Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
Noveno informe periódico que España debía presentar en 2020 en virtud del artículo 18 de la Convención * , **
[Fecha de recepción: 30 de mayo de 2022]
Introducción y metodología empleada para elaborar el IX informe
La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, es un instrumento esencial para avanzar en materia de igualdad de género y promoción y protección de derechos de mujeres y niñas en España. Con su ratificación en 1984, España se compromete a desarrollar y aplicar sus disposiciones.
España presentó sus informes combinados VII y VIII ante el Comité CEDAW en 2013 y fueron sometidos a examen en 2015. Para el IX informe, España se ha acogido al procedimiento simplificado de presentación de informes y recoge las actuaciones desarrolladas desde 2015 hasta marzo de 2022.
La realización del informe ha correspondido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Bajo su coordinación, los diferentes Ministerios competentes han suministrado información y contribuido a la elaboración del informe y la sociedad civil ha incorporado su visión. Debido a la extensión de la información preparada por cada Ministerio se hace necesario añadir algunos anexos que complementan la parte principal del mismo.
Vigilar la aplicación de la Convención: Información y datos desglosados
Marco normativo
La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH), presenta un marco normativo para recopilar y analizardatos desagregados por sexo. En su artículo 20 establece la inclusión de la variable sexo de forma sistemática y la elaboración de indicadores que mejoren el conocimiento de la realidad y las potenciales desigualdades entre mujeres y hombres. Actualmente, la práctica totalidad de las estadísticas y encuestas oficiales aparecen desagregadas por sexo.
Instrumentos
Respecto a la recopilación y análisis de datos relativos a las esferas que abarca la Convención, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2017-2020, incluía un informe preceptivo de impacto de género, que identificó 191 operaciones estadísticas con resultados desagregados por sexo. El PEN 2021-2024, aprobado en marzo de 2021, establece que siempre que la operación lo permita, debe incorporarse la variable género como línea estratégica. Asimismo, el apartado 8 de la MAIN del PEN 2021-2024, recoge un informe detallado del Impacto por razón de género.
El III Plan de Igualdad de Género en la Administración General del Estado(AGE), aprobado en diciembre de 2020, consolida la igualdad de trato y oportunidades, y se centra en el cambio cultural y en la transversalidad de género, avanza en corresponsabilidad, incluyendo 68 medidas transversales para disponer de criterios y acciones comunes y además cuenta con indicadores de impacto.
Por otro lado, la LOIEMH recoge la aprobación periódica de un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (PEIO). El III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (PEIEMH) 2022-2025, fue aprobado el 8 de marzo de 2022 habiendo contado con las aportaciones de los departamentos ministeriales y el informe favorable del Consejo de Participación. El PEIEMH supone la incorporación del enfoque de género a través de la estrategia de transversalidad en las políticas públicas y procedimientos de trabajo, contando con cuatro ejes, 20 líneas de trabajo, 49 objetivos específicos y 143 objetivos operativos.
Visibilidad de la Convención
Marco normativo
La Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité, se divulgan a través de las páginas web del Instituto de las Mujeres, la Dirección General contra la Violencia de Género (DGVG), el Ministerio de Igualdad, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, entre otros.
Esta difusión se complementa con la promoción y visibilización de accionesorganizadas por los ministerios y sus entidades, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), y las organizaciones de la sociedad civil.
La aplicación de la Convención por la judicatura, y sus decisiones judiciales se recogen en el Anexo I.
Instrumentos
Para garantizar que las disposiciones de la Convención sean aplicadas por los poderes públicos, esta se introduce en:
a)I Plan de Derechos Humanos;
b)PEIO 2014-2016 y PEIEMH 2022-2025;
c)Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020;
d)Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023;
e)Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023;
f)Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable;
g)El Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI).
Para amplificar el conocimiento de la Convención, se introduce en:
a) Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia sobre la mujer (2013-2016);
b) Plan Integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) ;
c) Plan para la Promoción de las Mujeres del Medio Rural(2015-2018);
d) Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027 ;
e) Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017); y su Dictamen de continuidad, de 25 de noviembre de 2021 ;
f) IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 y V Plan Director 2018-2021 ;
g) El Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU Mujeres(2019-2021).
Medidas para difundir el conocimiento de los derechos de las mujeres
La AGE organiza actividades divulgativas abordando la Convención y los derechos de las mujeres como las Jornadas Justicia e Igualdad en 2019, 2020, 2021 y 2022.
Destaca asimismo la labor formativa desarrollada por la Escuela Virtual de Igualdad, que ofrece programas gratuitos en línea destinados a formar en igualdad de género.
Respecto a las mujeres en zonas rurales, el contenido de la Convención se difunde mediante los Centros Mujer Rural e Interior y la Red de Centros Mujer, establecidos en diferentes territorios.
En los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) se imparten charlas informativas y de formación sobre igualad y derechos de las mujeres.
El Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, aprobado en julio de 2021, puso en marcha una campaña acerca de los derechos y recursos disponibles para las víctimas.
En 2020 el Ministerio de Igualdad, actualizó la “Guía de Derechos para las mujeres víctimas de violencia de género”.
Medidas formativas dirigidas al personal judicial y al personal funcionario
La LOIEMH, inserta el principio de igualdad entre mujeres y hombres en toda prueba de ingreso a empleos públicos, y establece acciones formativas para el personal de la AGE sobre igualdad de trato, igualdad de oportunidades, y prevención de la violencia de género con contenido de la Convención y el Protocolo.
También se vienen desarrollando medidas formativas relativas a la Convención y su Protocolo, ofrecidas al personal funcionario de las siguientes áreas:
Administración de Justicia
La Ley Orgánica 5/2018 de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género , asegura formación continuada sobre igualdad, discriminación por cuestión de sexo, múltiple discriminación y violencia ejercida contra las mujeres, la trata y la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del Derecho;
Se imparte formación al personal de justicia de los siguientes ámbitos:
Abogacía
La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, exige que los potenciales abogados del Turno de Oficio especial de Violencia de Género reciban formación especializada.
La red española de Colegios de Abogados elabora el “Programa de Formación recomendado para los cursos de acceso al turno de oficio especializado de asistencia a la víctima de violencia de género impartido por los Colegios de Abogados”, sobre causas estructurales de la violencia y sobre mujeres víctimas de violencia.
La Subcomisión de Violencia sobre la Mujer desempeña una labor formativa y orientativa mediante la Guía de las Buenas prácticas del abogado y abogada de la mujer víctima de violencia de género.
Carrera judicial y fiscal
El Plan de Formación Continua de la carrera judicial y el Plan de Formación de la Carrera Fiscal incorporan transversalmente la perspectiva de género. El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) también proporciona formación continuada a los letrados de la administración de Justicia. La DGVG, y el CEJ, han suscrito un convenio de colaboración para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de prevención, sensibilización y formación en violencia contra las mujeres a través de la formación de operadores jurídicos.
Las pruebas selectivas y de ingreso a la carrera judicial incluyen en su temario el estudio de la Convención, el Protocolo Facultativo y el Comité CEDAW.
La Escuela Judicial forma sobre igualdad, violencia de género, estereotipos de género, trata, simulación de declaraciones de víctimas de violencia de género, la Convención y el Comité.
En los planes de formación del CEJ para 2022, las actividades formativas en materia de igualdad, inclusión y lucha contra la violencia de género, suponen un 20% y un 30% de la formación específica para la carrera fiscal o el cuerpo de letrados de la administración de Justicia y para médicos forenses respectivamente. Asimismo, en 2022, el CEJ aprobó, por primera vez, un plan de formación transversal basado en competencias comunes para todos los cuerpos de Justicia, donde se incorporan cuestiones en materia de igualdad.
Desde el Ministerio de Justicia, se organizaron desde 2018 hasta 2021 las I, II, III y IV Jornadas Multidisciplinares en materia de violencia de género, cumpliendo las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (PEVG), dirigidas al servicio público de justicia, e incluyen la Convención, su Protocolo Facultativo y las Recomendaciones del Comité.
Personal Funcionario
El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) en su Plan de Formación 2021, incluye formación en igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres, introduciendo un Módulo sobre igualdad de género, que incluye violencia de género, en cada curso selectivo del INAP y aumenta las horas lectivas.
En 2019 el INAP creó un Grupo de Trabajo que impulsa la formación en materia de igualdad y que, en 2020, publicó el Plan de Formación en Igualdad y No Discriminación del INAP 2020-2022. Incluye 15 actividades abiertas a la participación de las empleadas y empleados públicos de las diferentes Administraciones Públicas (AGE, comunidades autónomas, entidades locales y otros organismos), que se irán desarrollando en los sucesivos planes anuales de formación del INAP.
El Ministerio de Política Territorial (MPTFP) ha promovido actividades formativas de igualdad de género en Departamentos Ministeriales y Organismos Autónomos, y las Jornadas Interadministrativas de Igualdad.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), incluye formación sobre violencia de género e igualdad en los cursos selectivos de todos los Cuerpos y Escalas adscritos y en los planes anuales de formación del Ministerio.
El “Itinerario formativo de Igualdad de género en I+D+I”, del Ministerio de Ciencia e Innovación, aborda la Convención y dota al personal científico, investigador y directivo, de formación sobre igualdad, transversalidad de género y acoso sexual y acoso por razón de sexo, para capacitar a las comisiones de igualdad.
La Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, imparte formación sobre igualdad y no discriminación a Inspectores/as de Trabajo y Seguridad Social.
Desde 2018, también se incluyen en el Plan anual de formación continua para el personal de la Secretaría de Estado de Migraciones, cursos sobre trata de seres humanos, violencia de género, derechos de las mujeres e igualdad, y colectivos vulnerables.
El principio de igualdad y la prevención de la violencia de género, son prioritarios en el temario de las oposiciones de empleo público.
Para progresar en la formación de funcionarios en el ámbito específico de la igualdad de género y violencia contra las mujeres, la DGVG y el Instituto de las Mujeres han desarrollado las Jornadas sobre Igualdad y Justicia en 2019, 2020 y 2021, entre otras acciones formativas.
La Administración Penitenciaria dispone de un Plan integral y transversal de Formación en Igualdad, incidiendo en formar al personal de centros penitenciarios con población reclusa femenina.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) incorpora anualmente en el programa de Formación Interna para los empleados públicos un curso sobre políticas de igualdad de género en las administraciones públicas.
Como parte del Sistema de Formación Continua de los inspectores-auditores, la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad (IPSS) del Ministerio del Interior ha introducido varias jornadas enfocadas a la actualización y perfeccionamiento en materia de violencia de género, Sistema VIOGEN.
Medidas formativas dirigidas al personal de Defensa y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)
Para las FCSE, la formación es un pilar primordial en todas las Escalas y Categorías. El Ministerio de Defensaorganiza cursos en materia de género (Curso de Género en Operaciones a nivel de la UE, “Gender to Peace support Operations. A Comprehensive Approach” en el ámbito US AFRICOM, y el de Asesor de Género en Operaciones).
A través del Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Insituto de las Mujeres para el periodo 2019-2022, se prevé realizar cursos sobre prevención del acoso o formación en asesoría de género en operaciones internacionales.
España define también, la formación sobre género para el personal militar que se desplegará en misiones de Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), al haber sido nombrado como “Discipline Leader en la Unión Europea para el adiestramiento militar de Género en Operaciones” por el Comité Militar de la UE.
El cuerpo de Policía Nacional (CPN) y el personal de la Guardia Civil, son formados entre otras mediante la Escuela Virtual de Igualdad, que oferta cursos dirigidos específicamente al personal de las FCSE, Policías autonómicas y locales.
En CPN, la Oficina Nacional para la Igualdad de Género ( ONIG) y la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), ofrecen formación y sensibilización en materia de violencia de género.
El Área de Derechos Humanos e Igualdad del CPN, a través de la ONIG y la Oficina Nacional de Derechos Humanos (ONDH), contempla un Plan integral de formación y sensibilización continua en estas materias, destinado al personal de la Policía Nacional a través de jornadas anuales, cursos de formación, conferencias o participación en foros, tanto nacionales como internacionales. También se imparte formación de forma descentralizada a través de los Puntos de Contacto del Área de Derechos Humanos e Igualdad, distribuidos en todo el territorio nacional.
La Guardia Civil, cuenta con la Comisión permanente de Igualdad y Diversidad y un Área de Mujeres e Igualdad. Este Área redactó el I Plan de Igualdad de la Guardia Civil , publicado en 2019, que menciona específicamente la sensibilización y formación en igualdad. En los planes de estudio de Centros de formación de Guardia Civil se imparte formación sobre igualdad, lucha contra la violencia sobre la mujer y diversidad. Existen además Cursos de Formador de formadores en Igualdad y Diversidad que permite una continua actualización de estos contenidos al personal que presta servicio. Asimismo, organiza anualmente una Jornada de Igualdad, participa en foros nacionales e internacionales, e imparte ponencias orientadas a la igualdad y la lucha contra la violencia sobre la mujer. Para despliegues en el extranjero la Guardia Civil participa en cursos de género en operaciones con el Ministerio de Defensa.
