Fuente: Policía Nacional de Filipinas.
D.Acceso a la justicia y mecanismos jurídicos de denuncia
El Estado celebró reuniones interinstitucionales para responder a la recomendación del Comité sobre las causas de la Sra. Vertido y R. Tras evaluar la gestión de ayudas sociales para la Sra. Vertido, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo prestó servicios de asistencia financiera y médica, entre otros, a ella y a su familia, y la remitió a su Sección de Intervención en Casos de Crisis. También se prestó asistencia a la Sra. Vertido mediante la coordinación con las oficinas regionales del Ministerio de Comercio e Industria y el Ministerio de Trabajo y Empleo. Igualmente, el Estado se puso en contacto con R. y las personas a quienes correspondía su tutela para ofrecerles estos servicios y asistencia.
Para garantizar el acceso de las mujeres a la reparación efectiva y la asistencia jurídica gratuita, la Policía Nacional de Filipinas ayuda continuamente a las víctimas de violencia contra la mujer a través de sus Oficinas de Protección de la Mujer y la Infancia. El Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo también ayuda a las víctimas, incluidas las de zonas afectadas por conflictos y desastres, mediante servicios comunitarios y de atención residencial. En 2021, dicho Ministerio prestó asistencia a 659 mujeres. Por último, la Oficina de Asistencia Jurídica y la Fiscalía Nacional ofrecen servicios de asistencia jurídica gratuita. Por otra parte, el Centro de Acción del Ministerio de Justicia atiende a la ciudadanía sin necesidad de cita previa, en especial a las mujeres.
A fin de concienciar sobre los derechos de la mujer, el sitio web de la Comisión Filipina de la Mujer explica con detalle la Carta Magna de la Mujer, la ampliación de la licencia de maternidad y las leyes que combaten la violencia contra la mujer. También se dispone de diversos materiales de información, educación y comunicación sobre los derechos de las mujeres, así como los mecanismos correspondientes, para todas las personas que lo soliciten. La celebración anual del Mes Nacional de la Mujer y la Campaña de 18 Días para Acabar con la Violencia contra la Mujer también sirven como plataformas de sensibilización pública sobre las leyes que protegen los derechos de la mujer. Estas campañas cuentan con la participación de organismos públicos nacionales y regionales, como las entidades de gobierno local.
Las oficinas para combatir la violencia contra la mujer en los barangáis, las Oficinas de Protección de la Mujer y la Infancia de la Policía Nacional de Filipinas, las oficinas de bienestar social de las entidades de gobierno local y el Centro de Acción del Ministerio de Justicia son mecanismos que garantizan sobre el terreno que las mujeres vulnerables y marginadas puedan acceder a los tribunales y la asistencia jurídica gratuita. Según establece el Tribunal Supremo, los litigantes indigentes quedan eximidos en todos los tribunales de abonar las tasas por presentación de demandas. La Comisión de Derechos Humanos también ayuda a las mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia y presta asistencia jurídica gratuita para presentar una demanda contra quienes infrinjan lo dispuesto en la Carta Magna de la Mujer.
En virtud de la Ley núm. 9406 de la República, o la “Ley de la Oficina de Asistencia Jurídica”, los abogados de oficio prestarán, de forma gratuita, servicios jurídicos de representación, asistencia y asesoramiento a las personas indigentes en causas penales, civiles, laborales, administrativas y otros casos cuasijudiciales. Además, en el marco de los servicios comunitarios del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, las mujeres reciben unos servicios adecuados y con perspectiva de género para la gestión de causas, entre ellos, servicios de asesoramiento, asistencia jurídica y preparación de testigos.
El Tribunal Supremo también promulgó las Normas y los Reglamentos de Aplicación de la Ley de Aspectos Sociales de los Tribunales de Familia de 1997, en particular, designando a oficiales de bienestar social en los tribunales para garantizar que las mujeres víctimas participen en el procedimiento, y facilitar la remisión de las mujeres y sus familias a las instituciones correspondientes para que reciban asistencia financiera. Según ha informado el Tribunal de Apelación, hay 436 mujeres litigantes indigentes que tienen causas penales pendientes, a quienes se exime de abonar las tasas de presentación de demandas por instrucción del Tribunal Supremo.
Además de contratar a intérpretes de la lengua de señas para ayudar a las personas sordas que sean parte o testigo durante una vista, el Tribunal Supremo promulgó el Reglamento de Prácticas para Estudiantes de Derecho con el fin de seguir ampliando el acceso a la justicia de los sectores marginados, en especial las mujeres, las personas con discapacidad y las personas que viven en la periferia socioeconómica. El programa de Educación Jurídica Clínica se institucionalizó como condición necesaria para presentarse a los exámenes de acceso a la abogacía.
El Subcomité de Acceso a la Justicia y Lucha contra la Discriminación, dependiente del Consejo Nacional sobre Asuntos de la Discapacidad, elaboró unas recomendaciones acerca de políticas y programas e impartió orientación a fiscales, abogados de oficio y otros profesionales de la abogacía privada para ayudar a las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas con discapacidad, durante los litigios.
El Consejo Nacional sobre Asuntos de la Discapacidad también proporcionó intérpretes de la lengua de señas para los litigantes sordos e impartió formación al personal de las oficinas de asuntos de la mujer de la Policía Nacional de Filipinas en las entidades de gobierno local con el fin de ayudar a las mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de abusos y violencia.
E.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
En agosto de 2021, gracias al apoyo de la senadora Risa Hontiveros, la Comisión Filipina de la Mujer estableció su Oficina Exterior de Mindanao Septentrional, que comprende las regiones 9, 10 y 13. Mediante esta Oficina Exterior, la Comisión Filipina de la Mujer pretende adaptar la Carta Magna de la Mujer al contexto local y prestar asistencia técnica relacionada con el género y el desarrollo a los organismos competentes regionales y las entidades de gobierno local de Mindanao Septentrional.
La Comisión Filipina de la Mujer, además de ser el órgano de supervisión general de la aplicación de la Carta Magna de la Mujer, trabaja en coordinación con todos los organismos públicos, incluidas las empresas propiedad del Estado o bajo su control, y publica directrices para garantizar la perspectiva de género en las políticas y los programas. A fin de impulsar la transversalización de la perspectiva de género, dicha Comisión utiliza instrumentos de análisis y evaluación de género, como son el Marco para Evaluar la Incorporación de la Perspectiva de Género y las Directrices Armonizadas sobre Género y Desarrollo. En virtud de la versión mejorada del Marco para Evaluar la Incorporación de la Perspectiva de Género, todos los ministerios del Gobierno, incluidos sus organismos, oficinas y departamentos, las universidades y facultades públicas, las empresas propiedad del Estado o bajo su control, las entidades de gobierno local y otras instituciones públicas deberán adoptar la incorporación de la perspectiva de género como estrategia para promover los derechos humanos de las mujeres y eliminar la discriminación de género en sus sistemas, estructuras, políticas, programas, procesos y procedimientos.
La presupuestación con perspectiva de género es obligatoria en todos los organismos públicos. En la Carta Magna de la Mujer se estipula que al menos el 5 % del presupuesto anual total de un organismo se asigne a ejecutar su plan y presupuesto de género y desarrollo, así como los mandatos del organismo relativos a las cuestiones de género y desarrollo.
El Organismo Nacional de Economía y Desarrollo ha institucionalizado el subcomité de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que supervisa la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el país e informa al respecto. En consecuencia, la Autoridad Estadística de Filipinas ha establecido Puntos Focales para los Indicadores de los ODS que se encargan de garantizar la recopilación de datos sobre los indicadores bajo su mandato. En el Observatorio de los ODS de Filipinas se recogen las actualizaciones relativas a la consecución de los ODS. Para garantizar la inclusividad, la Autoridad Estadística de Filipinas mejora constantemente las metodologías de recopilación de datos sobre los ODS. Mientras tanto, en 2021, el Consejo de la Autoridad Estadística de Filipinas ordenó a todos los organismos que ayudaran a recopilar datos adoptando la actualización de los indicadores básicos de género y desarrollo de Filipinas. Entre otros, dichos indicadores de género y desarrollo incluyen indicadores de los ODS sirviéndose de los datos disponibles desglosados por sexo. Además, el Comité Interinstitucional sobre Estadísticas de Género, Infancia y Juventud elaboró unas directrices para crear una base de datos estadísticos de género y desarrollo, incluidos unos criterios para evaluar la predisposición de los organismos, como guía que orientara a todos los organismos en la forma sistemática de recopilar, analizar y difundir estadísticas de género.
Las consultas con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, en particular las que representan a grupos marginados, como las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas y las mujeres en la economía informal, forman parte del proceso de la Comisión Filipina de la Mujer a la hora de elaborar políticas e informes como, por ejemplo, la actualización del Plan de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres 2019‑2025, la Agenda Legislativa Prioritaria de la Mujer y los informes periódicos sobre la Convención. Las organizaciones de la sociedad civil también se encuentran representadas en mecanismos interinstitucionales como el Comité Directivo Nacional sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad, el Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas, el Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos y el Comité Interinstitucional de Supervisión de la Ley de Espacios Seguros. Estos mecanismos también participan en la formulación de leyes, como por ejemplo la Ley de Espacios Seguros y sus Normas y Reglamentos de Aplicación.
La Comisión Filipina de la Mujer ayuda a sectores prioritarios clave —es decir, al desarrollo de microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes), la agricultura, la silvicultura y la pesca, la educación, la paz y la seguridad, y el medio ambiente— a elaborar políticas, planes y programas sectoriales con perspectiva de género mediante la creación de capacidad, el seguimiento y la evaluación, y otras formas de asistencia técnica.
