Políticas Públicas de Género

1  283 930,00

Proyecto Política Fiscal

26 900,00

Fondo ProMujeres

704 340,00

Total

1 826 990,00

A esto se suma el importante aporte de la cooperación internacional, tanto en recursos financieros como de asistencia técnica especializada que ascendió a 1.508.656,00 dólares de los Estados Unidos, dando un total de 3.335.556,00 dólares de los Estados Unidos destinados a la implementación del PIO en el 2007.

Como se puede evidenciar, los recursos fiscales asignados para la inversión son limitados, dentro de éste, el monto correspondiente al rubro de Políticas Públicas de Género se distribuye en el trabajo que el CONAMU realiza en los 4 ejes de derechos que contempla el PIO.Adicional, los recursos específicos asignados para los proyectos de Política Fiscal con Enfoque de Género y el Fondo Produjeres no han permitido avanzar de manera significativa en la incorporación de la perspectiva de genero en el Estado. No obstante, el trabajo realizado por el CONAMU con el apoyo de otras instituciones nos ha permitido avanzar lentamente en la estructura del Estado, así también se han dado importantes logros a través de la creación de oficinas de atención a la mujer en diferentes gobiernos locales.

Entre las limitaciones con las que se cuenta, además del escaso presupuesto fiscal, son los diferentes retrasos en las transferencias de fondos por parte del Estado, así también, la nula o paca sensibilidad que existen en los diferentes instituciones del Estado para apoyar las gestiones de la institución en pro de los derechos humanos de las mujeres.

Según el informe del Estado parte (párr. 222) la Ley de Cuotas exige una participación mínima del 30% de mujeres entre los candidatos para las elecciones generales, y también cuotas del 20% de mujeres empleadas en la administración de justicia y como candidatas en las elecciones para cargos públicos. No obstante, la aplicación de la Ley no ha sido suficiente para satisfacer los niveles exigidos. Sírvanse describir las medidas se están aplicando para superar los obstáculos estructurales y de otro tipo que impiden el cumplimiento de los requisitos de la Ley de Cuotas; la manera en que puede aplicarse en el futuro la decisión del Tribunal Constitucional en relación con el Tribunal Supremo Electoral; y si se está impartiendo formación a nivel nacional sobre la capacidad de liderazgo de las mujeres y la aceptación dicha capacidad por parte de los hombres.

Se espera contar con la información en los próximos días

En el (párr. 97) se declara que la Convención ha sido invocada en procesos judiciales nacionales, sobre todo en los casos de violencia doméstica y relaciones con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sírvase proporcionar una descripción detallada de estos casos y un resumen de los resultados.

No se cuenta con la información requerida, se están haciendo las debidas consultas.

Según el párrafo (párr. 163), a pesar de estar muy extendida, la violencia contra la mujer “es considerada todavía como contravención y no como delito”. Sírvase facilitar información sobre las gestiones realizadas para enmendar la ley, el número de denuncias relativas a la violencia contra la mujer recibidas por la Dire cción Nacional de Género 2005- 2007, el número de denuncias presentadas a los tribunales y el número de sentencias judiciales ejecutadas. Sírvanse también proporcionar información sobre los resultados de la labor realizada hasta finales de 2007 por la Mesa de Incidencia Política y si existen planes para crear un observatorio nacional encargado de recopilar datos sobre la violencia contra la mujer.

La Dirección Nacional de Género del Ministerio de Gobierno producto del Proyecto Fortalecimiento de DINAGE y atención emergente de delitos sexuales desde instancias contravencionales, que conjuntamente esta desarrollando con el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (CEPAM), a partir del mayo 2007 cuenta con un Sistema Informático que le permite ingresar la información que sobre casos de violencia intrafamiliar se receptan y tramitan en las 31 Comisarías de la Mujer y la Familia a nivel nacional.

En el año 2005 se receptaron 57.385 casos de violencia intrafamiliar en las 30 Comisarías de la Mujer y la Familia, mismas que no incorporan la totalidad de la información del último semestre de la Comisaría Primera de la Mujer y la Familia de Guayaquil.En el año 2006 se registraron 64.775, reflejándose un incremento del 11% en denuncias de casos de violencia intrafamiliar y considerándose además los datos reportados por la Comisaría Primera de la Mujer y la Familia del Cantón Lago Agrio que empezó a funcionar a partir del mes Octubre del año 2006.En el año 2007 las 31 Comisarías de la Mujer y la Familia que brindan el servicio de administración de justicia en materia de violencia intrafamiliar han reportado 65.494 denuncias salvo información no remitida por las Comisarías Primera de la Mujer y la Familia de los Cantones de Babahoyo, Portoviejo y Rumiñahui.

En la Ley No. 103 se establece la sanción al agresor y el pago de indemnización de daños y perjuicios de 1 a 15 salarios mínimos vitales dependiendo de la gravedad, impacto y consecuencias del acto de violencia; reposición de bienes o trabajo comunitario.

En referencia al Código Penal las sanciones se constituyen en prisión correccional y/o multa además de la indemnización conforme el daño causado, cuando el acto de violencia se constituye en contravención. En caso de que la gravedad del acto de violencia se constituyera en delito, con motivo de las reformas efectuadas al Código penal en al año 2005, se han previsto agravantes específicos a delitos sexuales en particular respecto de relaciones de parentesco o de poder, penas de reclusión, y por primera vez en la legislación ecuatoriana se ha establecido la acumulación de penas, asunto no contemplado para otro tipo de delitos de carácter penal. Así como se ha regulado para evitar la revictimización el no permitir que se considere en el proceso el comportamiento anterior de la victima y en el caso de las personas menores de edad de 18 años no se considera el consentimiento de la víctima.

En las Comisarías de la Mujer y la Familia desde el año 2005 hasta el año 2007, se han juzgado 21.242 casos, 16.995 mediante el trámite contravencional y 4.247 a través del trámite especial.

Desde el año 2005 hasta el año 2007, respecto del número de denuncias se observa la visibilización de la violencia intrafamiliar y la creciente demanda y respuesta de las Comisarías de la Mujer y la Familia como se refleja en el siguiente cuadro:

CMF

Año

Casos remitidos a fiscalia No. denuncias Receptadas

Sentencias

Resoluciones

Indemnizaci ó n daños y perjuicios reposició n de bienes trabajo comunitario

Condentarias

Absolutoria

Prisión

Multa

2005

57 385

660

4 498

563

32 075 110 012

2006

64 775

670

4 096

1 103

595 694 132 171

2007

65 494

767

4 045

1 096

6 791 530 617 240

Además, es creciente el número de casos en que las Comisarías de la Mujer y la Familia han dispuesto medidas de protección establecidas en la ley N° 103 orientadas a la prevención de nuevos hechos de violencia conforme lo señala el Art. 13 de la misma, en el lapso del año 2005 al año 2007, señaladas en el siguiente cuadro:

Medida de Amparo

No. de medidas de amparo dispuestas

Boletas de auxilio (medida de amparo numeral 1)

145 094

Ordenes de salida del agresor de la vivienda (medida de amparo numeral 2)

20 043

Prohibiciones para que el agresor no se acerque a la agredida en su lugar de trabajo o estudio (medida de amparo numeral 3)

96 245

Restricciones del agresor para acceder a la persona violentada (medida de amparo numeral 4)

84 417

Prohibiciones para que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice actos de persecución o de intimidación a la víctima (medida de amparo numeral 5)

110 863

Reintegros al domicilio a la persona agredida (medida de amparo numeral 6)

7 847

Otorgamientos de custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea (medida de amparo numeral 7)

25 463

Tratamiento para las víctimas de violencia intrafamiliar, agresores y los hijos menores de edad si fuere el caso (medida de amparo numeral 8)

40 946

Durante los años 2005, 2006 y 2007 las Comisarías de la Mujer y la Familia han remitido 2.097 casos al Ministerio Público ya sea por incumplimiento de medidas de amparo, o cuando el acto de violencia denunciado se constituye en otro tipo de delito, por ejemplo cuando del reconocimiento médico legal realizados a la víctima de violencia se establece que la incapacidad para el trabajo supera los tres días.