En la Guardia Civil se llevan a cabo otras actividades formativas especializadas: seminarios de VIOGEN; cursos sobre procedimientos de actuación en Sigo y en el Sistema de Seguimiento Integral ante un Caso de Violencia de Género; y con periodicidad anual, el Curso EMUME (Especialista Mujer-Menor) y el Curso de Trata de Seres Humanos.
Medidas relativas al Caso González Carreño c. España
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta. 1263/2018, de 17 de julio de 2018, reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado por daños morales a la demandante, con base en el carácter vinculante de los Dictámenes del Comité CEDAW.
La comunicación nº 47/2012, González Carreño c. España, se recogió en la “Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia” , elaborada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicada en 2020.
En el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género se incluyó la elaboración de un “Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género” dirigido al ámbito judicial, de familia, servicios sociales y servicios especializados.
En abril de 2021 se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ambas normas establecen obligaciones de protección consistentes en materia de relaciones paterno filiales y violencia de género.
Reservas y declaraciones
El orden sucesorio a la Corona viene regulado en la Constitución Española (CE). El art.57.1 forma parte del Título II de la CE y su eventual revisión requiere emplear el procedimiento agravado de reforma constitucional del art. 168 CE por lo que actualmente no se prevé una iniciativa a este respecto en el ámbito parlamentario .
Mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres
Estructura institucional
En 2020 se recuperó el Ministerio de Igualdad como Departamento del Gobierno con entidad propia, otorgando a las políticas de igualdad un lugar prioritario. El Instituto de las Mujeres es un organismo autónomo adscrito al mismo.
(Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Igualdad y establece la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género de la que dependen la DGVG, la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial; y la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI).
El articulo 29 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, creó la DGVG, encargada de formular las políticas públicas y coordinar e impulsar las acciones en materia de violencia de género. El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, el Foro Social contra la Trata con fines de explotación sexual, y las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer dependen de la DGVG.
Al presupuesto asignado al Ministerio de Igualdad por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se suma al presupuesto del Instituto de las Mujeres y el de la DGVG. En 2021, los presupuestos de igualdad se incrementaron de manera sustantiva y en particular los del Instituto de las Mujeres, incrementándose en un 10% respecto al año anterior. El de la DGVG, ha aumentado en un 57% de acuerdo a los compromisos adquiridos con el PEVG (tabla). Esta asignación de recursos se complementa con los 22 departamentos ministeriales competentes en acciones transversales de igualdad.
Para introducir el principio de igualdad de trato y oportunidades de forma coordinada y transversal a nivel ministerial, la LOIEMH, creó la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres – y las Unidades de Igualdad ministeriales para asegurar la efectiva transversalidad de género y para realizar el seguimiento de la aplicación de la legislación de igualdad. El Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, desarrolla y refuerza la regulación y papel de las Unidades de Igualdad.
Para dar seguimiento a la integración del principio de igualdad a nivel ministerial se impulsaron el Observatorio de Salud de las Mujeres; el Observatorio de Igualdad de Género en el ámbito de la Cultura, el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación y el Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas entre otros.
La Policía Nacional tiene un Área de Derechos Humanos e Igualdad, creada en 2020, que coordina la ONDH (2019), y la ONIG (2018). Con la finalidad de difundir la actividad e implementar los objetivos del Área, se ha diseñado una red de Puntos de Contacto en materia de Derechos Humanos e Igualdad central y periférica, a través del cual recabar y facilitar el intercambio de información y buenas prácticas, pero también, establecer contactos a nivel regional con entidades públicas o privadas relevantes.
Desde junio de 2021, el Consejo de la Guardia Civil consta con la Comisión Permanente de Igualdad y Diversidad. Además, desde el año 2018, la Guardia Civil cuenta con un Área de Igualdad y Diversidad centrada en aumentar el número de mujeres de la Institución y en fomentar el desarrollo de sus carreras profesionales. Desde esta área se elabora un informe semestral sobre el cumplimiento del Plan de Igualdad.
El CGPJ cuenta con la Comisión de Igualdad (queasesora al Pleno del CGPJ, elabora informes previos sobre impacto de género de los Reglamentos y propone medidas para mejorar la igualdad en la carrera judicial) y con el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial de 2020, para garantizar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos niveles de la Carrera Judicial y asegurar que toda la Judicatura esté formada adecuadamente en materia de igualdad, enjuiciamiento con perspectiva de género y violencia sobre la mujer. En cuanto al Ministerio Fiscal, en el seno del Consejo Fiscal, hay una Comisión de Igualdad para el estudio de la mejora de los parámetros de igualdad en la carrera fiscal. Dio lugar a un Plan de Igualdad y a medidas de seguimiento del mismo.
El Grupo de Trabajo sobre Igualdad de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, realiza el seguimiento del III Plan de Igualdad de la AGE e impulsa la creación de la Comisión de Igualdad de la Mesa Delegada de la Administración de la Seguridad Social, que, entre otros, adopta acuerdos para implantar y extender la igualdad de trato y oportunidades.
En mayo de 2021, se constituye un Departamento de Igualdad en el ámbito de la Administración Penitenciaria con el objetivo de promover y velar por la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el doble ámbito de las personas que trabajan en el medio penitenciario y de aquellas que se encuentran privadas de libertad o sometidas a una medida alternativa a la prisión.
En septiembre 2021, se pone en marcha la Unidad de Igualdad y de las Mujeres Jóvenes del Instituto de la Juventud (INJUVE), para facilitar recursos contra el acoso y la violencia de género en la Intranet de la institución y un Plan de Igualdad, y de acudir a la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Organismos autonómicos y cooperación interterritorial
Las administraciones autonómicas cuentan con organismos de igualdad, estructuras transversales de igualdad e informes de impacto de género propios [Ver Anexo II].
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público incluye órganos de cooperación entre agentes administrativos, como es la Conferencia Sectorial de Igualdad, para la coordinación y aplicación de políticas de igualdad entre la AGE y las comunidades autónomas. Desde 2007 funcionan las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer ubicadas en Delegaciones de Gobierno y Subdelegaciones de Gobierno, respectivamente.
La Conferencia Sectorial de Igualdad es el mecanismo de coordinación permanente y co-gobernanza entre el Ministerio de Igualdad y las representantes de igualdad de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Incorporación de la perspectiva de género en la legislación y programas
El Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, incorpora el impacto de género en lasMemorias de Análisis de Impacto Normativo de Proyectos de Reales Decretos-leyes, Reales Decretos Legislativos y normas reglamentarias
La Ley General Presupuestaria establece la obligatoriedad de elaborar un Informe de impacto de género. La última es la Orden HAC/669/2021 (Presupuestos Generales del Estado para 2022).
Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, mantiene que las personas trabajadoras tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente, por razones de sexo, discapacidad, estado civil, edad, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación, por razón de lengua.
Medidas para el adelanto de las mujeres en ámbitos temáticos concretos
Marco normativo y estructuras
Mujeres en el ámbito rural
España ha solicitado a la Comisión Europea, incluir la perspectiva de género en la Política Agraria Común (PAC) de cara al período 2021-2027 para responder a las dificultades añadidas de las mujeres en el medio rural y permitir diseñar intervenciones orientadas a las mujeres sin que la PAC las considere discriminatorias, y promover la igualdad de género tanto en el Primer como en el Segundo Pilar de la PAC.
Desde 2015, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), desarrolla medidas destinadas a fortalecer y evaluar la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias con objeto de paliar la desigualdad e invisibilización de las mujeres rurales en el sector agrario. Para el control de esta normativa, España cuenta con el Registro de Titularidad Compartida de explotaciones agrarias (RETICOM).
Para fomentar la coordinación interinstitucional, proponer modificaciones y esclarecer cuestiones sobre la Ley 35/2011, en 2017 se crearon dos Grupos de trabajo: un grupo integrado por gestores de comunidades autónomas, y otro grupo compuesto por asociaciones nacionales de mujeres rurales y otros agentes sociales.
La coordinación interinstitucional con otros ministerios implicados en la Ley de titularidad compartida ha impulsado la Mesa interministerial de titularidad compartida, reunida por primera vez en 2019, y que promueve actuaciones de mejora en el impulso de la titularidad compartida.
Instrumentos
El borrador de la Estrategia de Igualdad para las Mujeres Rurales que está elaborando la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria (DGDRIFA) del MAPA incluye información sobre mujeres del medio rural y propone medidas de apoyo a las mujeres dentro del futuro Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEsPAC 2023-2027).
La DGDRIFA realiza estudios de actualización y análisis de fuentes estadísticas para obtener y generar datos desagregados por sexo de las mujeres en el medio rural y en el sector agrario.
Para mujeres rurales, en 2015 se aprobó el Plan para la Promoción de las Mujeres en el Medio Rural 2015-2018 y se desarrollaron el Programa AURORA y el Programa “CERES”.
Anualmente el MAPA ofrece una línea de apoyo a las entidades nacionales que impulsan el papel de las mujeres rurales. Desde 2015 han aumentado las subvenciones destinadas a entidades asociativas de mujeres del medio rural para difundir la titularidad compartida y la incorporación de mujeres a las profesiones agrarias.
Para promover la Ley 35/2011, desde2017 se organizan jornadas informativas al personal técnico de administraciones autonómicas y organizaciones agrarias. En 2018 se publicó el “Manual explicativo sobre la ley de titularidad compartida” y también se publica un boletín trimestral con novedades sobre la titularidad compartida.
Otros proyectos destacables en el medio rural son los “Premios a la Excelencia a la Innovación de las mujeres rurales”, el Ciclo Nacional de Cine y Mujeres Rurales y las ayudas en los programas plurirregionales sobre formación del medio rural.
Existen dos estudios sobre la participación de la mujer en los Grupos de Acción Local: "Estudio de igualdad en órganos de gobernanza y gestión de los Grupos de Acción Local (GAL) asociados a la Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)" y "El futuro se escribe en femenino". La revista “Desarrollo Rural y Sostenible”, informa de actualizaciones en el medio rural.
En 2020 la DGVG promovió y financió el estudio “Mujeres víctimas de violencia de género en el mundo rural”, que analiza la percepción de la violencia de género y los servicios de atención de las mujeres, de los colectivos profesionales, y de las propias víctimas de violencia de género del medio rural.
La convocatoria de subvenciones para realizar actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2020, concedió subvenciones para 168 entidades, sobre los colectivos de “Mujer e Igualdad”, “Violencia de Género”, “Igualdad de trato y no Discriminación”.
El Instituto de las Mujeres concede una subvención nominativa a Cooperativas Agroalimentarias de España para incrementar la participación de las mujeres en los puestos de responsabilidad.
Mujeres en el sector pesquero
En el sector pesquero, la igualdad se asegura mediante el artículo 3 bis sobre “Igualdad de trato y oportunidades” de la Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. El actual Anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, recoge este principio de igualdad en el artículo 5. La Secretaría General de Pesca (SGP) desarrolló el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola (2015-2020)y ha publicado recientemente, el de 2021-2027. También se han introducido aspectos en materia de igualdad de género en elPrograma Operativo para España del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 2014-2020 y en el nuevo Programa Operativo Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027. Entre 2010 y 2019 se han celebrado 6 ediciones del Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP). En junio de 2022 se celebrará la 7ª edición “Mujeres de la Mar, por un futuro Sostenible”. En 2016, se creó la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) que trabaja por la defensa de los derechos de la mujer en este ámbito. Desde 2019, ANMUPESCA es miembro del Comité de Seguimiento del Programa Operativo del FEMP, como interlocutor social para seguir y evaluar la integración del principio de igualdad.
En 2018 se celebró la I Conferencia Internacional de Mujeres de la Pesca, que aprobó la “Declaración de Santiago por la igualdad de oportunidades en el sector pesquero y acuícola” , que alude a la CEDAW.
La SGP del MAPA, a través de la REMSP, actualiza las estadísticas sobre empleo femenino en el sector, y desarrolla diagnósticos sobre la situación sociolaboral de las diferentes profesionales de la actividad pesquera y acuícola. Se han publicado dos guías de buenas prácticas de mujeres del sector, así como boletines, newsletters y otras publicaciones en materia de género como el relato “Un mar de historias con nombre de mujer” o la recopilación de testimonios “Mujeres del mar, inspirando vocaciones”. También se ha impulsado el desarrollo de una página web y de redes sociales propias.
