También ha aumentado el número de mujeres que desempeñan cargos no tradicionales en la fiscalía. En 2016, 6 mujeres ascendieron a fiscal jefe, 13 a fiscal y 14 a teniente fiscal, lo que supone un aumento del 21,2%. El personal administrativo de sexo femenino, por su parte, se incrementó hasta alcanzar el 41%. En la Oficina del Fiscal General, el 49,2% de los empleados son mujeres, y en las fiscalías de distrito, el 36,2%. En 2017, todas las tenientes fiscales ascendieron a fiscales, de modo que el número de estas ascendió a 26. El mismo año, de los 5 nuevos tenientes fiscales designados, 2 fueron mujeres.

La dependencia de género del Ministerio de Información trabaja desde 2005 para que se institucionalicen las cuestiones de género, se adopten las políticas pertinentes, se revise el plan estratégico sobre los medios de comunicación y su legislación reguladora, en particular la Ley de las Publicaciones y la Difusión y la Ley de Medios Audiovisuales; se haga un seguimiento basado en el género de las políticas y los planes concernidos, especialmente los relacionados con la programación y la producción; se documenten los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por las fuerzas de la ocupación israelí contra las mujeres palestinas, y se presente una imagen positiva de esta y de sus logros en las esferas de la lucha, la construcción y el desarrollo. La dependencia citada apoya la producción de programas que visibilicen la aportación positiva de la mujer en todas las esferas; lucha por que la radio, la televisión y la prensa escrita no incluyan forma alguna de violencia y discriminación contra la mujer; reserva un espacio amplio a las cuestiones de género en la programación de las empresas radiofónicas y televisivas públicas y privadas; insta a que se licencien medios de comunicación dirigidos por mujeres y se publiquen obras sobre cuestiones que atañan a la mujer; vela por que los medios de difusión aborden esas cuestiones y su personal reciba la capacitación pertinente; informa a la mujer de sus derechos, le otorga iguales oportunidades de contratación, formación y empleo, visibiliza sus obras de creación y su espíritu empresarial, y la orienta mediante campañas informativas para promover su participación activa en todas las esferas, en particular como candidata y electora en los comicios. Además, se ha establecido una comisión técnica especializada que vela por que se aplique el Plan Estratégico para Combatir la Violencia contra la Mujer en los medios y se elabore un código de autorregulación para el tratamiento informativo de ese tipo de violencia.

El Ministerio de la Mujer ha establecido una dependencia de género en la Corporación de Radiodifusión Palestina y, para promover el discurso sensible al género en los medios de comunicación, ha constituido un equipo formado por 15 responsables de prensa de organizaciones de mujeres. También se ha impartido formación a todas las categorías del personal empleado en los medios de comunicación. En 2016 se estableció una red de medios de comunicación seguros y respetuosos con las cuestiones de género. Además, el ministerio y 17 medios de comunicación públicos y privados han suscrito un código ético para potenciar el papel que desempeñan en la defensa de las cuestiones de género.

El artículo 44 de la Ley del Niño tipifica como delito grave el matrimonio infantil forzado y lo considera un agravio al que no se debe someter al niño y una práctica peligrosa que pone en riesgo la integridad psicológica y física del menor. Según la Ley de Estatuto Personal, el matrimonio contraído bajo coacción probada se tendrá por nulo si de él no nacieron hijos. Como quedó dicho, los palestinos son unánimes en que debe elevarse la edad mínima para el matrimonio. El Gobierno está dialogando al respecto con las organizaciones de la sociedad civil.

Violencia por razón de género contra la mujer

El proyecto de Ley de Protección de la Familia frente a la Violencia define la violencia familiar como “el acto de violencia cometido por un miembro de la familia contra otro, así como el acto, la amenaza de sufrirlo o la coacción para cometerlo motivados por razones de índole sexual y que causen o puedan causar un daño psicológico, físico o sexual, con independencia del medio empleado y de que ello acontezca en el domicilio o fuera de él”. La misma ley define la violencia sexual como “la coacción mediante amenaza, engaño, intimidación o fuerza física para realizar actos de índole sexual, así como las insinuaciones sexuales en forma de expresión facial, acoso verbal, movimiento corporal o empleo de instrumentos”. Esta definición, por tanto, abarca la violación conyugal y el empleo de instrumentos. La ley citada prevé penas de prisión para quienes cometan esos delitos.

En relación con el feminicidio conviene señalar que se ha suspendido la aplicación de los artículos 18, 98 y 340 de la ley penal a la que se sujeta el territorio palestino ocupado, se ha impartido formación en la materia a los miembros de la carrera fiscal, se ha endurecido la tipificación legal de los delitos cometidos contra las mujeres, se han apelado o recurrido las sentencias para evitar que los acusados de esos delitos eludan la acción de la justicia o sean condenados a penas atenuadas, y se han vigilado de cerca los casos en que se declinó ejercer la acusación particular o sobrevino conflicto de intereses entre las partes. Los medios de difusión han alentado a las mujeres y a los proveedores de servicios a que denuncien los casos de violencia, y formadores y oficiales de enlace han recibido formación sobre cómo detectar, vigilar y denunciar los casos de violencia en los hospitales y las clínicas de atención primaria. En total, 67 médicos, enfermeros, matronas, asistentes sociales y psicólogos han recibido capacitación.

En relación con los servicios sanitarios conviene señalar que 5 hospitales y 11 direcciones de salud disponen de secciones de orientación familiar que, por conducto del sistema nacional de remisión, reciben y atienden a las mujeres víctimas de la violencia. Los demás hospitales y clínicas dispondrán de ese servicio, que es completamente confidencial, en 2018. También se ha elaborado y distribuido entre los proveedores de servicios una guía unificada sobre la atención que se presta en los centros sanitarios públicos y privados a la mujer víctima de la violencia. Además, se han elaborado partes para informar de los casos de violencia de género, y se han impreso y distribuido en los centros hospitalarios y de atención primaria de la salud. Esos partes, que se cumplimentan con periodicidad diaria y mensual, están vinculados al sistema informático para facilitar la elaboración de informes nacionales anuales.

El proyecto de Decreto Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia se basa en las conclusiones de la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer. A solicitud de esta, el proyecto se remitió al Consejo de Ministros y a la Comisión de Armonización Legislativa, que lo revisará antes de su promulgación. La Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer también coordina y unifica las campañas de concienciación en la materia y propone la modificación de las leyes discriminatorias contra la mujer.

Los servicios de protección a la familia dependen orgánicamente del Ministerio del Interior, lo que garantiza la continuidad de su financiación. El establecimiento de esos servicios en la Franja de Gaza, sin embargo, está supeditado a que se concluyan las medidas de reconciliación. Respecto al acceso a la justicia, véase el apartado anterior correspondiente.

