Distr.RESERVADA*

CCPR/C/92/D/1358/200524 de abril de 2008

ESPAÑOLOriginal: INGLÉS

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS92º período de sesiones17 de marzo a 4 de abril de 2008

DECISIÓN

Comunicación Nº 1358/2005

Presentada por:Viktor Korneenko (no representado por abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Belarús

Fecha de la comunicación:10 de noviembre de 2004 (comunicación inicial)

Referencias:Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado Parte el 1º de febrero de 2005 (no se publicó como documento)

Fecha de aprobación del dictamen:1º de abril de 2008

Asunto:Denegación de la posibilidad de presentar candidatura a la cámara baja del Parlamento de Belarús

Cuestiones de fondo:Derecho a ser elegido sin restricciones indebidas y sin distinciones; a tener acceso a los tribunales; a que sus derechos y obligaciones de carácter civil sean determinados por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley

Cuestión de procedimiento:Falta de fundamentación de la reclamación

Artículos del Pacto:Artículo 14, párrafo 1; artículos 25 y 26

Artículo del Protocolo Facultativo:Artículo 2

[Anexo]

Anexo

DECISIÓN DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA DE CONFORMIDAD CON EL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - 92 º PERÍODO DE SESIONES -

respecto de la

Comunicación Nº 1358/2005 *

Presentada por:Viktor Korneenko (no representado por abogado)

Presunta víctima:El autor

Estado Parte:Belarús

Fecha de la comunicación:10 de noviembre de 2004 (presentación inicial)

El Comité de Derechos Humanos,establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Reunido el 1º de abril de 2008,

Aprueba la siguiente

Decisión sobre la admisibilidad

1.El autor de la comunicación es Viktor Korneenko, ciudadano de Belarús nacido en 1957, residente en Gomel (Belarús). Afirma ser víctima de la infracción por Belarús del párrafo 1 del artículo 14 y de los artículos 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No está representado por un abogado.

Los hechos expuestos por el autor

2.1.De 1996 a 2002, el autor fue el Presidente de la asociación regional "Iniciativas Civiles" de Gomel. Es militante del Partido Civil Unido desde 2001 y Presidente de la Fundación de Ayuda al Desarrollo Local desde 2003. En una fecha sin especificar, fue nombrado candidato para las elecciones de 2004 a la Cámara de Representantes (la cámara baja) de la Asamblea Nacional de Belarús (el Parlamento), en representación del distrito electoral Nº 37, Gomel Industrial. El 6 de septiembre de 2004, el autor entregó a la Comisión Electoral del Distrito (CED) 142 listas con 1.080 firmas de apoyo a su candidatura. La recogida de firmas fue realizada por un grupo establecido para tal fin.

2.2.El 16 de septiembre de 2004, la CED denegó la inscripción de la candidatura del autor argumentando que 57 de las firmas presentadas (el 16,2%) eran inválidas. También se señalaba en el extracto Nº 5 de la decisión de la CED de 16 de septiembre de 2004, que dos votantes, Kontsevoy y Kontsevaya, habían solicitado a la CED que se retiraran sus firmas de las listas de apoyo al autor. El autor sostiene que, de conformidad con el artículo 67, parte 5, del Código Electoral de Belarús, Recomendaciones de Procedimiento, titulado "Aspectos organizativos y jurídicos de las actividades de las comisiones electorales de distrito referente a la elección de los diputados de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la República de Belarús", aprobado por la decisión Nº 5 de la Comisión Electoral Central (CEC) el 20 de mayo de 2004, la CED tenía que haber levantado acta con los resultados de la verificación de las firmas explicando, en su caso, los motivos de las invalidaciones. Sin embargo, no se hizo así. El autor afirma que, de hecho, la decisión de la CED de no inscribir su candidatura se basó únicamente en un informe no confirmado de la secretaria de la CED.

2.3.El 17 de septiembre de 2004, el autor, en presencia de un observador electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), pidió a la secretaria de la CED que le autorizara a ver el acta con los resultados de la verificación de las firmas. La secretaria de la CED denegó la petición alegando que la lista completa de firmas, así como el acta que solicitaba el autor, ya se habían enviado al Comisario electoral jefe. El autor sostiene que, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 66 del Código Electoral de Belarús, la CED tenía que conservar las listas de firmas hasta que finalizara su cometido.

