Introducción
La preparación del octavo informe periódico relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en adelante, “la Convención”) contó con un proceso participativo, que reunió a los interesados de organizaciones gubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y asociaciones comunitarias de mujeres.
Dirigió la preparación del informe un comité técnico integrado por todos los principales sectores, a saber: Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General Federal, Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Finanzas y Cooperación Económica, Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo de Zonas de Pastoreo y Comisión de Derechos Humanos de Etiopía. Cada sector realizó aportaciones detalladas sobre las actividades llevadas a cabo durante el período que abarca el informe en relación con las obligaciones dimanantes de la Convención.
Además, durante la preparación del informe se celebraron varias reuniones. La primera reunión convocó estructuras encargadas de la incorporación de la perspectiva de género en los organismos federales, siete estados regionales y las dos administraciones municipales. A la segunda reunión asistieron los participantes en el primer taller y las empresas públicas. La tercera reunión congregó a las oficinas federales y regionales de asuntos de la mujer, las federaciones federales y regionales de mujeres que son consorcios de organizaciones comunitarias de mujeres, la comisión permanente de mujeres en el Parlamento nacional, el poder judicial, representado por el Tribunal Supremo Federal, los grupos asesores de las Naciones Unidas, las coaliciones religiosas, las asociaciones de mujeres, otras organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación. Las reuniones permitieron la celebración de un debate amplio sobre el contenido del informe y ofrecieron a los participantes la ocasión de reflejar las realidades de sus regiones y sectores respectivos.
Composición del informe
El informe consta de dos secciones principales. La primera sección aclara los progresos realizados durante el período sobre el que se informa en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones de la Convención. En la segunda sección se explican los avances realizados en la aplicación de las recomendaciones y las observaciones finales del Comité. El informe también se sustenta en su anexo, que contiene datos y estadísticas de apoyo.
Artículo 1: Cobertura integral de protección contra la discriminación por motivos de sexo
La legislación de Etiopía proporciona una protección completa contra todas las formas de discriminación por cualquier motivo, incluido el sexo. El principio de igualdad está consagrado en la Constitución de 1995 de la República Democrática Federal de Etiopía (en adelante, la Constitución), así como todas las leyes subsidiarias pertinentes. Además, la Constitución establece que las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el país son una parte esencial de la legislación etíope. No se han observado cambios desde el período examinado en el informe anterior a este respecto.
Artículo 2: Política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer
Durante el período que abarca el informe, el Gobierno de la República Democrática Federal de Etiopía puso en marcha varias medidas institucionales y de política con el objetivo de eliminar la discriminación contra la mujer.
Se preparó la Estrategia Nacional para la Promoción y el Adelanto de la Mujer mediante un proceso consultivo en el que participaron diversos asociados y partes interesadas, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez. La estrategia tiene por objeto contribuir al cumplimiento del compromiso constitucional de crear una sociedad democrática en la que exista igualdad de género en las esferas económica, social y política. Emplea la participación y el empoderamiento de las mujeres para hacer efectiva la igualdad entre los géneros.
Asimismo, en 2011 Etiopía aprobó la Política de Justicia Penal, que sienta las bases para la protección especial de grupos vulnerables como las mujeres y los niños. Esta política se ocupa de las necesidades y la situación especial de las mujeres, como acusadas y como víctimas de delitos. También prevé el establecimiento de un sistema independiente para la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra las mujeres, los niños y las personas con discapacidad.
La ejecución del Plan Estratégico para una Respuesta Integrada y Multisectorial sobre la Violencia contra las Mujeres y los Niños y la Justicia de Menores en Etiopía se inició en el período sobre el que se informa. El Plan Estratégico se centra en la prevención y la protección de la violencia por razón de género y elabora mecanismos de respuesta a la violencia contra las mujeres y los niños.
Además, en 2013 el Gobierno también aprobó la Estrategia Nacional de Lucha contra las Prácticas Tradicionales Nocivas y el correspondiente plan de acción sobre la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el secuestro. En 2012 el Tribunal Supremo Federal emitió la Directriz sobre Penas Revisada núm. 2/2012 para orientar el establecimiento de condenas penales. En consecuencia, los jueces deben aumentar el límite inferior de la sanción cuando impongan penas en los delitos por violencia de género contemplados en los artículos 555 a 560 del Código Penal y los delitos de violencia sexual previstos en los artículos 620 a 628 de dicho Código.
Además, se ha elaborado el Procedimiento Operativo Estándar sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia por razón de Género. Se prevé que este procedimiento normalice la prestación de servicios nacionales de prevención y protección y garantice la coordinación multisectorial en apoyo de las mujeres y los niños. Este instrumento describe procedimientos, funciones y responsabilidades claros para cada uno de los sectores que participan en la prevención y respuesta a la violencia por razón de género. Su principal objetivo es crear mecanismos institucionales para una respuesta integrada en la prestación de servicios de rehabilitación, aumentar la capacidad de las instituciones encargadas de la prestación de servicios (formales e informales), ampliar la escala y el alcance de los servicios mediante la adopción de un enfoque multisectorial y prestar un apoyo integral a las mujeres afectadas por la violencia.
El Gobierno creó también dependencias de protección de los niños y las mujeres en las comisarías de policía, encargadas de tramitar los casos de violencia contra las mujeres; un equipo encargado de investigar y enjuiciar ese tipo de delitos (en Addis Abeba y Dire Dawa y en las regiones); y salas especializadas en la situación de los niños y las víctimas en los tribunales federales y regionales. Las dependencias de protección de los niños y las mujeres se han ampliado considerablemente en cuanto número y cobertura en todo el país. Además, se han instaurado a nivel nacional procesos penales que tienen en cuenta las cuestiones de género, incluidas la investigación y la reunión de datos.
Los miembros de los órganos encargados de hacer cumplir la ley reciben formación para asegurar la aplicación efectiva de las leyes, así como de los procedimientos que tienen en cuenta las cuestiones el género. Estos cursos están concebidos para dotar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las aptitudes y las técnicas necesarias para tramitar los casos de violencia contra la mujer. Además, las oficinas de asuntos de la mujer y la infancia en los planos federal, regional y de los woreda cuentan con oficiales jurídicos que proporcionan asesoramiento letrado a las mujeres. Asimismo, las asociaciones de mujeres prestan servicios de asesoramiento jurídico a sus miembros y su comunidad.
El Plan Estratégico prevé sistemas de apoyo para las víctimas de la violencia contra la mujer. Se trata de albergues, centros de asistencia letrada y servicios de apoyo médico y psicosocial. A este respecto, los estados regionales han establecido servicios para ayudar a las víctimas. Existen diez centros de acogida ubicados en Addis Abeba, Oromiya y el Estado Regional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur de Etiopía.
También se están expandiendo los centros de servicios de atención integral. Hay dos de centros de este tipo operativos en Addis Abeba y Dire Dawa y tres en la región de Oromiya, y se están estableciendo más centros en otros estados regionales. El centro de Addis Abeba ofrece a las víctimas de violencia sexual, principalmente a las víctimas de violación, un conjunto de servicios consistentes en tratamiento médico y psicológico, asistencia letrada y refugio. El centro atendió a las víctimas de violencia sexual en las esferas respectivas, entre ellas las mujeres, los niños y las personas con discapacidad. Por ejemplo, entre abril de 2012 y junio de 2014, los centros de atención integral de Addis Abeba prestaron servicios a más de 3.221 víctimas. El centro ha contribuido a mejorar uno de los factores que explican el subregistro y los deficientes resultados en el enjuiciamiento de los delitos de violencia por razón de género, a saber, la dificultad de obtener pruebas médicas adecuadas. El centro proporciona pruebas médicas gratuitas, acelera la reunión de pruebas dentro del plazo prescrito de 15 días y traduce las pruebas médicas del inglés a los idiomas de trabajo de los órganos encargados de hacer cumplir la ley.
El centro de atención integral de la administración municipal de Dire Dawa proporciona refugio (alimentación y alojamiento) y apoyo psicosocial a las supervivientes de la violencia por razón de género y las prácticas tradicionales nocivas procedentes de la administración municipal y los woreda rurales circundantes. Gracias a la labor coordinada con la policía, las supervivientes alojadas en el albergue pueden declarar con libertad.
A nivel federal, desde 2014/15 hasta la elaboración del presente informe se enjuiciaron 976 casos de delitos contra las mujeres y los niños. De esta cifra, 552 autores fueron declarados culpables y 170 fueron absueltos, mientras que el resto de los juicios siguen pendientes.
La Encuesta Demográfica y de Salud abarca pocos aspectos de la violencia, entre ellos la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el maltrato de la esposa. Para remediar esta situación, la actual ronda de la Encuesta Demográfica y de Salud (2016) ha incorporado nuevos módulos sobre el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la violencia contra la mujer. Por consiguiente, se prevé que los datos representativos a nivel nacional sobre estos indicadores estarán disponibles una vez terminado la encuesta en curso. También hemos observado que no existen datos nacionales amplios sobre las diversas formas de violencia contra la mujer.
La forma de reunir y registrar la información es inadecuada en los proveedores de servicios que constituyen la primera línea de contacto, esto es, la policía y las oficinas de asuntos de la mujer. A fin de colmar la laguna en la cobertura, la Fiscalía General Federal está elaborando y aplicando el Sistema Nacional Integrado de Información Judicial, que permitirá recopilar datos sobre la gestión de las disposiciones legislativas, la coordinación asistencial, la información de los tribunales y el tratamiento de los reclusos. El programa se ejecutará en tres fases y estará terminado para cuando concluya el Segundo Plan de Crecimiento y Transformación (2015/16 a 2020/21). Se espera que el sistema agilice la labor de los sistemas de administración de justicia de los woreda y las zonas, así como a nivel regional y federal; haga que las leyes nacionales y regionales sean más accesibles para el público y otros interesados; facilite la coordinación de las iniciativas llevadas a cabo por los agentes del sector; proporcione estadísticas a los encargados de formular políticas; y promueva la rendición de cuentas en el sistema de administración de justicia.
Durante el período que abarca el informe, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía abrió ocho oficinas en las regiones. En cada una de ellas la Comisión estableció direcciones de mujeres y niños. La protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y los niños forman parte de las orientaciones recogidas en la estrategia de cinco años de la Comisión. Además, la Comisión incorporó la perspectiva de género en todas sus actividades.
Se ha formulado una estrategia nacional de asistencia jurídica gratuita con el objetivo de asegurar una mejor coordinación de los diversos interesados y aumentar la disponibilidad y la calidad de los servicios jurídicos prestados a las personas necesitadas. La estrategia consolida las iniciativas de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que ofrecen asesoramiento jurídico y representación letrada de forma gratuita.
La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía abrió 126 centros de asistencia jurídica en todo el país, en colaboración con 19 universidades y dos organizaciones de la sociedad Civil. Hasta la fecha la Comisión proporcionaba servicios de asistencia jurídica a 70.000 beneficiarios en sus 116 centros. Actualmente presta apoyo a 24 clubes de derechos humanos en 24 universidades. Además, se han establecido 242 clubes de este tipo en la enseñanza primaria y secundaria y en escuelas preparatorias, los cuales están trabajando, entre otras cosas, en la promoción de la mujer y los derechos de los niños dentro de la comunidad escolar.
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Addis Abeba administra 20 centros de asistencia jurídica en Addis Abeba, Adama, Ambo y Hawassa que ofrecen representación letrada gratuita y fomentan la conciencia pública. Los centros están ubicados dentro de los recintos judiciales, las oficinas de asuntos de la mujer y la infancia, las prisiones y otras oficinas similares. Entre diciembre de 2012 y mayo de 2016 los centros prestaron servicio a 27.134 beneficiarios, de los cuales 12.989 eran mujeres.
Artículo 3: Desarrollo y adelanto de la mujer
Durante el período sobre el que se informa, el Gobierno llevó a cabo actividades dirigidas a fortalecer las instituciones encargadas de promover la igualdad entre los géneros; la incorporación efectiva de los problemas de las mujeres en los programas y las prioridades nacionales de desarrollo; y la elaboración y aplicación de herramientas o instrumentos para la integración de las cuestiones de género y la determinación de los presupuestos.
La Asamblea Electoral de Mujeres y la Comisión Permanente de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Pueblo vigilan el órgano ejecutivo encargado de aplicar los objetivos de igualdad entre los géneros en los marcos normativos nacionales. La Cámara también analiza los presupuestos desde una perspectiva de género. La Comisión Permanente examina los informes y realiza observaciones sobre el terreno para vigilar la incorporación de la perspectiva de género en los planes y proyectos sectoriales. También supervisa la incorporación de las cuestiones de género en la labor de otras comisiones permanentes en el Parlamento.
Durante el período examinado en el informe, se reestructuró el Ministerio encargado de la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a fin de asegurar un tratamiento más específico de las cuestiones relativas a las mujeres. El antiguo Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Juventud pasó a denominarse Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez. El Ministerio tiene la responsabilidad de iniciar y promover leyes, políticas, estrategias y planes de acción sobre los derechos de las mujeres; fomentar y apoyar la incorporación de la perspectiva de género; realizar investigaciones; llevar a cabo actividades de vigilancia y presentar informes sobre la rendición de cuentas en lo que se refiere al logro de la igualdad de género; desarrollar la capacidad de los interesados de dentro y fuera del Gobierno; y llevar a cabo actividades de movilización social y establecimiento de alianzas. La incorporación de la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres se extienden al nivel administrativo más bajo dentro del país. A nivel federal, las instituciones encargadas de los asuntos de la mujer en todos los ministerios y organizaciones públicas competentes han estado operativas. Asimismo, las regiones cuentan con oficinas de asuntos de la mujer.
Se ha creado un órgano de coordinación nacional de alto nivel presidido por el Viceprimer Ministro del país e integrado por ministerios pertinentes como el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez y los Ministerios de Educación, Salud y Agricultura con el objetivo de supervisar la igualdad de participación de las mujeres y los jóvenes en el proceso de desarrollo del país.