F.Defensoras de los derechos humanos y sociedad civil
El Estado, a través de la Comisión de Derechos Humanos, lleva a cabo las siguientes medidas para proporcionar un entorno seguro y propicio para las defensoras de los derechos humanos, las activistas y las organizaciones de la sociedad civil:
a)Investiga y ofrece asistencia jurídica en los casos de mujeres defensoras de los derechos humanos;
b)Publica avisos y declaraciones en los que aborda cuestiones urgentes y apremiantes sobre abusos contra los derechos humanos;
c)Impulsa una Ordenanza Modelo sobre la Protección de las Defensoras de los Derechos Humanos para institucionalizar la protección de estas mujeres; y
d)Prepara un informe sobre la situación de las mujeres defensoras de los derechos humanos en el contexto de la pandemia.
G.Medidas sociales de carácter temporal
Con el fin de acelerar la igualdad en el empleo, se promulgó la Ley de Ampliación de la Licencia de Maternidad a 105 Días para proteger y promover los derechos y el bienestar de las trabajadoras. La Orden Ministerial núm. 178‑17 del Ministerio de Trabajo y Empleo aborda las cuestiones de seguridad y salud ocupacional y las preocupaciones relacionadas con el uso de tacones altos o permanecer de pie en el trabajo durante mucho tiempo.
En cuanto al empoderamiento económico, las mujeres se benefician del Programa Integrado de Medios de Vida del Ministerio de Trabajo y Empleo, que sirve para reforzar el espíritu emprendedor y las empresas comunitarias.
Para promover las empresas de mujeres en la economía informal, el Ministerio de Comercio e Industria se centra en el desarrollo de las mipymes y hace hincapié en las limitaciones a las que se enfrentan las empresarias.
El Plan de Desarrollo de la Educación Básica 2030 del Ministerio de Educación amplía el acceso de los grupos desfavorecidos a la educación inclusiva y equitativa, de tal manera que las niñas no escolarizadas sigan aprendiendo a través del Sistema de Aprendizaje Alternativo y la colaboración con mecanismos locales potencie la difusión de mensajes básicos sobre la salud sexual y los embarazos en la adolescencia.
En 2018, la diferencia entre el número de hombres y de mujeres que se habían matriculado en la rama de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas se redujo en un 2,54 %. La Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes sigue ofreciendo oportunidades a las mujeres en aquellos sectores donde predominan los hombres. En 2018, las mujeres representaban el 38 % de los graduados en cursos de oficios no tradicionales, mientras que en 2020, el 46 % de los estudiantes matriculados en Programas de Becas de Enseñanza y Formación Técnica y Profesional eran mujeres.
H.Estereotipos de género y prácticas nocivas
El Estado, por medio de la Comisión Filipina de la Mujer, utiliza programas educativos y diversos medios de comunicación para intensificar las campañas contra la violencia de género y sus formas, como son los estereotipos de género, la culpabilización de las víctimas, la misoginia y la cosificación de la mujer. La celebración anual del Mes de la Mujer y la Campaña de 18 Días para Acabar con la Violencia contra la Mujer son también otras maneras de transmitir la imagen positiva de las mujeres como participantes activas en la vida económica, social y política.
En la actualidad, el Estado está preparando una evaluación exhaustiva sobre la aplicación de la Carta Magna de la Mujer. Los avances en su aplicación revelarán la eficacia de las actividades de promoción y capacitación encaminadas a mejorar la vida de las mujeres y las niñas.
Con respecto al matrimonio infantil, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2017 registró los siguientes porcentajes de niñas/mujeres que están casadas o mantienen algún otro tipo de unión de pareja: el 8,5 % de entre 15 y 19 años (actualmente en pareja); el 2,2 % de entre 20 y 24 años (en pareja antes de cumplir 15 años); y el 16,5 % de las mujeres de entre 20 y 24 años (en pareja antes de cumplir 18 años). Hasta ahora no se ha informado de enjuiciamientos ni condenas.
Actualmente se está evaluando la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos de 2004 para examinar en qué medida esta ley ha afrontado la violencia contra la mujer, 18 años después de su promulgación. Entre otros aspectos, se evaluarán la concienciación y el conocimiento de la ciudadanía acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas. Así pues, los resultados del estudio guiarán las futuras iniciativas de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, y de concienciación al respecto, por medio del próximo Plan Estratégico del Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos y las posibles modificaciones de la ley.
El Estado se propone implantar en Filipinas una educación transformadora en las cuestiones de género mediante la colaboración entre la Comisión Filipina de la Mujer, el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación Superior y la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes. Entre las iniciativas en curso figuran el desarrollo de un proceso continuo de incorporación de la perspectiva de género en los planes de estudios desde la educación básica hasta la superior, incluida la enseñanza y formación técnica y profesional, y la creación de directrices de política e instrumentos de evaluación para orientar a quienes elaboran los planes de estudios y al profesorado, a fin de garantizar la perspectiva de género en los planes de estudios, el aprendizaje y los materiales didácticos. A nivel institucional también se ofrecen actividades permanentes de desarrollo de capacidades en materia de género y desarrollo para el personal docente.
El Estado, por conducto de la Comisión Filipina de la Mujer, se esfuerza incesantemente por cultivar una imagen positiva de la mujer y hace un llamamiento continuo a los personajes públicos, en especial los funcionarios y los creadores de contenido en los medios sociales, así como a las empresas, para que contribuyan de forma activa a incorporar el empoderamiento de la mujer. A raíz de que se emitiera en 2019 una escena de violación en una serie dramática nocturna, la Comisión Filipina de la Mujer condenó firmemente la violación como ataque a la dignidad humana y desmontó las ideas erróneas que existen en torno a este acto. Asimismo, esta Comisión alerta sobre los contenidos de los medios sociales que presentan acoso sexual y las entidades en línea que fomentan la captación de niños con fines sexuales.
I.Violencia de género contra la mujer
El Estado promulgó varias leyes contra la violencia de género que se centran más en elementos concretos, como la violencia de pareja, la violación, el acoso sexual por razón de género, la trata, el voyerismo, la explotación y los abusos sexuales en línea, el matrimonio infantil, etc.
A través del Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos, el Estado ha asumido los siguientes compromisos para combatir la violencia de género:
a)Crear un plan estratégico que oriente al Consejo Interinstitucional en virtud de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos de 2004;
b)Reforzar los servicios para aumentar la accesibilidad de las mujeres víctimas y supervivientes mediante la capacitación de los proveedores de servicios, la provisión de plataformas alternativas de denuncia (canales en línea) y la inclusión de las emergencias de violencia contra la mujer o violencia de género en el teléfono de emergencia nacional;
c)Sensibilizar mediante campañas de promoción; crear nuevos materiales de información, educación y comunicación dirigidos a las comunidades de mujeres, niños y niñas; traducir dichos materiales a las lenguas locales; y reseñar geográficamente los servicios y programas a disposición de las víctimas y supervivientes de la violencia contra la mujer;
d)Supervisar la funcionalidad de los mecanismos locales que combaten la violencia contra las mujeres (a nivel regional, provincial y municipal y en los barangáis); y
e)Implicar a los grupos masculinos en los programas de concienciación sobre la violencia contra las mujeres.
Los organismos estatales llevan a cabo actividades anuales de información, educación y comunicación, en particular la difusión de materiales sobre las leyes para combatir la violencia contra la mujer. En 2019, la Comisión Filipina de la Mujer puso en marcha el Concurso de Cortometrajes Digitales Cine Juana, que aprovechó el cine y las opiniones de la juventud para concienciar acerca de la violencia contra las mujeres como delito; presentó la Exposición Interactiva contra la Violencia contra las Mujeres, que orientaba a los participantes sobre la violencia contra las mujeres y la legislación al respecto; y dirigió el Museo Experiencial de la Violencia de Género, que ilustra de forma teatralizada la lucha de las mujeres maltratadas en Internet y otros entornos.
Como respuesta a la alarmante incidencia de la violencia de género en la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán, se elaboraron khutbahs, sermones que se debaten en las mezquitas durante la oración del viernes. Hasta la fecha, se han escrito cinco khutbahs, a saber:
a)El discernimiento y el abandono de la esposa;
b)La trata de mujeres y sus hijos;
c)La violencia contra las mujeres;
d)El marido que obliga a su mujer a mantener relaciones sexuales; y
e)La violación.
El Ministerio de Salud ha formado a su personal médico en cuatro esferas prioritarias, que son el reconocimiento, la notificación, el registro y la derivación de pacientes; ha impartido capacitación multidisciplinaria sobre la gestión de casos de violencia contra las mujeres para el personal de primera línea a nivel comunitario; y ha mejorado la formación orientada a afrontar la violencia contra las mujeres en los hospitales desde 2017. Con ello se garantiza que el personal médico esté en condiciones de ayudar a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. En 2020 se capacitó a un total de 365 trabajadores de la salud de las Dependencias de Protección de la Mujer y la Infancia en los hospitales gestionados por el Ministerio de Salud.
La Policía Nacional de Filipinas aumentó su cuota de contratación de mujeres en el cuerpo de policía, la policía científica y los servicios jurídicos. En 2019, 23 de los 80 nuevos empleados del Centro de Protección de la Mujer y la Infancia eran mujeres. En agosto de 2021, dicho Centro de Protección disponía de un total de 264 personas en plantilla, 145 de las cuales eran mujeres, es decir, el 54 %. Los agentes de policía, especialmente los destinados a las Oficinas de Protección de la Mujer y la Infancia, reciben formación periódica para tratar adecuadamente a las víctimas de violencia de género. En 2021, la Comisión Filipina de la Mujer firmó un memorando de acuerdo con la Comisión de Emergencias 911 y Asia Foundation para incluir las emergencias de violencia contra las mujeres en el teléfono nacional de emergencia. En consecuencia, se aprobó una guía de bolsillo y un protocolo de remisión para facilitar la labor de los operadores de teléfonos de emergencia que hayan recibido formación sobre casos de violencia contra la mujer y sensibilidades conexas.
