Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
26º período de sesiones
7 a 25 de marzo de 2022
Examen de los informes presentados por las partes en la Convención en virtud del artículo 35
Respuestas de Suiza a la lista de cuestiones relativa a su informe inicial * **
[Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2020]
A.Propósito y obligaciones generales (arts. 1 a 4)
Respuesta a la pregunta 1 a) de la lista de cuestiones (CRPD/C/CHE/Q/1)
1.En el marco del Diálogo Nacional sobre la Política Social Suiza, la Confederación y los cantones intercambian información con regularidad, por ejemplo a través del programa plurianual “Autonomía”. Los cantones se coordinan mediante distintas Conferencias de Directores, y la Conferencia de Directoras y Directores Cantonales para Asuntos Sociales (CDAS) está representada en los grupos de trabajo sobre políticas en favor de las personas con discapacidad y el programa “Autonomía”.
Respuesta a la pregunta 1 b) de la lista de cuestiones
2.La sociedad civil puede opinar sobre las reformas legislativas en curso por medio del procedimiento de consulta pública. Se trata de la fase del procedimiento legislativo preliminar, que es cuando se presentan los proyectos a los cantones, a los principales partidos políticos, a las asociaciones de coordinación de los municipios, las ciudades y las regiones de montaña, a las asociaciones de coordinación de la economía y a otros grupos interesados. Aunque una persona no haya sido invitada a hacerlo, también podrá formular comentarios a un proyecto sometido a consulta. Recientemente, las asociaciones de defensa de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y las personas con discapacidad se han pronunciado sobre el proyecto de revisión del Código Civil para autorizar el matrimonio civil para todos, así como sobre un proyecto del Gobierno transmitido al Parlamento el 6 de diciembre de 2019 sobre el cambio de sexo en el registro civil. También podrán dar su opinión sobre el tratamiento de las mociones de Arslan y Ruiz para que se examine la posibilidad de introducir una tercera categoría sexual. En el marco del programa “Autonomía”, la Confederación y los cantones estudian cómo mejorar la integración de las personas con discapacidad y sus organizaciones en los procedimientos de elaboración y control de la aplicación de las leyes.
Respuesta a la pregunta 1 c) de la lista de cuestiones
3.Los derechos de las personas con discapacidad forman parte de los objetivos fijados en el área temática de “igualdad de oportunidades” de la Estrategia de Desarrollo Sostenible para 2020-2030, en elaboración. El proceso de formulación de la estrategia comprende una consulta pública que permitirá a las organizaciones de personas con discapacidad expresar su opinión.
Respuesta a la pregunta 1 d) de la lista de cuestiones
4.El Gobierno está esperando a conocer mejor la práctica del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a fin de poder establecer las consecuencias concretas de la ratificación del Protocolo Facultativo para el ordenamiento jurídico suizo. El Gobierno está dispuesto a facilitar las aclaraciones necesarias después del primer ciclo de examen.
B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)
Igualdad y no discriminación (art. 5)
Respuesta a la pregunta 2 a) de la lista de cuestiones
5.El Gobierno considera que la legislación vigente y la respectiva jurisprudencia brindan una protección suficiente contra la discriminación y que los instrumentos jurídicos disponibles permiten a las víctimas defenderse. La prohibición de la discriminación figura en la Constitución (art. 8). Además, algunas leyes, como la Ley de Igualdad de Género y la Ley de Igualdad de los Discapacitados (LID), abordan directamente ciertos tipos de discriminación. El Centro Suizo de Derechos Humanos (CSDH) ha señalado expresamente en su estudio que no es recomendable elaborar una ley general de lucha contra la discriminación debido a que, al ser diferentes las problemáticas, resulta difícil crear una ley que las abarque todas. Además, una ley de ese tipo podría poner en entredicho los avances logrados y debilitar la vigilancia, el asesoramiento y el apoyo establecidos en cada esfera. El Gobierno ha pedido al CSDH que realice un estudio de viabilidad sobre las discriminaciones múltiples a fin de ver si es posible recabar datos sobre esos tipos de discriminación y cómo hacerlo. Se espera tener los resultados del estudio a finales de 2020.
Respuesta a la pregunta 2 b) de la lista de cuestiones
6.El artículo 8, párrafo 2, de la Constitución protege contra las normas y las medidas de derecho público discriminatorias. Se puede invocar en todos los procedimientos. Más concretamente, el artículo 7 de la LID permite a toda persona que experimente un trato desigual en el ámbito de la construcción o del transporte público exigir que el responsable se abstenga de hacerlo. En el caso de las empresas concesionarias o de las autoridades públicas, la persona discriminada puede solicitar que el proveedor de servicios ponga fin al trato desigual o se abstenga de dispensarlo (art. 8 de la LID). Cuando la discriminación proviene de particulares que prestan servicios al público, la persona discriminada puede pedir una indemnización que será fijada por un tribunal (por un máximo de 5.000 francos suizos) en función de las circunstancias, la gravedad de la discriminación y el valor del servicio de que se trate. En caso de discriminación por particulares, se aplican las disposiciones generales sobre la protección de la personalidad (art. 28 del Código Civil) y las víctimas pueden solicitar una indemnización.
7.Las organizaciones de ayuda a las personas con discapacidad están facultadas, bajo determinadas condiciones, para actuar o recurrir en su propio nombre contra una desigualdad que afecte a un número considerable de personas con discapacidad (art. 9, párr. 1, de la LID). Pueden denunciar la discriminación en virtud del artículo 6 de la LID y hacer valer sus derechos en virtud de su artículo 7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la LID, los procedimientos son gratuitos. En lo que respecta a los seguros sociales, la legislación cantonal regula los procedimientos ante los tribunales cantonales de seguros, que deben ser sencillos, rápidos, públicos (en general) y gratuitos para las partes. Los litigios por la concesión o denegación de prestaciones del seguro de invalidez conllevan costas judiciales.
Respuesta a la pregunta 2 c) de la lista de cuestiones
8.En su informe de 25 de mayo de 2016, el Gobierno realizó un examen exhaustivo de la legislación relativa a la protección contra la discriminación. Consideró que el derecho civil vigente ofrecía una protección suficiente contra la discriminación. La protección contra la discriminación por motivos de identidad o de orientación sexual puede derivarse de las normas generales (protección de la personalidad en general en el derecho civil, protección de la personalidad del trabajador, protección contra el despido improcedente en el derecho laboral o la rescisión ilegal del contrato de arrendamiento; v. 21 b)). Por último, el 9 de febrero de 2020 el pueblo suizo aceptó ampliar la norma penal contra la discriminación (art. 261 bis del Código Penal) a la discriminación por motivos de orientación sexual.
Mujeres con discapacidad (art. 6)
Respuesta a la pregunta 3 de la lista de cuestiones
9.Desde el 1 de enero de 2020, el Decreto sobre la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica ha sentado la base para que la Confederación aplique y financie medidas destinadas a prevenir y combatir las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul. A partir de 2021, podría concederse un crédito de 3 millones de francos en concepto de ayuda financiera para medidas de prevención de la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Las necesidades de las personas especialmente vulnerables se tienen en cuenta en los programas prioritarios de la Oficina Federal para la Igualdad de las Personas con Discapacidad (OFIPD).
Niños y niñas con discapacidad (art. 7)
Respuesta a la pregunta 4 a) de la lista de cuestiones
10.En el marco de su participación en los programas de reasentamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Suiza acoge de forma habitual a refugiados especialmente vulnerables, como familias con un hijo con discapacidad o personas con enfermedades crónicas.
11.Además, todos los cantones cuentan con medidas de integración y con iniciativas para eliminar la discriminación contra los niños con discapacidad refugiados o admitidos provisionalmente. En total, 20 cantones afirman que han adoptado medidas concretas en favor de los niños indocumentados. A través del crédito denominado “Derechos del Niño”, la Confederación se compromete a mejorar el conocimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y a coordinar su aplicación. En las recomendaciones de la CDAS relativas a los menores de edad no acompañados de 2016, se aborda la adaptación y el apoyo a los niños con discapacidad. Esas recomendaciones prevén un enfoque integrador, el recurso a instituciones especializadas cuando sea necesario, la consideración de las necesidades concretas de los menores no acompañados y la posibilidad de recibir apoyo y orientación específicos.