En los lugares donde no existen Comisarías de la Mujer y la Familia son competentes para conocer casos de violencia intrafamiliar la Intendencia, Subintendencia, Comisarías Nacionales de Policía y Tenencias Políticas por lo que la Dirección Nacional de Género ha requerido también a estas dependencias el reporte de casos de violencia intrafamiliar que hayan llegado a su conocimiento; así como también se ha iniciado procesos de capacitación en género y procedimiento en casos de violencia intrafamiliar con estos funcionarios/as.

En el informe (párr. 56) se notifica un aumento de las denuncias de violencia psicológica contra la mujer presentadas a la Dirección Nacional de Gobierno y se describen los servicios sociales y psicológicos que presta la Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de la Mujer, La niñez y la Adolescencia. Sírvanse facilitar información sobre el número de víctimas que solicitan esos servicios .

Como se señaló en párrafos anteriores cuando se demanda en las Comisarías de la Mujer y la Familia un caso de violencia intrafamiliar por violencia psicológica y/o sexual, este se lo tramita mediante el procedimiento especial, de lo cual se desprende que durante el año 2005 se receptaron 863 casos; 997 en el año 2006 y 2387en el año 2007.

Con el objeto de contar con mejores registros sobre la violencia se ha elaborado un software en colaboración con el Municipio Metropolitano de Quito, experiencia que en un futuro cercano será replicado a nivel nacional.

El informe (párr. 170) el Acuerdo Ministerial 3393, que prevé un conjunto de mecanismos para la erradicación del delito sexual en el ámbito educativo. Sírvanse proporcionar información sobre el carácter de esos mecanismos y si se han establecido en todas las escuelas, el número de delitos ocurridos y si tales mecanismos también promueven medidas preventivas.

Este es un proceso en implementación, por lo que la información que se sistematiza a continuación es lo mas relevante sobre de los Comités de Vigilancia y su accionar respecto a los delitos sexuales en el ámbito educativo.

1)Los Comités de Vigilancia son espacios que están en proceso de implementación e institucionalización en las instancias locales, como son las provincias, cuya contraparte local son las Direcciones Provinciales de Educación del Ministerio de Educación del Ecuador.

2)El objetivo es lograr Institucionalizar en las 24 provincias del Ecuador los Comités de Vigilancia de los delitos sexuales, disposición contemplada en el Acuerdo 3393 del Ministerio de Educación y Plan Operativo 2008 CONAMU

3)En la actualidad se cuenta con 8 Comités de Vigilancia conformados en 3 provincias de la región sierra, 2 Comités en la Costa y 2 en el Oriente trabajando con planes operativos, 4 Comité en proceso en proceso de formación

4)Los aliados estratégicos en este proceso son Gobiernos locales, ONGs, Cooperación Internacional

5)Las dificultades principales que se han tenido en este proceso: Resistencia de las autoridades nacionales y locales de educación, falta de sensibilidad de los educadores/as frente al tema agrupados en el gremio, procesos administrativos engorrosos y lentos en el tratamiento de los casos de delitos sexuales contra estudiantes en la Comisión de Defensa Profesional de las Direcciones Provinciales de Educación

6)Los logros: Se cuenta con un Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo política del Ministerio de Educación, se cuenta también con normativas jurídicas: Acuerdo 3393 ME tratamiento delitos sexuales. Acuerdo 403 ME. que norma la institucionalización de la educación sexual en todos los planteles educativos del país. Acuerdo 062 ME que dispone la institucionalización del Plan Nacional de los delitos sexuales en todos los planteles educativos del país. Acuerdos interinstitucionales que comprometen a las instituciones del Estado, Sociedad y cooperación internacional para trabajar en un proceso sostenido

7)El esfuerzo de unir compromisos entre actores del Estado y la ciudadanía, nos ha demostrado que constituye un aporta a la solución de problemáticas graves como en este caso son los delitos sexuales. Así también el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional entre instituciones estatales que trabajan en los mismos temas, permite incidir desde estos espacios en la elaboración de programas, políticas públicas, normativas jurídicas que propician el tratamiento de temas como derechos humanos, violencia de género, erradicación de los delitos sexuales, entre otros. Ejemplo en los Comités de Vigilancia trabajan coordinadamente CONAMU, Ministerio de Educación con sus Direcciones Provinciales de Educación, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Ministerio Público, MSP Se ha podido visibilizar la necesidad de que las instituciones del Estado se preocupen de invertir en la capacitación del recurso humano, así como recursos financieros para operativizar estos nuevos espacios que se crean.

8)No se cuenta con estadísticas sobre denuncias y medidas de prevención, eso justamente es una responsabilidad de los Comités de Vigilancia que se conforman, y es prioridad en sus planes operativos.

Saludos

Sírvanse proporcionar información sobre los resultados obtenidos con el Programa de Protección de Víctimas de Violencia Sexual en el Fondo Produjeres y si en 2066 y 2007 se establecieron a nivel local nuevos programas para proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia.

Dentro del Fideicomiso Promujeres, se creó el Programa de Protección a Víctimas de Violencia Sexual, los fondos recaudados por el Programa, permitirán:

Apoyar en el diseño, promoción, ejecución, monitoreo y evaluación de planes, programas o proyectos, tendientes a brindar protección a niñas/os, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual como:

•Campañas de educación sensibilización y prevención;

•Patrocinio legal y acompañamiento psicológico y social a víctimas;

•Programas de protección de víctimas y testigos;

•Implementación y mantenimiento de casas de acogida y seguridad; y,

•Mantenimiento de una base de registro de casos.

En cuanto a otros programas, en Guayaquil el CEPAM tiene un proyecto con el BID que se denomina: Fortalecimiento de capacidades locales para atención de la violencia intrafamiliar dentro del cual el CONAMU también apoya técnica y financieramente. El objetivo general de este proyecto es el de reducir los índices de violencia intrafamiliar a través del fortalecimiento de las capacidades locales y de la implementación de dos centros integrales pilotos de atención en las áreas de Guasmo y Bastión Popular.

Se cuenta también con la Mesa de Equidad de Genero del Municipio de Guayaquil, que busca posicionar la violencia intrafamiliar y contra las mujeres como una problemática social de derechos humanos y de seguridad ciudadana, así como convocar los esfuerzos políticos, financieros, técnicos y otros necesarios para su prevención y atención.

En este contexto el CONAMU suscribió un convenio con el CEPAM Guayaquil cuyo objetivo específico es “Fortalecer el proceso de capacitación a equipos interdisciplinarios de atención a víctimas de violencia de género, a fin de construir un modelo de restitución de derechos institucional que responda a dinámicas locales en Bahía, San Vicente y Manta y Portoviejo”

Así también se han suscrito convenios específicos 2006-2007 con los Municipios de Manta y Sucre, buscando promocionar procesos de equidad de género que permitan crear condiciones encaminadas a la gestión de las políticas nacionales y locales con enfoque de genero en el marco del fortalecimiento de los gobiernos locales como garantes de los derechos humanos de mujeres niñas niños y adolescentes.

El trabajo que se ha realizado con estos municipios ha sido en el marco de los ejes del Plan Nacional de Violencia de Género.

En el informe (párr. 169) se explica que se estableció un Comité de Género en el Ministerio Público como parte del proceso de incorporación de una perspectiva de género en la administración de justicia, y que se imparten cursos de capacitación para jueves, comisarías de la mujer y la familia y agentes de la policía sobre casos de violencia psicológica o sexual. Sírvanse facilita información sobre los efectos de dicha capacitación; si ésta ha dado lugar a procedimientos de investigación que tengan más en cuenta las cuestiones de género; y cómo se supervisan esas investigaciones.