Se han establecido grupos para el desarrollo de las mujeres que están formados por mujeres procedentes de entre 25 y 30 hogares, los cuales a su vez se organizan en equipos de cinco miembros dirigidos por una mujer que ha obtenido resultados ejemplares en lo que respecta a potenciar sus medios de vida. Estos grupos contribuyen en gran medida a mejorar la situación de las mujeres, especialmente en las zonas rurales. Las mujeres integrantes de estos grupos se reúnen periódicamente en el momento y el lugar que más les convengan para debatir y resolver sus problemas socioeconómicos y otros asuntos conexos.
El principal objetivo de los grupos para el desarrollo de las mujeres es promover y garantizar la participación activa de estas en la labor de desarrollo social, económico y político. Los grupos contribuyen de forma significativa al aumento de conocimientos y aptitudes que permitan a las mujeres mejorar su estilo de vida. También fomentaron una conducta positiva de los hogares respecto a los servicios médicos y aceleraron la aplicación de paquetes de divulgación sanitaria y agrícola, la ejecución de los programas de educación universal y la eliminación de las prácticas tradicionales nocivas. Actualmente hay 11.956.791 mujeres organizadas en 477.369 grupos para el desarrollo de las mujeres y 2.207.879 equipos de cinco miembros.
El Gobierno asumió el adelanto de la mujer entre sus prioridades y lo incluyó entre los problemas transversales tratados en los sucesivos planes y programas nacionales de desarrollo. Durante el período sobre el que se informa, el Primer Plan de Crecimiento y Transformación integró el empoderamiento de la mujer y la igualdad entre los géneros en los seis componentes principales y le asignó un séptimo pilar independiente. Además, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez elaboró y puso en marcha las Directrices Nacionales para la Incorporación de la Perspectiva de Género. También impartió cursos de desarrollo de la capacidad a los respectivos interesados sobre la manera de aplicar las Directrices. Esta intervención es útil para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del Gobierno en lo que se refiere al cumplimiento de su obligación de incorporar la perspectiva de género en sus actividades. El Ministerio también puso a prueba un instrumento de nivelación para incorporar dicha perspectiva, que abarca la vigilancia y la nivelación de los sectores en función de sus resultados a la hora de garantizar los beneficios de las mujeres. Además, el Ministerio está elaborando el Manual Normalizado sobre el Seguimiento y la Evaluación con Perspectiva de Género. No obstante, la escasez de conocimientos especializados en el ámbito de la incorporación de esta perspectiva dificulta la coordinación eficaz de los sectores y las partes interesadas.
El Gobierno ha integrado la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en el proceso de presupuestación de los programas contemplado en la Ley Financiera núm. 970/2016 a fin de aumentar la participación y los beneficios económicos de las mujeres. La Ley exige que los sectores preparen presupuestos que tengan en cuenta las cuestiones de género. En 2008 el Ministerio de Finanzas y Cooperación Económica elaboró y puso en marcha unas Directrices para la Elaboración de Presupuestos con Perspectiva de Género, que se modificaron en 2011/12. Las Directrices facilitan las iniciativas encaminadas a aumentar y rastrear la planificación y las asignaciones presupuestarias a nivel nacional en lo relativo al logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. También se han elaborado Directrices para la Capacitación en materia de Presupuestación con Perspectiva de Género. Se imparten cursos a los ministerios sectoriales federales y los órganos pertinentes a nivel regional. Desde la publicación de las Directrices y los posteriores cursos de capacitación, los sectores empezaron a incorporar las actividades relacionadas con el género y los objetivos de género en sus solicitudes presupuestarias. El género ha pasado a ser uno de los criterios usados en el examen de las solicitudes presupuestarias y en el establecimiento de prioridades para las asignaciones presupuestarias. El Ministerio también ha suscrito un acuerdo con la Universidad de la Administración Pública de Etiopía para impartir el tema de la presupuestación con perspectiva de género como un aspecto de los programas académicos pertinentes.
El compromiso político de promover el papel de la mujer en la sociedad sigue quedando patente mediante la adopción de políticas sectoriales que se ocupan de las cuestiones de género relacionadas con los respectivos sectores. Por consiguiente, se están revisando las políticas de salud y energía para incorporar las cuestiones de género como elemento primordial.
A pesar de los progresos realizados en el logro de la plena efectividad de los derechos de la mujer, hay desafíos que emanan de actitudes o valores culturales y tradicionales profundamente arraigados, la falta de conocimientos técnicos en diversos ámbitos y la ausencia de sistemas integrales de reunión y análisis de datos. Para hacer frente a estos desafíos, el Ministerio y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales de diversa índole llevan a cabo una labor de movilización de la comunidad dirigida a crear normas y actitudes sociales que tengan en cuenta las cuestiones de género en las comunidades.
Otro desafío es la falta de un sistema bien desarrollado de datos desglosados por sexo y género. Los efectos de esa limitación pueden observarse en la planificación, la vigilancia y la evaluación de los progresos. La planificación adolece de la falta de datos de referencia, lo que, a su vez, complica la naturaleza y el alcance de las intervenciones y la determinación de las necesidades de recursos basada en los conocimientos. Para hacer frente a esta situación, la Encuesta Demográfica y de Salud, que constituye una fuente de datos a nivel nacional, está ampliando sus indicadores para reunir datos relacionados con el género a nivel nacional. Además, el Organismo Central de Estadística elaboró el primer conjunto de datos desglosados por género que abarcaba todos los sectores. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez puso en marcha la base de datos nacional de la mujer, y los ministerios sectoriales están elaborando datos desglosados por sexo sobre la aplicación de los objetivos nacionales de desarrollo.
Artículo 4: Medidas especiales de carácter temporal
El artículo 35 de la Constitución establece medidas especiales para hacer frente al legado histórico de desigualdad y discriminación contra la mujer.
En el ámbito político, se han adoptado medidas de acción afirmativa dirigidas a cumplir el objetivo de lograr que el 30% de los candidatos a las elecciones y los miembros del Parlamento nacional sean mujeres. La Junta Electoral proporciona fondos para la realización de campañas especiales dirigidas a las candidatas con el objetivo de alcanzar este objetivo.
El Programa de Reforma de la Administración Pública y el reglamento de ejecución de la Ley de la Administración Pública Federal incorporan medidas de acción afirmativa a favor de las mujeres candidatas que tienen calificaciones iguales o muy similares a la de los candidatos varones.
El Ministerio de Educación establece anualmente una nota mínima más baja para las mujeres en los exámenes nacionales. Además, existe la práctica de reservar plazas para alentar a las estudiantes a matricularse en las materias de ciencia y tecnología.
En el sector de la vivienda, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda estableció un sistema que beneficia especialmente a las mujeres. Así, el plan federal de construcción de viviendas asequibles reserva para las mujeres el 30% de los bloques de apartamentos (de bajo costo) construidos. Las mujeres y los hombres compiten en pie de igualdad por el 70% restante. Se han realizado nueve rondas de distribución de este tipo de viviendas en Addis Abeba, y las mujeres constituyen el 54% de los beneficiarios en siete de ellas. En las regiones, el 47% de los beneficiarios de los programas de vivienda de bajo costo son mujeres.
La aplicación de medidas de acción afirmativa parece estar limitada al sector público. En un intento de mejorar esta situación, el Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos de Etiopía (2016-2020) ha establecido que el Gobierno elaborará un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos con el fin de incorporar los valores de estos derechos. El Gobierno también tiene previsto alentar y apoyar la creación de una Sección del Pacto Mundial en Etiopía, que será un mecanismo adicional para que el sector privado proteja mejor los derechos humanos en su propio ámbito.
Artículo 5: Eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que discriminan a la mujer
La Constitución y las leyes subsidiarias pertinentes de Etiopía prohíben todas las formas de discriminación. En 2013 el Gobierno aprobó la Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre las Prácticas Tradicionales Nocivas contra las Mujeres y los Niños en Etiopía. La Estrategia institucionaliza mecanismos nacionales, regionales y comunitarios con el objetivo de prevenir las prácticas tradicionales nocivas, proteger a las mujeres y los niños y prestar servicios a las supervivientes de dichas prácticas. Adopta un enfoque multisectorial, con arreglo al cual una plataforma nacional sobre las prácticas tradicionales nocivas, integrada por diversos ministerios sectoriales, asociaciones nacionales y organizaciones confesionales y dirigida por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez, vigila la puesta en práctica de la estrategia.
Las iniciativas de concienciación y promoción siguieron siendo los principales instrumentos de cambio. Un enfoque destacado es el fomento de un diálogo sostenido a nivel comunitario sobre la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el secuestro. Los diálogos comunitarios han logrado buenos resultados, dado que eran de amplio alcance y se llevaban a cabo de manera constante y sostenible.
En el ámbito de la movilización comunitaria, la labor de promoción y seguimiento llevada a cabo por los grupos para el desarrollo de las mujeres ha arrojado resultados extraordinarios, ya que han reducido al mínimo las prácticas del matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en las comunidades. La movilización comunitaria incluye redes de mujeres que viven en el mismo barrio y comparten los mismos intereses y características. El enfoque permitió un fácil acceso a las comunidades para llevar a cabo actividades de sensibilización y vigilar sus resultados. La campaña contra las prácticas tradicionales nocivas se llevó a cabo en todo el país y se complementó con actividades de enseñanza o de sensibilización desde la perspectiva de la salud, la religión y la legislación. Los líderes religiosos desempeñaron una labor activa para aclarar la postura de la religión sobre la manera de erradicar las prácticas tradicionales nocivas, dirigiendo y ejecutando la campaña para la erradicación de estas prácticas y mostrando su apoyo mediante la bendición a los trabajadores sanitarios y la policía, lo que confirió credibilidad e importancia a la labor de promoción llevada a cabo por estos actores.
Se han establecido a nivel nacional alianzas para hacer frente a los distintos tipos de prácticas tradicionales nocivas, que han llevado a cabo sus actividades en las regiones. El Estado Regional Somalí es uno de los primeros estados de la región en establecer su propia alianza regional de lucha contra las prácticas tradicionales nocivas. Del mismo modo, el Estado Regional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur ha creado su propia plataforma regional para combatir tales prácticas.
Un paso importante en la lucha contra las prácticas tradicionales nocivas y la violencia por razón de género ha sido el hecho de que las diferentes religiones hayan dado su aprobación a la causa por conducto de su Consejo Interconfesional, que está integrado por siete organizaciones confesionales cristianas y musulmanas. Desde su creación en 2010, el Consejo ha venido trabajando en los ámbitos de la violencia por razón de género, las prácticas tradicionales nocivas, la salud maternoinfantil, el VIH y el SIDA. Proporciona un foro en el que debatir y formular estrategias para hacer frente a esos problemas mediante la participación de sus seguidores. El Consejo ha adoptado una posición para eliminar la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil antes de 2025. En 2014 se examinó el papel de las diferentes organizaciones confesionales en una reunión consultiva que congregó a más de 350 personas de todo el país. Además, el Consejo estableció un grupo de tareas que se encargará del seguimiento y la vigilancia de la aplicación de sus estrategias. Este esfuerzo concertado ha permitido rescatar a 1.116 personas de diferentes formas de violencia por razón de género mediante la intervención de las organizaciones confesionales en diferentes partes del país; sensibilizar de 385 organizaciones religiosas y 830.352 líderes religiosos sobre la necesidad de poner fin a la mutilación genital femenina y otras formas de prácticas tradicionales nocivas; incluir este tipo de prácticas y la violencia por razón de género en el programa de estudios de 60 escuelas superiores de teología; y difundir mensajes sobre la mutilación genital femenina y las prácticas tradicionales nocivas por medios impresos y electrónicos a unos 9 millones de personas. Esta labor contribuyó a la disminución de la tasa de mutilación genital femenina, que pasó del 56% al 23%, así como del matrimonio infantil, que cayó del 21% al 8%, y de la tasa de secuestros, que se redujo en un 12,7%.
A pesar de los importantes progresos realizados, hay obstáculos derivados de normas y prácticas consuetudinarias profundamente arraigadas en las comunidades, del bajo nivel de conocimiento de la ley, y de la injerencia de las instituciones tradicionales, como el consejo de ancianos, en el proceso jurídico oficial. Los programas llevados a cabo para impartir conocimientos básicos de derecho deben dar respuesta a estos obstáculos.
La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía empezó a organizar “foros de derechos humanos” a nivel federal, regional y comunitario que prevén una movilización organizada de la población. El manual de capacitación de los foros comprende un módulo sobre los efectos de las prácticas tradicionales nocivas en los derechos humanos de las personas.
Para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia, la Fiscalía General Federal, las oficinas de justicia de los estados regionales, las universidades que cuentan con centros de asistencia jurídica, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía y las organizaciones de la sociedad civil prestan servicios de asistencia jurídica. Además, la Fiscalía General Federal coordina los servicios jurídicos gratuitos que proporcionan los abogados privados en cumplimiento de su obligación de prestar servicio pro bono bajo la vigilancia del Fiscal. En 2014/15 y 2015/16, los abogados privados y los fiscales federales prestaron servicios jurídicos gratuitos a 1.671 y 217 personas, respectivamente.
Artículo 6: Trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer
La trata de personas con cualquier fin es un acto prohibido en la Constitución y en el Código Penal revisado de 2005. Etiopía promulgó la Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley núm. 909/2015) para colmar las lagunas del Código Penal. La Ley introdujo disposiciones claras y penas severas, entre ellas una multa de hasta 500.000 birr etíopes y la pena de muerte si la víctima sufre lesiones graves o la muerte.
La Ley prevé la inmunidad a las víctimas de la trata y el tráfico ilícito a fin de alentarlas a denunciar los delitos y colaborar con la Fiscalía en la aportación de pruebas. También prevé servicios de apoyo, en particular el regreso en condiciones de seguridad, la reunión con sus familias y su integración en la sociedad. Asimismo, establece un fondo para la prevención y rehabilitación de las víctimas financiado con fuentes como el presupuesto del Gobierno, el producto de los bienes confiscados a los autores y subvenciones y contribuciones voluntarias.