Respuesta a la pregunta 4 b) de la lista de cuestiones
12.El 2 de septiembre de 2020 el Gobierno aprobó el informe titulado “Droit de l’enfant d’être entendu, Bilan de la mise en œuvre en Suisse de l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant” (El derecho del niño a ser escuchado. Examen de la aplicación del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Suiza). El informe se basa en un estudio del CSDH. El Gobierno llegó a la conclusión de que el potencial de mejora de la aplicación del artículo 12 de la Convención no reside tanto en el nivel legislativo federal como en las actividades de información y sensibilización, excepto en el caso del internamiento con fines asistenciales, sobre el cual el Gobierno desea examinar la necesidad de modificar la ley.
Toma de conciencia (art. 8)
Respuesta a la pregunta 5 a) de la lista de cuestiones
13.Los derechos de los alumnos con discapacidad se dan a conocer a los profesionales de la educación especial durante su formación inicial y continua. En el sector terciario, tanto las universidades como los cantones proporcionan la información necesaria y la relativa a los derechos amparados por el derecho internacional. Los centros educativos tienen libertad de cátedra, pero deben impartir una educación de calidad e integral, que incluya los derechos de las personas con discapacidad. Lo mismo sucede a nivel cantonal cuando se imparte formación a los magistrados o abogados. El seguro de invalidez concede subvenciones a las organizaciones coordinadoras de la asistencia privada para las personas inválidas activas a nivel nacional o regional. Aproximadamente el 70 % de esas subvenciones se destina a servicios de asesoramiento y apoyo, y a cursos dirigidos directamente a las personas con discapacidad y sus familiares. El resto de las subvenciones se destinan a prestaciones indirectas, como campañas de información o relaciones públicas. La OFIPD también ofrece apoyo financiero (v. 5b).
Respuesta a la pregunta 5 b) de la lista de cuestiones
14.El medio utilizado es la labor de sensibilización, en particular el apoyo financiero de la Confederación a proyectos para promover la igualdad de las personas con discapacidad. Cabe mencionar, por ejemplo, un proyecto que abarca los seis cantones suizos de lengua francesa organizado por ASA-Handicap Mental cuyo objetivo es dar la palabra a las personas con deficiencia intelectual para implicarlas en la defensa de sus derechos y permitirles así vivir como ciudadanos de pleno derecho que participan en las decisiones que les conciernen.
Accesibilidad (art. 9)
Respuesta a la pregunta 6, apartados a) y b), de la lista de cuestiones
15.La LID establece la base para todas las medidas tendientes a garantizar o mejorar la accesibilidad en Suiza. Las organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad y las partes interesadas participaron en su elaboración y aplicación desde los trabajos parlamentarios hasta, posteriormente, el procedimiento de consulta (v. 2b) y referendo (v. art. 24 de la LID). Las organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad también participaron estrechamente en la evaluación de la LID en 2015.
16.La LID dispone que el transporte público debe ser accesible para las personas con discapacidad a más tardar a finales de 2023. Una directriz emitida por la Oficina Federal de Transportes (OFT) sobre la proporción mínima de trenes de larga distancia que ofrecen accesibilidad a las personas con discapacidad con autonomía estipula que al menos debe haber un tren por hora y por sentido equipado con rampas para finales de 2023. Los demás trenes deben ser accesibles con la ayuda de un miembro del personal de la compañía ferroviaria. En cuanto al tráfico regional, la OFT calcula que para finales de 2023 se habrá garantizado el acceso a ras de suelo por lo menos a una puerta de cada tren. La OFT ha elaborado un documento titulado “Instruction de planification LHand” (Instrucción relativa a la Planificación sobre la base de la LID) que permitirá acelerar la aplicación de la ley en el ámbito de la infraestructura ferroviaria y reforzar la seguridad jurídica. La OFT ha elaborado también un plan nacional para la aplicación especificaciones técnicas de interoperabilidad relativa a la accesibilidad del sistema ferroviario de la Unión Europea para las personas con discapacidad y las personas con movilidad reducida. El plan considera que la LID y sus decretos constituyen un plan nacional.
17.Para la aplicación de la LID en el ámbito de las construcciones e instalaciones, véase el párrafo 40 y siguientes del informe inicial.
18.La norma SIA 500 constituye la base para evaluar la accesibilidad de los edificios residenciales y comerciales en todos los cantones. Según el artículo 5 de la Ley de Vivienda, las viviendas promovidas por la Confederación deben responder, entre otras cosas, a las necesidades de las personas con discapacidad. El sistema de evaluación de viviendas de la Oficina Federal de la Vivienda exige que los edificios residenciales y su entorno inmediato estén diseñados sin barreras, de conformidad con la norma SIA 500. El incumplimiento de estas normas dará lugar a la denegación de ayudas federales. La Oficina Federal de la Vivienda apoya a la asociación LEA, que creó el sello de calidad LEA en 2017. Se trata del primer sello de calidad del mundo que certifica que las viviendas no tienen barreras y son aptas para las personas de edad. La LEA fomenta la transparencia de las normas de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan encontrar un lugar donde vivir que esté adaptado a sus necesidades.
19.Según la Ley de Telecomunicaciones, los concesionarios de servicios de telecomunicaciones en el marco del servicio universal deben prestar esos servicios en todo el país de forma que los puedan utilizar las personas con discapacidad en condiciones comparables a las ofrecidas a las personas sin discapacidad. En la Decreto de Servicios de Telecomunicaciones se establece que las personas con deficiencia auditiva deben tener acceso a un servicio de transcripción y a un servicio de SMS, así como a un servicio de retransmisión de videotelefonía, en las tres lenguas oficiales. Para las personas con discapacidad visual y movilidad reducida existe también un servicio de directorio y conmutación. El Gobierno revisará y adaptará periódicamente las obligaciones del concesionario del servicio universal. En 2018, el Gobierno renovó su estrategia “Suiza Digital”. Al adoptar el objetivo estratégico “Las tecnologías y los servicios innovadores favorecen la participación en la sociedad y la integración en el mercado laboral”, la Confederación se compromete a promover la igualdad de oportunidades y el acceso sin barreras ni discriminación a tecnologías y servicios innovadores para todos aquellos que residen en Suiza. En mayo de 2019 se organizó el simposio “Por una administración electrónica accesible para todos” con el objetivo de poner de relieve la necesidad actual de tomar medidas en relación con la accesibilidad de la información y los servicios en Internet y dar a conocer buenos ejemplos extraídos de la experiencia práctica.
20.Por último, la norma eCH-0059 V 3.0 regulará la accesibilidad de los medios de información y comunicación (Internet) para la Confederación, los cantones y los municipios a partir del 1 de enero de 2021. Esta norma también establece nuevos requisitos en materia de lectura fácil y lengua de señas.
Derecho a la vida (art. 10)
Respuesta a la pregunta 7 de la lista de cuestiones
21.Según las directrices de la Academia de Ciencias Médicas de Suiza, el suicidio asistido sólo está permitido en caso de que la enfermedad del paciente sea incurable y esté en estado avanzado. Sólo las personas con capacidad de discernimiento pueden obtener una prescripción de un médico para adquirir la sustancia letal e ingerirla ellas mismas. Las personas con discapacidad están sujetas a los mismos requisitos. El suicidio asistido puede autorizarse para las personas con trastornos mentales siempre que el deseo de poner fin a su vida sea el resultado de una decisión independiente de una persona con capacidad de discernimiento. Deberá realizarse un examen psiquiátrico especializado y exhaustivo para evaluar si se dan las condiciones necesarias. En 2017, 1.009 personas murieron a causa de un suicidio asistido. La gran mayoría tenía más de 65 años. Las estadísticas recogen el sexo y la edad de los fallecidos, pero no la existencia de una discapacidad.
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)
Respuesta a la pregunta 8 a) de la lista de cuestiones
22.El Gobierno decidió, el 19 de junio de 2020, que Suiza firmara la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria. De acuerdo con el punto 1.6 de la Carta, Suiza apoya la aplicación del Marco de Sendai y hace hincapié en la inclusión de las personas con discapacidad en la reducción del riesgo de desastres.
