Fuente: MJ.
En cuanto a la cooperación y la coordinación entre los tribunales de familia y los tribunales penales, como ya se informó al Comité, la Ley núm. 24/2017, de 24 de mayo, establece la reglamentación urgente del ejercicio de las responsabilidades parentales en caso de violencia doméstica entre los progenitores. La mencionada resolución núm. 139/2019 establece, como eje de intervención, la evaluación de la reacción judicial ante las situaciones de violencia doméstica, incluida la aplicación del régimen de regulación urgente de las responsabilidades parentales.
Los fiscales prestan especial atención a estos casos. Una directiva interna de 2017 de la Procuraduría General relativa a la ejecución de la Ley 96/2017 establece que, en lo que respecta a los delitos de violencia doméstica o los delitos contra la libertad sexual o la libre determinación sexual, en los casos en que los niños sean víctimas, los fiscales encargados de las investigaciones coordinarán la intervención necesaria con los fiscales de los tribunales de familia y de menores. Por otra parte, esos fiscales deberán informar de inmediato a los fiscales de los tribunales penales cuando surja una sospecha, en el contexto de las causas familiares, de que se ha cometido un delito.
La resolución núm. 139/2019 también prevé que el Ministerio de Justicia realice un estudio sobre la posibilidad de aplicar un enfoque judicial integrado en lo relativo al análisis y la decisión sobre casos en que converjan aspectos penales y de familia.
Indemnización
Siempre se garantiza a las víctimas de la violencia doméstica el derecho a una decisión sobre la indemnización que el autor del delito debe pagarles en un plazo razonable. Aunque la víctima no presente una reclamación de daños y perjuicios (ya sea en el marco de las actuaciones penales o al margen de estas), el tribunal podrá, en caso de condena, conceder una indemnización a la víctima por el daño sufrido (artículo 82-A del Código de Procedimiento Penal ex vi, artículo 21(2) de la Ley 112/2009).
La Ley 121/2015, que modificó la Ley 104/2009 sobre la concesión de indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos y de actos de violencia doméstica, refuerza el acceso efectivo de las víctimas de la violencia doméstica a mecanismos de indemnización. De conformidad con esta ley, las víctimas de la violencia doméstica en situación de privación económica pueden solicitar al Estado el pago anticipado del importe total de la indemnización. En 2017, el Estado aprobó 170 solicitudes de pago anticipado de indemnizaciones a las víctimas de la violencia doméstica, por un importe total de 214.892,00 euros. En 2018 se concedieron 144 solicitudes, por un importe total de 203.028,00 euros.
El artículo 67-A del Código de Procedimiento Penal consagra un concepto más amplio de víctima, que incluye no solo a la persona directamente afectada por el delito sino también a los familiares que hayan sufrido daños a consecuencia de ese delito, en particular en caso de muerte.
Programas de rehabilitación para autores de delitos de violencia doméstica
La Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios (DGRSP) ofrece programas específicos para autores de delitos de violencia doméstica a fin de fomentar que estos tomen conciencia y asuman la responsabilidad de su comportamiento violento y, en ese sentido, reducir la reincidencia y proteger eficazmente a las víctimas. Los programas están disponibles en los contextos comunitario y penitenciario y ofrecen respuestas específicas según el riesgo y las necesidades del delincuente.
El programa principal (Programa para Autores de Violencia Doméstica (PAVD)) fue concebido para ejecutarlo en un contexto comunitario, en diversos escenarios: como medida coercitiva urgente; como orden o norma de conducta en el ámbito de la suspensión provisional del procedimiento o en el ámbito de la suspensión de la ejecución de una pena de prisión; y como pena accesoria. La asistencia al programa constituye, en muchas ocasiones, una orden y una condición para el mantenimiento de las medidas aplicadas, que, en caso de incumplimiento, pueden dejar de aplicarse. La vigilancia del infractor a través de medios electrónicos no afecta a los programas.
Más de mil delincuentes asistieron a programas de ámbito comunitario en 2018.
En 2017, este programa se amplió al contexto penitenciario y se adaptó a las características específicas de los delincuentes encarcelados.
Los equipos encargados de las prisiones y de la libertad condicional se mantienen en estrecho contacto con las organizaciones de apoyo a las víctimas y cooperan estrechamente con las ONG y otras instituciones pertinentes, como los servicios de salud y de salud mental, la seguridad social y los servicios de empleo y bienestar social a fin de dar una respuesta coordinada.
La violencia doméstica y las repercusiones de las dificultades económicas en las familias
Los derechos económicos de las víctimas de la violencia doméstica se examinan de forma específica en la Ley 112/2009, que incluye medidas destinadas a garantizar su subsistencia y autonomía económica. Las víctimas que se encuentran en situación de privación económica pueden acceder a la renta social de inserción, y las solicitudes de las víctimas de la violencia doméstica se analizan con carácter prioritario. La CIG y el Instituto de Vivienda y Renovación Urbana (IHRU) firmaron un protocolo a fin de garantizar el acceso a la vivienda para las mujeres de la Red Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica. Además, en 2019, la CIG y la Asociación Nacional de Municipios Portugueses firmaron un protocolo para reforzar la respuesta a las necesidades de vivienda de las víctimas de la violencia doméstica.
Se han realizado varios talleres y conferencias dirigidas a empresas, asociaciones empresariales, sindicatos y otros agentes del sector privado sobre la prevención y la lucha contra la violencia doméstica y sobre sus costos en el sector privado.
Capacitación
Para reforzar la capacitación de los profesionales pertinentes en materia de violencia doméstica y violencia contra la mujer, concretamente en el sector de la justicia (fiscales, jueces, abogados, secretarios judiciales), las fuerzas de seguridad y las esferas de la salud (médicos, personal de enfermería y personal administrativo), la CIG estableció protocolos (por ejemplo, con el Colegio de Abogados, el Centro de Estudios Judiciales, la Dirección General de Administración de Justicia, las fuerzas de policía, la Procuraduría General) para ofrecer más cursos de capacitación y especialización y producir materiales adecuados a tal efecto.
En lo que respecta a la capacitación de jueces y fiscales, el Centro de Estudios Judiciales imparte capacitación introductoria y permanente en forma de cursos, talleres o seminarios sobre diversos temas de derechos fundamentales y derecho constitucional, entre ellos la violencia doméstica, la violencia de género y la mutilación genital femenina. Solo en el período 2017/2018, el Centro de Estudios Judiciales organizó un seminario, tres cursos prácticos y una conferencia sobre la violencia doméstica y la violencia de género. El Centro también ha publicado varios materiales sobre la violencia doméstica (por ejemplo, un libro electrónico sobre teleasistencia, un libro electrónico sobre la evaluación y el control de riesgos y un manual interdisciplinario sobre las repercusiones de la violencia doméstica).
La Ley núm. 80/2019, de 2 de septiembre, establece que la formación en materia de derechos humanos y de violencia doméstica pasa a ser obligatoria para los jueces y fiscales.
Como se menciona más arriba, el Colegio de Abogados de Portugal imparte cada vez más formación sobre temas relacionados con los derechos de la mujer. El tema de la violencia doméstica es motivo de especial preocupación para los abogados. El Consejo Regional de Lisboa del Colegio de Abogados ha organizado dos conferencias dedicadas a este tema, una en 2018 y otra en 2019, centradas en un enfoque multidisciplinario con la participación de otros profesionales, como los psicólogos. La formación inicial también incluye aspectos de la temática de la igualdad de género y la violencia doméstica.
Violencia sexual
El plan de acción de la ENIND sobre la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, ya mencionado anteriormente, incluye medidas para combatir todos los tipos de violencia contra la mujer.
Criminalización de todas las formas de actos sexuales no consentidos
La Ley núm. 83/2015, de 5 de agosto, modificó la descripción de los delitos de violación, coerción sexual y acoso sexual incluida en el Código Penal de acuerdo con el Convenio de Estambul. De conformidad con las recomendaciones del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), la Ley núm. 101/2019, de 6 de septiembre, revisó la descripción de los delitos de violación y coerción sexual para aclarar que se basan en la ausencia del consentimiento de la víctima y que el uso de la violencia justifica la aplicación de una pena más grave.
Aunque el Código Penal no engloba todas las formas de actos no consentidos en el delito de violación, califica y castiga una amplia gama de actos sexuales no consentidos como delitos contra la libertad sexual (violación, coerción sexual, abuso sexual, acoso y proxenetismo). Esta catalogación diferenciada permite considerar los diferentes grados de gravedad de las conductas y del daño que conllevan.
En cuanto al acoso sexual, la descripción actual de este delito incluye además el castigo por importunar a la víctima formulando proposiciones sexuales.
La Ley núm. 83/2015 también introdujo el delito de hostigamiento criminal. La Ley núm. 101/2019 modificó el Código de Procedimiento Penal ampliando la aplicación de las órdenes de alejamiento, restricción y protección a las víctimas de amenazas, coerción y hostigamiento criminal. Para garantizar la seguridad de la víctima, la prohibición impuesta al acusado de ponerse en contacto por cualquier medio con una persona concreta o de frecuentar determinados lugares puede vigilarse por medios técnicos de control remoto.
Las víctimas de actos de violación y coerción sexual también están exentas del pago de las costas judiciales durante el procedimiento penal.
Servicios de emergencia para las víctimas de violación
Se considera a las víctimas de violación víctimas especialmente vulnerables, condición que puede justificar la aplicación de medidas especiales destinadas a proteger a la víctima para que no sufra victimización secundaria u otros daños. En el caso de las víctimas de la violencia sexual, la violencia de género o la violencia en las relaciones íntimas, estas medidas especiales incluyen el requisito de que el examen de la víctima sea realizado por una persona de su mismo sexo, si la víctima así lo desea. Estas medidas incluyen también la realización de un examen siempre por la misma persona, medidas para evitar el contacto visual entre las víctimas y los acusados, en particular durante el testimonio, recurriendo a los medios tecnológicos adecuados, la toma de declaraciones para la memoria futura y el carácter no público de las audiencias.
En 2017 y 2018 se crearon dos centros de crisis para víctimas de la violencia sexual, en Lisboa y Oporto, en los que se presta apoyo psicológico y psicosocial a las mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual de manera inmediata e individualizada. Estos centros están gestionados por ONG de mujeres y financiados por el Estado. Además, en 2017 se creó un centro para hombres víctimas de la violencia sexual.
Violación conyugal
La violación conyugal se castiga en el marco del delito de violación. La pena aumenta en un tercio en casos en que el acusado tenga una relación familiar o cohabite con la víctima y el delito se haya cometido aprovechándose de esta relación. La violación conyugal también puede castigarse como un delito de violencia doméstica, pero solo si no es aplicable una pena más severa mediante otra disposición jurídica, como sería el caso del delito de violación.
Portugal está llevando a cabo, desde 2017, un proyecto sobre la violencia sexual en las relaciones íntimas, financiado por la Comisión Europea y promovido por la CIG en asociación con los Ministerios de Salud, del Interior, de Justicia, de Educación y de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social. El proyecto tiene por objetivo sensibilizar a los profesionales de estos cinco sectores de la administración pública, a los que se considera clave para aplicar programas de prevención de la violencia sexual en las relaciones íntimas, y capacitarlos para que reconozcan, en el contexto de su intervención, el problema de la violencia sexual en las relaciones íntimas y adapten sus actitudes y comportamientos.