Conviene añadir que todas las direcciones disponen de orientadoras de la mujer que prestan servicios sociales, psicológicos y de asesoramiento a las víctimas de la violencia. En 2017, 319 mujeres se beneficiaron de esos servicios. Por otro lado, el personal de los centros de protección imparte en diversas regiones, gracias al proyecto WELOD3 (Women’s Empowerment and Local Development), sesiones de orientación jurídica y social a las internas víctimas de la violencia, a las mujeres en general y al alumnado universitario y no universitario. Por falta de recursos, el personal de esos centros se compone exclusivamente de asistentes sociales y abogados.

Las órdenes de protección no están reguladas en la legislación en vigor, lo que explica que no existan estadísticas al respecto. El proyecto de Decreto Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia prevé que la Dirección de Protección de la Familia y de los Jóvenes en Conflicto con la Ley, la fiscalía de familia, el juez de cercanías y el orientador competente puedan dictar esas órdenes a solicitud de la víctima, su representante, un pariente o un testigo. El quebrantamiento de una orden de protección se castigaría con penas de prisión de hasta un año y multa.

El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y las organizaciones de la sociedad civil prestan asistencia jurídica, médica y psicológica y servicios de rehabilitación a las mujeres víctimas de la violencia de género. La asistencia jurídica se abordó más arriba.

En 2017, las dependencias de asesoramiento y apoyo jurídico de Dura, Jenin y Yatta proporcionaron orientación social, psicológica y jurídica a 237 mujeres gracias al acuerdo suscrito con la Asociación de la Mujer Palestina Trabajadora en el marco del proyecto WELOD3. Cada mes, los centros de protección (Centro Mehwar, Casa de Acogida y Centro de Emergencias de Jericó) proporcionaron amparo, medidas de reinserción y de acogida y servicios sanitarios, psicológicos y jurídicos a aproximadamente 330 mujeres y niños; 118 mujeres recibieron asesoramiento jurídico y 12 se matricularon para completar su formación universitaria (1 de ellas se graduó en enfermería en el Modern University College). Gracias al proyecto WELOD3, las matriculadas en centros universitarios recibieron 200 euros mensuales de ayuda al estudio.

A continuación se presentan los datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer de que dispone la policía, desglosados por grupo de edad y número de denuncias.

Grupos de edad	Número de denuncias
10 a 15 años	184
16 a 20 años	423
21 a 25 años	413
26 a 30 años	352
31 a 35 años	191
36 a 40 años	186
41 a 45 años	131
46 a 50 años	116
51 a 60 años	97
61 años o más	50

Siguen los datos estadísticos de que dispone la justicia ordinaria.

Grupo	Casos de violencia de género resueltos por los tribunales de primera instancia en 2015	Casos de violencia de género resueltos por los tribunales de primera instancia en 2016
Litigantes de uno y otro sexo	3 745	2 908
Mujeres denunciantes	2 556	2 161
Mujeres acusadas	1 154	857
Condenados de uno y otro sexo	1 295	867
Mujeres absueltas	696	551
Mujeres condenadas	342	217

Como se indicó antes, el Organismo Central Palestino de Estadísticas es el responsable de la recopilación de la información. Actualmente se están adoptando medidas para establecer un observatorio de la violencia que también recopilará datos estadísticos desglosados por sexo.

La audiencia de evaluación con la mujer víctima de la violencia permite determinar la dificultad del caso y, si este reviste gravedad, previene su remisión a las comisiones de conciliación tribal. A esas audiencias comparecen representantes de la fiscalía, la policía, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social. La mediación se regula en el proyecto de Decreto Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia. Conforme a lo dispuesto en esa ley, se trata de una medida a la que solo puede recurrirse en los delitos menos graves y las faltas, siempre que no se trate de un caso de fornicación. La práctica de esa medida exige el visto bueno de las partes o de su representante legal, debe ser supervisada por la fiscalía y no excluye la posible incoación de una acción civil ante el órgano jurisdiccional competente. Si no se cumplen los requisitos exigidos para la mediación se procede a iniciar el procedimiento penal.

Se están adoptando medidas para suspender la aplicación del artículo 99 del Código Penal vigente en la Ribera Occidental y de su artículo equivalente en la Franja de Gaza, los cuales permiten aplicar circunstancia atenuante a los delitos cometidos contra las mujeres y las muchachas. También el proyecto de Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia endurece las sanciones previstas en la materia.

En relación con las medidas adoptadas para derogar las disposiciones del Código Penal que prevén el castigo de las dos partes implicadas en el incesto conviene señalar que, gracias a los procedimientos de trabajo unificados, ha cambiado el modo de tipificar la denuncia en la fiscalía. Ahora se tienen en cuenta los informes del asistente social y del psicólogo, la fecha de ocurrencia, la situación económica, la relación de poder, la potestad legal, la autoridad patriarcal y el conflicto de intereses si se declinó la acción. El proyecto de Ley de Protección de la Familia frente a la Violencia dispone también que el orientador de protección podrá interponer una denuncia en base a la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Se ha entregado al Consejo de Ministros, e incluido en su programa de trabajo, un memorando jurídico para derogar el artículo 308 del Código Penal en vigor en la Ribera Occidental. El Código Penal vigente en la Franja de Gaza no incluye un artículo similar. Para reducir la impunidad, la fiscalía pospone el sobreseimiento de la causa si el matrimonio se estableció sin su conocimiento; solicita un informe social al consejero de la mujer y el niño, y contacta con las instancias competentes para cerciorarse de que el nacido fue inscrito a nombre del padre y de que la víctima recibe alimentos. La fiscalía también contacta en esos casos con los tribunales de la sharía para comprobar que no se disolvió el matrimonio y, si se hizo, reanuda el procedimiento.

La Ribera Occidental dispone de los centros de protección que se describen a continuación. El Centro Mehwar, en Belén, depende del Ministerio de Desarrollo Social y proporciona protección y alojamiento sin coste alguno a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y a sus hijos, así como asesoramiento social y psicológico, seguimiento médico, asesoramiento y representación jurídicos, acciones de empoderamiento, en particular educativas, de capacitación y de generación de oportunidades de trabajo, y servicios de reinserción familiar y social. En 2017, el Centro Mehwar acogió y protegió a 87 mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos. El Ministerio de Desarrollo Social contrató los servicios de la Casa de Acogida de Naplusa entre 2008 y finales de 2017. Su presupuesto, que depende del número de mujeres acogidas, fue incluido por el ministerio en un macro proyecto desarrollado con la cooperación italiana, lo que permitió mejorar sus servicios, sufragar sus gastos corrientes y abonar los emolumentos de sus empleados. Actualmente dispone de un presupuesto de 100.000 euros anuales. En 2016, la Casa de Acogida de Naplusa atendió a más de 82 mujeres y a sus hijos. El Centro de Emergencias de Jericó, dependiente del Centro para el Asesoramiento Jurídico y Social a la Mujer, aloja a mujeres que han sido víctimas de la violencia por un máximo de un mes, salvo circunstancias excepcionales, y les proporciona servicios jurídicos y sociales. En 2016, el Centro de Emergencias acogió a 27 mujeres y sus hijos. Este centro, que también está incluido en el proyecto de la cooperación italiana, dispone de un presupuesto anual de 50.000 euros. A los anteriores se suma el Centro de Atención para Muchachas de Belén, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que atiende y aloja a muchachas menores de 18 años. Su labor está regulada por la Ley del Niño (núm. 7/2004) y sus modificaciones y por los procedimientos para la protección del niño, en particular las redes de protección del niño que supervisa la Dirección General de la Familia y el Niño (Ministerio de Desarrollo Social).