Se conceden subvenciones al fomento del asociacionismo del sector pesquero, de las que pueden beneficiarse las asociaciones de mujeres del mar de carácter nacional. También se ha creado un grupo de trabajo con asociaciones de mujeres del sector para promover su liderazgo y la coordinación de actuaciones en materia de género.
Mujeres en riesgo de exclusión y discapacidad
Para mujeres en riesgo de exclusión y situaciones de vulnerabilidad, existe a nivel nacional, el “Programa SARA” de inserción sociolaboral.
Para mujeres con discapacidad, existe el incentivo para ampliar cuotas en las ofertas de empleo público. La iniciativa “Empoderamiento de Mujeres en Acción ”, ofrece herramientas profesionales y formativas a mujeres con discapacidad.
INJUVE suscribió convenios con el Real Patronato sobre Discapacidad (RPD) en 2018, y la Fundación CERMI Mujeres en 2019, destinados a avanzar los derechos de mujeres y niñas con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad pueden beneficiarse del programa “Empléate desde la igualdad”, dirigido a mujeres con especiales dificultades para su inserción sociolaboral. La iniciativa “Empoderamiento de Mujeres en Acción ” ofrece herramientas profesionales y formativas a mujeres con discapacidad.
La Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, gestiona subvenciones para actividades de igualdad, de eliminación de la brecha salarial, y de promoción de la presencia de mujeres y colectivos vulnerables en puestos directivos, entre otros.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), incluye campañas antidiscriminatorias relativas a la integración laboral de personas con discapacidad y de trabajadores inmigrantes.
Mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo
Para mujeres migrantes, la Dirección General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria (DGPPIAH), convoca anualmente subvenciones a proyectos de cohesión y convivencia social, con el apoyo del Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Para mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, la convocatoria anual de subvenciones financiada por la DGPPIAH, prioriza proyectos de violencia de género, trata y derechos de las mujeres. Entre cuyas actuaciones destacan: 100 plazas de acogida para personas víctimas de trata (alojamiento y atención especializada para mujeres y sus hijas e hijos), incorporación social de las mujeres víctimas de trata, Unidades móviles de atención contra la prostitución y la trata, teléfonos de atención 24 horas para personas víctimas de trata, integración sociolaboral para víctimas de trata y mujeres víctimas de violencia de género.
El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) incluye en todas las estadísticas que produce y publica, la variable sexo, lo que permite obtener una radiografía precisa de las mujeres migrantes en España.
Mujeres lesbianas, bisexuales y trans
La convocatoria de subvenciones para realizar actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del IRPF de 2020, concedió subvenciones a 3 entidades para el desarrollo de proyectos dirigidos a población LGTBI, 2 de ellos específicamente a mujeres lesbianas, bisexuales y trans.
Medidas especiales de carácter temporal
Marco Normativo
Atendiendo al artículo 4.1) de la Convención y con la Recomendación General nº25 del Comité respecto al concepto de medidas especiales de carácter temporal, el artículo 11 de la LOIEMH, insta a los poderes públicos a adoptar “medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso”.
El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, posibilita establecer medidas especiales de carácter temporal, mediante negociación colectiva, para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. Además, cabe mencionar que existen, en ciertos casos, bonificaciones/reducciones a lacotización de las empresas por la contratación temporal o indefinida de mujeres.
El Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, regula el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género como la medida estructural correctiva por las tareas de cuidado de hijos que asumen generalmente las mujeres y que puede tener un posible impacto entre otros, en sus pensiones.
El Gobierno de España, en su Plan Anual Normativo 2022, ha incluido la propuesta de Ley Orgánica contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia, que incorpora el enfoque de la interseccionalidad de género como un elemento central para combatir la discriminación de las mujeres pertenecientes a determinados grupos étnicos o nacionales.
Instrumentos
Dentro del marco del II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Administración General del Estado, se diseñaron actividades informativas para familiarizar a funcionarios y encargados de la formulación de políticas pertinentes con el concepto de medidas especiales de carácter temporal.
El Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016 (PNAIN), fomentaba la inclusión sociolaboral de personas vulnerables e incluía medidas especiales de carácter temporal para reforzar la igualdad de oportunidades en el empleo, y lo continúa la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2019-2023).
El Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, recoge medidas temporales relativas a mujeres jóvenes, víctimas de violencia de género, con discapacidad, sustentadoras de familias monoparentales y del medio rural.
En cuanto a medidas destinadas a mujeres el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, aprobado en abril de 2021, destaca en su Componente 23, la Inversión Empleo Mujer y transversalidad de género en las políticas de apoyo a la activación para el empleo.
Estereotipos
Estrategia general para eliminar los estereotipos discriminatorios de género
Conforme a la LOIEMH, las medidas para alcanzar el objetivo de igualdad de género se articulan mediante el PEIO. El PEIO 2014-2016, incluía entre sus objetivos, “trabajar por la eliminación de estereotipos que puedan afectar a la elección de estudios y profesiones, docencia y dirección de los centros educativos.” El Informe Final de Ejecución y Evaluación del PEIO 2014-2016, recomendaba incrementar la coordinación, la comunicación y el seguimiento. El PEIEMH 2022-2025, incluye la prevención y eliminación del sexismo y los estereotipos como uno de los ámbitos de trabajo.
Medidas para combatir los estereotipos y fomentar la igualdad en el ámbito educativo
Marco normativo
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, enfatizaba la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, rechazando estereotipos discriminatorios. Actualmente, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOMLOE), promueve laigualdad efectiva entre mujeres y hombres, el respeto, la coeducación, la no discriminación, los derechos humanos y la igualdad de trato, la desaparición de estereotipos de género e introduce a su vez, medidas contra los estereotipos discriminatorios en los planes de estudio.
La LOMLOE promueve el material educativo sin estereotipos sexistas ni discriminatorios,y su disposición adicional vigésima quinta, establece que las administraciones públicas promoverán currículos, libros de textos y demás materiales educativos que fomenten la igualdad sin estereotipos sexistas ni discriminatorios.
Además, en España, en el ámbito autonómico, se han desarrollado medidas que han permitido impulsar la coeducación y avanzar en la eliminación de estereotipos [Ver Anexo II].
Instrumentos
En el ámbito formativo, el Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y las administraciones de las comunidades autónomas, vienen desarrollando programas para docentes, como el Programa Relaciona, o la Red Intercambia en la que se comparten experiencias, proyectos innovadores y materiales educativos. También de 2017 a 2021, se ha desarrollado el MOOC “Educar en Igualdad”, organizado por el Instituto de las Mujeres y el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
Para supervisar y examinar los efectos de las iniciativas y medidas en materia educativa, el MEFP, realiza diferentes estudios estadísticos e informes, crea portales webs educativos (web de la Alianza STEAM, Intercambia y Espacio de Igualdad) y otros medios en soporte digital.
El Instituto de las Mujeres colabora en la formación en igualdad dirigida a administraciones públicas.
Medidas para combatir los estereotipos y fomentar la igualdad en el ámbito comunicativo
ElPEVG incluye medidas para eliminar estereotipos sexistas, principalmente en el ámbito audiovisual y en medios de comunicación.
Estructura institucional
España cuenta con el Observatorio de la Imagen de las Mujeres (OIM), que recibe denuncias y reclamaciones ciudadanas relativas al sexismo en la publicidad y medios de comunicación.
Cumpliendo con las disposiciones del PEVG, se creó en 2017 el Observatorio de Igualdad en la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), para asesorar sobre igualdad en RTVE en tanto que medio de comunicación.
Instrumentos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisa los contenidos audiovisuales. En 2019,colaboró con el Instituto de las Mujeres para la elaboración del informe de ERGA (Grupo Europeo de Reguladores Audiovisuales Independientes), que recopila información sobre igualdad y violencia de género en CRTVE, Atresmedia y Medias ECNMC. A nivel internacional, durante 2018, la CNMC contribuyó al grupo de trabajo de la Red de Reguladores del Mediterráneo para el sector Audiovisual sobre violencia de género en medios audiovisuales. La CNMC participó en el 62º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) y en el Grupo de trabajo sobre estereotipos de género de la Plataforma de Reguladores del Sector Audiovisual de Iberoamérica (PRAI).
El Instituto de las Mujeres colaboró en 2019, en las publicaciones “#Over” y “Hola, tú a mi no me conoces”. En 2020, publicó dos estudios de investigación sobre medios de comunicación, “ Estereotipos, roles y relaciones de género en series de televisión de producción nacional ”y “Publicidad y campañas navideñas de juguetes: ¿promoción o ruptura de estereotipos y roles de género?”, así comoun estudio sobre la sexualización de las niñas en la publicidad entre 2010 y 2020.La DGVG impulsó y financió la publicación “Violencia contra las mujeres y medios de comunicación” que recoge el tratamiento de las violencias machistas por parte de los medios de comunicación españoles.
Los Premios “Lilí Álvarez”, organizados por el Instituto de las Mujeres y el Consejo Superior de Deportes desde 2016, destacan los trabajos periodísticos que mejor hayan contribuido a la difusión y defensa de la igualdad en el ámbito deportivo, y a visibilizar el deporte femenino en España.
A nivel autonómico, el País Vasco aprobó un código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la comunicación no sexistas. Extremadura lanzó en 2019, el manual “Palabra de Mujer” para profesionales del periodismo y un Directorio de Expertas profesionales de la comunicación. En 2020, se firmó un convenio de colaboraciónentre el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha y el ente Público de Televisión de Castilla La Mancha.
Medidas que combaten los estereotipos que afectan a las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero y a las personas intersexuales
La LOMLOE, fomenta el respeto a la diversidad afectivo-sexual y la no discriminación por razones de orientación o identidad sexual.
Instrumentos y estructuras
La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad ha impulsado el Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobado en junio de 2021.
Desde 2021, esta DG colabora con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la formación en diversidad psicosexual y psicoafectiva del personal penitenciario.
Asimismo, el III Plan de Igualdad de la AGE, incluye una línea de diversidad interseccional para sensibilizar e informar al personal de las administraciones públicas.
Para combatir la LGTBIfobia, prevenir la homofobia y la transfobia, se han organizado las jornadas “Abrazar la diversidad: una responsabilidad educativa”. Se prevé realizar el primer estudio estatal sobre la situación de las personas mayores LGTBI y su derecho al envejecimiento saludable.
La formación de las UFAM de la Policía Nacional, incluye contenidos sobre diversidad sexual y atención policial, así como un capítulo sobre personas LGTBI en su manual orientativo de trabajo. Por su parte, la Guardia Civil celebra anualmente la Jornada de Diversidad en la Guardia Civil, con la finalidad de complementar la formación, concienciación y sensibilidad del personal y contribuir a la visibilidad del colectivo LGTBI.
Instrumentos que combaten estereotipos tradicionales en la familia y en la sociedad
España desarrolla medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. En 2021, se equipararon los permisos por paternidad y maternidad a 16 semanas para mujeres y hombres, transformándose en una única prestación por nacimiento y cuidado del menor, inclusive para parejas de hecho de personas del mismo sexo.
El Plan Corresponsables, garantiza el cuidado como un derecho. Para desarrollar las previsiones del artículo 44 de la LOIEMH sobre conciliación, se prevé crear bolsas de cuidado profesional, ya sea en el domicilio o en espacios habilitados, para familias con hijos e hijas menores de 14 años. Se ha constituido la Mesa asesora por los Cuidados para asesorar al Ministerio de Igualdad en el diseño, propuesta e impulso de marcos normativos y políticas públicas de cuidados.
Violencia por razón de género contra las mujeres
Marco normativo
El Código Penal (CP) español incorpora como delito todas las formas de violencia contra las mujeres recogidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). En referencia a la recomendación general núm.35 (2017), si bien existe la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ,España ha desarrollado su marco normativo y de medidas en virtud de la ley vigente en materia de violencia de género.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introdujo entre otros, la agravante de discriminación por motivos de género y la tipificación de nuevos delitos, destacando entre ellos: matrimonio forzado, acoso, y difusión no consentida de imágenes o grabaciones íntimas. También tipificó delitos contra la identidad sexual, elevó la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años, endureció sanciones penales relativas a derechos sexuales y abordó diferentes aspectos sobre la pornografía infantil.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito,reúne derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de delitos, transpone las correspondientes Directivas de la Unión Europea y garantiza el derecho a la protección, información, apoyo, trato respetuoso, profesional e individualizado y no discriminatorio; asistencia y atención a todas las víctimas, y su participación activa en el proceso penal.
Para evitar la victimización secundaria durante el proceso, se propone obtener la declaración de la víctima sin demora tras la denuncia; reducir el número de declaraciones y reconocimientos médicos al mínimo necesario; y garantizar a la víctima su derecho a hacerse acompañar del representante procesal y otra persona de su elección, salvo resolución motivada.
