DECISIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA ADOPTADA A TENOR DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES - 42º PERÍODO DE SESIONES -

respecto de la

Comunicación Nº 261/2005

Presentada por:Sr. Besim Osmani (representado por un abogado, por el Centro de Derecho Humanitario, por el Centro de Derechos de las Minorías y por el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes)

Presunta víctima:El autor de la queja

Estado parte:República de Serbia

Fecha de la queja:17 de diciembre de 2004 (fecha de la comunicación inicial)

El Comité contra la Tortura, creado en virtud del artículo 17 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reunido el 8 de mayo de 2009,

Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 261/2005, presentada al Comité contra la Tortura en nombre del Sr. Besim Osmani con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Habiendo tenido en cuenta toda la información que le ha presentado el autor de la queja,

Adopta la siguiente:

Decisión a tenor del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención contra la Tortura

1.El autor de la queja es el Sr. Besim Osmani, ciudadano de la República de Serbia de origen romaní, nacido en 1967 y residente en la República de Serbia. Afirma ser víctima de la violación por la República de Serbia del párrafo 1 del artículo 16, leído por separado o conjuntamente con los artículos 12 y 13, y del artículo 14, leído por separado o conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Lo representan tres organizaciones no gubernamentales: el Centro de Derecho Humanitario, el Centro de Derechos de las Minorías, ambos con sede en Belgrado, y el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes, con sede en Budapest.

Antecedentes de hecho

2.1.El autor de la queja era uno de los 107 habitantes romaníes del asentamiento romaní "Antena", ubicado en la municipalidad Nuevo Belgrado (Novi Beograd) de la ciudad de Belgrado. El asentamiento existía desde 1962. En él residían permanentemente cuatro familias, aunque la mayoría de sus habitantes eran romaníes desplazados de Kosovo, que se habían instalado en el asentamiento en 1999 tras la destrucción de sus propiedades en Kosovo. El 6 de junio de 2000, la municipalidad de Nuevo Belgrado notificó por escrito a los habitantes de "Antena" su decisión, de 29 de mayo de 2000, de demoler el asentamiento, y les anunció que debían desalojar la zona a más tardar la noche siguiente. Los habitantes no cuestionaron la decisión de la municipalidad, pero, al ser muy pobres y no poder encontrar en tan poco tiempo otro lugar para vivir, se quedaron. El 8 de junio de 2000, a las 10.00 horas aproximadamente, representantes de la municipalidad de Nuevo Belgrado y un grupo de unos diez policías uniformados llegaron al asentamiento para ejecutar la orden de desalojo. Poco después de que las palas mecánicas empezaran su trabajo de demolición, un grupo de cinco o seis policías de paisano, todos ellos vestidos de negro, con excepción del conductor del vehículo, que vestía de blanco, llegaron al lugar en un furgón Iveco azul con la placa de policía BG 611-542. No presentaron ningún documento de identidad ni llevaban distintivos. Durante el desalojo, los policías de paisano golpearon a algunos romaníes mientras que los uniformados proferían insultos racistas. Un policía de paisano que agarraba al autor por el brazo izquierdo mientras éste sostenía a su hijo de 4 años con el brazo derecho pegó al autor dos bofetadas y le dio puñetazos en la cabeza y los riñones. También el pequeño recibió golpes pero no sufrió lesiones importantes. El autor huyó del asentamiento y recibió atención médica por sus lesiones. En los certificados médicos de 12 de junio de 2000 se afirmaba que tenía un hematoma en el costado izquierdo y se le aconsejaba ir a un especialista que le examinara el abdomen.

2.2.A raíz de esa operación el domicilio y las pertenencias personales del autor, entre ellas una camioneta, quedaron totalmente destruidos y el autor quedó sin hogar junto con su esposa y tres hijos menores de edad. Durante los primeros seis meses después del incidente, el autor y su familia vivieron en una tienda de campaña en el lugar del asentamiento destruido. Desde 2002 viven en el sótano de un edificio en cuyo sistema de calefacción y mantenimiento trabaja el autor.

2.3.El 12 de agosto de 2000, el Centro de Derecho Humanitario presentó una denuncia ante el Cuarto Fiscal Municipal de Belgrado, apoyada, entre otras cosas, en las declaraciones de cinco testigos, por malos tratos infligidos al autor por personas no identificadas y la conducta de la policía durante la demolición del asentamiento, en infracción de los artículos 54 (lesiones corporales leves) y 66 (abuso de autoridad) del Código Penal.

2.4.Conforme al párrafo 1 del artículo 19 del Código de Procedimiento Penal de la República de Serbia se pueden iniciar una acción penal oficial a petición de una persona autorizada, esto es, el fiscal o la víctima. El Estado persigue de oficio todos los delitos penales tipificados en la ley por conducto del ministerio público, a menos que la ley establezca explícitamente otra cosa, lo que no ocurre en el caso de los artículos 54 y 66 del Código Penal. Según el párrafo 1 del artículo 241 y el párrafo 3 del artículo 242 del Código de Procedimiento Penal, sólo es posible abrir una investigación judicial oficial contra una persona cuya identidad se ha establecido. Cuando se desconoce la identidad del presunto autor de un delito, el fiscal puede pedir la información necesaria o adoptar las medidas necesarias para identificar a la persona o las personas en cuestión. Según el párrafo 1 del artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, el fiscal puede ejercer su autoridad por conducto de las fuerzas del orden o con la asistencia del juez de instrucción. Si el fiscal concluye, sobre la base de la totalidad de las pruebas, que existe la sospecha razonable de que determinada persona ha cometido un delito perseguible de oficio, pide al juez de instrucción que abra una investigación judicial oficial de conformidad con los artículos 241 y 242 del Código de Procedimiento Penal. Por otra parte, si el fiscal decide que no hay motivos para iniciar una investigación judicial oficial, debe informar al denunciante o a la víctima de esa decisión y esa persona puede ejercer entonces su prerrogativa de asumir la acusación en nombre propio, es decir, en calidad de "acusador privado", según se prevé en los párrafos 1 y 2 del artículo 61 y el párrafo 1 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal.

2.5.El 10 de abril de 2001, a falta de respuesta de la Fiscalía, el Centro de Derecho Humanitario envió una petición de información sobre las investigaciones al Cuarto Fiscal Municipal. En una carta de fecha 19 de abril 2001 recibida el 16 de mayo de 2001 se informó al Centro de Derecho Humanitario que la denuncia había sido desestimada, ya que no existía la sospecha razonable de que se hubieran cometido esos u otros actos delictivos que pudieran ser perseguidos oficialmente. No se proporcionaba información sobre las medidas adoptadas por la Fiscalía para investigar la denuncia y se aconsejaba al representante de la víctima que, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 60 del Código de Procedimiento Penal, asumiera la acusación ante el Tribunal Municipal de Belgrado en el plazo de ocho días. A tal fin, se invitaba al representante de la víctima a presentar una propuesta al juez de instrucción para que llevara a cabo la investigación contra autor desconocido o acusara personalmente a los funcionarios de los delitos tipificados en los artículos 54 y 66 del Código Penal serbio. El fiscal adjunto daba el nombre de los cuatro miembros del Departamento del Interior de Nuevo Belgrado que habían prestado asistencia al Departamento de Ingeniería Civil y Vivienda Comunitaria para llevar a cabo el desalojo y la demolición: el brigada B., los sargentos primeros A. y N. y el sargento mayor J. No se daba en cambio el nombre de los policías de civil que habían participado en el desalojo, lo que impidió al autor de la queja asumir oficialmente la acusación.