La Franja de Gaza dispone de dos centros: la Casa de Acogida y el Centro Hayat para la Protección y el Empoderamiento de la Mujer y de las Familias. El primero depende del Ministerio de Desarrollo Social, es el único organismo en la Franja que aloja a mujeres víctimas de la violencia y su presupuesto asciende a 321.240 sheqalim. En 2017, la Casa de Acogida atendió a 181 mujeres y 90 niños en su sección de acogida, y proporcionó asesoramiento social a más de 142 usuarias externas. El Centro Hayat, por su parte, depende del Centro de Investigaciones y Consultoría Jurídica para la Mujer de la Franja de Gaza, y su objetivo es proporcionar asesoramiento, protección y acogida a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Las circunstancias, sin embargo, han impedido que hasta la fecha pueda prestar servicios de protección (por tanto, presta a sus usuarios todo tipo de servicios salvo de acogida). El Ministerio de Desarrollo Social está intentando activar también este servicio.

En general, el Ministerio de Desarrollo Social reserva partidas presupuestarias para sufragar los costes de sus centros adscritos y abonar los servicios a los centros asociados. En 2016 destinó 120.000 sheqalim a la atención, capacitación y habilitación profesional de las mujeres víctimas de la violencia y la explotación, y 162.000 sheqalim a acogerlas en sus centros adscritos y abonar los servicios prestados por otros centros especializados autorizados. A la financiación proporcionada por ese ministerio se suma el apoyo económico que reciben los ministerios pertinentes de proyectos como IRADA, “Apoyo a la institucionalización de la integración de la perspectiva de género y el empoderamiento de la mujer” y el proyecto canadiense de apoyo a la capacitación, la concienciación, los centros de protección, el desarrollo de la legislación, la aplicación de la Convención y la creación de una base de datos.

La labor de los centros de protección se rige por dos normas: el Reglamento de los Centros de Protección (núm. 9/2011) y el Reglamento del Sistema Nacional de Remisión de 2013, que se basa en el primero. Por otro lado, se ha instituido un equipo responsable del sistema nacional de remisión y se ha elaborado un manual detallado de procedimientos (que define adecuadamente los perfiles laborales y evita la duplicación de funciones), un plan operativo cuatrienal y un plan de aplicación para 2018. La labor de los centros de protección se ciñe a esos procedimientos y a los mecanismos previstos, en particular al celebrar audiencias de evaluación, remitir casos a los organismos pertinentes y desplegar medidas de reintegración. El Centro Mehwar, que está supervisado por el Ministerio de Desarrollo Social, ha celebrado 94 de esas audiencias con mujeres víctimas de la violencia. Con la colaboración del Ministerio de la Mujer y el Centro de Asesoramiento y Asistencia Jurídica para la Mujer se han constituido en todas las zonas redes de protección que facilitan la coordinación y la remisión.

Trata de personas

El Estado de Palestina está desarrollando mecanismos de prevención y de lucha contra la trata de personas. Se está diseñando una base de datos que principalmente permitirá compilar, estudiar y analizar la información relativa a los casos de trata. También se ha establecido en el marco del Programa Nacional contra la Droga y la Delincuencia y para el Fomento de la Justicia Penal un equipo nacional encabezado por el Ministro de Justicia cuya misión es prevenir y combatir la trata de personas. El equipo está actualmente en proceso de institucionalización y su primer cometido será elaborar una ley palestina para la prevención y la represión de la trata de personas.

La Comisión de Armonización Legislativa está examinando el proyecto de Código Penal para comprobar que se ajuste a las normas y los instrumentos internacionales antes de que se proceda a su aprobación definitiva. El proyecto de Decreto Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia, por su parte, define la trata de personas como "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos". Según el artículo 36 del proyecto de Decreto Ley, el que cometiere un acto de trata de personas será castigado con la pena de entre 7 y 20 años de prisión y multa de entre 20.000 y 40.000 dinares. El monto de la multa ascenderá al beneficio obtenido del delito si este superara la cantidad anterior. Esas penas se verán agravadas si la trata tuviere fines de explotación sexual. El Decreto Ley aclara que cuando la víctima de un acto de trata de personas, con independencia de su tipo, fuere una mujer o muchacha, el consentimiento será irrelevante. En todos los casos, si la víctima es un niño, su consentimiento o el de su responsable o tutor será irrelevante.

El mes pasado, el Estado de Palestina se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y a la Red Árabe contra la Trata de Personas. El Ministerio de Justicia palestino ha participado en las actividades desarrolladas en esta esfera por la Liga de los Estados Árabes, inclusive en la elaboración del Protocolo Árabe que complementa el Convenio Árabe contra la Trata de Personas en la Región Árabe.

La trata de personas no está explícitamente tipificada como delito en la legislación en vigor. Las denuncias, por tanto, no se registran en ese concepto y resulta difícil estimar el número de casos acaecidos. Para solucionar el problema se está desarrollando una base de datos y se promulgará su ley reguladora.

Las medidas adoptadas y los mecanismos nacionales establecidos para proteger a las mujeres y las niñas víctimas de la trata demuestran que los cargos con capacidad decisoria y la sociedad en general son conscientes de la gravedad de ese delito y de la necesidad de combatirlo. Se ha difundido la definición jurídica internacional de la trata en los organismos públicos y entre los responsables de la formulación de políticas para promover una perspectiva que, en aras del desarrollo, considere los elementos constitutivos de ese delito y su vinculación con la pobreza, ya que esta propicia el crimen y socava la integridad y la seguridad en el seno de la sociedad.

Las medidas con que el Ministerio de Desarrollo Social protege y ayuda a las mujeres víctimas de la violencia abarcan también a las mujeres y las muchachas víctimas de la trata. Los centros de protección las atienden y les prestan todo tipo de servicios, siempre que ellas lo demanden y respeten sus prácticas y políticas. Numerosas mujeres víctimas de la explotación y la trata han recibido protección y atención y se han reintegrado a la sociedad.

Participación en la vida política y pública

Hasta la fecha no se han celebrado elecciones presidenciales, legislativas o para los órganos de la OLP. En las elecciones locales de 2017, 1.770 de los 6.738 candidatos fueron mujeres (el 26%), y 751 de las 3.543 personas electas (el 21%). De las 8 mujeres que se postularon para presidir los consejos locales, 4 fueron elegidas. Como se señaló más arriba, el Consejo Central Palestino aprobó el establecimiento de mecanismos que hicieran efectiva su decisión de lograr, como mínimo, una representación del 30% de mujeres en todos los organismos del Estado de Palestina y armonizar la legislación con las disposiciones de la Convención. El Consejo también elaboró un documento de políticas con el objetivo de incrementar la cuota de género hasta el 30% para que las mujeres puedan participar en la adopción de decisiones.

