienestar Social y el movimiento de ONG’s. Estos proyectos comprenden acciones de sensibilización, capacitación y atención a necesidades específicas de los miembros de la familia en el ejercicio de sus distintos derechos, así como en la eliminación de obstáculos o barreras de toda índole, para su pleno desarrollo.

316. A partir de 1995, en aplicación de la Declaración y Programa de Acción de Beijing se pusieron en marcha campañas masivas de educación sobre los derechos humanos de la mujer, especialmente los relativos a su integridad física, psicológica y sexual, por medios radiofónicos, impresos, visuales y audiovisuales. Las mujeres se han visto apoyadas sobre todo en este decenio, en sus reinvindicaciones legítimas. Estas campañas se han dado alrededor de la Cumbre de Beijing y la promulgación de la Ley contra la Violencia a la Mujer, en 1995.

317. El año 1998, con ocasión del quincuagésimo aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue de intensa actividad alrededor de la promoción nacional de los derechos humanos de las mujeres, dirigida hacia grupos específicos (estudiantes, policías, maestros, diputados, comunicadores de ambos sexos, personal de justicia y dirigentes). Las radios comunitarias, comerciales y otras de propiedad de la policía o de organizaciones de desarrollo hicieron énfasis en la campaña mundial convocada por UNIFEM y el sistema de Naciones Unidas.

318. El control sobre la edad para poder contraer matrimonio lo ejercen las autoridades del Registro Civil. En el Ecuador la edad mínima para casarse son los 18 años, en caso de ser menor de edad se necesita la autorización del padre y la madre de las/os menores de edad o del juez competente.

319. Las diferentes reformas realizadas y las que se encuentran en curso han constituido un paso importante a favor de la mujer, sobre todo porque tienden a crear una forma de relación familiar más igualitaria, al establecerse la igualdad de derechos de los hijos e igualdad de derechos de los cónyuges.

Información estadística

FUENTES DE INFORMACION

Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE

Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL

Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE

Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU

Consejo Nacional de Prevención, control y Atención de VIH SIDA/ETS, CONASIDA.

Corte Suprema de Justicia

Defensoría del Pueblo

Defensoría del pueblo Adjunta de la Mujer y Niñez

Fundación ESQUEL

Honorable Congreso Nacional

Instituto de Investigaciones Sociales, ILDIS

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC

Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, IICA.

Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Ministerio de Bienestar Social

Ministerio de Educación

Ministerio de Gobierno y Policía.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, SECAP

Tribunal Supremo Electoral, TSE

BIBLIOGRAFÍA

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Sistema de Información Económica, 1999

COMISION INTERVENTORA DEL IESS, La Quincena, 1998

CONAMU e INEC, Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras, 1999

CONAMU, Ley reformatoria a la Ley de Maternidad Gratuita,1999

CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES, Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código Civil, 1996

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Comercio, 1998

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Menores, 1998

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código del Trabajo, 1998

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Constitución Política del Estado, 1998.

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Desarrollo Agrario, 1995

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,1999

Ecuador, Poverty Report, Banco Mundial.1995

ENCALADA Eduardo, GARCIA Fernando, IVARSDOTTER Kristine, Pobreza Indígena y Negra en Ecuador. Indigenous people and Community Development in Social Programs and Sustainable Development Department. Inter-american Development Bank. 1998

ESQUEL, Fundación/ UNICEF, Una agenda para combatir a la pobreza, 1996.

FUNDACION MARIA GUARE, Informe Estadístico Anual, La Violencia contra la Mujer Guayaquil.1995.

FUNDACION MARIA GUARE/UNIFEM, La violencia contra la mujer, Informe Estadístico, número 9 y 10

INEC y CONAMU, Mujeres y Hombres del Ecuador en cifras, 1999.

LARRE HOLGUI, Juan, Temas Constitucionales, Documento preparado por la Asamblea Nacional,

MBS,INNFA, ORI, MEC, PRONEPE, Cartilla de Indicadores de la Infancia,1998

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, DIRECCION NACIONAL DE LA MUJER, Sistema de Indicadores para el seguimiento del tema 18: El fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad, 1997.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, INEC, OMS, Situación de la Salud en el Ecuador, Tendencias de la natalidad y mortalidad, 1998.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, Informe “Prevención del VIH SIDA entre Trabajadoras Sexuales”, 1999.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, Proyecto FASBASE, 1999.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, Proyecto FASBASE, 1999.