2.6.El 23 de mayo de 2001, el Centro de Derecho Humanitario presentó una petición al Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado solicitando que se reabriera la investigación. Para ayudar a identificar a los autores, el Centro de Derecho Humanitario pedía al Tribunal que oyera, además de a los testigos romaníes, a los policías mencionados nominalmente en la carta del fiscal adjunto de 19 de abril de 2001, así como a los representantes del Departamento de Ingeniería Civil y Vivienda Comunitaria que habían estado presentes el 8 de junio de 2000.

2.7.Entre el 25 de diciembre de 2001 y el 10 de abril de 2002, el juez de instrucción oyó a los cuatro policías uniformados, que formularon declaraciones contradictorias sobre la participación de la policía en la demolición del asentamiento "Antena". El sargento mayor J. declaró que, debido al número de habitantes del asentamiento y a su reticencia a desalojarlo, el grupo de policías había pedido refuerzo y poco después había llegado al lugar un vehículo con cinco o seis colegas de la comisaría de Nuevo Belgrado vestidos de paisano. El brigada B., Jefe del Departamento de Policía de Bezanija, declaró que se había recibido apoyo policial en dos puntos del asentamiento y que en el lugar en que él estaba no había habido policías de paisano. El sargento primero A. declaró que había estado presente en la destrucción del asentamiento pero no vio ningún acto de violencia. No recordaba que en el lugar hubiera habido otros funcionarios del Ministerio del Interior que los del Departamento de Policía de Bezanija y declaró que, por regla general, acuden en refuerzo policías uniformados y no policías de paisano. El sargento primero N. declaró que no había participado en la operación. Ninguno de los policías que habían estado presentes durante el desalojo y la demolición del asentamiento "Antena" podía recordar los nombres de los colegas o subordinados que también habían participado en esa operación.

2.8.El 17 de mayo de 2002, el juez de instrucción tomó declaración al autor de la queja. Su declaración estuvo apoyada por las declaraciones de los otros dos habitantes del asentamiento que también fueron oídos como testigos por el juez de instrucción. Todos declararon que podrían reconocer a los policías de paisano que los habían golpeado.

2.9.El 4 de junio de 2002, en respuesta a la petición del juez de instrucción de que se le presentara información sobre los policías presentes durante el desalojo y la demolición del asentamiento "Antena", el Departamento del Interior de Nuevo Belgrado informó que la aplicación de la decisión de la municipalidad de Nuevo Belgrado comenzó el 7 de junio de 2000. Ese día, los policías J., O. y T. habían visitado el asentamiento y pedido a los habitantes que empezaran a desalojar sus hogares. La operación continuó al día siguiente y estuvo a cargo de los sargentos primeros A. y N., junto con el brigada B.

2.10. El 17 de julio de 2002, el juez de instrucción oyó al Sr. P., uno de los inspectores de construcción presentes durante la operación. Éste declaró que los habitantes de "Antena" habían recibido notificación del plan de demoler su asentamiento un mes antes de que se hiciera efectiva la demolición y que el 7 de junio de 2000 se les dio un último aviso de desalojo en el plazo de 24 horas. El 8 de junio de 2000, los habitantes de "Antena" se habían reunido en el asentamiento y, según la impresión que tuvo el Sr. P., habían hecho venir a romaníes de otros asentamientos para impedir la demolición. Los inspectores de construcción habían pedido ayuda al Departamento de Policía de Bezanija, que envió al asentamiento policías de uniforme y de paisano. El testigo confirmó que se habían propinado patadas y bofetadas a los habitantes romaníes, pero no recordaba que se hubieran utilizado cachiporras. Sin embargo, declaró que los policías de paisano no habían intervenido en el conflicto, sino que se habían llevado detenido a un romaní que se resistía a la demolición del asentamiento. También declaró que la demolición no se llevó a cabo hasta que los habitantes sacaron sus pertenencias de las barracas.

2.11. El 12 de septiembre de 2002, el Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado informó al Centro de Derecho Humanitario que la instrucción había concluido y le recordó que, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 259 del Código de Procedimiento Penal, el representante de las víctimas podría presentar un acta de acusación en un plazo de 15 días; de lo contrario, se consideraría que renunciaban a la acusación.

2.12. El 2 de octubre de 2002, el representante del autor de la queja y de las demás víctimas presentó una nueva petición al Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado solicitando un complemento de investigación, de conformidad con el procedimiento establecido en el párrafo 1 del artículo 259 del Código de Procedimiento Penal. En esa petición se declaraba que, en violación del artículo 255 del Código de Procedimiento Penal, el juez de instrucción no había proporcionado a las partes los nombres de los policías de paisano, por lo que no habían podido asumir oficialmente la acusación. Se proponía además, entre otras cosas, que el tribunal tomara una nueva declaración al sargento mayor J. y que volviera a pedir al Departamento del Interior de Nuevo Belgrado información sobre la identidad de los policías de paisano que habían participado en el incidente.

2.13. El 6 de noviembre de 2002, en respuesta a esa petición, el Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado envió una solicitud de información al Departamento del Interior de Nuevo Belgrado pidiendo los nombres de los funcionarios del Departamento que habían prestado asistencia a la municipalidad de Nuevo Belgrado y al Departamento de Policía de Bezanija, pero indicó por error una fecha incorrecta, a saber, el 8 de junio de 2002. Como consecuencia, el 20 de noviembre de 2002 el Departamento del Interior respondió que en la fecha indicada no había prestado asistencia alguna a los organismos mencionados. El 22 de noviembre de 2002, el Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado envió una segunda petición en igual sentido al Departamento del Interior. Esta vez, no se mencionaba en la carta la fecha del incidente, pero se pedían los nombres de los policías de paisano que habían ayudado a los policías del Departamento de Policía de Bezanija durante la destrucción del asentamiento "Antena". El 4 de diciembre de 2002, el sargento mayor J. respondió que no conocía los nombres de los policías de paisano que habían intervenido en la destrucción del asentamiento "Antena", pero no negó que esa intervención hubiera tenido lugar. Asimismo, el 13 de noviembre de 2002, el sargento mayor J. fue oído de nuevo por el Tribunal. Reiteró su declaración anterior y agregó que "[...] de ser necesario, podría tratar de averiguar qué policías precisos estaban presentes e informar al tribunal al respecto".

2.14. El 26 de diciembre de 2002, el Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado informó al representante de las víctimas que la instrucción había concluido y que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 259 del Código de Procedimiento Penal, el representante de las víctimas podía presentar un acta de acusación en el plazo de 15 días. De lo contrario, se consideraría que renunciaban a la acusación.

2.15. El 10 de enero de 2003, el representante de las víctimas comunicó al Tribunal que la participación de policías de paisano en el maltrato físico de los romaníes el 8 de junio de 2000 quedaba claramente fundamentada por las declaraciones de las víctimas, y de los testigos Sr. P. y sargento mayor J. y pidió al Tribunal que continuara su investigación hasta que se identificara a los autores. El 6 de febrero de 2003, el Departamento del Interior de Nuevo Belgrado, en respuesta a una tercera petición del Tribunal de fecha 30 de enero de 2003, envió una carta con los nombres de dos agentes, G. y A., que habían prestado asistencia durante el incidente de 8 de junio de 2000.

2.16. El 25 de marzo de 2003, el Centro de Derecho Humanitario envió al Ministro del Interior una carta en la que expresaba su preocupación, se quejaba de la falta de cooperación del Departamento del Interior de Nuevo Belgrado en la investigación y pedía al Ministro que revelara los nombres de los policías de paisano que habían prestado asistencia durante el incidente del 8 de junio de 2000 en el asentamiento "Antena" de Nuevo Belgrado.