2.4.El autor sostiene que la secretaria de la CED, que al mismo tiempo era administradora del Comité Ejecutivo del distrito soviético de Gomel, estaba predispuesta en su contra desde el mismo momento en que su grupo acudió a ella para pedirle que certificase con el sello de aprobación del Comité Ejecutivo la lista de firmas de apoyo a su candidatura. En aquel entonces, la secretaria de la CED habló en público del autor, sirviéndose de información falsa que presuntamente atentaba contra su honor, su dignidad y su reputación profesional.

2.5.El autor explica que el 7 de septiembre de 2004 denunció la conducta de la secretaria de la CED ante el fiscal del distrito soviético de Gomel. No recibió respuesta en el plazo de tres días previsto en el artículo 49, parte 7, del Código Electoral de Belarús. El 21 de septiembre de 2004, denunció el silencio del fiscal del distrito soviético de Gomel ante la fiscalía de la región de Gomel. El 29 de septiembre de 2004, el fiscal de la región de Gomel respondió que, según el artículo 8 de la Ley sobre las peticiones de los ciudadanos, la denuncia presentada por el autor el 7 de septiembre de 2004 debía examinarse en el plazo de un mes, y que no había pruebas de que la conducta de la secretaria de la CED fuera constitutiva de infracción administrativa o delito. El fiscal del distrito soviético de Gomel envió, con fecha de 27 de septiembre de 2004, una respuesta similar a la denuncia del autor. El 6 de octubre de 2004, el autor recurrió la decisión del fiscal de la región de Gomel ante la Fiscalía de Belarús. El 20 de octubre de 2004, la Fiscalía de Belarús confirmó la decisión del fiscal de la región de Gomel con respecto a la secretaria de la CED, pero observó que la denuncia del autor debería haber sido examinada en el plazo previsto en el Código Electoral de Belarús.

2.6.En una fecha sin especificar, el autor pidió a la secretaria de la CED que le remitiera los escritos en que los dos votantes supuestamente pedían la retirada de sus firmas de las listas de apoyo al autor (véase el párrafo 2.2), pero su petición fue denegada. El autor sostiene que de las copias de las listas de firmas presentadas en su apoyo se desprende que la votante Kontsevaya en realidad no había respaldado nunca su candidatura, por lo que no era posible que hubiese retirado su firma.

2.7.En una fecha sin especificar, el autor recurrió ante la CEC la decisión adoptada por la CED el 16 de septiembre de 2004. En el recurso alegaba que se le había privado de la posibilidad de presentar pruebas de la validez de las firmas de apoyo, pues se le había denegado el acceso tanto a los escritos en que se solicitaba la retirada de las firmas (véase el párrafo 2.6) como al acta levantada por la CED con los resultados de la verificación de las firmas (véase el párrafo 2.3). El 23 de septiembre de 2004, la CEC desestimó el recurso del autor sin darle la oportunidad de ser oído. Poco después de la desestimación, se permitió al autor consultar el expediente del caso, incluida el acta con los resultados de la verificación de las firmas donde se documentaba la supuesta invalidez de algunas firmas. El autor señala que en el expediente no se encontraban los escritos de los votantes que presuntamente habían pedido la retirada de sus firmas de las listas.

2.8.El autor facilita los nombres de 11 votantes cuyas firmas fueron consideradas inválidas por la CED. La CED concluyó que esos votantes no habían firmado las listas para apoyar al autor, y que cuando los funcionarios de la CED les pidieron que explicaran lo sucedido por escrito, se negaron a hacerlo. El autor se puso en contacto con los 11 votantes, quienes le aseguraron que nunca habían negado haber firmado las listas en cuestión y que ningún funcionario de la CED había acudido a ellos para verificar las firmas. A tal efecto, enviaron a la CED declaraciones escritas que en su mayoría fueron certificadas por un notario público.