La Estrategia Intersectorial para la Igualdad y la Equidad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 2017 a 2022 se basa en la Agenda de Políticas Nacionales para ese período e incluye objetivos y políticas orientados a incrementar hasta el 30% la participación de la mujer en la vida pública, así como medidas para promover su acceso a los cargos decisorios, fomentar la concienciación sobre la importancia de su representación en los organismos públicos y en las entidades privadas, e introducir las modificaciones necesarias en la legislación pertinente.

Educación

Existe la voluntad política de integrar conceptos y cuestiones de género en los nuevos libros de texto. Para ello se han adoptado diversos criterios, como que sus contenidos e ilustraciones no diferencien entre los sexos y subrayen cuán importante y efectiva es la función social de la mujer y su participación en la vida política y pública y en los cargos directivos. Los nuevos manuales se encuentran actualmente en fase de prueba y podrían modificarse tras el análisis exhaustivo del que están siendo objeto. El Centro de Elaboración de Planes de Estudio introducirá los cambios pertinentes que resulten necesarios.

Para reducir el analfabetismo, el Estado de Palestina está habilitando nuevos centros escolares, en particular en las zonas marginadas y aisladas, y también aulas de alfabetización en todas las provincias. Esas medidas han mejorado la tasa de alfabetización en el Estado. Según el Organismo Central Palestino de Estadísticas, en 2016 las tasas de analfabetismo, desglosadas por grupos de edad, eran las siguientes: entre las personas de 15 años o más, el 3,1% (solo 90.000 personas, el 1,4% de los hombres y el 4,8% de las mujeres); entre las personas de edad (65 años o más), el 34,8%; entre las personas de 45 a 64 años, el 4%; entre las personas de 30 a 44 años, el 1,2%, y entre los jóvenes de 15 a 29 años, el 0,7%.

La tasa de analfabetismo era del 4,4% en las comunidades rurales, el 3% en los campamentos y el 2,8% en las zonas urbanas. La mayor tasa de analfabetismo entre los varones se registró en las comunidades rurales, seguidas de las urbanas y de los campamentos. La tasa de analfabetismo femenino era, sin embargo, más elevada en las comunidades rurales, seguida de los campamentos y las zonas urbanas. En 2016 se inscribieron en las aulas de alfabetización más mujeres que hombres (1.293 y 797, respectivamente).

Ningún obstáculo legal impide a las mujeres jóvenes casadas hacer efectivo su derecho a la educación. Las direcciones de educación del Ministerio de Educación y Enseñanza Superior garantizan y vigilan la efectividad de ese derecho. El proyecto de Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia aborda la cuestión y castiga todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer.

Ningún obstáculo legal impide a las muchachas matricularse en la especialidad que deseen, siempre que hayan obtenido las calificaciones exigidas. Téngase en cuenta que en los centros de educación superior la tasa de matriculación femenina es más alta que la masculina en la mayoría de las especialidades. El Ministerio de Educación y Enseñanza Superior trabaja para concienciar a la opinión pública sobre la importancia de que las muchachas se inscriban en todas las especialidades, tanto en las científicas como en las de humanidades. Con ese fin, el Ministerio ha habilitado centros que imparten formación aplicada a los alumnos egresados del ciclo de educación secundaria general, también algunos para muchachas, como el Palestine Technical College de Ramallah. A modo de incentivo, la Comisión para la Educación Superior exime total o parcialmente de las tasas de matrícula a los alumnos que se inscriban en especialidades científicas.

Para reducir el hacinamiento, el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior ha construido centros femeninos de enseñanza secundaria, en particular en los campamentos. El principal criterio para considerar que un centro está masificado es que la superficie asignada a cada alumno sea inferior a 1,2 m². El sistema de doble turno no es un problema importante, pues solo afecta a 4 escuelas en Al-Khalil, 2 en Ramallah, 1 en Yenín y 1 en Belén. Con todo, se habilitarán nuevas escuelas para resolverlo.

La Franja de Gaza sufre agresiones y ataques repetidos. La mayoría de sus edificaciones han sido destruidas y no queda en ella lugar seguro. Como consecuencia, solo se puede residir en los edificios que han permanecido intactos o que solo han sufrido daños parciales, como las escuelas. Israel, la potencia ocupante, ha impuesto un bloqueo a la Franja de Gaza e impide la entrada de materiales para edificar y rehabilitar inmuebles y construir refugios. Pese a ello, las 187 escuelas dañadas en el último ataque contra la Franja de Gaza han sido reconstruidas y reequipadas.

A continuación figuran las tasas de deserción escolar correspondientes al curso académico 2015-2016.

	Educación primaria (%)		Educación secundaria (%)		Todas las etapas (%)
Zona	Varones	Mujeres	Ambos sexos	Varones	Mujeres	Ambos sexos	Varones	Mujeres	Ambos sexos
Ribera Occidental	1,04	0,31	0,68	1,79	1,18	1,44	1,12	0,43	0,77
Franja de Gaza	1,55	1,62	1,59	0,70	1,04	0,88	1,46	1,55	1,51

Si bien esas tasas no son elevadas, el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior hace grandes esfuerzos para reducirlas y solventar sus efectos, ha organizado programas de tutorías, ha realizado un seguimiento a los alumnos desertores y ha introducido programas paralelos de formación y alfabetización. Para erradicar el fenómeno, el Ministerio, entre otras cosas, ha habilitado nuevas escuelas, secciones docentes en zonas aisladas, en particular centros femeninos, y caravanas escuela para beduinos nómadas, y ha dirigido a los alumnos incorporados al mercado laboral a la Red de Protección de la Infancia para reducir el trabajo infantil y concienciar a los afectados de su derecho a la educación. El Ministerio también ofrece programas de integración escolar para niños con discapacidad.

El programa de educación paralela está dirigido a alumnos que, tras completar entre 5 y 6 años de educación primaria, abandonaron la escuela para incorporarse al mundo laboral. Los alumnos que concluyan dos cursos académicos en ese programa pueden presentarse al examen final y, si lo superan, reciben una certificación de nivel equivalente a 9º de primaria. De los 277 alumnos inscritos en centros educativos paralelos en el curso 2013-2014, 144 (el 51,99%) eran varones y 133 (el 48,01%) mujeres.

El Ministerio de Desarrollo Social dispone de aproximadamente 26 programas de formación profesional para jóvenes que abandonaron el sistema educativo, personas con discapacidad y miembros de colectivos marginados. Esos programas se imparten en 7 centros de la Ribera Occidental y 12 de la Franja de Gaza.