2.17. El 8 de abril de 2003, el Tribunal interrogó al agente de policía G., que declaró que no había estado presente en la destrucción del asentamiento "Antena" y que no tenía conocimiento directo del incidente del 8 de junio de 2000. El agente G. confirmó que, en general, en esas situaciones el refuerzo estaba a cargo de policías uniformados y no de paisano, pero que en situaciones de emergencia se podía enviar a policías de paisano. También declaró que los nombres de los policías asignados a las distintas misiones figuraban en un registro del Departamento de Policía. Si el tribunal pedía esa información, recibiría un informe basado en la información contenida en ese registro.

2.18. Por carta de 6 de mayo de 2003 se informó nuevamente al representante de las víctimas que el Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado había concluido la investigación y que podía presentar un acta de acusación en el plazo de 15 días para asumir la acusación penal. Sin embargo, una vez más no se identificaba a los autores por su nombre. El 27 de mayo de 2003, el representante de las víctimas pidió al tribunal que no cerrara la investigación de la causa hasta que el Ministerio del Interior hubiera enviado su respuesta a la petición del Centro de Derecho Humanitario de que facilitara los nombres de los policías de paisano involucrados en el incidente. El 3 de junio de 2003, el Centro de Derecho Humanitario envió un recordatorio al Ministerio del Interior. El 20 de junio de 2003, un asesor del Ministro del Interior informó al Centro de Derecho Humanitario que la investigación penal llevada a cabo por el Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado no permitía confirmar la participación de policías de paisano en el incidente de 8 de junio de 2000. En la carta se concluía que, a petición del tribunal, la Secretaría de Belgrado presentaría toda la información solicitada sobre la conducta de los policías.

2.19. El 20 de diciembre de 2003 se notificó por cuarta vez al representante de las víctimas que el tribunal había concluido la instrucción de la causa y se le invitó a presentar el acta de acusación en el plazo de 15 días. Como antes, no se identificaba a los autores por su nombre, haciendo así imposible que las víctimas asumiesen oficialmente la acusación.

2.20. Conforme a la legislación nacional, el autor de la queja disponía de dos procedimientos diferentes para pedir reparación: 1) la acción penal, en virtud del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal, que debería haber sido iniciada sobre la base de su denuncia penal, y  2) una acción civil por daños y perjuicios en virtud de los artículos 154 y 200 de la Ley de obligaciones de Serbia. Como el acusador no consiguió identificar a los autores y el Cuarto Fiscal Municipal de Belgrado no inició oficialmente una acción penal, la primera vía quedaba vedada para el autor. En cuanto a la segunda, el autor de la queja no inició una acción civil por daños y perjuicios porque la práctica habitual de los tribunales serbios es suspender las acciones civiles por daños y perjuicios resultantes de delitos hasta que se terminen las respectivas actuaciones penales.

2.21. Si el autor hubiera decidido entablar una acción por daños y perjuicios inmediatamente después del incidente, habría tenido que hacer frente a otro impedimento de índole procesal. Los artículos 186 y 106 del Código de Procedimiento Penal exigen que ambas partes en una acción civil, tanto el demandante como el demandado, sean identificadas por su nombre, dirección y demás datos personales pertinentes. Como el autor de la queja no podía proporcionar esa información, iniciar una acción civil por daños y perjuicios habría sido claramente imposible desde el punto de vista procesal y esa acción habría sido desestimada de entrada por el tribunal civil.

La denuncia

3.1.El autor de la queja afirma que el Estado parte ha violado el párrafo 1 del artículo 16, leído por separado o conjuntamente con los artículos 12 y 13; y el artículo 14, leído por separado o conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención.

3.2.En cuanto al agotamiento de los recursos internos, el autor de la queja sostiene que el derecho internacional no exige que la víctima interponga más de uno de los distintos recursos que permitirían reparar la violación denunciada. Cuando se puede elegir entre distintos recursos efectivos y suficientes, incumbe al autor elegir uno de ellos. Por consiguiente, habiendo agotado sin éxito un recurso, un autor de una queja "no puede ser criticado por no haber utilizado recursos que habrían apuntado esencialmente al mismo objetivo y que, en todo caso, no habrían tenido más posibilidades de prosperar". El autor se remite a la jurisprudencia de la Comisión Europea según la cual, cuando la legislación nacional autoriza la interposición de recursos tanto civiles como penales por un trato presuntamente contrario al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no es necesario que el autor que haya incoado una acción penal contra un policía presuntamente responsable entable también una acción civil por daños y perjuicios. Además, el autor de la queja sostiene que sólo un recurso penal sería efectivo en el presente caso, ya que los recursos civiles o administrativos no proporcionan una reparación suficiente.

3.3.El autor afirma que fue víctima de actos equivalentes a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por agentes del Estado, en violación del artículo 16. Sostiene que la evaluación del grado de maltrato depende, entre otras cosas, de la vulnerabilidad de la víctima, por lo que deben también tenerse en cuenta en dicha evaluación el sexo, la edad, el estado de salud o la pertenencia étnica de la víctima. El grado de maltrato necesario para que éste sea "degradante" depende, en parte, de la vulnerabilidad de la víctima al sufrimiento físico o emocional.La pertenencia del autor a un grupo minoritario históricamente objeto de discriminación y prejuicioshace que la víctima sea más vulnerable a los malos tratos a efectos del párrafo 1 del artículo 16, especialmente en los casos en que, como en la República de Serbia, las fuerzas del orden incumplen constantemente su deber de reprimir los actos sistemáticos de violencia y discriminación contra los romaníes. El autor sugiere que es más probable que un cierto grado de maltrato físico constituya "un trato o pena degradante o inhumano" cuando está motivado por una animosidad racista o va acompañado de epítetos racistas.

3.4.El autor sostiene que, en violación del artículo 12, leído conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención, las autoridades serbias no llevaron a cabo una investigación pronta, imparcial y exhaustiva del incidente en cuestión que permitiera identificar y castigar a los responsables, a pesar de haber motivos razonables para creer que se había cometido un acto equivalente a un trato o pena cruel, inhumano o degradante. El autor se remite a las conclusiones del Comité en el asunto de Abad c. España según las cuales, "con arreglo al artículo 12 de la Convención, las autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación ex officio, siempre que haya motivos razonables para creer que se han cometido actos de tortura o malos tratos, sin que tenga mayor relevancia el origen de la sospecha". El Comité también consideró en ese caso que "la investigación de los delitos debe orientarse, tanto a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos denunciados, como la identidad de las personas que en ellos puedan haber participado". Para cumplir las disposiciones del artículo 12, leído conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16, las autoridades del Estado parte tenían que haber llevado a cabo una investigación que permitiera identificar y castigar a los responsables y no una investigación puramente formal. Tras la decisión del fiscal adjunto, de 19 de abril de 2001, de dar por concluida la investigación, conforme a lo dispuesto por la ley, la víctima tenía derecho a hacer suya la acusación y, en última instancia, a presentar el acta de procesamiento. Sin embargo, el hecho de que el fiscal y el juez de instrucción no identificaran a los autores impidió que el autor de la queja ejerciera ese derecho.

3.5.El autor de la queja también afirma que se violó el artículo 13, leído conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16, porque se quebrantó su derecho a presentar una queja y que su caso fuera examinado con prontitud e imparcialidad por las autoridades competentes. Sostiene que el "derecho a presentar una queja" entraña, no sólo la posibilidad legal de hacerlo, sino también el derecho a un recurso efectivo por el daño sufrido.