Prácticas tradicionales nocivas
Como ya se ha informado al Comité, la Ley núm. 83/2015 también estableció la mutilación genital femenina como un delito autónomo, tipificó como delito sus actos preparatorios e introdujo como delito el matrimonio forzado y sus actos preparatorios. Las penas aplicables pueden aumentar en función del grado de crueldad que entrañe el delito, la relación con la víctima y otras circunstancias agravantes.
Según el Código Penal, los delitos de la mutilación genital femenina y del matrimonio forzado son punibles en Portugal aunque se cometan fuera del territorio portugués (principio de extraterritorialidad), siempre que se encuentre al delincuente en Portugal y este no pueda ser extraditado ni entregado en virtud de la ejecución de una orden de detención europea o de otro instrumento de cooperación internacional vinculante para el Estado portugués. Esto es aplicable incluso si el delincuente no es de nacionalidad portuguesa y el delito se ha cometido en su país de origen.
Las víctimas de la mutilación genital femenina también están exentas del pago de las costas judiciales durante los procedimientos penales.
Prevenir y combatir la mutilación genital femenina se ha convertido en una prioridad cada vez mayor a lo largo de los años, y se han introducido medidas estructurales para hacer frente a esta práctica nociva. Se ha realizado una fuerte inversión en la dimensión legislativa y se han elaborado directrices para los profesionales más implicados en el tema, se han aumentado los conocimientos sobre la mutilación genital femenina (prevalencia, notificación de casos por parte del sistema de salud pública) y se han apoyado proyectos contra esta práctica, elaborados por asociaciones de migrantes de comunidades en situación de riesgo (enfoque entre pares).
El actual Plan para Prevenir y Combatir la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (2018-2021) establece medidas para combatir las prácticas tradicionales nocivas, en particular la mutilación genital femenina y los matrimonios precoces y forzados.
En 2016 se puso en marcha una campaña de concienciación bajo el lema “El derecho a vivir sin la mutilación genital femenina”, que se llevó a cabo durante las vacaciones escolares de Semana Santa y verano en los aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro, mediante la distribución de folletos y la colocación de carteles. En 2019 se puso en marcha una nueva campaña bajo el lema “No corte el futuro”. Estas dos campañas fueron resultado de una iniciativa del Gobierno en asociación con diversos organismos públicos y ONG.
En 2018 se puso en marcha un importante proyecto, “Práticas Saudáveis: Fim à Mutilação Genital Feminina”, que dio un impulso renovado a estos esfuerzos aumentando la participación de los servicios públicos y fomentando una intervención integrada. Bajo la coordinación de la CIG, el Alto Comisionado para las Migraciones (ACM) y la Administración Regional de Salud de Lisboa y el Valle del Tajo, las Unidades de Salud Pública promueven la realización de actividades en las zonas de mayor prevalencia, entre ellas la capacitación de profesionales en sectores clave (salud, educación, justicia, fuerzas de seguridad, seguridad social y otros) e iniciativas de intervención a nivel comunitario.
En la Escuela Superior de Salud del Instituto Politécnico de Setúbal se han celebrado varias ediciones de un programa de posgrado para profesionales de la salud sobre salud sexual y reproductiva, centradas en la mutilación genital femenina y con el apoyo financiero del CIG.
En cooperación con la CIG y la sociedad civil, el Alto Comisionado para las Migraciones promovió en abril de 2019 una conferencia dedicada a la igualdad y los derechos humanos en el Islam, “Las niñas y las mujeres, la tradición y el Islam”, que se centró especialmente en el abandono de las prácticas nocivas. La iniciativa tenía por objeto promover reuniones con líderes religiosos de comunidades expuestas a los riesgos de la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y las violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas, y reunió a varios líderes religiosos en activo en Guinea-Bissau y Portugal.
En 2014, la Comisión Nacional de Protección de los Niños y los Jóvenes publicó un manual de procedimientos titulado “Colaborar activamente en la prevención y eliminación de la mutilación genital femenina”, orientado a los profesionales de la protección de la infancia y la juventud. En 2016, este manual se revisó y actualizó y se realizaron siete ediciones de una actividad de capacitación de seis horas de duración en Lisboa, Sintra y Faro en las que participaron 154 profesionales. En 2017, la Comisión realizó actividades de formación especializada sobre el matrimonio forzado y precoz en Lisboa, Coimbra, Oporto y Alentejo destinadas a 117 profesionales.
10.Trata y explotación de la prostitución (párrafos 28 y 29)
Identificación y protección de las víctimas
Portugal aplica un mecanismo de remisión que articula las actividades de aplicación de la ley con las ONG que apoyan a las víctimas de la trata. Este mecanismo se actualizó recientemente con la aplicación de nuevas directrices para todas las partes interesadas.
Una vez que las fuerzas policiales se ponen en contacto con una posible víctima de latrata de personas y han llevado a cabo todos los procedimientos de investigación urgentes adecuados, realizan una breve evaluación de seguridad, social y psicológica de la víctima. Si se considera que la víctima corre algún tipo de riesgo, se contacta con la ONG (que está disponible de forma permanente) y los agentes de policía se encargan del transporte y la seguridad de la víctima hasta su traslado a la ONG. La ONG proporciona a la víctima alojamiento seguro y apoyo social y psicológico. Si, en cualquier momento, la ONG necesita otras medidas de seguridad o transporte, puede ponerse en contacto con los servicios de investigación de la policía, que se encargan de ello.
Las víctimas de la trata tienen derecho a subsistencia, acceso a un tratamiento médico adecuado y urgente, atención psicológica, protección, servicios de traducción e interpretación y asesoramiento jurídico gratuito de acuerdo con la ley. Las víctimas extranjeras de la trata tienen el mismo acceso a la atención que las nacionales.
Además, de acuerdo con la Ley núm. 130/2015, las víctimas de la trata se consideran víctimas especialmente vulnerables y, por lo tanto, se les garantizan derechos específicos, en particular medidas especiales de protección, como se explica más arriba. Estas personas también están exentas del pago de las costas judiciales durante los procedimientos penales.
Los centros de acogida y protección ofrecen apoyo a las mujeres y los hombres a quienes se ha identificado como víctimas de la trata, independientemente de su nacionalidad, edad, religión, etnia, orientación sexual, discapacidad, estado civil, orientación política o situación socioeconómica. Este apoyo se extiende también a los hijos menores de edad de las víctimas. El propósito de ello es garantizar un refugio provisional a las víctimas de la trata en un entorno seguro y favorecer su recuperación física y emocional y su integración social.
Los objetivos que se trata de lograr son garantizar protección y condiciones de seguridad; apoyo médico, recuperación emocional, estabilización y bienestar; acceso a información relativa a los derechos, en particular protección jurídica y social; promover la toma de decisiones informadas y libres; proporcionar a las víctimas los instrumentos necesarios para su futura autonomía, independientemente del lugar elegido para su integración.
Portugal cuenta con cinco refugios para las víctimas de la trata:
•El Centro de Refugio y Protección para mujeres y sus hijos menores de edad, creado en 2008, ofrece refugio a estas personas y les proporciona servicios de estabilización emocional y apoyo psicológico, sanitario, social y jurídico, a fin de promover la construcción de un proyecto vital coestructurado;
•El Centro de Refugio y Protección para Hombres, creado en junio de 2013, una estructura que proporciona a estas víctimas servicios de estabilización emocional y apoyo psicológico, sanitario, social y jurídico, a fin de promover la construcción de un proyecto de vida coestructurado;
•Un nuevo refugio para mujeres y sus hijos en el sur de Portugal, creado en 2014;
•Un Centro de Refugio y Protección para niños víctimas de la trata de personas, creado en agosto de 2018 por la entidad Akto - Derechos Humanos y Democracia. Este centro, con capacidad para seis niños, garantiza el cuidado y el apoyo temporales de los niños víctimas de la trata de personas en un lugar seguro, proporcionándoles un entorno digno y acogedor que promueve el desarrollo integral de su salud física y mental y su integración social, proporcionándoles apoyo médico, jurídico, psicosocial y educativo. El funcionamiento de este Centro se basa en tres principios clave: la confidencialidad de su ubicación, un apoyo técnico multifuncional y especializado y una línea telefónica de ayuda permanente;
•Un refugio para los hombres víctimas de la trata y sus hijos menores, creado en 2019;
•Incorporación de dos vacantes adicionales para reforzar la capacidad del Centro para hombres víctimas de la trata de personas.
Portugal tiene cinco equipos multidisciplinarios especializados para brindar asistencia a las víctimas de la trata de personas. La intervención de estos equipos regionales abarca todo el territorio continental portugués. Los cinco equipos regionales de la Asociación de Planificación Familiar actúan a nivel local según una perspectiva de proximidad, en estrecha colaboración con profesionales cualificados de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, concretamente los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los tres refugios y centros de protección para víctimas de la trata de personas. Mediante esa labor de colaboración se promueve la estabilización emocional y la reintegración social de la víctima mediante apoyo psicológico, sanitario, social y jurídico.
La intervención es transversal y abarca todas las etapas del mecanismo nacional de remisión: la identificación de presuntas víctimas de la trata, el apoyo a su identificación formal y el apoyo a su integración en el territorio nacional o la prestación de asistencia para su regreso voluntario a su país de origen.
Los cinco equipos regionales especializados establecieron redes regionales de apoyo y protección a las víctimas de la trata de personas (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo y Algarve) y redes de cooperación e intercambio de información con el fin de prevenir la trata de personas y proteger y reintegrar a las víctimas.
En virtud de la Orden Normativa núm. 3/2019, de 8 de febrero, se estableció la asignación de un importe para apoyar a las víctimas de la trata de personas con miras a facilitar su autonomía.
Mediante un protocolo entre un ayuntamiento del norte y la Asociación de Planificación Familiar se puso a disposición de las víctimas de la trata de personas un apartamento para que pudieran ser autónomas.
Persecución y condena de los tratantes de personas
La lista de las formas de explotación que constituyen trata de personas se amplió en 2013 para añadir la esclavitud, la mendicidad forzosa y la explotación de otras actividades delictivas. Con estas enmiendas también se añadió una lista de circunstancias agravantes y se añadió un párrafo en que se estipulaba que el consentimiento de la víctima a los delitos previstos en el artículo 160 del Código Penal no excluían la ilicitud del acto.
La trata de personas es un delito público que cualquier persona puede denunciar a las autoridades competentes y su prevención e investigación son prioritarias. En 2017, la Procuraduría General de la República emitió una Directiva General que establece, entre otras cosas, que los casos de inmigración irregular deben analizarse específicamente para evaluar si existen pruebas que indiquen la práctica de la trata de personas y determinar que el Ministerio Público se coordine con las instituciones y las ONG de bienestar social, a nivel local, a fin de detectar y denunciar delitos de trata de personas.
Además, las autoridades portuguesas se han esforzado por adaptar y mejorar la reacción penal a las nuevas formas de trata y contratación mediante la adopción de nuevas leyes, como la Ley núm. 71/2015, por la que se transpone la Directiva de la Unión Europea 2011/99/EU.
La Procuraduría General está desarrollando una base de datos centralizada (“dataCRIME”) que permitirá el acceso y la búsqueda de información y la interconexión con terceras entidades, en particular a nivel europeo e internacional, mejorando así la cooperación judicial para luchar contra la delincuencia transfronteriza grave y compleja, incluida la trata de personas.
Prevención y capacitación
El Observatorio de la Trata de Personas se creó con el fin de luchar contra la opacidad que caracteriza el fenómeno de la trata de personas y, de este modo, mediante una mejor comprensión, contribuir a mejores modalidades de intervención en materia de prevención, protección y enjuiciamiento.