Con la creación mediante acto administrativo del Comité de género al interior del Ministerio Publico y el proyecto del ILANUD 2001-2004 se logro capacitar en la formación de formadores al 90% de fiscales a nivel de país, además se ha logrado actualizar el manual de fiscales en cual se ha incorporado el enfoque de género.

Con este programa de capacitación se ha logrado trabajar en el enfoque de genero como un eje transversal en toda la política penal al interior del Ministerio Publico dando como resultado de este proceso la creación del programa de victimas y testigos, la creación Unidad de Delitos Sexuales y de violencia intrafamiliar, así como también la incorporación del enfoque de genero en los 3 peritajes legales: psicológico, medico y de trabajo social.

Varios relatos especiales de las Naciones Unidas han expresado inquietud acerca del riesgo de trata en el Estado parte, y en especial de la introducción de personas de Colombia al Ecuador. El informe (párrs . 172 y 175) incluye información sobre la creación de la Comisión Interinstitucional y de la Secretaría Técnica explica que desde 2007 ésta procura aplicar el Plan Nacional para combatir el plagio de personas, el tráfico ilegal de migrantes, la explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, la pornografía infantil y corrupción de menores. Sírvanse facilitar información acerca de la situación actual de la aplicación de dicho Plan, la protección específica que ofrece a las mujeres y si el Estado ha aprobado leyes y sanciones penales que, tipifiquen como delito la introducción ilegal de personas por las fronteras del país. Sírvanse proporcionar también información sobre el alcance de la trata de mujeres en el Ecuador.

De conformidad con el mandato constitucional establecido en el Art. 41: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, a través de un organismo especializado, que funcionará en forma que determine la ley, incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”. La creación de esta entidad responde, a la prioridad y compromisos asumidos por Ecuador en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, efectuada en Beijing en 1995, así como las recomendaciones establecidas por el Comité de la CEDAW en el 2003,el Consejo Nacional de las Mujeres-CONAMU, como parte de la Secretaría Técnica del Plan de Trata ha promovido y participado activamente en las diversas acciones realizadas, especialmentea través de la asistencia técnica y el financiamiento para la contrataciónde asesoras especializadas tanto nacionales como extranjeros.

Actividades generales:

a)Coordinación interinstitucional con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales interesadas. En este contexto, CONAMU apoyó activamente la expedición del Decreto 1981 y su aplicación a partir de la conformación de la Comisión para la Elaboración del Plan Nacional para Combatir el plagio de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niñas, niños yadolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores.

b)En septiembre 2006, CONAMU realizó una primera capacitación sobre Trata dirigido a ONG’s. DEVIF (antes ODMU), Corte Suprema y la Red de Mujeres Fiscales.

c)Se trabajó colectivamente el Plan de Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo Acuerdo Ministerial 403 del 10 de Agosto del 2006. Verdocumento en Web:http://www.cnna.gov.ec/archivos/plan_erradicacion_delitos_sexuales_v04.pdf, (incluye la explotación sexual)

d)Participación en la elaboración colectiva del Plan contra el Turismo Sexual del Ministerio de Turismo.

e)Convenio con los municipios locales de Manta, Bahía, Cotacachi para la implementación y fortalecimiento de las Oficinas Técnicas de la Mujer para la defensa de los DH de las mujeres, niños, niños y adolescentes y erradicación de los delitos sexuales.

f)Ejecución del proyecto: Aprendizaje para la construcción de un sistema de restitución de derechos de víctimas de violencia de género en el servicio de administración de justici a del Ecuador , financiado por EUROSOCIAL JUSTICIA, en la primera fase de este proyecto se realizó la visita de observación a los sistemas de protección de derechos de las víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de trata y explotación sexual, realizado del 8 al 21 de Diciembre del 2007.

g)El CONAMU es miembro de la Comisión Interinstitucional y de la Secretaría Técnica del Plan Nacional para combatir la trata y tráfico de personas y en coordinación con otros organismos del Estadoha venido trabajando en el diseño del plan estratégico y operativo del citado plan, que cuenta con los siguientes ejes: prevención, investigación, sanción y protección- reparación.

En el contexto del Plan Nacional de Trata los organismos miembros del plan se propusieron como actividad prioritaria realizar un diagnóstico situacional de la problemática a nivel de país. CONAMU como integrante de la Secretaría Técnica de Trata apoya técnicamente el seguimiento de este proyecto BID/CNNA, denominado: Apoyo a la implementación del Plan Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas en el Ecuador, que tiene como objetivo contribuir a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para mejorar su desempeño en la erradicación de la trata y el tráfico de persona y contribuir a la aplicación del Plan Nacional.

Capacitación/Sistematización experiencias

h)Fortalecimiento para validación de metodología residencial de atención a mujeres víctimas de delitos sexuales, Casa de Refugio María Amor de Cuenca.

i)Talleres y eventos de capacitación a nivel local sobre violencia sexual, dirigidos a operadores de diferentes sistemas de educación, salud y sociedad civil.

j)Trabajo de información y difusión de derechos conjuntamente con gobiernos locales, especialmente sobre violencia de género, sexual e intrafamiliar.

k)Sistematización de modelos de atención de las redes de protección a las victimas de violencia en el cantón Cuenca.Apoyo técnico y financiero del CONAMU al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca.

Proceso de reforma legal

Impulso a la aprobación de la Ley Orgánica de SaludPublicada en el Suplemento de R.O No. 423 del 22 de Diciembre del 2006, en la que se incorporó un capítulo específico sobre violencia de género.

Incidencia en las Políticas públicas

Integrante de la Secretaría Técnica del Plan de Erradicación de la Violencia de Género, actualmente se mantiene reuniones periódicas parael diseño y fortalecimiento técnico a los Ministerios de Educación, Salud, Gobierno en relación con los ejes y competencias del Plan.

Fortalecimiento de la capacitación ciudadana y contraloría social

Constitución de 6 comités de vigilancia para el tratamiento de casos de delitos sexuales en el ámbito educativo con las Direcciones Provinciales de Educación de Esmeraldas, Azuay, Manabí Tulcán, Sucumbíos y Chimborazo.

Proyecto Ecuador Adolescente con el apoyo técnico –financiero de la Cooperación Técnica Belga, mediante el cual se promueve la conformación de redes sociales en 12 ciudades del país para la defensa y promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivo de los y las adolescentes, especialmente contra la violencia sexual.

Se ha creado dentro del fondo PROMUJERES unprograma de PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO entre las que se incluirán a las víctimas de explotación sexual, además hemos logrado la conformación de un comité técnico y el diseño de la norma operativa del programa.

El informe (párr. 217) facilita información sobre las penas que se están estableciendo para la trata y sobre un acuerdo entre el Consejo Nacional de las Mujeres y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para elaborar estrategias a fin de combatir la trata ilegal, el plagio y la prostitución, de mujeres refugiadas. Sírvanse proporcionar inflación sobre cualesquiera medidas establecidas para el procesamiento por tales delitos, los recursos jurídicos disponibles para las víctimas y si tales medidas protegen también a las mujeres refugiadas indocumentadas en las provincias del norte.

No se cuenta con la información requerida.

En el informe se declara (párr. 335) que el Plan Nacional para la ejecución de la Ley para la Educación Sexual y Amor (PLANESA), promueve la educación relativa a los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador y que el Plan se ha aplicado en escuelas, el Gobierno y los medios de información. Sírvanse proporcionar información sobre los efectos de ese Plan, si la educación relativa a los derechos sexuales y reproductiva es parte obligatoria del programa de estudios de todas las escuelas públicas y privadas, y en qué niveles, y aclarar si se están adoptando iniciativas adicionales para la concienciación sobre otras cuestiones relacionadas con el género en las escuelas.