23.A nivel nacional, el proyecto de desarrollo vigente se denomina “Futuro de los sistemas de alarma y telecomunicación para la protección civil”. Su finalización está prevista para 2023. Desde octubre de 2018, la aplicación informática y el sitio web Alertswiss ofrecen una visión general y una lista detallada de las notificaciones de eventos. Responden, en particular, a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva. La aplicación permite suscribirse para recibir información, alertas o avisos de emergencia en relación con cantones preseleccionados o del cantón donde se encuentre el interesado.
Respuesta a la pregunta 8 b) de la lista de cuestiones
24.En el documento de orientación de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) para 2019, que tiene por propósito “no dejar a nadie atrás”, se destaca la discapacidad como factor de exclusión en el marco del análisis de la pobreza y la exclusión. Se detallan los aspectos importantes de una gestión del ciclo de proyecto que aspire a no dejar a nadie atrás y garantizar la inclusión y el acceso a los programas y proyectos de los grupos más vulnerables, entre ellos las personas con discapacidad.
25.La Oficina Federal de Migración se esfuerza por atender a los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad. En el marco de la Agenda de Integración de Suiza, se lleva a cabo una evaluación de competencias para las personas admitidas temporalmente y los refugiados. El estado de salud del interesado se tiene en cuenta a la hora de establecer el plan de integración y fijar objetivos. En el ámbito de los programas cantonales de integración dirigidos a la población inmigrante, la Oficina Federal de Migración define áreas de apoyo y objetivos estratégicos. Los cantones aplican medidas de integración para lograr esos objetivos.
Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)
Respuesta a la pregunta 9 de la lista de cuestiones
26.En el contexto del informe titulado “Premières expériences avec le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte” (Primeras experiencias con la nueva legislación de protección de niños y adultos), de 29 de marzo de 2017, el Gobierno tomó nota de las observaciones formuladas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a otros países con un sistema similar al de Suiza. Expresó su interés por seguir de cerca los debates en Suiza y en el extranjero.
Acceso a la justicia (art. 13)
Respuesta a la pregunta 10 a) de la lista de cuestiones
27.Las administraciones están invirtiendo en accesibilidad a todos los niveles. Se ha simplificado el acceso estructural a los edificios administrativos existentes y, según lo dispuesto por la LID (v. 6), toda nueva construcción debe ser accesible. También se han eliminado las barreras en el sector de la información. Por ejemplo, el cantón de Zúrich tiene una lista de intérpretes de lengua de señas acreditados a los que se puede recurrir en los procesos judiciales. La información importante sobre el propio sistema judicial, así como sobre los procedimientos penales, se publicará en formato de lectura fácil. El 26 de febrero de 2020, el Gobierno aprobó el mensaje relativo a la revisión del Código de Procedimiento Civil. Para facilitar el acceso a los tribunales, el Gobierno propone una reducción del pago anticipado de las tasas judiciales. También se adaptarán las disposiciones relativas a la liquidación de las costas para que, en caso de insolvencia de la parte que pierda el juicio, el riesgo de recuperación de los anticipos sea asumido por el Estado y no por las partes.
Respuesta a la pregunta 10 b) de la lista de cuestiones
28.La educación en derechos humanos forma parte de la capacitación de los jueces. El tema de la discapacidad se examina en las academias de policía y durante las sesiones informativas después de las misiones.
Libertad y seguridad de la persona (art. 14)
Respuesta a la pregunta 11 a) de la lista de cuestiones
29.El internamiento con fines de asistencia responde a una necesidad particular de protección de la persona afectada, cuando la vida o la integridad personal de esa persona o de terceros esté en peligro. Se revoca en cuanto la asistencia o el tratamiento dejan de ser necesarios o la asistencia puede prestarse de forma ambulatoria (art. 426, párr. 1, del Código Civil). Dado que las nuevas disposiciones y su aplicación en los cantones han sido criticadas, el Gobierno abrió una convocatoria de proyectos en julio de 2020 para someterlas a una evaluación exhaustiva.
30.Según las estadísticas médicas hospitalarias, 11.879 personas fueron objeto de un internamiento de ese tipo en el marco de una estancia hospitalaria en una institución psiquiátrica (hospital, clínica o unidad) en 2018. En 2014, hubo 6.704 casos. Estas cifras representan un mínimo, ya que sólo se registró la información en el 72 % de los casos de hospitalización psiquiátrica. Las estadísticas documentan diversas características de los pacientes, como el sexo, la edad y la región de residencia, pero no la existencia de una discapacidad.
Respuesta a la pregunta 11 b) de la lista de cuestiones
31.Suiza participa en los debates sobre el proyecto de protocolo adicional al Convenio de Oviedo. Por el momento, no tiene previsto oponerse a su aprobación. No obstante, seguirá con gran atención la evolución de los trabajos.
Respuesta a la pregunta 11 c) de la lista de cuestiones
32.El acogimiento de un niño es la consecuencia de la retirada del derecho a determinar el lugar de residencia del niño, pronunciada por el juez o por la autoridad de protección de la infancia. Las condiciones materiales se recogen en el artículo 310 del Código Civil. El niño puede ser acogido por una familia o un entorno institucional. Si el niño y sus padres no viven juntos, tienen derecho a mantener el contacto (art. 273, párr. 1, del Código Civil). En cuanto al internamiento en una institución psiquiátrica, las disposiciones de protección de los adultos relativas al internamiento con fines asistenciales se aplican por analogía cuando un niño es internado en una institución cerrada o en un centro psiquiátrico (art. 314b del Código Civil). Se ha criticado la aplicación a los niños de las disposiciones previstas para los adultos, por lo que el Gobierno desea estudiar la cuestión (v. 4b).
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15)
Respuesta a la pregunta 12 a) de la lista de cuestiones
33.El Gobierno tiene la intención de evaluar la normativa vigente sobre tratamientos médicos forzados y medidas que restringen la libertad de desplazamiento de las personas institucionalizadas como parte de la evaluación de las normas del internamiento con fines de asistencia (v. 11a). En virtud del principio de equivalencia, las condiciones de vida de las personas encarceladas se deben acercar lo más posible a las condiciones de vida normales (art. 75, párr. 1, del Código Penal). En cuanto a la administración forzada de medicamentos, por ejemplo, en caso de trastornos mentales graves, la Academia de Ciencias Médicas de Suiza ha recordado que la aplicación de medidas coercitivas por indicación médica a personas recluidas en centros penitenciarios se rige por los mismos principios que se aplican actualmente al resto de la población.
Respuesta a la pregunta 12 b) de la lista de cuestiones
34.En la Ley de la Comisión para la Prevención de la Tortura se describe el mandato de esta Comisión. Según el artículo 8, la Comisión tendrá acceso a todos los lugares de privación de libertad, así como a sus instalaciones y equipos, y podrá realizar visitas sin previo aviso. Podrá entrevistar a cualquier persona privada de libertad o cualquier otra persona que pueda proporcionarle la información que precisa. Cuando la Comisión realiza una inspección en una institución psiquiátrica en la que hay personas sometidas a internamiento con fines de asistencia, la Comisión se interesa especialmente por las condiciones de vida y alojamiento de los pacientes. Presta especial atención a la aplicación de las medidas que implican una restricción de la libertad y examina si son conformes con las disposiciones sobre la protección de los adultos y los derechos humanos. Los cantones están examinando los conceptos para la aplicación de medidas de restricción de la libertad en las instituciones, y algunos han regulado esta aplicación (Vaud y Berna).
Respuesta a la pregunta 12 c) de la lista de cuestiones
35.Entre 2017 y 2019 se evaluó la Ley Federal de Investigación en Seres Humanos. En diciembre de 2019, el Gobierno decidió revisar los decretos que precisan las disposiciones de esa ley. Las organizaciones de personas con discapacidad pueden dar su opinión a través del procedimiento de consulta. Se espera que los decretos revisados entren en vigor a finales de 2021.