La misión del Observatorio es producir, reunir, analizar y difundir información y conocimientos sobre el fenómeno de la trata de personas y otras formas de violencia de género.
Cada año, Portugal lleva a cabo actividades de formación sobre la trata de personas en las que participan fuerzas del orden, jueces, fiscales, trabajadores sociales y profesionales de la salud, entre otros interesados.
El Centro de Estudios Judiciales imparte capacitación de forma periódica sobre la trata de personas a jueces y fiscales.
El 18 de octubre de cada año se inicia una campaña nacional con diferentes metas. Las campañas se difunden en la radio, la prensa regional, la vía pública, la televisión (incluidos canales de cable), las noticias y los espacios publicitarios de radiodifusión y en centros comerciales.
Durante este período, Portugal ha aplicado el Tercer Plan Nacional para Prevenir y Combatir la Trata de Personas 2014-2017.
Actualmente se está aplicando el Cuarto Plan de Acción para Prevenir y Combatir la Trata de Personas para 2018-2021, estructurado en torno a tres objetivos estratégicos:
•Reforzar el conocimiento e informar y concienciar sobre el problema de la trata de personas;
•Garantizar un mejor acceso de las víctimas de la trata a sus derechos y consolidar, reforzar y mejorar la calidad de la intervención;
•Reforzar la lucha contra las redes de delincuencia organizada, en particular para desmantelar el modelo de negocio y la cadena de suministro de la trata.
El Gobierno portugués invierte cada año un millón y medio de euros en proteger y ayudar a las víctimas de la trata. Con esa cantidad se sufragan el mantenimiento de cinco refugios del Centro de Acogida y Protección, los cinco equipos regionales multidisciplinarios especializados (en las zonas del norte y el centro, la zona de Lisboa, el Alentejo y el Algarve) y los gastos de repatriación de las víctimas de la trata. En Portugal se están llevando a cabo varios proyectos relacionados con la trata de personas.
11.Participación en la vida política y pública (párrafos 30 y 31)
Como se menciona más arriba, es importante destacar la aprobación de la Ley 62/2017, la Ley 26/2019 y la Ley 1/2019 (véase la sección sobre medidas especiales de carácter temporal). Además, en 2019 se estableció una línea de financiación para apoyar proyectos locales que promueven la participación cívica y política de las mujeres y las niñas.
La representación de las mujeres en el poder judicial sigue aumentando de manera muy significativa. Las mujeres acceden a puestos en los tribunales de instancias superiores en igualdad de condiciones que los hombres. Cabe destacar que en 2018, por segunda vez, se nombró a una mujer Procuradora General de la República y que otra mujer ocupa el cargo de Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Las cifras de 2018 muestran que, teniendo en cuenta todos los tribunales e instancias, el 61 % de los jueces y el 64 % de los fiscales son mujeres.
La representación de las mujeres en los tribunales superiores también sigue aumentando. En la Corte Suprema de Justicia, el porcentaje de mujeres jueces ha alcanzado casi el 30 % y el de mujeres fiscales, el 31 %. En el Tribunal Constitucional, el 38 % de los jueces son mujeres.
12.Educación (párrafos 32 y 33)
El sistema de educación y formación de Portugal es incluyente y promueve la inclusión social y la participación activa de todos los ciudadanos independientemente de su sexo, edad o raza. Los itinerarios de educación y formación para niños, jóvenes y adultos garantizan los principios de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la igualdad de género, la inclusión y la cohesión social.
Como se mencionó en el informe anterior, la CIG ha elaborado desde el período 2008-2009 el proyecto de Guías Educativas sobre Género y Ciudadanía, una estrategia para incorporar la perspectiva de género en la educación que constituye un proyecto a largo plazo y que se ha convertido en una prioridad política en el sistema educativo.
Las principales medidas políticas que se han reforzado son las siguientes: la elaboración de cinco guías educativas sobre género y ciudadanía, que abarcan los cinco ciclos del sistema de enseñanza pública obligatoria (del 1er al 12º grado) y su distribución a través de las bibliotecas de la red escolar nacional; la formación inicial y continua de los docentes, apoyando la aplicación generalizada de estos materiales en las escuelas de todo el país; la integración de los estudios sobre la mujer y los estudios de género en los planes de estudios de las instituciones de enseñanza superior de todo el país, especialmente en las que garantizan la formación inicial de los docentes; y la movilización de los municipios para integrar la igualdad de género en las políticas locales de igualdad de género, así como en la educación y el deporte; y la implementación de la igualdad de género en la ENEC.
Este proyecto ha sido planificado y coordinado por la CIG en estrecha cooperación con 31 expertos en estudios de género y estudios sobre la mujer, educación y formación de docentes pertenecientes a 18 instituciones de enseñanza superior de todo el país, y ha requerido el establecimiento de protocolos de colaboración y el fortalecimiento de alianzas con las instituciones de enseñanza superior y un departamento central del Ministerio de Educación. Un total de 15 instituciones (11 instituciones de enseñanza superior, tres municipios y un órgano central del Ministerio de Educación) colaboraron con la CIG para llevar a cabo actividades de formación orientadas a los docentes. En 2018, la financiación a través del Programa Operacional de Inclusión Social y Empleo destinada a la formación de un público estratégico ha integrado por primera vez entre sus objetivos a los docentes. Gracias a ella, se organizaron actividades de formación de docentes centradas en la aplicación de las Guías y dirigidas a una asociación de docentes y una comunidad de municipios en la región central del país. Estas organizaciones establecieron diferentes conexiones con las escuelas y tienen diferentes dinámicas para trabajar con ellas. En los últimos tres años, la Dirección Regional de Educación de la Región Autónoma de Madeira llevó a cabo actividades locales y regionales de formación continua de docentes dirigidas a todas las escuelas de sus territorios, centrándose en la difusión y aplicación de las Guías del Programa de Educación sobre la Sexualidad y los Afectos. Las autoridades de las regiones autónomas de Madeira y las Azores han distribuido las Guías a través de las bibliotecas escolares de sus territorios.
Las medidas políticas de igualdad de género dirigidas al sistema educativo se han llevado a cabo según dos prioridades. Por una parte, se trata de lograr la integración de la perspectiva de la igualdad de género y los estudios sobre la mujer en los planes de estudios, en las prácticas pedagógicas de los docentes y en la adopción de decisiones y la organización y comunicación de las escuelas, a fin de proporcionar conocimientos científicos en las asignaturas de los planes de estudios, cambiar las prácticas individuales y colectivas de los docentes y la cultura de las escuelas, y garantizar la sostenibilidad de los distintos cambios. Por otra parte, se ha incluido la igualdad entre hombres y mujeres como una cuestión central de la ENEC y como asignatura obligatoria en el ámbito de Ciudadanía y desarrollo, y se ha incorporado la igualdad de género en esferas comunes a varios planes de estudios, que son prioritarias para el Ministerio de Educación, como la educación para la salud, la educación sexual y la educación tecnológica, y en todas las asignaturas y disciplinas de los planes de estudios. La incorporación de la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer en todas las cuestiones relacionadas con la asignatura de Ciudadanía y desarrollo es actualmente la principal estrategia de incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo portugués.
Hasta ahora, y en particular a partir de 2014, las Guías han llegado a más de mil bibliotecas escolares y se ha apoyado su aplicación mediante 121 cursos de formación de docentes, con una duración total de 3.793 horas, en los que han participado 1.780 docentes (el 84 % de los cuales eran mujeres y el 16 % hombres) de aproximadamente el 55 % de los grupos de escuelas públicas distribuidos por todos los distritos y el 40 % de los municipios continentales. La igualdad entre los géneros y las relaciones sociales entre mujeres y hombres se han incluido en el ámbito interdisciplinario de la educación cívica y, desde este año, en la asignatura obligatoria Ciudadanía y desarrollo, así como en varias asignaturas del plan de estudios nacional para la enseñanza preescolar, la educación básica y la educación secundaria (principalmente en las asignaturas de idiomas, biología, química y física, historia, arte, geografía, filosofía, tecnología de la información y las comunicaciones, deporte y educación física) y en proyectos escolares relativos a la salud, la sexualidad y la tecnología de la información y las comunicaciones.
Se está ejecutando un programa nacional de capacitación en el empleo, que comenzó en 2018 y que consta de un taller de 60 horas sobre ciudadanía y desarrollo, incluidos los derechos humanos y la igualdad entre los géneros, entre otras esferas de la educación cívica. Han asistido al programa 930 alumnos (incluidos los 812 coordinadores escolares en materia de ciudadanía y desarrollo, uno por cada escuela o grupo de escuelas). En el marco de la ENEC y del nuevo marco curricular, las sesiones de capacitación tienen por objeto apoyar la definición y aplicación de cada una de las estrategias escolares de educación para la ciudadanía.
En Portugal no se aplican medidas específicas para aumentar el acceso de las niñas a la educación y a los programas de educación y formación profesional o de desarrollo de aptitudes, su permanencia en ellos y su conclusión. Además, cabe señalar que los datos y las estadísticas de educación muestran que hubo más niñas que niños que concluyeron sus estudios con éxito, en todos los tipos y niveles de educación (incluidas la formación profesional y la enseñanza superior).
Como se ha mencionado anteriormente, la ENEC tiene por objetivo desarrollar, a través del componente “Ciudadanía y desarrollo”, las competencias para crear una cultura de democracia y aprendizaje que repercuta en la actitud cívica individual, las relaciones interpersonales y las relaciones sociales e interculturales.
El nuevo marco curricular (Decreto Ley núm. 55/2018, de 6 de julio) integra el componente “Ciudadanía y desarrollo” en la estructura de todos los planes de educación y formación (desde la enseñanza primaria hasta el segundo ciclo de la enseñanza secundaria). Este componente abarca 17 ámbitos interconectados, 6 de los cuales, a saber, derechos humanos, igualdad entre los géneros, interculturalidad, desarrollo sostenible, educación ambiental y salud son obligatorios para todos los ciclos y niveles de educación.
Todos los grupos escolares y escuelas deben elaborar su propia estrategia de educación cívica, en colaboración con las ONG y otros asociados comunitarios, y cuentan con un coordinador para este componente.
El marco de educación para la salud incorpora elementos específicos relacionados con las competencias que promueven la igualdad de género. El tema “Salud mental y prevención de la violencia” tiene por objeto desarrollar en los niños, desde la educación preescolar hasta la enseñanza secundaria, competencias para analizar de forma crítica las causas y los efectos de la segregación por razón de sexo y de género, así como para adoptar actitudes y comportamientos de respeto a la igualdad de género. El tema “Identidad y educación sexual” contiene también un subtema dedicado a la igualdad de género, cuyos objetivos son fomentar la conciencia de ser una persona única con respecto a la sexualidad, la identidad, la expresión de género y la orientación sexual, y desarrollar una actitud positiva hacia la igualdad de género.
En 2018 se puso en marcha, en coordinación con la ENEC, un curso en línea masivo y abierto que incluía un módulo sobre el nuevo componente curricular de “Ciudadanía y desarrollo” y al que asistieron 845 docentes.
En agosto de 2019 se aprobó, como parte de la Ley de libre determinación de la identidad de género y la expresión de género y de protección de las características sexuales, la Orden 7247/2019, en la que se establecen las medidas administrativas para garantizar el libre desarrollo de la personalidad de todos los niños y jóvenes y la no discriminación en la escuela.
El Ministerio de Educación estableció la categoría de “escuela saludable” a fin de reconocer también a las escuelas cuyo entorno promueve el bienestar, la seguridad y la igualdad de género.