En la actualidad se cuenta con el Programa Nacional de Salud Sexual para el Amor, PRONESA que busca promover la educación de la sexualidad en las instituciones educativas de los niveles básico, bachillerato, con énfasis en erradicación de la violencia de género, erradicación de los delitos sexuales, prevención de embarazos en adolescentes y prevención de las ITS/VIH-SIDA, con el fin de contribuir a que los y las estudiantes aprendan a vivir su sexualidad de manera responsable, en el marco de la práctica de valores y auto estima, dentro de un enfoque integral en miras al mejoramiento de la calidad de vida

–Acuerdo Ministerial 3393 (Reglamento Especial de Procedimientos y Mecanismos para el Conocimiento y Tratamiento de los delitos sexuales en el Sistema Educativo) agosto 27, 2004

–Acuerdo Ministerial No. 403 (institucionalización de la educación sexual en los establecimientos educativos fiscales, particulares, fiscomicionales y municipales del país, en los niveles de la educación básica y bachillerato, dando cumplimento a la Ley de la Sexualidad y el Amor y el plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo 10-08-06 Acuerdo No. 062 (institucionaliza el Plan Nacional de Erradicación de los Delitos Sexuales en los establecimientos educativos: fiscales, fiscomicionales, particulares y municipales del país en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo) 26-02-08

–Publicación de paquetes pedagógicos para capacitación docente magisterio nacional

–Existencia de un Comité de Apoyo Interinstitucional a PRONESA (constituido por instituciones del Estado y Agencias de cooperación)

En relación con las anteriores observaciones finales del Comité (párrafo. 326) en cuanto a la aplicación de programas y políticas para eliminar los estereotipos asociados con las funciones tradicionales en la familia y el sistema educativo, el empleo, la política y la sociedad en general, el informe describe (párrs. 193 a 203) los esfuerzos realizados por el Estado parte para capacitar a los periodistas en cuanto a la comunicación no sexista, y también por la sociedad civil para vigilar los anuncios publicitarios y los mensajes mediáticos en algunos niveles locales del Estado e introducir mensajes positivos sobre la mujer. Sírvanse proporcionar información sobre los efectos de dicha capacitación y las actividades de vigilancia, y si es posible detectar una tendencia a una presentación de la información y una publicidad menos sexista, incluso cambios importantes en los conceptos tradicionales del género en las esferas de la familia, la educación, el trabajo y la salud.

En el marco de la capacitación y sensibilización a periodistas se realizó un taller en el año 2007, en el contexto de la aprobación de la Ley Orgánica de Salud aprobada por el Congreso Nacional, a fin de que se generen mensajes hacia la opinión pública acordes a los articulados propuestos por el CONAMU, en el marco del cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009.

Por otra parte, dentro del Plan Nacional de Gobierno 2007-2010 este nuevo gobierno ha dado un importante paso en torno al fortalecimiento de los derechos culturales, primero con la creación del Ministerio de Cultura y luego con implementación de un objetivo específico No 8: Afirmar las identidades diversas y fortalecer la interculturalidad e identidad nacional; desde este espacio se busca fortalece la educación, las nuevas tecnologías y sin lugar a duda la promoción, difusión y conservación del patrimonio tangible e intangible de la nación. En este último es decir en torno al patrimonio intangible una de sus principales líneas gira en torno al fortalecimiento de la identidad nacional, trabajando en temas como la inclusión social y la generación de conocimientos contra la discriminación hacia las mujeres y otros grupos que han sido marginados dentro de la esfera social, que permitan trabajar en la implementación de políticas, programas y mecanismos para la erradicación de la discriminación.

•El Consejo Nacional de las Mujeres con esta cartera de Estado ésta trabajando en el desarrollo de cuatro líneas de acción:

•Inserción del enfoque de género en la nueva Ley de Cultura

•Generación de conocimientos, investigación y publicaciones en torno a: Género y Cultura; Género e Interculturalidad y Género y comunicación.

•Implementación del enfoque de género en el desarrollo de la cartografía cultural nacional.

•Asistencia técnica para la conformación de la Red de observatorios contra la discriminación, entre los cuales se programa incluir la vigilancia a los medios de comunicación dirigida esta vigilancia al cambio de patrones socio-culturales de género.

E l informe (párr. 36) presenta una lista de las razones por las que las niñas y las adolescentes no se matriculan en la escuela o abandonan los estudios. Sírvanse describir las medidas adoptadas para retener a las niñas y las adolescentes en la escuela, particularmente en las zonas rurales, y respecto de las mujeres indígenas y las afrodescendientes, y los resultados de tales medidas. Sírvanse informa también de su se estás adoptando medidas para eliminar el analfabetismo entre las mujeres, especialmente en esas zonas y esos grupos, y si se han establecidos metas y plazos para la erradicación total del analfabetismos.

Entra las diferentes medidas adoptadas en las zonas rurales, se pueden mencionar las siguientes:

–Participación en las Campañas Nacionales con enfoque de género Manuela Sáenz y Dolores Cacuango del Ministerio de Educación para la alfabetización y educación básica para personas adultas.

–Capacitación a los técnicos/as del Ministerio de Educación que trabajan en el tema de educación de adultos Dirección Nacional de Educación PopularPermanente y Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional DINAMEP.

En las anteriores observaciones finales del Comité (párr. 324) se recomendó que se adoptaran medidas para garantizar el cumplimiento de as disposiciones del artículo 11 de la Convención y que se aprobara un nuevo Código de Trabajo. Sírvanse proporcionar una actualización del progreso y la aplicación de la reforma e informar al Comité acerca de las nuevas medidas jurídicas previstas y si éstas incluyen la aplicación de medidas especiales temporales en el sector del empleo público.

Al momento del informe estaba en proceso de reforma del Código de Trabajo, mediante la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo se recogió información sobre las demandas de los trabajadores y empleadores, se contó con el apoyo del CONAMU, con la colaboración de los congresistas en el área laboral, se discutió con los sindicatos, a partir de lo cual se compiló una propuesta de reforma la misma que fue colgada en la página web para conocimiento de la ciudadanía en general, en el nuevo contexto a partir del cambio de gobierno, lo que se ha priorizado es aportar con los lineamientos sobre el tema laboral en la mesa 6 de la Asamblea Constituyente , sobre la tercerización e intermediación laboral.

Según informe (párrs. 32 y 33), hay más mujeres que hombres en situación de desempleo y subempleo, y esto ocurre en particular entre las mujeres que tienen un nivel de educación más elevado. Sírvanse proporcionar información de su se están realizando estudios sobre las razones de subempleo de las mujeres instruidas y si se están poniendo en práctica medidas para resolver los problemas tanto del subempleo como del desempleo de todos los grupos de mujeres en los sectores del empleo público y privado.

No se han realizado estudios sobre el desempleo y subempleo de mujeres con educación superior, pero si se han implementado medidas tendientes a disminuir los porcentajes de subempleo y desempleo sobre todo de mujeres jóvenes, desde el Ministerio de Trabajo y Empleo basados en el decreto ejecutivo, se han impulsado acciones positivas encaminadas a lograr la inserción de las mujeres en el trabajo, para lo cual se ha avanzado en convenios con el SECAP, para capacitar a las mujeres para que puedan insertarse en el mundo laboral en condiciones mas justas y oportunas, se cuenta con un sistema público de colocaciones fortalecido, a través del cual se impulsa acciones positivas para la contratación de mujeres en diferentes puestos, adicionalmente a través de un convenio con Andinatel y las empresas, se ha impulsado la atención a través del 1 800 empleo. Adicionalmente el Ministerio de Trabajo, está impulsando el programa Mi Primer Trabajo, que consiste en una propuesta de empleo digno para jóvenes, como una cuota de entrada, que implica una política de acción afirmativa, en el 2007 se logró ubicar en empleos a 550 jóvenes de los cuales el 50% son mujeres, en este año la meta es ubicar a 1500 pasantes, el parámetro de selección utilizado es velar por el acceso del mismo número de mujeres y hombres.