La Ley Orgánica 1/2004, dispuso que el Gobierno organizara las Unidades de Valoración Forense Integral, que se integraron en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en 2015.
El Capítulo IV de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, completa el marco establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y establece protocolos frente a indicios de abuso y maltrato, acoso (escolar, sexual, ciberacoso), violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión.
La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, contiene mejoras relativas a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos
El artículo 1, de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, considera como víctimas de esta clase de violencia, junto a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia.
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, contiene novedades sobre indignación sucesoria y requisitos para contraer matrimonio, relacionado con supuestos de violencia de género.
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, recoge expresamente la situación de violencia de género para determinadas cuestiones e incluye medidas específicas para las personas trabajadoras que tienen la consideración de víctimas de violencia de género.
El Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo modificó la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, actualizando la normativa en materia de autoempleo y la "Tarifa Plana Especialmente Protegida" a víctimas de violencia de género.
La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, entre otras, continúa reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género y de trata, y a causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima en los términos introducidos por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.
La Ley Orgánica 5/2018, ya mencionada, incluye perspectiva de género y legislación especial contra la violencia de género en las pruebas de selección y de formación especializada en la Escuela Judicial y la formación continua de las Carreras Judicial y Fiscal y en las pruebas específicas para acceder a los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer.
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, incluye mejoras de las condiciones de acceso a ciertas ayudas a las víctimas que tengan la consideración de víctimas de violencia de género.
La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de los hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social con nueva prestación en favor de los huérfanos de víctimas de violencia de género.
El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, introduce modificaciones normativas que cumplen diversas medidas del PEVG:
a)Modificar las competencias de los municipios, devolviendo a la Administración Local la competencia para promover la igualdad, y contra la violencia de género;
b)Modificar el artículo 20 y 23 de la Ley Orgánica 1/2004, para fortalecer a la víctima en el proceso penal y ampliar los títulos acreditativos de la condición de víctima de violencia de género;
c)Modificar el artículo 156 del Código Civil, para desvincular la patria potestad de la asistencia psicológica, al eliminar el consentimiento expreso del progenitor maltratador, para que pueda recibir tratamiento psicológico el hijo menor de edad.
El Real Decreto Ley 12/2020, de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, ante la pandemia de la COVID-19, que implementó el Plan de Contingencia contra la violencia de género y estableció:
a)Los servicios especializados destinados a la protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como a sus hijos, se declaran servicios esenciales.
b)Nuevo servicio de mensajería instantánea vía WhatsApp 24/7: (+34) 682916136 y (+34)682508507;
c)Campaña “Estamos contigo, la violencia de género la paramos unidas”: contra la violencia de género durante el confinamiento;
d)Publicación de la “Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19” ;
e)Difusión de la nota “Protección de los derechos de los niños y de las niñas víctimas de violencia de género durante el estado de alarma”.
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), aborda laviolencia en las escuelasy se desarrolla mediante el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.
La Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, ha sustituido al anterior Real Decreto Ley 12/2020.
La LOPIVI, aborda la violencia de género especificando que se protegerá a la infancia y adolescencia, al apoyar que permanezcan con la madre, si es su interés superior. E introduce modificaciones en:
a)El concepto de víctima directa de violencia de género incluye violencia con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, ejercida sobre sus familiares o allegados menores de edad;
b)El artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), establece excepciones sobre dispensa de la obligación de declarar.
El 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que elimina la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, pone el foco en las víctimas y en el consentimiento, emplea un sistema penal progresivo, proporcional y disuasorio, creando un nuevo tipo penal para sancionar a quienes destinen inmuebles o locales a favorecer la explotación sexual de otra persona, e incluye el derecho a la asistencia integral especializada para todas las víctimas.
La Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género tiene por objeto eliminar ciertas incertidumbres y obstáculos a que se enfrentan las huérfanas y huérfanos de la violencia de género, al objeto de paliar, al menos en parte, la situación de extrema vulnerabilidad que para ellos resulta de su condición de víctimas de la violencia de género.
Estructura institucional
Los juzgados especializados son los Juzgados de Violencia contra la mujer, creados igualmente por la Ley Orgánica 1/2004, así como las secciones especializadas de la Fiscalía. Existen actualmente 106 Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y 352 Juzgados Compatibles, 32 juzgados especializados de lo penal y 70 secciones especializadas de las Audiencias Provinciales y dos agrupaciones de partidos judiciales por proximidad razonable de la víctima al juzgado y especialización.
El Consejo Médico Forense aprobó el Protocolo de Valoración Forense del Riesgo de Violencia de Género en 2020, que persigue elaborar informes de valoración, en un plazo no superior a 72h, que proporcionen a la autoridad fiscal y judicial seguridad en las decisiones. Estos informes constituyen una prueba complementaria a la escala “Valoración Forense del Riesgo”, contenida en el Sistema VioGen.
Además, en Policía Nacional existen 173 Unidades de Familia y Mujer (UFAM), especializadas en violencia de género, doméstica y sexual con 1.470 miembros. En Guardia Civil existen 269 Puntos de Atención Especializada (PAE), integrados en las unidades de Policía Judicial, con 728 especialistas EMUME (Mujer-Menor), agentes especializados en atención y protección de las víctimas de violencia de género, menores y de violencia sexual, y en general, las víctimas sensibles, garantizando que dicho órgano pueda atender de forma específica los casos más graves y complejos en este ámbito, así como prestar apoyo y asesoramiento a los Puestos y Unidades territoriales.
La Ley Orgánica 5/2018, prevé que el CGPJ encomiende al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recopilar y evaluar datos provenientes de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como los asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos . Se redacta un informe anual sobre datos relativos a violencia de género y violencia sexual, publicado y remitido a las comisiones de seguimiento del PEVG del Congreso de los Diputados y del Senado.
Instrumentos
Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG)
El PEVGestá siendo implementado por España desde 2018. En 2018 y 2019, su dotación económica fue de 200 millones: 80 para la Administración del Estado, 100 millones para las comunidades autónomas y 20 para los Ayuntamientos. En 2020 se actualizaron las cuantías, siguiendo el Plan de aplicación del PEVG. El 25 de noviembre de 2021 se acordó en las Cortes prorrogar la vigencia del PEVG.
a)Para su coordinación y seguimientola DGVG ha sistematizado las medidas del PEVG y las ha distribuido a las Administraciones e instituciones responsables de su ejecución. La DGVG también ha creado un grupo de trabajo con las CC.AA. para diseñar indicadores de seguimiento para que las medidas sean congruentes con la Agenda 2030. El Congreso de los Diputados ha creado la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado;
b)Para la implementación de medidas del PEVG en el ámbito judicial, el CGPJ participa en varias medidas: asegura la protección de datos personales al garantizar que no consten datos de la víctima en el expediente judicial, y ha impulsado protocolos de coordinación entre órganos judiciales y otros órganos de las administraciones públicas;
c)El CGPJ creó una “Unidad Específica en el Servicio de Inspección del CGPJ para los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer” y dentro de la Unidad Penal del Servicio de Inspección de Juzgados y Tribunales, una subunidad especializada en violencia de género. El CGJP evalúala carga de trabajo de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer;
d)En 2018 el CGJP aprobó la “Guía práctica para la toma de declaración de víctimas de violencia de género” y facilita la formulación de quejaspor las mujeres víctimas de violencia de género y profesionales relativas a irregularidades o anomalías judiciales.
Otros instrumentos
En 2021 se comenzó a elaborar la Estrategia Estatal contra las Violencias Machistas 2022-2025. Se trata de un instrumento de ámbito estatal, formulado de manera coordinada y colaborativa con la administración autonómica y local y con la sociedad civil en su conjunto.
Campañas de sensibilización, para concienciar a la sociedad en materia de violencia contra las mujeres e implicar a la ciudadanía en su detención. La web de la DGVG, “recoge información sobre actividades relativas a las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres”.
Lasmujeres víctimas de violencia de géneropueden beneficiarse de la Renta Básica de Inserción. Quienes no estuvieron empleadas anteriormente, cuentan con un programa de inserción sociolaboral específico y una ayuda social. Existe la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género”.
“Guía sobre el sistema de acción y coordinación en casos de violencia de género en España”, dirigida a mujeres, profesionales y administraciones públicas que acompañen a mujeres víctimas y/o supervivientes de la violencia de género. También existe el Grupo de expertos en Violencia Doméstica y de Género.
En abril de 2021, se presentó el informe “Acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral en España”. Existe el Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad, respetando el anonimato en supuestos de discriminación en el acceso al empleo y de acoso sexual, o por razón de sexo. También es posible interponer denuncias ante la ITSS, sobre derechos en materia de igualdad y no discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral.
En 2015 la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas publicó el protocolo de movilidad de empleadas públicas víctimas de violencia de género. En 2018 la Conferencia Sectorial de Administración Pública aprobó el Acuerdo para favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género.
También se adoptó la Resolución por la que se adapta el Protocolo general de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado al ámbito del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en septiembre 2019.
El Protocolo de Actuación ante casos de Violencia de Género en el seno de la Policía Nacional, de febrero de 2021, elaborado por el Área de Derechos Humanos e Igualdad, cuenta para su seguimiento con una Comisión Central de Seguimiento y diferentes Comisiones Territoriales. En el marco del Sistema VioGen, la Instrucción 4/2019, aprobó un nuevo protocolo con “Medidas policiales de protección a adoptar para cada nivel de riesgo” y el “Plan de seguridad personalizado para cada víctima con medidas de autoprotección”.
La Policía Nacional a través de la UFAM, fomenta la implicación ciudadana elaborando material divulgativo y de sensibilización contra la violencia de género. La UFAM adecúa las dependencias e instalaciones policiales que asisten a víctimas y testigos, para evitar la victimización secundaria.
El Plan de Acción de la Guardia Civil contra la Violencia sobre la Mujer, aprobado en noviembre de 2020, está alineado con compromisos nacionales e internacionales adquiridos por España, y contempla medidas de impulso institucional contra violencia de género, trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresiones sexuales, matrimonios forzados, abortos forzados o mutilación genital femenina (MGF).
La Guardia Civil desarrolló la Guía Básica de primeros auxilios psicológicos en Violencia de Género, y estudios sobre medidas de protección, grado de satisfacción de las víctimas con el trato y la protección policial, y sobre el análisis del comportamiento delictivo en casos de violencia de género.
La Guardia Civil aprobó el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en la Guardia Civil, en julio de 2019. Por otro lado, para proteger a las víctimas de violencia de género, está pendiente de aprobación el Protocolo Operativo de colaboración y actuación entre la Dirección General de la Guardia Civil y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR). El 6 de julio de 2021, aprobó el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia sobre la mujer que afecten a personal de la Guardia Civil.
La Administración Penitenciaria con la colaboración del Instituto de las Mujeres, elabora el programa “Sermujer.es”de prevención de la violencia de género para las mujeres en centros penitenciarios. También aprobó en 2021, un Protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral penitenciario.
En 2020 la Comisión Permanente del CGPJ acordó, a petición del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, especializar 33 juzgados penales en materia de violencia contra la mujer.
En 2020, el Observatorio de la Juventud de INJUVEelaboró el estudio “Violencia de género entre los jóvenes. Una visión general de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España”.
Desde 2020, el INJUVEincorpora en su web, un enlace sobre violencia de género. Asimismo, se presentó en 2020el informe “Menores y violencia de género”. En febrero de 2021, se publicó “La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España”.
En 2015 se aprobó el Protocolo de actuación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la atención de las mujeres españolas víctimas de violencia de género en el exterior. Actualmente, se encuentra en proceso de renovación.
El 24 de septiembre de 2019 se firmó un Convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) para la colaboración en materia de violencia contra la mujer por razón de género, que incluyó la creación de un canal prioritario para la protección de datos en casos de violencias contra las mujeres y un refuerzo de la colaboración entre la AEPD y la DGVG.
Medidas específicas para eliminar la Mutilación Genital Femenina (MGF)
España tipifica la MGF como delitoen el artículo 149.2 del Código Penal se castiga con una pena de prisión de seis a doce años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años, si la autoridad judicial lo estima adecuado al interés de la víctima.
La Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016, difunde la necesidad de erradicar la MGF.
El Protocolo Común de actuación sanitaria ante la Mutilación Genital Femenina, aprobado 2015 por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La DGVG publicó en 2015 el estudio“La mutilación genital femenina en España” y contribuyó alestudio“La Mutilación Genital Femenina en España. Situación en 2019”, publicado en 2020.
A nivel autonómico, se aprobaron protocolos para combatir la MGF. Además, Cataluña ha impulsado mesas locales de prevención de la MGF.