Se han puesto en marcha varias iniciativas positivas para aumentar las competencias en materia digital y la alfabetización digital de las niñas y los niños, entre ellas las siguientes:
•En el período 2015/2017, la Dirección General de Educación llevó a cabo un proyecto piloto dirigido a los estudiantes de tercer y cuarto año de enseñanza primaria para que pudieran iniciar un curso de aprendizaje evolutivo en este ámbito y en el período 2017/2018 el proyecto se amplió a todos los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria;
•En el año escolar 2018/2019, la tecnología de la información y las comunicaciones se introdujo en el programa de estudios como asignatura obligatoria para los alumnos de quinto a noveno grado, y como asignatura transversal en la enseñanza primaria.
En 2016, el Gobierno puso en marcha un programa piloto de educación a distancia que ha sido fundamental para reducir la escasez de capacitación y aptitudes, también en materia de tecnología de la información y las comunicaciones, con el fin de prevenir y combatir la segregación de las ocupaciones por motivos de sexo. El programa iba destinado a los estudiantes de enseñanza secundaria (de 10 y 11 años, en la esfera de la ciencia y la tecnología) y del tercer ciclo de la educación básica (cursos profesionales).
Con respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el Ministerio de Salud da amplia difusión a la información sobre este tema en sitios web y otros medios de comunicación.
Cabe señalar la elaboración por parte de las ONG, con el apoyo de la Dirección General de Salud, de recursos informativos y programas de prevención dirigidos a los grupos de mayor vulnerabilidad y riesgo, especialmente los jóvenes. El porcentaje de embarazos en la adolescencia ha disminuido en los últimos años.
“Cuida-te” (Cuídate) es un programa del Instituto Portugués de la Juventud, aplicado en colaboración con otros organismos públicos y privados, cuyo principal objetivo es trabajar en el ámbito de la salud de los jóvenes y promover estilos de vida saludables. El programa, que va dirigido a jóvenes de 12 a 25 años de edad, docentes, progenitores, líderes de organizaciones juveniles, profesionales de la salud y otros interesados, tiene por objetivos lograr la educación para la salud, promoviendo los conocimientos y las aptitudes en el ámbito de la salud, de forma global e integrada, interrelacionando sus diferentes componentes: somático, afectivo y psicosocial.
La educación sexual es obligatoria en todos los niveles de la educación y se aplica en proyectos desarrollados por las escuelas, desde la educación preescolar hasta el final de la educación secundaria.
Las escuelas cuentan con una oficina de información y apoyo al estudiante en la que un equipo multidisciplinario, especializado en las esferas de la educación y la salud, responde a las necesidades de los estudiantes en materia de salud y educación sexual.
13.Empleo (párrafos 34 y 35)
El Estado portugués ha venido aplicando medidas legislativas y de política pública orientadas a combatir las desigualdades entre hombres y mujeres que siguen existiendo en todas las esferas, en particular en el mercado laboral.
En consecuencia, se ha seguido fortaleciendo el acervo jurídico en este sentido, en particular mediante la aprobación de leyes, decretos-leyes y resoluciones por la Asamblea de la República y el Gobierno.
Durante este período se produjeron varios cambios legislativos:
•La Ley 60/2018, de 21 de agosto, por la que se aprueban medidas para promover la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Esta ley contiene cuatro tipos de mecanismos para hacer cumplir el principio de igual salario por trabajo igual o de igual valor: en primer lugar, cada año se publica información estadística sobre las diferencias de remuneración, por empresa (balance) y por sector de actividad (barómetro); en segundo lugar, las empresas tienen la obligación de garantizar una política de remuneración transparente basada en criterios objetivos y no discriminatorios; en tercer lugar, una vez determinadas las diferencias, las empresas deben presentar a la Autoridad para las Condiciones de Trabajo (ACT) un plan para evaluar esas diferencias, que se aplicará durante un año; y por último, cualquier trabajador o trabajadora puede solicitar a la CITE que emita una opinión sobre la existencia de discriminación salarial por razón de sexo;
•La resolución núm. 72/2018 del Consejo de Ministros, de 6 de junio de 2018 - D.R., IS núm. 108/2018, por la que se aprueban el Programa de Acción para combatir la precariedad y promover la negociación colectiva;
•La Ordenanza núm. 84/2015, de 20 de marzo - D.R., IS, núm. 56, de 20 de marzo de 2015, por la que se crea y regula la medida de promoción de la igualdad de género en el mercado laboral;
•La Ley 62/2017, la Ley 26/2019 y la Ley Orgánica 1/2019, sobre la representación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones en las sociedades anónimas y las empresas que cotizan en bolsa, entre los altos funcionarios de la administración pública y en las instituciones públicas de enseñanza superior y las asociaciones públicas, así como en las listas electorales para el Parlamento nacional y europeo, los órganos electos de los municipios y la composición de las juntas parroquiales (véase la sección relativa a las medidas especiales de carácter temporal);
•El plan de prestaciones de protección parental (maternidad, paternidad y adopción), que se enmendó durante el período que se examina, en virtud de la Ley 120/2015, de 1 de septiembre - D.R. IS, núm. 170, de 9 de septiembre de 2015, que refuerza los derechos de maternidad y paternidad.
•Además de las medidas que mejoran el régimen de licencia parental, se ha introducido la posibilidad de que tanto el padre como la madre puedan disfrutar simultáneamente de la licencia parental inicial, cuando esta sea compartida; esta ley estableció la obligación de que el padre goce de una licencia parental inicial más larga exclusiva para los padres. Se concede al padre un período obligatorio de 15 días hábiles (anteriormente 10 días), consecutivos o no, cinco de los cuales deben tomarse de forma consecutiva inmediatamente después del parto, y los otros diez en los 30 días siguientes al nacimiento.
•La Ley núm. 137/2015, de 7 de septiembre - D.R. IS, núm. 174, de 7 de septiembre de 2015, que modifica el Código Civil, aprobado por el Decreto-Ley núm. 47 344, de 25 de noviembre de 1966, mediante la modificación del régimen de ejercicio de las responsabilidades parentales;
•La Ley núm. 133/2015, de 7 de septiembre - D.R. IS, núm. 174, de 7 de septiembre de 2015, por la que se crea un mecanismo de protección de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o estén en período de lactancia materna;
•El Decreto-Ley 53/2018, de 2 de julio, por el que se amplió el régimen de protección social de los trabajadores autónomos que formaban parte del régimen de los asalariados, armonizando así la protección entre ambos regímenes. El régimen incluye ahora dos prestaciones más: la prestación por hijos a cargo (para ayudar a los niños en caso de enfermedad o accidente) y la prestación para el cuidado de los nietos (para prestar asistencia tras el nacimiento de un nieto o para cuidar de un nieto);
•La Ley 90/2019, de 4 de septiembre, que contiene las disposiciones siguientes:
•Establece que, en casos de hospitalización del recién nacido después del parto, la licencia parental se prorroga durante todo el período de hospitalización, hasta un máximo de 30 días, o en su totalidad si el parto se produce antes o al cumplirse las 33 semanas de embarazo; en todos los casos en que el parto se produzca antes de las 33 semanas o al cumplirse estas, la licencia parental se amplía 30 días más; esta disposición entra en vigor con el Presupuesto del Estado para 2020;
•Aumenta de 15 a 20 días obligatorios la licencia para padres, con efecto a partir del Presupuesto del Estado para 2020;
•Establece la prohibición de la discriminación basada en el disfrute de los derechos de maternidad y paternidad, incluso en lo que respecta a la remuneración y el adelanto profesional;
•Establece que, durante el período de prueba, el empleador tiene el deber de comunicar a la CITE, en un plazo de cinco días hábiles, la rescisión de los contratos de trabajo de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o estén en período de lactancia materna o los trabajadores o las trabajadoras en licencia parental;
•Establece que el empleador tiene el deber de comunicar a la CITE, en los cinco días hábiles anteriores al aviso previo, los motivos para la no renovación de los contratos de plazo fijo de las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz recientemente o que estén en período de lactancia materna o los trabajadores o las trabajadoras que estén en licencia parental.
Conciliación de la vida laboral y personal
En diciembre de 2018, el Gobierno puso en marcha un programa innovador de conciliación de la vida laboral y personal (3 em Linha - Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar 2018-2019), con el fin de fomentar las condiciones para que las mujeres y los hombres puedan conciliar la vida profesional, personal y familiar. El programa incluye un total de 33 acciones en torno a cuatro ejes: promover las prácticas para la conciliación de la vida laboral y personal en las organizaciones privadas y públicas, inclusive mediante el diálogo con los interlocutores sociales; adoptar medidas específicas en la administración pública; mejorar las infraestructuras, los servicios y los incentivos en los sectores de la atención, la educación, el transporte y la salud; y producir conocimientos.
Este programa es intersectorial e implica a interlocutores públicos y privados a fin de aplicar medidas muy concretas, entre las que cabe destacar las siguientes:
•Creación del llamado Pacto para la conciliación (Pacto para a conciliação), proyecto que reúne a organizaciones públicas y privadas (actualmente 58 y en aumento) que se comprometen voluntariamente a aplicar y certificar un sistema de gestión de la conciliación de la vida laboral y personal de acuerdo con la norma portuguesa NP4552:2016. En el proyecto participan organizaciones de la administración pública central y local, empresas públicas y empresas privadas. En menos de un año, nueve organizaciones han sido certificadas por entidades de certificación independientes acreditadas;
•Establecimiento por parte del Gobierno, en 2019, de dos líneas de financiación, por un importe total de 31,5 millones de euros, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones de la administración pública a aplicar y certificar este sistema de gestión de la conciliación de la vida laboral y personal, en virtud de la norma NP4552:2016;
•Acuerdo entre los interlocutores sociales, a propuesta del Gobierno, para crear el primer grupo de trabajo destinado a elaborar medidas de conciliación de la vida laboral y personal durante 2019 y 2020;
•Aumento, de 15 a 20, en el número de días de licencia parental obligatoria para el padre – véase la referencia a la Ley 90/2019, de 4 de septiembre.
Se está produciendo un aumento del número de notificaciones de la intención de no renovar un contrato de trabajo de plazo fijo para las trabajadoras embarazadas, que han dado a luz recientemente o que están en período de lactancia materna, así como para los trabajadores y las trabajadoras con licencia parental.
Evolución del número de notificaciones de no renovación de contratos de plazo fijo (2012-2018)
Fuente: CITE.
En 2018, la CITE recibió 45 denuncias de violaciones de las disposiciones legales sobre igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, frente a 34 en 2017, 64 en 2016, 129 en 2015 y 210 en 2014. En los últimos años, el número de denuncias ha disminuido. De estas 482 denuncias, solo 63 guardaban relación con los derechos de maternidad; 210 estaban relacionadas con el trabajo de horario flexible y 30 con el trabajo a tiempo parcial.
El número de dictámenes jurídicos relativos a violaciones de las disposiciones legales de igualdad y no discriminación ha aumentado constantemente. En 2014, la CITE emitió 462 dictámenes jurídicos, cifra que aumentó a 585 en 2015, 688 en 2016 y 747 en 2017. En 2018, la CITE emitió 727 dictámenes.
La mayoría de los dictámenes jurídicos de la CITE guardan relación con los arreglos relativos al horario de trabajo de las madres y los padres que trabajan, como el horario flexible y el horario parcial.
En 2018, el número de dictámenes jurídicos de la CITE sobre la intención de despido fue de 80 (11 %); en 2017, 76 (10 %); en 2016, 91 (14 %); en 2015, 112 (20 %); y en 2014, 89 (19 %).
La mayoría de los dictámenes jurídicos relacionados con la intención de despido se refieren a mujeres: en 2018, el 95 %; en 2017, el 94 %; en 2016, el 97 %; en 2015, el 96 % y en 2014, el 93 %.
En cuanto a la evolución en los últimos años del uso de la licencia parental, en general se observa un uso cada vez mayor de las licencias a las que tiene derecho el padre y se ha producido una evolución positiva de la distribución de la licencia parental entre la madre y el padre. Cabe destacar el continuo cumplimiento de la distribución de la licencia parental entre los progenitores que trabajan (120 o 150 días de licencia parental inicial), cifra que aumentó del 10,1 % en 2009 al 30,3 % en 2014 y al 39,9 % en 2018 (sobre el porcentaje de la licencia total de las mujeres).
Los datos relativos a la participación de las mujeres en el mercado laboral muestran una tendencia positiva en el empleo y el desempleo.
La tasa de empleo en Portugal ha ido en aumento desde 2013. La disparidad entre las tasas de hombres y mujeres se ha reducido ligeramente, y en 2018 era de 9,8 puntos porcentuales, es decir, inferior a la media de los 28 Estados miembros de la Unión Europea (11,9 puntos porcentuales). La reducción de la disparidad entre las tasas de empleo masculino y femenino se debe a un mayor crecimiento de la tasa de empleo de las mujeres.
Tasa de empleo (de 15 a 64 años de edad) en Portugal, por sexo, de 2012 a 2018 (en porcentaje)
Fuente: Estadísticas Nacionales (INE), Encuesta de Población Activa.
Al mismo tiempo, el desempleo ha venido disminuyendo desde 2013, de manera similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, el desempleo juvenil (de 15 a 24 años y de 25 a 34 años) disminuyó considerablemente.
Entre 2017 y 2018, el desempleo juvenil (entre 15 y 24 años de edad) se redujo de forma más pronunciada entre las mujeres que entre la población desempleada en general.
La brecha salarial de género se redujo de un 16,6 % en 2014 y 2015 a un 15,7 % en 2016 y un 14,8 % en 2017 en lo que respecta al salario básico, ya que entre 2016 y 2017 la diferencia entre el salario básico de las mujeres y de los hombres pasó de 155,6 euros al mes a 149,5 euros. En cuanto a los ingresos, se produjo una disminución del 19,1 % al 18,2 %, lo que sigue representando para las mujeres una pérdida media de 224,1 euros al mes con respecto a los hombres.
Sin embargo, entre 2014 y 2018, la CITE solo recibió cinco denuncias relacionadas con la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Salario básico mensual medio e ingresos desglosados por sexo y brecha salarial entre hombres y mujeres en Portugal, 2010 a 2017 (en euros)
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Salario básico mensual medio |
||||||||
|
Hombres |
974,4 |
982,0 |
996,6 |
990,5 |
981,7 |
986,5 |
994,0 |
1 008,7 |
|
Mujeres |
799,6 |
806,5 |
812,8 |
814,6 |
818,5 |
823,2 |
838,4 |
859,2 |
|
Ingreso medio mensual |
||||||||
|
Hombres |
1 182,7 |
1 193,2 |
1 209,9 |
1 205,8 |
1 199,8 |
1 204,4 |
1 212,2 |
1 233,5 |
|
Mujeres |
935,3 |
945,1 |
954,9 |
956,7 |
961,6 |
965,3 |
981,0 |
1 009,4 |
|
Brecha salarial de género (porcentaje) |
||||||||
|
Hombres |
17,9 |
17,9 |
18,4 |
17,8 |
16,6 |
16,6 |
15,7 |
14,8 |
|
Mujeres |
20,9 |
20,8 |
21,1 |
20,7 |
19,9 |
19,8 |
19,1 |
18,2 |
Fuente: GEP/MTSSS, Listas de personal.
Brecha salarial de género en Portugal, 2010 a 2017 (en porcentaje)
Fuente: GEP/MTSSS, Listas de personal.
La CITE se encarga de evaluar la legalidad de las disposiciones sobre la negociación colectiva en lo que respecta a su conformidad con los requisitos de la legislación laboral sobre la igualdad entre mujeres y hombres.
Entre 2014 y 2018, la CITE evaluó 1130 instrumentos de regulación colectiva, concluyó que 124 de ellos contenían cláusulas ilegales (se señalaron 240 cláusulas ilegales) y notificó a las partes para que formularan observaciones y promovieran los cambios necesarios para adaptar estas disposiciones.
Los casos más frecuentes de incumplimiento de la ley guardan relación con los derechos de maternidad y paternidad.
Con respecto a las iniciativas no legislativas, Portugal ha elaborado y puesto en marcha diferentes programas, medidas, proyectos y actividades de sensibilización y capacitación para combatir las persistentes disparidades entre los géneros en el lugar de trabajo, producir conocimientos y determinar datos pertinentes para basar en ellos la formulación de políticas, proporcionar instrumentos y recursos para superar esas disparidades e incluir la igualdad de género entre las prioridades de los interlocutores sociales, los empleadores, los medios de comunicación y el público en general.
A fin de promover la participación de los empleadores, la CITE viene patrocinando, desde 2013, el Foro de Organizaciones para la Igualdad (iGen), una asociación de colaboración con organizaciones del sector privado y empresas estatales al objeto de aplicar, supervisar y difundir medidas y acciones concretas en materia de igualdad de género, en particular sobre la conciliación de la vida laboral y personal, la contratación, la eliminación de la segregación horizontal y vertical y la lucha contra la desigualdad salarial.
El Foro iGen, que reúne a organizaciones comprometidas a fomentar medidas a favor de la igualdad de género y la lucha contra todas las formas de discriminación por razón de género en el lugar de trabajo, tiene por objetivo seguir impulsando el compromiso de las organizaciones con la igualdad de género y abordar los obstáculos que estas afrontan para aplicar medidas y políticas de igualdad de género.
A lo largo de los años se han unido a este Foro 68 organizaciones, principalmente empresas. Los miembros del Foro se comprometieron a aplicar medidas para promover la igualdad entre los géneros (incluida la patria potestad, la maternidad, la paternidad, la conciliación entre la vida laboral y familiar, la adopción de decisiones y la brecha salarial) y establecieron metas cuantificadas para mejorar.
El Foro se reúne cada tres meses para tomar decisiones, debatir las propuestas presentadas por cualquier miembro, aprobar documentos y actividades y compartir buenas prácticas. En estas reuniones, dos o tres empresas presentan y discuten sus prácticas.
A lo largo de este proceso, las organizaciones comparten sus experiencias, dificultades, estrategias para superar los obstáculos y principales logros. Las organizaciones trabajan como una comunidad de conocimientos y práctica y han creado una plataforma en línea para compartir información.
La labor realizada en este Foro ha influido positivamente en otras organizaciones y varias de ellas se han sumado al Foro, lo que le permite crecer como red en torno al compromiso común de incorporar medidas de igualdad de género en las respectivas políticas internas.
Medidas aplicadas por los miembros del Foro de Organizaciones para la Igualdad de Género
|
Ámbitos de la igualdad de género |
|||||
|
Número de medidas de igualdad de género aplicadas |
Conciliación de la vida laboral y personal |
Protección de la maternidad y la paternidad |
Remuneraciones y carrera |
Contratación |
|
|
2014 |
96 |
36,0 % |
4,0 % |
8,0 % |
9,0 % |
|
2015 |
56 |
40,0 % |
18,0 % |
8,0 % |
0,0 % |
|
2016 |
102 |
25,0 % |
10,0 % |
10,0 % |
1,0 % |
|
2017 |
112 |
14,6 % |
14,6 % |
7,3 % |
0,0 % |
En el contexto de la Ley núm. 60/2018, de 21 de agosto, en junio de 2019 se introdujo un barómetro sectorial de las disparidades salariales. Este barómetro, elaborado por la Oficina de Estrategia y Planificación del Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, se basa en la información que facilitan cada año las empresas e incluye datos detallados sobre las disparidades salariales, desglosados por sector de actividad económica. La primera edición del barómetro incluye datos a nivel sectorial sobre la brecha salarial de género ajustada, lo que constituye una fuente innovadora de información sobre este tema. El barómetro tiene por objeto mejorar las estadísticas, sensibilizar al público y promover un amplio debate sobre la igualdad de remuneración en la sociedad portuguesa.
En 2014, la CITE elaboró dos herramientas en línea (disponibles en el sitio web de la CITE desde principios de 2015) que permiten a las empresas analizar su estructura de personal y salarios y comprender si las diferencias de remuneración detectadas son por razón de género o no, lo que permite a las empresas autoevaluarse y autorregularse en este aspecto y adoptar voluntariamente medidas y prácticas que puedan corregir las deficiencias detectadas.
La encuesta de autoevaluación sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres en las empresas es una herramienta creada con el fin de evaluar algunas prácticas institucionales relacionadas con la valoración del trabajo y el pago de salarios y otras prestaciones a los trabajadores.
La calculadora de diferencias salariales entre hombres y mujeres es una herramienta informática que permite a las empresas realizar un ejercicio de autoevaluación sobre la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, ya que permite medir la brecha salarial de género dentro de las empresas y detectar situaciones concretas en las que existe esa brecha y saber, de este modo, si esas diferencias se deben a factores objetivos o a la variable del sexo.
El número de entidades que ya han accedido a estas herramientas muestra la pertinencia de estas. El año pasado, la calculadora de diferencias salariales entre hombres y mujeres fue utilizada 1.004 veces por 860 usuarios, y 159 usuarios realizaron la encuesta de autoevaluación.
En junio de 2017, la CITE inició un ciclo de capacitación denominado “Talleres de igualdad”, con el fin de analizar las brechas de género en los indicadores del mercado laboral, combatir la segregación y la discriminación laboral y promover la igualdad de género deconstruyendo los estereotipos de género y las ideas preconcebidas. Esta capacitación se divide en cuatro sesiones que abarcan los siguientes temas: la situación de las mujeres y los hombres en el mercado laboral; los conceptos y principios en materia de género; las estrategias y herramientas para la igualdad; la elaboración de planes de acción de los participantes.
Hasta ahora, la CITE ha impartido nueve rondas de capacitación en las que han participado 364 mujeres y 37 hombres, entre funcionarios de la administración pública central y local, directores y oficiales de ONG, sindicatos y empresas.
Desde 2000, y desde 2009 en asociación con la CIG, la CITE promueve el Premio Igualdad es Calidad, que distingue a las empresas y otros empleadores que aplican políticas en el ámbito de la igualdad de género, la conciliación de la vida laboral y personal y las buenas prácticas para prevenir y combatir la violencia doméstica y la violencia de género.
Desde su primera edición, se han presentado al premio 249 organizaciones, 18 lo han recibido y 41 han recibido una mención honorífica. La ceremonia pública de la 12ª edición del premio tuvo lugar el 29 de junio de 2018.
Desde 2013 se celebra cada año el Día Nacional de la Igualdad Salarial, que tiene por objeto sensibilizar al público sobre la necesidad de invertir la persistente disparidad salarial entre mujeres y hombres mediante la difusión de información sobre las desigualdades entre las principales partes interesadas del mercado laboral, las empresas, las asociaciones de empleadores de los principales sectores económicos y los interlocutores sociales.
En junio de 2019 se presentó una nueva campaña nacional en favor de la igualdad salarial, “Eu mereço igual” (Yo merezco lo mismo), elaborada por la CITE, para concienciar, informar y motivar a la sociedad en torno a la necesidad de un cambio de paradigma.
Esta campaña se difundió por televisión, radio, redes sociales y vallas publicitarias en septiembre, en el marco de la celebración del 40º aniversario de la CITE, y en noviembre, con motivo del Día Nacional de la Igualdad Salarial.
A fin de sensibilizar al público sobre la conciliación entre la vida laboral y personal y el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, la CITE diseñó una campaña nacional sobre la conciliación y el uso del tiempo, que se puso en marcha en octubre de 2016.
El lema de esta campaña, basado en la división del uso del tiempo en función del género en lo que respecta a la articulación de la vida laboral, personal y familiar como herramienta para la igualdad de género, fue “¡Ya es hora! Vamos a conciliar mejor el tiempo entre el trabajo y la familia”, e incluía cuatro mensajes y cuatro imágenes diferentes dirigidas a diferentes objetivos: el lugar de trabajo, la vida familiar y la vida personal.
La campaña se difundió entre diferentes partes interesadas, en distintas plataformas y en varios momentos. Se entregó un folleto, un calendario y un imán con un bloc de notas a los miembros, las organizaciones y las empresas pertenecientes a la CITE. Se emitieron anuncios radiofónicos en la Emissora das Beiras Radio en noviembre de 2016. Se emitieron anuncios en los canales de televisión RTP y Media Capital. Se colocaron carteles en la vía pública en la zona continental de Portugal y en los sistemas de transporte público de la zona de Lisboa; un cartel electrónico con el lema de la campaña se difundió en los sitios web de los servicios públicos.
La igualdad de género en el mercado laboral
El Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) promueve activamente la igualdad de género en todas sus esferas de competencia. Los trabajadores y los solicitantes de empleo tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato con respecto al acceso al empleo y la capacitación.
En lo que respecta al acceso al empleo, la publicación y validación de las ofertas de empleo no puede contener requisito, restricción o preferencia alguna en función del sexo. En la administración pública, el 55,7 % de los desempleados inscritos a fines de diciembre de 2018 eran mujeres. Por consiguiente, el ámbito al que van destinadas las medidas de empleo, formación profesional y rehabilitación se caracteriza por ser también mayoritariamente femenino.
Desempleo registrado en 2018
|
Hombres |
150 357 |
44,3 % |
|
Mujeres |
188 678 |
55,7 % |
|
Total |
339 035 |
100 % |
Fuente: IEFP, I.P.
En cuanto a las medidas activas de empleo, cabe señalar que las mujeres están representadas principalmente en las medidas de empleo más importantes, como el aprendizaje profesional, el apoyo a la contratación y las prestaciones sociales condicionales, aunque, como ya se ha mencionado, ninguna de estas medidas privilegia o da prioridad al acceso de las mujeres.
En cuanto al acceso a la formación, en las últimas décadas Portugal ha hecho grandes esfuerzos por mejorar su capital humano y elevar el nivel de las cualificaciones de la población mediante diferentes enfoques, incluidas políticas en materia de educación, capacitación y enseñanza superior, así como diferentes estrategias orientadas a los niños, los jóvenes y los adultos, en particular las mujeres, a fin de combatir los problemas estructurales que repercuten en el perfil de cohesión social, crecimiento económico y sostenibilidad del país.
Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos y las transformaciones conexas en los mercados de trabajo requieren que la población en edad de trabajar mejore sus aptitudes y adquiera otras nuevas. Tener una cualificación pertinente para el mercado laboral, ya sea académica o profesional, es cada vez más importante para adaptarse a una economía que cambia rápidamente y hacer frente a la demanda de personal muy cualificado.
Por consiguiente, aumentar el nivel de aptitudes de la población adulta, incluida la alfabetización digital, reforzando y ampliando la cobertura del componente de capacitación de los programas de capacitación para adultos es una de las principales prioridades de política de las autoridades portuguesas.
Datos acumulados, octubre de 2018
|
Esferas de intervención y medidas |
Total |
Género |
|
|
Hombres |
Mujeres |
||
|
Empleo |
84 356 |
32 927 |
51 429 |
|
Contratación en prácticas |
32 340 |
13 221 |
19 119 |
|
Apoyo a la contratación |
13 072 |
5 468 |
7 604 |
|
Creación de empleo y negocios |
2 745 |
1 563 |
1 182 |
|
Prestaciones sociales condicionales - programas ocupacionales |
36 199 |
12 675 |
23 524 |
|
Formación profesional |
183 684 |
74 282 |
109 402 |
|
Cualificación para jóvenes |
23 290 |
14 659 |
8 631 |
|
Cualificación para adultos |
158 893 |
59 129 |
99 764 |
|
Formación de formadores |
1 501 |
494 |
1 007 |
|
Rehabilitación profesional |
19 272 |
10 692 |
8 580 |
|
Total |
287 312 |
117 901 |
169 411 |
Fuente: IEFP, IP, SIEFF, SIGAE, SGC y SGFOR.
El Instituto de Empleo y Formación Profesional se ocupa de varias medidas incluidas en la ENIND, entre ellas:
a)Lucha contra la segregación sexual en el empleo, recopilando indicadores sobre los siguientes aspectos:
•Número de cursos de capacitación para los técnicos de los centros de empleo que se ocupan de la contratación y la selección;
•Número de técnicos de los centros de empleo que participan en cursos de capacitación;
•Número de actividades para dar a conocer las medidas de promoción de la igualdad de género en el mercado laboral;
•Número de puestos de trabajo creados respecto de los cuales se prestó apoyo financiero a los empleadores que ofrecieron contratos de trabajo a solicitantes de empleo desempleados del sexo menos representado en una ocupación concreta, registrados en los centros de empleo, en el ámbito de medidas de empleo como la medida de apoyo a la contratación y a las prácticas profesionales (medida incentivo empleo, después de la contratación);
•Número de iniciativas y medidas de sensibilización para alentar a las empresas a adoptar prácticas y planes de acción para combatir la segregación sexual en las distintas profesiones (por ejemplo, la promoción de la igualdad de género en el mercado laboral).
b)Eliminación de las disparidades de ingresos entre mujeres y hombres:
•Evaluación de la viabilidad de incorporar las aptitudes de negociación salarial en el ámbito de la revisión de las metodologías de relación con los usuarios del Servicio Público de Empleo;
c)Medidas para proteger la función parental y promover el equilibrio entre la vida profesional, personal y familiar:
•Mantenimiento de la discriminación positiva y aumento del apoyo a las empresas y los empleadores que integran a las familias monoparentales mediante medidas de apoyo a la contratación (Contrato-Emprego), prácticas profesionales (Estágios Profissionais) y el contrato empleo-inserción + (CEI+). El número de familias monoparentales que se benefician de estas medidas es un dato que también se recoge en el Plan de Acción;
d)Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la educación superior y en el desarrollo científico y tecnológico:
•Aplicación de una medida de capacitación para la ciudadanía digital, orientada a lograr una participación equilibrada de mujeres y hombres a fin de asegurar a toda la población portuguesa el acceso a las nuevas tecnologías digitales, incluida la utilización de los servicios públicos en línea, las notificaciones electrónicas, los medios de seguridad digitales y las redes sociales.
La ENIND también aplicó una medida de promoción de la igualdad de género en el mercado laboral con los siguientes objetivos:
•Promover la igualdad de género en el mercado laboral;
•Combatir la discriminación sexual en el mercado laboral;
•Fomentar la contratación de personas desempleadas del sexo menos representado en una profesión;
•Alentar a los jóvenes desempleados a elegir una profesión o función según su vocación y sin limitaciones motivadas por estereotipos de género.
En 2018 se crearon 1.756 puestos de trabajo, que representan alrededor del 13 % del total de puestos de trabajo creados en el marco de la medida de apoyo a la contratación; el 60,1 % de estos puestos fueron ocupados por hombres y el 39,9 %, por mujeres.
Promoción de la igualdad de género en el mercado laboral (2018), número de puestos cubiertos
|
Total |
Hombres |
Mujeres |
||
|
Número |
Porcentaje |
Número |
Porcentaje |
|
|
1 756 |
1 055 |
60,1 |
701 |
39,9 |
Fuente: IEFP, I.P.
Medidas de igualdad de género en la contratación
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
||||
|
Beneficiarios |
Igualdad de género |
Beneficiarios |
Igualdad de género |
Beneficiarios |
Igualdad de género |
Beneficiarios |
Igualdad de género |
|
11 316 |
1 756 |
31 562 |
4 478 |
16 348 |
2 379 |
49 594 |
4 365 |
Fuente: IEFP, I.P.
El Instituto de Empleo y Formación Profesional (IEFP) también contribuye a eliminar las disparidades salariales entre mujeres y hombres, garantizando la protección de la paternidad y la maternidad y promoviendo la conciliación de la vida laboral y personal con condiciones especiales de acceso y un mayor apoyo a las entidades que contratan a beneficiarios de familias monoparentales (por ejemplo, mediante las medidas contrato-empleo, las prácticas profesionales, las prestaciones sociales condicionales y las medidas empleo-inserción +). Aunque las medidas no van destinadas solo a las mujeres, las cifras demuestran que las mujeres son las que más se benefician de ellas.
Mejoras en la integración de las familias monoparentales
|
Año |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Beneficiarios |
16 219 |
11 809 |
10 524 |
8 979 |
Fuente: IEFP, I.P.
En lo que respecta a la integración de las mujeres romaníes, el IEFP también ha adoptado varias medidas en el marco de la estrategia nacional para la integración de las comunidades romaníes (ENICC), principalmente a fin de promover la participación de las niñas y mujeres romaníes en el mercado laboral, en el contexto de las medidas de empleo (incentivos de empleo y de conversión). Esta medida es muy reciente y aún no se dispone de datos al respecto.
El IEFP también ha adoptado diversas medidas para apoyar a los beneficiarios desempleados mediante la promoción del emprendimiento. Las mujeres también pueden acceder a estos programas de emprendimiento y ser beneficiarias de ellos.
El siguiente gráfico muestra la evolución de las solicitudes, desglosadas por sexo, y en él puede observarse que el número de solicitudes presentadas por mujeres ha aumentado más que el de las presentadas por hombres.
Gráfico 1
Evolución porcentual del número de solicitudes para proyectos de emprendimiento
Fuente: IEFP, I.P.
El IEFP también lleva a cabo cada año su programa de acción para la capacitación sobre el emprendimiento.
En el marco del plan de acción para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, el IEFP ha venido contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de estas víctimas promoviendo el acceso prioritario, en algunas de las medidas de empleo, a programas y medidas de empleo. El IEFP desarrolla medidas de acción positivas para lograr el empoderamiento de las víctimas de la violencia doméstica y cuenta con personal para atender a estas víctimas en un entorno privado y ayudarles a acceder a la orientación profesional y al mercado laboral. El siguiente cuadro muestra el número de víctimas de la violencia doméstica atendidas en centros de empleo e integradas en el mercado laboral o en medidas de empleo o formación, entre 2014 a 2018, desglosadas por plan de acción.
|
Planes nacionales |
Años de aplicación |
Víctimas de violencia doméstica atendidas |
Número de integraciones* |
|
Plan de Acción para Prevenir y Combatir la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, 2018-2030 |
2019 (antes del 30 de septiembre) |
292 |
100 |
|
2018 |
637 |
209 |
|
|
5o Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia de Género y la Violencia Doméstica, 2014-2017 |
2017 |
581 |
184 |
|
2016 |
608 |
231 |
|
|
2015 |
705 |
327 |
|
|
2014 |
514 |
295 |
Fuente: IEFP.
Servicios de inspección de la igualdad y la no discriminación
En las inspecciones realizadas por los servicios de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo para la verificación de las condiciones de trabajo en el marco de las relaciones laborales y la salud y la seguridad ocupacionales, en 2017 se realizaron 36.076 visitas en las que se examinó la situación de 263.100 trabajadores, de los cuales 148.925 eran hombres y 114.175 mujeres.
Las actividades de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo han venido reflejando cada vez más un enfoque global e integrado de las situaciones y han favorecido la realización de actividades de inspección pluridimensionales en que se abordan a la vez cuestiones relativas a las relaciones laborales y la seguridad y salud ocupacionales. Los siguientes datos reflejan los procedimientos de inspección vinculados a los distintos temas.
Procedimientos de inspección de igualdad y no discriminación (coercitivos y no coercitivos)
|
Advertencia |
Notificación para la adopción de medidas de mejora |
Otros |
Infracciones |
|||||||||
|
Temas |
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
Igualdad y no discriminación |
507 |
140 |
267 |
2 |
1 |
– |
0 |
0 |
– |
35 |
30 |
18 |
|
Igualdad en el acceso al empleo y al trabajo |
36 |
4 |
7 |
2 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
4 |
2 |
2 |
|
Publicación de los derechos y deberes de igualdad y no discriminación |
467 |
134 |
255 |
0 |
1 |
– |
0 |
0 |
– |
4 |
4 |
1 |
|
Prohibición de la discriminación |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
3 |
5 |
3 |
|
Acoso moral |
1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
22 |
18 |
12 |
|
Acoso sexual |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
2 |
0 |
0 |
|
Condiciones de trabajo equitativas |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
1 |
0 |
|
Crianza de los hijos |
43 |
14 |
8 |
4 |
11 |
– |
0 |
0 |
– |
19 |
24 |
12 |
|
Licencia parental inicial |
11 |
0 |
2 |
0 |
1 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
|
Licencia parental exclusiva para el padre |
0 |
1 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
|
Licencia parental suplementaria |
1 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
1 |
– |
|
Ejercicio del derecho a trabajar a tiempo parcial |
4 |
5 |
1 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
11 |
4 |
7 |
|
Notificación a la CITE de la denegación del trabajo a tiempo parcial |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
3 |
11 |
1 |
|
Opinión previa de la CITE - desestimación |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
3 |
1 |
|
Opinión desfavorable de la CITE - desestimación tras una decisión del tribunal |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
1 |
– |
|
Exención por lactancia |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
2 |
2 |
1 |
|
Exención de horas extraordinarias |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
|
Horario flexible para empleados con niños menores de 12 años |
2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
1 |
1 |
1 |
|
Arreglos de licencia, ausencia y exención |
19 |
3 |
0 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
1 |
0 |
1 |
|
Protección de la seguridad y salud ocupacionales durante el embarazo, el posparto o la lactancia |
1 |
1 |
– |
4 |
10 |
– |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
– |
Fuente: ACT.
Se han realizado visitas para elaborar estrategias de prevención y control a fin de promover políticas y prácticas de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo.
El ejercicio de la información y el control en el contexto de la igualdad de género y la no discriminación en el trabajo y el empleo se centró en la protección de las garantías asociadas a la crianza de los hijos, la prevención de la discriminación por motivos de sexo en el trabajo y el empleo y la promoción de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
Accidentes de trabajo denunciados a la Autoridad para las Condiciones de Trabajo
Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son un indicador importante de la existencia de disfunciones en el lugar de trabajo y en su entorno.
La información sobre esos casos permite a la ACT orientar de forma activa sus inspecciones a las actividades productivas y organizaciones en que ocurren, a fin de comprender mejor las necesidades con miras a adoptar medidas preventivas y correctivas.
Las principales fuentes de conocimiento de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo para la verificación de accidentes laborales son:
•La participación obligatoria de los empleadores, a la que se añade, en el caso de la construcción civil, la participación de las entidades ejecutoras y los propietarios del edificio;
•La participación de las autoridades policiales;
•Los medios de comunicación.
Los accidentes en el trayecto al trabajo, aunque también causan muertes, pueden excluirse de esta clasificación cuando puede concluirse, según la experiencia común, que los factores causales detectados no guardan una relación significativa con un ámbito de intervención correctiva que el empleador pueda gestionar.
La Autoridad para las Condiciones de Trabajo trata los accidentes laborales que investiga según los siguientes parámetros: actividad económica, tamaño de la empresa, mes, días de la semana, forma, población laboral nacional o extranjera, y sexo.
Número de accidentes mortales notificados e investigados, desglosados por sexo
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
Hombres |
134 |
131 |
100 |
|
Mujeres |
8 |
9 |
9 |
|
Total |
142 |
140 |
109 |
Fuente: ACT.
Capacitación e información
La Autoridad para las Condiciones de Trabajo colabora en los ciclos de Laboratorios de Igualdad y No Discriminación de la CITE, en los que los inspectores de trabajo participan como aprendices.
La Autoridad para las Condiciones de Trabajo ofrece servicios de información al público en general a través del servicio telefónico de información, cuyo uso medio mensual sigue creciendo, y mediante servicios de asistencia in situ cinco días a la semana en los 32 servicios locales, así como con su presencia constante en las redes sociales (Facebook, Twitter).
El sitio web de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo ofrece guías de información específicas y listas sobre la igualdad y la no discriminación y el acoso, así como un formulario específico relativo al acoso.
Las actividades de sensibilización de la Autoridad para las Condiciones de Trabajo también abarcan cuestiones de igualdad de género dirigidas a la comunidad escolar, incluidos estudiantes, docentes, progenitores y tutores, asistentes administrativos y otros interesados a través del programa “Campaña de regreso a la escuela”.
14.Salud (párrafos 36 y 37)
Las cuestiones de género y las desigualdades se abordan en las intervenciones de los equipos de salud familiar (Programa Nacional de Salud Infantil y Juvenil – Reglamento 10/2013 del Departamento General de Salud), los cursos de preparación para el parto y la crianza de los hijos y los equipos de salud escolar (Programa Nacional de Salud Escolar del Departamento General de Salud), entre otros, siguiendo los manuales técnicos por los que se guía la intervención de los profesionales sanitarios en la prevención de los malos tratos a niños y jóvenes, así como en la prevención de la violencia en los adultos, prestando especial atención a las cuestiones de género.
Desde 2016 se permite el acceso a la procreación médicamente asistida a todas las mujeres, incluidas las parejas de mujeres, independientemente de su diagnóstico de infertilidad, estado civil u orientación sexual.
La iniciativa Acción Sanitaria sobre el Género, la Violencia y el Ciclo de Vida (ASGVCV), creada en virtud de la orden núm. 6378/2013, tiene por objeto homogeneizar la intervención nacional y potenciar las intervenciones ya aplicadas en los servicios de salud que se consideran buenas prácticas en el ámbito de la violencia. Esta iniciativa también tiene por objeto promover la igualdad, en particular en materia de salud, y prevenir la violencia interpersonal en los adultos, mediante la articulación funcional de sus actividades con otras estructuras similares de los servicios de salud y de la comunidad. El Instituto Europeo de la Igualdad de Género considera como una buena práctica este modelo integrado de intervención en casos de violencia interpersonal en el ámbito de la salud.
A raíz de esta iniciativa se han creado 224 Equipos de Prevención de la Violencia en los Adultos (EPVA) a nivel nacional (atención primaria de salud y hospitales). El mismo año, estos equipos señalaron 2.434 nuevos casos de violencia interpersonal, un 25 % de ellos referentes a hombres y un 75 %, a mujeres. En un estudio de datos parciales correspondiente a tres de las cinco administraciones regionales de salud, el 15 % de las víctimas de los 554 casos identificados como violencia doméstica fueron hombres y el 85 % mujeres. En 2018, los Equipos de Prevención de la Violencia en los Adultos señaló 2.893 nuevos casos.
La capacitación de los profesionales de la salud en la atención primaria y hospitalaria ha continuado y se ha intensificado en los últimos años con la realización de diversas actividades de capacitación a nivel de las cinco administraciones sanitarias regionales. Además, se han emprendido iniciativas en la región autónoma de las Azores que están teniendo continuidad.
Dado que la violencia interpersonal es un problema común en las relaciones íntimas y familiares, se ha hecho necesario definir protocolos para una intervención estructurada.
El documento técnico “Violencia – Enfoque, diagnóstico e intervención en los servicios de salud” (2014) y la guía práctica “Violencia interpersonal – Enfoque, diagnóstico e intervención en los servicios de salud” (2017), orientados a apoyar la intervención clínica ante situaciones de violencia, incluyen un protocolo amplio de intervención, así como protocolos complementarios y más específicos según la tipología de la violencia en cuestión. Entre esas situaciones, estos documentos abordan también las situaciones de agresión sexual.
En octubre de 2019 se creó un Programa Nacional de Prevención de la Violencia a lo largo del Ciclo de Vida (Programa Nacional de Prevenção da Violência no Ciclo de Vida) en virtud de la Orden núm. 9494/2019 de la Secretaría de Estado de la Salud. Este programa, coordinado por la Dirección General de Salud, tiene por objeto asegurar la detección temprana de situaciones de violencia y factores de riesgo, garantizar una intervención adecuada en los casos de violencia y promover relaciones interpersonales no violentas.
15.Hipotecas y crédito financiero (párrafos 38 y 39)
En virtud de la resolución 50-A/2018 del Consejo de Ministros, de 2 de mayo, se aprobó el proyecto Nueva Generación de Políticas de Vivienda (NGPH), que establece la orientación estratégica, los objetivos e instrumentos de acción para una nueva generación de políticas en este ámbito. Esta política aborda los principales problemas estructurales relacionados con el acceso a una vivienda adecuada y se articula mediante instrumentos que responden a las necesidades de los grupos más vulnerables, como la estrategia para la integración de los romaníes, la estrategia nacional para la integración de las personas sin hogar y las medidas para apoyar la protección y el proceso de adquisición de autonomía de las víctimas y los supervivientes de la violencia doméstica.
16.Mujeres del medio rural (párrafos 40 y 41)
Portugal reconoce la importancia del papel de la mujer en las zonas rurales, no solo debido a su influencia en la economía de estas zonas sino también por su contribución a la diversificación económica, la conservación del medio ambiente y la preservación del patrimonio natural.
En cuanto a la representación y participación, la Asociación de Mujeres Campesinas y Rurales de Portugal (MARP), la principal asociación de Portugal que representa a estas mujeres, está representada y participa en el órgano consultivo de la CIG, encargado de elaborar políticas públicas en las esferas de la ciudadanía y la igualdad de género.
Además, reconociendo las necesidades de las mujeres del medio rural en materia de prevención y protección contra la violencia, la ENIND refuerza la cobertura nacional de los servicios de apoyo y protección a las víctimas, en particular en las zonas rurales y aisladas, fortaleciendo las redes locales entre los municipios, las ONG de mujeres y otros interlocutores. Los protocolos establecidos entre la CIG y los municipios son un instrumento clave para lograrlo.
Además, la ENIND también reforzó los mecanismos de incorporación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la gobernanza para garantizar una intervención integrada, coherente y eficaz sobre el terreno. En particular, la perspectiva de género está integrada en el programa nacional para la valorización de las zonas del interior mediante nuevos protocolos entre la administración central y local, el apoyo financiero a los proyectos locales de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y el fortalecimiento de las redes locales para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia en el hogar.