La salud reproductiva se aborda en los libros de texto de 1º a 10º curso. Los planes de estudio de la asignatura de biología de 11º y 12º cursos incluyen una unidad de salud sexual con contenidos apropiados a la edad del alumnado. Los derechos humanos también se han integrado en los planes de estudio considerando la edad del alumnado.

Empleo

Con arreglo a la Agenda de Políticas Nacionales 2017 a 2022 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, la lucha contra el desempleo, causa de la pobreza y la marginación económica y social, constituye la principal prioridad estratégica para el sector en ese período. Las políticas ejecutivas han creado un entorno propicio para el empleo de los jóvenes, las mujeres y los grupos marginados, así como para la promoción del emprendimiento y de las pequeñas y microempresas, la forja de asociaciones laborales creativas entre los sectores público y privado, y la provisión de mano de obra de sexo femenino cualificada y capaz de satisfacer las necesidades del mercado laboral. Sin embargo, persisten grandes diferencias en las tasas de participación en la mano de obra de hombres y mujeres, tanto en la Ribera Occidental como en la Franja de Gaza. Según el Organismo Central Palestino de Estadísticas, en 2017 la tasa de participación y la tasa de desempleo entre los varones eran respectivamente el 71,2% y el 22,3%, y entre las mujeres, el 19% y el 47,4%.

A fin de garantizar el empoderamiento económico de la mujer, el Fondo Palestino para el Empleo y la Protección Social ha ejecutado tres proyectos de préstamo y autoempleo encaminados a promover la puesta en marcha de microempresas. De las 809 beneficiarias de esos proyectos, el 50,56% reside en la Franja de Gaza y el 49,44%, en la Ribera Occidental. Se está preparando también la ejecución en 2018 de otros tres proyectos de los que se espera que se beneficien 5.000 mujeres (el 50% en la Ribera Occidental y el 50% en la Franja de Gaza). El Ministerio de Trabajo, el Banco de Palestina y el Banco Nacional de la Ribera Occidental han suscrito dos memorandos para la financiación sin intereses de microempresas; del primero, dedicado a las mujeres con discapacidad, se beneficiaron 16 mujeres, y del segundo, 18. La Estrategia del Sector Laboral y el Programa de Trabajo Decente tienen como objetivo principal ayudar a las sociedades cooperativas que promuevan empresas y proyectos de emprendimiento sostenibles para mujeres o trabajadores de uno y otro sexo, e incrementar su cantidad y calidad y, con ellas, las oportunidades de empleo y emprendimiento.

Las universidades palestinas colaboran actualmente con el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior para mejorar las tasas de empleo femeninas y asegurar que la formación académica, en particular la de las mujeres, se ajuste a las necesidades del mercado de trabajo. El Ministerio de Trabajo imparte formación en numerosas profesiones no estereotipadas (dibujo arquitectónico, topografía, delegaciones de ventas, mantenimiento de equipos electrónicos, computadoras y redes, y mecánica del automóvil). Entre las medidas especiales adoptadas para posibilitar el ingreso de la mujer con discapacidad en el mercado de trabajo conviene señalar la impartición de un curso específico de orientación laboral y técnicas de búsqueda de empleo en el que participaron 43 mujeres con discapacidad demandantes de empleo. Las personas con discapacidad también han recibido asesoramiento sobre cómo solicitar puestos adecuados a sus cualificaciones y aptitudes, en un intento de armonizar la oferta y la demanda en el mercado laboral. A principios de 2018, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y ONU-Mujeres, puso en marcha un programa conjunto en el marco del Programa de Trabajo Decente. El programa busca proporcionar a la mujer iguales oportunidades económicas y de acceso al trabajo decente y proteger sus derechos laborales promoviendo la legislación, las políticas de igualdad y los programas de dinamización del mercado laboral.

El monto del salario mínimo se fijó en la resolución del Consejo de Ministros núm. 14/21/01/MW/SF (2012). Pese a la labor desarrollada por la Inspección de Trabajo, organismo ya referido y que se examinó en el informe preliminar, la escasez de recursos en el Ministerio de Trabajo dificulta la vigilancia del debido cumplimiento de esa normativa. Las limitadas oportunidades de empleo pueden obligar a las trabajadoras a aceptar el salario que les imponga el empleador, incluso si está por debajo del salario mínimo. Por otro lado, numerosas mujeres trabajan en empresas familiares, sin contrato y sin salario fijo.

Actualmente no existe una base de datos sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, lo que se explica porque las trabajadoras no reconocen abiertamente que se producen esas situaciones. En los últimos tres años, una comisión técnica del Ministerio de Trabajo se ha ocupado de revisar la legislación laboral de forma exhaustiva, en particular desde una perspectiva de género. Durante la revisión se aclararon y analizaron ciertas normas y excepciones, y se subrayó la necesidad de tipificar la violencia en el lugar de trabajo, incluido el acoso sexual. El proyecto de Ley de la Protección de la Familia frente a la Violencia también tipifica el acoso sexual intrafamiliar, ya que muchas mujeres que trabajan en empresas familiares son vulnerables a él.

La Ley del Trabajo no prevé que los centros de trabajo incorporen servicios de guardería, aunque concede 70 días de licencia remunerada por maternidad, una hora diaria de lactancia durante un año y la posibilidad de gozar de una licencia no remunerada por cuidado de hijos. Aunque aún no hay guarderías públicas, las privadas se han extendido por numerosos lugares para que las madres puedan dejar a los hijos a su cuidado en emplazamientos cercanos al lugar de trabajo.

La resolución del Consejo de Ministros número 2/2013, por la que se regula el servicio doméstico, carece de mecanismos de aplicación adecuados. La resolución del Consejo de Ministros número 14/2003, por la que se regula el trabajo nocturno de la mujer, permite a la trabajadora ejercer numerosos empleos en ese horario, por ejemplo en hoteles, restaurantes, teatros, cafés, cines, salas de conciertos, aeropuertos, aerolíneas, oficinas de turismo, hospitales, hospitales, dispensarios médicos, farmacias, medios de comunicación, residencias de ancianos, guarderías infantiles, orfanatos, centros para personas con discapacidad y locales comerciales, así como con ocasión de las fiestas religiosas y de la elaboración de inventarios anuales, presupuestos y liquidaciones, para evitar un daño cierto a la empresa y en situaciones de emergencia sobrevenida, con el permiso del Ministerio. En tales casos, el empleador deberá garantizar la seguridad y el transporte de sus empleadas.

Salud

Las mujeres y las niñas tienen acceso a servicios de salud reproductiva a precios simbólicos. La atención durante el embarazo y el puerperio y la detección y el tratamiento tempranos del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino son gratuitos. Los servicios de planificación familiar y los anticonceptivos son prácticamente gratuitos. El resto de servicios de atención de la salud se prestan sin coste alguno a las beneficiarias del seguro médico público. Una resolución del Ministro de Salud obliga a que la mujer víctima de la violencia reciba sin coste alguno un informe médico, y se está elaborando otra que la exima de cualquier honorario médico. Los centros de salud de todo el país han emitido mensajes audiovisuales sobre los servicios disponibles para las mujeres víctimas de la violencia.