España colaboró en el estudio “Estimación del riesgo de la mutilación genital femenina de las niñas en la UE: Dinamarca, España, Luxemburgo y Austria. Alzando la voz de las comunidades”, desarrollado conjuntamente con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).
Se ha incorporado contenido específico sobre MGF y matrimonios forzosos en la formación del personal de UFAM de la Policía Nacional.
Protección de las mujeres víctimas de violencia y enjuiciamiento de los autores
Marco normativo
La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita, facilita el acceso a la justicia, particularmente para: víctimas de trata de seres humanos, mujeres víctimas de violencia de género, de terrorismo, menores y personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, víctimas de abusos o maltrato, independientemente de que existan recursos para litigar, en los procesos vinculados o consecuencia de su condición de víctimas.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito se extiende a todas las víctimas de delitos, independientemente de su nacionalidad, cometido en España o que puedan ser perseguidos en España. Esta Ley:
a)Recoge un catálogo de derechos para mujeres y niñas víctimas de delitos;
b)Establece medidas para evitar la victimización secundaria en los procesos penales;
c)Prevé organizar Oficinas de Asistencia Víctimas del Delito (en adelante, OAVD), de asistencia gratuita y confidencial para víctimas de delitos y víctimas de violencia de género, sin necesidad de denuncia previa. Las OAVD se integran por equipos multidisciplinares de gestores/as y psicólogos/as que ofrecen una asistencia integral, especializada y coordinada, y elaboran planes de apoyo psicológico;
d)Establece que los Colegios de Abogados deben garantizar un turno de guardia para atender cuestiones de violencia de género.
La reforma de la Ley por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, obliga a que, en los distintos procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima por los delitos antes referidos, deberá ser el mismo abogado el que asista a aquélla, siempre que ello garantice debidamente su derecho de defensa.
Asistencia y protección para las mujeres víctimas de la violencia
Las competencias en protección y asistecia integral a mujeres víctimas de violencia de género, corresponde a las comunidades y ciudades autónomas. Así, las comunidades autónomas se coordinan mediante protocolos interinstitucionales. Todas ellas cuentan con Centros de asistencia, asesoramiento y apoyo a las víctimas de violencia contra las mujeres, así como con recursos residenciales. Estos servicios cuentan con cofinanciación estatal.
Destaca la creación, anunciada en 2021, de centros de crisis abiertos 24 horas y localizados en todas las provincias, dedicados a víctimas de violencia sexual. La DGVG cuenta con la “ Estadística de Recursos Autonómicos en materia de Violencia de Género de 2017”.
Datos sobre violencia de género
El Portal Estadístico de la DGVG registra cifras mortales de mujeres víctimas de género desde 2003. La página web del CGPJ ofrece información estadística del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género(Sistema VioGen). El último informe estadístico tiene fecha del 31 de marzo de 2022. La “Macroencuesta de Violencia contra la mujer 2019”, incorpora mejoras para los requerimientos estadísticos del Convenio de Estambul y del PEVG.
Además, la DGVG tiene la Web de recursos de apoyo y prevención ante casos de violencia de género (WRAP). La información estadística que se difunde relativa a la violencia de género se puede encontrar en los Boletines Mensuales, el Portal estadístico, y las Fichas de víctimas mortales.
Se está participando en la Encuesta Europea de violencia de género y se está ampliando la estadística de recursos autonómicos de violencia de género para extenderla a todos los recursos de violencia contra la mujer.
Denuncias
El Observatorio contra la violencia doméstica y de género bajo la rúbrica “La violencia de género en 10 indicadores/Año 2020”, recoge información estadística sobre denuncias (Tabla).
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentada en 2021, se indica, que en 2020 se produjo un ligero descenso en el número de denuncias respecto a 2019, en un 0,89%. Se registraron un total de 150.785 denuncias, motivado por las especiales circunstancias que ha provocado la crisis sanitaria del Covid-19.
Los datos estadísticos de criminalidad asociados a la violencia de género y doméstica los realizan la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante el Sistema de Estadística Criminal (SEC).
Para alentar a las mujeres a denunciar, existe la Guía de derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, actualizada en 2020, y la Guía de buenas prácticas para garantizar la privacidad y seguridad de las víctimas en el ámbito policial y judicial.En 2020 se añadió un botón de alerta “SOS” para pedir ayuda urgentemente a Policía Nacional y Guardia Civil, mediante la aplicación gratuita AlertCorps.
El 27 de julio de 2021 fue publicada la Instrucción 5/2021, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece el Protocolo de Primer Contacto Policial con Víctimas de Violencia de Género en Situación de Desprotección (Protocolo Cero) como pieza esencial en los procedimientos orientados a regular la articulación de medidas policiales a mujeres víctimas de violencia, así como de menores a su cargo.
En el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, la IPSS tiene establecido como objetivo estratégico, dentro de su Plan Anual de Actuación para 2022, impulsar y analizar la gestión y tratamiento de denuncias e investigaciones en materia de violencia de género.
Instrumentos específicos relativos a la violencia de género y a las mujeres con discapacidad
Los boletines estadísticos de la DGVG recogen la variable “discapacidad reconocida” de las víctimas mortales de violencia de género.
La Macroencuesta de Violencia contra la mujer de 2019 , pregunta por primera vez a mujeres que declaran tener alguna discapacidad causada por la violencia sufrida. Así, el 17,5% de mujeres con discapacidad que han sufrido violencia (física, sexual o emocional) de alguna pareja, dicen que su discapacidad es consecuencia de la violencia de sus parejas. Asimismo, de las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el 14,3% afirman que la discapacidad fue causada por esta violencia sexual.
El Servicio 016, informa y asesora jurídicamente en materia de violencia de género, en 53 idiomas, accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla. También se proporciona la “lectura fácil”, el lenguaje de signos, subtitulado y locutado, y braille (incluidas las medidas de autoprotección de VioGen), para las víctimas de delitos. A raíz del PEVG, en 2018 se habilitó un botón de llamada al teléfono de emergencia policial 091 mediante la aplicación SVisual, que se ha extendido a Oficinas de expedición de DNI y a Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano.
La Policía Nacional y la Guardia Civil cuentan con " Guías de Atención Policial a personas con discapacidad intelectual", incluyendo víctimas de violencia de género, cursos, así como actas y diligencias de información de derechos a las víctimas en formato de lectura fácil. Además, la UFAM de la Policía Nacional recibe formación para atender a personas con discapacidad intelectual, y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) de la Guardia Civil cuenta con una Sección (SACD) compuesta por personal titulado en psicología y criminología y especializado en víctimas vulnerables, entre ellas personas con discapacidad intelectual.
Las Jefaturas Superiores de Policía Nacional disponen de sistema de bucles magnéticos para eliminar barreras auditivas.
Proyectos desarrollados en 2020 para abordar la violencia de género especialmente en relación a las mujeres con discapacidad:
a)Programa de apoyo a mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo, en la promoción de su igualdad y ciudadanía, por la Confederación Plena Inclusión España;
b)Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (UAVDI), por la Fundación A LA PAR;
c)Realización de talleres sobre violencia de género y discapacidad, con la Federación COAMIFICOA;
d)Programa estratégico nacional de lucha contra las discriminaciones y violencias hacia las mujeres con discapacidad física y orgánica, con COCEMFE;
e)Proyecto ALBA-Servicio de atención y asesoramiento sobre violencia de género para mujeres sordas, con la Confederación Estatal de Personas Sordas;
f)Promoción de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres con TEA, con la Confederación Autismo España;
g)Acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con la Asociación Española de Fundaciones Tutelares.
El estudio “Mujer, discapacidad y violencia de género”, promovido y financiado en 2020 por la DGVG, muestra que el 64,4% de las mujeres encuestadas han sido insultadas o ridiculizadas verbalmente. De ellas, el 38,5%, por amistades, personas conocidas, compañeras o cuidadoras del entorno familiar, educativo, laboral y sanitario (residencia o centro de día); y el 7,7% por hombres desconocidos por la calle y en cualquier sitio. En 2020, la DGVG publicó, además, el estudio “La violencia sexual de las mujeres con discapacidad intelectual”.
Trata con fines de explotación sexual
Marco normativo y legislación
El ejecutivo español actual se ha comprometido a elaborar una Ley Integral Contra la Trata, prevista en el PEVG. El Anteproyecto de Ley está siendo redactado conjuntamente por varios ministerios.
España está comprometida con el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, y la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023) prioriza la trata, y en ese terreno fue presentado el 18 de marzo de 2021 el Plan estratégico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos, que actualmente se encuentra en fase de aplicación. El Plan ha sido elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo (CITCO), y en el que han participado la OIT, ACNUR, OIM y entidades especializadas de la sociedad civil.
La reforma del CP de 2010 introdujo un capítulo dedicado a la trata de seres humanos, diferenciándolo de delitos relacionados con la inmigración irregular. En 2015, se incluyó la trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado y para la comisión de actos delictivos. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, endureció las sanciones penales de la explotación sexual de menores, la inducción, promoción o favorecimiento de la prostitución de menores, y la solicitud, aceptación u obtención, a cambio de una remuneración o promesa, de una relación sexual con una persona menor de edad.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), recoge como violencia contra la infancia la trata de seres humanos, y refuerza la protección a menores de edad ante posibles casos de abuso, explotación sexual y trata. Asimismo, modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y exige la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, para acceder y ejercer profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con personas menores de edad.
Los centros de protección de menores deben aplicar los protocolos de la Entidad Pública de Protección a la infancia, con “actuaciones específicas” para prevenir, detectar e intervenir en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata.
En virtud de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en el artículo 59 bis, prevé que las personas extranjeras en situación irregular identificadas como víctimas de trata de seres humanos, sean declaradas “exentas” de responsabilidad administrativa. estableciendo un periodo de restablecimiento y reflexión para decidir si desea o no cooperar en la investigación del delito y en el procedimiento penal, pudiendo obtener excepcionalmente una autorización de residencia y trabajo.
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, incluye derechos procesales y extraprocesales y proporciona respuestas jurídicas y sociales a las víctimas y sus familiares, y atiende a las víctimas más vulnerables, como menores de edad y víctimas de trata.
El Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Real Decreto Ley 12/2020, incluye en los servicios de acogida a víctimas de trata y explotación sexual.
La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, reconoce como colectivos de acceso preferente a las víctimas de trata y de explotación sexual.
La Policía Nacional y la Guardia Civil en aplicación de laInstrucción 6/2016, de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre actuaciones de las FCSE en la lucha contra la trata de seres humanos y en la colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas, han establecido la figura delInterlocutor Socialen la trata de seres humanos (a nivel central y a nivel territorial), quien coordina las actuaciones de las FCSE con organismos, entidades sociales y ONG especializadas en víctimas de trata. Únicamente las unidades policiales formadas en prevención y lucha contra la trata identificarán a las víctimas.
La Guardia Civil ha desarrollado la Directiva de servicio 40/2009 e Instrucción Técnica número UT-10/2009, sobre la actuación contra la trata de seres humanos.
El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, amplía la acreditación de la condición de víctima de trata de seres humanos o explotación sexual.
Estructura institucional
La DGVG, en virtud del Real Decreto 455/2020, impulsa y coordina a las instituciones, en materia de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
En abril de 2014 se estableció la figura del Relator o Relatora Nacional contra la Trata de Seres Humanos, y se designó un punto focal situado en el CITCO, para apoyar al Relator o Relatora. Las tareas de la Relatoría y del punto focal, las ha refrendado el Real Decreto 146/2021, de 9 de marzo.
Destacan medidas relativas a la investigación de casos de trata de mujeres y niñas, y para informar y asistir a las víctimas de trata:
a)La Relatora Nacional contra la Trata de Seres Humanos trabaja de cerca con la Instrucción 6/2016, y con la Red Española contra la Trata de Personas;
b)La Base de Datos de Trata del CITCO, recoge datos sobre prevención y persecución de lucha contra la trata, así como de explotación sexual y laboral;
c)La DGVG incluye datos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en el Boletín Estadístico Anual en Violencia de Género y las Unidades de coordinación y violencia sobre la mujer participan en el seguimiento de los casos;
d)El Servicio de atención a Víctimas de Trata de la Policía Nacional,creado en 2013, sigue las investigaciones sobre trata..
Además, siguiendo el artículo 11 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en 2019 se acordó crear un Grupo de Trabajo sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual que incorpora recomendaciones para la futura Ley Integral Contra la Trata, y analiza competencias estatales y autonómicas en materia de trata.
Para financiar la ampliación de centros de servicios a nivel regional y autonómico, garantizada por la DGVG, se transfieren fondos a comunidades autónomas y a entidades locales con cargo al PEVG por importe de 120.000.000 euros.