2.9.En una fecha sin especificar, el autor interpuso ante el Tribunal Supremo un recurso contra la resolución de la CEC de 23 de septiembre de 2004. Este recurso fue desestimado el 30 de septiembre de 2004, siendo firme la decisión del Tribunal Supremo desde el momento de su anuncio, por lo que no cabía contra ella recurso en casación. El Tribunal Supremo argumentó, entre otras cosas, que no había base para anular la decisión del CEC de rechazar la inscripción, y que las declaraciones escritas de los votantes presentadas por el autor (véase el párrafo 2.8) no eran fidedignas, pues habían sido obtenidas contraviniendo el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil. El Tribunal Supremo basó su decisión en que las firmas de apoyo al autor eran inválidas según el examen caligráfico realizado, con fecha 29 de septiembre de 2004, por la Oficina de Peritos Forenses del Departamento del Interior del distrito soviético de Gomel. El autor señala que las firmas de los votantes recogidas en su apoyo fueron declaradas inválidas el 16 de septiembre de 2004, es decir, dos semanas antes de cuando debería habérsele inscrito como candidato, y que si hubiera sido así, el autor podría haber competido con el Ministro Adjunto del Interior por un escaño en la Cámara de Representantes. Además, el mismo día en que supuestamente se realizó el examen de la lista de firmas, éstas obraban en realidad en poder de la CEC. El autor rechaza la parte de la decisión del Tribunal Supremo según la cual el autor no había negado en el juicio que hubiera firmas inválidas en las listas que había presentado a la CED. Se remite a las declaraciones escritas de los 11 votantes incorporadas al expediente de la causa para sostener su argumento. Alega que, por estos motivos, se le denegó el acceso a la transcripción de la vista.

2.10.En una fecha sin especificar, el autor interpuso ante el Presidente del Tribunal Supremo un recurso contra la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el 30 de septiembre de 2004. El Presidente Adjunto del Tribunal Supremo desestimó el recurso el 13 de octubre de 2004.

La denuncia

3.1.El autor denuncia que se le negó el derecho a la igualdad ante los tribunales y a la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (párrafo 1 del artículo 14 del Pacto).

3.2.El autor denuncia que se le negó el derecho, garantizado en el artículo 25 del Pacto, a ser elegido diputado de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Belarús en unas elecciones auténticas realizadas por sufragio universal e igual, y que se violó la garantía de la libre expresión de la voluntad de los electores.

3.3.Por último, el autor sostiene que las autoridades del Estado Parte lesionaron su derecho a la igual protección de la ley recogido en el artículo 26 del Pacto, pues fue discriminado a causa de sus opiniones políticas.

Observaciones del Estado Parte sobre la admisibilidad y el fondo

4.1.Con fecha 25 de septiembre de 2006, el Estado Parte recordó la cronología del caso. Especificó que la CEC había examinado la lista de firmas presentadas en apoyo del autor, los testimonios de los votantes, las actas de la CED y la opinión de expertos, y concluyó que la CED había actuado correctamente al excluir 57 firmas por considerarlas inválidas (véase el párrafo 2.7). De estas firmas, 27 eran inválidas porque los votantes no habían firmado personalmente o no habían indicado la fecha; 17 eran inválidas porque las listas de votantes contenían información falsa; 12 eran inválidas porque las listas de firmas no contenían los datos exigidos; y 1 porque el votante no residía en el distrito electoral del autor.

4.2.Cuando examinó la denuncia del autor referida a la resolución de la CED de 16 de septiembre de 2004 y a la de la CEC de 23 de septiembre de 2004, en las que se denegaba al autor la inscripción como candidato, el Tribunal Supremo confirmó la invalidez de las firmas en cuestión (véase el párrafo 2.9), sobre la base del protocolo de la CED y de las actas levantadas por los miembros de la CED de conformidad con las atribuciones que les confería la legislación electoral. Ante el Tribunal, el autor no negó que hubiera firmas inválidas en las listas al afirmar que su número era inferior al 15% del total de firmas verificadas. Para sustentar su argumentación, el autor presentó declaraciones escritas certificadas de los votantes cuyas firmas se consideraron inválidas. El Tribunal rechazó estas pruebas por haber sido obtenidas infringiendo el principio establecido en el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil.