3.6.Por último, el autor denuncia una violación del artículo 14, leído conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 16, por la ausencia de reparación y de una indemnización justa y adecuada. Se remite a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la interpretación de la expresión "recursos efectivos" que deben otorgarse en el ámbito nacional, según la cual, cuando una persona pretende defendiblemente haber sido sometida a un trato inhumano o degradante por la policía u otros agentes del Estado, la noción de recurso efectivo entraña, además del pago de una indemnización, cuando procede, una investigación completa y eficaz que permita identificar y castigar a los culpables.

Observaciones del Estado parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1.En una comunicación de 23 de mayo de 2005, el Estado parte impugna la afirmación del autor de que hasta el 19 de abril de 2001 el Cuarto Fiscal municipal no adoptó ninguna medida en respuesta a la denuncia presentada por el Centro de Derecho Humanitario el 12 de agosto de 2000. El Estado parte sostiene que, según el expediente del caso de que dispone el Cuarto Fiscal Municipal y una entrevista con el fiscal adjunto encargado del caso, la denuncia del Centro de Derecho Humanitario se recibió el 15 de agosto de 2000. El 18 de agosto de 2000, el fiscal pidió al Departamento del Interior de Nuevo Belgrado que facilitara información "sobre las personas que habían prestado asistencia al Departamento de Ingeniería Civil y Vivienda Comunitaria de Nuevo Belgrado en la demolición, sobre si se había hecho uso de la fuerza y, de ser así, de qué tipo, de qué manera y por qué razón, y si los residentes se resistieron a la aplicación de la decisión del Departamento".

4.2.El 9 de noviembre de 2000, el fiscal recibió un informe de la Sección de Control de Asuntos Internos de la Secretaría del Interior de Belgrado. El 23 de noviembre de 2000, el fiscal pidió a la secretaría que le devolviera la denuncia original, que le fue transmitida el 13 de febrero de 2001. Según el informe, el 7 de junio de 2000, unos agentes del Departamento de Policía de Bezanija visitaron el asentamiento y observaron que los habitantes estaban reuniendo lentamente sus pertenencias, desmantelando sus viviendas y buscando un nuevo lugar para vivir. En consecuencia, ese día no hubo intervención policial contra los habitantes. El 8 de junio de 2000, las autoridades municipales hicieron "demoler las viviendas construidas ilegalmente, [...] lo que se llevó a cabo sin perturbación del orden público. La policía proporcionó asistencia, [...] pero ésta consistió en una presencia física y distó de constituir una intervención en cualquier medida o forma, ni antes ni después de la demolición de las viviendas".

4.3.El 19 de febrero de 2001, el fiscal decidió desestimar la denuncia presentada en virtud de los párrafos 2 y 4 del artículo 153 de la Ley de procedimiento penal (LPP). En virtud del apartado 1 del párrafo 2 del artículo 45 de la LPP que estaba vigente en ese momento, el fiscal estaba facultado para adoptar las medidas necesarias para descubrir delitos e identificar a sus presuntos autores. Con arreglo al apartado 1 del párrafo 2 del artículo 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que entró en vigor posteriormente, el fiscal es responsable del procedimiento antes del juicio. El Estado parte concluye que, en virtud de la LPP, el fiscal tenía poderes muy limitados en dicho procedimiento y dependía del Ministerio del Interior. Según el informe del Ministerio, no hubo actividades ilegales en el caso en cuestión y, teniendo en cuenta el procedimiento para obtener las pruebas con arreglo a la LPP, el fiscal concluyó correctamente que no había sospecha razonable de que se hubiera cometido un delito penal en el sentido del artículo 66 de la LPP, ni ningún otro delito perseguible de oficio.

4.4.El 19 de abril de 2001, la mencionada decisión se transmitió al Centro de Derecho Humanitario junto con un recurso en el sentido del párrafo 2 del artículo 60 de la LPP. A este respecto, el Estado parte sostiene que la LPP y el CPP distinguen claramente el denunciante de la parte agraviada. Sólo ésta tiene derecho, en el sentido del párrafo 2 del artículo 60 de la LPP y del párrafo 2 del artículo 61 del CPP, a asumir la acusación penal si el fiscal desestima la denuncia. En esa situación, la parte agraviada asume el derecho del fiscal y no el de un querellante privado. Como el Centro de Derecho Humanitario presentó la denuncia sin presentar un poder de la parte agraviada representada en este caso, el fiscal no pudo informar al centro que se había desestimado la denuncia. Además, la parte agraviada, es decir, el autor de la queja, tampoco pudo ser informada, ya que tras la demolición del asentamiento su dirección dejó de ser válida y no se dio ninguna otra dirección. El fiscal sólo pudo informar al Centro de Derecho Humanitario que se había desestimado la denuncia y proporcionarle información detallada sobre el recurso una vez que dicha organización presentó el poder, el 13 de abril de 2001. El fiscal actuó en el lapso más breve posible.

4.5.En 2000 y 2001, el único organismo independiente encargado de controlar la legalidad de la labor del Ministerio del Interior era la Sección de Control de Asuntos Internos. Ésta investigaba todos los casos en que se había hecho uso de la fuerza y procedía a un control interno sobre la base de las denuncias de faltas de conducta graves o uso excesivo de la fuerza. Desde entonces, la sección se ha transformado en la Inspección General del Departamento de Seguridad Pública.

4.6.Con respecto a la declaración del autor y las demás víctimas de que podrían reconocer a los policías de paisano que los golpearon si tuvieran la oportunidad de hacerlo, el Estado parte sostiene que, si bien la declaración de un testigo constituye una prueba, la identificación constituye solamente un indicio para establecer su autenticidad. Como la Sección de Control de Asuntos Internos concluyó que los agentes del Ministerio del Interior habían actuado de manera enteramente conforme con la ley, el fiscal no podía pedir que se realizara una fila de identificación, ya que habría sido superfluo. Sea como fuere, la parte agraviada que asume la acusación tiene derecho a pedir medidas para la identificación durante las actuaciones.

4.7.El Estado parte sostiene además que el tribunal tuvo dificultades para citar a las partes agraviadas, ya que el Centro de Derecho Humanitario no proporcionó sus direcciones exactas. Como consecuencia, el tribunal no pudo citar a los testigos hasta el 7 de mayo de 2002 y, por lo tanto, los oyó casi un año después de que la parte agraviada asumiera la acusación. El Estado parte se remite a la declaración realizada por uno de los habitantes del asentamiento "Antena" ante el juez de instrucción del Cuarto Tribunal Municipal de Belgrado, según la cual "esas personas no lucían ninguna insignia, llevaban trajes civiles y sólo utilizaron los brazos y las piernas durante la agresión contra los residentes del asentamiento". Agregó que su hijo había recibido un empujón con una porra al agacharse para recoger su teléfono móvil del suelo y que "el policía que lo empujó de esa manera lo hizo para apartarlo del tumulto, ya que corría el riesgo de ser golpeado, derribado y atropellado". El brigada B., agente del Departamento del Interior de Nuevo Belgrado, declaró en enero de 2002 que "los residentes [...] los abuchearon y protestaron enérgicamente contra la demolición". Además del testimonio del sargento mayor J. de 10 de abril de 2002 citado por el autor, el Estado parte se remite a una parte de su declaración en la cual esa persona explicaba que se había intentado varias veces entregar las decisiones de demolición a los residentes del asentamiento. El 8 de junio de 2000, los residentes "se negaron a marcharse; la policía trató de convencerlos, pero se negaron a escuchar". Recordaba que los policías de paisano que llegaron al lugar utilizaron las porras contra los habitantes más reticentes que se habían tumbado delante de las palas mecánicas para impedir la demolición, pero no recordaba quién había utilizado las porras ni contra quién. Recordó además que nadie había insultado ni dado patadas o puñetazos a los romaníes. El contacto físico se había limitado a sujetar a los habitantes por el brazo para sacarlos de la zona; al final, uno o dos de ellos fueron detenidos y trasladados al Departamento de Policía de Bezanija. En cuanto a la declaración del inspector de construcción mencionada por el autor, el Estado parte se remite a una parte de dicha declaración en que afirma que el policía de la comisaría de Bezanija que les había prestado asistencia había tratado de resolver el problema con los romaníes pacíficamente y que no podía recordar si se habían intercambiado insultos.