Por otra parte, la Ley prevé la cooperación con los países de destino y con los países de tránsito. Las investigaciones, el intercambio de información y los acuerdos de extradición deben fomentar el enjuiciamiento de la trata de personas. Con este fin, Etiopía aprobó las convenciones sobre extradición y asistencia judicial recíproca de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo. También concertó acuerdos bilaterales de extradición con el Sudán y Djibouti.
La policía federal ha creado una sección especial denominada Sección sobre la Trata de Personas y los Estupefacientes, que se dedica a la investigación de estos delitos. La Fiscalía General Federal estableció una dependencia especial para investigar los delitos de trata de personas. Solo en 2014/15 se investigaron 127 casos, se enjuició a 136 personas y se declaró culpables a 49, que fueron condenadas con penas que van de 2 a 18 años. El resto de los casos siguen pendientes ante los tribunales.
En 2013/14 se prestó ayuda a un total de 163.018 migrantes (100.688 hombres, 53.732 mujeres y 8.598 niños) que fueron deportados de la Arabia Saudita, el cual consistió, entre otras cosas, en el suministro de refugios temporales a su llegada, la reintegración con sus familias, la capacitación y la organización en grupos de apoyo en colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Etiopía ha ratificado el Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños. Además, se están llevando a cabo estudios y preparativos para ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes.
Etiopía es un país de origen y de tránsito para la trata y el contrabando de personas. Los estudios muestran que la mayoría de las víctimas de la trata dentro y fuera del país son mujeres. Las principales finalidades de la trata son el trabajo forzoso y la explotación sexual.
Debido a la naturaleza sumamente clandestina de este delito, los datos sobre el número de víctimas de la trata no son fáciles de obtener. Sin embargo, algunas informaciones indican que hasta 1.000 mujeres salen del país cada mes para buscar trabajo como trabajadoras domésticas en el extranjero. Los principales destinos son el Oriente Medio y los países del Golfo. Las mujeres también son objeto de trata en los países vecinos de Djibouti, Kenya, la República Unida de Tanzanía, el Sudán y, recientemente, Sudán del Sur. Los traficantes utilizan el transporte aéreo y terrestre y hacen que las víctimas viajen a pie a los países vecinos, facilitando el desplazamiento a través de su red.
El otro mecanismo utilizado para combatir la trata y el tráfico ilícito de personas es la movilización social, que tiene por objeto lograr un cambio de actitud con respecto a la migración ilegal. Durante el período a que se refiere el informe, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales organizó 534 diálogos comunitarios sobre la migración y la trata y el contrabando de personas en varios estados regionales de Etiopía (Amhara, Tigray, Oromiya y las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur), en los que se calcula que participaron unos 18 millones de personas. El Ministerio también estableció 325 centros de diálogo comunitario y capacitó a facilitadores de dicho diálogo. El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez también colaboró con las instituciones religiosas y los medios de comunicación para llevar a cabo actividades de sensibilización similares sobre las repercusiones de la migración ilegal en la persona y la nación en general. Estas movilizaciones sociales realizadas a través de medios impresos y electrónicos y diálogos comunitarios han contribuido en gran medida a mejorar la actitud del público hacia la migración.
También se han creado un Comité Nacional y un Equipo de Tareas con el fin de velar por la ejecución efectiva del plan de acción estratégica de cinco años para la prevención de la trata y el contrabando de personas. El Comité Nacional está dirigido por el Viceprimer Ministro del país y está integrado por los jefes de la Fiscalía General Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez, el Ministerio de Educación y los homólogos regionales. El Comité Nacional desempeña una función de asesoramiento en cuestiones de política y coordina las actividades de los diferentes interesados. Por otra parte, el Equipo de Tareas, dirigido por el anterior Fiscal General Federal e integrado por los mismos miembros del Comité Nacional, se encarga de formular planes de acción nacionales y adoptar medidas adecuadas para la rehabilitación, la asistencia y la reintegración de las víctimas en la sociedad.
Los estudios indican que la causa subyacente de la trata y el contrabando de personas es la pobreza. Por tanto, para hacer frente a esta causa fundamental, el Gobierno adoptó varias medidas orientadas principalmente a facilitar la migración legal. Así, se promulgó la Ley de Etiopía núm. 923/2016, relativa al Empleo en el Extranjero, con el fin de proteger los derechos, la seguridad y la dignidad de los etíopes que desempeñen un empleo en el extranjero. La Ley exige que los ciudadanos que deseen aceptar un empleo fuera del país finalicen el octavo grado de educación y obtengan un certificado de competencia profesional. También prevé la facilitación de una formación previa al empleo y a la partida que guarde relación con la labor que tendrán que desempeñar y las condiciones del país receptor. El Gobierno ha concertado acuerdos laborales con la Arabia Saudita, Jordania, Kuwait y Qatar. También está negociando acuerdos similares con los principales países importadores de mano de obra, como Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y el Líbano.
Artículo 7: Vida política y pública
Las mujeres gozan de igualdad de derechos para elegir y ser elegidas, participar en la formulación y aplicación de las políticas gubernamentales, ocupar cargos públicos y ejercer funciones públicas. La Junta Electoral Nacional de Etiopía ha adoptado varias medidas encaminadas a garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos por las mujeres. Según la Ley de Inscripción núm. 573/2008, el apoyo destinado a los partidos políticos se prorratea entre estos en función del número de candidatas que designen, entre otros factores. En las elecciones nacionales celebradas en 2015, la Junta asignó el 15% del presupuesto total a los partidos políticos que alcanzaron el umbral del 30% de representación de mujeres. Se trata de un incremento respecto de las anteriores elecciones nacionales, donde se asignó con el mismo fin el 10% del presupuesto total.
Otra medida adoptada por la Junta durante las elecciones nacionales celebradas recientemente se refiere a la obtención de tiempos especiales en los medios de comunicación para la campaña de las candidatas. Esta medida, que es la primera de este tipo adoptada en el país, permitió a las candidatas obtener tiempo de emisión en la televisión y la radio para transmitir su mensaje al electorado. Además, la Junta pudo garantizar que se destinara a las candidatas el 10% del total de la cobertura en los medios de prensa. Durante las elecciones nacionales de 2015, el 40% de los funcionarios encargados de la ejecución electoral fueron mujeres. Además, la Junta elaboró una estrategia de género y un manual de ejecución como parte de su plan estratégico de cinco años y llevó a cabo diversas actividades de capacitación y sensibilización en materia de género.
La representación de las mujeres en la Cámara de Representantes del Pueblo aumentó del 27,9% en 2010 al 21,4% en 2005; la viceportavoz de la Cámara era una mujer; había 4 mujeres en las presidencias de las comisiones permanentes; 91 mujeres eran miembros de las comisiones permanentes; 4 mujeres integraban los comités asesores; y 9 mujeres eran miembros de los comités de coordinación. En el Parlamento actual (quinto mandato), la participación de las mujeres ha alcanzado el 38,8%; hay 7 mujeres que son presidentas y 8 mujeres que actúan como vicepresidentas de comisiones permanentes. Asimismo, la representación de las mujeres en los consejos regionales alcanza el 40,2% en los consejos regionales y el 50% en los consejos de los woreda y los kebele. Sin embargo, existen disparidades entre las regiones.
En las quintas elecciones generales, que tuvieron lugar en 2015, se presentaron un total de 1.270 candidatos (301 para cargos públicos federales y 969 para cargos públicos en los consejos regionales). Esta cifra representa un aumento con respecto a las elecciones anteriores, celebradas en 2010, cuando solo se presentaron 927 candidatas a cargos públicos en los planos regional y federal. Esta mejora se atribuye, entre otros factores, a las medidas adoptadas por la Junta Electoral.
El número de mujeres en la judicatura y el poder ejecutivo también ha mostrado progresos. Por lo que se refiere a la judicatura, en los tribunales de primera instancia federales las mujeres representan 43,4% de los jueces. Del mismo modo, en el Tribunal Superior Federal las mujeres representan 21,3% de los magistrados. En el Tribunal Supremo Federal hay 7 magistradas (17,5%). Si bien estas cifras indican que la proporción de mujeres ha aumentado frente al período examinado en el informe anterior, la representación de las mujeres en la judicatura sigue siendo baja. En cuanto al poder ejecutivo federal, la representación de las mujeres era del 15,5% en el nivel superior y el 22% en los puestos de nivel medio.
En lo referente a la participación de las mujeres en organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias que se ocupan de la vida pública y política, el Gobierno ha establecido el marco necesario para alentar a las mujeres a formar asociaciones y sindicatos profesionales y agrupaciones de otra índole. Se considera que estas plataformas actuarán como trampolines para las mujeres líderes emergentes.
Si bien los progresos realizados en el logro de la igualdad en la vida pública y política es alentador, sigue habiendo obstáculos. Entre ellos figuran el bajo nivel de representación de las mujeres en los poderes ejecutivo y judicial y el reducido número de mujeres en puestos decisorios. Por otra parte, es preciso seguir trabajando para traducir el aumento de los niveles de representación en una participación efectiva. Se han adoptado diversas medidas para hacer frente a esos obstáculos y aumentar la representación de la mujer en los puestos decisorios. Una de esas medidas es la acción afirmativa en la contratación y la promoción, así como en la educación y la formación. Además, el Gobierno proporcionó capacitación en materia de liderazgo a las mujeres y ofrece a las trabajadoras oportunidades para obtener becas que les permitan obtener las calificaciones educativas que necesitan (primer y segundo grado).
Artículo 8: Representación de las mujeres en el plano internacional
El Ministerio Federal de Relaciones Exteriores ha adoptado varias medidas encaminadas a garantizar la igualdad de representación de la mujer en la diplomacia. Está trabajando para lograr la entrada de un 50% de mujeres en el Instituto de Formación de Relaciones Exteriores. En 2014/15 la proporción de mujeres en el programa de capacitación fue del 45%.
Además, durante la contratación y la promoción se aplicaron medidas de acción afirmativa que otorgaban tres puntos adicionales a las mujeres. Ello dio lugar a la promoción de 38 mujeres a puestos superiores en 2013/14. Actualmente hay 5 directoras generales; 9 directoras y 9 jefas de misiones en el extranjero. Las medidas de acción afirmativa adoptadas respecto de las oportunidades de capacitación también beneficiaron a 27 mujeres.
En colaboración con misiones diplomáticas en el extranjero radicadas en Etiopía, se llevan a cabo programas de mentoría dirigidos a los jóvenes y las futuras mujeres diplomáticas. El Ministerio también organiza cursos de formación y talleres sobre temas como las mujeres y la diplomacia, los instrumentos internacionales y regionales relativos a los derechos de la mujer y la incorporación de la perspectiva de género.
Artículo 9: Ciudadanía
El artículo 33 de la Constitución y la Ley de Nacionalidad Etíope núm. 378/2003 reconoce a todo ciudadano etíope el derecho a mantener su nacionalidad o cambiarla. La legislación de Etiopía garantiza que los niños nacidos de padres etíopes adquieran la nacionalidad etíope. Además, las mujeres tienen derecho a conservar su nacionalidad etíope y transmitirla a sus cónyuges extranjeros. Durante el período sobre el que se informa no se ha producido ninguna modificación a este respecto.
Artículo 10: Igualdad en la esfera de la educación
Las leyes y las políticas de Etiopía abarcan las tres dimensiones fundamentales de las obligaciones del Estado, que son la igualdad de acceso a la educación, la eliminación de los estereotipos sobre los papeles asignados a cada género y la superación de las lagunas existentes en los niveles de educación de los hombres y las mujeres. Algunas de las políticas son la Ley de Enseñanza Superior núm. 650/2009, la Estrategia de Género en el Sector de la Educación y la Capacitación de 2014/15, el Cuarto Programa de Desarrollo del Sector Educativo y el Segundo Plan de Crecimiento y Transformación.
El Cuarto Programa de Desarrollo del Sector Educativo se aprobó con el fin de promover, entre otros objetivos, la igualdad de acceso y de éxito en la educación y la capacitación para las mujeres y las niñas. El Programa fortaleció las estructuras institucionales encargadas de incorporar la perspectiva de género en dicho sector a todos los niveles; promovió los foros sobre la educación de las mujeres y los clubes de jóvenes alumnas en todos los niveles; contribuyó al incremento de la matriculación de las niñas en todos los niveles y todas las disciplinas, también en las de pastoreo y producción agropecuaria; aprovechó la ejecución de los programas de acción afirmativa; reforzó la sensibilización en materia de género de los planes de estudio y los libros de texto, así como la pedagogía con perspectiva de género; y facilitó la elaboración de políticas de lucha contra el acoso sexual en las escuelas.
La versión revisada de la “Estrategia de Género en el Sector de la Educación y la Capacitación” en 2014/15 tiene por objeto eliminar las barreras de género en todos los niveles educativos y asegurar la igualdad de participación de las mujeres en la enseñanza, así como en el liderazgo y la gestión en materia de educación. La Ley de Enseñanza Superior núm. 650/2009 obliga a las instituciones de este nivel de enseñanza a aumentar la proporción de mujeres en cargos superiores y a prestar asistencia a los estudiantes de las comunidades desfavorecidas.
El nivel de acceso y éxito de las niñas ha mostrado avances considerables en la reducción de la brecha entre los géneros. La tasa de matriculación de niñas y niños en Atención y Educación de la Primera Infancia, que en el año académico 2013/14 incluía los jardines de infancia, los programas niño a niño y de clase “0”, se mantiene prácticamente igual, en el 38% para los varones y el 36% para las niñas. La tasa bruta de matriculación en la enseñanza primaria en 2014/15 fue del 107% en el caso de los varones y el 98,4% en el de las niñas, lo que muestra que se han logrado avances respecto de las cifras registradas en 2009/10, que fueron del 96,6% en el caso de los varones y el 90,1% en el de las niñas. Sin embargo, la matriculación de las niñas es algo inferior a la de los niños. Por otra parte, la tasa neta de matriculación alcanzó el 97,5% para los varones y el 90,9% para las niñas en 2014/15, cifras que mostraron progresos respecto de las alcanzadas en 2009/10, que fueron del 83,7% para los varones y del 80,5% para las niñas.