A finales de 2016, los hospitales del Ministerio de Salud disponían de 502 camas para pacientes de obstetricia y ginecología. Se han ejecutado campañas de concienciación sobre la salud materna e infantil, se han dado a conocer los servicios de atención prenatal y reproductiva, se ha elaborado una guía informativa para la educación sanitaria y la promoción de la salud destinada a las trabajadores sociales, se ha ejecutado el convenio Pulso Electrónico de la Vida, se han colocado en el sitio web del Ministerio de Salud las publicaciones y la guía para casadas jóvenes, se han puesto en marcha el servicio de embarazos de alto riesgo en los centros de atención primaria, se ha creado una versión electrónica del folleto Madre e hijo, y se han equipado 77 clínicas de atención primaria en Cisjordania y 17 en la Franja de Gaza con material informático y medios humanos.

Para mejorar la vigilancia, la identificación de las causas de muerte y los servicios, las instituciones públicas y privadas y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) han elaborado un cuestionario y establecido un mecanismo de notificación de la mortalidad materna conectado informáticamente. El personal, en particular los directores de los departamentos de obstetricia y ginecología y las parteras, han recibido capacitación sobre cómo cumplimentar ese cuestionario y sobre el mecanismo de notificación. También se ha ejecutado un programa de atención a las pacientes en riesgo de muerte prenatal y perinatal. Los hospitales públicos, por su parte, han establecido un protocolo de atención obstétrica y ginecológica y han impartido formación sobre el mismo (más adelante se hará lo propio en los centros hospitalarios privados y en los centros de atención primaria de la salud). Con ese protocolo se pretende mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva y reducir la mortalidad materna.

A continuación se describen las medidas adoptadas para mejorar la calidad de los servicios de atención sanitaria. Se ha suministrado y mantenido el equipamiento necesario, y se ha impartido al personal formación sobre su uso. Los trabajadores del departamento de obstetricia y ginecología han recibido formación sobre el control de infecciones en los pabellones obstétricos. La atención postnatal ha permitido detectar y tratar complicaciones. Los servicios de salud reproductiva han proporcionado atención postaborto. Las clínicas han realizado exámenes clínicos de mama y mamografías para detectar y combatir el cáncer de mama, han derivado a las posibles pacientes para que reciban tratamiento y han realizado una labor de divulgación comunitaria sobre cómo realizar autoexámenes de mama y sobre la importancia de los exámenes de seguimiento que se realizan en los centros de salud. Además, se han suministrado equipos de mamografía digital y tratamientos contra las enfermedades de transmisión sexual, también contra el VIH/sida.

A continuación se describen las dificultades a las que se enfrenta el Estado en esta esfera. En las zonas aisladas y marginadas son escasos los centros sanitarios, y los hospitales y centros de salud sufren la falta de personal médico, especialmente de parteras, y de algunos equipos e instrumentos necesarios para prestar servicios de salud general y salud reproductiva. Los servicios sanitarios, en particular los de salud sexual y reproductiva, carecen de financiación suficiente. Los puestos de control militar impuestos por la ocupación israelí dificultan el acceso de las mujeres y las muchachas a los centros de servicios, por lo que pueden terminar dando a luz en el automóvil o el puesto de control. Los grupos vulnerables y marginados carecen de saneamiento y no disponen de viviendas adecuadas. La población sufre la pobreza y el empeoramiento de las condiciones de vida.

Según el Informe Anual sobre la Salud en Palestina 2016, el 99,2% de los partos fueron supervisados por un médico y la tasa de mortalidad materna disminuyó a 13,8 por cada 100.000 nacidos vivos.

Muy raramente se practican abortos de embarazos ilícitos (fruto de la violación o la fornicación). El procedimiento se inicia a instancias de la fiscalía y la Oficina del Gran Muftí de Palestina debe autorizarlo mediante una fetua. En caso de malformación fetal grave, una comisión médica especializada debe autorizar el aborto con sujeción a lo dispuesto en la legislación vigente.

El Ministerio de Salud proporciona servicios de planificación familiar y casi cualquier tipo de anticonceptivo. La lista de medicamentos básicos del Ministerio incluye los anticonceptivos. El protocolo de planificación familiar se ha actualizado de conformidad con las normas de la Organización Mundial de la Salud. Se ha instruido al personal sanitario en esas normas para reducir los casos de embarazo no deseado.

Mujeres del medio rural

La participación de la mujer en las labores agrícolas no ha aumentado porque la mayor parte de las tierras agrícolas de Palestina están bajo el control de la ocupación israelí (el 62,9% se encuentran en la zona C y en zonas adyacentes a la frontera en la Franja de Gaza). La falta de datos precisos sobre la participación de la mujer en las labores agrícolas se debe a que más del 60% de esas mujeres trabajan en empresas familiares y no reciben remuneración. Esta situación dificulta que las propias mujeres del medio rural o el Órgano Central de Estadística puedan estimar su número. Los agricultores de uno y otro sexo se enfrentan también a otras dificultades, como los obstáculos que les impone la ocupación, la fluctuación de las precipitaciones, el cambio climático, el desinterés de los jóvenes por la agricultura y su orientación hacia otro tipo de empleos.

Como se aclaró más arriba, los servicios sanitarios que presta el Ministerio de Salud abarcan también a las mujeres del medio rural. El Ministerio ha incluido la salud reproductiva, la atención prenatal y la planificación familiar entre los servicios que prestan los centros de atención primaria como medida de discriminación positiva. La atención materno-infantil depende también de esos centros, lo que facilita el acceso a ella en las zonas marginadas y aisladas.

La mayoría de los servicios agrícolas y de la capacitación en la materia que reciben las mujeres del medio rural depende del Programa de Desarrollo Rural y del Programa de Servicios Agrícolas. Esas medidas están orientadas a la acción humanitaria o el desarrollo y se conceden a pequeños proyectos generadores de ingresos destinados a personas pobres o con ingresos limitados. Sin embargo, no abarcan la construcción de infraestructuras, en particular eléctricas y de saneamiento. Los proyectos para la construcción de sistemas de distribución de agua y pozos siguen siendo únicamente accesibles a los agricultores varones, ya que son ellos, y no las mujeres, quienes mayoritariamente son los propietarios de los terrenos. Conviene señalar que los gravámenes impuestos a esos servicios se han incrementado y que la ocupación israelí prohíbe el uso de los pozos y obstaculiza su perforación y equipamiento y la ejecución de proyectos de saneamiento.

No existen programas específicamente dedicados al fomento de la capacitación tecnológica y a la educación de adultos. Ese tipo de acciones se incluyen en los programas de desarrollo rural y de desarrollo agrícola, que abarcan la gestión sostenible de los recursos naturales agrícolas, en particular la restauración de terrenos, el suministro de agua, la adaptación al cambio climático, el control de la producción y la garantía de la competitividad en el mercado. El Programa de Promoción de los Servicios Agrícolas se ocupa de vigilar los daños, restaurar los terrenos, mejorar la calidad de las semillas y, con la aprobación previa de las autoridades de ocupación israelíes, perforar pozos. El objetivo de todo ello es fortalecer la resiliencia de los agricultores y las agricultoras. El Gobierno no se ocupa del transporte de las cosechas: ese servicio depende de operadores privados.