Comentarios del autor sobre las observaciones del Estado Parte

5.Con fecha 3 de abril de 2007, el autor refutó el argumento del Estado Parte de que en el juicio no negó que hubiera firmas inválidas en las listas de apoyo. Recuerda su denuncia inicial, en la que explícitamente rechazaba esa parte de la decisión del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2004. Reitera que proporcionó al Tribunal 11 declaraciones escritas y certificadas por un notario de los votantes cuyas firmas se consideraron inválidas. Ese número de declaraciones bastaba para inscribir su candidatura. El autor sostiene que el Tribunal Supremo rechazó esas declaraciones únicamente porque no era independiente del poder ejecutivo. En apoyo a su pretensión se remite a la conclusión que el Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, incluyó en su informe sobre la misión a Belarús en 2001, en el sentido de que el Presidente dispone de discreción absoluta para nombrar y destituir jueces.

Deliberaciones del Comité

Examen de la admisibilidad

6.1.Antes de examinar toda reclamación formulada en una comunicación, el Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si el caso es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

6.2.El Comité se ha cerciorado, como se exige en los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 5 del Protocolo Facultativo, de que el mismo asunto no ha sido sometido ya a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales, y señala que el Estado Parte no ha negado que se hayan agotado los recursos internos.

6.3.El autor afirma que el derecho que le confiere el artículo 25 a ser elegido diputado de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional se vio lesionado al negársele la inscripción como candidato. El Comité observa que el autor también impugna la forma en que los tribunales del Estado Parte examinaron su reclamación sobre el rechazo a la inscripción de su candidatura, así como la negativa de los tribunales a ponderar debidamente las declaraciones certificadas por un notario de los votantes cuyas firmas habían sido consideradas inválidas tanto por la CED como por la CEC. Sin prejuicio de la cuestión de si el caso del autor tiene "carácter civil" en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 el Comité observa que estas alegaciones se refieren principalmente a la evaluación de los hechos y las pruebas por el Tribunal. El Comité recuerda que por lo general corresponde a los tribunales de los Estados Partes evaluar los hechos y las pruebas de cada caso, salvo que se demuestre que la evaluación ha sido claramente arbitraria o constitutiva de una denegación de justicia. El Comité considera que los hechos expuestos por el autor no permiten afirmar que la actuación del Tribunal en esta ocasión haya sufrido tales vicios. El autor no ha refutado el argumento del Estado Parte de que el Tribunal Supremo aplicó correctamente el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil en lo que respecta a la invocación de las declaraciones de determinados signatarios en apoyo de su candidatura en relación con la validez de sus firmas. En consecuencia, el Comité considera que las alegaciones del autor en virtud del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto no se han fundamentado de manera suficiente a los efectos del artículo 2 del Protocolo Facultativo y son, por tanto, inadmisibles. De ahí que el autor tampoco puede alegar que se le ha privado injustamente de la oportunidad de ser elegido diputado de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Belarús, en contravención del artículo 25. Por consiguiente, el Comité concluye que esta parte de la comunicación es también inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

6.4El autor denuncia que se ha violado su derecho a la igual protección de la ley, recogido en el artículo 26 del Pacto, pues fue discriminado a causa de sus opiniones políticas. Sin embargo, el Comité observa que el autor no ha aportado ningún detalle ni prueba en la sustanciación de esa denuncia. Asimismo, no queda claro si sus alegaciones llegaron a formularse en los tribunales internos. En estas circunstancias, el Comité considera que esta parte de la comunicación carece de fundamento a los efectos de la admisibilidad, por lo que debe ser considerada inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo.

7.Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos decide:

a)Que la comunicación es inadmisible en virtud del artículo 2 del Protocolo Facultativo;

b)Que esta decisión se comunique al Estado Parte y al autor.

[Aprobado en español, francés e inglés, siendo la versión original el texto inglés. Posteriormente se publicará también en árabe, chino y ruso como parte del informe anual del Comité a la Asamblea General.]

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