Respuesta a la pregunta 12 d) de la lista de cuestiones
36.El Departamento Federal del Interior modificó el Anexo 1 del Decreto sobre Prestaciones en el Seguro de Salud Obligatorio, y la práctica del packing quedó excluida de las prestaciones reembolsadas por ese seguro a partir del 1 de julio de 2019. Lo mismo ocurre con el seguro de invalidez. Algunos cantones han prohibido la práctica del packing en su territorio. Además, esa práctica podría constituir coacción (art. 181 del Código Penal).
Respuesta a la pregunta 12 e) de la lista de cuestiones
37.Según el Tribunal Federal, una intervención médica, como la esterilización, reuniría los elementos objetivos de lesiones corporales. Las intervenciones con fines curativos pueden estar justificadas por el consentimiento de la persona afectada o por un hecho particular derivado de las normas que rigen la práctica médica. Las lesiones corporales simples calificadas, las lesiones corporales graves y las lesiones corporales graves por negligencia se persiguen de oficio si se informa a las autoridades penales. Las lesiones corporales simples no calificadas y las lesiones corporales simples por negligencia se persiguen sobre la base de una denuncia. El afectado puede presentar una denuncia contra el infractor en un plazo de tres meses. El plazo corre a partir del día en que el interesado tiene constancia de quién es el infractor. El plazo de prescripción penal (art. 97 del Código Penal) es de 15 años para las lesiones corporales graves; en el caso de los delitos contra un niño menor de 16 años, el plazo de prescripción de la acción penal se extiende, en cualquier caso, hasta que la víctima cumpla 25 años. En el caso de las lesiones corporales simples o por negligencia, el plazo de prescripción es de diez años. Si resulta que el tratamiento quirúrgico se realizó de forma ilícita, cabe la posibilidad de interponer una demanda por daños y perjuicios o para obtener una indemnización por el daño moral. Desde el 1 de enero de 2020, los plazos de prescripción civil para los casos de lesiones corporales son de tres años desde el día en que el demandante conoce el daño y a quién incumbe la reparación (prescripción relativa), y de 20 años desde el día en que se produjo el hecho ilícito (prescripción absoluta; art. 60, párr. 1 bis, y art. 128a del Código de Obligaciones), lo cual mejora la situación de la persona que ha sido sometida a una intervención médica o quirúrgica prematura.
38.El 6 de julio de 2016, el Gobierno se posicionó acerca del informe de la Comisión Nacional de Ética en el Ámbito de la Medicina Humana titulado “Attitude à adopter face aux variations du développement sexuel : questions éthiques sur l’intersexualité” (Actitud que debe adoptarse ante las variaciones del desarrollo sexual: cuestiones éticas relacionadas con la intersexualidad). En ese contexto, el Gobierno ha precisado que las intervenciones médicas o quirúrgicas prematuras o innecesarias vulneran el derecho a la integridad física. Siempre que sea posible, cuando el tratamiento que se esté considerando tenga consecuencias irreversibles, habrá que esperar a que el niño o la niña haya alcanzado la madurez suficiente para poder decidir de manera independiente. La decisión sobre la propia identidad sexual es un derecho absoluto y estrictamente personal de la persona menor de edad que no puede ser ejercido por sus padres (art. 19, párr. 2, del Código Civil).
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)
Respuesta a la pregunta 13 a) de la lista de cuestiones
39.En el artículo 28b del Código Civil se enumeran las medidas que el juez puede ordenar para impedir o hacer cesar un atentado ilícito contra la personalidad. El juez puede prohibir que el autor se acerque a la víctima, tenga contacto con ella o frecuente determinados lugares. El 14 de diciembre de 2018, el Parlamento suizo aprobó la Ley de Mejora de la Protección de las Víctimas de la Violencia. Entre las medidas adoptadas para proteger mejor a las víctimas de la violencia doméstica y el hostigamiento criminal está la vigilancia electrónica del cumplimiento de las prohibiciones geográficas y de contacto. A partir del 1 de enero de 2022, el juez podrá ordenar que se coloque un brazalete electrónico al agresor potencial. Ese dispositivo rastreará y registrará sus desplazamientos en todo momento. Tendrá un papel preventivo y una función probatoria en caso de incumplimiento de la prohibición, sin que entrañe ningún costo para la víctima.
40.Los delitos de odio pueden enmarcarse en los artículos 111 y siguientes (delitos contra la vida y la integridad física), 135 (representación de la violencia), 173 y siguientes (delitos contra el honor), 180 (amenazas), 181 (coacción), 188 (actos sexuales con personas dependientes), 191 (actos sexuales cometidos sobre una persona incapaz de discernir o resistir) y 259 (instigación pública al delito o a la violencia) del Código Penal.
Respuesta a la pregunta 13 b) de la lista de cuestiones
41.Según la Ley Federal de Ayuda a las Víctimas de Delitos (LAVD), la víctima de un delito que se haya cometido en Suiza y que haya atentado directamente contra su integridad física, mental o sexual tiene derecho al asesoramiento y el apoyo prestados por los centros establecidos con arreglo a esa ley. Las prestaciones previstas en ella comprenden una asistencia médica, psicológica, social, material y jurídica adecuada (art. 12 del a LAVD), así como el pago de una indemnización o reparación por daños morales (art. 19 y siguientes de la LAVD). El derecho a estas prestaciones es subsidiario con respecto a otras prestaciones obtenidas por una vía diferente, por ejemplo, a través de una acción penal o de responsabilidad civil (art. 4 de la LAVD), y está sujeto a determinadas condiciones.
Respuesta a la pregunta 13 c) de la lista de cuestiones
42.En 2021, el Gobierno pondrá en marcha una estrategia nacional para la igualdad entre mujeres y hombres que tendrá como uno de sus temas centrales la lucha contra la violencia y el sexismo. El comité encargado de la aplicación del Convenio de Estambul, que reúne a la Confederación y a los cantones, examinará la necesidad de adoptar nuevas medidas sobre la base del primer informe de Suiza (febrero de 2021) al Comité del Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica y de las conclusiones y recomendaciones que se formulen.
Respuesta a la pregunta 13 d) de la lista de cuestiones
43.Las estadísticas judiciales, policiales y de apoyo a las víctimas no recogen información sobre si las víctimas de explotación, violencia y abusos tienen o no una discapacidad. Según la Encuesta Federal de Salud de 2012, 1 de cada 4 personas con discapacidad empleadas de entre 15 y 64 años afirma haber sufrido al menos una forma de violencia o discriminación en el trabajo en los últimos 12 meses. Los resultados están desglosados por sexo y edad, pero no por lugar de residencia.
44.El 2 de septiembre de 2020, el Gobierno aceptó una moción en la que se pide un informe sobre la violencia contra las personas con discapacidad.
Respuesta a la pregunta 13 e) de la lista de cuestiones
45.La intersexualidad entra en el ámbito de aplicación del seguro de invalidez. A partir de los 20 años, las medidas de carácter médico están cubiertas por el seguro de salud obligatorio. Ese seguro garantiza las prestaciones en caso de enfermedad, accidente o maternidad. Su régimen se basa en una legislación vinculante y exhaustiva, y sólo se cubren las prestaciones definidas en los artículos 25 a 31 de la Ley Federal de Seguro de Enfermedad, que no cubre las medidas de promoción ni la reinserción social.
Protección de la integridad personal (art. 17)
Respuesta a la pregunta 14 a) de la lista de cuestiones
46.Según el Tribunal Federal, el derecho a otorgar el consentimiento para un tratamiento médico es un derecho estrictamente personal relativo. Puede ejercerlo el representante legal de una persona incapaz de discernir. Desde el 1 de julio de 2005, la Ley de Esterilización regula las condiciones en las que se permite la esterilización con fines anticonceptivos, así como el procedimiento aplicable. La esterilización de una persona mayor de 18 años y con capacidad de discernimiento sólo puede realizarse con su consentimiento libre e informado, expresado por escrito (art. 5). Se prohíbe la esterilización de toda persona mayor de 18 años que carezca temporalmente de discernimiento (art. 4). La esterilización de una persona de 18 años con capacidad de discernimiento y bajo tutela general sólo puede realizarse con su consentimiento libre e informado, expresado por escrito (art. 5). El representante legal también debe haber expresado su consentimiento (art. 6). La esterilización de una persona mayor de edad y sin discernimiento permanente está, en principio, prohibida (art. 7, párr. 1) y puede constituir una lesión corporal grave en el sentido del artículo 122, párr. 2, del Código Penal, castigada con una pena privativa de libertad de entre seis meses y diez años. No obstante, cabe la posibilidad de que la autoridad de protección del adulto la autorice en las condiciones restrictivas del artículo 7, párrafo 2, y según las modalidades previstas en el artículo 8, párrafo 2. No se dispone de datos sobre el número anual de esterilizaciones practicadas a personas con discapacidad. Según las estadísticas sanitarias de 2019, el 9 % de las personas sexualmente activas de entre 15 y 49 años han optado por la esterilización. Esta práctica afecta principalmente a personas de 35 años o más.