Sírvanse facilitar información sobre la situación laboral de las mujeres con discapacidad y su los empleadores públicos y privados están cumpliendo con los reglamentos sobre las cuotas para las personas con discapacidad, que figuran en la Ley Reformatoria al Código de Trabajo de 2006, el número de empleadores que han sido sancionados por el Ministerio de Trabajo por no cumplir dichas cuotas y si se ha reformado a Ley sobre Discapacidades. Sírvanse proporcionar información también sobre su la Ley de Amparo Laboral se aplica al sector privado y sobre el progreso logrado en la ratificación por el Ecuador de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada el 30 de marzo de 2007.

Al interior del Ministerio de Trabajo existe un programa de madres a poyando a madres, el cual está dirigido básicamente a madres con hijo/as con capacidad diferenciada, para que accedan a capacitación, crédito, la asignación de fondos públicos en coordinación con el MIES, CONADIS, MINISTERIO DE TRABAJO.

En base a la reforma laboral de que los/as empleadores/as, deben incorporar a personas con capacidad diferenciada, se están realizando inspecciones integrales, a partir de las cuales se reporta a las empresas que no cumplen con esta disposición, se imponen las sanciones del caso y se les obliga para que incorporen con lo dispuesto, esto se realiza en coordinación con el área de discapacidades, a través de la Unidad de Género y Jóvenes se vela para que se tomen en cuenta la situación de las mujeres.

En el informe se señala (párr. 309) que el 93% de niñas menores de 18 años de edad que participan en el mercados de trabajo prestan servicios domésticos. Sírvanse facilitar información sobre la situación laboral de estas niñas, incluido los porcentajes de las que quedan embarazadas. Sírvanse también proporcionar información sobre la situación de los sirvientes, que en su mayoría son niñas o mujeres, la protección que las mayores laborales les ofrecen, la vigilancia de la aplicación de dichas leyes y el acceso que tienen esas mujeres y niñas a la seguridad nacional .

No se cuenta con la información requerida.

En el informe se señala (párr. 3) que el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo y Empleo ha recibido un total de 40 denuncias de despidos por razones de maternidad, y que el número de denuncias relativas al acoso sexual en el lugar de trabajo es reducido. Sírvanse proporcionar información de si se están poniendo en práctica medidas para combatir los despidos de las mujeres por razones de maternidad, y también sobre medidas adoptadas para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo y los enjuiciamiento de presuntos responsables.

Dentro de las medidas que han sido implementadas para combatir los despidos de mujeres se han impulsado las siguientes acciones:

a)Incluir el enfoque de género en los formularios de fortalecimiento institucional FORSAT en la parte de inspecciones, en el formulario sobre los despidos que constan en el Código de Trabajo, se incorporaron preguntas que dan cuenta de esta situación, y se aplica cada vez que una empresa registra a un/a trabajador/as.

b)Campaña de difusión de derechos laborales, para mujeres a través de la inspectoría de trabajo, para visibilizar la desventaja de las mujeres en el ámbito laboral debido a situaciones de despido, acoso en el ámbito laboral, detrás de estas situaciones están una serie de factores. Además se trabajó en la difusión de un manual de derechos de personas refugiadas.

c)Sensibilización a inspectores, a través de un programa de formación en género, están trabajando en una propuesta de reestructuración de inspecciones, se pretende unir esto con la campaña de difusión de derechos.

d)Tienen como meta, capacitar a 1000 mujeres, en distintas provincias, en derechos e iniciativas productivas.

e)Reactivar las mesas de empleo y género.

f)Posicionar en la Asamblea el tema del acoso sexual en el lugar de trabajo, les interesa recopilar información sobre las violencias de género.

g)Difusión de los derechos laborales a todo el sector urbano y rural a nivel nacional, en la hora radial impulsada por el Ministerio de Trabajo.

h)En enero del 2008 se realizó un encuentro para conocer mayor información y realizar un diagnóstico sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. A partir del cual se continua con el proceso de discusión en mesas de trabajo por temáticas específicas.

Sírvanse proporcionar información sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Salud reformada y los fondos que se le asignan, así como sobre la prevención del VIH/SIDA y el tratamiento de las niñas y las mujeres que padecen dicha infección.

Para la implantación de la reforma de salud y de los fondos designados para ello se puede mencionar lo siguiente:

La reforma apunta a extender progresivamente la cobertura; mejorar la eficiencia, eficacia, efectividad; desarrollar la articulación funcional de las instituciones y proveedores de salud; promover el acceso universal a servicios integrales de salud.

En septiembre del 2002 se aprobó y se encuentra en vigencia la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud y el funcionamiento del Consejo Nacional de Salud como organismo de coordinación y concertación interinstitucional entre los diferentes actores del sistema, Sin embargo, ante una evidente y severa fragmentación de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Salud se demanda con fuerza el fortalecimiento de la rectoría del MSP como autoridad sanitaria, la conducción, regulación, la disponibilidad, el uso adecuado y el control de los recursos existentes; optimizar la desconcentración y descentralización; institucionalizar el funcionamiento de los consejos provinciales y cantorales de salud como instancias de concertación, planificación y control de la gestión en salud.

En el período 2002-2006, el MSP fijó como ámbitos de las políticas de salud y reforma del sistema

a)El desarrollo sectorial;

b)La construcción de ciudadanía en salud; y

c)La protección integral de salud.

Los objetivos explicitados fueron:

•Promover la ciudadanía en salud, la garantía, el respeto, la promoción, la protección y la exigibilidad de los derechos humanos para el ejercicio de una vida digna y saludable.

•Garantizar la protección integral de la salud de la población ecuatoriana facilitando los medios para promover la salud, tanto física como mental; prevenir y enfrentar las enfermedades y sus causas, mitigando sus efectos biológicos, económicos y sociales.

•Desarrollar las capacidades del sector de la salud mediante: procesos organizativos y participativos que conduzcan al establecimiento y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.

–El desarrollo integral del talento humano.

–El desarrollo científico y tecnológico y el impulso a los sistemas de información.

–La dotación de recursos materiales, tecnológicos y financieros.

En el año 2007 se plantea una nueva iniciativa de reforma Articulada con los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 .

Meta 1: Reducir en 25% la mortalidad de la niñez al 2010.

Meta 2: Reducir en 25% la mortalidad infantil al 2010.

Meta 3: Reducir en 35% la mortalidad neonatal precoz al 2010

Meta 4 : Reducir en 30% la mortalidad materna al 2010

Meta 5: Reducir en 25% el embarazo adolescente al 2010

Meta 6: Incrementar los servicios de salud a las mujeres: Conseguir que un 80% de las mujeres se realice al menos un papanicolau cada 3 años.

Meta 8:Desacelerar la tendencia del HIV.

Meta 9: Mejorar la calidad y calidez de los servicios de salud

Con los siguientes objetivos:

Universalizar el acceso a los servicios de salud, con criterios de equidad (P3, P4)

Garantizar el financiamiento suficiente y oportuno para la atención de calidad.(P1)

Garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud (P2)

Optimizar la organización, funcionamiento y gestión de los proveedores de salud: red integrada. (P1)

Fortalecer el rol de la Autoridad Sanitaria (P3, P6, P7)

Promover y garantizar los espacios de participación ciudadana. (P5, P6, P7)

Con las siguientes líneas estratégicas:

1)Fortalecimiento de la Rectoría de la Autoridad Sanitaria (Conducción, Regulación y Control)

2)Desarrollo de una Red Integrada de Proveedores.

3)Clara definición de roles y funciones entre distintos actores del sector y niveles de gobierno.

4)Financiamiento basado en necesidades de la población y uso de los recursos

5)Participación y control social

Con los siguientes cambios y reformas:

•Proveedores IESS, FA, PN presten atenciones de salud pública:

–Ampliación de cobertura

–Facilidad de Acceso

•MSP ejerce el rol rector sobre IESS, FA, PN, JB, etc.

•Carrera sanitaria: profesionales de salud 8 h. diarias

•Continuar licenciamiento en el país hacia lo público e iniciar lo privado.

•Generar un sistema de información integrado

•Modificar poder de negociación con los gremios

•Formación de recurso humano en salud de pre y postgrado orientado por el MSP.