Además, en 2018, el Gobierno aprobó el Estatuto de la Pequeña Agricultura Familiar, un tipo de agricultura en que las mujeres tienen graves desventajas. Se prevé que el estatuto tenga una fuerte repercusión en el empoderamiento y la participación de las mujeres del medio rural, en particular en el mercado laboral agrícola, proporcionándoles más aptitudes, medios y acceso a sistemas fiscales y de seguridad social más favorables.
En 2016, el Gobierno puso en marcha un programa piloto de educación a distancia, fundamental para solucionar la escasez de capacitación y conocimientos, también en materia de tecnología de la información y las comunicaciones. Este programa tiene por objeto complementar la red de educación secundaria existente respondiendo al problema que genera la dispersión geográfica, en particular en las regiones con baja densidad de población, como las zonas rurales, y las necesidades de una parte de la población activa en Portugal que no ha terminado la educación secundaria.
Por último, las fuerzas de seguridad aplican programas especiales de policía de proximidad, como el Programa Apoyo 65 – Seguridad para los ancianos, orientado a garantizar una red de protección para los ancianos aislados o para quienes corren el riesgo de quedar socialmente aislados, brindándoles apoyo y fomentando la sensibilización al respecto. El Programa Apoyo 65 abarca el 94 % del territorio continental.
Además, el modelo portugués de desarrollo rural sostenible tiene por objeto fortalecer el sector de la agrosilvicultura multifuncional mediante un triple enfoque: económico, mediante la mejora de los bienes comercializables; ambiental, desarrollando servicios y logrando una gestión sostenible de los recursos; y por último, un enfoque de fortalecimiento de los territorios mediante la mejora de la gobernanza de las comunidades locales y sus actividades conexas.
17.Mujeres romaníes (párrafos 42 y 43)
En el marco de la ENIND, la CIG y el Alto Comisionado para las Migraciones vienen llevando a cabo una serie de acciones integradas en un enfoque interseccional.
Todas las medidas e indicadores de la ENIND relativos a las mujeres y niñas romaníes están articulados con la Estrategia Nacional para la Integración de las Comunidades Romaníes 2018-2022, que se ha actualizado, en particular con respecto al fortalecimiento del compromiso nacional de mejora de las condiciones de las mujeres y niñas romaníes.
Teniendo en cuenta la creciente feminización de las corrientes migratorias y las necesidades de las mujeres y niñas romaníes, el Alto Comisionado para las Migraciones invirtió en la adopción de un enfoque que tuviera en cuenta las cuestiones de género en las políticas, los servicios y las actividades de integración.
En enero de 2019, el Alto Comisionado para las Migraciones creó un ámbito de proyectos dedicado a las desigualdades interconectadas a fin de desarrollar y aplicar políticas y medidas con perspectiva de género para la integración de los migrantes, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, y los romaníes.
Este ámbito de proyectos se centra en los retos nacionales, europeos e internacionales en el ámbito de la integración de los migrantes y las comunidades romaníes, de conformidad con recomendaciones europeas e internacionales como las del Convenio de Estambul y la Estrategia de Igualdad de Género 2018-2023 del Consejo de Europa, así como la Agenda 2030 y el Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2015-2024).
En el marco del mencionado Decenio, y en lo que respecta a las mujeres, el Alto Comisionado para las Migraciones promovió iniciativas de diálogo y creación de redes, en particular una reunión de debate bajo el título “Apagamentos, Silêncios, Invisibilidades” (“Borrados, silenciados, invisibles”), entre organizaciones de la sociedad civil y colectivos feministas, en asociación con la Fundación del Museo Calouste Gulbenkian. Este evento tuvo lugar en marzo de 2019 y el debate se llevó a cabo a través de obras de la artista Yto Barrada, fuertemente marcadas por la narración de historias e identidades y la relación de la artista con el pasado colonial y poscolonial y con Occidente.
Además, el Alto Comisionado para las Migraciones organizó un seminario internacional, en colaboración con la Red Europea de Mujeres Migrantes, titulado “Interseccionalidad: la situación de las mujeres negras y afrodescendientes”.
El discurso principal del seminario fue pronunciado por la ex Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas y actual Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Recomendación General sobre la Trata de Mujeres y Niñas en el contexto de la Migración Mundial, la profesora Dalia Leinarte.
Este evento tuvo lugar el 25 de mayo de 2019 en Lisboa, con motivo de la celebración del Día de África.
Promoción, durante todo el año 2018, de sesiones y talleres de sensibilización sobre la igualdad de género, la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (incluidas las prácticas tradicionales nocivas) y la trata de personas, dirigidos a profesionales que trabajan directa o indirectamente con las comunidades migrantes y romaníes, en los centros de apoyo nacionales y locales para la integración de migrantes y en el programa Escolhas (Opciones), que tiene por objeto promover la inclusión de niños y jóvenes vulnerables y fomentar la igualdad y la cohesión social:
•Dos sesiones de sensibilización sobre los matrimonios forzados y precoces en el Centro Nacional de Lisboa para el Apoyo a la Integración de los Migrantes, con 27 participantes (24 mujeres y 3 hombres);
•Dos talleres sobre la igualdad de género en los Centros Nacionales de Lisboa y Oporto para el Apoyo a la Integración de los Migrantes, con 57 participantes (46 mujeres y 11 hombres);
•Tres talleres sobre la violencia doméstica en los Centros Nacionales de Lisboa y Oporto para el Apoyo a la Integración de los Migrantes, con 72 participantes (58 mujeres y 14 hombres);
•Dos sesiones de sensibilización sobre la trata de personas para el programa Escolhas y la Red de Asociados de Lisboa y Oporto, con 38 participantes (36 mujeres y 2 hombres).
El Programa Operacional de Promoción Educativa es una iniciativa que ofrece becas y tutorías a los jóvenes de comunidades de romaníes (“ciganos”) matriculados en la enseñanza superior. En el año escolar 2017/2018, la tasa de éxito escolar de este programa fue del 64 %, y entre las niñas romaníes, del 75 %.
18.Matrimonio y relaciones familiares (párrafos 44 y 45)
La Ley núm. 85/2019, de 3 de septiembre, derogó los plazos para volver a contraer matrimonio tras la disolución de un matrimonio anterior, eliminando así esta discriminación que existía entre hombres y mujeres.
La edad para contraer matrimonio establecida por defecto es de 18 años, es decir, la edad de plena capacidad jurídica. Los niños mayores de 16 años solo pueden contraer matrimonio con la aprobación de sus progenitores o tutores, que el secretario judicial solo puede desestimar en circunstancias muy excepcionales. El matrimonio de niños menores de 16 años está prohibido en todos los casos.
Además, como se menciona más arriba, una persona que obliga a otra a contraer matrimonio o una unión comparable comete un delito. Cuando se sospecha que un matrimonio es forzado, el secretario judicial debe rechazar su registro y, si hay un menor implicado, informará del caso a la CNPDCJ. Todo matrimonio contraído bajo coacción puede ser declarado nulo.
19.Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (párrafo 46)
Portugal presentó su informe Beijing+25 en junio de 2019.
20.Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (párrafo 47)
Como muestra del compromiso nacional con la Agenda 2030, en julio de 2017 Portugal presentó el primer Informe Nacional Voluntario, una herramienta básica y un ejercicio fundamental de análisis de políticas y de adaptación estratégica para la implementación de la Agenda 2030 en el país.
Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Portugal ha determinado como prioritarios los Objetivos 4 (educación de calidad), 5 (igualdad entre los géneros), 9 (industria, innovación e infraestructura), 10 (reducción de las desigualdades), 13 (acción climática) y 14 (protección de la vida marina). Por un lado, estas prioridades reflejan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: economía, sociedad y medio ambiente, y por otro lado, el país considera que un desempeño positivo en estos Objetivos contribuirá directamente a lograr el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.
Según el estudio de la OCDE “Medir la distancia hasta las metas de los ODS 2019”, Portugal está más avanzado que la media de los otros países hacia el logro de los Objetivos 7, 13 y 14, vinculados a la energía, el clima y los océanos, y su desempeño es superior a la media en los objetivos relacionados con la igualdad de género, el clima, los océanos, la energía y las instituciones (5, 13, 14, 7 y 16) e inferior a la media en los Objetivos relacionados con la producción sostenible y las ciudades (11 y 12).
Para la consecución del Objetivo 5, en 2016 la Secretaria de Estado para la Ciudadanía y la Igualdad estableció un grupo de trabajo en que participan los principales interesados (públicos, privados y ONG). Es importante destacar que la ENIND está alineada con la Agenda 2030.
Además, se ha comenzado a reunir datos sobre los indicadores del Objetivo 5 y sobre los indicadores específicos de género en el marco de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sírvanse consultar la publicación y las tablas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En 2019, la Comisión Nacional de Promoción y Protección de los Niños y los Jóvenes se ha esforzado por incorporar la participación de los niños en la toma de decisiones públicas, lo cual se prevé que contribuya directamente al logro de los Objetivos 5, 10 y 16.
21.Difusión (párrafo 48)
Portugal tradujo las observaciones finales, las difundió por las principales vías y las envió a las principales partes interesadas.
22.Asistencia técnica (párrafo 49)
En el contexto de la asistencia técnica internacional, la CIG tiene la misión de participar en la labor de las organizaciones internacionales y sus órganos u organismos en la esfera de la igualdad entre mujeres y hombres, hacer seguimiento de la misma y colaborar con otros órganos nacionales con miras a defender las posturas de Portugal, informar sobre la situación nacional al respecto y promover el cumplimiento de los compromisos contraídos por Portugal a nivel internacional. Cabe destacar, entre otras cosas, las relaciones con la Unión Europea, la Unión por el Mediterráneo, el Consejo de Europa, la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, Iberoamérica y las Naciones Unidas.
Cabe mencionar también la alianza con Noruega, Islandia y Liechtenstein en el marco del mecanismo financiero del Espacio Económico Europeo para 2014-2021, sobre la calidad de los Estados donantes. La CIG gestiona los programas del ámbito programático de la reconciliación y la igualdad, que cuenta con una asignación total de 7 millones de euros. Mediante este programa se financiarán proyectos estructurales innovadores para todo el país en las esferas de la conciliación de la vida profesional, familiar y personal, la violencia doméstica y de género y la buena gobernanza, de conformidad con la ENIND.
23.Ratificación de otros tratados (párrafo 50)
Desde 2014, Portugal ha ratificado los siguientes instrumentos: Acuerdo Europeo relativo a las personas que participan en procedimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; Sexto Protocolo del Acuerdo General sobre Privilegios e Inmunidades del Consejo de Europa; Protocolo núm. 12 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; Protocolo Adicional del Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina sobre el Transplante de Órganos y de Tejidos de Origen Humano; Protocolo de enmienda al Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo; Protocolo Adicional del Convenio Penal sobre la Corrupción; Protocolo Adicional al Convenio Relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina sobre la Investigación Biomédica; Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo; Protocolo Adicional del Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina relativo a las Pruebas Genéticas con Fines Sanitarios; Tercer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Extradición; Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que entrañan amenazas para la salud pública; Protocolo núm. 15 de enmienda del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; Convenio del Consejo de Europa sobre la Manipulación de Competiciones Deportivas; Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra el Tráfico de Órganos Humanos; Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la Prevención del Terrorismo; Convenio del Consejo de Europa sobre un Enfoque Integrado de la Protección, la Seguridad y los Servicios en los Partidos de Fútbol y Otros Acontecimientos Deportivos; Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; Enmienda al artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.