Respuesta a la pregunta 14 b) de la lista de cuestiones
47.El Gobierno considera que la práctica actual respeta los derechos de las personas intersexuales. En la medida de lo posible, conviene esperar a que el niño tenga una edad suficiente para expresar su voluntad cuando el tratamiento previsto tenga consecuencias irreversibles. Según los expertos, el marco actual garantiza que el bien del niño prime sobre las intervenciones y tratamientos médicos. Es importante mencionar el documento de posición de la Comisión Nacional de Ética de diciembre de 2016, en el que se afirma que la atención de las familias afectadas ha mejorado en Suiza y que se respetan, en la medida de lo posible, las recomendaciones de la Comisión Nacional de Ética y las normas internacionales. En principio, los padres que actualmente se encuentran en esa situación difícil son asesorados y apoyados por un equipo interdisciplinario desde el nacimiento del niño. En ese proceso, todas las decisiones relativas a los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas deben adoptarse de manera conjunta y teniendo en cuenta el bien del niño.
48.No se dispone de datos normalizados. Mediante un tratamiento especial de las estadísticas médicas de los hospitales se puede establecer que en 2018 solo hubo unas pocas operaciones relacionadas con la intersexualidad de pacientes menores de 18 años.
Derecho a vivir de forma independiente (art. 19)
Respuesta a la pregunta 15 a) de la lista de cuestiones
49.La autonomía de las personas con discapacidad es una cuestión prioritaria de la política en materia de discapacidad. Existe un programa al respecto que abarca de 2018 a 2021 y la libre elección del lugar de residencia es uno de los ámbitos de actuación. En los últimos años se han ampliado las prestaciones de la seguridad social para ayudar a las personas con discapacidad a permanecer en su domicilio (contribución de asistencia del seguro de invalidez, subsidio para cuidados intensivos, etc.). Las instituciones ofrecen formas de alojamiento adaptables con distintos grados de apoyo. La institucionalización de niños y adultos es voluntaria y se realiza en consulta con los padres, las personas con discapacidad y sus representantes legales. Por último, la oferta de viviendas para personas con discapacidad ha aumentado en los últimos años, ofreciendo una diversidad, descentralización y flexibilidad mayores en cuanto a viviendas y servicios.
Respuesta a la pregunta 15 b) de la lista de cuestiones
50.El seguro de invalidezofrece diversas prestaciones para que las personas con discapacidad puedan elegir su entorno de vida, lo que comprende diversos medios de apoyo. Los asegurados tienen derecho a los medios de apoyo que necesiten en su vida diaria para ser lo más independientes y autosuficientes posible, ya sea para desplazarse, mantener el contacto con su entorno o mejorar su autonomía personal. El sello de calidad LEA permite a las personas con discapacidad saber qué viviendas son accesibles y se ajustan a sus necesidades (v. 6a). Las aportaciones de las prestaciones complementarias para sufragar el costo del alquiler se incrementarán siguiendo la reforma aprobada por el Parlamento en 2019. Los cantones también contribuyen a garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. En muchos cantones se cofinancian o prevén servicios de atención y asistencia en domicilios privados.
Respuesta a la pregunta 15 c) de la lista de cuestiones
51.En 2015, 871 niños (de 0 a 17 años) fueron alojados en centros para personas con discapacidad, trastornos asociados a dependencias y trastornos psicosociales, al igual que 24.352 adultos (18 años o más). La duración media de la estancia osciló entre 144 y 543 días según el tipo de centro en el caso de niños, y entre 340 y 2.149 días en el caso de adultos. Al mismo tiempo, 9 niños y 4.464 adultos de entre 18 y 64 años fueron alojados en un centro para estancias de larga duración destinado principalmente a personas de edad, con una duración media de la estancia de 41 días para los niños y de entre 1 a 2 años para los adultos. La estadística recoge “clientes” que pueden ser una misma persona internada en un centro varias veces. La parte de la encuesta relativa a los centros para personas con discapacidad dejó de ser obligatoria en 2015.
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)
Respuesta a la pregunta 16 a) de la lista de cuestiones
52.Para el marco, véase el informe inicial, párrafo 116 y siguientes (acerca del art. 21).
53.La Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión (SSR) y las asociaciones de personas con discapacidad negocian un acuerdo en el que pactan el alcance de los servicios que ofrecidos (art. 7, párr. 6, del Decreto de Radio y Televisión). En 2017 se negoció un nuevo acuerdo, con el objetivo de un aumento anual progresivo del 50 % al 80 % del tiempo de programación subtitulada en la programación lineal. Se ha previsto subtitular el 80 % de los contenidos de Web Only, ya que, hasta la fecha, no se ha subtitulado la mayor parte de su oferta. Desde 2019, los programas de máxima audiencia y los programas en directo emitidos los domingos a partir del mediodía llevan subtítulos. La edición principal de los noticiarios consta de transcripción en lengua de señas en directo. En cuanto a la audiodescripción, el objetivo es que la programación sea accesible para las personas con discapacidad visual entre las 18.00 y las 22.30 horas o introducir una compensación lo antes posible. En el artículo 15 de la concesión de la SSR de 2019 se enuncian explícitamente sus obligaciones hacia las personas con discapacidad. Además de la misión de la SSR, las televisiones regionales que tienen una concesión están obligadas, desde 2017, a subtitular sus noticiaros cotidianos a partir de la segunda difusión. Estas prestaciones de los servicios públicos se financian asimismo con una asignación procedente del impuesto por recepción de televisión y radio.
54.Las unidades administrativas de la Confederación deben garantizar que sus servicios sean accesibles en Internet (art. 14, párr. 2, de la LID y art. 10 del Decreto sobre la igualdad de las personas con discapacidad). El plan gubernamental de acción sobre la accesibilidad electrónica para 2015-2017 tiene como objetivo promover la accesibilidad de los sitios web de la administración federal. Se ha creado un servicio especializado para apoyar y asesorar a los departamentos y las oficinas federales en materia de accesibilidad de los servicios de información y comunicación ofrecidos en Internet. Para la Confederación, se aplicará la norma eCH 0059 V. 3.0 a partir de enero de 2021.
Respuesta a la pregunta 16 b) de la lista de cuestiones
55.El grupo de trabajo interdepartamental para la lectura fácil y la lengua de señas está elaborando medidas relacionadas con el uso de esos medios de comunicación en la administración federal. El objetivo del grupo de trabajo es proporcionar información de carácter general utilizando formas de comunicación alternativas, como los PDF accesibles, la lectura fácil y la lengua de señas. La autoridad federal o cantonal correrá con los gastos cuando se requiera un intérprete de lengua de señas para prestar un servicio.
56.En cuanto a las elecciones de 2015 y 2019, la Cancillería Federal ha creado una plataforma accesible para las personas con discapacidad que ofrece información en lengua de señas. En 2019, un proyecto piloto complementó esta plataforma con material en lectura fácil. Para cada votación se preparan videos en lengua de señas con información sobre los temas sometidos a referendo, que complementan los videos explicativos existentes en línea.