En 1.907 comisarías, son las Oficinas de Protección de la Mujer y la Infancia de la Policía Nacional de Filipinas quienes se ocupan de investigar las denuncias de casos de violencia contra la mujer. Estas Oficinas de Protección también preparan la documentación y los expedientes acusatorios y ayudan a las víctimas y supervivientes de la violencia contra la mujer a obtener atención médica y psicosocial y, entre otras cosas, a solicitar órdenes de protección y presentar la causa ante los tribunales, si es necesario. El personal de las Oficinas de Protección desempeña sus funciones respetando los protocolos estipulados en el Manual del Investigador relativo a las operaciones de dichas oficinas.
En 2017, el Ministerio del Interior y de Administración Local publicó las “Directrices para supervisar la funcionalidad de la oficina sobre la violencia contra la mujer en cada barangay”. En 2020, este Ministerio también publicó las “Directrices sobre la funcionalidad de los Comités Locales de Lucha contra la Trata y la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos”.
Entre 2017 y 2021, se denunciaron un total de 95.897 casos de violencia de género ante la Policía Nacional de Filipinas (véase el cuadro 1). Los datos sobre el número de casos de violencia contra la mujer tramitados por la Oficina de Asistencia Jurídica y la Fiscalía Nacional figuran en los cuadros 2 y 3, respectivamente. En el cuadro 4 se presentan los datos sobre las condenas por trata proporcionados por el Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas.
Cuadro 2
Número de casos de violencia contra las mujeres tramitados por la Fiscalía Nacional, 2021
|
Situación |
Casos en virtud de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos de 2004 |
Casos de violación |
|
Total de casos (juicios pendientes y de años anteriores) |
12 700 |
12 445 |
|
Resueltos (casos para expediente judicial o casos desestimados) |
11 352 |
10 805 |
|
Pendientes |
1 348 |
1 640 |
|
Información presentada ante los tribunales (todas las causas penales presentadas ante los tribunales y no incluidas en el cómputo de las clasificaciones anteriores) |
7 213 |
10 217 |
Fuente: Ministerio de Justicia.
Cuadro 3
Número de casos de violencia contra las mujeres tramitados por la Oficina de Asistencia Jurídica, 2021
|
Situación |
Casos en virtud de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos de 2004 |
Casos de violación |
|
Casos pendientes, al principio |
2 387 |
683 |
|
Nuevos casos recibidos |
1 696 |
113 |
|
Total de casos tramitados |
4 083 |
796 |
|
Concluidos |
2 041 |
200 |
|
Casos pendientes, al final |
2 042 |
596 |
Fuente: Ministerio de Justicia.
Cuadro 4
Datos sobre condenas por trata
|
Año de la sentencia |
Trata sexual/ pornografía por medios informáticos |
Trata de personas con fines de explotación sexual |
Trata de personas con fines de explotación laboral |
Nacimiento simulado |
Total |
|
2017 |
31 |
70 |
1 |
1 |
103 |
|
2018 |
70 |
130 |
11 |
‑ |
211 |
|
2019 |
65 |
94 |
1 |
2 |
162 |
|
2020 |
100 |
71 |
3 |
‑ |
174 |
|
2021 |
42 |
53 |
6 |
2 |
103 |
|
2022 ( primer trimestre ) |
27 |
20 |
3 |
‑ |
50 |
|
Total de condenas |
335 |
438 |
25 |
5 |
803 |
Fuente: Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas
Cada institución gestionada por el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo elabora y aplica políticas y directrices de prevención de la violencia contra la mujer para atender a las mujeres maltratadas, incluidos los niños y las personas con discapacidad. Estas medidas preventivas de la violencia contra la mujer son igualmente necesarias para la acreditación y autorización de los centros de asistencia residencial dirigidos a las mujeres y gestionados por organizaciones no gubernamentales y entidades de gobierno local.
Como autoridad en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, la Comisión Filipina de la Mujer es partidaria de colaborar con organizaciones de la sociedad civil para garantizar que los organismos públicos competentes cumplan las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, también conocidas como Reglas de Bangkok, lo cual implica la provisión de tratamientos e intervenciones con perspectiva de género a las mujeres en conflicto con la ley. La aplicación de las Reglas de Bangkok por parte del Estado refuerza la protección de las mujeres frente a la discriminación y la violencia contra la mujer durante la privación de libertad.
Las partes interesadas y el personal de primera línea de organismos públicos, entidades privadas, empresas y hospitales reciben cursos de sensibilización ante la discapacidad, en los que se informa a los participantes sobre la legislación en materia de discapacidad, las normas básicas de cortesía con las personas discapacitadas y el lenguaje correcto para referirse a ellas, en particular a las mujeres. Estos cursos dotan al personal de primera línea de las competencias y los conocimientos adecuados para ayudar mejor a este sector de la población.
El Estado garantiza que las mujeres y niñas con discapacidad puedan acceder a la justicia mediante abogados de oficio designados en cada dependencia regional de la Oficina de Asistencia Jurídica y en las dependencias del Centro de Protección de la Mujer y la Infancia de la Policía Nacional de Filipinas, que es un organismo miembro del Subcomité de Acceso a la Justicia y Lucha contra la Discriminación.
La Ley Ampliada contra la Trata de Personas de 2022 faculta a las autoridades del Estado para combatir la trata de personas y exigir responsabilidades a los autores, especialmente en el ámbito de Internet. Un elemento que ha contribuido a reforzar la campaña estatal contra la trata de personas en línea ha sido la reciente promulgación de la Ley contra la Explotación y los Abusos Sexuales de Niños en Línea y la Ley de Materiales contra la Explotación y los Abusos Sexuales de Niños, lo cual promueve espacios en línea más seguros para la infancia. Se está trabajando en las Normas y los Reglamentos de Aplicación de estas leyes.
Mientras tanto, el Estado, como miembro de la Alianza Mundial WeProtect contra la Explotación Sexual de Niños en Línea, aplica de forma permanente medidas contra la explotación sexual en línea, especialmente de la infancia.
J.Trata y explotación de la prostitución
Las Directrices sobre el Sistema de Remisión de Casos de Trata de Personas informan a las autoridades sobre la derivación de casos relacionados tanto con las víctimas de la trata como con las víctimas potenciales e institucionalizan un sistema de seguimiento de los incidentes de trata de personas a lo largo de todas las fases de actuación contra este delito. Estas directrices se difunden entre la policía, los funcionarios de inmigración, el personal destinado a cargos exteriores, los fiscales y los miembros de los diversos Equipos de Tareas contra la Trata de Personas como primer punto de contacto de las víctimas. El Estado presta asistencia a las víctimas de trata con un programa permanente por conducto del Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas.
En 2021, el Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas, con el apoyo del Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia del Reino Unido, puso en marcha el Centro de Vigilancia Cibernética de la Trata de Personas. Sirviéndose de equipos avanzados de vigilancia, este centro se dedica a seguir las pistas de la trata de personas por Internet y la explotación sexual de niños en línea.
En febrero de 2019, la Policía Nacional de Filipinas, la Oficina Nacional de Investigación, la Policía Federal Australiana, el Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia del Reino Unido y la International Justice Mission crearon el Centro Filipino para Combatir la Delincuencia contra Niños en Internet, con el fin de fortalecer la colaboración global de las fuerzas del orden en la lucha contra la explotación sexual de niños en línea.
El Ministerio de Justicia creó y sigue supervisando 24 Equipos de Tareas contra la Trata de Personas por todo el país, entre ellos 6 equipos de tareas con sede en puertos que se encuentran situados estratégicamente en los puntos críticos de entrada o salida del país. Estos Equipos de Tareas contra la Trata de Personas están formados por fiscales especializados en la investigación, la preparación de expedientes y el enjuiciamiento de casos de trata de personas en coordinación con las dependencias encargadas de hacer cumplir la ley.
Desde 2018 hasta junio de 2022, se presentaron ante los tribunales un total de 1.258 casos de trata de personas. En el mismo período, el número total de condenas por trata de personas y otros delitos relacionados fue de 700, que resultaron en 443 delincuentes condenados. La Ley contra la Trata de Personas, en su versión modificada, reconoce como víctimas de la trata a las personas que han sido objeto de este delito; por lo tanto, no se les penaliza por los actos ilícitos que hayan cometido como consecuencia directa de ser objeto de trata, o como incidente o en relación con esa situación u obedeciendo las órdenes del tratante de personas. Esta ley también establece la obligación de prestar servicios a las víctimas de trata. En 2021, 1.359 o el 71 % de las 1.914 víctimas supervivientes que recibieron asistencia del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo eran mujeres. El Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas también construyó y supervisó el Centro contra la Trata de Personas, que se utiliza para derivaciones urgentes y de emergencia con el fin de ofrecer alojamiento provisional a las víctimas.
Para prevenir la trata de mujeres y niñas, el Estado trabaja en varias iniciativas de cooperación regional con los países de origen y destino, así como con otros países, entre ellas:
•La finalización del borrador del Memorando de Entendimiento entre Filipinas y la República Árabe Siria sobre la Cooperación para Combatir la Delincuencia Organizada Transnacional;
•La renovación de los debates sobre los acuerdos bilaterales propuestos entre Filipinas y Macao (como el Proyecto de Acuerdo entre Filipinas y Macao sobre la Asistencia Judicial Recíproca en Materia Penal, el Acuerdo para la Entrega de Delincuentes Prófugos y el Acuerdo Laboral Bilateral);
•El desarrollo del Plan de Trabajo Multisectorial de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) contra la Trata de Personas para 2022‑2027;
•La aplicación del proyecto Needlestack, orientado a reforzar las respuestas de las fuerzas del orden a las denuncias de trata de personas en el ámbito cibernético en Malasia y Filipinas. El proyecto recibe y procesa este tipo de denuncias procedentes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, organización privada internacional sin fines de lucro que gestiona un sistema centralizado de denuncia de la explotación de niños en Internet;
•La puesta en funcionamiento del Centro Filipino para Combatir la Delincuencia contra Niños en Internet al objeto de reforzar la colaboración entre las fuerzas del orden a nivel mundial en la lucha contra la explotación sexual de niños en línea;
•El Memorando de Entendimiento entre Filipinas y los Emiratos Árabes Unidos sobre Cooperación en la Lucha contra la Trata de Personas, que institucionaliza la obligación de ambos países de reforzar la campaña de prevención y protección y racionalizar los esfuerzos para garantizar la protección de todas las personas frente a la trata;
•El acuerdo subsidiario entre Filipinas y Australia relativo a la aplicación del Programa de la ASEAN y Australia contra la Trata de Personas, que es una inversión de diez años que continúa la larga colaboración de Australia con la ASEAN para acabar con la trata de personas en la región. Este programa trabaja con miras a reforzar la respuesta del sector judicial a la trata de personas; y
•El acuerdo de colaboración de 4 años entre Filipinas y los Estados Unidos de América para aplicar planes comunes con la intención de aumentar la capacidad del Gobierno de Filipinas y las organizaciones de la sociedad civil para prevenir la explotación sexual de niños en línea y el tráfico de mano de obra infantil y afrontar la evolución de la trata de personas.
Haber promulgado la Ley contra la Explotación y los Abusos Sexuales de Niños en Línea y la Ley de Materiales contra la Explotación y los Abusos Sexuales de Niños servirá para orientar la creación y aplicación de programas destinados a promover la campaña contra la explotación y los abusos sexuales de niños y proteger y reintegrar a los niños víctimas.
El Ministerio del Interior y de Administración Local está ejecutando el proyecto “Actividades de promoción y capacitación dirigidas a las instituciones locales sobre la mujer y la infancia”, en el marco del Programa de Convergencia del Sector Judicial del Consejo de Coordinación del Sector Judicial. Con este proyecto se pretende reforzar las capacidades de las entidades de gobierno local por medio del Consejo Local de Protección de la Infancia y los Comités Locales de Lucha contra la Trata y la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos al hacer frente a la trata de personas y la violencia contra las mujeres y sus hijos.
En la actualidad, el Consejo Interinstitucional contra la Trata de Personas está elaborando el Plan de Acción Estratégico Nacional contra la Trata de Personas 2023‑2027, en el que se basará la aplicación de la Ley contra la Trata, y el Consejo Interinstitucional sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos está preparando su Plan Estratégico 2023‑2025, que orientará la aplicación de la Ley sobre la Violencia contra las Mujeres y sus Hijos. Estos planes servirán de modelo para la actuación de los organismos públicos, las organizaciones no gubernamentales y otros sectores al combatir la trata de personas y la violencia contra la mujer.
K.Participación en la vida política y pública
En virtud de los resultados electorales de 2016 y 2019, las mujeres ocupan la quinta parte de los escaños nacionales y locales. En 2016, alrededor del 28 % de los cargos nacionales y el 31 % de los locales estaban ocupados por mujeres. Este mismo porcentaje se registró en 2019 en el caso de los cargos nacionales y se produjo un ligero descenso en el de los locales, hasta el 29,1 %.
En las elecciones nacionales de 2022, las mujeres representaron el 20,16 % (8.782) del total de candidatos electorales. Solo había 1 mujer entre los 10 candidatos a la presidencia, y 1 mujer entre los 9 candidatos a la vicepresidencia. Por último, solo 12 de los 64 aspirantes al Senado eran mujeres.
Con el propósito de aumentar la representación de las mujeres en la política, se organizó un seminario/webinario sobre normas y reglamentos de campaña para mujeres que aspiran a ser candidatas y se impartieron seminarios sobre sensibilidad a las cuestiones de género e inclusividad, como por ejemplo: seminarios en la materia dirigidos a estudiantes de enseñanza secundaria y universitaria, un seminario web sobre elecciones con perspectiva de género y un seminario sobre la violencia contra las mujeres en la política; un seminario sobre género y elecciones entre las mujeres de Bangsamoro y otras mujeres marginadas; educación en línea con perspectiva de género sobre el voto desde el extranjero y el voto local a distancia (prestando especial atención al papel de las mujeres y los hombres en la preparación de las elecciones, la inscripción y la jornada electoral); educación en línea con perspectiva de género sobre el voto dirigida a los miembros de sectores vulnerables, en concreto a las personas con discapacidad, las personas mayores, la población analfabeta, las personas privadas de libertad y los Pueblos Indígenas; una videoconferencia sobre la eliminación de la violencia contra la mujer en la política, y un seminario sobre normas de campaña para las mujeres que aspiran a presentarse como candidatas. Asimismo, se difundió material de información, educación y comunicación en los medios sociales para sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la diversidad en la política y educar a los votantes jóvenes para que se inscribieran y ejercieran su derecho. En el sitio web de la agencia de información también se publicaron comunicados de prensa en línea sobre la inscripción de votantes, como avisos y declaraciones, con el fin de llegar a un público más amplio.
En 2021, la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género de la Cámara aprobó el proyecto de ley sustitutivo del proyecto de ley 7179 de la Cámara o la Ley de Participación y Representación de las Mujeres en los Partidos Políticos. Este proyecto de ley sustitutivo obliga a los partidos políticos a elaborar y aplicar una agenda clara sobre la mujer y el género y el desarrollo, así como un programa coherente con la filosofía y los ideales de su partido. También reitera que la representación femenina exigida en los partidos políticos debe ajustarse a la cuota de género.
En la versión actualizada del Plan de Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres 2019‑2025 de Filipinas se indican estrategias para aumentar la participación de las mujeres en la política. En el período entre 2019 y 2021, la participación de las mujeres en la gobernanza pública se mantuvo en el 42 %.
Por otra parte, uno de los indicadores para supervisar la funcionalidad del Consejo de Desarrollo de Barangay consiste en que, al menos, el 40 % de todos sus miembros sean mujeres. En 2019, el 53 % de los 42.046 barangáis tenían, como mínimo, un 40 % de mujeres en el Consejo de Desarrollo de Barangay.
L.Educación
En junio de 2022, el Ministerio de Educación inició el Plan de Desarrollo de la Educación Básica 2030, que proporciona una hoja de ruta estratégica para mejorar la prestación y la calidad de la educación básica impartida por el Estado, ya sea formal o informal. Mediante la Orden Ministerial núm. 24 (serie de 2022), el Ministerio de Educación ordenó a todas sus oficinas y dependencias en niveles de gobernanza que armonizaran sus políticas, planes y programas con el Plan de Desarrollo de la Educación Básica 2030.
Medidas adoptadas para garantizar el acceso de las niñas a la educación:
•El Programa de Escuelas del Último Tramo del Ministerio de Educación, que tiene por objeto subsanar las deficiencias de recursos e instalaciones de las escuelas situadas en zonas geográficamente aisladas, desfavorecidas o afectadas por conflictos;
•En los próximos años, el Ministerio de Educación llevará a cabo importantes intervenciones que se centrarán en 2.298 escuelas del último tramo, de las cuales 1.418 (61,71 %) se encuentran en la Región Administrativa de La Cordillera y las regiones VIII, IV‑B y VII; y
•El Ministerio de Educación ha realizado campañas específicas para que las comunidades alienten al gran número de niñas no escolarizadas a continuar sus actividades de aprendizaje a través del Sistema de Aprendizaje Alternativo.
Tasas de matriculación de niñas y mujeres en todos los niveles educativos, desglosadas por ubicación en zona urbana o rural:
•La tasa neta de matriculación femenina es superior a la masculina en todos los niveles de la educación básica. Sin embargo, la población y el total de matriculaciones son superiores en el caso de los varones en todos los niveles. Como se muestra a continuación en el cuadro 5, la tasa bruta de matriculación de los varones es superior en la enseñanza preescolar y en los cursos de 1º a 6º. Esto significa que, con respecto al número de varones, hay más niñas o mujeres en la edad adecuada en todos los niveles educativos. Se observa una tendencia decreciente más pronunciada en el porcentaje de varones matriculados frente al de mujeres y esto, con el tiempo, ha ido ampliando la brecha de género a medida que aumentaba la edad de las cohortes.
Cuadro 5
Tasa bruta de matriculación (TBM) y tasa neta de matriculación (TNM) en todos los niveles de educación básica, desglosadas por sexo y correspondientes al año escolar 2019‑2020
|
TBM |
Enseñanza preescolar |
Cursos 1º a 6º |
Cursos 7º a 10º (1er ciclo de enseñanza secundaria) |
Cursos 11º a 12º (2º ciclo de enseñanza secundaria) |
|
Niños |
92,04 % |
102,23 % |
100,03 % |
72,57 % |
|
Niñas |
88,28 % |
99,98 % |
104,33 % |
84,16 % |
|
TNM |
Enseñanza preescolar |
Cursos 1º a 6º |
Cursos 7º a 10º (1er ciclo de enseñanza secundaria) |
Cursos 11º a 12º (2º ciclo de enseñanza secundaria) |
|
Niños |
62,59 % |
93,79 % |
78,80 % |
40,65 % |
|
Niñas |
64,31 % |
94,15 % |
87,20 % |
55,34 % |
Fuente: Ministerio de Educación, indicadores del desempeño para el año escolar 2019 ‑ 2020.
•En 2020, los programas de becas de enseñanza y formación técnica y profesional contaban con un total de 178.284 personas matriculadas: 96.273 (54 %) mujeres y 82.011 (46 %) hombres; y
•En 2020, 121.810 mujeres se beneficiaron de los diversos programas de formación práctica de la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes en oficios no tradicionales y esferas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.
A continuación se exponen las medidas adoptadas para investigar y enjuiciar los casos de acoso, violencia sexual y hostigamiento:
•Entre los mecanismos establecidos en las instituciones de enseñanza superior para hacer frente al acoso sexual figura la creación del Comité de Decoro e Investigación y las oficinas de asuntos de la mujer. En septiembre de 2021, ya se habían creado 128 oficinas de asuntos de la mujer en todo el país. Donde no exista ninguna oficina de asuntos de la mujer, se ocupan de los problemas de las mujeres otras oficinas que haya disponibles, como la de asuntos de estudiantes, la de orientación o el centro de género y desarrollo, o bien se presta asistencia en coordinación con la oficina de asuntos de la mujer de las entidades de gobierno local, el barangay o la policía;
•La Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes ha establecido en sus 17 oficinas regionales su Comité de Decoro e Investigación para los casos de acoso sexual. La Presidencia del Comité Ejecutivo del Sistema de Puntos Focales de Género y Desarrollo ordenó a todas las regiones que facilitaran la creación del Comité de Decoro e Investigación en todas las instituciones tecnológicas, tanto públicas como privadas, de la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes; y
•En la Política de Protección de la Infancia del Ministerio de Educación se establece la política estatal de tolerancia cero ante todas las formas de abuso, violencia, explotación, descuido, discriminación y cualquier otra forma de maltrato contra el alumnado. En 2021, el Ministerio de Educación estableció una política para crear la Oficina de los Derechos de la Infancia en la Educación y la Dependencia de Protección Infantil. Esta Dependencia es el mecanismo que pondrá en pleno funcionamiento, aplicará y coordinará los programas, proyectos y actividades referentes a la protección de la infancia en el Ministerio de Educación. Por otra parte, la Oficina de los Derechos de la Infancia en la Educación se creó para garantizar que todas las escuelas de educación básica, los centros de aprendizaje y las oficinas del Ministerio de Educación se centren en cuidar, respetar, proteger y atender los intereses de la infancia, así como promover la dignidad y los derechos de la infancia en el contexto de la educación básica.
Estas son las medidas para combatir los estereotipos de género en los planes de estudios y los libros de texto:
•Promover de forma continua programas curriculares que respondan a las cuestiones de género en la educación superior e implantar el plan de estudios con perspectiva de género y el Manual de Formadores sobre la Sensibilidad a las Cuestiones de Género en los programas de enseñanza y formación técnica y profesional; e
•Introducir la educación sexual integral en el 8º curso como parte de Salud Familiar, y en los cursos 11º y 12º dentro de Desarrollo de la Personalidad, donde se tratan los conceptos de género y desarrollo. Las directrices de política relativas a la implantación de la educación sexual integral definen los mensajes clave de esta educación, garantizan un mayor conocimiento por parte del alumnado, aclaran valores y actitudes, mejoran los conocimientos técnicos para reducir los efectos en la salud y permiten que el alumnado desarrolle todo su potencial.
M.Empleo
Con el programa Trabaho, Negosyo, Kabuhayan (Trabajo, Negocio y Medio de Vida) se pretende crear empleos dignos fomentando el espíritu empresarial entre la población filipina, incluida la residente en el extranjero. De 2016 a 2019 se organizaron 6.485 ferias de empleo y de 2020 a mayo de 2022, 751 ferias de empleo presenciales y virtuales. En 2021, de los 128.947 solicitantes de empleo, el 49 % eran mujeres. También se impartieron seminarios web sobre creación de empresas e inversión dirigidos a ciudadanos filipinos en el extranjero.
El Ministerio de Trabajo y Empleo difundió la Recomendación sobre la Transición de la Economía Informal a la Economía Formal, 2015 (núm. 204), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre sus oficinas regionales, las entidades de gobierno local y el sector privado. Con ello, el Ministerio se propone concienciar sobre la situación de los trabajadores del sector informal, muchos de los cuales son mujeres, que están expuestos a vulnerabilidades y déficits de trabajo decente y ayudar a las instancias normativas locales a elaborar políticas y programas que respondan a las necesidades.
La ampliación de la licencia de maternidad, el programa de mejora social, especialmente en el caso del personal del sector azucarero, y los Programas Integrados de Medios de Vida y Empleo de Emergencia del Ministerio de Trabajo y Empleo son algunas de las medidas que ofrecen protección social a las trabajadoras de la economía informal.
A través de la Orden Ministerial núm. 230‑21, el Ministerio de Trabajo y Empleo proporciona mecanismos de apoyo, como la reparación para quienes trabajan en la economía informal, los trabajadores domésticos y el personal de microempresas con arreglo a la Ley de Espacios Seguros, para garantizar la protección contra el acoso sexual por razón de género. El Consejo Sectorial de Trabajo Formal y Trabajadores Migrantes de la Comisión Nacional contra la Pobreza aprobó una resolución en defensa de ratificar el Convenio núm. 190 de la OIT relativo a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Asimismo, se han presentado en el Congreso unos proyectos de ley sobre la Carta Magna de los Trabajadores en la Economía Informal que forman parte de la Agenda Legislativa Prioritaria de la Mujer desde el 18º Congreso y se ajustan a las normas internacionales en virtud de la Recomendación núm. 204 de la OIT.
El Ministerio de Trabajadores Migrantes se creó para facilitar tanto el empleo de los trabajadores filipinos en el extranjero como su reintegración y promover el empoderamiento y la protección de los trabajadores filipinos en el extranjero a través de la formación continua y el desarrollo de conocimientos. En su primer discurso sobre el estado de la nación, el presidente Marcos Jr. se comprometió a proteger y promover el bienestar de los trabajadores filipinos en el extranjero, por lo que ordenó al Ministerio de Trabajadores Migrantes que automatizara los servicios para garantizar la prestación inmediata de asistencia a los trabajadores filipinos en el extranjero. En consecuencia, el Gobierno ha puesto en marcha recientemente su Centro de Mando Único de Repatriación para atender de forma inmediata las preocupaciones de los trabajadores filipinos en el extranjero que estén en dificultades.
El programa Safe and Fair (2018‑2022), cuyo objetivo es hacer realidad los derechos y las oportunidades de las trabajadoras migrantes en la región de la ASEAN, forma parte de la Iniciativa Spotlight orientada a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, iniciativa global y plurianual de la Unión Europea y las Naciones Unidas. La Comisión Filipina de la Mujer, como Vicepresidencia del Comité Consultivo Nacional para Proyectos, ayuda a la OIT y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU‑Mujeres) en la ejecución eficaz de proyectos y examina, entre otras cosas, las cuestiones que van surgiendo en torno a unas condiciones de migración laboral seguras y justas para las mujeres.
Los trabajadores filipinos en el extranjero que se encuentren inscritos en la Dirección de Bienestar de los Trabajadores en el Extranjero pueden beneficiarse de servicios como asistencia sanitaria, prestaciones por invalidez y fallecimiento, becas y ayudas económicas para educación y formación, asistencia a los trabajadores y servicios in situ, y servicios sociales y asistencia para el bienestar familiar.
Además de la ampliación de la licencia de maternidad y los programas de los organismos públicos nacionales pertinentes que promueven el reparto de las responsabilidades familiares y laborales, otras iniciativas que favorecen la creación de un marco nacional de políticas sobre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado han sido la Encuesta Nacional sobre Cuidados Domésticos de 2021, realizada por Oxfam Filipinas en colaboración con la Comisión Filipina de la Mujer, y el Programa de Asistencia a la Resiliencia de las Empresas de Valor Añadido para las Mujeres, dirigido por Oxfam. En 2022 también se han implantado modalidades de trabajo flexibles en las administraciones públicas para mejorar la conciliación de la vida laboral y personal y ofrecer unas condiciones de trabajo razonables al personal vulnerable, en especial las personas mayores, las mujeres embarazadas, las personas inmunodeprimidas o aquellas con enfermedades/lesiones y problemas de movilidad. La Ley de Teletrabajo promulgada también permite que el personal del sector privado trabaje a distancia con los mismos derechos que el personal presencial.
N.Salud
La Política Nacional de Prevención del Aborto Ilegal y Peligroso y Gestión de las Complicaciones Posteriores al Aborto defiende continuamente los derechos de las mujeres que desean abortar y también previene que se estigmatice a las mujeres que necesiten esta intervención. Esta política ofrece orientaciones sobre la prevención del aborto ilegal y en condiciones de riesgo y la prestación de unos servicios posaborto de calidad en todos los centros de salud públicos y privados, al tiempo que reitera la importancia de la planificación familiar para evitar embarazos imprevistos.
Cada año, el Estado celebra campañas de concienciación sobre la planificación familiar que informan sobre formas modernas de anticoncepción y lleva a cabo iniciativas para garantizar el acceso de las mujeres y las adolescentes a métodos anticonceptivos inocuos y asequibles en el marco de la aplicación de la Ley de Paternidad y Maternidad Responsables y Salud Reproductiva, como por ejemplo:
•Caravanas y programas de divulgación comunitaria, especialmente en zonas remotas y geográficamente desfavorecidas y aisladas, comunidades indígenas y lugares con escaso acceso a los servicios de planificación familiar. Se llevaron a cabo un total de 286 misiones de divulgación llamadas “Días de planificación familiar” en zonas urbanas carentes de servicios, de difícil acceso y con gran densidad de población que ayudaron a 5.369 mujeres en edad de procrear. En la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán, 3.888 agentes de salud comunitarios, entre ellos líderes religiosos musulmanes, representantes de padres y madres, y jefes de tribus indígenas, promovían la planificación familiar y remitían a las personas interesadas a los proveedores de atención sanitaria, lo que benefició a 1.1674.140 personas en cinco provincias de la región;
•La iniciativa “Planificación familiar sobre ruedas”, que se implantó en Batangas, Bohol, Cavite, Cebú, la ciudad de Davao, Iloilo, Laguna y Cainta, Rizal, a través de la Asociación de Parteras Integradas de Filipinas y con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Gracias a esta iniciativa, se intensificó y amplió la prestación de servicios de planificación familiar directamente en las comunidades; y
•La aplicación E‑Plano, desarrollada por FriendlyCare con el apoyo de USAID, que sirve para pedir cita en los servicios de planificación donde los usuarios pueden elegir sus métodos preferidos de planificación familiar y acceder a ellos en los centros de salud más cercanos.
El Estado garantiza la protección de las embarazadas durante el parto a través del Programa de Maternidad sin Riesgo del Ministerio de Salud, que promueve el pleno acceso de las mujeres a los servicios sanitarios para lograr un embarazo y un parto más seguros. Cuando no es posible dar a luz en un centro sanitario en situaciones de desastre masivo, el Estado garantiza que las mujeres que vayan a salir de cuentas reciban botiquines para partos de emergencia a través de sus parteras, a condición de que siempre haya una ambulancia de guardia por si acaso hubiera complicaciones. También se proporcionan suplementos de hierro a las mujeres embarazadas y lactantes, incluidas las que se encuentran en centros de acogida. Además, se imparte formación sobre atención obstétrica y neonatal básica de emergencia a los funcionarios municipales de salud, las enfermeras de salud pública y las parteras, especialmente en los centros de maternidad. Con el fin de adaptarse a la “nueva normalidad”, también se reajustaron las estrategias del Programa de Maternidad Sin Riesgo aumentando la calidad del asesoramiento sobre planificación familiar y ampliando la disponibilidad de servicios de planificación familiar posparto en los hospitales y los centros de atención primaria a la maternidad; aprovechando al máximo las plataformas que permiten atender a pacientes y recetar a distancia en la atención prenatal y posparto; e impartiendo formación en línea sobre la atención obstétrica y neonatal básica de emergencia y la maternidad sin riesgo.
En mayo de 2020, el Ministerio de Salud publicó unas directrices provisionales sobre la prestación continua de servicios de salud materna durante la pandemia de COVID‑19, a fin de garantizar la prestación sin trabas y prioritaria de servicios, sobre todo en las urgencias de maternidad.
Para implantar la educación sexual integral, el Estado tomó las siguientes medidas:
•En septiembre de 2021, el Estado puso en marcha la Convergencia en materia de Educación Sexual Integral y Salud Reproductiva de los Adolescentes, iniciativa que subrayaba los diversos mecanismos de prestación de servicios disponibles tanto dentro como fuera de las escuelas;
•El Ministerio de Salud elaboró el Manual de la Red de Asistencia Clave para el Desarrollo de los Adolescentes, con el fin de aumentar el número de centros y personal cualificado procedente de diversos sectores que puedan solucionar los problemas de salud sexual y reproductiva de los adolescentes y sus dudas a la hora de acudir a los servicios. Dicho manual se ha publicado y se está aplicando en al menos diez provincias;
•El Ministerio de Educación organizó una serie de seminarios web sobre educación sexual integral y cursos de orientación sobre la implantación piloto de la educación sexual integral y la salud reproductiva de los adolescentes para poner en contacto a las escuelas con los proveedores locales de servicios de salud. En el seminario web, al que asistieron representantes de todas las regiones, se indicaron las medidas necesarias para establecer un mecanismo escolar de derivación y utilizar un instrumento de evaluación psicosocial rápida; y
•También se crearon un plan de implementación y un marco de seguimiento y evaluación de la educación sexual integral, en los que se detallan las estrategias e intervenciones clave del Ministerio de Educación para la integración de este tipo de educación en el plan de estudios de la educación básica, desde la enseñanza preescolar hasta el 12º curso. El Estado empezó a implantar la educación sexual integral en el ejercicio económico 2020‑2021 en una selección de escuelas públicas, en particular en las Regiones I, VII y XI. El Estado también organizó una conferencia sobre la educación sexual integral para determinar el estado de su implantación.
O.Empoderamiento económico
Entre las medidas para promover estrategias de inclusión financiera con perspectiva de género, en particular el acceso a productos, apoyo y servicios bancarios o financieros en las comunidades rurales e indígenas y en las islas periféricas, figuran las siguientes:
•El Programa de Amplia Reforma Fiscal, cuyo objetivo es acelerar la reducción de la pobreza y afrontar de forma sostenible la desigualdad procurando que el sistema fiscal sea más sencillo, justo y eficiente.
Algunas medidas derivadas de este programa quedan recogidas en los siguientes instrumentos:
•La Ley de Transferencia Estratégica de Instituciones Financieras; y
•La Ley de Recuperación Empresarial e Incentivos Fiscales para las Empresas.
•Entre las iniciativas de apoyo a las mujeres empresarias figuran:
•La Alianza de Agroempresas Rurales para el Desarrollo y el Crecimiento Inclusivos;
•El Pondo sa Pagbabago at Pag ‑ asenso (Fondo para el Cambio y el Desarrollo);
•El Programa I‑RESCUE de Landbank;
•Los Proyectos de Landbank sobre Inversión y Medios de Vida Iniciados por Mujeres a través del Programa de Préstamos y Financiación Inclusiva para Acelerar el Crecimiento Empresarial; y
•El Servicio de Garantía de Crédito de PhilGuarantee para las Mipymes.
•Las mujeres agricultoras, pescadoras y agroempresarias pueden acceder a los siguientes programas de préstamos:
•El Programa de Préstamos para Agri ‑ Negosyo (Agronegocios);
•El Programa Sikat Saka de asistencia crediticia para la agricultura;
•El Programa de Crédito para la Producción Agraria; y
•El Programa para el Acceso de Jóvenes Agroempresarios a la Financiación.
A través del Memorando núm. 2016‑03, la Comisión Filipina de la Mujer insta a los organismos públicos nacionales a que evalúen su desempeño sirviéndose de la versión mejorada del Marco para Evaluar la Incorporación de la Perspectiva de Género. De los 25 organismos supervisados por la Comisión Filipina de la Mujer, 19 (76 %) mejoraron su incorporación de la perspectiva de género en 2022. Los resultados de la evaluación realizada conforme al Marco para Evaluar la Incorporación de la Perspectiva de Género sirven de base a los organismos para detectar y abordar las cuestiones de género de los organismos a través de su correspondiente agenda, plan y presupuesto de género y desarrollo.
La participación femenina en la fuerza de trabajo aumentó hasta el 49,8 % en el primer semestre de 2022, frente al 48,9 % en 2021 y el 45,8 % en 2020. A este aumento contribuyó que existieran mejores oportunidades de emprendimiento, empleos en línea y modalidades de trabajo flexibles, que se prevé que continúen en la nueva normalidad.
P.Mujeres del medio rural
A fin de que el trabajo de los hombres y las mujeres que se dedican a la pesca y la agricultura sea reconocido y valorado de la misma forma, se están examinando y modificando las Directrices para el Sistema de Registro de los Sectores Básicos de la Agricultura.
Se han asumido los siguientes compromisos para ayudar a mitigar las consecuencias de la COVID‑19 en las mujeres del medio rural:
a)Consultas de la Comisión Filipina de la Mujer con las partes interesadas, especialmente las mujeres, en los sectores de la agricultura, la pesca y la silvicultura para presentar los programas estatales, averiguar las cuestiones de género que han predominado o surgido durante la pandemia y recomendar medidas que atiendan las necesidades y rehabiliten la productividad económica. El informe resultante orientó la actuación del Gobierno en la elaboración de políticas sectoriales e institucionales que afrontaran las brechas de género;
b)El proyecto Mujeres en la Agricultura, de la Oficina de Igualdad de Género e Inclusión Social dependiente del Ministerio de Agricultura, que promueve el espíritu emprendedor entre las mujeres agricultoras, en especial las de sectores vulnerables;
c)El Programa de Desarrollo y Sostenibilidad para los Beneficiarios de la Reforma Agraria, que proporciona servicios esenciales de apoyo inmediato para hacer frente a las consecuencias de la COVID‑19;
d)Los programas de desarrollo de capacidades que refuerzan las competencias y la competitividad de las partes interesadas en la agricultura y la pesca, entre ellas las mujeres; y
e)Los programas de desarrollo de capacidades que ofrece el Instituto de Capacitación Agrícola, que también refuerzan las competencias y la competitividad de las partes interesadas en la agricultura y la pesca, incluidas las mujeres.
Para cubrir las necesidades de capital de las microempresarias, el Consejo de Políticas de Crédito Agrícola del Ministerio de Agricultura ha establecido un servicio de crédito para mujeres denominado Programa de Préstamos Agri Pinay, en el marco del Programa de Préstamos para Agri ‑ Negosyo. Este programa concede préstamos de hasta 100.000 pesos filipinos (1.724 dólares de los Estados Unidos) a mujeres sin necesidad de aval, sin intereses y pagaderos en cinco años.
El Ministerio de Agricultura también amplió la ayuda a las mipymes a través del Proyecto Ampliado de Ayuda Segura y Recuperación, que concede préstamos de 300 dólares (15.000 pesos) a los cultivadores de arroz al 0 % de interés. A través de este programa se han aprobado préstamos por valor de más de 5 millones de dólares (246,3 millones de pesos).
El Ministerio de Trabajo y Empleo puso en marcha los siguientes programas para ayudar a los beneficiarios prioritarios, entre ellos las mujeres trabajadoras:
•Los Programas Integrados de Medios de Vida y Empleo de Emergencia del Ministerio de Trabajo y Empleo, que constan de dos componentes:
•El Programa Integrado de Medios de Vida, que proporciona acceso a recursos productivos como, por ejemplo, el capital de trabajo en forma de materias primas, equipos, útiles y herramientas y ayuda a los beneficiarios a iniciar, mejorar o restablecer sus actividades de subsistencia perdidas; y
•El Programa de Empleo de Emergencia, un paquete de ayuda basado en la comunidad (municipio/barangay) que proporciona empleo de emergencia a los trabajadores desplazados y los pobres subempleados y desempleados, durante un mínimo de 10 días y un máximo de 90, dependiendo de la naturaleza del trabajo.
•El Programa de Mejora Social para los Trabajadores del Sector Azucarero, cuya finalidad es aumentar los ingresos, incluidos los medios de vida, de los trabajadores del sector azucarero y las personas cualificadas a su cargo para que disfruten de un nivel de vida digno (y de un empleo productivo), mediante la prestación de servicios, como las primas en efectivo; la asistencia mediante prestaciones por maternidad, defunción, subsistencia y emergencias; formación y educación; y protección y prestaciones sociales.
El Ministerio del Interior y de Administración Local, en colaboración con diversos organismos, elaboró las siguientes políticas que promueven los derechos de las mujeres y niñas de las zonas rurales:
a)El Memorando Conjunto núm. 2020‑01 del Ministerio del Interior y de Administración Local, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, la Comisión de Población y Desarrollo y la Autoridad Estadística de Filipinas, titulado “Directrices complementarias del memorando conjunto núm. 1, serie de 2018, o el programa revisado de orientación y asesoramiento prematrimonial por el que se aplican las directrices de 2018”, con fecha 15 de junio de 2020;
b)El Aviso Conjunto núm. 2020‑01 del Ministerio del Interior y de Administración Local, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, la Comisión de Población y Desarrollo y la Autoridad Estadística de Filipinas, titulado “Directrices provisionales sobre la prestación de servicios de orientación y asesoramiento prematrimonial durante el período de estado de emergencia de salud pública en todo el país debido a la pandemia de COVID‑19”, con fecha 15 de junio de 2020;
c)El Memorando núm. 2020‑132 del Ministerio del Interior y de Administración Local, titulado “Directrices para la creación de los equipos encargados de aplicar la Ley de Paternidad y Maternidad Responsables y Salud Reproductiva en las entidades de gobierno local”, con fecha 7 de octubre de 2020;
d)El Memorando Conjunto núm. 2020‑01 del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y de Administración Local, el Organismo Nacional de Economía y Desarrollo y la Comisión de Población y Desarrollo, titulado “Evaluación de las vulnerabilidades demográficas de las comunidades y los hogares ante las infecciones por la COVID‑19 al planificar y aplicar una respuesta eficiente a la pandemia a nivel local y comunitario”, con fecha 19 de abril de 2020;
e)La Orden Administrativa Conjunta núm. 2021‑0002 del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior y de Administración Local, titulada “Marco nacional de políticas sobre la promoción y el reconocimiento de las comunidades sanas”, con fecha 7 de diciembre de 2021; y
f)La Orden Administrativa Conjunta núm. 2022‑0001 del Ministerio de Salud, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, el Ministerio de Educación, la Comisión de Educación Superior, el Consejo de Educación Jurídica, la Autoridad de Educación Técnica y Desarrollo de Aptitudes y el Ministerio del Interior y de Administración Local, titulada "Directrices sobre el marco de entornos saludables en las instituciones de enseñanza”, con fecha 14 de marzo de 2022.
Para garantizar un mayor acceso de las mujeres a los recursos en el ámbito rural, el Ministerio de Reforma Agraria sigue aplicando sus programas de reforma agraria, entre ellos:
a)El servicio de riego gratuito para reducir los costos de producción de los agricultores y aumentar el rendimiento, que contribuye a incrementar los ingresos;
b)La eliminación de las restricciones a las patentes libres para permitir el uso eficiente y eficaz de las tierras de propiedad estatal y así contribuir a la creación de riqueza, el espíritu empresarial y el desarrollo económico;
c)El impulso de la producción y el consumo locales al mismo tiempo que se aumenta la productividad agrícola, lo que conlleva mayores ingresos para los agricultores; y
d)La promoción de la agricultura moderna sostenible y la seguridad alimentaria mediante la creación de una cultura empresarial entre los agricultores y los pescadores.
Q.Grupos desfavorecidos de mujeres
El gobierno de Bangsamoro lleva a cabo misiones de investigación sobre los casos de acoso en la región, en especial los relacionados con los conflictos territoriales. Por ejemplo, una misión de investigación dirigida por el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas, en coordinación con los Ministerios del Interior y de Administración Local; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Planificación; y de Orden Público y Seguridad; la Fiscalía General de Bangsamoro; la Comisión de Derechos Humanos de Bangsamoro; y la Comisión de la Mujer de Bangsamoro citaron el conflicto territorial como origen del acoso.
El Programa de Ayuda de Emergencia a la Vivienda, a través de oficinas regionales, proporciona asistencia rápida en efectivo a las familias de bajos ingresos y marginales afectadas por desastres naturales o provocados por el ser humano, incluidas las mujeres musulmanas y sus familias, para que reparen las estructuras de sus casas. En diciembre de 2021, las mujeres de la comunidad maranao y sus familias recibieron ayuda económica tras el tifón Odette.
En marzo de 2021 se llevó a cabo un análisis conjunto entre las mujeres de la caja SPMS y sus zonas de amortiguación (regiones prioritarias para los programas de paz y desarrollo como parte de las zonas críticas, afectadas por conflictos y vulnerables a los conflictos), para evaluar los problemas que impedían reducir la brecha de género en medio de la pandemia de COVID‑19.
Se promulgaron nuevas leyes para el monte Arayat, el monte Pulag, Naga‑Kabasalan, el paso de Tirad y Banao, por las que se establecieron otras cinco zonas protegidas dentro del Sistema Nacional Integrado de Zonas Protegidas, de modo que el total de zonas protegidas legisladas en todo el país asciende a 113. En 2022, se puso en marcha la Campaña del Año de las Zonas Protegidas para promover los parques nacionales, fomentar la actuación estatal en la promoción de las zonas protegidas y garantizar su conservación eficaz y gestión sostenible a escala nacional y local.
En las directrices para la ejecución del Programa de Ayuda a la Vivienda dirigido a las comunidades culturales indígenas o los Pueblos Indígenas se establece la igualdad de trato y de valor al participar en proyectos de vivienda y ejecutarlos. Los Pueblos Indígenas participan activamente como miembros del Comité Interinstitucional Local y se les otorgó la misma autoridad para adoptar decisiones en la formulación de políticas y la planificación como asociados en la ejecución.
•En el municipio de Claver, Surigao del Norte, durante la planificación y ejecución de un proyecto de vivienda para la aldea tribal de Daging participa una líder mamanwa en representación de su tribu;
•Gracias al apoyo de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, las mujeres mamanwas y sus familias disfrutaron de igualdad de oportunidades para disponer de viviendas adecuadas, habitables y adaptadas a su cultura; y
•En 2022, un total de 307 familias mamanwas beneficiaron de los proyectos de vivienda.
Se anima a las mujeres y niñas indígenas a que participen en las consultas comunitarias a través de los representantes obligatorios de los Pueblos Indígenas en los órganos legislativos locales y de elaboración de políticas, especialmente en el Plan de Desarrollo Sostenible y Protección de los Dominios Ancestrales. Es necesario que los grupos de trabajo técnicos de ámbito comunitario estén compuestos por dirigentes tradicionales y representantes reconocidos de todos los sectores indígenas, entre ellos las mujeres, la juventud, los pescadores y los agricultores de la tribu propietaria del dominio ancestral.
Para llevar a cabo un proyecto de viviendas dirigido a la comunidad mamanwa en Samar del Norte, se consultó a las autoridades locales sobre el número de personas mamanwas afectadas, la propiedad del lugar propuesto, la disposición del grupo destinatario a acoger el proyecto de viviendas y sus preferencias en cuanto al diseño de las viviendas. El Programa de Ayuda a la Vivienda para las comunidades culturales indígenas se aplica en coordinación con la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.
El Manual de Formación de Formadores sobre la Igualdad de Género y las Mujeres con Discapacidad tiene por objeto promover servicios públicos que respondan a las cuestiones de género para las mujeres con discapacidad, como la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad. La lengua de señas filipina está reconocida como lengua de señas oficial sin perjuicio de otras lenguas de señas u otras formas de comunicación como el braille.
En virtud de la Ley de Salud Mental, antes de realizar cualquier intervención médica a mujeres y niñas con discapacidad psicológica, en particular si es de carácter neurológico y psiquiátrico, la paciente debe dar su consentimiento previo durante un período de cordura. Asimismo, esta ley establece la inspección periódica de las instituciones para garantizar que no se cometan actos de abuso o violencia.