La DGPPIAH gestiona el Marco del sistema nacional de acogida a solicitantes y beneficiarios de protección internacional y el Marco del programa de atención humanitaria; se prevén plazas especializadas de acogida que proporcionan atención integral especializada a:
a)Mujeres víctimas o posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual, y sus hijos proporcionándoles alojamiento, manutención, asistencia sanitaria, psicológica, jurídica, social, y acceso a sus derechos humanos básicos. Actualmente existen 34 plazas dentro del Sistema de Acogida de Protección Internacional; y 268 plazas del Programa de Atención Humanitaria, con un dispositivo de emergencia de 140 plazas adicionales;
b)Mujeres víctimas de la violencia de género, 55 plazas;
c)Otras mujeres vulnerables, como mujeres monomarentales, víctimas de MGF, y mujeres embarazadas, 54 plazas dentro del Sistema de Acogida de Protección Internacional, y 40 plazas del Programa de Atención Humanitaria.
Participación de la sociedad civil
La DGVG financia proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro especializadas en atender a víctimas de trata con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad, (4.000.000€ anuales en 2020 y años anteriores, repartido entre más de 50 organizaciones especializadas, y 6.000.000€ en 2021 y 2022). La DGVG también desarrolla una convocatoria con cargo a fines sociales del IRPF de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, para atender a víctimas de trata. En 2021, de los 5,3 millones de euros asignados a la violencia contra las mujeres, aproximadamente 1,6 millones se destinaron íntegramente a programas de prevención y atención de la trata de mujeres y niñas.
La sociedad civil también participa a través de la figura del “Interlocutor Social” y el Foro Social contra la trata con fines de explotación sexual, mencionados anteriormente.
La Oficina de Atención al Ciudadano y la web de “Colaboración Ciudadana” de la Guardia Civil, atiende comunicaciones sobre supuestos casos de trata. Los interlocutores sociales de trata de la Guardia Civil realizan anualmente una jornada de 8 horas con la sociedad civil sobre intercambio y experiencias.
Medidas que apoyan a los centros de servicios a nivel regional y autonómico
El Ministerio de Interiorcuenta con una Red de Consejeros y Agregados de Interior que atienden las necesidades de las FCSE, como la Unidad Central contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policia Nacional (UCRIF Central), proporcionando representación policial española en países de origen, tránsito y explotación.
La UCRIF codirige, desde 2019, la Prioridad de Trata de Seres Humanos en la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (EMPACT), y se encarga de su Plan Anual Operativo relativo a cooperación con Terceros Estados relativa a la trata de seres humanos. La Guardia civil también participa en acciones operativas de esta plataforma.
La UCRIF divulgó en 2018 la campaña policial “No a la Esclavitud Moderna”. Igualmente, en 2018, se colabora con la campaña de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) “Eyes Open”. En 2019, se participa activamente en la campaña contra la trata de la Red Europea de Prevención del delito, que fue financiada por fondos de la Plataforma EMPACT.
La UCRIF Central y las UCRIF territoriales de Madrid y Barcelona, han participado en Turquesa I (2019) y Turquesa II (2020). La Operación Turquesa, liderada por INTERPOL, para luchar contra el crimen organizado en el ámbito de los delitos de trata de seres humanos y de la inmigración ilegal, así como delitos conexos, como falsedades documentales o blanqueo de capitales, con origen y/o tránsito en países de América Latina.
España participa en programas específicos en algunos países origen de trata de personas:
a)En Nigeria, España ha participado en el Grupo Etutu de lucha contra la trata de origen nigeriano. Acoge también, a un Magistrado de Enlace de Nigeria en Madrid, quien ayuda a investigar la trata en Nigeria. Para combatir la trata de personas y la inmigración ilegal en Nigeria, España colabora a través de Policía Nacional con la Unión Europea, en el desarrollo del Proyecto A-TIPSOM (2018-2022);
b)La Comisaría General de Extranjería y Fronteras de Policía Nacional,participó en variasCommon Operational Partnership (COP) contra la trata y el tráfico de personas en Senegal, Gambia y Mali;
c)A través del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), ha desplegado a expertos de la Policía Nacional en Mauritania y Níger.
España contribuyó a la “Evaluación de la amenaza que representan la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional” (SOCTA) y participa en los Joint Action Days (JAD) sobre inspecciones susceptibles de detectar la trata. La Guardia Civil colabora con la ONU e INTERPOL, en Guías de Procedimientos y Acción con Frontex, PACCTO, FIIAPP.
La ITSS, junto a las FCSE, trabajan con entidades especializadas en asistir a víctimas, siguiendo la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Existe un Oficial de Enlace de la Policía Nacional y de Guardia Civil, coordinado con la FGE.
Instrumentos en materia de trata y explotación sexual
Publicación del plan interministerial Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018.
La Policía Nacional prioriza la lucha contra la trata de seres humanos en su Plan Estratégico (2017-2021).
El actual Plan Estratégico de la Guardia Civil (2021-2024) contempla en uno de sus ejes de actuación, la lucha contra la violencia sobre la mujer y la protección de los colectivos vulnerables.
La Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos (2018).
La herramienta DERA, es pionera en reunir Datos Estadísticos de Recursos Autonómicos, relativos a víctimas de explotación sexual o trata con fines de explotación sexual.
La DGVG desarrolla campañas sobre la demanda de prostitución, el demandante, y la visión social al respecto. Se encuestó el consumo de prostitución por parte de los jóvenes en el Informe de Juventud en España de 2020.
La DGVG elabora la Guía de Recursos de Atención a Víctimas de trata con fines de explotación sexual, impulsado por la Relatoría Nacional contra la Trata.
El Plan de Contingencia contra la violencia de género, incluye a mujeres víctimas de trata, explotación sexual, prostitución y situaciones de vulnerabilidad económica, e incluye un programa de medidas para garantizar la asistencia integral, los alojamientos seguros, soluciones habitacionales y ayudas económicas. Este Plan promueve la colaboración entre las FCSE, ONG y los servicios públicos. Gracias a la difusión de teléfonos de 24 horas, el 062 de la Guardia Civil y el 900 10 50 90 de la Polícia Nacional, y de emails: trata@policia.es y trata@guardiacivil.es, se garantiza el derecho de información de las víctimas.
El Protocolo para la detección y actuación ante posibles casos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual de 2015, se aplica a la Red de centros de migracionesdel MISSM, que incluye cuatro Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). También lo aplican la Unidad de Trabajo Social (UTS) de la DGPPIAH y los centros y dispositivos subvencionados por la DGPPIAH.
Además, la ITSS colabora para combatir la trata de seres humanos para explotación laboral con la FGE y con las FCSE. Así, entre 2015 y 2019 acumularon 17.000 actuaciones conjuntas anualmente. La ITSS contribuye a elaborar un Plan de acción nacional contra el trabajo obligatorio y otras actividades humanas forzadas, y proporciona formación a su personal funcionario en materia de trata.
Para proporcionar información, asistencia, protección y apoyo, existen elProtocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos, y los protocolos de detección y atención a víctimas de trata de carácter sectorial. El Protocolo Marco cuenta con una comisión encargada de su seguimiento. En 2017 el Observatorio de la Infancia aprobó el Anexo al Protocolo Marco, “Actuaciones para la detección y atención de víctimas de trata de seres humanos menores de edad”.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) dispone de las Encuesta sobre Centros y Servicios de Atención a Personas Sin Hogar, a nivel nacional y autonómico, que atienden a mujeres sin hogar víctimas de trata y/o prostitución. En 2018, 24 centros estaban orientados a mujeres víctimas de trata/prostitución, y 19 de los 24 habían indicado que se orientaban también, a otro tipo de colectivos. Respecto a la ocupación: en junio de 2018, 220 de 306 plazas ocupadas correspondían a mujeres; en diciembre de 2018, 189 de 274 plazas ocupadas correspondían a mujeres.
En octubre de 2019 entró en vigor el Procedimiento de derivación de potenciales víctimas de trata de seres humanos solicitantes de protección internacional en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que establece cómo actuar cuando se sospecha sobre posibles situaciones de trata de seres humanos.
El Sistema de Acogida de Protección Internacional dispone del Protocolo de actuación ante casos de violencia de género contra las mujeres, aprobado en junio de 2021.
Destacan las campañas informativas, de sensibilización y preventivas en materia de trata, #contralatrata, lanzada en 2018 por Policía Nacional. Campaña #trabajoforzoso; y la Campaña “Passport to indicators of trafficking”.
Además, cinco comunidades autónomas han elaborado su protocolo autonómico de protección de víctimas de trata de seres humanos, y desarrollan el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de trata.
Participación en la vida política y pública
Áreas en las que ha aumentado la participación de mujeres
El porcentaje de mujeres en el Gobierno español, ha aumentado del 28,6% (2015) hasta el 60,9% (2021); en el Congreso de los Diputados, pasando del 39,4% (entre 2016 y 2019) hasta el 43% actuales. Y en el Parlamento Europeo, se ha pasado del 41% en las elecciones de 2014 hasta el 47,1% en las elecciones de 2019. En las CCAA hay un 47,2% de mujeres en parlamentos autonómicos y un 47,2% en Consejerías; a nivel local, un 40,8% de las concejalías las ostentan mujeres y un 22% de las alcaldías.
El porcentaje de mujeres que ocupan puestos en órganos superiores y altos cargos de la AGE, ha crecido del 29,4% (en 2015) al 43,57% (en 2021).
En el ámbito empresarial, la participación de mujeres en las empresas del IBEX 35 alcanzó el 30,7% en 2021, aumentando así respecto al 18% de 2015.
En el ámbito judicial ha habido tres mujeres Fiscales Generales del Estado.
Medidas para aumentar la participación de mujeres en la vida política y pública
El III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la AGE, incluye 14 medidas para prevenir la discriminación por razón de sexo al acceder, captar y retener talento femenino, y para analizar la brecha salarial. Además, a través de departamentos ministeriales, la AGE imparte formaciónpara acceder a puestos directivos o predirectivos.
La Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicialintrodujo que las propuestas para la provisión de destinos de la carrera judicial valorarían su adecuación a la LOIEMH, y la designación según la presencia paritaria de los veinte vocales del CGPJ. Así, desde 2019, las bases de todas las convocatorias públicas destinadas a cubrir estos puestos de responsabilidad de la judicatura, deben incluir en su ponderación de méritos, las circunstancias y la jurisprudencia de la LOIEMH, del Tribunal Supremo y del Auto del Tribunal Constitucional 119/2018, de 14 de diciembre.
El I Plan de Igualdad de las Cortes Generales de 2020 contienemedidas relativas al acceso al empleo público y la carrera profesional; la representatividad; la conciliación y la corresponsabilidad; la prevención del acoso y el lenguaje inclusivo, entre otras.
La Guardia Civil, a través de su I Plan de Igualdad de la Guardia Civil de 2019, pretende visibilizar a las mujeres y dotarlas con herramientas con el propósito de aumentar el número de mujeres en puestos de decisión. En 2020, el 25% de los ingresados fueron mujeres.
LaPolicía Nacional en su I Diagnóstico de Situación de la Mujer en la Policía Nacional, analiza el período 2015-2019.
El Instituto de las Mujeres desarrolla programas para promover la participación de las mujeres en la Red “Mujer, Talento y Liderazgo” de visibilizacion de las mujeres directivas , la Red de empresas con distintivo “Igualdad en la Empresa” (Red DIE), el Programa REA, Programa ATENEA para mejorar las habilidades digitales de las mujeres. Canarias desarrollael Programa Igualdad SI con este mismo objeto. Asimismo, para visibilizar y sensibilizar sobre la participación de las mujeres en puestos de decisión, existe la página web “Mujeres en Cifras”.
La participación de organizaciones de mujeres de la sociedad civil se canaliza a través del Consejo de Participación de la Mujer. También se promueve esta participación mediante la convocatoria anual de subvenciones del Instituto de las Mujeres, y la convocatoria de subvenciones a cargo de la asignación tributaria del IRPF para desarrollar programas dirigidos a las mujeres.
Nacionalidad
El Código Civil y las Constitución española, garantizan que las mujeres españolas transmitan la nacionalidad a sus hijos en el momento de su nacimiento o de su adopción, si son menores de 18 años. Los hijos pueden conseguir la nacionalidad española siendo mayores de 18 años, y existe la opción de que sus hijos adquieran la nacionalidad española dentro de límites temporales y/o residiendo en España.
El Código Civil garantiza que las mujeres españolas puedantransmitir la nacionalidad española a su cónyuge, pues establece un plazo reducido de residencia en España para adquirir la nacionalidad por residencia, para quien sea cónyuge o haya enviudado de una mujer española.
Las mujeres españolas tienen diversas posibilidades de cambiar su nacionalidad voluntariamente. En el caso de desear poseer la nacionalidad de otro Estado, las mujeres españolas se guían por las normas de ese Estado en materia de nacionalidad. Conservará la nacionalidad española si dentro del plazo de 3 años desde que adquirió la nacionalidad extranjera, declara querer conservar la nacionalidad española, conforme al Código Civil. Respecto a la doble nacionalidad, no es necesario que renuncien a su nacionalidad los naturales de países iberoamericanos, de Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial o Portugal. Así, las mujeres naturales de estos países pueden preservar la nacionalidad española y su otra nacionalidad, sin renunciar a ninguna de las nacionalidades.
Educación
La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), reconoce el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia, el interés superior del menor, su derecho a la educación y a no ser discriminado. Recoge, asimismo, el principio de equidady se adhiere a la Agenda 2030 y a los ODS, estableciendo medidas obligatorias relativas al fomento de la igualdad en todas las etapas educativas e introduce la perspectiva de género en la enseñanza.
Instrumentos
En 2021 se ha publicado el Informe Igualdad en Cifras “Aulas por la igualdad”, que muestra que el número de mujeres es menor en el bachillerato de Ciencias (47,3%) y en la formación profesional, aunque las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario (56%). Este informe refleja que el 66,9% del profesorado total son mujeres, con un 66,3% de los puestos de dirección de centros escolares ocupados por mujeres; y que ha disminuido la tasa de abandono escolar de mujeres durante los últimos diez años, siendo el 48,7% en 2020.
Medidas conducentes a eliminar la brecha entre mujeres y hombres en las trayectorias formativas y profesionales
La LOMLOE establece que la Formación Profesional favorecerá todas las opciones profesionales, fomentando así, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres e incorpora la perspectiva de género en la orientación educativa y profesional del alumnado durante la Educación Secundaria Obligatoria.
La nueva ordenación curricular contempla impartir, en Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, Educación en Valores cívicos y éticos, y el tratamiento curricular de la historia de lucha por los derechos de las mujeres. En Bachillerato, se incluyen temas como la madurez personal, afectivo-sexual y social, para detectar y resolver posibles situaciones de violencia; y enseñar el papel de las mujeres en la historia.
Se promueve una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno y coordinación del ámbito escolar; y se incorporan medidas para desarrollar la igualdad efectiva en los planes de acción tutorial y convivencia, y en la elaboración de proyectos educativos.
Instrumentos que fomentan las materias científico-tecnológicas y STEM entre mujeres y niñas
En el marco de la Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie de ciencia, en febrero de 2022 se publicó el Informe “Radiografía de la brecha de género en la formación STEAM” con la finalidad de mostrar la presencia de las niñas y las mujeres en los estudios relacionados con las disciplinas científico-tecnológicas en España. Se ha creado un observatorio para analizar la brecha de género digital y tecnológica con datos que se actualizarán periódicamente. Además, hay un portal dirigido a toda la comunidad educativa y se van a convocar unos premios dirigidos a todos los centros educativos del país .
Medidas de formación para el profesorado en disciplinas STEM : Desde 2017 se organiza el programa ChicaSTEM . En 2019 se organizó el II Congreso Nacional SCIENTIX , abordando la cuestión Género y STEM, y el curso “Aulas por la Igualdad: el valor de coeducar”, que fomentaba las vocaciones STEM para mujeres y niñas, así como el curso de Herramientas para la mejora de STEM en aulas diversas y la Red de intercambia y el portal educativo“INTERCAMBIA, el valor de coeducar”, que permite compartir conocimientos y recursos.
La Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación lanzó en febrero de 2021, junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Innovación (FECYT), la plataforma Científicas e Innovadoras 2020 para visibilizar a las investigadoras e innovadoras españolas y su contribución en estas disciplinas. Desde esta Unidad y junto al Observatorio “Mujeres, Ciencia e Innovación” (OMCI), se publicaron los informes: “Mujeres e Innvoación”, en 2020; “Situación de jóvenes investigadoras en España” en 2021, que contiene recomendaciones para atraer el joven talento a disciplinas STEM; y “Científicas en Cifras 2021”, que identifica las brechas de género persistentes en este ámbito y aporta recomendaciones para abordarla. El OMCI en su programa de trabajo 2021-2022, busca visibilizar a las mujeres en ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Se organizan actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia ; se difunden campañas de sensibilización como “Niñas en pie de ciencia ”; el Congreso Internacional de Coeducación y Género sobre coeducación en el aula, o estereotipos de género en la educación STEM; la “Alianza STEM por el Talento femenino: niñas en pie de ciencia”, presentada por el MEFP.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) realiza mentorías y jornadas de puertas abiertas con centros educativos para promover la participación de mujeres y niñas en la Ciencia. Y ha publicado informes sobre las Mujeres en la Ciencia; organizó la exposición “Las chicas somos guerreras”, y la exposición “Mujeres ingeniosas: la ingeniería en femenino y el Programa “Ahora tú” , paraimpulsarel liderazgo y emprendimiento de mujeres ya tituladas.
El Instituto de las Mujeres, realiza actividades para incrementar las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y mujeres jóvenes. En colaboración con las CCAA, desarrolla el Programa “ADA”, el Programa “DIANA”, o el Programa “Quiero ser ingeniera” .
Educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos
La LOMLOE, incorpora la “educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo”.
El Ministerio de Sanidad estableció en 2019 un Acuerdo de Colaboración con elMEFP para la educación y promoción de la salud en la escuela, para prevenir la violencia y el acoso, y promocionar relaciones igualitarias y estilos de vida saludables, incluída la educación integral en sexualidad.
El Ministerio de Sanidad realiza el estudio internacional Health Behaviour in School-aged Children o HBSC, edición 2018: este estudio colabora con la Organización Mundial de la Salud que recopila información sobre estilos de vida de escolares entre los 11 y 18 años, obteniendo resultados útiles para promocionar la salud en los adolescentes y para disminuir la discriminación contra las mujeres.
El Plan Operativo de la Estrategia de Salud Sexual 2019-2020 , ha promovido educar sobre la salud sexual a lo largo de todas las etapas educativas.
Medidas de carácter inclusivo para el alumnado con discapacidad
España garantiza la atención a las necesidades individuales de los alumnos con discapacidad en sus centros educativos. Las medidas de la LOMLOE se adaptan a las necesidades específicas de los menores con discapacidad y aseguran el derecho a la educación, autonomía y participación de los menores con discapacidad.
En 2016 se desarrolló “La educación de las niñas con discapacidad”, organizada con la Fundación CERMI-Mujeres. En 2017 se organizó “La Intervención educativa en alumnado con sordo ceguera”. Y dos ediciones del “Programa Reina Letizia para la Inclusión” (2019 y 2021).
Medidas educativas para niñas romaníes
En 2021, se aprobó la Estrategia para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano (2021-2030), que incluye el enfoque de género como principio transversal y medidas específicas contra la discriminación y la violencia de género contra las mujeres de etnia gitana.
El porcentaje de mujeres romaníes sin estudios descendió del 58% en 2011, al 41,2% en 2018. También ha aumentado el porcentaje de mujeres con estudios primarios, del 30,9% en 2011 al 43,4% en 2018; y el porcentaje de mujeres con estudios secundarios o superiores, del 11% en 2011 al 15,5% en 2018.
La LOMLOE, promueve el estudio del pueblo gitano en el currículo educativo.Asimismo, en 2020, el “Grupo de Trabajo de Educación del Consejo Estatal del Pueblo Gitano” promovió el Protocolo orientativo para la inclusión de la historia y la cultura gitana en el currículo escolar y la prácticva docente . Se ha publicado la guía“Materiales educativos para enseñar la historia y cultura gitana en Primaria y en Secundaria”.
Además, en 2017 se diseñó el I Plan estratégico de convivencia escolar, aportando medidas concretas para mejorar la situación escolar del alumnado gitano.
El “Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación”, desarrollado desde 2018, se centra en colectivos especialmente vulnerables, incluyendo al alumnado gitano. Está previsto para el periodo 2020-2021 y cuenta con seguimiento.
Elestudio “Mapa de la segregación escolar del alumnado gitano en España”, comenzado en noviembre de 2019, entregó un primer informe de resultados en 2021.
Empleo y empoderamiento económico
Medidas relativas a la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato y la eliminación de la discriminación
Marco Normativo
La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo , facilita la conciliación de las personas trabajadoras autónomas, consiguiendo, mejorar las bonificaciones durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural;y se establecieron bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados supuestos. A este ámbito se le da especial atención en cumplimiento de la LOIEMH y su desarrollo a través del PEIEMH y otras medidas contenidas en Estrategias y Planes nacionales.
La Ley 1/2020, de 15 de julio, derogó el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo, que afectaba en mayor número a las mujeres; promociona la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, así como la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando el empleo para mujeres víctimas de violencia de género
El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, incorpora:
a)El concepto de “trabajo de igual valor” en el ordenamiento jurídico español;
b)Que las empresas realicen un “registro” de los valores medios de los salarios;
c)Que sea necesario presentar planes de igualdad en empresas de 50 o más personas trabajadoras, inscritos necesariamente en el Registro de planes de igualdad de las empresas;
d)El incumplimiento empresarial de planes de igualdad;
e)Enfatiza la igualdad retributiva;
f)Evita la discriminación contractual;
g)Estimula la flexibilidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar.;
h)Equipara los permisos por paternidad y maternidad (a 16 semanas). Sustituye las prestaciones económicas de Seguridad Social de maternidad y paternidad por una sola denominada “nacimiento y cuidado de menor”;
i)Introduce una bonificación de cuotas para trabajadoras autónomas durante los períodos de descanso por nacimiento, adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural;
j)Introduce una bonificación para trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo;
k)Crea una prestación económica por el ejercicio corresponsable del cuidado del lactante;
l)Recupera la financiación de las cuotas del convenio especial con la Seguridad Social de cuidadores no profesionales, mayoritariamente mujeres, de personas en situación de dependencia a cargo de la AGE.
El Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad, elimina la penalización por el tiempo transcurrido en situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad.
Medidas para favorecer la conciliación del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN): la Orden CNU/320/2019, y la Orden CNU/692/2019 .
El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, desarrolla la obligación de igual retribución por trabajo por igual valor, y regula el principio de transparencia retributiva y sus instrumentos. Para facilitar a las empresas el registro salarial se ha desarrollado una herramienta de registro retributivo, acordada con los agentes sociales y elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.
El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
A nivel nacional se ha puesto en marcha la “herramienta de autodiagnóstico de brecha salarial”, y un “Sistema de Valoración de Puestos de Trabajo con perspectiva de género”, y se continúa celebrando el “Día de la Igualdad Salarial”; y en el ámbito autonómico, mencionar inicativas como la Estrategia Asturiana contra la Brecha Salarial (2016-2018) y el I Plan de Acción contra la Desigualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, en Andalucía.
La Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, reconocela igualdad en el ejercicio de conciliación de las personas trabajadoras presenciales y de las que realizan trabajo a distancia.
Instrumentos
Para combatir la segregación horizontal y vertical, el Instituto de las Mujeres impulsa medidas en el ámbito empresarial como el servicio de asesoramiento gratuito para empresas134, facilitando herramientas para trabajar los planes, protocolos o medidas frente al acoso sexual y por razón de sexo; ha convocado subvenciones a empresas hasta 2019; para elaborar planes de igualdad otorga el distintivo “Igualdad en la Empresa”; y realiza una tarea de sensibilizaciónmediante el Boletín Igualdad en la Empresa (BIE).
Medidas para favorecer la igualdad de la mujer en el acceso al empleo: reflejadas en la Estrategia Española de Activación para el Empleo (2017-2020); en la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo (2021-2024); en las medidas específicas destinadas a las mujeres e incluidas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021; el Plan “Reincorpora-t” (2019-2021) para prevenir y reducir el desempleo de larga duración; y en el componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021.
Se incentiva la contratación de mujeres con discapacidad mediante subvenciones estatales, como el Programa de atención, información y orientación para la formación e inserción socilaboral de las mujeres con discapacidad y la Red internacional de mujeres con discapacidad, ambos de la Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA.
Medidas relativas a la participación de mujeres en puestos de toma de decisiones en el ámbito empresarial
La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, establece la obligación de concretar elimpacto de su actividad respecto al personal, fomenta la participación decisoria de las mujeres en los puestos directivos de grandes empresas y obliga a grandes empresas y grupos a adoptar medidas que favorezcan la igualdad de trato y de oportunidades.
La CNMV aprobó en 2015, el nuevo “Código de Buen gobierno de las sociedades cotizadas”, que insta a promover que el número de consejeras represente al menos, el 30% del total en 2020.