Respeto de la privacidad (art. 22)
Respuesta a la pregunta 17 a) de la lista de cuestiones
57.El marco general, establecido por la Ley de Protección de Datos (LPD), establece los límites y las obligaciones de las personas o instituciones que tratan los datos y las vías de recurso para que se modifiquen o supriman los datos erróneos (arts. 16 y ss. y 22 de la LPD). La Ley de Estadística Federal (LEF) y el Decreto sobre Estadísticas recogen, entre otras cosas, de los principios que rigen la recopilación de datos, la protección y seguridad de los datos y las disposiciones penales relativas al incumplimiento de la obligación de proporcionar información y la violación de la confidencialidad. La Oficina Federal de Estadística (OFS) sigue diversos códigos de conducta nacionales e internacionales. La mayoría de las encuestas federales de hogares y personas son voluntarias y prevén la posibilidad de no responder a todas las preguntas o a algunas de ellas (art. 6 de la LEF). Por último, sobre la base del artículo 8 de la LID, cualquier persona que sufra un trato desigual por una autoridad pública podrá solicitar a las autoridades administrativas o judiciales que ordenen al responsable que subsane esa situación o se abstenga de realizar ese acto.
Respuesta a la pregunta 17 b) de la lista de cuestiones
58.Si no es posible determinar, mediante entrevistas y documentos, si una persona tiene derecho a una prestación de la seguridad social, se puede recurrir a la observación encubierta como último recurso en casos de sospechas fundadas. Los nuevos artículos 43a y 43b de la Ley Federal sobre la Parte General del Derecho de los Seguros Sociales, que entró en vigor el 1 de octubre de 2019, establecen las condiciones y el procedimiento para realizar esas observaciones. El Gobierno ha establecido los requisitos que han de cumplir los expertos encargados de la labor de observación. En 2019, se ordenó una observación en relación con el seguro de accidentes y dos con el seguro de invalidez. Los cantones se encargan de vigilar los casos de uso indebido de la asistencia social.
Respeto del hogar y de la familia (art. 23)
Respuesta a la pregunta 18 a) de la lista de cuestiones
59.Una persona bajo tutela general puede casarse sin el consentimiento de su tutor si tiene capacidad de discernimiento. Según el Tribunal Federal, los requisitos relativos a la capacidad de discernimiento de las personas que desean casarse son limitados a fin de respetar el derecho al matrimonio amparado por la Constitución (art. 14 de la Constitución).
Respuesta a la pregunta 18 b) de la lista de cuestiones
60.La política familiar incumbe a los cantones, pero muchas de las tareas las llevan a cabo las organizaciones privadas de forma voluntaria. La Confederación puede apoyar esas actividades con ayuda financiera. Una de las finalidades de la ayuda financiera concedida por la Confederación a las organizaciones de familiares es respaldar las actividades de asesoramiento y formación para los padres. Las prestaciones individuales del seguro de invalidez también están dirigidas a las familias.
Respuesta a la pregunta 18 c) de la lista de cuestiones
61.El seguro de invalidez proporciona diversas prestaciones para facilitar el cuidado de los niños con discapacidad en la familia. El subsidio por incapacidades una prestación económica que se concede desde el nacimiento a un niño que necesita un mayor grado de apoyo que un niño sin discapacidad de la misma edad. Se concede un suplemento para cuidados intensivos a los menores que necesitan al menos cuatro horas de ayuda adicional durante el día, en promedio. Los menores también tienen derecho a una contribución asistencial para financiar la atención médica y social a domicilio. Por último, los niños con discapacidad tienen asimismo derecho a ayudas para asistir a la escuela, desplazarse o establecer contacto con su entorno.
62.El 20 de diciembre de 2019, el Parlamento aprobó laLey Federal para la Mejora de la Conciliación de la Vida Laboral y el Cuidado de Familiares que, entre otras cosas, establece 14 semanas de permiso remunerado para el cuidado de un hijo gravemente enfermo. La entrada en vigor aún está por definir.
63.El seguro de invalidez también prevé prestaciones para los padres que reciben una pensión del seguro para cuidar a su hijo en el entorno familiar. Además del asesoramiento y el apoyo financiados por la Confederación (v. 5a y 18b), los beneficiarios de una pensión del seguro de invalidez tienen derecho a una pensión por hijo hasta que este cumpla 18 años o termine sus estudios (hasta una edad máxima de 25 años). Este complemento corresponde al 40 % de la pensión principal. Las personas que reciben subsidios diarios mientras se someten a medidas de rehabilitación del seguro de invalidez tienen derecho a un subsidio por hijo dentro de los mismos límites de edad.
Educación (art. 24)
Respuesta a la pregunta 19 a) de la lista de cuestiones
64.Los cantones son responsables de la educación de los niños y jóvenes con discapacidad hasta que cumplen 20 años y se atienen a lo dispuesto en la Constitución y la LID, que exigen que se dé prioridad a las soluciones integradoras respecto de las segregadoras. Con arreglo al concordato intercantonal sobre la pedagogía especializada de 2011, los cantones colaboran mediante normas de calidad y una terminología comunes. A fin de garantizar la igualdad de trato, el concordato prevé un procedimiento de evaluación unificado para determinar lo que requieren individualmente los alumnos con necesidades educativas particulares.
Respuesta a la pregunta 19 b) de la lista de cuestiones
65.Las estadísticas sobre educación especial proporcionan información acerca de la distribución de los alumnos con necesidades educativas especiales por edad, sexo, tipo de centro escolar, plan de estudios y tipo de medidas de educación especial reforzada. Las estadísticas escolares no recogen información sobre la salud o las limitaciones funcionales de los alumnos. La tasa de escolarización total es del 96,6 %, con algunos casos poco frecuentes en que son los padres quieres se encargan de la educación de sus hijos. En 2017/18, 42.101 alumnos de la enseñanza obligatoria fueron objeto de una decisión de medidas educativas especiales reforzadas. El 53,2 % de ellos estaba integrado en una clase ordinaria, el 6 % en una clase especial en una escuela ordinaria y el 40,8 % en una escuela especial. El número de alumnos en escuelas segregadas ha disminuido un 40 % en los últimos 15 años.
Salud (art. 25)
Respuesta a la pregunta 20 a) de la lista de cuestiones
66.En el marco de la estrategia 2020, se han adoptado medidas individuales para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, por ejemplo en los ámbitos de los cuidados paliativos y la demencia. Uno de los pilares de la estrategia “Salud 2030” es que todas las personas tengan las mismas posibilidades de vivir con buena salud. Se menciona explícitamente a las personas con discapacidad. Es necesario crear medidas fuera del sector sanitario. Esto se debe a que los determinantes sociales son de gran importancia para la igualdad de oportunidades en materia de salud. Todavía no existe un plan de acción concreto para la aplicación de esa estrategia.
Respuesta a la pregunta 20 b) de la lista de cuestiones
67.El seguro complementario es optativo, no hay obligación de contratarlo. Se aplican las disposiciones generales de protección contra la discriminación (v. 2b).
Respuesta a la pregunta 20 c) de la lista de cuestiones
68.La Ley de Profesiones de la Medicina (LPMed), la Ley de Profesiones de la Psicología y la Ley de Profesiones de la Salud regulan la formación inicial, de postgrado (en parte) y de perfeccionamiento de los profesionales en cuestión. Los principios y objetivos de la formación se formulan de forma abstracta como principios de aplicación general (art. 8 i) de la LPMed). Con estas leyes se intenta garantizar que los profesionales de la salud tengan la formación necesaria para tener en cuenta y respetar los derechos, necesidades y circunstancias concretas de sus pacientes.
Trabajo y empleo (art. 27)
Respuesta a la pregunta 21 a) de la lista de cuestiones
69.En 2017, el Departamento Federal del Interior organizó la Conferencia Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral. El objetivo era difundir las buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre los distintos asociados sobre el terreno. Las personas con discapacidad tienen la posibilidad, a través de las organizaciones que las representan, de expresar su opinión en el marco de la elaboración y el examen de leyes y políticas en materia laboral mediante el procedimiento de consulta (v. 2b).