Se han mejorado las directrices vigentes de la Autoridad Nacional de Vivienda relativas al desarrollo de los asentamientos humanos con el fin de aumentar la receptividad y sensibilidad a las cuestiones de género ante los problemas de las mujeres marginadas, especialmente al examinar la adjudicación, la reubicación, el reasentamiento, la demolición y el desalojo.
•Los posibles beneficiarios gozan de igualdad de oportunidades para acogerse al programa de vivienda social siempre y cuando cumplan los criterios prescritos en la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de 1992 o su versión modificada por el Comité Interinstitucional Local o los requisitos específicos de cada programa de vivienda;
•El desalojo y la demolición de asentamientos informales en propiedades y proyectos pertenecientes a la Autoridad Nacional de Vivienda o administrados por ella cumplen con el mandato de la Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano de que ninguna persona, ya sea hombre o mujer y de ámbito urbano o rural, que pertenezca al sector marginado sea desalojada sin haber recibido reubicación o asistencia financiera. De este modo, el Estado, por medio de la Autoridad Nacional de Vivienda, garantiza que el desalojo o la demolición de asentamientos ilegales (de mujeres, hombres, familias monoparentales, personas mayores, etc.) se ejecuten con arreglo a las leyes vigentes y otras disposiciones jurídicas;
•La versión actualizada de los “Procedimientos operativos estándar por los que se rige el desalojo inmediato de ocupantes ilegales y la demolición de estructuras en propiedades y proyectos pertenecientes a la Autoridad Nacional de Vivienda o administrados por ella” ofrece procedimientos adecuados y humanitarios de reubicación y reasentamiento prestando especial atención a las mujeres y la infancia; y
•Se han acondicionado nuevos modelos de vivienda para víctimas de desastres, con habitaciones y otras mejoras para evitar la violencia doméstica, especialmente la que afecta a mujeres y niños.
El Ministerio del Interior y de Administración Local también publicó las siguientes políticas que promueven los derechos de las mujeres con discapacidad:
•El Memorando Conjunto núm. 2020‑066 del Ministerio del Interior y de Administración Local, titulado “Directrices para el bienestar de las personas con discapacidad durante la cuarentena comunitaria reforzada debido a la pandemia de COVID‑19”, con fecha 31 de marzo de 2020;
•El Memorando Conjunto núm. 2021‑041 del Ministerio del Interior y de Administración Local, titulado “Refuerzo de la funcionalidad de las Oficinas y los Coordinadores para Asuntos de las Personas con Discapacidad”, con fecha 8 de abril de 2021; y
•El Memorando Conjunto núm. 01, serie de 2022, del Ministerio de Comercio e Industria, el Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, la Comisión Nacional de Personas Mayores, el Consejo Nacional sobre Asuntos de la Discapacidad, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y de Administración Local y la Oficina de Impuestos Internos, titulado “Directrices sobre la provisión de las prestaciones y ventajas obligatorias por ley a las personas mayores y las personas con discapacidad en sus compras a través de Internet (comercio electrónico) y llamadas telefónicas o mensajes de texto”, con fecha 6 de mayo de 2022.
A fin de promover los derechos de las personas con discapacidad, este organismo también llevó a cabo las siguientes intervenciones:
•Un curso de orientación sobre el refuerzo de la funcionalidad de la Oficina o el Coordinador para Asuntos de las Personas con Discapacidad, impartido el 13 de julio de 2021;
•Un curso de sensibilización y concienciación con respecto a la discapacidad, impartido el 23 de agosto de 2021 a través de la plataforma Zoom; y
•Un seminario web sobre el empoderamiento de las mujeres con discapacidad, impartido el 28 de marzo de 2022 a través de la plataforma Zoom.
R.Cambio climático y reducción del riesgo de desastres
La Comisión Filipina de la Mujer, junto con la Coalición contra la Trata de Mujeres de Asia y el Pacífico, elaboró unas directrices sobre la aplicación de intervenciones de emergencia con perspectiva de género durante las crisis humanitarias para poner en práctica el artículo de la Carta Magna de la Mujer relativo a las mujeres afectadas por desastres y otras situaciones de crisis. En colaboración con ONU‑Mujeres y algunas mujeres legisladoras, la Comisión Filipina de la Mujer redactó un proyecto de ley sobre protocolos y programas inclusivos y con perspectiva de género para atender las necesidades diferenciadas de las mujeres en situaciones de emergencia.
La Comisión Filipina de la Mujer forma parte del Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, ayuda a incorporar la perspectiva de género como preocupación transversal en el marco, las políticas, los planes y los programas de reducción y gestión del riesgo de desastres, y contribuye a que se adopten medidas que respondan a las cuestiones de género. Dicho Consejo elaboró el Plan Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres 2020‑2030, cuyo objetivo es garantizar la perspectiva de género en la reducción y gestión del riesgo de desastres.
Mediante el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático 2011‑2028, se pretende fomentar la capacidad de adaptación de hombres y mujeres en sus comunidades, aumentar la resiliencia de los sectores vulnerables y los ecosistemas naturales al cambio climático y optimizar las oportunidades de mitigación encaminadas a un desarrollo sostenible con perspectiva de género y basado en los derechos.
Cuando el Estado presentó su primera contribución determinada a nivel nacional, que integraba reflexiones sobre la igualdad de género, se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75 % para 2030.
•Al institucionalizar la presentación de informes y el seguimiento del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres, se hace referencia a los datos desglosados por sexo y la información relacionada con el género entre las carencias de datos;
•En la Guía de Formulación del Plan Local de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres, se reconoce la necesidad de incluir al oficial de género y desarrollo en el equipo de planificación y de que participen los sectores vulnerables, en particular las mujeres;
•Se ha reforzado el Comité Directivo Nacional sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad para aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820, entre otras;
•Se ha creado la Política Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres en la Salud para realizar intervenciones sanitarias con perspectiva de género y adecuadas desde el punto de vista cultural;
•Las estrategias de medio ambiente se centran en lo que implica un calentamiento global de 1,5 °C para los programas nacionales prioritarios; la pandemia; y la creciente preocupación por hacer frente a los riesgos y las amenazas del cambio climático y los desastres naturales;
•El Programa de Asistencia Crediticia en Casos de Desastre es un programa especial que beneficia a las personas afectadas por los desastres.
En abril de 2022, el Estado respondió a la actividad prioritaria A.4 recogida en el plan de acción sobre el género de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que insta a dotarse de unos datos y una comprensión más sólidos con respecto a los efectos diferenciados que el cambio climático tiene en los hombres y las mujeres y al papel de la mujer como agente de cambio.
El Estado participó en el 66º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que incluyó como tema prioritario la promoción de la igualdad de género en el contexto del cambio climático, el medio ambiente y la reducción y gestión del riesgo de desastres. En mayo de 2022 se celebró un foro de intercambio de observaciones para poner de relieve los resultados y afianzar el compromiso del Gobierno, la sociedad civil y el sector privado con la aplicación de las conclusiones convenidas.
A fin de mejorar la situación de las mujeres y las niñas en la Región Autónoma de Bangsamoro del Mindanao Musulmán, especialmente en situaciones de crisis, la Comisión de la Mujer de Bangsamoro defiende el valor de la participación y el liderazgo de las mujeres y acelera los programas, proyectos y actividades de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el contexto del cambio climático, el medio ambiente y los desastres.
S.Matrimonio y relaciones familiares
La Agenda Legislativa Prioritaria de la Mujer para el 19º Congreso propone lo siguiente:
•Modificar la disposición del Código de Familia sobre la separación legal, de modo que contemple la violencia y la conducta abusiva como motivos de separación legal y reconozca el abuso sexual; y
•Modificar el Código de Familia de Filipinas para eliminar todo rastro de desigualdad entre los cónyuges en lo que respecta a su capacidad para dar el consentimiento parental para contraer matrimonio, administrar sus bienes gananciales o la sociedad conyugal y ejercer la patria potestad y la tutela de los bienes de los hijos en común.
En cuanto a la igualdad entre las mujeres y los hombres, tanto durante el matrimonio como después de su disolución:
•En marzo de 2015 se aprobó la ley por la que se deroga el delito de matrimonio prematuro. Con ella se derogó el artículo 351 del Código Penal Revisado, que castigaba a la mujer que contrajera matrimonio en el plazo de 301 días a partir de la fecha de fallecimiento de su marido, o antes de dar a luz si estaba embarazada en el momento en que había fallecido su marido, con penas de prisión que iban desde un mes y un día hasta seis meses y una multa de hasta 500 pesos; y
•El proyecto de ley sobre el divorcio ha formado parte de la Agenda Legislativa Prioritaria de la Mujer desde el 17º Congreso. En el 18º Congreso se presentaron 3 proyectos de ley sobre el divorcio en la Cámara de Representantes y otros 2 en el Senado.
Las medidas adoptadas para concienciar sobre la Convención y la recomendación general núm. 21 (1994) del Comité, relativa el matrimonio y las relaciones familiares, podrían formar parte de las futuras iniciativas del Estado a través de las comisiones sobre los Pueblos Indígenas y sobre la comunidad filipina musulmana.
El Estado, por medio del Código Penal Revisado, en el título 12, capítulo 2, relativo a “Matrimonios ilegales”, considera la bigamia un delito punible con penas de prisión de entre 6 y 12 años. Aunque, según el Decreto Presidencial núm. 1083: Código de Leyes Personales Musulmanas, un musulmán puede “tener más de una esposa”, el artículo 27 establece que solo podrá hacerlo “a condición de que pueda dispensarles la misma compañía y un trato justo”.
En diciembre de 2021 se promulgó la ley que prohíbe la práctica del matrimonio infantil. Esta ley prohíbe la unión informal o la cohabitación fuera del matrimonio entre un adulto y un niño, o entre niños.