El Instituto de la Seguridad Social se estableció en 2017. En 2018 se seleccionó y capacitó a personal cualificado para que procediera a aplicar el Decreto Ley de la Seguridad Social. En general, nada impide que se beneficien de la Ley de la Seguridad Social los empleados del sector privado que cumplan los requisitos exigidos (en particular, que estén contratados, tengan ingresos constantes, puedan abonar cotizaciones fijas y hayan cumplido los años de servicio requeridos).

Se estima que en 2014 y 2015 no más del 1,1% de las mujeres del medio rural eran beneficiarias del Fondo de Prevención de Riesgos y Seguros Agrícolas, y en 2016 y 2017, no más del 2%. Téngase en cuenta que para percibir esas indemnizaciones es requisito ser propietario o tenedor de terrenos agrícolas y, en la mayoría de los casos, las mujeres trabajan en empresas agrícolas familiares o de terceros, pero no son propietarias.

Grupos de mujeres desfavorecidas

El artículo 22 de la Ley Fundamental dispone lo siguiente: "1. Una ley regulará el seguro social y de salud y las pensiones de invalidez y jubilación. 2. Las familias de los mártires y los reclusos, los heridos, los perjudicados y las personas con discapacidad serán atendidas con arreglo a la ley. La Autoridad Nacional les proporciona servicios educativos y seguro sanitario y social". Las reclusas y sus familias reciben, en aplicación de la Ley de Reclusos y Excarcelados (núm. 19/2004), servicios de rehabilitación y asistencia jurídica y financiera, y disfrutan, ellas y sus hijos, de oportunidades educativas. La reclusa, hasta transcurridos tres años desde su puesta en libertad, está exenta del pago de tasas de matrícula en los centros educativos y universitarios públicos, y tiene reserva de plaza considerando los años de reclusión y su nivel académico. Estos servicios se extienden a las reclusas con discapacidad y a las que presente alguna discapacidad causada por el conflicto. Según las estadísticas de la Dirección General de las Personas con Discapacidad en la Franja de Gaza, 291 mujeres presentan una discapacidad permanente causada por la ocupación israelí y por las sucesivas guerras que han tenido lugar en la zona.

En la Ribera Occidental se está mejorando la coordinación con las organizaciones de personas con discapacidad, en particular con las que se ocupen de asuntos que atañan a la mujer. Para preparar la formulación de una estrategia nacional intersectorial sensible a las cuestiones de género y a los problemas de las personas con discapacidad se realizó un taller en el que participaron varias organizaciones concernidas. También participaron varias organizaciones de personas con discapacidad en los talleres preparatorios para el Plan Estratégico Intersectorial del Ministerio 2017 a 2022.

El Plan Estratégico para Combatir la Violencia contra la Mujer 2011 a 2019 aborda específicamente cuestiones relativas a la mujer con discapacidad y subraya la necesidad de que se forme a personal especializado que atienda a la mujer con discapacidad víctima de la violencia, se establezcan centros específicos para mujeres con discapacidad mental víctimas de la violencia, se conciencie sobre los derechos de esas mujeres y se rechace la violencia.

El Ministerio de Desarrollo Social proporciona a las mujeres con discapacidad asistencia en efectivo y en especie, seguro médico a las familias registradas que cuenten entre sus miembros a personas con discapacidad, y exenciones aduaneras. Gracias al programa de préstamos de los Emiratos Árabes Unidos se ha empoderado a esas personas y se les han suministrado dispositivos asistenciales. El Centro Sheikh Khalifa de Naplusa y el Centro Sheikha Fátima de Beit Ummar presta servicios de habilitación profesional. El Centro Casablanca en Salfit aloja a niños con discapacidad.

El Ministerio de Desarrollo Social ejecuta proyectos de empoderamiento de la familia que se suman a sus programas de transferencia de efectivo. Desde 2007 se han ejecutado 14.000 de esos proyectos (el 62% para hombres y el 38% para mujeres). El Ministerio también dispone de programas de protección social en la Ribera Occidental y en la Franja de Gaza encaminados a aliviar la carga económica que pesa sobre las familias encabezadas por mujeres, las amas de casa de 60 o más años y las viudas amas de casa jóvenes (15 a 29 años). Cada tres meses, esas familias reciben seguro médico, asistencia alimentaria y asistencia en efectivo.

La Fundación para la Atención a las Familias de los Mártires y los Heridos proporciona a las familias beneficiarias ayudas en efectivo y en especie y, en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y gracias al seguro médico gubernamental, atención médica en el país y en el extranjero. Además, proporciona educación básica y universitaria gratuita a los hijos y las cónyuges de los mártires y a los hijos de los heridos y los damnificados, en coordinación con el Ministerio de Educación y Enseñanza Superior y las universidades nacionales; trata de obtener becas internacionales para alumnos con sobredotación y proporciona servicios de habilitación, capacitación profesional y apoyo psicológico a los heridos, a los familiares de los mártires y a los damnificados.

Es necesario señalar que Israel, la potencia ocupante, ocupa todo el territorio palestino, no solo algunas partes de él. Las prácticas ilegales perpetradas sin cesar por la ocupación israelí, sus reiterados ataques contra el pueblo palestino, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las agresiones y la violación del derecho a la vida han privado a numerosas mujeres y muchachas de sus hijos y sus maridos. Como se explicó en el informe preliminar, no existe discriminación entre palestinos refugiados y no refugiados en relación con el acceso al derecho a la educación, el empleo y la salud. El Departamento para los Refugiados de la OLP, en coordinación con el OOPS, vela por los derechos de sus beneficiarios en los campamentos, por que se normalicen sus condiciones de vida y por que tengan acceso a servicios.

Las 252 escuelas del OOPS, bajo la supervisión del Ministerio de Educación y Enseñanza Superior, proporcionan educación gratuita a más de 240.400 alumnos de uno y otro sexo en la Franja de Gaza. En la Ribera Occidental, los servicios educativos que proporciona el OOPS solo abarcan hasta la educación secundaria obligatoria, por lo que los alumnos de bachillerato deben matricularse en institutos públicos. El OOPS gestiona 99 centros educativos que atienden a más de 50.000 alumnos y 2 centros de capacitación profesional que forman a más de 1.400 alumnos en oficios relacionados con el comercio y la industria.