El índice de paridad entre los sexos en la enseñanza primaria en 2014/15 fue 0,92 a nivel nacional. Los estados regionales de Tigray y Amhara y la administración municipal de Dire Dawa lograron un índice de paridad entre los sexos conforme con el criterio establecido en Educación para Todos (0,97-1,03). En cambio, el resto de las regiones no lograron la paridad entre los sexos y están lejos de la media nacional. Durante los cinco años académicos (de 2008/09 a 2013/14), la tasa de repetición de las niñas en la enseñanza primaria fue inferior a la de los niños, del 7,6% para ellos y el 7,0% para ellas. Durante el mismo período, la tasa de deserción escolar de las niñas fue superior (del 10%) a la de los niños (del 9,9%). Durante el período de 2008/09 a 2013/14, el promedio de la tasa de permanencia de las niñas en el grado 5 fue del 62,8%, mientras que en el caso de los niños fue del 59,8%. En 2014/15 la tasa de finalización del grado 8 fue del 50,9% para las niñas y el 51,8% para los niños, lo que muestra que la tasa de finalización de las niñas es ligeramente inferior a la de los varones.
En la enseñanza secundaria, la tasa bruta de matriculación de las niñas fue sistemáticamente inferior a la de los niños en los últimos cinco años (2010/11 a 2014/15). En 2014/15 la tasa bruta de matriculación en el primer ciclo de la enseñanza secundaria se situó en el 38,4% para las niñas y el 41,3% para los niños. El índice de paridad entre los géneros ha alcanzado la cifra de 0,93 para el primer ciclo y 0,80 para el segundo. Durante el mismo período, la tasa bruta de matriculación de las niñas en el segundo ciclo de los grados 11 y 12 aumentó del 35% al 48%, y el índice de paridad entre los sexos pasó de 0,56 a 0,87. A nivel regional, la tasa bruta de matriculación en Gambella, Addis Abeba, Tigray, Benishangul Gumuz, Dire Dawa, Harari y Amhara es superior al promedio nacional. Por el contrario, Afar, Somalí, Oromiya y el Estado Regional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur tienen una tasa bruta de matriculación inferior a dicho promedio. La tasa de alumnos que han alcanzado 2,00 puntos o más en el grado 10 ha mostrado un aumento en los últimos cinco años. No obstante, solo el 54,5% de las niñas que se presentaron a los exámenes nacionales obtuvieron una nota superior a 2,00, mientras que la tasa correspondiente a los niños fue del 70,05%.
En cuanto a la matriculación en la educación y formación técnica y profesional durante los cinco últimos años (2010/11 a 2014/15), la tasa de las mujeres, del 52,3% en 2014/15, es superior a la de hombres. Sin embargo, la matriculación de mujeres en las disciplinas de ciencia, mecánica y tecnología es inferior a la de hombres. Las razones que explican esta situación son, entre otras, los estereotipos sobre la división de las profesiones. Para atajar este problema, el Ministerio de Educación ofrece servicios de asesoramiento a las mujeres con el fin de alentarlas a matricularse en disciplinas formativas dominadas por los hombres.
En el nivel de terciaria, la matriculación ha mostrado un progreso constante, pero la tasa de matriculación en el caso de las mujeres sigue siendo más baja que la de los hombres. En 2014/15, la matriculación de mujeres fue del 33% en los programas de cursos de grado y el 24% en el nivel de posgrado. En ese mismo período la proporción de mujeres fue del 30,1% en las disciplinas de ingeniería y tecnología; el 29,8% en agricultura y ciencias de la vida; el 34,7% en medicina y ciencias de la salud; el 31,3% en ciencias naturales y cálculo; 39,9% en empresariales y economía; y el 34,2% en ciencias sociales y humanitarias.
También se imparte educación no formal y de adultos orientada a corregir las necesidades de la población adulta en materia de enseñanza primaria. De las 5.990.409 personas adultas que participaron en el programa de primer y segundo año, el 42,8% eran mujeres.
En el nivel de primaria, la tasa de escolarización está cerca de alcanzar el nivel deseado en lo que se refiere a garantizar el acceso universal y equitativo a la enseñanza primaria para los niños y las niñas. No obstante, esta tendencia no se observa en el nivel de secundaria, y la brecha es cada vez mayor en el nivel de enseñanza superior. Asimismo, en lo relativo al éxito en la educación, que se mide con las tasas de repetición, deserción escolar y finalización, las niñas tienen resultados ligeramente mejores que los niños o similares a estos. Sin embargo, este nivel de progreso no se cumple en los niveles superiores de enseñanza. Los principales obstáculos que explican esta diferencia son la distancia entre la residencia y los centros de enseñanza secundaria y de educación y formación técnica y profesional, las barreras socioculturales para la educación de las niñas —como, por ejemplo, unas tareas domésticas laboriosas y que requieren mucho tiempo—, las prácticas tradicionales nocivas y la trata de niñas.
Se están adoptando medidas concertadas para hacer frente a la multitud de obstáculos que afectan negativamente a la educación de las niñas. El Ministerio de Educación, las oficinas regionales de educación y las instituciones de enseñanza superior elaboraron conjuntamente reglamentos y módulos de capacitación. Entre estos instrumentos figuran las directrices para el examen y el análisis de los libros de texto desde una perspectiva de género; el módulo de capacitación con perspectiva de género destinado a la enseñanza superior; las directrices para la ampliación y la reproducción de las buenas prácticas en la educación de las niñas; el manual para la incorporación de la perspectiva de género en los programas de mejora de las escuelas; las directrices sobre el acceso de las mujeres a los puestos de liderazgo educativos; un libro sobre la pubertad de las niñas que contiene información relativa a los cambios físicos y emocionales; los manuales de capacitación en materia de preparación para la vida; las directrices preferenciales relativas a la igualdad de género en la educación general; y el código de conducta para la lucha contra la violencia por razón de género. Estos materiales se utilizan en diversos entornos educativos. Asimismo, en las instituciones de formación de docentes en todo el país se aplica una pedagogía que tiene en cuenta las cuestiones de género.
Para hacer frente a los problemas relacionados con la distancia entre la residencia y las escuelas, el Ministerio ha elaborado directrices sobre la prestación de servicios de alojamiento para las estudiantes. Asimismo, a través de la sección del Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicada al género, el Ministerio está prestando asistencia financiera a las niñas de familias desfavorecidas para que acudan a la escuela. Este programa, que tiene por objetivo reducir las tasas de deserción escolar, está en funcionamiento en las cuatro regiones emergentes del país, a saber, las regiones de Benishangul Gumuz, Gambela, Afar y Somalí. Además, se han elaborado directrices sobre la puesta en práctica de programas de orientación y apoyo académico.
Las universidades están poniendo en práctica programas para ayudar a las estudiantes que no han podido realizar progresos académicos. Algunas universidades públicas tienen programas de recuperación que consisten en formación profesional a corto plazo en distintos ámbitos, como la tecnología de la información, la topografía, la gestión hotelera, la peluquería y el secretariado en escuelas superiores de educación y formación técnica y profesional. Esta intervención ayuda a las alumnas a crear sus propias empresas o conseguir un empleo. Durante el programa de recuperación, las estudiantes reciben servicios de alojamiento y cafetería en la universidad.
La proporción de mujeres en la profesión docente es del 37% en la enseñanza primaria, el 16% en la enseñanza secundaria, el 8,3% en las instituciones de formación de docentes, el 17% en las instituciones de educación y formación técnica y profesional, y el 11,7% en las instituciones de enseñanza superior. Aunque estas cifras muestran mejoras durante el período a que se refiere el informe, la proporción sigue siendo baja. Para hacer frente a esta situación, la Estrategia de Educación de las Niñas e Igualdad de Género pide que se sigan poniendo en práctica medidas de acción afirmativa en la contratación y la selección de candidatas a puestos docentes, así como en el desarrollo de las perspectivas de carrera. Además, a las mujeres que estudian se les imparten cursos de formación sobre el desarrollo de la capacidad, el empoderamiento personal, la redacción de propuestas, las técnicas de investigación y la elaboración de proyectos. También se proporciona una financiación especial a las mujeres investigadoras.
Para atender las necesidades de las mujeres adultas, se ejecuta el Programa de Educación No Formal y de Adultos, sobre todo en las zonas rurales, donde no siempre es fácil obtener enseñanza académica para adultos. De los 5.990.409 adultos en el rango de edad de 15 a 60 años que participaron en el programa, el 42,8% son mujeres. Los grupos para el desarrollo de las mujeres alientan a aquellas de sus integrantes que son analfabetas a que se acojan al Programa.
Artículo 11: Igualdad en el empleo
La Constitución de Etiopía, la Ley de Funcionarios Públicos núm. 515/2007 y la Ley del Trabajo núm. 377/2003, parcialmente modificada mediante la Ley núm. 466/2005 y la Ley núm. 494/2006, regulan las relaciones y los derechos laborales. La legislación garantiza el derecho al trabajo, incluida la libertad de elegir la profesión; la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo durante la contratación, el ascenso, la remuneración y otros aspectos del empleo, así como el derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor. El marco jurídico se mantuvo durante el período examinado en el informe.
Los marcos jurídicos también prevén la licencia de maternidad remunerada y garantizan la seguridad en el empleo durante el embarazo e inmediatamente después del parto. Además, la Ley de Funcionarios Públicos prevé una licencia de paternidad remunerada de cinco días laborables en el momento del parto. Asimismo, ambas leyes prevén la protección de la salud y la seguridad en las condiciones de trabajo. El marco jurídico se mantuvo durante el período examinado en el informe.
A pesar de que la ley garantiza la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, existen brechas salariales entre los hombres y las mujeres en el sector privado. Durante el período a que se refiere el informe, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales llevó a cabo cursos de formación sobre la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor a más de 16.000 participantes procedentes del Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez, las federaciones de empleados y empleadores y el cuerpo judicial. Asimismo, se han llevado a cabo verificaciones y supervisiones aleatorias en más de 150.000 organizaciones privadas para evaluar la aplicación del principio.
El sistema de seguridad social de Etiopía protege a los empleados del sector público y el sector privado. La Ley de Pensión de los Funcionarios Públicos núm. 714/2011, que entró en vigor durante el período sobre el que se informa, establece las condiciones para recibir pagos por concepto de seguridad social durante la jubilación y en caso de sufrir incapacidad laboral por causa de enfermedad y lesión. Entre otras prestaciones, la Ley contempla la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, la pensión de incapacidad y la pensión de familiar supérstite, e incluye las gratificaciones y la contribución reembolsable al régimen de pensiones. Además, la Ley establece el principio de no discriminación por motivos de sexo en la edad de jubilación, en los pagos por concepto de seguridad social y en la transferencia del derecho a los familiares supérstites.
La Ley núm. 715/2011 llena el vacío existente en el marco jurídico de la seguridad social, que antes solo abarcaba a los empleados públicos. La nueva Ley prevé la pensión de jubilación, la pensión de invalidez, la pensión de incapacidad o la pensión de familiar supérstite y, además, incluye las gratificaciones y la contribución reembolsable al régimen de pensiones para los empleados de las organizaciones privadas. También contempla el principio de no discriminación por motivos de sexo en los pagos de los conjuntos mencionados de prestaciones de la seguridad social y en la transferencia del derecho a los familiares supérstites.
Etiopía ha adoptado el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (Núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo, que exige que los Gobiernos tomen medidas para aliviar la carga de las mujeres en el hogar. Por consiguiente, el Segundo Plan de Crecimiento y Transformación prevé el establecimiento de guarderías para las madres que trabajan. Además, la Política de Protección Social, que se puso en marcha en el período que abarca el informe, contempla intervenciones oficiales y oficiosas que tienen por objeto reducir los riesgos, las vulnerabilidades y las privaciones de carácter social y económico, y la facilitación del crecimiento equitativo para todas las personas, incluidas las mujeres. La Política da respuesta a los problemas persistentes causados por la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres.
Se han logrado avances considerables en la integración general de las mujeres en el mercado laboral. En 2013 la tasa de empleo femenino había llegado al 72,1%. La agricultura y la industria son los principales empleadores de las mujeres. De los sectores industrial y manufacturero, la industria textil abarca el 66% y la industria del cuero cubre el 68% del empleo total de las mujeres. El empleo de las mujeres alcanzó el 62,4% en la economía formal, y la proporción de mujeres empleadas en la economía informal disminuyó hasta el 36,5%, mientras que las mujeres en la administración pública representan el 41%.
A pesar de las mejoras logradas a lo largo de los años, el 63,1% de las mujeres permanecen al margen de la población económicamente activa. La proporción de mujeres jóvenes desempleadas es mayor. La tasa de desempleo de las jóvenes se sitúa en el 30,2% en las zonas urbanas y el 5,5% en las rurales, mientras que dicha en el caso de los jóvenes varones es del 20,4% en las zonas urbanas y del 2,6% en las rurales. Estas cifras demuestran que el desempleo es, por lo general, más alto entre las mujeres jóvenes. Los informes muestran que la asignación de las mujeres a responsabilidades domésticas no remuneradas y el bajo nivel de educación son algunas de las razones que explican esta tendencia.
El Gobierno elaboró la Estrategia de Pequeñas Empresas y Microempresas, que facilita el acceso a la financiación mediante el ahorro y los créditos; la prestación de servicios de desarrollo de la capacidad y formación práctica en la actividad empresarial y el emprendimiento; y la creación y el fortalecimiento del acceso a los mercados para las mujeres emprendedoras. Entre 2010/11 y 2012/13 el sector generó 3.964.621 empleos mediante el programa ordinario y mediante la participación en proyectos gubernamentales a gran escala. El 41,23% de los beneficiarios de los 2.681.367 puestos de trabajo creados a través de programas ordinarios eran mujeres.
Existen disparidades entre las mujeres y los hombres en lo que se refiere al tipo de empleo y la cuantía de los ingresos. Las mujeres se concentran en trabajos de categoría inferior. Además, ocupan solo el 27% de los puestos directivos y el 32% de los puestos profesionales, mientras que desempeñan el 64% de los empleos de oficina y el 65% de los empleos relacionados con el servicio. Además de examinar y corregir los marcos discriminatorios con el fin de aumentar la proporción de mujeres en los puestos profesionales y directivos, se intenta mejorar los conocimientos y los niveles de educación de las mujeres empleadas.
Artículo 12: Eliminación de la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica
Muchos elementos de los derechos de la mujer a la salud y los canales a través de los cuales esos derechos se pueden hacer efectivos reciben respuesta a nivel de las políticas. Durante el período sobre el que se informa, se intensificó la ejecución de la política de salud y de otros programas. El Ministerio de Salud puso en marcha un Plan de Transformación del Sector de la Salud de cinco años, que forma parte del Segundo Plan de Crecimiento y Transformación. Las principales esferas de atención prioritaria del Plan son la promoción de la igualdad entre los géneros; el empoderamiento de las mujeres; y el aumento de la utilización de los servicios de salud por las mujeres. El Ministerio ha adoptado un Manual para la Incorporación de la Perspectiva de Género en el Sector de la Salud que se aplica a nivel federal, regional y local.
El Ministerio elaboró la Estrategia Nacional de Salud Reproductiva, que se aplicará de 2016 a 2020 con el fin de reducir la mortalidad y promover la salud reproductiva. La Estrategia facilita los medios para reducir la mortalidad y morbilidad y mejorar la salud de las madres y los recién nacidos. También incorpora iniciativas en respuesta a las nuevas cuestiones relacionadas con la salud reproductiva. La Estrategia de Salud Reproductiva comprende 12 objetivos estratégicos, entre los que se encuentran la mejora de la salud materna y neonatal; la planificación familiar; la salud reproductiva de los adolescentes y los jóvenes; la prevención y gestión de los problemas relacionados con los órganos reproductivos; y el examen de los determinantes sociales de la salud reproductiva. Además, se han aumentado tanto el número como la divulgación de los centros que ofrecen servicios de planificación familiar. El 99% de los centros de salud y el 79% de los puestos sanitarios de todo el país prestan servicios de planificación familiar cinco días a la semana.
El Gobierno ha reforzado la ejecución del Programa de Divulgación Sanitaria, que despliega a 38.000 los agentes de divulgación sanitaria (mujeres en un 98%) en las zonas rurales y urbanas. Los agentes de divulgación proporcionan servicios a domicilio con el fin de facilitar el acceso a una salud de calidad y asequible. El Programa presta especial atención a las madres y los niños de las zonas rurales. Las agentes de divulgación sanitaria consiguieron que el Programa resultara eficaz y ejemplar y permitieron que Etiopía lograra muchos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los sectores de la salud.
Durante el período examinado en el informe se pusieron en marcha el seguro médico comunitario y el seguro médico social. El seguro médico comunitario se dirige a la población del sector informal de las zonas rurales y urbanas, y el seguro médico social, que se está poniendo a prueba en algunos woreda de Amhara, Oromiya, Tigray y el Estado Regional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur, está concebido para los empleados del sector formal. Los programas se han diseñado para beneficiar a las mujeres que tienen poco acceso a una atención médica de calidad a causa de limitaciones económicas, culturales y relacionadas con la movilidad.
Actualmente hay más de 14.000 estudiantes inscritos en 27 universidades para convertirse en médicos. Hay 6.570 médicos, 42.881 enfermeras y 12.035 parteras. El aumento del número de parteras gracias al programa acelerado de capacitación ha permitido al país mejorar la tasa de acceso a las parteras de 1:39.758 a 1:7.478. Además, la muerte por aborto en condiciones de riesgo ha disminuido del 32% en 2005 al 9% en 2014/15. En 2014/15, 1.343 centros proporcionaron servicios de aborto sin riesgo a 211.533 mujeres con arreglo a lo dispuesto por la ley.
La fístula es un grave problema causado por el matrimonio infantil, el embarazo precoz y el parto prolongado. El Gobierno ha colaborado con el principal hospital que trata la fístula en el país para ampliar los centros de tratamiento médico a nueve estados regionales.
La tasa de infección por el VIH ha disminuido considerablemente, y la prevalencia se ha reducido del 2,4% al 1,1%. El tratamiento y la prestación de servicios a las personas seropositivas también ha mejorado. Durante el período sobre el que se informa, los establecimientos de salud que proporcionan servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil y los servicios de tratamiento antirretroviral han aumentado de 1.352 y 550 a 2.495 y 1.047, respectivamente. La cobertura de servicios antirretrovirales prestados ha alcanzado el 64,7%.
Durante el período examinado en el informe se han logrado importantes avances en todos los indicadores de salud maternoinfantil esenciales.
|
Indicador/Año |
Atención prenatal |
Atención cu alificada en el parto |
Atención posnatal |
Mortalidad materna |
Mortalidad en la niñez |
Uso de anticonceptivos |
Tasa de fecundidad |
Tasa de fecundidad de las adolescentes |
|
2010 / 11 |
34 % |
10 % |
7 % |
676 / 100 000 |
59 / 1 000 |
29 % |
4 , 8 |
79 / 1 000 |
|
2014 / 15 |
96 , 9 % |
60 , 7 % |
90 % |
420 / 100 000 |
55 / 1 000 |
46 % |
401 |
65 / 1 000 |
Las normas y actitudes tradicionales, el bajo nivel de educación entre las mujeres y, en consecuencia, el limitado poder decisorio de las mujeres son algunos de los factores que contribuyen a la mortalidad materna. La participación de los hombres es decisiva para mejorar la atención prenatal, la planificación familiar, el aborto sin riesgo y otros servicios de salud similares. No obstante, los estudios anteriores al Plan de Transformación del Sector de la Salud muestran que los hombres tienen una mínima participación en la salud reproductiva.
Se adoptan mecanismos para hacer frente a las limitaciones económicas conexas, como los servicios y las tarifas de transporte. Así, se han desplegado 1.743 ambulancias en todo el país en el marco del programa “una ambulancia para cada woreda”. Las ambulancias proporcionan a las madres embarazadas servicio de transporte a un establecimiento de salud. La expansión de la red de carreteras rurales también facilita el acceso a los servicios de atención de la salud en las zonas remotas del país.
La exención de la tasa médica y la prestación de un conjunto de servicios de salud gratuitos por los agentes de divulgación sanitaria o los dispensarios móviles en las zonas de pastoreo contribuyen a hacer frente a las limitaciones económicas. Durante un largo período de tiempo se puso en práctica el sistema de exención de cuotas, en particular en lo que respecta a los servicios de salud materna. La exención de cuotas se está aplicando en el conjunto de la población y está fomentando una conducta positiva de la sociedad respecto de los servicios de salud. Entre los servicios libres se encuentran el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la tuberculosis; los servicios de atención prenatal, atención en el parto y atención postnatal; los servicios de planificación familiar; el diagnóstico inicial del cáncer cervicouterino; la inmunización de las madres y los niños; el asesoramiento y las pruebas de detección del VIH; el suministro de medicamentos antirretrovirales; el tratamiento de la lepra; el seguimiento y el control de epidemias; y la atención y el tratamiento de la fístula.
Artículo 13: Igualdad en la vida económica y social
Los principales desafíos para las mujeres fueron el acceso a la financiación, el establecimiento de redes orientadas a los mercados y la capacitación en materia de emprendimiento. Para subsanar esta deficiencia se ha aprobado la Estrategia Nacional para las Pequeñas Empresas y las Microempresas, que facilita a las mujeres empresarias el acceso a la financiación mediante el ahorro y crédito, el desarrollo de la capacidad, la formación práctica y el acceso a los mercados. Los datos revelan que el número total de beneficiarios de los servicios financieros sigue una tendencia ascendente a lo largo de los años. Los 610.789 beneficiarios de 2009 ascendieron a 1.457.339 en 2010, a 4.098.313 en 2012 y a 6,9 millones en 2013. Entre 2010 y 2013 las mujeres representaron el 40% de los beneficiarios de esos servicios. Entre 2010 y 2015, alrededor de 5 millones de mujeres se organizaron y ejercieron actividades en el sector de las pequeñas y medianas empresas.
En la esfera del establecimiento de redes orientadas a los mercados y de la capacitación, la Estrategia facilita el acceso de las mujeres empresarias a los mercados. Durante el período a que se refiere el informe, las mujeres constituyeron el 38,5% y el 39,7% de los beneficiarios de las oportunidades orientadas a facilitar el acceso a los mercados y de la capacitación en la actividad empresarial y el emprendimiento. Asimismo, el 39% de los beneficiarios de la prestación de servicios laborales fueron mujeres.
Las cooperativas desempeñan un papel importante en la promoción de los derechos socioeconómicos de las mujeres. Durante el período sobre el que se informa, el número de mujeres en cooperativas alcanzó los 3,61 millones. Además, hay 110.544 mujeres empleadas por las cooperativas. La Agencia Federal de Cooperativas, que es la institución que vigila y apoya a estas entidades, asegura la publicación y aplicación de regímenes regulatorios y de política que les resulten favorables.
La Política Nacional de Protección Social (2014) tiene por objeto la promoción de los derechos socioeconómicos de las mujeres mediante el fomento de las oportunidades de empleo y generación de ingresos. La Política contempla la prestación de formación práctica y servicios de crédito y microfinanciamiento para las personas pobres y vulnerables y el establecimiento del sistema de información sobre el mercado de trabajo.
Artículo 14: Mujeres rurales
Más del 80% de la población depende de la agricultura para su subsistencia, y las mujeres constituyen cerca del 57% de la fuerza de trabajo en el sector. Las mujeres participan en todas las etapas de la producción agrícola en sus propias explotaciones o sus familias. Las políticas y los programas sociales y económicos han tomado en consideración la situación de las mujeres de las zonas rurales.
Acceso a la tierra
No hay ninguna limitación jurídica que impida que las mujeres sean propietarias de tierras. La Ley Federal sobre la Administración y Utilización de las Tierras Rurales promulgada en 2005 prevé la expedición de un certificado de tenencia conjunta. Los estados regionales han seguido el ejemplo y han publicado sus propias leyes de administración y utilización de las tierras de conformidad con la legislación federal. Durante el período a que se refiere el informe, se expidieron certificados de tenencia de tierras a 11.880.345 mujeres, de las cuales 2.138.673 eran cabeza de familia y 9.741.672 eran mujeres casadas. En general, la proporción de mujeres propietarias ascendía al 20%, mientras que las mujeres en régimen de alquiler o arrendamiento representaban el 13,1% en 2014/15.
Aunque la Ley ha sido fundamental para garantizar el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra, no está exenta de problemas. En 2014/15 el Gobierno puso en marcha varios estudios relativos a diferentes aspectos de la legislación sobre la tierra, cuya realización corrió a cargo de diversos interesados, entre ellos los organismos públicos, las organizaciones no gubernamentales y los asociados para el desarrollo. Los funcionarios encargados de los asuntos de la mujer en las regiones y en el Gobierno federal fueron participantes destacados en el proceso. La revisión propuesta de la legislación tiene por objeto eliminar los obstáculos a la titularidad de tierras de las mujeres.
Etiopía tiene entre 12 y 15 millones de habitantes ganaderos que viven en alrededor del 61% de la superficie terrestre y que llevan un estilo de vida predominantemente trashumante. La población ganadera de Etiopía está marginada, al igual que les ocurre a otras poblaciones rurales del país. Las mujeres de estas zonas son las más afectadas por esta circunstancia. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno estableció el Programa de Desarrollo de la Comunidad de Ganaderos. El Programa, ejecutado por el Ministerio de Asuntos Federales y Desarrollo de Zonas de Pastoreo y las oficinas regionales de asuntos de los ganaderos, es un programa multidimensional que incorpora los derechos de las mujeres a sus componentes principales. Garantiza la participación activa y en pie de igualdad de las mujeres en la creación y ejecución de programas de desarrollo, tales como los servicios de ahorro y crédito, el mejoramiento de los planes de producción en la agricultura y la cría de animales, y el desarrollo de infraestructura. Utiliza mecanismos flexibles para tener en cuenta el contexto y las tradiciones singulares de las comunidades de ganaderos. Es principalmente este enfoque el que ha merecido el encomio del Banco Mundial, que lo ha considerado como uno de los programas de desarrollo comunitario más exitosos del mundo.
Uno de los componentes del Programa de Desarrollo de la Comunidad de Ganaderos es el programa de uso eficiente de la tierra, que facilita un plan de asentamiento propicio para la prestación de servicios sociales como la salud, la educación y el agua limpia en las zonas de pastoreo. Las mujeres, que eran objeto de discriminación en el sistema tradicional de tenencia de tierras, ahora tienen derecho a poseer tierras a su nombre. Esta garantía se ha traducido en una mayor calidad de vida de los hogares, la matriculación de las niñas en la escuela y la disminución de las prácticas nocivas y de las tasas de mortalidad infantil, materna y en la niñez en las zonas de pastoreo.
Atención médica
El Programa de Divulgación Sanitaria se creó para atender la necesidad de servicios básicos de salud en la comunidad rural. Se centra especialmente en la prevención mediante el fomento de las aptitudes y los conocimientos comunitarios. Contempla intervenciones en materia de salud materna, neonatal e infantil para la comunidad con el objetivo de reducir la mortalidad materna y en la niñez. Más de 38.000 agentes de divulgación sanitaria procedentes de las comunidades a las que prestan servicios están promoviendo los 16 paquetes de medidas sanitarias, que incorporan la prevención y el control de enfermedades, la salud de la familia, la higiene y el saneamiento ambiental, así como la educación y la comunicación en materia de salud. El Programa se dirige a los hogares, y los servicios se prestan mediante visitas de divulgación puerta a puerta.
Los agentes de divulgación sanitaria colaboran con trabajadores sanitarios de la comunidad voluntarios, parteras capacitadas y agentes de salud reproductiva comunitarios. Además, colaboran con las organizaciones comunitarias, como las asociaciones de mujeres y jóvenes, los grupos para el desarrollo de las mujeres, las escuelas y asociaciones tradicionales como Idir y Mahiber. Esta intervención ha permitido el logro de importantes mejoras en el período que abarca el informe. Además, los agentes de divulgación sanitaria detectan familias ejemplares y las entrenan para difundir e inculcar mensajes relacionados con la salud al resto de la comunidad. Durante el período examinado, han recibido capacitación más de 4 millones de hogares.
El principal objetivo de la política sanitaria en Etiopía ha sido la ampliación de los sistemas de salud de primer nivel en los woreda mediante la creación de puestos y centros sanitarios. El número de puestos sanitarios ascendió a 16.447. En 2015/16 el número de centros de salud pública y de hospitales se situó en 3.586 y 234, respectivamente. El 99% de los centros sanitarios y el 79% de los puestos sanitarios ofrecen diferentes tipos de servicios de salud reproductiva. La ampliación de estos servicios, junto con otras iniciativas multisectoriales, ha dado lugar a importantes mejoras en los indicadores de salud materna y neonatal en el país.
Programas de seguridad social
La Política Nacional de Protección Social del país aprobada en 2014 prevé el establecimiento de programas de redes de seguridad productivas para apoyar a las personas pobres y reducir la vulnerabilidad en el contexto rural. Se reconoce que, en dicho contexto, las mujeres representan uno de los grupos más vulnerables a los graves problemas que se derivan de la sequía y la degradación ambiental. Además, se creó el Programa de Seguridad Alimentaria (2010-2014) con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en los hogares. Se trata del mayor programa de protección social en el país y consta de cuatro componentes: el Programa de Redes de Seguridad Productivas, que incluye un mecanismo de financiación del riesgo, el Programa de Fomento de los Recursos de los Hogares, el Programa de Inversión Complementaria en las Comunidades y el Programa de Reasentamiento. Los programas de protección social se dirigen específicamente a las mujeres cabeza de familia y otras mujeres con el fin de resolver la persistente escasez alimentaria, la acumulación de responsabilidades domésticas y el menor poder de negociación.
El Programa de Seguridad Alimentaria (2015-2020) introdujo disposiciones específicas de género y desarrollo social para hacer frente a las graves consecuencias de la inseguridad alimentaria en las mujeres y los niños vulnerables. Las disposiciones en materia de género del Programa atienden las necesidades de las mujeres cabeza de familia, las mujeres embarazadas y las mujeres casadas. El Programa proporciona apoyo directo a las embarazadas y las madres lactantes. Además, no se limita a hacer frente a los efectos inmediatos de la inseguridad alimentaria, sino que también se centra en el fomento de los medios de vida de los hogares pobres y vulnerables. Presta especial atención a las mujeres cabeza de familia, las personas que viven con el VIH y el SIDA, las mujeres de hogares polígamos, las mujeres divorciadas y las mujeres con discapacidad. Prevé la titularidad conjunta de las tarjetas de clientes para el marido y la mujer a fin de velar por que las mujeres casadas tengan el mismo poder de decisión en el hogar.
La inseguridad alimentaria persistente, la acumulación de responsabilidades domésticas y el menor poder de negociación dificultan que las mujeres cabeza de familia puedan llevar a cabo actividades fuera del hogar. Consciente de ello, el Programa de Seguridad Alimentaria facilita la prestación de ayuda a los hogares cuyos miembros no realizan trabajos productivos. Asimismo, introduce flexibilidad en el control del tiempo para permitir que las mujeres lleguen tarde a las obras públicas en las que estén contratadas y salgan antes. El Programa también prevé servicios de cuidado del niño para permitir que las madres trabajen en obras públicas. Además, se hace partícipes a las mujeres en las estructuras de adopción de decisiones para la ejecución general del Programa de Seguridad Alimentaria a diferentes niveles.
El Programa de Seguridad Alimentaria incorpora oportunidades de empleo; transferencias directas de efectivo; fomento de los recursos de los hogares; transferencias sociales de efectivo a pequeña escala, incluidas las pensiones no contributivas; subsidios por discapacidad; subvenciones en efectivo para las familias muy pobres con hijos; y préstamos a bajo interés para los hogares pobres que tienen la capacidad de llevar a cabo actividades económicas. Las medidas encaminadas a fomentar los recursos de los hogares dan prioridad a los hogares encabezados por mujeres a través de su programa de prevención del agotamiento de los recursos, que presta asistencia a los hogares en situación de inseguridad alimentaria con el fin de transformar sus sistemas productivos. Un total de 440.847 mujeres se acogieron al programa de fomento de los recursos de los hogares; 520.357 mujeres recibieron capacitación sobre la preparación de planes de negocio; y 220.404 recibieron servicios de crédito y asistencia técnica. En 2014/15, el 51% de los beneficiarios del Programa de Redes de Seguridad Productivas eran mujeres.
Aunque las mujeres contribuyen en gran medida al sector agrícola, producen hasta un 23% menos que los hombres porque tienen menos práctica a la hora de utilizar insumos agrícolas como fertilizantes y semillas mejoradas y menos acceso a los servicios de divulgación. Para solucionar este problema, se han establecido metas orientadas a lograr que el número de mujeres beneficiarias en todos los servicios de divulgación aumente en un 30%. En consecuencia, en 2013/14 las mujeres que accedieron a semillas mejoradas y fertilizantes representaron el 12,2% y el 10,8%, respectivamente.
Además, el Conjunto de Medidas para la Promoción y el Adelanto de la Mujer Etíope (2005) y el Conjunto de Medidas para la Promoción y el Adelanto de la Mujer de las Zonas de Pastoreo y Semipastoreo (2010) promueven la creación de cooperativas para garantizar los beneficios económicos de las mujeres. La Agencia Federal de Cooperativas ha trabajado para mejorar la contribución de las cooperativas al adelanto económico y mejorar los medios de vida de sus miembros. La Agencia presta especial atención a la población rural, entre otras categorías. En 2013/14 el número de cooperativas en el país se situó en 71.000. El 31% de las cooperativas son agrícolas, el 39% son no agrícolas, y el 25% son asociaciones de crédito y ahorro. Las cooperativas agrícolas proporcionan a sus miembros insumos agrícolas, mercados para los productos de la agricultura y la ganadería y una tecnología perfeccionada. El número de mujeres en el conjunto de las cooperativas alcanzó los 3,61 millones, y la cifra fue de 1,26 millones en las asociaciones de crédito y ahorro. La composición de hombres y mujeres en este tipo de asociaciones alcanzó el nivel de 50/50. En 2013/14 las asociaciones de crédito y ahorro rurales proporcionaron créditos a 109.707 mujeres de las zonas rurales.
Vivienda
El número de mujeres que son ahora propietarias de viviendas tanto en las zonas rurales como en las urbanas del país está aumentando. En las zonas urbanas, el 11% de las mujeres tienen la propiedad exclusiva de una vivienda; el 66% de las mujeres de las zonas rurales poseen una vivienda, ya sea por sí solas o conjuntamente con su marido. Del total de los beneficiarios del programa de viviendas de bajo costo en los estados regionales, el 47% son mujeres.
Abastecimiento de agua y saneamiento
El Gobierno ha puesto en marcha programas encaminados a facilitar el acceso al agua potable mediante el establecimiento de tasas subvencionadas o, a veces, gratuitas para los hogares pobres. Además, la higiene y el saneamiento se han incorporado a los módulos básicos del conjunto de medidas de divulgación sanitaria. El esfuerzo concertado ha permitido aumentar la cobertura de agua limpia al 80% en 2014. En las zonas rurales, la proporción de unidades de vivienda que disponen de agua potable ha alcanzado el 41,3%. La mejora del abastecimiento de agua y el saneamiento en ubicaciones más cercanas a los hogares tiene beneficios directos e inmediatos para las mujeres y los niños que soportan la carga de ir a buscar agua. Las mujeres artesanas y cuidadoras reciben capacitación para crear y mantener sistemas de abastecimiento de agua, y se ha establecido una cuota del 50% de mujeres en los comités rurales de agua, saneamiento e higiene, lo que favorece un cambio de actitud y refuerza las aptitudes de las mujeres y su participación en los asuntos públicos.
Electricidad
Alrededor del 96% de los hogares rurales adquieren energía principalmente de fuentes de biomasa. Solo el 0,1% de los hogares rurales utilizan la electricidad para cocinar, y el 5% la usan para la iluminación. El uso de la biomasa como fuente de energía tiene efectos adversos para la salud de las mujeres. Para hacer frente a la presión que esto les supone, se está fomentando una transición hacia el uso de biogás como fuente de energía para los hogares. A tal fin se han distribuido en todo el país 5 millones de cocinas que usan combustibles mejorados y hacen un uso eficiente de la energía, y se imparte capacitación periódica a las mujeres sobre tecnologías mejoradas que ahorran combustible.
Transporte y comunicaciones
El transporte por carretera representa el 90% de los servicios de transporte en el país. El Programa de Desarrollo del Sector Vial ejecutado durante el período que abarca el informe adoptó y puso en práctica un Programa de Acceso Universal a las Carreteras en las Zonas Rurales, que tenía por objeto conectar todos los kebele con caminos transitables todo el año. El acceso a este tipo de caminos ha aumentado considerablemente; el 77% de los kebele están conectados a ellos, y el índice de acceso rural para todo el país alcanzó el 43% en 2013/14, frente a solo el 13% en 1997. La ampliación de la conexión por carretera facilitó el acceso de las mujeres a los mercados y a los establecimientos sanitarios, así como el uso de servicios de ambulancias para atender los partos. Además, durante el período examinado en el informe, los 145 proyectos de carreteras ejecutados crearon oportunidades de empleo para más de 115.000 mujeres.
Artículo 15: Igualdad ante la ley
La Constitución de Etiopía establece el derecho a la igualdad de las mujeres y la prohibición de la discriminación por razón de sexo, entre otros motivos. Por tanto, todas y cada una de las instituciones gubernamentales tienen la responsabilidad de erradicar la discriminación institucional contra las mujeres. Además, la Constitución prevé la eliminación de las prácticas tradicionales nocivas para las mujeres y deroga explícitamente las leyes, costumbres y prácticas que oprimen a las mujeres o les causan daños físicos o mentales.
Los derechos de las mujeres están consagrados en las leyes subsidiarias del país, que establecen la igualdad de derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida. Con respecto al ejercicio efectivo de esos derechos, el antiguo Ministerio de Justicia, establecido de conformidad con el artículo 16 de la Ley núm. 916/2015, y la actual Fiscalía General Federal, establecida en virtud de la Ley núm. 943/2016, tienen la responsabilidad de formular y poner en práctica una estrategia de asistencia jurídica gratuita. En consecuencia, las partes interesadas están debatiendo la Estrategia de Asistencia Jurídica preparada por la Fiscalía General Federal.
Artículo 16: Igualdad en el matrimonio y la vida familiar
La Constitución de Etiopía, el Código de la Familia revisado y las leyes regionales de la familia rigen el matrimonio y las relaciones familiares en Etiopía. No ha habido ningún cambio en lo que respecta al contenido de la versión revisada de la legislación y la protección constitucional de la familia durante el período examinado en el informe.
La Sala de Casación del Tribunal Supremo Federal, de conformidad con su mandato de proporcionar interpretaciones de la ley que son vinculantes para todos los tribunales federales y regionales, ha realizado interpretaciones de las leyes de la familia con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de las mujeres.
Reconociendo que se necesita información estadística fiable, oportuna, actualizada y periódica para la formulación de políticas y la adopción de decisiones, incluida la solución de causas judiciales en materia de sucesión, paternidad y otros asuntos, el Gobierno ha promulgado la Ley núm. 760/2012, sobre el Registro Civil y la Tarjeta Nacional de Identidad. La Ley establece el registro y la certificación obligatorios, permanentes y universales de los acontecimientos relacionados con el estado civil, como el nacimiento, la defunción, el matrimonio y el divorcio. De conformidad con lo dispuesto en la Ley, el sistema de registro civil empezó a funcionar en agosto de 2016.
El Organismo del Registro Civil se encarga de dirigir, coordinar y apoyar el registro de los acontecimientos relacionados con el estado civil a nivel nacional. Sin embargo, la Ley prevé el registro de estos acontecimientos en el nivel más bajo de la jerarquía administrativa (kebele). El Organismo trabaja en estrecha colaboración con asociados internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia a fin de capacitar a los profesionales que se ocupan del sistema de registro civil y de facilitar el sistema institucional.
Respuestas a las observaciones finales del Comité sobre los informes periódicos sexto y séptimo combinados de Etiopía
En este apéndice se presenta el informe de Etiopía sobre la aplicación de las recomendaciones y las conclusiones finales del Comité publicado en julio de 2011.
Visibilidad de la Convención y de las recomendaciones generales del Comité
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer es parte integrante de la legislación de Etiopía en virtud del artículo 9 4) de la Constitución. La Comisión de Derechos Humanos de Etiopía ha traducido la Convención al amárico, el afaan, el oromo, el tigriño, el somalí y el afar y distribuyó copias a todos los interesados, incluidos los tribunales. El Tribunal Federal Superior ha utilizado la Convención en sus decisiones.
La Comisión también impartió capacitación a los funcionarios y el personal de los distintos organismos públicos a nivel federal y regional, prestando especial atención a los miembros del sistema de administración de justicia. Los programas de capacitación tenían por objeto dar a conocer a los participantes los principales instrumentos internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado. La Comisión pone en práctica de manera continua programas de sensibilización que cuentan con la participación de las mujeres y de los profesionales que trabajan en asuntos relacionados con la mujer. Además, la Comisión estableció un “foro de derechos humanos” que congregó a las instituciones educativas de diferentes niveles y a las organizaciones cívicas, incluidas las organizaciones comunitarias. El Foro proporcionó un espacio para la celebración de debates periódicos sobre las cuestiones de derechos humanos de las mujeres con el fin de hacer frente a las principales formas de violación de los derechos y examinar los mecanismos de recurso disponibles. Estas son las instancias en las que se debaten y se difunden entre el público los derechos de las mujeres reconocidos en la legislación de Etiopía y en los convenios que ratifica el país, entre ellos la Convención.
Armonización de las leyes
El país ha adoptado medidas encaminadas a armonizar sus leyes, en particular las relativas a la familia y los asuntos personales, de conformidad con la Convención. Durante el período que abarca el informe, dos estados regionales (Gambela y Benishangul Gumuz) han aprobado leyes de la familia que son similares en su contenido a la legislación federal revisada en materia de familia. Los estados regionales de Afar y Somalí todavía no han aprobado sus leyes de la familia. El Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez colabora con los gobiernos de los estados regionales a nivel ministerial y está llevando a cabo actividades de sensibilización concretas sobre la necesidad de promulgar leyes en esta materia. Además, la Comisión de Derechos Humanos colabora con las autoridades regionales a fin de acelerar el proceso de armonización.
El Comité ha expresado preocupación en cuanto a la solución de controversias relativas a las personas y la familia en virtud del derecho consuetudinario y religioso. Reconociendo el hecho de que Etiopía es un país con una historia antigua y una sociedad diversa que cuenta con una rica tradición en materia de administración y solución de controversias, la Constitución reconoce los tribunales religiosos y consuetudinarios. El único tribunal religioso que existe en el país es el Tribunal Islámico, establecido por la Ley núm. 188/1995, sobre la Consolidación de los Tribunales Federales de la Sharia. El Tribunal tiene jurisdicción en los asuntos relacionados con el matrimonio, el divorcio, la manutención, la tutela y los derechos de la familia y los menores, si el matrimonio se concertó con arreglo al derecho islámico y las partes aceptaron someterse a este derecho. Por tanto, si una parte celebró su matrimonio con arreglo a la sharia pero no consiente que una controversia en la que es parte se resuelva en virtud de este derecho, no estará sometida a la jurisdicción del Tribunal. Además, con arreglo al derecho etíope, las condiciones previas y las consecuencias del matrimonio son similares con independencia del tipo de matrimonio (ya sea civil, consuetudinario o religioso). En lo que se refiere a la solución de controversias a través de mecanismos consuetudinarios distintos de los tribunales, estos mecanismos ofrecen ventajas a la hora de solucionar controversias mediante procedimientos amistosos. No obstante, esas instituciones consuetudinarias no son un mecanismo regular de solución de controversias, y sus decisiones no excluyen la jurisdicción de los tribunales. Así pues, se recurre a los mecanismos de solución de controversias religiosos y consuetudinarios por consentimiento de las Partes.
Marco y capacidad institucional
El Comité expresó su preocupación por la falta de capacidad, recursos y eficiencia de las instituciones nacionales, que están integradas por el Ministerio de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Juventud, los Departamentos de Asuntos, los departamentos de asuntos de la mujer de todos los ministerios federales, las oficinas regionales de asuntos de la mujer y estructuras similares en las zonas, los woreda y los kebele. Durante el período sobre el que se informa, se estableció el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez mediante Ley núm. 916/2015. Esta medida permite al Ministerio tener un mandato más centrado para atender los derechos y el bienestar de las mujeres y los niños.
Entre las facultades y obligaciones comunes de todos los ministerios se encuentran las relativas a los asuntos de la mujer y la juventud en la preparación de políticas, leyes y programas y proyectos de desarrollo. La incorporación de las cuestiones de género en el correspondiente sector de los órganos ejecutivos constituye una base sólida para garantizar la rendición de cuentas, así como la incorporación de la perspectiva de género en todas las leyes y políticas. Se creó el foro sectorial de género para asegurar la coordinación horizontal entre los órganos del Gobierno. Este foro congrega las direcciones de género de los ministerios competentes y las organizaciones públicas para que informen sobre la integración de las cuestiones de género en sus respectivos sectores y sobre los desafíos que enfrentan. Además, los participantes presentan informes anuales sobre la medida en que han dado respuesta a las cuestiones de género en sus respectivos sectores.
En lo que atañe a los recursos humanos, la reconfiguración llevada a cabo a nivel nacional durante el período que abarca el informe ha permitido establecer claramente la cantidad y la calidad del personal profesional necesario para lograr una gestión eficaz de las instituciones relacionadas con el género. La mayor parte del personal de los diferentes niveles del mecanismo poseen el nivel de enseñanza primaria o secundaria. El aumento del número de instituciones que ofrecen capacitación en cuestiones de género ha permitido incrementar la reserva disponible. Sin embargo, sigue habiendo dificultades para atraer a personal cualificado, debido a la modesta remuneración que reciben los empleados de la administración pública en comparación con otros empleados, como los de las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales.
Durante el período examinado en el informe, ha habido un incremento global en la asignación del presupuesto en favor del adelanto de la mujer y la promoción de la igualdad de género. Este incremento se observa en el aumento de la asignación presupuestaria para el Ministerio a lo largo de los años y de los recursos destinados a las oficinas de género en los ministerios que han incorporado las cuestiones de género.
El Ministerio lleva a cabo programas de formación a fin de desarrollar la capacidad de los encargados de la ejecución en las instituciones que se ocupan de las cuestiones de género. Los cursos incluyen capacitación anual a corto plazo para un conjunto seleccionado de participantes, así como programas de licenciatura para expertos cualificados de nivel medio y superior. El Ministerio preparó módulos de capacitación en esferas como la incorporación de la perspectiva de género, el análisis, la auditoría y el seguimiento y la evaluación con perspectiva de género.
El Comité también recomendó que se siguiera fortaleciendo la Comisión para los Derechos de la Mujer y el Niño en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía. Esta última puso en marcha ocho sucursales en todo el país. Se prevé que el aumento del número de oficinas y la ampliación de su alcance contribuirán a facilitar el acceso a las mujeres, a los niños y a las personas con discapacidad. A fin de seguir fortaleciendo estas estructuras, se está llevando a cabo un estudio de evaluación. La Comisión de Derechos Humanos ha prestado la debida atención a los derechos humanos de las mujeres y los niños, como se refleja en el plan estratégico de cinco años.
Concienciación
El Gobierno toma nota de la recomendación del Comité relativa a las prácticas tradicionales nocivas. En la Cumbre de Londres celebrada a finales de 2015, el Gobierno formuló el compromiso de acabar con el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina antes de 2025. En 2013 se aprobó la Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre las Prácticas Tradicionales Nocivas contra las Mujeres y los Niños en Etiopía. La Estrategia institucionaliza mecanismos nacionales, regionales y comunitarios con el objetivo de prevenir las prácticas tradicionales nocivas, proteger a las mujeres y los niños y prestar servicios a las supervivientes de dichas prácticas. La Estrategia ha señalado tres de las prácticas tradicionales nocivas más frecuentes, que son la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y el secuestro, y ha elaborado un detallado plan de ejecución (plan de acción) para un período de tres años. Adopta un enfoque multisectorial en el que se establece una plataforma nacional sobre las prácticas tradicionales nocivas, integrada por diversos ministerios, asociaciones nacionales y organizaciones confesionales y encabezada por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez y encargada de supervisar la puesta en práctica de la Estrategia.
La Estrategia prevé la labor de promoción y seguimiento a través de organizaciones comunitarias, como los grupos para el desarrollo de las mujeres y los comités sobre las prácticas tradicionales nocivas. Estos comités se han establecido en las aldeas y están integrados por representantes de los diferentes grupos sociales, como las mujeres, los jóvenes, los ancianos y los líderes religiosos, así como a los funcionarios de la administración local. La labor de promoción y seguimiento llevada a cabo a nivel comunitario ha arrojado resultados alentadores en lo que se refiere a reducir al mínimo las prácticas del matrimonio infantil y la mutilación genital femenina en las comunidades. Además, durante el período sobre el que se informa, se ha utilizado ampliamente la campaña contra las prácticas tradicionales nocivas encabezada por los líderes religiosos.
Durante el período examinado en el informe, se pusieron en marcha varias iniciativas encaminadas a aumentar los conocimientos básicos de derecho sobre los derechos de las mujeres y la ilegalidad de las prácticas tradicionales nocivas. Por otra parte, la labor de los agentes de divulgación sanitaria, los grupos para el desarrollo de las mujeres, los clubes de niñas en las escuelas, los clubes de derechos humanos y otras actividades similares están contribuyendo a aumentar la conciencia sobre los derechos de la mujer. También se han establecido tribunales de circuito. En lo que respecta al cumplimiento de la ley, se procura juzgar los casos de violencia contra la mujer a través de secciones temporales ubicadas en los lugares en que se producen los incidentes.
El Ministerio estableció una “Alianza Nacional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y la Mutilación Genital Femenina”, integrada por todas las partes interesadas con el fin de llevar a cabo las intervenciones estratégicas establecidas en la Estrategia Nacional. También se ha puesto en marcha recientemente una plataforma nacional para prevenir todas las formas de prácticas tradicionales nocivas. Esta plataforma está integrada por los ministerios federales, los homólogos regionales, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales. Existen mecanismos institucionales similares a nivel regional, y el Estado Regional Somalí ha sido el primero en establecer uno de ellos.
Trata de personas y explotación de la prostitución
El Gobierno toma nota de la preocupación expresada por el Comité en relación con la trata de personas en Etiopía y de las medidas recomendadas al respecto. Las medidas adoptadas para hacer frente a este problema son la promulgación de una ley sobre el contrabando y la trata de personas; la aplicación estricta de la ley mediante el enjuiciamiento y el establecimiento de las condiciones para la migración legal; los esfuerzos continuos de sensibilización a través de varios medios de comunicación; la rehabilitación de las víctimas; la concertación con los países vecinos de acuerdos de cooperación relativos al cumplimiento de ley; y la creación de puestos de trabajo que afronten las causas profundas del contrabando y la trata de personas.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha encabezado la campaña de sensibilización para combatir la trata de personas. Ha utilizado la televisión y la radio nacionales, las radios comunitarias, las organizaciones comunitarias existentes y otros mecanismos para concienciar sobre el contrabando y la trata de personas. Además, se han establecido 325 centros de diálogo comunitario en Amhara, Tigray, Oromiya y el Estado Regional de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur. Se encomienda a facilitadores de diálogo comunitario capacitados la labor de organizar diálogos comunitarios sobre la trata de personas, el contrabando y la migración irregular. El Ministerio también ha preparado un documento de debate sobre la situación de la trata y sus causas y consecuencias. La labor de sensibilización ha llegado a unos 18 millones de personas en todo el país.
La falta de servicios adecuados a las víctimas es otro motivo de preocupación del Comité. La Ley de Prevención y Represión de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Ley núm. 909/2015) prevé la creación de un “Fondo” para rehabilitar a las víctimas.
En 2014 Etiopía recibió a más de 150.000 de ciudadanos etíopes que fueron deportados de la Arabia Saudita. Estos inmigrantes viajaron a la Arabia Saudita a través de distintos mecanismos, entre ellos la trata de personas y el contrabando. Asimismo, se ha ordenado la repatriación de varias víctimas de la trata que estaban destinadas en Sudáfrica. Se están realizando esfuerzos continuos para garantizar el regreso de los migrantes en situación irregular que están detenidos en los países de África Meridional. Los repatriados reciben medicamentos de emergencia, vivienda y dinero de bolsillo para permitir que se integren con su familia. También recibieron formación práctica y apoyo para ayudarlos a procurarse un sustento mediante la realización de actividades empresariales. Todavía queda mucho por hacer en lo que se refiere a la facilitación de apoyo a las víctimas.
El Gobierno también toma nota de la preocupación expresada por el Comité en relación con las causas profundas de la trata de personas. Es consciente de la causa de la migración irregular y de los factores que llevan a los migrantes a caer en manos de los tratantes de personas, y está trabajando para resolver este problema. La pobreza y el desempleo son la fuente principal de los males sociales en el país. Consciente de ello, el Gobierno ha puesto en marcha diversas políticas y objetivos nacionales de desarrollo para hacer frente a la pobreza y el desempleo. Los avances en materia de educación, salud, protección social y empleo presentados en este informe están directamente relacionados con las causas profundas de la migración irregular. Con respecto a las mujeres, se considera que la orientación de política general en lo que se refiere al empoderamiento económico, la alfabetización y el desarrollo sostenible pueden resolver el problema. Además de la estrategia de lucha contra la pobreza, que contribuirá a reducir la trata de personas, el Gobierno adopta medidas encaminadas solucionar el problema en el menor tiempo posible. Esta labor incluye la estrategia y el sector de las pequeñas empresas y las microempresas, que en 2010/11-2012/13 generó un total de 2.681.367 puestos de trabajo, de los que las mujeres representaron el 41,23%; medidas de rehabilitación, capacitación y apoyo para que los repatriados puedan llevar a cabo actividades generadoras de ingresos; e iniciativas de concienciación para inculcar una actitud realista en lo que se refiere a la migración y a la vida y el trabajo en el extranjero.
Con la aprobación de la Ley núm. 909/2015, se han establecido procedimientos y mecanismos institucionales sólidos para la investigación, el enjuiciamiento y la condena de los autores. En 2014/15, la Policía Federal, en colaboración con el Fiscal Federal, investigó 127 casos. En total 136 personas fueron acusadas, de las que 49 fueron declaradas culpables y condenadas con penas de reclusión de entre 2 y 18 años.
El Gobierno toma nota de la recomendación del Comité sobre la trata personas en el país. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está ejecutando el Plan de Acción Nacional para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (2010-2016). Con este fin, está realizando una amplia labor de sensibilización de la población sobre el trabajo infantil y la trata de niños. Colabora con asociaciones comunitarias y utiliza reuniones tradicionales para promover la educación de los niños y concienciar sobre los peligros que plantea la trata y también sobre el propio concepto de trata. Se ha establecido una Dependencia sobre la Trata de Niños en la estación central de autobuses, a través de la cual entran en Addis Abeba muchos de los niños víctimas de la trata. Los niños identificados por la Dependencia se remiten a distintos servicios proporcionados por el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Se proporcionan diferentes tipos de servicios de apoyo a 11.102 mujeres que trabajan como prostitutas y que optaron por buscar otro medio de vida.
Participación en la vida política y pública
El Comité expresa su preocupación sobre la participación de las mujeres en las elecciones. La Junta Electoral ha tomado medidas para hacer frente a este problema. Las dificultades financieras de las candidatas se tienen debidamente en cuenta en la versión revisada de la Ley Revisada núm. 573/2008, sobre la Inscripción de los Partidos Políticos. En consecuencia, la Junta ha establecido un fondo especial para apoyar a las candidatas. En las elecciones nacionales más recientes, celebradas en 2015, la Junta aumentó el presupuesto asignado para las candidatas del 10% al 15% del presupuesto total asignado a los partidos políticos. Además, los partidos adoptaron un sistema de cuotas para fomentar la participación de candidatas en las elecciones. Como se ha señalado anteriormente, el Gobierno trabaja para aumentar la participación de las mujeres en la administración pública, el servicio exterior y los puestos superiores en otros organismos públicos.
Organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales
El Gobierno toma nota de la recomendación del Comité sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos de la mujer. Reconoce el papel de las asociaciones de mujeres en la promoción de los derechos de estas. Se ha demostrado que las asociaciones de mujeres contribuyen de forma decisiva a mejorar no solo la situación de la mujer, sino también la de la comunidad en general. Asimismo, el Gobierno aplica un enfoque inclusivo que permite a los interesados pertinentes participar en la creación, la aplicación y el seguimiento de las políticas y los programas. Como ya se ha señalado, los grupos para el desarrollo de las mujeres, integrados por mujeres etíopes de las zonas urbanas y rurales, las comunidades agrarias y ganaderas y otros contextos sociales, promueven los intereses de sus miembros.
En cuanto a las asociaciones registradas por la Agencia de Organizaciones Benéficas y Sociedades, en el momento en que se preparó este informe había en Etiopía 107 organizaciones benéficas etíopes, 2.115 organizaciones benéficas residentes etíopes, 333 sociedades etíopes, 89 sociedades benéficas etíopes, 371 organizaciones benéficas extranjeras y 53 consorcios. Además, el resto de las entidades que se dedican a cuestiones de interés socioeconómico atienden las necesidades de las mujeres en el desempeño de su actividad. Así pues, la Ley de Organizaciones Benéficas y Sociedades mejoró la cultura favorable a financiar con recursos locales de causas que revisten vital importancia, como la igualdad entre los géneros. La Ley también promueve la eficiencia y la rendición de cuentas al imponer a las organizaciones benéficas y las sociedades el requisito de utilizar los recursos que recaudan para lograr los fines previstos.
Educación
El Gobierno toma nota de las recomendaciones formuladas por el Comité en relación con la educación de las niñas. Como se indica en la sección del presente informe relativa al derecho de las mujeres a la educación, el Gobierno ha puesto en marcha diversas iniciativas encaminadas a garantizar la participación equitativa de las mujeres en la educación. Estas iniciativas están dando un resultado alentador en lo que respecta al aumento general de la tasa de matriculación, permanencia y finalización de los estudios de las niñas en todos los niveles de la educación.
Durante el período examinado en el informe, se han adoptado diversas medidas destinadas a aumentar la educación de las niñas en las zonas rurales y de pastoreo. Durante ese mismo período, el Cuarto Programa de Desarrollo del Sector Educativo amplió las escuelas móviles y los centros informales con régimen de internado para la enseñanza primaria y secundaria con el fin de llegar a todos los niños en las comunidades de pastoreo y semipastoreo. Además, se establecen internados y programas de enseñanza dirigida para apoyar a las niñas de estas zonas.
La proporción de mujeres docentes es el 37% en la enseñanza primaria, el 16% en la enseñanza secundaria, el 8,3% en las escuelas superiores de formación de maestros, el 17% en las instituciones de educación y formación técnica y profesional y el 11,7% en las instituciones de enseñanza superior. Todavía no se ha logrado el nivel deseado de representación de la mujer. Para aumentar la participación de las mujeres en ámbitos de estudio tradicionalmente dominados por la mujer, el Ministerio de Educación pone en marcha medidas de acción afirmativa y alienta a las mujeres a matricularse en esas esferas.
Durante el período que abarca el informe, el Ministerio de Educación aprobó la Estrategia de Igualdad de Género y Educación de las Niñas, que establece estrategias detalladas para hacer frente al acoso sexual y otras formas de violencia en los centros de enseñanza. Además, se ha preparado el código de conducta contra el acoso sexual, que se ha puesto en marcha para su aplicación en todos los niveles de las escuelas.
El Gobierno toma nota de la recomendación formulada por el Comité para mejorar el acceso de las personas con discapacidad a la educación. En 2012 el Ministerio publicó una nueva estrategia sobre las necesidades educativas especiales. El Cuarto Programa de Desarrollo del Sector Educativo se ocupa de la cuestión de la discapacidad en relación con el acceso a la educación y los logros educativos. Se han adoptado medidas de acción afirmativa en la Ley de Enseñanza Superior y en el proyecto de legislación sobre la formación técnica y profesional con el fin de fomentar la participación de las personas con discapacidad en estos niveles de educación. El Ministerio también estableció el Consejo Nacional de Educación y Formación Inclusivas para promover una política inclusiva en todo el país. Durante el período sobre el que se informa, los docentes y las instituciones de capacitación reciben formación en lengua de señas y el braille. En 2013 alrededor de 60.789 estudiantes con discapacidad asistían a clase en las escuelas primarias y secundarias.
Empleo
Se toma nota de la preocupación expresada por el Comité en relación con la tasa de desempleo entre las mujeres. Las medidas adoptadas con respecto a la reducción de la pobreza, la salud, la educación, la protección social y la tierra tienen por objetivo contribuir a mejorar la situación. Además, las iniciativas de creación de empleo, que incluyen varios paquetes interrelacionados, como la creación de empleo, la capacitación, el acceso a la financiación, servicios operacionales y relacionados con el mercado, el acceso a los mercados (locales e internacionales), la mejora del suministro de tecnología y los servicios de información y asesoramiento, entre otros, redundan en beneficio de las mujeres. Durante el período sobre el que se informa, el 41,2% de más de 10 millones de puestos de trabajo creados en las pequeñas y medianas industrias eran para mujeres. También eran mujeres el 40,6% de los más de 3 millones de beneficiarios de las oportunidades de capacitación técnica; el 46,5% de los beneficiarios de los servicios financieros; el 40,8% de los beneficiarios de los talleres impartidos; y el 40% de los beneficiarios de los vínculos de mercado.
A fin de resolver la falta de datos desglosados por sexo en el ámbito del empleo, la Autoridad Central de Estadística ha llevado a cabo actividades de manejo de datos sobre las encuestas nacionales, tanto existentes como nuevas, con el fin de producir datos desglosados por sexo en el ámbito del empleo, en particular el sector informal. Los resultados muestran un descenso progresivo de la representación de las mujeres en el sector informal, que ha pasado del 64,8% en 1999 y el 36,5% en 2013, lo que se atribuye a la creciente participación de las mujeres en el sector formal.
El Comité expresó su preocupación por la aplicación de las leyes sobre los derechos de las trabajadoras. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha elaborado y puesto en práctica un manual para vigilar sobre el terreno la aplicación de las diversas formas de protección. Durante el período examinado en el informe, el Ministerio efectuó verificaciones y supervisiones de 151.358 organizaciones con el fin de garantizar la aplicación adecuada de las leyes. Además, el Ministerio impartió cursos de formación a unos 2 millones de trabajadores de todo el país sobre los derechos que les asisten en virtud de la legislación laboral. Asimismo, más de 16.000 participantes procedentes del Ministerio, las federaciones de empleadores y empleados y el cuerpo judicial reciben capacitación sobre las normas laborales.
Se toma nota de la inquietud del Comité en relación con el tratamiento inadecuado del acoso sexual en el lugar de trabajo en el marco del derecho vigente. Para dar respuesta a este problema, se ha elaborado un proyecto de revisión de la ley del trabajo para incluir en ella disposiciones sobre la explotación sexual en el lugar de trabajo. Asimismo, el Gobierno comparte la preocupación del Comité acerca de la falta de protección de los trabajadores domésticos, problema que se está corrigiendo mediante la elaboración de un reglamento sobre el empleo de los trabajadores domésticos.
El Gobierno toma nota de la preocupación del Comité en relación con las peores formas de trabajo infantil en el país. Las leyes establecen la edad mínima de empleo en 14 años, y se prohíbe que los jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años trabajen en determinadas profesiones no aptas para su bienestar. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha creado dentro del Ministerio una oficina de lucha contra la explotación del trabajo infantil. Durante el período sobre el que se informa, también ha puesto en práctica un plan de acción de dos años (2010/11 a 2013/14) para atajar el problema. Se han impartido cursos de desarrollo de la capacidad y se han llevado a cabo programas generales de concienciación dirigidos al conjunto de la población. El Ministerio y las oficinas regionales también celebran el Día Nacional contra la Explotación Infantil, aprovechando la ocasión para prevenir ese delito y sensibilizar al respecto.
Salud
Se toma nota de la inquietud del Comité en relación con la mortalidad materna. El Gobierno planificó y ejecutó programas dirigidos a lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la reducción de la mortalidad materna. Con este fin, incrementó el número de agentes de divulgación sanitaria, que son proveedores de primera línea de servicios de salud materna. La mayoría de los agentes de divulgación sanitaria operan en el medio rural, haciendo que los servicios de salud materna sean accesibles a la población de ese entorno. Asimismo, el número de parteras alcanzó la cifra de 12.045, con lo que la proporción de parteras con respecto a la población fue de 1:7.478, frente a la anterior proporción de 1:39.758. En general, la proporción de personal médico que cuenta con las competencias necesarias para atender un parto se sitúa en el 83% del total de los profesionales médicos del país. Además, hay 16.447 puestos sanitarios, 3.586 centros sanitarios y 234 hospitales que ofrecen distintas formas de servicios de salud reproductiva. De esta manera se aumenta el acceso a la atención médica, la atención de la salud materna y la atención prenatal y posnatal, lo que tiene como resultado la reducción de la mortalidad materna.
Como se refleja en las distintas secciones del presente informe, existe un esfuerzo concertado para responder a la demanda de salud reproductiva de las mujeres. Con este fin, se ha aumentado el número de establecimientos sanitarios que prestan servicios de salud reproductiva; se han seguido suministrando medicamentos antirretrovirales de forma gratuita a mayor escala para llegar al 87% de la población que requiere este servicio, y se prestan servicios de prevención de la transmisión maternoinfantil.
Mujeres rurales
Se toma nota de la inquietud del Comité en relación con la observancia de la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra. El Gobierno ha seguido aplicando activamente el proceso de certificación relativo a la tenencia conjunta de la tierra en todo el país. Durante el período a que hace referencia el informe, se expidieron certificados de tenencia de tierras a 11,11 millones de mujeres, de las cuales 2 millones eran cabeza de familia y 9,11 millones eran mujeres casadas. El proceso ya ha alcanzado el 98% de los agricultores del país. Además, el Gobierno, observando las dificultades en la aplicación, ha puesto en marcha sucesivas sesiones de consulta que reunieron a participantes de las regiones, el Gobierno federal y los asociados bilaterales y multilaterales. Diversos interesados procedentes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y otros asociados han llevado a cabo varios estudios sobre diferentes aspectos de la ley, para contribuir al proceso de revisión. Se ha presentado un proyecto revisado para su aprobación.
La situación en lo que respecta al agua potable y el saneamiento se examina detalladamente en el informe sobre la aplicación del artículo 14 de la Convención.
Grupos de mujeres desfavorecidas
Se toma nota de la preocupación del Comité por la falta de datos desglosados sobre la situación de los grupos que sufren formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. Aunque no siempre se dispone de datos desglosados sobre las mujeres desfavorecidas, se intenta reunir datos sobre algunas formas de desventaja. A este respecto, los censos nacionales segundo y tercero (1994 y 2007, respectivamente) reunieron datos sobre las mujeres con discapacidad. Además, en 2011 se elaboró un informe dedicado exclusivamente a la discapacidad, que contiene datos desglosados por tipo de discapacidad, sexo, edad y distribución regional.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está proporcionando servicios de salud y suministros médicos especializados para las mujeres con discapacidad. Durante el período sobre el que se informa, 19.781 mujeres con discapacidad recibieron prótesis y más de 20.000 recibieron servicios de rehabilitación y fisioterapia.
Además, durante el período a que se refiere el informe se proporcionaron diferentes conjuntos de servicios a los ancianos, las prostitutas y los mendigos. Se prestaron servicios de atención y apoyo en la comunidad a 118.707 mujeres de edad y 9.384 niñas y jóvenes que viven en la calle, y 3.271 mendigos recibieron formación profesional que les permitió obtener un empleo remunerado. Durante el mismo período, más de 14.000 mujeres de edad se acogieron al programa de redes de seguridad urbana. Además, 17.792 mujeres pertenecientes a grupos de bajos ingresos recibieron asistencia para obtener financiación con el fin de desempeñar actividades generadoras de ingresos.
Para luchar contra las dificultades a que se enfrentan las víctimas de la trata de personas, el contrabando y la deportación (tanto dentro como fuera del país), se han establecido diversos mecanismos de respuesta. Los servicios de apoyo prestados incluyen la organización de su regreso en condiciones de seguridad y su reunificación con las familias, así como su reintegración en la sociedad.
Discriminación contra la mujer en las relaciones familiares y conyugales
El Comité ha expresado su inquietud con respecto a la desigualdad de trato de la mujer en la división del patrimonio común en caso de divorcio. Además de la Constitución, que consagra la igualdad de los cónyuges durante el matrimonio y después de este, las leyes de la familia promulgadas por el Gobierno federal y las leyes de los estados regionales en la materia prevén la igualdad de derechos de la mujer al patrimonio común durante la disolución del matrimonio.
El Gobierno está adoptando distintas medidas para hacer frente a los problemas en la aplicación de las leyes. Entre ellas cabe citar la sensibilización continua de los magistrados en lo que respecta a los derechos de las mujeres, los programas de sensibilización y la asistencia jurídica proporcionada por la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, el Ministerio de Asuntos de la Mujer y la Niñez, la Fiscalía General Federal, las oficinas de justicia regionales y las organizaciones comunitarias.
Además, la Sala de Casación del Tribunal Supremo Federal ha realizado interpretaciones de las leyes de la familia con el fin de garantizar la aplicación efectiva en lo referente a la igualdad en la división del patrimonio común en caso de divorcio. Estas decisiones son interpretaciones de la ley vinculantes para todos los tribunales federales y regionales.