SECRETARIA TECNICA DEL FRENTE SOCIAL, GOBIERNO DEL ECUADOR, FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER, Retrato de Mujeres, Trabajo y Economía, 1998

SIISE, Sistema Integrado de Indicadores Sociales, Versión 0.1.

SINEC, Boletín Estadístico, Año Lectivo 1996-1997, No. 8 MEC.

UNICEF 1999-2003.Situación de la Niñez, Adolescencia y Mujer en el Ecuador,

UNICEF, García Mauricio, El trabajo y la educación de los niños en el Ecuador, 1996.

VERDESOTO, Luis, “Temas para una sociedad en crisis”, Fundación Esquel-Foro de la Ciudadanía 1996.

SIGLAS UTILIZADAS

BCE Banco Central del Ecuador

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CARC Cuenca Alta del Río Cañar

CECIM Comité Ecuatoriano de Cooperación con la C IM

CEOSL Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres

CIM Comisión Interamericana de Mujeres

CODAE Consejo de Desarrollo de los Pueblos Afroecuatorianos

CODENPE Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador

CONADE Consejo Nacional de Desarrollo

CONADIS Consejo Nacional de Discapacidades

CONALMA Consejo Nacional para el Apoyo de la Lactancia Materna

CONAM Consejo Nacional de Modernización

CONAMU Consejo Nacional de las Mujeres

CONASIDA Consejo Nacional del Sida

CPE Constitución Política del Ecuador

CPME Coordinadora Política de Mujeres del Ecuador

CTE Confederación de Trabajadores del Ecuador

DFC Desarrollo Forestal Campesino

DINAMU Dirección Nacional de la Mujer

DINAPENDirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes

DNIDefensa de los Niños Internacional

ECV Encuesta de Condiciones de Vida

ENDEMAIN Encuesta de Enfermedades Materno-Infantiles

FAO Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación

FASBASE Fortalecimiento y ampliación de servicios básicos de salud en el Ecuador

FEDAEPS Federación Ecuatoriana de Apoyo para la Salud

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

FODECO Fondo de Desarrollo Comunitario

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

ILDIS Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales

IIE Instituto de Investigaciones Económicas

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

INNFA Instituto Nacional del Niño y la Familia

IPEDS Institutos Pedagógicos Superiores

ISSFA Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

ISSPOL Instituto de Seguridad Social de la Policía

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería

MBS Ministerio de Bienestar Social

MEC Ministerio de Educación y Cultura

MODERSA Modernización de los Servicios de Salud

MOMEP Misión de Observadores Militares Ecuador Perú

MSP Ministerio de Salud Pública

ODMU Oficina de Defensa de Derechos de la Mujer

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización No Gubernamental

ORI Operación Rescate Infantil

OSCIDEOficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional

PAFE Plan de Acción Forestal

PDHS Programa de Desarrollo Humano Sustentable

PEA Población Económicamente Activa

PIB Producto Interno Bruto

PIO Plan de Igualdad de Oportunidades

POA Plan Operativo Anual

PROCALMUC Programa de Alfabetización para el Mejoramiento de Calidad de Vida de las Mujeres Campesinas.

PROLOCAL Programa de Desarrollo Local Sostenible

PRONADER Programa Nacional de Desarrollo Rural

PRONEPE Programa Nacional de Educación Preescolar Alternativa

PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador

SENDASecretaría Nacional de Desarrollo Administrativo

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.

SIMUJERES Sistema Integrado de Mujeres.

SINEC Sistema Nacional de Educación y Cultura

SININIEZ Sistema Integrado de Niñez

SIPI Sistema de Información para la Infancia.

SISVAN Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

SOLCA Sociedad de Lucha contra el Cáncer

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNIFEM Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer

Colaboradoras en la elaboración, redacción y revisión de los informes:

Vanessa Nieto, Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos.

María Eugenia Sánchez, Ministerio de Bienestar Social.

María Fernanda Navas, Consejo Nacional de la Mujer.

Mónica Martínez, Ministerio de Relaciones Exteriores.