•Viabilizar la articulación del MSP+IESS

Esto permitirá a mediano y a largo plazo:

•Recuperar el Rol de Autoridad Sanitaria:

•Monitoreo, supervisión y normalización de todo el sector.

•Recuperación la Planificación y Control de la Salud Pública.

•Ampliación de cobertura y mejoría del acceso por medio de una sola red pública de prestadores.

•Creación de una Entidad para la Garantía y Control de la Calidad y Universalidad.

•Incentivos de producción que generarán prestadores públicos competitivos y enfocados a los usuarios.

•Asignación de recursos en función de las necesidades y cumplimiento de metas.

•Desarrollo de Sistemas de Información Integrados para la gestión y cumplimiento de metas.

Prevención de VIH/SIDA y el tratamiento para estas niñas, adolescentesy mujeres que han sido infectadas por la enfermedad

El Ecuador cuenta con los datos del Programa Nacional del Prevención y Control de ITS-VIH/Sida (PNS) del Ministerio de Salud Publica , institución que mantiene desde 1984 el registro a nivel nacional de las personas diagnosticadas con el VIH/Sida y de las personas fallecidas por esta causa. Es el único sistema que puede brindar la tendencia de un cierto número de variables en su ámbito de descripción, aunque con un cierto nivel de subdiagnóstico y de subregistro.

Por sus características, los datos de dicha muestra no permiten estimar directamente los parámetros de la población constituida por el conjunto de las personas viviendo con el VIH/sida ya que en ella, la mayoría desconoce su estatus serológico. No se puede, por lo tanto, inferir el comportamiento global de la epidemia a partir del comportamiento del número de personas notificadas, sólo aproximarlo.

El tema del VIH-Sida es otro factor de vulnerabilidad y discriminación: las mujeres amas de casa (25 a 40 años), con una sola pareja sexual junto a los jóvenes (17 a 24 años) son los grupos más afectados por este problema. En 1995 había 1 mujer infectada (VIH+) por cada 4 hombres, en el 2006 la cifra era de 1 por cada 2, y en los jóvenes de 1 por cada 1.5 hombres. En el 2004, de 1108 casos reportados, 774 correspondía a heterosexuales, 138 a bisexuales y 97 a homosexuales. El país ha evolucionado en relación a la garantía de acceso de las personas afectadas por el VIH-sida a servicios de salud de calidad, a medicamentos antiretrovirales y para enfermedades oportunistas y al trabajo en relación con el estigma y la discriminación.

No existe conocimiento sobre las afectaciones del VIH-Sida de las mujeres indígenas, mestizas y colonas de diversas regiones del país, que habitan en las zonas de mayor vulnerabilidad social, como son los cordones fronterizos, principalmente las ciudades donde hay explotación petrolera.

La distribución de los casos según el sexo y la razón hombre-mujer muestran que la epidemia se difunde en forma creciente entre las mujeres; la razón de género pasó del 4.7 en 1990 a 1.5 en el 2006, el crecimiento es mayor en la población heterosexual, la razón Heterosexual / Bisexual y Homosexual pasó de 0.5 en 1990 a 4.4 en el 2006.

Según los datos estadísticos el 96.9% de los casos fueron trasmitidos por vía sexual lo que se relaciona con la baja prevalencia de uso de condón que alcanza al 1.5% de las mujeres en edad fértil y el incremento de las infecciones de transmisión sexual (ITS). El 2.6% de casos fueron producto de la transmisión madre-hijo, el 0.2% por uso de drogas intravenosas; se ha reportado un solo caso de VIH-SIDA a causa de transfusiones sanguíneas (1999) Al momento todos los servicios de sangre del país han sido licenciados, el Banco de Sangre de Quito funciona con la Certificación ISO 9000- 2001 y todas las unidades donadas son tamizadas para VIH/Sida.

En resumen; la epidemia se mantiene concentrada en hombres gay (HG) y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) así como trabajadoras sexuales, existe un incremento de la notificación de casos de VIH sobre todo en mujeres heterosexuales amas de casa, una estabilización de los casos de sida y un decrecimiento de las personas fallecidas, la vía de infección más importante sigue siendo sexual.

Embarazo Y VIH/SIDA

Según el INEC, en el 2006 la población de las mujeres en edad fértil (MEF) de 10 a 49 años ascendía en 4’377.373, y las de 15 a 49 años, a 3’689.222. Dentro de este grupo, el número de embarazadas para el 2006 sumaba 359.599 mujeres. En el 2006, el número de embarazadas representaba el 8,2% de las MEF de 10 a 49 años y el 9,7% de las de 15 a 49 años.

También es un logro a destacarse que en el rango de los niños menores de un año, no se registran casos en el 2005 y en el 2006 gracias a un esfuerzo del Ministerio de Salud Publica para tamizar a mujeres embarazadas que acuden a los servicios de salud así como la disponibilidad de tratamiento de prevención de la transmisión vertical.

La información del PNS sobre el número de casos de VIH/Sida de niños no evidencia un comportamiento particular.

Las provincias del Ecuador que registran el mayor número de casos en el sistema de notificación del Programa Nacional del Sida son Guayas (55,4%), Pichincha (18,7%), Manabí (7,9%), el Oro (6,1%) y Los Ríos (3,9%) entre ellas no se encuentran Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura que registran porcentajes importantes de población indígena.

El Plan Estratégico Nacional de respuesta Multisectorial 2007- 2015 esta divido por sectores prioritarios para la acción; dentro d estos sectores prioritarios para la acción está contemplada la especificidad de las mujeres, Los niños niñas, adolescentes y la población migrante.

El costeo del Plan Estratégico considera los rubros por cada sector prioritario para la acción y evidencia los rubros destinados para el trabajo con mujeres, niños, niñas, adolescentes, Trabajadoras sexuales y migrantes.

Sírvanse facilitar la información que solicitó el Comité en sus observaciones finales (párrs. 317- 8), acerca de los efectos de los programas en cuanto a limitar y prevenir los embarazos de las adolescentes, y en particular de sus resultados en las zonas rurales y entre las mujeres indígenas y afrodescendientes.

En el Ecuador, las mujeres de 15 a 24 años de edad, constituyen más de la tercera parte (38%) de la población clasificada como de edad fértil (mujeres de 15 a 49 años de edad).

El impacto de la educación sexual en la mujer, se refleja en la fecundidad, en la salud de las madres y de los niños, en el conocimiento y uso de anticonceptivos, así como en la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual. Son las madres más educadas las que tienen hijos más sanos y mejor alimentados y son aquellas las que terminan al frente de la familia en el caso de hogares en donde no existe la figura del padre. Aparte, existen una serie de factores que influyen en los y las jóvenes en el riesgo de iniciar su vida sexual a más temprana edad y de este modo se incrementa el período de exposición al riesgo de embarazos no deseados o matrimonios fuera del contexto socioculturalmente aceptado, y además se generan expectativas poco realistas sobre el comportamiento sexual de los y las adolescentes y jóvenes del Ecuador.

Una adecuada educación y consejería en sexualidad acorde a la etapa de desarrollo de los (las) adolescentes y jóvenes contribuyen positivamente a la salud y al desarrollo de ellos(as), y permite la postergación de su vida sexual activa y precoz. En este contexto, a todas las mujeres de 15 a 24 años de edad, se les preguntó si habían recibido información sobre los diferentes temas de salud sexual y reproductiva; de esto se desprende que el 81,6% de mujeres de 15 a 24 años ha recibido alguna información sobre temas de sexualidad, cifra que varía de 91,4% en el área urbana al 67,6% en la rural. Que del total de mujeres de 15 a 24 años de edad, el 46,7% ya ha tenido relaciones sexuales. Este comportamiento es muy similar en el área urbana y en la rural (alrededor de 47%). Las mujeres de la Amazonía declaran haber tenido relaciones sexuales en mayor proporción (55,4%) que en la Costa (51,3%), Sierra e Insular (41,8% y 49,1%, respectivamente). En las provincias de Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, la proporción de mujeres que ha tenido relaciones sexuales es mayor que en las demás, mientras que se observa menor experiencia sexual en Chimborazo y Cañar. El 70,3% de mujeres de 20 a 24 años ya ha tenido relaciones sexuales, frente al 27,0% de las de 15 a 19 años, y como se esperaba, amedida que la edad aumenta el porcentaje de mujeres que ha tenido relaciones se incrementa, de 9,6% en mujeres de 15 años a 83,1% en las de 24 años de edad. En relación a los resultados de la encuesta de 1999, existe un incremento de 3 puntos porcentuales a nivel nacional entre las dos encuestas y se registra un incremento en las relaciones sexuales premaritales (30,0% contra 37,2%, respectivamente).