4.8.El Estado parte concluye que los hechos mencionados demuestran que el día en cuestión la policía trató de actuar de conformidad con las normas que rigen las intervenciones contra un gran número de personas y se esforzó por aplicar la fuerza con discernimiento. En particular, los agentes intentaron aplicar una estrategia doble contra los manifestantes: por un lado mostraron el máximo respeto a los que ofrecían una resistencia pasiva y los apartaron, mientras que algunos manifestantes ofrecieron una resistencia activa y alentaron a los demás romaníes a oponerse a la policía, provocando el contacto físico con los agentes que se vieron obligados a hacer uso de la fuerza con porras y golpeando y dando patadas a los manifestantes para dispersarlos.

4.9.Además, el Estado parte presenta una extensa información sobre las vías legales de que dispone la parte agraviada para ejercer su derecho a reparación mediante actuaciones penales, civiles y administrativas. Sostiene que, presentando una demanda de indemnización en virtud del artículo 172 de la Ley de contratos y responsabilidad civil extracontractual, el autor de la queja podría haber atacado a la República de Serbia y al Ministerio del Interior en una causa civil. No es necesario establecer los nombres de todas las personas que causaron el daño para iniciar y llevar adelante esas actuaciones. Como la persona jurídica (la República de Serbia) es responsable de los daños causados a terceros por sus organismos en cumplimiento de sus funciones o en relación con dicho cumplimiento, basta con establecer la participación de empleados del Ministerio del Interior. Al pronunciarse sobre la demanda, el tribunal habría tenido que determinar si la intervención de los funcionarios del Ministerio del Interior se justificaba o no. Si el tribunal consideraba que la intervención no estaba justificada, aceptaría la demanda y ordenaría al Estado que indemnizase a la parte agraviada. Si consideraba que la intervención se justificaba, el tribunal determinaría si se hizo un uso excesivo de la fuerza y si, en su opinión, fue así, aceptaría la demanda y ordenaría al Estado que indemnizase a la parte agraviada.

4.10. Por último, el Estado parte alega que el autor no ha agotado todos los recursos internos, ya que la acción civil entablada en virtud de la mencionada disposición sobre la responsabilidad objetiva es un procedimiento más eficaz para obtener reparación y tiene más posibilidades de prosperar que el procedimiento penal. Observa asimismo que la petición de la parte agraviada de entablar una acción penal en virtud del artículo 66 de la Ley penal contra los policías que participaron en la operación del 8 de junio de 2000 prescribirá el 8 de junio de 2006.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte

5.1.El 6 de junio de 2005, el autor de la queja presentó sus comentarios, en los que mantuvo todas sus reclamaciones iniciales y destacó que el Estado parte no había respondido a todos los aspectos de la comunicación sobre las presuntas violaciones de los artículos 13 y 14 y determinados aspectos del artículo 12. Declaró además que el silencio del Estado parte podía interpretarse como una ausencia de objeciones sobre esos puntos.

5.2.En cuanto al supuesto no agotamiento de los recursos internos, el autor sostiene que los argumentos del Estado parte sobre la disponibilidad teórica de un recurso civil separado son infundados. Según se reconoce implícitamente en la jurisprudencia del Comité, ninguna víctima está obligada a recurrir a múltiples vías de reparación -penales, civiles y administrativas- para que se considere que se han agotado los recursos internos. Además, dado que el agravio sufrido por el autor de la queja entra claramente en el campo de aplicación del artículo 16 de la Convención, que exige la reparación penal, los recursos civiles y administrativos por sí solos no habrían proporcionado una reparación suficiente. Por último, en la República de Serbia las actuaciones penales suelen ser más rápidas y más eficaces que las civiles.

5.3.El autor sostiene además que las autoridades están obligadas a investigar de oficio y castigar los malos tratos cuando tienen conocimiento de ellos. Tanto en virtud de la LPP como de su instrumento sucesor, el CPP, los fiscales tienen la obligación de tomar todas las disposiciones y adoptar todas las medidas necesarias para descubrir las pruebas pertinentes e investigar exhaustivamente el caso. Que el autor inicie actuaciones civiles separadas carece de importancia; el Estado parte tiene la obligación de investigar los hechos y perseguir a los autores, puesto que las pruebas indican claramente la existencia de malos tratos.

5.4.El autor impugna la afirmación del Estado parte de que la legislación vigente en aquel momento limitaba las facultades del fiscal en la sustanciación de las actuaciones penales, especialmente en lo que respecta a la policía. El fiscal tenía y tiene competencia y poderes específicos a lo largo de todo el procedimiento penal. Puede hacerse cargo de la querella incoada por la parte agraviada en los casos, como el actual, en que los delitos penales cometidos se persiguen de oficio. El autor sostiene que, en virtud del artículo 155 de la LPP, el fiscal estaba facultado para dar instrucciones tanto a la policía como al juez de instrucción, mientras que en virtud del artículo 239 del CPP, el poder del fiscal se extiende únicamente al juez de instrucción a este respecto. Ambas leyes facultan al juez de instrucción para adoptar medidas por su propia cuenta y a petición del fiscal. El examen debido de las denuncias de maltrato policial entrañaría, entre otras cosas, ordenar la identificación de los policías de paisano organizando una fila de identificación para la víctima. Varios organismos del Estado parte podrían haber ordenado a la policía que proporcionara esa información por conducto del Ministerio del Interior, el juez de instrucción o el fiscal. El autor llega a la conclusión de que ninguna posible diferencia entre el CPP y la LPP se aplica a los argumentos en el presente caso, especialmente en lo que respecta a las obligaciones que tiene el Estado parte en virtud de los artículos 12, 13 y 14 de la Convención.

5.5.El autor cuestiona la afirmación del Estado parte de que en 2000 y 2001 el único organismo independiente facultado para regular la conducta policial era la Sección de Control de Asuntos Internos. El principio fundamental de la separación de poderes confiere esa facultad al poder judicial.

5.6.El autor señala que el Estado parte confirma que había policías de paisano en servicio y añade que habían utilizado las porras de manera legal (sin puñetazos, patadas, etc.). Esa afirmación no corresponde a la prueba testimonial de maltrato, corroborada por los informes médicos y las fotografías. Al mismo tiempo, ningún organismo público competente reveló la identidad de esos agentes de paisano al autor, impidiéndole así de manera absoluta y definitiva ejercer su derecho a asumir la acusación y, en última instancia, a hacer comparecer a los autores ante la justicia. Aunque la identidad de los policías de paisano no figurara en el informe, las autoridades disponían de numerosos medios para solicitar esa información.