El Instituto de las Mujeres desarrolla la iniciativa “Más mujeres, mejores empresas”, que incluye:
a)Convenios/Protocolos de colaboración, herramientas para favorecer la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones empresariales-económicas, actividades para identificar sesgos inconscientes de género.
b)Red Mujer, Talento y Liderazgo para visibilizar a mujeres directivas.
c)Proyecto Promociona, busca mejorar el acceso de las mujeres a los puestos directivos.
d)Proyecto Progresa para “líderes emergentes”, desarrollado con el Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
e)Programa “Talentia 360. Mujeres directivas”, desarrollado junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI).
El Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 desarrolla medidas como la formación de inspectores especializados en materia de discriminación a nivel provincial, así como actuaciones verificadoras para que las empresas arbitren un procedimiento específico para el acoso sexual y por razón de sexo. La Unidad de Lucha contra la discriminación está encargada de vigilar la igualdad de trato, la igualdad de género y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en las empresas, y a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude detecta discriminación salarial empresarial. El Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (2021-2023), que incluye un bloque con objetivos y acciones específicas en materia de Igualdad y no discriminación en el trabajo, lleva a cabo la creación efectiva de la Oficina Estatal de Lucha contra la discriminación, encargada de potenciar una actuación inspectora con perspectiva de género.
Salud
España ofrece cobertura sanitaria pública universal mediante el Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto a nacionales españoles como a extranjeros, mediante el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que modificó al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. Ofrecen igualmente asistencia los Servicios Regionales de Salud.
Se ha ampliado el Cátalogo de Buenas Prácticas del SNS en las Estrategias del SNS: Salud Sexual, Atención al Parto y Salud Reproductiva y Actuaciones Sanitarias frente a la Violencia de Género.
Se ha trabajado en la elaboración del Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la violencia sexual en el SNS.
Se ha retomado la elaboración del Informe Salud y Género que periódicamente venía haciendo el Observatorio de Salud de las Mujeres. El eje central consiste en hacer un recorrido desde la perspectiva de género por diferentes aspectos de impacto en salud de la pandemia por COVID-19.
Se están realizando Ciclos de Seminarios Web sobre Covid-19, Género e Impactos en Salud; grabados y de libre acceso en la página web del OSM.
Se ha aprobado por el CISNS el Instrumento Común Estandarizado para la Detección Temprana de la Violencia de Género en el SNS.
Se ha presentado al Comité Institucional de la Estrategia de Salud Reproductiva el documento Propuesta de Batería de Indicadores Comunes del SNS para la Evaluación de la Estrategia de Salud Reproductiva. Se ha trabajado en la primera recogida de indicadores básicos para actualizar el último informe de datos existente hasta 2018.
La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo garantiza a todas las mujeres el derecho a su salud reproductiva, incluyendo el aborto, y asegura la disponibilidad de información y asesoramiento para que las mujeres puedan escoger entre distintas opciones.
La accesibilidad a métodos anticonceptivos: desde noviembre de 2019 se financian anticonceptivos de última generación a cargo del SNS.
La capacitación del personal sanitario se fortaleció mediante el “Convenio Marco de Colaboración” firmado hasta 2016, entre el Instituto de las Mujeres y el Instituto de Salud Carlos III para la formación en Salud Pública y Género mediante el Diploma de Especialización en Salud y Género. El Ministerio de Igualdad y el Instituto de las Mujeres están impulsando la reforma de esta Ley Orgánica para garantizar y consolidar los derechos de las mujeres en dicho ámbito.
gualmente, el Instituto de las Mujeres junto con Consejerías y Servicios Regionales de Salud autonómicos, ha impartido cursos formativos y de sensibilizacióndirigidos al personal sanitario. El “Plan Operativo de la Estrategia de Salud Sexual 2019-2020”, abordaba la educación en materia de salud sexual.
Medidas relativas a la atención de la salud de las mujeres con discapacidad
La Ley General de Discapacidad respeta la dignidad inherente, la autonomía individual, la libertad decisioria y la independencia de todas las personas. España modificó el Código Penal en 2015 en lo relativo a la esterilización. El Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española de Discapacidad introduce el enfoque de género en las políticas sociosanitarias, detecta violencia o malos tratos contra mujeres con discapacidad, y capacita al personal sanitario respecto a las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Atención de la salud para mujeres que viven con VIH
El acceso universal a la asistencia sanitaria en Españagarantiza que las personas que viven con VIH tienen derecho a tratamiento antirretroviral gratuito.
España, convoca subvenciones anuales destinadas a entidades que previenen y controlan la infección por el VIH.
En 2018 fueron publicados “Epidemiología del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres” , Infografías sobre VIH y Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en mujeres , y elDocumento de consenso para el seguimiento de la infección por el VIH en relación con la reproducción, embarazo, parto y profilaxis de la transmisión vertical del niño expuesto. En 2019 se incluyó por primera vez a mujeres trans “Documento Mujer y VIH”, que despliega un enfoque integral en la atención sanitaria a las mujeres con el VIH. En 2020 se publicó “Violencia hacia las mujeres en el ámbito del VIH”.
Desde la Secretaría del Plan Nacional Sobre el Sida (SPNS), se trabaja en la formación de los profesionales y las ONGs para sensibilizar acerca de las mujeres que viven con el VIH.
Para realizar un seguimiento de las mujeres embarazadas que viven con el VIH y de sus hijos, en 2020 se formalizó un contrato entre la Asociación Española de Pediatría (AEP) y el Ministerio de Sanidad.
Mujeres refugiadas y solicitantes de asilo
Marco Normativo
Respecto a la Convención y la Recomendación general nº32 del Comité CEDAW, la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria protege específicamente a niñas y mujeres proporcionandoles un tratamiento diferenciado en las entrevistas de formalización y para solicitudes consideradas vulnerables, incluyendo: mujeres y niñas solicitantes de asilo, menores no acompañados, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, víctimas de trata.
La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) cuenta con Directrices para tratar persecuciones específicas vinculadas a género, inclusive: MGF, matrimonio forzado, violencia sexual, trata y explotación sexual, crímenes de honor, violencia doméstica, esterilización o aborto forzado y discriminación.
Instrumentos
La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR), realiza la propuesta de resolución de los expedientes de protección internacional y vela por la aplicación de la perspectiva de género en todos los casos y, en especial, en los de mujeres y niñas sometidas a situaciones de violencia por el hecho de ser mujeres. Con carácter general y siempre que los expedientes no cuenten con información suficiente para la adopción del criterio, se ha establecido la posibilidad de realizar una segunda entrevista o requerir ampliación de alegaciones.
La DGPPIAH gestiona el sistema nacional de acogida integral e inclusión para solicitantes de asilo, refugiados y otros beneficiarios de protección internacional; emplea itinerarios individualizados y prevé plazas de acogida específicas para mujeres víctimas de trata y sus hijos.
Las subvenciones del Sistema de Acogida de Proteccion Internacional financian necesidades de las personas solicitantes de protección internacional más vulnerables. Las entidades con más de 100 plazas deben disponer como mínimo, dos plazas adaptadas para personas con discapacidad.
El personal de la OAR está formado en Derecho y Protección Internacional, perfiles vulnerables y perspectiva de género. Policía Nacional imparte cursos especializados en materia de fronteras sobre "Asilo y Refugio" garantizando así, la aplicación del Protocolo Contra la Trata de Seres Humanos.
Se proporciona atención psicológica, colaborando con servicios psicológicos y psiquiátricos de Administraciones Públicas y entidades privadas. Durante el proceso de integración, se realizan intervenciones individuales y grupales para reducir el estrés y el sufrimiento emocional.
La asistencia jurídica y el asesoramiento legal, orienta sobre las solicitudes de protección internacional, extranjería y el estatuto de apátrida con actividades específicas dirigidas a mujeres en casos de separación o divorcio, violencia física, psicológica o sexual y posibles casos de trata.
El 30 de abril de 2021, fueron aprobadas las "Instrucciones para la formalización de solicitudes de protección internacional" que pretende reforzar las garantías para las personas solicitantes, y realiza una mención especial en los casos de personas que pueden requerir medidas de atención y apoyo especiales como son las mujeres gestantes, familias monomarentales, víctimas de trata o personas víctimas de torturas, agresiones sexuales u otras formas graves de violencia psicológica o física.
En los pliegos para la contratación de servicio de interpretación y traducción para la OAR se prevé que las personas que presten el servicio deben contar con competencia en materia de interpretación a personas vulnerables como menores, personas de edad avanzada, víctimas de violencia psicológica, física o sexual o personas con trastornos psíquicos.
El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, ya mencionado, incluye medidas específicas para mujeres desplazadas.
Matrimonio y relaciones familiares
Medidas relativas a las situaciones de custodia
Marco normativo
La legislación penal establece que, si la víctima de la violencia doméstica es un menor, el progenitor condenado quedaría inhabilitado para ejercer la patria potestad. En los casos más graves, según el artículo 33 del CP, se podría privar de la patria potestad en caso de, entre otros, MGF, lesiones físicas o psíquicas, amenazas y coacciones, a quien sea o haya sido su cónyuge o sobre la persona que esté o haya estado ligada al autor del delito por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, pornografía y prostitución infantil (art. 192), suposición de parto, sustracción de menores, y abandono de familia.
La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio , de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia modificaron La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor:
a)Valora la situación de violencia de género, al regular el ejercicio de la patria potestad y régimen de guardia y custodia de visitas;
b)Considera como víctimas directas de la violencia de género, a niños y niñas que crecen en entornos donde se ejerce violencia de género;
c)Mejora el régimen de visitas;
d)Insisteen en la obligación de los órganos judiciales de pronunciarse sobre las medidas cautelares y de aseguramiento;
e)Atiende a la voluntad del menor;
f)No procederá a la guarda conjunta cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos, y cuando existan indicios fundados de violencia doméstica o de género.
Ante situaciones de violencia en el ámbito familiar, destacan las siguientes medidas de protección de la mencionada LOPIVI:
a)Privar de la patria potestad al progenitor autor de un delito, cuando la víctima fuere hijo o hija del autor, respecto de otros hijos e hija, si existieren, o cuando la víctima y el autor de los delitos de homicidio o asesinato tuvieran un hijo en común;
b)Para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas, la autoridad judicial suspenderá cautelarmente el ejercicio de la patria potestad y/o de la guarda y custodia, el régimen de visitas y comunicaciones establecidos en resolución judicial o convenio judicialmente aprobado; y otras disposiciones oportunas;
c)La LOPIVI completa y revisa el sistema de protección de la infancia y adolescencia del año 2015, al describir indicadores para valorar la situación de riesgo y establece un sistema de garantías de protección de la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad;
d)Cuando existieran indicios fundados de que los hijos menores de edad hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia doméstica o de género, la autoridad judicial suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores dependientes de él, salvo en el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paternofilial.
Conforme a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica , modificando el artículo 94 del Código Civil:
a)No se establecerá régimen de visita o estancia respecto del progenitor incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos; y cuando el juez advierta que existen indicios fundados de violencia doméstica o de género, salvo en el interés superior del menor;
b)No se establecerá régimen de visitas respecto del progenitor en situación de prisión provisional o por sentencia firme, acordada en procedimiento penal por los delitos previstos en el párrafo anterior.
Se reforma el artículo 156 del Código Civil, para garantizar que no sea necesario el consentimiento de ambos progenitores si existen indicios de que el niño o la niña viva en un entono de violencia de género, incluso sin denuncia previa, si la mujer recibe asistencia de un servicio especializado de violencia de género que emita un informe acreditando la situación.
Desde 2018, la FGE se coordina con Secciones Civiles y de Violencia de Género para reunir información completa sobre la situación de violencia en el ámbito familiar, a la hora de decidir la guarda y custodia y el régimen de visitas.
Instrumentos
El PEVG, prevé impedir la imposición de la custodia compartida respecto a la relación paternofilial cuando existan supuestos de violencia de género. Igualmente, prevé un régimen de visitas muy restrictivo en tales situaciones incluyendo las visitas supervisadas en puntos de encuentro familiar con carácter cautelar.
La Memoriade la FGE recoge y analiza datos estadísticos relativos a la protección de menores, recuerda la importancia de que los fiscales soliciten medidas civiles para su protección y la de la madre, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
La FGE firmó un Convenio Marco en 2018 con la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental (SEVIFIP) que intensifica la colaboración mutua, estableciendo líneas de trabajo sobre las causas de la violencia filio-parental y sus secuelas.
Para mejorar y homogeneizar la respuesta judicial, desde junio de 2020 existe la “Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida”.
Información adicional
Medidas en respuesta a la situación originada por la pandemia de Covid-19
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, creó un subsidio extraordinario temporal a empleadas de hogar.Y el Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.