En la actualidad uno de los principales problemas que afecta a las y los jóvenes que comienzan su actividad sexual temprana, es el embarazo no planificado o no deseado, y las consecuencias de este, afectan tanto su salud como a su entorno familiar. Entre las causas para que estos embarazos ocurran se pueden mencionar: falta de educación sexual o información no oportuna, inicio precoz de la actividad sexual, causas familiares, factores socioculturales como recursos económicos bajos, baja escolaridad, falta de madurez, falta de compromiso con sus responsabilidades, falta de conocimiento y no uso de métodos anticonceptivos.

Según los datos el 38,9% de todas las mujeres de 15 a 24 años de edad ha tenido al menos un embarazo. Esta proporción está constituida por el 22,0% que se clasifica el primer embarazo como marital y el 16,9% como premarital. La proporción de mujeres alguna vez embarazada es más alta en el área rural, principalmente en la Costa (50,2%). Los diferenciales entre las provincias varían indistintamente, en las de la Sierra se destaca Imbabura (46,8%) y entre las de la Costa, Los Ríos (50,8%). Según tipo deembarazo, el comportamiento no es homogéneo, pues mientras en algunas provincias prevalece el embarazo marital en otras es mayor el embarazo premarital. En la misma provincia de Los Ríos, el embarazo marital es 40,5% y el premarital 10,2%.

El Estado, en atención a esta realidad, ha dado lugar a lacreación del Plan Nacional para la prevención del Embarazo Adolescente con el que se pretende disminuir el embarazo en adolescentes mediante el fortalecimiento institucional de los servicios de salud, educación y protección social, en un marco de coordinación interinstitucional con activa participación de adolescentes y jóvenes, y con el compromiso de la sociedad civil incluidos los medios de comunicación.El Plan Nacional tiene como objetivo garantizar la participación de las/los adolescentes en la construcción e implementación de políticas públicas integrales e intersectoriales de prevención de embarazo; e implementar un Sistema Nacional de Informaciónsobre la situación del embarazo. El marco de coordinación interistitucionalestá conformado por delegadas/os del Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional de las Mujeres(CONAMU), el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, el Ministerio de Integración Económica y Social, Ecuador Adolescente y el Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El informe (párr. 346) se describe el debate en curso sobre el acceso a las píldoras anticonceptivas de emergencia, se señala que se ha aprobado la píldora Ganique y que ésta se usa frecuentemente como anticonceptivo de emergencia. Sírvanse aclarar los efectos de la decisión de mayo 2006 del Tribunal Constitucional que prohibía el uso de la píldora del día después denominada “Postinor 2”. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas que se han adoptado para salvaguardar el enfoque laico respecto de la salud sexual y reproductiva .

Nuestra Constitución Ecuatoriana reconoce los derechos sexuales y reproductivos, por tanto el acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia tiene que ver con la garantía de los derechos: tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual (Art. 23, ítem 25) y a decidir sobre el número de hijos que puedan procrear, adoptar, mantener y educar vinculado con la obligación del Estado de informar, educar y proveer los medios que coadyuven al ejercicio de este derecho (Art. 39).

A partir de 1999 en el Ecuador se establece el uso de la PAE en caso de relaciones sexuales sin protección en las Normas de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Posteriormente en el año 2000 se introduce la información sobre la PAE dentro de los Protocolos de atención a víctimas de violencia sexual del Ministerio Fiscal. Es decir durante más de siete años estuvo permitida su comercialización y uso.

La PAE tiene como función prevenir un embarazo no deseado, en ningún caso interrumpirlo. Así lo corrobora la Organización Mundial de la Salud, OMS, a través de su Departamento de Salud Reproductiva e Investigaciones Conexas: Se ha demostrado que las píldoras anticonceptivas de emergencia (PAE) que contienen levonorgestrel previenen la ovulación y que no tienen un efecto detectable sobre el endometrio (revestimiento interno del útero) o en los niveles de progesterona, cuando son administradas después de la ovulación. Las PAE no son eficaces una vez que el proceso de implantación se ha iniciado y no provocan un aborto [ ... ] Las píldoras anticonceptivas de emergencia no deben ser administradas a una mujer que presenta un embarazo confirmado porque ya es demasiado tarde para prevenir el embarazo. Los expertos creen que no hay daño para la mujer embarazada o para el feto si se usan píldoras anticonceptivas de emergencia inadvertidamente durante las primeras semanas del embarazo1.

Los últimos dos años se ha intensificado en el Ecuador una campaña de oposición a los derechos sexuales y reproductivos don los sectores cercanos a la Iglesia Católica, ONG y grupos conservadores cercanos, han incidido fuertemente a fin de poner límites a estos avances alcanzados, entre otros: prohibir al uso de métodos anticonceptivos; promover la abstinencia sexual y la fidelidad conyugal como respuesta al VIH SIDA y como norma para los/as jóvenes; recluir la diversidad sexual en lo privado invocando el derecho a la intimidad; propugnar la penalización del aborto en todos los casos. Específicamente en el caso de la PAE la Iglesia Católica, ha sostenido una campaña permanente de oposición afirmando que es abortiva y lo ha hecho utilizando todo su poder a través de los medios de comunicación que maneja, de pronunciamientos públicos de sus representantes e inclusive en los sermones dominicales de muchas parroquias.

Es en este contexto, y respecto la Anticoncepción de emergencia, en noviembre de 2004, un representante de los denominados Abogados por la Vida, presenta una acción de amparo solicitando la suspensión de la inscripción del medicamento y certificado de registro sanitario del producto denominado POSTINOR-2 (que como se conoce es el producto dedicado de anticoncepción de emergencia), entre otras argumentaciones se establece que; el producto es abortivo y viola el derecho a la vida desde la concepción. A pesar de toda la evidencia otorgada y que desvirtuaba el supuesto carácter abortivo de la Postinor 2, en mayo de 2006 la Tercera Sala del Tribunal Constitucional del Ecuador resuelve conceder la acción de amparo. 2 Con esta decisión El Tribunal Constitucional ha incurrido en una clara violación de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos tanto en la normativa constitucional como internacional.

Esta resolución del Tribunal Constitucional muestra serias falencias jurídicas. Así, el desconocimiento de evidencias científicas que demuestran la naturaleza anticonceptiva y no abortiva de estos productos, la consecuente creación de un conflicto inexistente entre el derecho a la vida desde la concepción y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. se desconoce la realidad que viven miles de mujeres en el Ecuador, especialmente las que se producen y registran como mortalidad materna, abortos clandestinos, los embarazos no deseados; los embarazos adolescentes, los embarazos producto de violencia sexual.

Este hecho a permitido y contribuido a que se promueva un debate respecto de la anticoncepción de emergencia y sobre todo respecto a los derechos sexuales y derechos reproductivos, sin embargo la incidencia fuerte de estos grupos conservadores limita cada vez más un debate libre de prejuicios, miedos y rechazos ante temas como estos u otros como la educación sexual, los servicios de salud, la información adecuada. Entre otros.