Respuesta a la pregunta 21 b) de la lista de cuestiones
70.La protección contra la discriminación y los ajustes razonables en el lugar de trabajo en el sector privado se derivan de la protección de la personalidad (art. 328 del Código de Obligaciones) y la protección de la salud (art. 329, párr. 1, del Código de Obligaciones y 6 de la Ley del Trabajo). El despido por motivos de discapacidad es improcedente (art. 336, párr. 1 a), del Código de Obligaciones) y la denegación de empleo por motivos de discapacidad constituye una violación ilícita de la personalidad que da lugar a una indemnización por daño moral. Las normas relativas a la protección de la salud de los trabajadores son normas de carácter general. En el Decreto 3 de la Ley del Trabajo se especifican en mayor detalle las normas de prevención. Según la concepción de la protección de la salud reflejada en el decreto, los factores individuales, técnicos, organizativos y sociales y sus interacciones son indisociables. Además, el objetivo del seguro de invalidez es mantener o incorporar a la persona inválida o en riego de invalidez al mercado de trabajo ordinario, entre otras cosas mediante ajustes razonables en el empleo. Cabe citar, por ejemplo, el sistema de detección precoz, la intervención temprana y las medidas de rehabilitación, así como el derecho a las ayudas para la adaptación del lugar de trabajo y las medidas arquitectónicas para facilitar el acceso al lugar de trabajo.
71.En el marco del seguro de desempleo, las personas con discapacidad pueden beneficiarse de las medidas relativas al mercado laboral si cumplen los requisitos necesarios para recibir las prestaciones establecidas en los artículos 8 y 15 de la Ley sobre el Seguro de Desempleo.
Respuesta a la pregunta 21 c) de la lista de cuestiones
72.El mercado de trabajo secundario se basa en la Ley Federal sobre las Instituciones Destinadas a Promover la Integración de las Personas Inválidas (LIPPI) y en la legislación cantonal. La normativa sobre salud y seguridad en el trabajo se aplica a los talleres protegidos. No existen disposiciones particulares en lo atinente a las medidas de acompañamiento. El cumplimiento de esta normativa es un requisito previo para el reconocimiento por los cantones de los talleres protegidos. El cantón verifica la seguridad en el trabajo. En caso de incumplimiento, puede retirar el reconocimiento de la empresa como taller según lo previsto en la LIPPI, así como la financiación cantonal para la integración profesional. La mayoría de los talleres ofrecen una remuneración en función de las habilidades de la persona con discapacidad que suele oscilar entre 2 y 10 francos por hora.
Respuesta a la pregunta 21 d) de la lista de cuestiones
73.La integración profesional de las personas con discapacidad es un objetivo central del seguro de invalidez, que ofrece numerosas prestaciones en este ámbito (v. 21b). La concesión de una prestación individual se decide en función de la situación concreta del asegurado. Además, este seguro apoya financieramente a las organizaciones que coordinan la asistencia privada a los inválidos a escala nacional o en una región lingüística (v. 5a). De ese modo, se fomenta la integración social de las personas con discapacidad, al permitirles participar en la vida social de la forma más independiente y responsable posible. El 21 % de las mujeres con discapacidad según lo dispuesto en la LID recibió una pensión del seguro de invalidez en 2017 (esto es, el 46 % de las que declararon que tenían limitaciones graves para desempeñar las actividades cotidianas). Estas cifras comprenden las pensiones parciales, pero no las pensiones de invalidez de otros seguros públicos. En 2019, el 5,6 % de las mujeres inscritas en el seguro de invalidez recibieron prestaciones de este (hombres: 6,2 %).
Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)
Respuesta a la pregunta 22 de la lista de cuestiones
74.Todas las personas que están domiciliadas en Suiza o que ejercen una actividad profesional en el país están aseguradas, de manera obligatoria, en los regímenes de seguro de invalidez, vejez y supervivientes, así como en el seguro obligatorio de salud. No existe ninguna disposición restrictiva respecto de las personas con discapacidad. La afiliación al régimen de seguro de accidentes, pérdida de ingresos por enfermedad o accidente y previsión profesional depende de la situación profesional y, en gran medida, de las condiciones establecidas por los empleadores o en los convenios colectivos. Así pues, la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral y sus condiciones de empleo son fundamentales.
Participación en la vida política y pública (art. 29)
Respuesta a la pregunta 23 a) de la lista de cuestiones
75.Se ha creado una plataforma accesible para que las personas con discapacidad pudieran participar en las elecciones federales de 2015 y 2019. Se produjeron videos en lengua de señas en las tres lenguas oficiales. En 2019, un proyecto piloto complementó esta plataforma con material en lectura fácil.
Respuesta a la pregunta 23 b) de la lista de cuestiones
76.No existen estadísticas centralizadas sobre el número de personas sin derecho de voto.
Respuesta a la pregunta 23 c) de la lista de cuestiones
77.Según la evaluación del plan gubernamental de acción sobre la accesibilidad electrónica para 2015-2017, la administración federal cumple gran parte de los criterios establecidos en las directrices WCAG. Se han previsto tres medidas para la aplicación del plan de acción: mantener el servicio especializado en accesibilidad electrónica; promover la información en lengua de señas y en lectura fácil; y elaborar directrices para la comunicación accesible en la administración federal. Los responsables de la accesibilidad de los sitios web de los departamentos y la Cancillería Federal han aplicado las medidas del plan de acción bajo la coordinación del servicio especializado. Se hace hincapié en la accesibilidad en lo que respecta al proceso de contratación, la accesibilidad de los servicios federales en Internet, la creación de un entorno de trabajo sin barreras y la concienciación y formación del personal. También se ha avanzado mucho en la difusión de documentos accesibles mediante la optimización de las plantillas en toda la Confederación y la adopción de herramientas adecuadas para la creación y verificación de documentos PDF accesibles. Las directrices federales para el diseño de servicios de Internet sin barreras cumplen la norma P028 (eCH0059 V 3.0 desde el 1 de enero de 2021). Los nuevos requisitos estipulan que los sitios web federales han de tener una declaración de accesibilidad y un mecanismo de retroalimentación de accesibilidad, y que se revisarán periódicamente en cooperación con el organismo nacional de control.
Respuesta a la pregunta 23 d) de la lista de cuestiones
78.La legislación suiza prevé adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos sin discriminación. Además, la Confederación ha tomado medidas para apoyar la participación de las personas con discapacidad en la vida pública (v. 16b y 23a). Las medidas se refieren a las personas con discapacidad en su conjunto; el informe inicial contiene más detalles sobre los derechos políticos en los párrafos 180 y siguientes (acerca del art. 29).
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (art. 30)
Respuesta a la pregunta 24 a) de la lista de cuestiones
79.El Tratado de Marrakech entró en vigor para Suiza el 11 de mayo de 2020.
Respuesta a la pregunta 24 b) de la lista de cuestiones
80.El Gobierno ha aceptado varias mociones relativas a la solicitud de un informe sobre las posibilidades de reconocimiento legal de las tres lenguas de señas suizas. En concreto, se pide que se analice si cabe el reconocimiento como lengua semioficial o como lengua de una minoría cultural con el fin de promover las lenguas de señas y la cultura de la comunidad sorda.
Respuesta a la pregunta 24 c) de la lista de cuestiones
81.El seguro de invalidez concede prestaciones individuales a los niños con discapacidad, permitiendo o facilitando su inclusión en las actividades recreativas, de ocio y deportivas ordinarias. Además, la Ley de Promoción de los Niños y los Jóvenes prevé un acceso no discriminatorio a las actividades extraescolares. En los últimos años se ha prestado apoyo financiero a muchos proyectos y organizaciones que realizan actividades para niños especialmente vulnerables. En consonancia con el artículo 2 de la Ley de Promoción de los Niños y los Jóvenes, la Confederación desea fomentar las actividades extraescolares para favorecer el bienestar de los niños y jóvenes y su integración en la vida social, cultural y política. Desde 2016, la Oficina Federal para la Cultura apoya proyectos nacionales o ejemplares destinados a reforzar la participación cultural de toda la población. Se han respaldado diversos proyectos dirigidos específicamente a los jóvenes con discapacidad. La Oficina Federal para la Cultura trata también de garantizar que los niños y jóvenes con discapacidad tengan acceso a la formación musical, especialmente en el contexto del programa nacional “Juventud y Música”, que alienta a los organizadores de cursos y campamentos a satisfacer las necesidades educativas y de acompañamiento de los jóvenes.