5.7.Con respecto a la obligación de investigar prevista en el artículo 12, el autor sostiene que en ningún momento de las actuaciones se puso a su disposición ningún informe interno de los órganos e instituciones del Estado parte en que se describiera una investigación de los hechos del 8 de junio de 2000. Como resultado, no aportó ninguna contribución a esa investigación interna, no pudo examinar pruebas testimoniales o de otra índole proporcionadas por la policía, no tuvo la oportunidad de un careo con los agentes de paisano que podrían haber sido interrogados, ni pudo asegurarse de que se interrogaba a todos los agentes involucrados. Por último, el autor señala que el Estado parte sigue sin poner en conocimiento suyo y del Comité el informe de la Sección de Control de Asuntos Internos. El autor se remite a la jurisprudencia del Comité según la cual el hecho de que el Estado no comunique efectivamente al denunciante si se está realizando una investigación interna y no le informe de los resultados de dicha investigación impide efectivamente al denunciante incoar una querella penal e incumple las obligaciones del Estado parte en virtud del artículo 12.

Observaciones adicionales del Estado parte

6.En una comunicación posterior de fecha 16 de noviembre de 2005, el Estado parte transmite una nota de la fiscalía con argumentos similares a los presentados en las observaciones del Estado parte de 23 de mayo de 2005. Además, el Estado parte impugna la alegación del autor de que un proceso civil habría carecido de efecto disuasivo en la perpetración del delito de abuso de poder. La publicación en los medios informativos de un fallo del tribunal que obligara al Estado a pagar una indemnización por actos cometidos por los funcionarios del Ministerio del Interior habría dado lugar probablemente a que el Ministerio impusiera sanciones disciplinarias internas. El Estado parte también discrepa de la afirmación del autor de que los procesos civiles son más largos que los penales. El Estado parte cita como ejemplo el asunto de Milan Ristic, en que se entabló un proceso civil después de uno penal y el tribunal ordenó al Estado parte que indemnizara a la familia de la víctima cuando aún no había finalizado la instrucción penal. El Estado parte concluye que las autoridades judiciales actuaron de conformidad con la legislación interna y la Convención. No podía hacerse nada más sin una colaboración más activa del autor de la queja o de su abogado con el fiscal.

Decisión del Comité sobre la admisibilidad

7.1.El 23 de noviembre de 2006, el Comité examinó la admisibilidad de la comunicación. Tomó nota de los argumentos presentados por el autor y de su afirmación de que había agotado los recursos internos. El Comité observó asimismo que el Estado parte había impugnado este hecho y ofrecido una descripción detallada de los procedimientos legales de que disponía la parte perjudicada para ejercer su derecho a la indemnización en procesos penales, civiles y administrativos. También tomó nota de la argumentación del Estado parte de que el proceso civil entablado con arreglo a la disposición sobre la responsabilidad objetiva de la Ley de contratos y responsabilidad extracontractual era un procedimiento más eficaz para obtener reparación que el proceso penal. A este respecto, el Comité consideró que el hecho de que el Estado parte no hubiera iniciado ex officio una investigación de la denuncia del autor de que había sido objeto de malos tratos, ni hubiera revelado la identidad de los agentes de paisano presentes durante el incidente para que el autor pudiera entablar la querella, había hecho efectivamente un recurso que habría podido ofrecer, en las circunstancias particulares del caso, una reparación eficaz y suficiente al autor. Además, habiendo agotado en vano un recurso, no debe ser obligatorio, a los efectos del artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención, agotar otros medios legales orientados fundamentalmente al mismo fin y que en cualquier caso no ofrecen mayores probabilidades de éxito. En estas circunstancias, el Comité concluyó que los requisitos del artículo 22, párrafo 5 b), de la Convención no le impedían examinar la queja.

7.2.El Comité tomó nota de las afirmaciones del autor de que los policías de paisano habían utilizado una fuerza desproporcionada, con las ligeras lesiones personales consiguientes, y de que posteriormente no había podido obtener reparación. El Estado parte sostenía que los policías habían intentado actuar de acuerdo con las normas que regían la intervención ante un gran número de personas y habían procurado aplicar la fuerza con discernimiento. El Comité consideró, sin embargo, que esta reclamación estaba suficientemente fundamentada a efectos de la admisibilidad y se la debía examinar en cuanto al fondo.

7.3.Por lo tanto, el Comité contra la Tortura decidió que la queja era admisible en la medida en que planteaba cuestiones relacionadas con los artículos 12, 13, 14 y 16 de la Convención.

Observaciones del Estado parte en cuanto a l fondo

8.1.El 19 de junio de 2008, el Estado parte afirmó que el Código de Procedimiento Penal de la República de Serbia (CPP), la Ley de obligaciones y el Manual sobre los métodos de asistencia prestada por el Ministerio del Interior de 2 de diciembre de 1997 (Manual) eran aplicables al presente caso. En particular:

a)De conformidad con el artículo 153 del CPP, en vigor cuando tuvieron lugar los hechos, el fiscal desestima la denuncia de conducta delictiva si no hay base suficiente para instituir una investigación judicial oficial. Si la denuncia no permite al fiscal evaluar la probabilidad de los cargos, o si los datos que figuran en la denuncia o el informe policial no aportan motivos suficientes para adoptar una decisión sobre la apertura de la investigación, el fiscal pide a la policía que reúna la información necesaria y tome otras medidas, si él no puede tomar las medidas necesarias motu proprio o por conducto de otras autoridades públicas. Si el fiscal llega a la conclusión de que la presunta infracción no es un delito que deba ser objeto de una investigación judicial oficial, desestima la denuncia. La LPP y el CPP permiten a la parte agraviada asumir la acusación si el fiscal desestima la denuncia. Además, en virtud del párrafo 3 del artículo 259 del CPP, si el juez de instrucción decide dar por concluida la investigación, informa de ello a la parte agraviada, en su calidad de acusador o acusador privado, y le notifica que puede presentar una acusación al tribunal, es decir, abrir una acción privada; de lo contrario se considerará que la parte agraviada renuncia.

b)De conformidad con el artículo 103, párrafos 6 y 7 (prescripción de los delitos), del Código Penal, no puede iniciarse una acción penal una vez transcurrido el plazo de tres años desde el momento en que se cometió un delito punible con penas superiores a un año de prisión y de dos años desde el momento en que se cometió un delito punible con penas inferiores a un año de prisión o una multa. De conformidad con el artículo 104, párrafo 6 (curso y suspensión de la prescripción de los delitos), del Código Penal, la prescripción absoluta de enjuiciamiento es efectiva una vez transcurrido el doble del plazo requerido por la ley para la prescripción. La parte agraviada o su representante tienen derecho a ser informados de la acción del fiscal en todo momento después de la presentación de la denuncia.

c)De conformidad con los artículos 154 y 200 de la Ley de obligaciones de Serbia, el denunciante tiene derecho a reclamar una indemnización en una demanda civil.

d)De acuerdo con el Manual, en el procedimiento de desalojo no participan funcionarios. Ese procedimiento está a cargo de agentes uniformados del Ministerio del Interior.

8.2.El Estado parte sostiene que el policía y el inspector de la construcción confirmaron, el 10 de abril y el 17 de julio de 2002 respectivamente, que "algunos civiles" habían participado en la dispersión de los residentes del asentamiento que protestaban contra la demolición, sin afirmar, sin embargo, que esos civiles eran agentes de policía.

8.3.El Estado parte recuerda que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, llevó a cabo una investigación pronta e imparcial y realizó varias investigaciones suplementarias a petición del Centro de Derecho Humanitario. La denuncia del autor de que en el desalojo participaron policías de paisano no fue probada y esa presunción "no es conforme a la normativa aplicable de la República de Serbia".

8.4.El Estado parte lamenta que el plazo para la prescripción absoluta de enjuiciamiento en el presente caso haya vencido el 8 de junio de 2006 y subraya que el propio autor ha contribuido en parte a frenar la investigación. Concretamente, el Centro de Derecho Humanitario no presentó el poder para representar al autor ante el Cuarto Fiscal Municipal de Belgrado hasta que habían transcurrido siete meses desde la presentación de la denuncia. Asimismo, no proporcionó a la autoridad investigadora las direcciones correctas del autor y los testigos.

8.5.Independientemente de la prescripción absoluta de enjuiciamiento en el presente caso, el Estado parte niega haber violado el artículo 14 de la Convención, ya que el autor ha tenido numerosas oportunidades de obtener una indemnización justa por los daños sufridos iniciando una acción civil. Aunque se hubiera incoado una acción penal, al concluir ésta el tribunal habría ordenado al autor de la queja que presentara su reivindicación en una demanda civil. Es decir, en el proceso penal el tribunal habría tenido que solicitar informes a peritos económicos y médicos, lo que habría prolongado el proceso y aumentado considerablemente el costo. Por otra parte, el ordenamiento jurídico serbio permite la coexistencia de acciones penales y civiles. El autor de la queja tenía derecho a reclamar una indemnización por todos los tipos de daño (reembolso de gastos médicos, dolor físico, sufrimiento, etc.), pero no aprovechó esa posibilidad. El Estado parte reitera que el autor no ha agotado todos los recursos internos.

8.6.El Estado parte termina diciendo que, si el Comité concluye que la prescripción absoluta de enjuiciamiento equivale a una violación del artículo 13 de la Convención, adoptará medidas para indemnizar adecuadamente al autor por los daños morales sufridos en la cantidad que se le ofreció como pago ex gratia. Esa indemnización deberá corresponder a la práctica seguida por los tribunales nacionales e internacionales en casos similares.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado parte en cuanto a l fondo

9.1.El 12 de septiembre de 2008, el autor señaló que el Estado parte había modificado su argumentación en aspectos importantes. En concreto, ahora reconocía que el CPP era también aplicable en el presente caso, como el autor había pensado desde el principio, y aceptaba el argumento de éste de que la LPP y el instrumento que la sucedió en marzo de 2002, el CPP, conferían ambos al fiscal competencia y mandato para investigar plenamente las denuncias de malos tratos por la policía.

9.2.El autor de la queja conviene en que tenía el derecho, pero no la obligación, de iniciar una acción civil. Reitera que los recursos civiles no se consideran suficientemente adecuados o efectivos en su caso y, por lo tanto, no es necesario agotarlos. También observa que el Comité ya se ocupó de esa cuestión en su decisión sobre la admisibilidad, en la que consideró que el hecho de no haber entablado un proceso civil no equivalía a la falta de agotamiento.

9.3.El autor de la queja señala además que, al citar el Manual, el Estado parte da efectivamente a entender que en la operación policial no podían haber participado agentes de paisano. Es más, el Estado parte alega, por primera vez durante todo el procedimiento ante los tribunales nacionales y el Comité, que los autores de los malos tratos al autor de la queja no eran, de hecho, policías, sino civiles. El autor señala que, hasta ahora, el Estado parte no había mencionado que hubiera un grupo de "civiles" durante el desalojo y reconocía que los agentes de policía habían recurrido de hecho al uso legítimo de la fuerza contra los romaníes. El autor de la queja se remite a los mismos testimonios del sargento mayor J. y el inspector de la construcción, de 10 de abril y 17 de julio de 2002 respectivamente, que cita el Estado parte, pero concluye que están llenos de referencias a policías de paisano. Por lo tanto, el autor de la queja refuta el argumento del Estado parte de que, en virtud de las normas jurídicas aplicables, sólo podían participar en un desalojo agentes de policía uniformados. A ese respecto, el autor sostiene que las autoridades del Estado son responsables cuando sus agentes se extralimitan en el ejercicio de sus funciones.

9.4.El autor señala que, aun si se acepta hipotéticamente la nueva versión que da de los hechos el Estado parte, su responsabilidad persiste. De conformidad con el artículo 16 de la Convención, "[t]odo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo I, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales,o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona (sin cursiva en el original)". El autor señala que el Estado parte no ha aportado pruebas de que los policías uniformados presentes tomaran medida alguna para proteger a los romaníes contra la agresión de esos "civiles". Tampoco aporta ninguna prueba de las medidas que tomó para identificar a esos "civiles" y proporcionar sus nombres al autor.

9.5.El autor concluye que el Estado parte tiene la obligación de explicar en qué circunstancias el autor fue herido por los agentes de policía (de acuerdo con la versión original de los hechos) o de qué manera esos "civiles" lograron penetrar desapercibidos en el asentamiento y agredir a los habitantes romaníes, como indica actualmente el Estado parte. El autor subraya que la operación policial ejecutada aquel día había sido cuidadosamente preparada y planificada, es decir, que no se trató de una operación policial "espontánea". Por lo tanto, las autoridades de policía tuvieron tiempo suficiente para prepararse y tomar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo cualquier tipo de amenaza contra los romaníes.

9.6.El autor reitera que el Estado parte no presenta nuevos argumentos acerca de la idoneidad de la investigación realizada en respuesta a su denuncia de malos tratos y recuerda que la obligación del Estado parte no es de resultado, sino de medios. En principio, toda investigación debería conducir al esclarecimiento de los hechos y, si las acusaciones resultan ciertas, a la identificación y el castigo de los culpables. En el presente caso, el fiscal basó su decisión de no abrir la investigación sobre la denuncia presentada por el Centro de Derecho Humanitario en el informe presentado por la Secretaría del Interior de Belgrado, Sección de Control de Asuntos Internos, el 9 de noviembre de 2000. El Estado parte sigue sin dar a conocer el informe al autor y al Comité. El autor señala además que el propio Estado parte pone en duda la validez de ese informe al dar tres versiones mutuamente excluyentes de los hechos que tuvieron lugar el 8 de junio de 2000.

9.7.El autor afirma además, entre otras cosas, que las autoridades del Estado parte no han determinado el número y el departamento a que pertenecían los policías de uniforme (por no hablar de los de paisano) presentes el 8 de junio de 2000, no han averiguado si alguno de sus organismos utiliza un vehículo con el número de placa proporcionado por el autor y otros testigos, ni han pedido copia del registro del Departamento del Interior de Nuevo Belgrado. El autor agrega que desde el 25 de diciembre de 2001 hay pruebas concretas de que participaron en la demolición del asentamiento "Antena" agentes de otro organismo policial, además de los del Departamento de Policía de Bezanija, y que el fiscal debería haberse dado cuenta de que la información proporcionada por el Departamento del Interior de Nuevo Belgrado en su carta de 6 de febrero de 2003 era inexacta. Sin embargo, la denuncia presentada por el autor fue desestimada en virtud del artículo 257 del CPP. El autor sostiene que el hecho de que el juez de instrucción accediera a todas sus peticiones de investigación complementaria equivale a una concesión de la insuficiencia de las pesquisas efectuadas hasta entonces.

9.8.En cuanto a la pretensión del Estado parte de que la posibilidad de acción judicial ha prescrito y de que el autor ha contribuido en parte a frenar la investigación, el autor alega lo siguiente:

a)La demora en la presentación del poder del Centro de Derecho Humanitario al Cuarto Fiscal Municipal de Belgrado no debería haber repercutido en modo alguno en la investigación, ya que las autoridades deberían haber tomado todas las medidas necesarias para investigar de oficio la denuncia del autor. En cualquier caso, la única demora que se puede atribuir al autor es de tres meses, y no de siete, como afirma el Estado parte. Aun teniendo en cuenta esa demora, el Estado parte dispuso de dos años y nueve meses para llevar a cabo una investigación eficaz antes de que prescribiera la posibilidad de una acción penal y cinco años y nueve meses antes de que prescribiera la posibilidad de toda acción judicial.

b)En cuanto a la supuesta demora causada por el hecho de que el autor no proporcionara a las autoridades judiciales las direcciones exactas de los testigos, el autor sostiene que el propio Estado parte ha admitido que localizar a los testigos romaníes era difícil porque después del desalojo las autoridades desconocían su paradero y que las autoridades no se pusieron inmediatamente en contacto con el Centro de Derecho Humanitario para que las ayudara a localizar a esos testigos. Además, el autor señala que su desalojo y el de los demás residentes del asentamiento "Antena" realizado el 8 de junio de 2000 violó las normas de derechos humanos pertinentes.

Examen de la cuestión en cuanto al fondo

10.1. El Comité ha examinado la comunicación teniendo en cuenta toda la información que le han facilitado las partes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.

10.2. El Comité toma nota de las observaciones del Estado parte de 19 de junio de 2008, en las que impugna la admisibilidad de la denuncia, y considera que las cuestiones planteadas por el Estado parte no le obligan a revisar su decisión sobre la admisibilidad, en particular porque el Estado parte no inició de oficio una investigación sobre la denuncia del autor ni reveló la identidad de las personas que le causaron lesiones corporales y lo insultaron, impidiendo así que el autor asumiera la acusación. Por consiguiente, el autor no dispone ya de ningún recurso interno que le permita asumir la acusación y reclamar un resarcimiento efectivo y suficiente por el trato de que fue víctima el 8 de junio de 2000. El Comité, por lo tanto, no ve ninguna razón para revocar su decisión sobre la admisibilidad.

10.3. El Comité procede a examinar la cuestión en cuanto al fondo y observa que el autor afirma que el Estado parte ha violado el artículo 16, párrafo 1, leído por separado o conjuntamente con los artículos 12 y 13, y el artículo 14, leído por separado o conjuntamente con el artículo 16, párrafo 1, de la Convención.

10.4. En cuanto a la calificación jurídica del trato de que el autor fue objeto el 8 de junio de 2000, el Comité considera que la imposición de sufrimiento físico y mental, agravada por la particular vulnerabilidad del autor a causa de su origen étnico romaní y de su inevitable asociación con una minoría históricamente víctima de discriminación y prejuicios, alcanza el umbral de trato o pena cruel, inhumano o degradante. El Comité observa que el autor y el Estado parte discrepan en cuanto a la identidad de las personas que causaron lesiones corporales al autor y lo insultaron, pero las partes están por lo menos de acuerdo en la presencia de policías uniformados (funcionarios públicos) del Estado parte en el lugar y en el momento de los hechos. El Comité observa además que el Estado parte no ha negado que el autor sufriera efectivamente lesiones corporales y fuera insultado. El Comité recuerda que el Estado parte no afirma que los policías uniformados que estaban presentes en el asentamiento "Antena" cuando tuvo lugar el trato contrario al artículo 16 tomaron medidas para proteger al autor y a los demás habitantes contra los malos tratos, ni ha aportado ninguna prueba que permita al Comité deducir que así fue.

10.5. El Comité considera que, independientemente de si las personas que causaron lesiones corporales al autor y lo insultaron eran o no funcionarios públicos, las autoridades del Estado parte presenciaron los hechos y no intervinieron para impedir esos malos tratos y mostraron cuando menos "su consentimiento o aquiescencia", en el sentido del artículo 16 de la Convención. A ese respecto, el Comité ha reiterado en numerosas ocasiones su preocupación por "la falta de acción por parte de la policía y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no proporcionan suficiente protección contra los ataques por motivos raciales" a los grupos amenazados. El Comité concluye que el Estado parte ha violado el artículo 16, párrafo 1, de la Convención.

10.6. Habiendo considerado que los hechos en que se basa la denuncia corresponden a los actos previstos en el artículo 16, párrafo 1, de la Convención, el Comité debe analizar otras alegaciones de violación de la Convención a la luz de esa conclusión.

10.7. En cuanto a la presunta violación del artículo 12, el Comité recuerda su jurisprudencia según la cual la investigación de los delitos debe orientarse, tanto a determinar la naturaleza y circunstancia de los hechos denunciados, como la identidad de las personas que puedan haber participado en ellos. En el presente caso el Comité observa que, a pesar de la presencia de un gran número de romaníes durante el incidente del 8 de junio de 2000 y a la participación de varios policías uniformados y de un inspector de obras públicas, siguen sin estar claras las circunstancias exactas del mismo. El Comité opina que el hecho de que el Estado parte no informara al autor de los resultados de la investigación durante casi seis años, entre otras cosas no proporcionándole el informe de la Sección de Control de Asuntos Internos de 2000, ni los nombres de las personas que le causaron lesiones corporales y lo insultaron, le impidió efectivamente asumir la "acusación privada" de su causa antes de que venciera el plazo previsto para la prescripción absoluta de toda acción penal. En esas circunstancias, el Comité considera que la investigación llevada a cabo por las autoridades del Estado parte no cumplió los requisitos del artículo 12 de la Convención y que el Estado parte tampoco cumplió la obligación que le impone el artículo 13 de la Convención de velar por que el autor tuviera derecho a presentar una denuncia y a que su caso fuera pronta e imparcialmente examinado por las autoridades competentes.

10.8. En cuanto a la presunta violación del artículo 14 de la Convención, el Comité observa que sus disposiciones son solamente aplicables a la tortura en el sentido del artículo 1 de la Convención y no abarcan otras formas de malos tratos. Además, el párrafo 1 del artículo 16 de la Convención, aunque remite concretamente a los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Convención, no menciona el artículo 14. Sin embargo, el artículo 14 no exime al Estado parte de su obligación de conceder a la víctima de un acto contrario al artículo 16 de la Convención una reparación y una indemnización justa y adecuada. Las obligaciones positivas que dimanan de la primera oración del artículo 16 de la Convención incluyen la de garantizar una reparación y una indemnización a las víctimas de un acto contrario a dicha disposición. Por lo tanto, el Comité opina que el Estado parte no ha cumplido las obligaciones que le impone el artículo 16 de la Convención al no haber permitido que el autor de la queja obtuviera una reparación y al no haberle concedido una indemnización justa y adecuada.

11.El Comité, actuando en virtud del párrafo 7 del artículo 22 de la Convención, estima que los hechos que se le han sometido revelan una violación del párrafo 1 del artículo 16 y de los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

12.De conformidad con el párrafo 5 del artículo 111 de su reglamento, el Comité insta al Estado parte a efectuar una investigación adecuada de los hechos que se produjeron el 8 de junio de 2000, a perseguir y condenar a las personas responsables de esos actos, a conceder la oportuna reparación al autor de la queja, incluida una indemnización justa y adecuada, y a informarle, en un plazo de 90 días a partir de la fecha de transmisión de la presente decisión, sobre toda medida que haya adoptado en respuesta a las observaciones formuladas supra.

[Adoptada en español, francés, inglés y ruso, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe y chino como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

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