Posteriormente se aprueba la Ley Orgánica de Salud que contiene un importante capítulo relacionado con la salud sexual y salud reproductiva, violencia y enfermedades transmisibles, relacionado con VIH-SIDA”, entre otros. Esta ley establece entre otras que las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la sexualidad.

Cabe indicar que en estos y otros procesos la participación del movimiento de mujeres y jóvenes han sido constantes defensores de estos procesos y estos derechos.

Según el informe (párr. 385), el Código Civil dejó sentado el principio de igualdad en el matrimonio, pero al mismo tiempo en el informe se observa que se mantienen presunciones a favor del marido en la administración conyugal, si al contraer matrimonio los cónyuges no manifiestan de manera expresa lo contrario. Sírvanse facilitar información acerca de si dichas presunciones forman parte del Código Civil o si constituyen prácticas sociales. Sírvanse proporcionar información también sobre las medidas adoptadas para hacer frente a esta situación y concienciar a los jóvenes e n cuanto a sus derechos.

El código civil en el Art. 180 se establece: Tendrá la administración ordinaria de la sociedad conyugal, el cónyuge que, por decisión de los contrayentes conste como tal en el acta de matrimonio o en las capitulaciones matrimoniales; a falta de estipulación, se presumirá que el administrador es el marido.

A pesar de que en este articulo se establece la posibilidad de queambos conyugues puedan establecerquien de los dos puede ejercer la administración ordinariade la sociedad conyugal yque a falta de esta estipulación se presumeque lo administrara el marido, se debe señalar que socialmentelas mujeres en el país por desconocimiento de sus derechosdejan queesta administración lo realice el marido.

Respecto a las medidas tomadaspara cambiar esta situación e incrementar la conciencia de las mujeres jóvenes, debo señalarque a nivel nacional no existe un programa de formación a mujeres adultas y jóvenes como orientadoras de derechos que puedan llevara a cabo capacitaciones en el tema de derechos humanos de las mujeres., por lo que es importante que el conjunto de las instituciones públicas inviertan recursos para incrementar la difusión de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación, su Protocolo Facultativo así como también de las disposiciones legales a nivel nacional que protegen los derechos humanos de las mujeres ecuatorianaspues existe un conjunto de derechos de familia que las mujeres desconocen y que cotidianamente son vulnerados afectando sus condiciones de vida y las de sus hijas e hijos.

En este tema conciso ha sidola sociedad civil (ONG)quienes a través de sus diferentes programas han venido impulsando procesos de formación de orientadoras en derechos.

Sírvanse proporcionar información sobre la situación material de los hogares cuyo jefe de familia es una mujeres, con hijos o sin ellos, de si se encuentran principalmente en las zonas rurales o urbanas y entre los grupo de poblaciones vulnerables, y sobre las medidas adoptadas para mejorar sus vidas.

Como consecuencia de las migraciones los hogares con jefatura femenina han incrementado, esto se evidencia principalmente en las provincias de Cañar y Azuay, en las cuales su población está compuesta por mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos/as mayores.

En términos generales, respecto a la tenencia de la tierra/vivienda por parte de los hogares, no existen diferencias estadísticas considerables entre hombres y mujeres jefes/as de hogar. En el porcentaje de mujeres con relación a los hombres, las cifras son similares a la proporción de hogares que tienen jefatura femenina y masculina que es de 21 y 79 respectivamente, en todas las formas excepto en “recibida por servicios” que para las mujeres son muy pocas.

En el informe (párr. 386) se señala que el Código de la Niñez y la Adolescencia ha permitido mejorar la administración de justicia en los casos que le compete, pero que se suspendió la armonización de este Código con un nuevo Código de Familia. Sírvanse proporcionar información detallada sobre las repercusiones de la suspensión de la reforma del Código de la Familia y sobre el contenido del Código de las Niñez y la Adolescencia y sus concretos en las niñas y las adolescentes.

No se cuenta con información requerida, se están haciendo las consultas pertinentes.

Sírvanse facilitar información sobre el número de mujeres que no tienen tarjeta de identificación, comparado con el número de hombres. Sírvanse proporcionar información sobre el plazo para que se restringen y reciban la tarjeta de identificación todos los ecuatorianos que no están registrados, como requisito previo para tener acceso a los servicios básicos, y sobre el número de registro de mujeres afectadas hasta finales de 2007.

No se cuenta con información requerida, se están haciendo las consultas pertinentes.

En el informe (párr. 375) se señala las medidas destacadas que se han adoptado para hacer frente a la pobreza de las mujeres indígenas las afroecuatorianas y las de zonas rurales, por ejemplo mediante acceso gratuito a los servicios se salud sexual y reproductiva proporciona Sírvanse indicar el porcentaje actual de mujeres adultas de las zonas rurales y de mujeres indígenas y afroecuatorianas que tienen acceso a las cajas solidarias, con servicios financieros o sin ellos, y describir la forma en que esos fondos han mejorado las condiciones de vida de dichas mujeres. Sírvanse proporcionar información también sobre la disponibilidad y la accesibilidad efectivas de los servicios gratuitos de salud sexual y reproductiva para esos grupos de mujeres.

A través de 626 cajas solidarias se logró atender a cerca de 15.000 mujeres y se aportó como capital semilla, un monto total de 425.000 dólares de los Estados Unidos. La inversión total por parte de PRODEPINE fue de 558.000 dólares, es decir, un promedio de 912 dólares por Caja. El aporte local (los ahorros obligatorios para establecer una caja), fue de 211 dólares por caja (129.000 dólares), lo cual implica que las mujeres han logrado un grado de capitalización del 23% durante un periodo promedio de dos años lo cual es un resultado satisfactorio. Asimismo, las cajas han estado concentradas en las regiones de la Sierra (65%), siendo la oficina regional de la Sierra Central la que asume el 48,5%, seguida por la Costa con el 21,3% y por la Amazonía con el 13,2%. los subproyectos de cajas solidarias han empoderado a las mujeres, mejorando su posición en la familia y en la sociedad.

En el informe (párr. 292) se describe medidas adoptadas para mejorar la situación del gran número de refugiados y solicitantes de asilo dentro del territorio del Estado y de los ecuatorianos que emigran a otros países. Sírvanse indicar si se han adoptado medidas para proteger al grupo vulnerable de mujeres refugiadas e indocumentadas que viven cerca de la frontera con Colombia y que esfuerzos se están realizando para registrarlas. Sírvanse también proporcionar información acerca de si ha aprobado el proyecto de ley de los trabajadores migrantes, de si este contiene perspectiva de género y de cómo se está supervisando.

Para dar respuesta a las demandas derivadas de la Migración (inmigrantes, emigrantes, desplazados y refugiados) en el Ecuador, se crea en el 2007 la Secretaria Nacional del Migrante, máximo órgano encargado de la elaboración de la Política Migratoria en el Estado del Ecuador, SENAMI.

De igual forma, se cuenta con Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones 2007-2010, realizado de manera conjunta con la responsabilidad y coordinación de la SENAMI, Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de migrantes.

Dicho plan, es concebido como una Política de Estado que tiene como objetivos principales:

1)Desarrollar en el Ecuador una política migratoria basada en el respeto y ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de todas las personas.2

2)Generar y consolidar vínculos con las personas migrantes y sus familias y su país

3)Alentar la permanencia de los ecuatorianos en su país y construir las condiciones que hagan posible el Retorno Voluntario Digno y Sostenible de las personas emigrantes.

4)Impulsar procesos de desarrollo humano para las personas migrantes, sus familias y su entorno.

5)Promover procesos de interculturalidad y de construcción de ciudadanía.

La SENAMI será la encargada a nivel nacional de diseñar e implementar todas las políticas, programas y proyectos necesarios para el cumplimiento del Plan, que comenzarán a ejecutarse en el 2008.

A pesar de lo completo del Plan y de la participación activa de todos los actores comprometidos y relacionados con el hecho migratorio, el Plan no ha sido elaborado teniendo en cuenta le enfoque de género, aunque cuenta dentro de sus programas con proyectos de Género y Migración.