C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)
Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)
Respuesta a la pregunta 25 a) de la lista de cuestiones
82.Desde 2008, la OFS publica datos sobre la igualdad de las personas con discapacidad. Esas estadísticas cubren una amplia gama de condiciones de vida objetivas y subjetivas de estas personas, desde una perspectiva clásica de información social. Proporcionan muchos indicadores útiles para la elaboración y evaluación de las políticas nacionales en materia de discapacidad. Se ha invitado a varias organizaciones que representan a las personas con discapacidad, incluidos los niños, a dar su opinión sobre estas estadísticas, en especial durante su elaboración en 2006 y 2007.
Respuesta a la pregunta 25 b) de la lista de cuestiones
83.La OFS es el principal organismo encargado de recopilar y difundir las estadísticas públicas de población y hogares. Ha definido un conjunto de características que se miden de forma sistemática y unificada, que se perfecciona y adapta periódicamente, lo que permite desglosar los datos en función de muchos de los criterios mencionados. Suiza vela por que muchas de sus encuestas estén coordinadas con las de la Unión Europea o las de organismos internacionales, sobre todo en lo que respecta a la elección de las variables sociodemográficas y socioeconómicas que se van a estudiar y a la forma de diseñar las encuestas y obtener los datos. Tal es el caso de las variables relativas a la edad, el sexo, la situación migratoria, la ubicación geográfica y el lugar de residencia. La condición de persona con discapacidad se recoge principalmente a través del módulo europeo mínimo sobre salud, que se aplica en las encuestas sociales de personas y hogares según las necesidades y obligaciones internacionales de cada encuesta. Así, el GALI (Indicador Global de Limitación de Actividad) elaborado por Eurostat está ampliamente disponible. Otros organismos públicos recopilan datos sobre la discapacidad, por ejemplo para los seguros sociales o la planificación de las necesidades de asistencia.
Respuesta a la pregunta 25 c) de la lista de cuestiones
84.Las estadísticas de la OFS se publican de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. La OFS pone sus datos a disposición de terceros bajo determinadas condiciones, aumentando así indirectamente su difusión. La información de la OFS se divulga ampliamente a través de publicaciones y tablasestándar, así como de análisis puntuales. En 2017 la OFS encargó a la fundación privada Access for All que evaluara la accesibilidad de sus contenidos. Las mejoras recomendadas se han aplicado o se aplicarán progresivamente.
Cooperación internacional (art. 32)
Respuesta a la pregunta 26 a) de la lista de cuestiones
85.La nueva política de la COSUDE sobre los derechos humanos en el desarrollo y la cooperación, aprobada en 2019, subraya la importancia de una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación internacional. La COSUDE aplica un doble enfoque, apoyando medidas y proyectos específicos en favor de las personas con discapacidad y ayudando a las instituciones y autoridades encargadas de cumplir con sus obligaciones hacia estas personas. El enfoque de la COSUDE es multisectorial, transversal y sistemático respecto de todas sus estrategias, programas y proyectos. La COSUDE se convirtió en miembro de la red Global Action on Disability en diciembre de 2019. En el ámbito de la rehabilitación, la COSUDE apoya el Programa de Inversión de Impacto Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Desde 2018, la COSUDE financia un proyecto piloto de la Misión Cristiana para los Ciegos en el Pakistán y hará una contribución al programa de 2021-2024 de la alianza Disability (CBM-Fairmed) de 30,6 millones de francos. A través de sus contribuciones a organizaciones internacionales, Suiza también participa a nivel multilateral en el fortalecimiento de los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad. Por ejemplo, apoya al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que promueve los derechos de las personas con discapacidad y desempeña un papel fundamental en la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Respuesta a la pregunta 26 b) de la lista de cuestiones
86.La estrategia de igualdad de género y derechos de la mujer del Departamento Federal de Asuntos Exteriores se basa, entre otras cosas, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. La lucha contra la discriminación es, por tanto, uno de los principales objetivos de la estrategia. Este Ministerio concede suma importancia a la capacitación económica y la participación efectiva de las mujeres, la lucha contra todas las formas de violencia de género y los derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Actualmente se está realizando una supervisión de la estrategia con miras a una posible adaptación, entre otras cosas en el ámbito de la discriminación múltiple e interseccional.
Respuesta a la pregunta 26 c) de la lista de cuestiones
87.La COSUDE colabora estrechamente con la coalición suiza para los derechos de las personas con discapacidad en la cooperación internacional (CBM-Suiza, Handicap International, Fairmed y la Alianza Internacional de la Discapacidad) y va a institucionalizar este trabajo mediante un acuerdo que se está preparando junto con CBM.
Respuesta a la pregunta 26 d) de la lista de cuestiones
88.El 19 de junio de 2020 el Gobierno decidió que Suiza firmara la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria.
Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)
Respuesta a la pregunta 27 a) de la lista de cuestiones
89.El grupo de trabajo sobre la política en favor de las personas con discapacidad (grupo BePo) es un órgano importante para la coordinación y aplicación de la Convención, así como para la formulación de estrategias y programas de política en materia de discapacidad. Este grupo está integrado por representantes de la OFIPD, la CDAS y la Oficina Federal de los Seguros Sociales. Todos los agentes cuya labor está relacionada con la política de discapacidad a nivel federal, cantonal y municipal se reúnen entre dos y cuatro veces al año y con la sociedad civil. El grupo de trabajo BePo tiene una visión general de los proyectos realizados por las autoridades. Informa cada seis meses al órgano político Diálogo Nacional sobre la Política Social.
Respuesta a la pregunta 27 b) de la lista de cuestiones
90.El 13 de diciembre de 2019, el Gobierno aprobó el proyecto relativo a la creación de una institución nacional de derechos humanos, que se debatirá en el Parlamento en los próximos meses. Este proyecto supone la sustitución del CSDH por una institución nacional de derechos humanos permanente y legalmente establecida en forma de corporación de derecho público. La institución nacional de derechos humanos se integrará en la Ley Federal de Medidas para la Promoción Civil de la Paz y para el Fortalecimiento de los Derechos Humanos. Será independiente, garantizará una representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas y recibirá apoyo financiero de la Confederación. Se prevé que esta institución tenga un mandato amplio para promover y proteger los derechos humanos, pero no asumirá la función de defensor del pueblo ni se ocupará de casos individuales.
Respuesta a la pregunta 27 c) de la lista de cuestiones
91.La sociedad civil participa en la elaboración de la política en favor de las personas con discapacidad, cuyo objetivo es, en parte, garantizar la aplicación de la Convención. Por lo tanto, las personas con discapacidad, incluidos los niños, participan por este medio (v. 27a).
Información relacionada con el coronavirus
92.Desde el comienzo de la crisis, la información de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) se ha difundido mediante textos accesibles, pictogramas de fácil comprensión y videos. La OFIPDy laOFSP divulgan las instrucciones importantes y las medidas de protección en lengua de señas y lectura fácil, y las publican en Internet (https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/aktuell.html). Las ruedas de prensa de las autoridades federales se traducen simultáneamente en lengua de señas. Otras informaciones (medidas económicas o del seguro de invalidez) se difunden también por medios de comunicación alternativos y se ponen a disposición en el sitio web de la OFIPD.
93.Las medidas de protección de la población ordenadas por el Gobierno inciden en las prestaciones y los procedimientos del seguro de invalidez. Durante la situación extraordinaria, el Oficina Federal de los Seguros Sociales ha adoptado medidas especiales relativas a los plazos de los procedimientos, los reconocimientos médicos, los dictámenes periciales, las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos, así como los cuidados y la asistencia.
94.La OFSP ha emitido recomendaciones para los establecimientos medicosociales y las instituciones para personas con discapacidad, que son de competencia cantonal.
95.A principios de mayo, la OFIPD, en colaboración con la OFSP y la organización Inclusion Handicap, envió un cuestionario a las organizaciones que prestan asistencia a las personas con discapacidad para conocer las necesidades y preocupaciones de los interesados en cuanto a normas de comportamiento y de higiene. Las respuestas mostraron que no se precisaban medidas particulares, sino explicaciones sobre cómo aplicar las medidas de protección en el contacto con las personas con discapacidad.
96.Durante el periodo de cierre de las escuelas, los centros de acogida de niños y jóvenes con discapacidad mantuvieron servicios mínimos para las familias necesitadas. La demanda de este tipo de servicios osciló entre el 3 % y el 10 %, según el cantón.