No existe discriminación entre refugiados y no refugiados en la esfera de la incorporación al mercado de trabajo. Los programas de formación profesional del OOPS y de las asociaciones especializadas están exclusivamente destinados a los hijos de los refugiados, otorgan diplomas de grado y tienen la consideración de centros comunitarios de enseñanza superior. El Departamento de Microfinanciación del OOPS proporciona préstamos y servicios financieros complementarios a las familias, los emprendedores y los propietarios de empresas pequeñas, también a mujeres y jóvenes. Los refugiados reciben atención de la salud del Ministerio de Salud y de los centros sanitarios dependientes del OOPS. El programa de salud del OOPS también proporciona a los refugiados servicios integrales, preventivos y terapéuticos, de atención primaria de la salud.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) en el Territorio Palestino Ocupado también ayuda a atender las necesidades humanitarias y a hacer frente a la ocupación israelí, a los desastres naturales y a los fenómenos meteorológicos extremos.

En relación con la situación de las mujeres y las muchachas detenidas conviene señalar que la legislación palestina en vigor previene que las personas bajo custodial policial o recluidas en centros penitenciarios vivan en condiciones inadecuadas. Como se señaló en el informe preliminar, las leyes nacionales regulan las condiciones sanitarias y de vida de las mujeres y las muchachas en los centros penitenciarios y les dispensan un trato especial. Las reclusas, por ejemplo, pueden tener una comunicación más intensa con el exterior y recibir dos visitas semanales con contacto directo y llamadas telefónicas regulares. La Administración Penitenciaria les suministra todo tipo de artículos de aseo, atiende a las necesidades de los nacidos en prisión, proporciona a las reclusas y a sus hijos, entre otras cosas, vestido y tratamiento médico, y les permite completar su educación y participar en actividades culturales y deportivas.

En julio de 2017 se publicó la Guía de procedimientos operativos unificados para los servicios sanitarios penitenciarios, cuyo objetivo es asegurar que los reclusos tengan acceso a la atención de la salud, empoderar al personal penitenciario y darle a conocer su función, sus responsabilidades y su competencia en esta esfera. La guía incluye numerosas directrices relativas a las reclusas. Con el apoyo de ONU Mujeres y en el marco del proyecto "Seguridad y justicia para el pueblo palestino", que trata de promover el estado de derecho en el territorio palestino ocupado, la Administración Penitenciaria ha adoptado medidas encaminadas a proteger los derechos de las reclusas en los centros penitenciarios y, entre otras cosas, les ha prestado apoyo psicológico, ha organizado talleres de capacitación generadores de ingresos, ha designado abogado para apoyar jurídicamente a las que no dispusieran de representación letrada, ha asesorado a las reclusas sin medios económicos y ha satisfecho las necesidades personales de las reclusas.

A continuación se presentan datos, desglosados por edad, sobre las mujeres que en 2017 ingresaron en los centros penitenciarios de la Ribera Occidental.

Menores de 18 años	18 a 19 años	20 a 29 años	30 a 39 años	40 a 49 años	50 a 59 años	Más de 60 años
Ninguna	8	67	64	55	33	4

La mayoría de los delitos estuvieron relacionados con el impago de deudas (69 reclusas), el robo (26 reclusas), los malos tratos (19 reclusas), la emisión de cheques sin fondos (18 reclusas), y el fraude y la falsificación (18 reclusas).

Pese a todo, la Comisión Independiente de Derechos Humanos ha detectado la violación del derecho a la libertad y a la seguridad personal de algunas mujeres. Concretamente, la Comisión ha recibido 39 denuncias de violaciones del derecho a la libertad y la seguridad personal cometidas contra mujeres (18 en la Ribera Occidental y 21 en la Franja de Gaza). Las denuncias, mayoritariamente interpuestas por las víctimas, hacían referencia a 47 vulneraciones (21 en la Ribera Occidental y 26 en la Franja de Gaza), entre otras, registros sin orden judicial (10 casos), detenciones arbitrarias (17 casos) o violación de los derechos humanos (20 casos).

Matrimonio y relaciones familiares

En los párrafos 311 a 323 del informe preliminar se describió en detalle la capacidad jurídica de la mujer. Todas las disposiciones discriminatorias contra la mujer serán examinadas y modificadas con arreglo a la Convención.

Como norma general, el matrimonio está sujeto al régimen de separación de bienes. Sin embargo, si acreditadamente el patrimonio de la cónyuge procede del trabajo del cónyuge, ambos responderán solidariamente con sus bienes si él es declarado en quiebra. De igual modo lo harán si el patrimonio de la cónyuge es fruto de un delito contra el erario público. Estos supuestos excepcionales no suponen una discriminación contra la mujer y su objetivo es impedir la transferencia ilícita de fondos, salvaguardar los derechos de terceros y prevenir la impunidad.

No se ha modificado la norma de derecho probatorio según la cual el testimonio de un hombre equivale al de dos mujeres. Esta cuestión se abordará al promulgar la Ley de Estatuto Personal palestina.

El proyecto de Ley de Estatuto Personal aborda todas las disposiciones relativas a la custodia equilibrando en lo posible los intereses del custodio, el custodiado y el tutor legal. En todos los casos prevalece el interés superior del niño custodiado.

En la actualidad no se plantea modificar la disposición que prohíbe el matrimonio de la mujer musulmana con el varón no musulmán. Las leyes de estatuto personal vigentes en la Ribera Occidental, la ciudad ocupada de Al-Quds y la Franja de Gaza prohíben ese matrimonio y lo consideran nulo.

Como se señaló en el informe preliminar, la desaprobación del tutor matrimonial no invalida el matrimonio. Para oponerse al matrimonio, el tutor matrimonial solo puede alegar la incapacidad económica del contrayente ante el juez de la sharía. Este solo autoriza el repudio si se cumplen los requisitos exigidos.

No se ha modificado la disposición que otorga al varón el derecho unilateral a disolver el matrimonio. El cónyuge debe registrar formalmente el repudio ante la autoridad judicial y notificarlo a la esposa. Esta cuestión se abordará al promulgar la Ley de Estatuto Personal palestina.

Como quedó dicho, existe un consenso gubernamental y social sobre la necesidad de elevar la edad mínima para contraer matrimonio de conformidad con las convenciones internacionales a las que se ha adherido el Estado de Palestina, lo que se ha incluido en los proyectos de ley pertinentes para evitar la multiplicidad de referencias jurídicas.

En ciertos supuestos, las cuestiones relativas al matrimonio, las relaciones familiares y la herencia son competencia de la justicia ordinaria, como los casos de falsificación de acta de matrimonio o escritura de herederos ab intestato, o los litigios sucesorios. La competencia jurisdiccional de los tribunales de la sharía se define restrictivamente en su legislación reguladora. Cualquier otra materia es competencia de la justicia ordinaria.

Las organizaciones de la sociedad civil, en particular las de mujeres, debaten actualmente la posibilidad de prohibir la poligamia. Sin embargo, hasta la fecha no se han introducido modificaciones en la materia.

Protocolo Facultativo y enmienda del artículo 20, párrafo 1

El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Emigración ha elaborado un estudio sobre la importancia de la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención. El estudio se está analizando a nivel político. En general, la posibilidad de la adhesión al Protocolo se acoge favorablemente. El Estado de Palestina acepta la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención.