Comité de Derechos Humanos
134º período de sesiones
28 de febrero a 25 de marzo de 2022
Examen de los informes presentados por los Estados partes
en virtud del artículo 40 del Pacto
Respuestas de Hong Kong (China) a la lista de cuestiones relativa a su cuarto informe periódico *
[Fecha de recepción: 26 de marzo de 2021]
Respuestas de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China a la lista de cuestiones sobre su cuarto informe periódico
Párrafo 1 de la lista de cuestiones
1.La Región Administrativa Especial de Hong Kong (en adelante la RAE de Hong Kong) ha sido establecida por el Congreso Nacional del Pueblo de la República Popular China con arreglo a la política “un país, dos sistemas”, según la cual el principio de “un país” es premisa y fundamento de los “dos sistemas”. Como la República Popular China es un Estado unitario, la RAE de Hong Kong es una región administrativa local directamente sujeta al Gobierno Central del Pueblo.
2.Los sistemas instituidos en la RAE de Hong Kong están previstos en la Ley Fundamental de la RAE de Hong Kong (en adelante la “Ley Fundamental”), aprobada por el Congreso Nacional del Pueblo de conformidad con la Constitución de la República Popular China. En consonancia con el artículo 67 de la Constitución, que faculta al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo (en adelante el “Comité Permanente”) para interpretar las leyes, el artículo 158 de la Ley Fundamental dispone que el poder de interpretar sus disposiciones corresponde al Comité Permanente. Habida cuenta del principio de “un país” y el hecho de que la República Popular China es un Estado unitario, la máxima autoridad para la interpretación de la Ley Fundamental es el Comité Permanente, aunque los tribunales de la RAE de Hong Kong (incluido el Tribunal Superior de Apelación) están autorizados, para resolver las causas, a interpretar las disposiciones pertinentes de la Ley Fundamental, de conformidad con su artículo 158. El Tribunal Superior de Apelación ha determinado, en forma constante, que las interpretaciones del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo son válidas y vinculantes para los tribunales de la RAE de Hong Kong. Con arreglo a nuestro orden constitucional y en consonancia con el principio “un país, dos sistemas”, la facultad última de interpretar la Ley Fundamental conferida al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo no socava la independencia judicial de que gozan los tribunales de la RAE de Hong Kong para dictar resoluciones.
3.El acuerdo de coubicación relativo al tramo de Hong Kong de la línea ferroviaria de alta velocidad Cantón-Shenzhen-Hong Kong (en adelante, la “XRL”) depende de la RAE de Hong Kong, habida cuenta del alto grado de autonomía de esta. De conformidad con la Ley Fundamental, es el resultado de un acuerdo de cooperación firmado entre la RAE de Hong Kong y la China continental, refrendado por el Comité Permanente e incorporado a la legislación territorial. Como zona de control, el espacio continental (Mainland Port Area) de la estación de XRL de West Kowloon, en Hong Kong, se utiliza principalmente para la realización de trámites de aduana, inmigración y cuarentena y ocupa una superficie reducida. Es importante señalar que los viajeros pueden decidir libremente si desean tomar la XRL y beneficiarse del doble control en un mismo lugar, modalidad que no es inédita. No cabe ninguna duda acerca de la compatibilidad del acuerdo de coubicación con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4.Desde la reunión de examen anterior, en 2013, solo ha habido una interpretación de la Ley Fundamental por el Comité Permanente. Dicha interpretación, de 7 de noviembre de 2016, se refiere al artículo 104 de la Ley Fundamental según el cual, al tomar posesión del cargo, determinados funcionarios públicos deben, de acuerdo con la ley, comprometerse a acatar la Ley Fundamental y jurar lealtad a la RAE de Hong Kong de la República Popular China. La interpretación aclara el significado del artículo 104. El Tribunal Superior de Apelación ha determinado que, independientemente de la interpretación del artículo 104, las leyes de Hong Kong, tal como se establece en los artículos pertinentes de la Disposición Legislativa sobre Juramentos y Declaraciones (cap. 11), cuando se interpretan adecuadamente de acuerdo con los principios de interpretación y las fuentes del common law, tienen en los hechos el mismo sentido y los mismos efectos jurídicos que el artículo 104 tal como lo interpreta el Comité Permanente.
5.Todas las disposiciones de la Ley Fundamental (incluido el artículo 39, que se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), están interrelacionadas y deben entenderse en su conjunto. El Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo tiene la obligación de supervisar la aplicación de la Ley Fundamental en la RAE de Hong Kong y proteger el elevado grado de autonomía de que disfruta la RAE de Hong Kong. El ejercicio por el Comité Permanente de la facultad de interpretación de la Ley Fundamental contribuye a la preservación del estado de derecho y el éxito de la política “un país, dos sistemas”.
Párrafo 2 de la lista de cuestiones
6.Como dijo el Presidente Xi Jinping cuando se reunió con dirigentes de la Unión Europea y de Alemania el 14 de septiembre de 2020, “no hay una vía única para el desarrollo de los derechos humanos en el mundo, no se trata de encontrar la mejor vía de todas, sino solo una vía mejor”. En Hong Kong, los derechos humanos están plenamente protegidos por la ley. La Ley Fundamental, documento constitucional de la RAE de Hong Kong, garantiza los derechos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a la igualdad ante la ley, y está respaldada por el estado de derecho y un poder judicial independiente. De conformidad con el artículo 39 de la Ley Fundamental, las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aplicables a Hong Kong siguen vigentes y se aplican mediante las leyes de la RAE de Hong Kong.
7.Las disposiciones del Pacto aplicables a la RAE de Hong Kong ya se han incorporado en el ordenamiento jurídico local mediante la Disposición Legislativa sobre la Carta de Derechos de Hong Kong (cap. 383). Las cuatro disposiciones legislativas contra la discriminación y otra legislación pertinente refuerzan aún más la protección de los derechos humanos.
8.También existe un marco institucional de organizaciones oficiales que contribuyen a la protección y promoción de diversos derechos, como la Comisión para la Igualdad de Oportunidades, la Oficina del Comisionado para la Confidencialidad de los Datos Personales y la Oficina del Defensor del Pueblo. Los esfuerzos desplegados por el Gobierno de la RAE de Hong Kong para promover y proteger los derechos humanos están sujetos al escrutinio público del Consejo Legislativo de la RAE de Hong Kong, de los medios de comunicación y de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), y son objeto de informes periódicos a las Naciones Unidas. El Gobierno considera que el mecanismo existente funciona bien y que no hay necesidad de crear una nueva institución de derechos humanos.
Párrafo 3 de la lista de cuestiones
Protección de los derechos y las libertades
9.La aprobación de legislación destinada a proteger la seguridad nacional es un derecho inherente a todo Estado soberano y el ejercicio de este derecho es un asunto interno del Estado. La Ley de la República Popular China sobre la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en la RAE de Hong Kong (en adelante la “Ley de Seguridad Nacional”) se promulgó no solo para salvaguardar la seguridad nacional mediante la prevención, la represión y el castigo de los delitos que la ponen en peligro, sino también para mantener la prosperidad y la estabilidad de la RAE de Hong Kong y proteger los derechos e intereses legítimos de sus residentes. Si bien las garantías de derechos humanos están previstas en el capítulo III de la Ley Fundamental, el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional dispone claramente que han de respetarse y protegerse los derechos humanos al salvaguardar la seguridad nacional de la RAE de Hong Kong y se reafirma que los derechos y las libertades que la Ley Fundamental reconoce a los residentes de la RAE de Hong Kong y las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aplicables a Hong Kong han de protegerse de conformidad con la ley. Toda medida u operación policial en virtud de la Ley de Seguridad Nacional debe respetar ese principio.
10.Para mantener el orden constitucional de la RAE de Hong Kong en virtud de la Constitución y la Ley Fundamental, el artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional establece que los artículos 1 y 12 de la Ley Fundamental, relativos al estatuto jurídico de la RAE de Hong Kong, son las disposiciones fundamentales de dicho instrumento. Ninguna persona puede infringirlas al ejercer sus derechos y libertades en la RAE de Hong Kong. De hecho, muchos de los derechos y las libertades reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no son absolutos. Por ejemplo, los derechos y libertades enunciados en los artículos 12, 13, 14, 17, 19, 21 y 22 del Pacto pueden ser objeto de restricciones cuando estas sean necesarias para proteger la seguridad nacional y/o el orden público.
11.Además de las garantías consagradas en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, las nociones de constitucionalidad, legalidad, seguridad jurídica, respeto de los derechos humanos, presunción de inocencia, prohibición de la doble incriminación y derecho a la defensa se incorporan en el artículo 5 de dicha Ley, según el cual ha de respetarse el principio del estado de derecho al salvaguardar la seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional no tiene efecto retroactivo. En consonancia con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 41 de la Ley de Seguridad Nacional prevé que las actuaciones judiciales sean públicas, a menos que estén en juego secretos de Estado o cuestiones de orden público. Según el artículo 42 de la Ley, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales deben velar por que las causas se tramiten con imparcialidad y prontitud. La exigencia de que quienes se presenten como candidatos a elecciones o asuman un cargo público prometan acatar la Ley Fundamental y juren lealtad a la RAE de Hong Kong es razonable y se ajusta a lo dispuesto en el artículo 25 del Pacto.
Definición de “secesión”, “subversión” y “actividades terroristas”
12.Los elementos de los delitos de secesión, subversión y actividades terroristas se exponen en el capítulo III de la Ley de Seguridad Nacional. La carga de probar más allá de toda duda razonable que están reunidos los elementos constitutivos del delito, actus reus y mens rea, recae en la parte acusadora, que debe demostrar, por ejemplo, que el acusado ha cometido a sabiendas e intencionadamente alguno de los actos enumerados con fines secesionistas, para subvertir el poder del Estado o para ejercer presión en el Gobierno Central del Pueblo o el Gobierno de la RAE de Hong Kong con el fin de conseguir objetivos políticos.
13.En el caso de las cuatro categorías de delitos que ponen en grave peligro la seguridad nacional y son punibles en virtud de la Ley de Seguridad Nacional (es decir la secesión, la subversión, las actividades terroristas y la colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional), las manifestaciones específicas de los delitos correspondientes están claramente definidas, y el límite entre lo que es delito y lo que no lo es está muy clara, como se expone a continuación:
1)Secesión – El delito consistente en “socavar la unificación nacional” está tipificado en el Código Penal de la República Popular China. Por razones históricas específicas, el pueblo chino tiene una comprensión profunda y clara del concepto de “unidad nacional”; La frase “alterar, por medios ilícitos, la situación jurídica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong o cualquier otro territorio de la República Popular China” se refiere a la modificación de la situación de la RAE de Hong Kong o cualquier otro territorio chino sometido a la Constitución y las leyes de la República Popular China en contravención de lo dispuesto en estos instrumentos; y “entregar la Región Administrativa Especial de Hong Kong o cualquier otra parte de la República Popular China a un país extranjero” apunta a los elementos que militan por la “independencia de Hong Kong” y otras personas que intentan entregar la RAE de Hong Kong o cualquier otra parte de China a un país extranjero;
2)Subversión – El delito de subversión del poder del Estado es un delito grave que consiste en una conducta claramente definida. La sola expresión verbal en ningún caso puede constituir delito de subversión. Ahora bien, si una persona, con la intención específica de perjudicar a la sociedad, alienta activamente a terceros a cometer actos delictivos, extralimitándose en su libertad de expresión, puede incurrir en el delito de incitación a la subversión del poder del Estado;
3)Actividades terroristas – La Ley de Seguridad Nacional no da una definición de terrorismo más detallada que la del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En sus párrafos 3 y 4, el artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional se refiere no a los daños materiales en general, sino a los daños a la infraestructura y el equipamiento públicos que afecten a la seguridad pública, y define claramente qué se entiende por infraestructura y equipamiento públicos. Los daños causados a esas instalaciones pueden tener graves consecuencias y hacer peligrar la seguridad pública. Además, el segundo párrafo del artículo establece que el hecho de causar “pérdidas considerables de bienes públicos o privados” es un factor que ha de tenerse en cuenta en la determinación de la pena, después de la declaración de culpabilidad, pero no en el reconocimiento de la culpabilidad.
Nombramiento de los jueces
14.De conformidad con los artículos 85 a 92 de la Ley Fundamental, los jueces son nombrados por la Jefa del Ejecutivo por recomendación de la Comisión de Recomendación de los Funcionarios Judiciales, entidad independiente dirigida por el Presidente del Tribunal Superior de Apelación, y son inamovibles. Los miembros del poder judicial son seleccionados en función de sus aptitudes judiciales y profesionales y gozan de inmunidad frente a toda acción legal en el desempeño de sus funciones judiciales. Los tribunales ejercen el poder judicial de manera independiente, sin injerencias.
15.El artículo 44 de la Ley de Seguridad Nacional solo dispone que corresponde a la Jefa del Ejecutivo confeccionar, para las diferentes instancias judiciales, una lista de jueces, seleccionados de entre los que estén en ejercicio, para que se ocupen de causas relacionadas con delitos que pongan en peligro la seguridad del Estado, y que, para ello, la Jefa del Ejecutivo puede consultar al Comité de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y al Presidente del Tribunal Superior de Apelación. Esta práctica de confeccionar una lista de jueces para que conozcan de causas relativas a una esfera particular es algo que se viene haciendo en Hong Kong desde hace mucho tiempo y que ha resultado muy útil ya que permite que los jueces se especialicen en la materia para la que se los ha seleccionado.
16.Contrariamente a lo que podría inferirse del párrafo 3 de la lista de cuestiones, la Jefa del Ejecutivo no se ocupa de atribuir una causa específica a un juez determinado. La asignación de las causas a los jueces sigue siendo atribución de la judicatura y no de la Jefa del Ejecutivo ni del Gobierno. Como explicó el Presidente del Tribunal Superior de Apelación el 2 de julio de 2020, “la programación [y] la tramitación de las causas y la asignación de uno o varios jueces a determinadas causas o apelaciones incumben a quien presida el tribunal de la instancia correspondiente. Estos asuntos son de responsabilidad exclusiva del poder judicial”.
17.La Ley de Seguridad Nacional no socava la independencia judicial en absoluto. Todos los jueces han prestado juramento, prometiendo acatar la Ley Fundamental, servir a la RAE de Hong Kong a conciencia, con diligencia, en plena conformidad con la ley, con honestidad y con integridad, salvaguardar la ley y administrar justicia sin temor, favor, interés propio ni engaños. Los jueces siempre son libres al pronunciarse sobre las causas, de acuerdo con la ley y sobre la base de las pruebas que tengan ante sí. Los artículos 85 a 92 de la Ley Fundamental proporcionan las garantías constitucionales de la independencia judicial; los tribunales ejercen el poder judicial de manera independiente, sin injerencias. Como indicó el tribunal de primera instancia que sustanció la causa Tong Ying Kit v. HKSAR: “No hay fundamentos válidos o suficientes para afirmar que, en relación con las causas sobre delitos tipificados en la Ley de Seguridad Nacional, la Jefa del Ejecutivo o el Gobierno puedan ‘interferir en asuntos directa e inmediatamente relacionados con la función resolutoria, por ejemplo la asignación de causas a los jueces, la celebración de actuaciones judiciales y los registros de los tribunales’, ni que la Jefa del Ejecutivo, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 44 [de la Ley de Seguridad Nacional] obstaculice o pueda obstaculizar la libertad de miembro alguno del poder judicial de Hong Kong ‘para resolver controversias individuales y defender la ley y los valores de la constitución’”. El solo hecho de que una causa relativa a delitos que atentan contra la seguridad nacional esté a cargo de un juez nombrado en virtud del artículo 44 no resta independencia al tribunal. El derecho a ser oído con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, según dispone el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sigue debidamente amparado.
Juicios por jurado
18.Si bien el artículo 86 de la Ley Fundamental prevé que se mantenga el principio del juicio por jurado que se practicaba anteriormente en Hong Kong, el Tribunal Superior de Apelación ha determinado que no hay un derecho al juicio por jurado en Hong Kong.
19.El artículo 46 de la Ley de Seguridad Nacional faculta a la Secretaria de Justicia para emitir un certificado por el que se instruye que una causa se enjuicie sin jurado, entre otras cosas por motivos relativos a la protección de secretos de Estado, la implicación de factores extranjeros o la protección de la seguridad personal de los miembros del jurado y sus familiares. Todos esos son motivos legítimos para no celebrar un juicio con jurado. Ahora bien, la Ley de Seguridad Nacional no excluye que se celebren juicios por jurado en Hong Kong. De hecho, incluso en el caso de asuntos relativos a delitos que atentan contra la seguridad del Estado, no todas las causas deben enjuiciarse sin jurado. La Secretaria de Justicia emite el certificado en función de las circunstancias específicas. Esas precauciones se deben a que los delitos previstos en la Ley de Seguridad Nacional, como la secesión y la subversión, a menudo implican secretos de Estado que no deben revelarse, lo que podría ocurrir si las causas correspondientes se enjuiciaran con un jurado; el delito de colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional o con elementos externos para atentar contra la seguridad nacional implica a factores extranjeros y, por lo tanto, es más complejo y a veces afecta a las relaciones entre Estados, por lo que se trata de un asunto que no conviene ventilar en un juicio con jurado; y el delito de actividades terroristas suele consistir en actividades de delincuencia organizada con violencia, por lo que la seguridad personal de los jurados y de sus familiares podría verse amenazada por organizaciones terroristas. Para evitar la divulgación de secretos de Estado, tratar adecuadamente los casos en los que intervienen factores extranjeros y proteger la seguridad personal de los jurados y sus familiares, es necesario restringir el uso del juicio por jurado en causas relativas a delitos que atenten contra la seguridad nacional.
20.Cuando la Secretaria de Justicia emite un certificado en el que instruye que un juicio se celebre sin jurado, el acusado es juzgado en el Tribunal de Primera Instancia por un panel integrado por tres jueces y, al igual que en otras causas penales, tiene derecho a ser oído con las debidas garantías por un tribunal independiente e imparcial, obligado a dictar sentencias plenamente motivadas, y tiene derecho a interponer un recurso ante una instancia superior contra la declaración de culpabilidad y la sentencia. Las garantías procesales previstas en las leyes de la RAE de Hong Kong siguen aplicándose tal como lo exige el artículo 41 de la Ley de Seguridad Nacional.
Proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Nacional
21.Dado que la seguridad nacional atañe a los intereses esenciales de un Estado y los intereses fundamentales de su población, siempre es una cuestión que incumbe a las autoridades centrales y no entra en el ámbito de la autonomía de que goza la RAE de Hong Kong en virtud del principio “un país, dos sistemas”.
22.De conformidad con el artículo 23 de la Ley Fundamental, la RAE de Hong Kong tiene la obligación de promulgar leyes destinadas a salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, no lo ha hecho en los 23 años que han transcurrido desde la reunificación. Habida cuenta de la situación política en Hong Kong, cabe prever que tampoco lo podrá hacer en el futuro próximo, lo cual deja abierta una brecha en la seguridad de China que es preciso cerrar con urgencia. Además, los manifestantes se han vuelto más violentos y dan cada vez más señales de ser separatistas y terroristas, lo cual afecta gravemente los derechos e intereses legítimos de los residentes de Hong Kong.
23.De ahí que sea necesario que las autoridades centrales actúen de inmediato y adopten medidas de protección de la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong. El Congreso Nacional del Pueblo, máximo órgano del poder del Estado, facultado por el artículo 62 de la Constitución para supervisar la aplicación de la Constitución y decidir qué sistemas se han de instituir en la RAE de Hong Kong, aprobó el 28 de mayo de 2020 la Decisión sobre el Establecimiento y la Mejora del Sistema Jurídico y los Mecanismos de Aplicación en la RAE de Hong Kong para Salvaguardar la Seguridad Nacional, encargando al Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo que formulara las leyes correspondientes, destinadas a prevenir, reprimir y castigar eficazmente los delitos de secesión, subversión y organización y realización de actividades terroristas. Como la Ley de Seguridad Nacional es una ley nacional, el proceso legislativo debe ajustarse a la Ley de Procedimiento Legislativo de la República Popular China.
24.Antes de aprobar la Ley de Seguridad Nacional, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo recabó, por diferentes medios, las opiniones del Gobierno de la RAE de Hong Kong y de diversos sectores de la sociedad de Hong Kong. Así pues, el Comité Permanente tuvo plenamente en cuenta las opiniones de la RAE de Hong Kong, incluidas las de sus residentes. Como había una necesidad urgente de hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong y se había formado un consenso en favor de que el proyecto de ley se presentara cuanto antes, la Ley de Seguridad Nacional fue aprobada el 30 de junio de 2020, después de que el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo examinara el proyecto de ley en dos sesiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Legislativo de la República Popular China. Así pues, el proceso de promulgación de la Ley de Seguridad Nacional fue transparente, se tuvieron en cuenta las opiniones de los residentes de Hong Kong y el proceso se ajustó a la Ley de Procedimiento Legislativo.
Párrafo 4 de la lista de cuestiones
Causas del ámbito de competencia de la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional del Gobierno Central del Pueblo en la Región Administrativa Especial de Hong Kong
25.El mandato de la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional del Gobierno Central del Pueblo en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (en adelante la “Oficina”) está establecido en el capítulo V de la Ley de Seguridad Nacional y consiste, entre otras cosas, en tramitar las causas relativas a delitos que atenten contra la seguridad nacional, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, concretamente en las circunstancias excepcionales especificadas en su artículo 55, a saber:
a)Si se trata de un caso complejo, debido a la implicación de un país extranjero o elementos externos, lo que dificulta que la RAE de Hong Kong ejerza su jurisdicción sobre el asunto;
b)Si sobreviene una situación grave que impida que la RAE de Hong Kong haga cumplir eficazmente la Ley de Seguridad Nacional; o
c)Si se produce una amenaza grave e inminente para la seguridad nacional.
En diversos países del mundo, la seguridad nacional es competencia de las autoridades centrales y es una cuestión que entra en su “jurisdicción reservada”. Habida cuenta del principio “un país, dos sistemas”, las autoridades centrales, que tienen total confianza en la RAE de Hong Kong y respetan la independencia de su poder judicial (incluida su competencia en última instancia), autorizan a la RAE de Hong Kong a ejercer su jurisdicción sobre la gran mayoría de las causas y solo se reservan la jurisdicción directa para las causas relativas a delitos que atenten contra la seguridad nacional, de las que la RAE de Hong Kong no podría ocuparse, es decir en circunstancias específicas muy limitadas. Además, han de seguirse procedimientos de aprobación muy rigurosos. Esta es una manifestación significativa del ejercicio por las autoridades centrales de una jurisdicción global sobre la RAE de Hong Kong, permite asegurar que el principio “un país, dos sistemas” se aplique debidamente y es conforme a la Constitución y al derecho.
26.Como la responsabilidad de proteger la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong recae en primera y última instancia en las autoridades centrales, tienen jurisdicción reservada y facultades en materia de aplicación de la ley para ocuparse de asuntos relativos a delitos que atenten contra la seguridad nacional. Ahora bien, solo un reducidísimo número de causas quedan bajo la competencia de la Oficina y la gran mayoría de las causas seguirán sujetas a la jurisdicción de la RAE de Hong Kong. Al ejercer su jurisdicción, la Oficina ha de atenerse estrictamente a los procedimientos de aplicación. Las autoridades centrales respetan plenamente el elevado grado de autonomía de que disfruta la RAE de Hong Kong.
27.Incluso en esas circunstancias especiales, la Oficina solo puede ejercer su jurisdicción en una causa previa solicitud del Gobierno de la RAE de Hong Kong y con la posterior aprobación del Gobierno Central del Pueblo.
28.De conformidad con el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, al ejercer jurisdicción en los casos previstos en el artículo 55 de la misma ley, la Oficina abre la investigación, la Fiscalía Suprema Popular designa a la fiscalía encargada de tramitar la causa y el Tribunal Supremo Popular designa a un órgano judicial encargado de resolver el asunto. El artículo 57 prevé además que las cuestiones procesales se rijan por el Código de Procedimiento Penal de la República Popular China y otras leyes nacionales conexas, trátese de la investigación, la instrucción y el procesamiento, o el juicio y la ejecución de la pena, y que las autoridades competentes ejerzan sus facultades de conformidad con la ley.
29.El Código de Procedimiento Penal contiene numerosas garantías procesales. Por ejemplo, su artículo 52 prohíbe la obtención de confesiones mediante tortura y la reunión de pruebas por medios ilícitos, así como la autoincriminación forzada. El artículo 58 de la Ley de Seguridad Nacional también establece que el sospechoso tiene derecho a representación letrada, que un abogado defensor puede prestar asistencia jurídica a un sospechoso o un acusado y que toda persona detenida tiene derecho a ser juzgada en forma imparcial y sin dilaciones indebidas por un órgano judicial. No hay diferencias significativas entre las normas de derechos humanos aplicadas por la Oficina y las fuerzas del orden y los órganos judiciales nacionales competentes cuando ejercen la jurisdicción en causas relativas a delitos que atentan contra la seguridad nacional en los tres supuestos antes indicados y las que siguen las autoridades competentes de la RAE de Hong Kong cuando ejercen su jurisdicción. De conformidad con esas normas, la tortura y otros tratos crueles o inhumanos están prohibidos; nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta; toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, a ser informada sin demora de los cargos formulados en su contra, a disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; tiene derecho a la asistencia jurídica, a interrogar a los testigos, a ser asistida gratuitamente por un intérprete, a no ser obligada a autoincriminarse, a acogerse a un procedimiento especial si es menor de edad y a interponer un recurso de apelación. Puede decirse que, en principio, las leyes de la China continental y las leyes de la RAE de Hong Kong se ajustan a las normas de las Naciones Unidas de protección de los derechos humanos en la justicia penal.
30.El artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional establece claramente que la Oficina cumple su mandato en estricto cumplimiento de la ley y no debe vulnerar los legítimos derechos e intereses de ninguna persona. Aunque los actos realizados por la Oficina y su personal al desempeñar sus funciones en virtud de la Ley de Seguridad Nacional no están sujetos a la autoridad de la RAE de Hong Kong, el personal de la Oficina está obligado a acatar las leyes de la RAE de Hong Kong, así como las leyes de la República Popular China, y está sujeto a la supervisión de las autoridades nacionales de control mencionadas en el capítulo III, artículo 7 de la Constitución, de conformidad con la ley.
Ámbito de aplicación y efecto extraterritorial
31.De conformidad con sus artículos 36 a 38, la Ley de Seguridad Nacional se aplica a: a) los delitos previstos cometidos en la RAE de Hong Kong, por cualquier persona, entendiéndose que un delito se ha cometido en dicho territorio si un acto constitutivo de delito o sus consecuencias se producen en él [art. 36]; b) el residente permanente de Hong Kong o la entidad, constituida o no en sociedad, establecida en la RAE de Hong Kong que cometa un delito tipificado en la Ley de Seguridad Nacional fuera del territorio de la RAE de Hong Kong [art. 37]; y c) los delitos previstos cometidos contra la RAE de Hong Kong desde fuera de la región por una persona que no sea residente permanente de Hong Kong [art. 38].
32.Las disposiciones antes mencionadas se basan en los siguientes principios de derecho internacional: a) el principio de nacionalidad, según el cual la jurisdicción se basa en la nacionalidad del autor del delito; b) el principio de personalidad pasiva, según el cual la jurisdicción se basa en el hecho de que un acto cometido en el extranjero perjudica a un nacional del Estado del foro; y c) el principio de protección, según el cual el fundamento de la jurisdicción es el hecho de que el acto cometido en el extranjero constituye una amenaza para la integridad o la seguridad del Estado del foro o hace peligrar o socava sus instituciones o funciones gubernamentales esenciales o sus intereses públicos.
33.No es infrecuente que las leyes de seguridad nacional de otros países contengan disposiciones de ese tipo. Si bien un acto cometido por un extranjero contra la RAE de Hong Kong fuera de China en contravención de la Ley de Seguridad Nacional entraría en el ámbito de aplicación del artículo 38, está bien establecido que un extranjero que haya cometido un delito que atente contra la seguridad nacional de determinado país estará sujeto a la jurisdicción de dicho país de ingresar en este.
Significado de la expresión “colusión con un país extranjero”
34.El término “colusión” solo aparece en el subepígrafe de los artículos 29 y 30 de la Ley de Seguridad Nacional. Los elementos constitutivos del delito de “colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional” están expuestos en los dos artículos. De conformidad con el artículo 29, la persona que robe, espíe, obtenga mediante pago o proporcione ilegalmente a un país extranjero secretos de Estado concernientes a la seguridad nacional comete un delito. También es delito solicitar la ayuda de un país extranjero, conspirar con él o aceptar sus instrucciones, su control o su apoyo para cometer alguno de los actos siguientes: a) librar una guerra contra la República Popular China, o utilizar la fuerza o amenazar con utilizarla para socavar gravemente la soberanía, la unificación y la integridad de la República Popular China; b) perturbar gravemente la formulación y la aplicación de leyes o políticas por el Gobierno de la RAE de Hong Kong o el Gobierno Central del Pueblo, acto que puede tener graves consecuencias; c) manipular o socavar una elección en la RAE de Hong Kong, actos que pueden tener graves consecuencias; d) imponer sanciones o bloqueos o participar en otras actividades hostiles contra la RAE de Hong Kong o la República Popular China; o e) instigar por medios ilegales el odio de los residentes de Hong Kong hacia el Gobierno Central del Pueblo o el Gobierno de la RAE de Hong Kong, acto que puede tener graves consecuencias. Para determinar si una persona es culpable de un delito previsto en la Ley de Seguridad Nacional se tendrán en cuenta los hechos, las circunstancias y las pruebas disponibles en cada caso.
Aplicación
35.La aplicación de la Ley de Seguridad Nacional incumbe principalmente al departamento de la policía de Hong Kong encargado de salvaguardar la seguridad nacional. Los agentes de policía deben cumplir sus funciones de conformidad con las leyes de la RAE de Hong Kong.
36.En el artículo 43 de la Ley de Seguridad Nacional se establecen las medidas que dicho departamento puede adoptar cuando se ocupa de delitos que atentan contra la seguridad nacional. Entre estas medidas figuran aquellas que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ya aplican cuando investigan delitos graves y las siete medidas enumeradas en el párrafo 1 del artículo 43. En julio de 2020, la Jefa del Ejecutivo, en colaboración con el Comité de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la RAE de Hong Kong, formuló, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 43, siete conjuntos de normas para la aplicación de esas medidas. Así pues, las medidas que puede aplicar la policía tienen un fundamento jurídico, ya sea en el derecho existente o en las normas.
37.Las facultades previstas en las normas de aplicación se ajustan, en general, a las facultades policiales existentes y las garantías necesarias que contienen. Por ejemplo, las normas relativas al registro de lugares para reunir pruebas exigen que la policía solicite una orden de registro a un juez, a no ser que no haya posibilidades razonables de obtener tal orden, lo cual se ajusta a la legislación vigente, por ejemplo la Disposición Legislativa sobre la Policía (cap. 232), y la jurisprudencia pertinente. De conformidad con las normas relativas a la prohibición de que las personas investigadas salgan de Hong Kong, la notificación por la que se exige al sospechoso que entregue sus documentos de viaje debe ser emitida por un juez, de acuerdo con el principio de la Disposición Legislativa sobre la Prevención de la Corrupción (cap. 201). Además, tanto las normas relativas a la congelación, el embargo, la confiscación y el decomiso de bienes, como las normas relativas a la obligación de proporcionar información y entregar material, contienen disposiciones sobre supervisión judicial que están en consonancia con la Disposición legislativa para la aplicación de la resolución de las Naciones Unidas en materia de medidas contra el terrorismo (Medidas contra el Terrorismo) (cap. 575) y la Disposición Legislativa sobre Delincuencia Organizada y Delitos Graves (cap. 455).
38.No se ha concedido ninguna inmunidad especial a la policía. En lo que respecta al ejercicio de las facultades policiales, los agentes de la policía se atienen a la ley y su actuación puede ser objeto de examen judicial u otro tipo de impugnación ante tribunales.
El Comité de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la RAE de Hong Kong
39.El Comité de Salvaguardia de la Seguridad Nacional de la RAE de Hong Kong se ocupa de los asuntos relativos a la protección de la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong. Sus funciones principales consisten en formular políticas de protección de la seguridad nacional, promover el desarrollo del sistema jurídico y los mecanismos de aplicación para la salvaguardia de la seguridad nacional y coordinar los trabajos y las operaciones importantes de protección de la seguridad nacional en la RAE de Hong Kong. Aunque sus decisiones no están sujetas a revisión judicial, el Comité está bajo la supervisión del Gobierno Central del Pueblo y es responsable ante él. En cuanto a los actos y la actuación de las instituciones o personas que ejecutan esas decisiones, para determinar si pueden ser objeto de revisión judicial, se han de tener en cuenta los hechos y las circunstancias de cada caso.
Leyes locales de la RAE de Hong Kong
40.La RAE de Hong Kong tiene la obligación constitucional de aplicar el artículo 23 de la Ley Fundamental, que establece que la RAE de Hong Kong ha de promulgar sus propias leyes para prohibir todo acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Central del Pueblo o robo de secretos de Estado, impedir que organizaciones u organismos políticos extranjeros realicen actividades políticas en Hong Kong y prohibir que organismos políticos de Hong Kong establezcan vínculos con organizaciones políticas extranjeras. La RAE de Hong Kong también tiene la obligación, en virtud de la Decisión del Congreso Nacional del Pueblo de 28 de mayo de 2020 y el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, de finalizar cuanto antes la legislación destinada a salvaguardar la seguridad nacional, tal como lo establece la Ley Fundamental, y perfeccionar las leyes pertinentes.
Párrafo 5 de la lista de cuestiones
41.La Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia (cap. 241) dispone que la Jefa del Ejecutivo, tras consultar al Consejo Ejecutivo (es decir actuando en calidad de Jefa del Ejecutivo en Consejo, en inglés “Chief Executive-in-Council”), puede dictar las normas que estime convenientes para el interés público si considera que existe una situación de emergencia o peligro público. Estas normas pueden, o no, suspender las disposiciones de la Carta de Derechos de Hong Kong.
42.La Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia debe leerse junto con el artículo 5 de la Disposición Legislativa sobre la Carta de Derechos, que descansa en el artículo 39 de la Ley Fundamental. El artículo 5, párrafo 1, de dicha Disposición Legislativa, al igual que el artículo 4, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dispone que deben cumplirse dos condiciones para que se justifique la adopción de medidas que deroguen las disposiciones de la Carta de Derechos de Hong Kong: la situación debe ser de un carácter excepcional que ponga en peligro la vida de la nación y la existencia de esa emergencia ha de proclamarse oficialmente. Además, toda medida de ese tipo debe adoptarse únicamente en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, con arreglo al principio de proporcionalidad. El artículo 5, párrafo 2, dispone además que las medidas de excepción no deben ser contrarias a ninguna obligación que incumba a Hong Kong en virtud del derecho internacional, no deben ser discriminatorias por ninguno de los motivos prohibidos, que son los mismos que los enumerados en el artículo 4, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni derogar los artículos 2, 3, 4, párrafos 1 y 2, 7, 12, 13 y 15 de la Carta de Derechos de Hong Kong, que corresponden a las disposiciones no derogables especificadas en el artículo 4, párrafo 2, del Pacto.
43.Las normas dictadas en virtud de la Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia son de carácter subsidiario y deben ser presentadas al Consejo Legislativo para su examen según el procedimiento conocido como negativo (“negative vetting”) previsto en el artículo 34 de la Disposición Legislativa sobre las Cláusulas de Interpretación y las Cláusulas Generales (cap. 1). El Consejo Legislativo puede modificar o revocar dichas normas mediante resolución. El ejercicio de las facultades previstas en la Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia y las normas de excepción también es susceptible de revisión judicial.
44.En su fallo de diciembre de 2020, relativo a una serie de solicitudes de revisión judicial, el Tribunal Superior de Apelación confirmó la compatibilidad de la Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia con la Ley Fundamental. El Tribunal reconoció que, por su naturaleza misma, la Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia exigía que se otorgaran al Ejecutivo facultades legislativas amplias y flexibles, de modo que pudiera hacer frente de forma rápida y adecuada a una situación de emergencia o peligro público. En tales situaciones conviene dejar que la Jefa del Ejecutivo en Consejo pueda dictar las normas que considere deseables en aras del interés público. Esas facultades legislativas son necesarias, en particular en caso de que el Consejo Legislativo no pudiera legislar o no pudiera hacerlo con la rapidez necesaria ante una situación de urgencia o peligro público. El Tribunal consideró que, por su naturaleza, los conceptos de “emergencia” o “peligro público” no pueden ser objeto de una definición exhaustiva, por lo que debía dejarse cierta discrecionalidad a la Jefa del Ejecutivo en Consejo para que determinara si una situación presentaba esas características. Tal decisión ha de ser razonable, en el sentido del derecho público, y el artículo 2, párrafo 1, de la Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia exige que la Jefa del Ejecutivo en Consejo se pronuncie de buena fe, lo cual puede ser objeto de revisión judicial. La Disposición Legislativa sobre el Régimen de Emergencia es compatible con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No tenemos previsto modificarla ni revocarla.
Párrafo 6 de la lista de cuestiones
45.La Ley de Seguridad Nacional se aprobó sin perjuicio de la obligación que tiene la RAE de Hong Kong en virtud del artículo 23 de la Ley Fundamental de promulgar sus propias leyes para prohibir los actos enumerados que ponen en peligro la seguridad nacional. La RAE de Hong Kong sigue teniendo la obligación de aplicar cuanto antes dicho artículo de la Ley Fundamental. Por consiguiente, consideramos que sería más adecuado que los delitos de traición y sedición y la definición de la expresión “organizaciones u organismos políticos extranjeros” se abordaran en el contexto de la labor legislativa relativa al artículo 23, cuando se haya iniciado.
46.La definición de “acto terrorista” que figura en la Disposición Legislativa sobre Medidas contra el Terrorismo se inspira de la ley británica de 2000 relativa al terrorismo. Está en consonancia con las definiciones que figuran en las leyes antiterroristas de muchas jurisdicciones. El Gobierno de la RAE de Hong Kong tuvo debidamente en cuenta las implicaciones de derechos humanos a lo largo de todo el proceso legislativo y considera que la Disposición Legislativa sobre Medidas contra el Terrorismo es compatible con la protección de los derechos humanos garantizada por la Carta de Derechos de Hong Kong.
47.No se ha entablado ningún proceso en virtud de la Disposición Legislativa sobre Medidas contra el Terrorismo desde su promulgación. El tribunal pronuncia una sentencia condenatoria solo si tiene la certeza de que la acusación ha demostrado más allá de toda duda razonable que el acusado es culpable del delito del que se lo acusa.
Párrafo 7 de la lista de cuestiones
48.Las cuatro disposiciones legislativas contra la discriminación mencionadas protegen la igualdad de oportunidades en sus respectivas esferas; la Comisión para la Igualdad de Oportunidades, órgano oficial independiente, se ocupa de hacerlas cumplir. Toda persona víctima de discriminación puede presentar una denuncia ante dicha Comisión para someterse a un procedimiento de conciliación con asistencia de la Comisión. Si la conciliación fracasa, la persona agraviada puede solicitar la asistencia de la Comisión para interponer una demanda civil.
49.La Disposición Legislativa sobre Discriminación (Enmiendas Varias) de 2020, promulgada por el Consejo Legislativo en junio de 2020, refuerza la protección contra la discriminación y el acoso, al amparo de las cuatro disposiciones legislativas contra la discriminación.
50.La Disposición Legislativa sobre la Carta de Derechos prohíbe que el Gobierno de la RAE de Hong Kong discrimine a una persona por su orientación sexual, entre otros motivos. Por cuanto respecta a los sectores privados, la sociedad está dividida en cuanto a si se debe legislar para prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El Gobierno de la RAE de Hong Kong ha informado al Consejo Legislativo de los principales resultados del estudio de la experiencia de otras jurisdicciones en la lucha contra la discriminación contra las minorías sexuales y, a la luz de esos resultados, invitará a las partes interesadas a estudiar propuestas de lucha contra la discriminación adecuadas para Hong Kong.
Aplicación de la Disposición Legislativa sobre la Discriminación Racial al Gobierno y a las autoridades públicas
51.El marco jurídico de la RAE de Hong Kong prohíbe desde siempre que el Gobierno y las autoridades públicas incurran en prácticas discriminatorias. La Disposición Legislativa sobre la Carta de Derechos prohíbe al Gobierno y las autoridades públicas discriminar a una persona por una amplia gama de motivos, entre ellos la raza, el color, la ascendencia y el origen nacional o étnico. La Disposición Legislativa sobre la Discriminación Racial es vinculante para el Gobierno y dispone expresamente que es ilícito discriminar a una persona por su raza en esferas como el empleo, la educación, el suministro de bienes o servicios y la venta o la administración de inmuebles. También es ilícito hostigar a una persona por motivos raciales en todas las esferas mencionadas.
52.El Gobierno de la RAE de Hong Kong estudiará la recomendación de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de que todas las funciones y las facultades del Gobierno se incluyan en el ámbito de aplicación de la Disposición Legislativa sobre la Discriminación Racial. Nuestro objetivo es informar al público de la vía que ha de seguirse en el curso del presente período de gobierno.
53.Entre 2011 y el 31 de agosto de 2020, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades recibió 19 denuncias enmarcadas en la Disposición Legislativa sobre la Discriminación Racial contra la policía y el Departamento de Servicios Penitenciarios De esas denuncias 18 fueron desestimadas por carecer de fundamento, porque no se constató ningún acto ilícito o porque se retiró la denuncia.
Párrafo 8 de la lista de cuestiones
54.El sistema matrimonial predominante en Hong Kong está basado en la institución de la monogamia y el matrimonio heterosexual. Dado que hay procedimientos judiciales en curso sobre la cuestión del matrimonio y las parejas homosexuales, no conviene que el Gobierno de la RAE de Hong Kong dé una respuesta sustancial sobre esta cuestión. Se trata de una cuestión compleja y controvertida y los diferentes sectores de la comunidad tienen opiniones diferentes sobre el matrimonio homosexual.
55.Por cuanto respecta al reconocimiento de las personas transgénero, el Grupo de Trabajo Interdepartamental del Gobierno de la RAE de Hong Kong sobre el Reconocimiento del Género ha recibido más de 18.000 respuestas a la consulta pública a que se hace referencia en el anexo 26D del informe periódico. Las respuestas reflejan puntos de vista divididos y contrapuestos sobre toda una serie de cuestiones consideradas desde diferentes perspectivas. Además, hay procedimientos judiciales en curso relacionados con las consecuencias en materia de derechos humanos de la política del Gobierno de la RAE de Hong Kong que exige que la persona transexual que desee cambiar la mención de sexo en el documento de identidad permanente emitido por Hong Kong se someta a una operación de reasignación de sexo (que la privaría de capacidad reproductiva). Las reacciones del público y los resultados de los litigios son consideraciones importantes que el Gobierno debe tener en cuenta al formular su política. El Gobierno de la RAE de Hong Kong es plenamente consciente de que el impacto de cualquier reforma sobre los derechos y las preocupaciones de los potenciales solicitantes de un reconocimiento de género, así como las de la ciudadanía en general, debe examinarse cuidadosa y exhaustivamente.
56.El Gobierno está comprometido con la promoción de la igualdad de oportunidades para las personas con orientación sexual e identidad de género diferentes. Aparte de las medidas descritas en el anexo 26C del informe periódico, el Gobierno movilizará recursos para fomentar el conocimiento y la sensibilidad hacia las minorías sexuales de los funcionarios de primera línea de los servicios policiales. En cuanto a las medidas legislativas, remitimos al párrafo 50 del presente documento.
57.Todas las disposiciones relativas a las personas privadas de libertad se toman de acuerdo con las leyes y las directrices pertinentes, para asegurar que esas personas reciban un trato justo y adecuado. A continuación se exponen ejemplos de medidas adoptadas por las fuerzas del orden.
Departamento de Inmigración
58.Si la persona privada de libertad afirma haberse sometido a una operación quirúrgica para adquirir los rasgos físicos y las características sexuales del sexo opuesto y solicita que el agente que le haga un registro corporal sea hombre o mujer, se atenderá a su solicitud y se le hará firmar un consentimiento escrito. Un agente del mismo sexo que el que realice el registro estará presente como testigo.
Departamento de Servicios Penitenciarios
59.Se puede habilitar un alojamiento individual para las personas homosexuales o transgénero recluidas durante la noche. El Departamento de Servicios Penitenciarios ha establecido una unidad especialmente destinada a atender las necesidades especiales de los reclusos transgénero y asegurar que reciban un trato justo conforme a la ley.
Policía de Hong Kong
60.Al registrar a detenidos con necesidades especiales (incluidas las personas transgénero), los agentes de policía lo hacen de forma práctica y razonable, respetando debidamente su dignidad e intimidad, y cada registro se realiza en presencia de un agente testigo; cuando tiene bajo custodia a personas con necesidades especiales, la policía procura colocar a una sola persona por celda.
Departamento de Aduanas
61.Si los agentes de aduana deben registrar a una persona detenida (también si se trata de una persona transgénero) lo hacen de manera práctica y razonable, respetando debidamente su intimidad. En caso de tener que recluir a una persona, el Departamento de Aduanas procura alojarla en una celda individual.
Párrafo 9 de la lista de cuestiones
62.El Departamento de Bienestar Social, o en su lugar varias organizaciones no gubernamentales subvencionadas, ofrecen una amplia gama de servicios preventivos, servicios de apoyo y servicios especializados, como servicios de protección para la familia y los niños, centros de acogida para mujeres, servicios de apoyo en caso de crisis familiar, y servicios polivalentes de intervención y apoyo en caso de crisis para las víctimas de la violencia doméstica y las familias necesitadas. De enero de 2010 a junio de 2020 se dictaron, en total, 352 órdenes judiciales en virtud de la Disposición Legislativa sobre Violencia en el Hogar y entre Convivientes (cap. 189), en muchos casos con el requisito de que el autor de la violencia siguiera programas obligatorios destinados a cambiar su actitud y conducta.
63.La policía investiga los casos de maltrato infantil con arreglo a un enfoque interinstitucional y contribuye a formular planes de protección para los niños víctimas. Se recuerda a los agentes de primera línea que deben dar prioridad absoluta a la seguridad y el bienestar de las víctimas y sus hijos realizando una evaluación de los riesgos y examinando la necesidad de remitirlos al Departamento de Bienestar Social. Al lugar de cada hecho de violencia doméstica denunciado acude un policía con rango de sargento o superior y los casos graves de violencia doméstica son investigados por equipos de investigación policiales designados.
64.Cuando se trata de casos de violencia doméstica en los que ya se ha dictado una orden judicial en virtud de la Disposición Legislativa sobre Violencia en el Hogar y entre Convivientes, la policía, si cuenta con una “autorización de detención”, puede entrar en el lugar en cumplimiento de dicha autorización y detener a toda persona de la que pueda sospecharse razonablemente que ha incumplido la orden judicial.
Párrafo 10 de la lista de cuestiones
65.La policía tiene la obligación, por ley, de adoptar medidas lícitas para preservar la paz pública, prevenir y detectar delitos, mantener el orden público y proteger la vida y los bienes de las personas.
66.La policía tiene directrices claras sobre la utilización de la fuerza que se ajustan a las normas y reglas internacionales en materia de derechos humanos. Los agentes de policía pueden utilizar la fuerza mínima que sea apropiada únicamente si ello es necesario y si no disponen de otros medios para cumplir el mandato que les confiere la ley. Antes de utilizar la fuerza, los agentes de policía deben, en la medida en que lo permitan las circunstancias, hacer varias advertencias a la multitud reunida y dar a la(s) persona(s) implicada(s) toda la oportunidad, siempre que sea posible, de obedecer las órdenes de la policía antes de que se recurra a la fuerza. Una vez conseguidos los fines del uso de la fuerza, este debe cesar.
67.Desde la presentación del informe anterior en 2011 no se ha abierto ninguna causa ni se ha detenido a nadie en virtud de la Disposición Legislativa contra el Delito (Torturas) (cap. 427).
68.El 12 de noviembre de 2019 un grupo de manifestantes radicales levantaron barricadas y obstruyeron las principales vías de circulación en los alrededores de la City University de Hong Kong. Algunos de ellos llegaron incluso a arrojar ladrillos y otros objetos contundentes desde una altura, amenazando gravemente el orden y la seguridad públicos. Tras reiteradas advertencias, la policía adoptó medidas (utilizando entre otras cosas porras de goma) para dispersar a los revoltosos.
69.La policía tiene en cuenta las circunstancias imperantes, hace evaluaciones y sigue su criterio profesional para adoptar las medidas apropiadas, incluido el uso de la fuerza en el grado mínimo necesario, para asegurar la seguridad y el orden públicos.
Párrafo 11 de la lista de cuestiones
70.El mecanismo de dos niveles para la presentación de denuncias contra la policía funciona eficazmente, en virtud de la Disposición Legislativa sobre el Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía (cap. 604). Cuando la Oficina de Denuncias contra la Policía, que funciona en forma independiente con respecto a las otras unidades de la policía, ha terminado de investigar una denuncia admisible, debe someter un informe detallado sobre la investigación al examen del Consejo. Si el Consejo, órgano oficial independiente, considera que hay alguna deficiencia en la forma en que la Oficina ha tratado e investigado una denuncia, puede solicitar una aclaración a la Oficina o pedirle que profundice la investigación.
71.En el período 2017-2019, el Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía refrendó los resultados de la investigación de 3.144 casos, relacionados con 5.338 denuncias. De las 1.867 solicitudes dirigidas por el Consejo a la Oficina de Denuncias contra la Policía, 662 se referían a la clasificación de los resultados de la investigación. A raíz de ello, se reclasificaron los resultados de la investigación de 360 de esas denuncias. En el período 2017‑2019 se iniciaron procedimientos para la aplicación de medidas disciplinarias o procedimientos internos contra 212 agentes de policía que habían cometido faltas. Los observadores del Consejo también supervisan las investigaciones de la Oficina y, en forma anunciada o sin previo aviso, asisten a los interrogatorios u observan la forma en que se reúnen pruebas en relación con la investigación de denuncias admisibles, con el fin de asegurar que esos procesos se lleven a cabo de manera justa e imparcial. En el período 2017‑2019 el Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía realizó 3.873 observaciones.
72.La policía revisa periódicamente sus directrices y sus órdenes sobre el uso de la fuerza teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y necesidad. El uso de la fuerza por la policía ha de ser legal y el grado de fuerza utilizado debe ser proporcionado y necesario con respecto a la situación.
73.En mayo de 2020 el Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía publicó un informe acerca del estudio temático sobre los sucesos de orden público ocurridos desde junio de 2019 en relación con el proyecto de ley relativo a los delincuentes fugitivos (A Thematic Study by the IPCC on the Public Order Events arising from the Fugitive Offenders Bill since June 2019 and the Police Actions in Response). En el informe se expone el examen detallado por el Consejo de los sucesos de orden público a gran escala y la correspondiente actuación policial desde junio de 2019. El informe contiene además recomendaciones formuladas en virtud de la Disposición Legislativa sobre el Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía, varias de ellas relativas al uso de la fuerza.
74.Se ha establecido un equipo de tareas, encargado de hacer un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones del Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía. Periódicamente, el equipo de tareas rendirá informe sobre su labor a la Jefa del Ejecutivo.
75.La policía ha formulado directrices sobre la presentación de credenciales. Por lo general, cuando están de servicio, los agentes de policía uniformados llevan, en un lugar visible, un número de identificación personal o un código que permite identificarlos. Cuando policías de civil tratan con el público y ejercen funciones policiales, se identifican y presentan su credencial.
76.Cada persona detenida será informada, apenas sea posible, de que está detenida y de los motivos de su detención. Además, se le presenta una ficha en la que se enumeran los derechos de toda persona detenida.
Párrafo 12 de la lista de cuestiones
Fallecimiento de personas privadas de libertad
77.A continuación se proporciona información actualizada sobre el fallecimiento de personas privadas de libertad:
a)En 2019, una persona murió mientras estaba bajo la custodia del Departamento de Inmigración. La policía está investigando el caso y todavía debe llevarse a cabo el examen de la muerte por el Tribunal Forense en el marco de un procedimiento con jurado;
b)Entre 2011 y 2019, 126 personas murieron estando bajo la custodia del Departamento de Servicios Penitenciarios. A junio de 2020, todavía estaban pendientes ante el Tribunal Forense 19 de esos 126 casos. El Departamento de Servicios Penitenciarios había estudiado las sentencias y recomendaciones del Tribunal Forense y les había dado el seguimiento apropiado. Además, el Departamento de Servicios Penitenciarios analiza los casos de autolesiones con vistas a mejorar la estrategia de prevención y atención de ese fenómeno;
c)Entre 2011 y 2019, 20 personas murieron estando bajo custodia de la policía. El Tribunal Forense ha examinado 19 de esos casos y en ninguno de ellos consideró que la causa de la muerte fuera homicidio. Se determinó que 6 de esas muertes se debían a suicidios, 7 a causas naturales, 3 a accidentes, 2 a situaciones relacionadas con drogas y en un caso se pronunció un veredicto abierto. El caso restante está pendiente de examen por el Tribunal Forense. La policía moderniza constantemente los lugares de privación de libertad para eliminar posibles fuentes de peligro;
d)En 2017 una persona se sintió mal y se desmayó mientras estaba bajo custodia del Departamento de Aduanas. Posteriormente se certificó su defunción y el Tribunal Forense determinó que la muerte se debía a causas naturales.
78.Por cuanto respecta al Departamento de Servicios Penitenciarios, las personas privadas de libertad que se sientan agraviados por el trato que reciben pueden presentar denuncias por diferentes vías. Entre 2011 y 2019, hubo 246 denuncias de maltrato o tortura de personas privadas de libertad, 129 de ellas por uso innecesario de la fuerza, 103 por abuso de autoridad y 14 contra las políticas o los procedimientos institucionales. Todas han sido investigadas por la Dependencia de Investigación de Denuncias del Departamento de Servicios Penitenciarios. En cuatro de esos casos se llegó a la conclusión de que las denuncias eran fundadas. El Departamento de Servicios Penitenciarios ha dado seguimiento a los resultados de las investigaciones y las recomendaciones correspondientes.
79.Por cuanto respecta al Departamento de Inmigración, la Oficina de Denuncias contra la Policía y el Departamento de Aduanas, no se han recibido denuncias de torturas o malos tratos.
80.Los mecanismos de denuncia de que disponen las personas privadas de libertad y las medidas adoptadas para mitigar los efectos de la COVID-19 se enumeran en el anexo.
Párrafo 13 de la lista de cuestiones
81.La Disposición Legislativa sobre Inmigración (cap. 115) faculta al Departamento de Inmigración para detener a una persona en espera de su expulsión y durante el examen de su solicitud de protección en virtud del principio de no devolución. El Departamento de Inmigración ejerce sus facultades de detención de acuerdo con las políticas de detención basadas en los principios jurídicos establecidos por la justicia y teniendo en cuenta los factores y las circunstancias de cada caso. Se lleva a cabo una revisión periódica y oportuna para determinar si una persona detenida debe ser liberada o seguir detenida, y se le notifican los resultados, debidamente justificados. Toda persona detenida que no esté conforme con esa decisión tiene derecho de acudir a la justicia.
82.Las personas que solicitan protección en virtud del principio de no devolución son inmigrantes ilegales, personas cuyo permiso de estadía ha vencido o personas a las que se les negó la entrada a su llegada a Hong Kong. No tienen un estatuto jurídico que las autorice a permanecer en Hong Kong. El hijo de padres solicitantes de protección en virtud del principio de no devolución no puede obtener la condición de residente permanente ni un permiso de estancia por el solo hecho de haber nacido en Hong Kong.
83.Las personas que solicitan protección en virtud del principio de no devolución no tienen derecho a trabajar en Hong Kong. En febrero de 2014 el Tribunal Superior de Apelación dictaminó que los solicitantes legítimos y los refugiados amparados por el mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no tenían derecho constitucional ni legal a trabajar en Hong Kong. No obstante, queda a discreción de la Dirección de Inmigración examinar, a título excepcional y en función de cada caso, las solicitudes de autorización para asumir un empleo o establecer una empresa o asociarse a ella.
84.En 2016 el Gobierno de la RAE de Hong Kong emprendió un examen global de la tramitación de las solicitudes de protección en virtud de la norma de no devolución, examen que dio lugar a la formulación de propuestas para seguir modificando la Disposición Legislativa sobre Inmigración y mejorar los procedimientos de selección de las solicitudes relativas a la no devolución y otras cuestiones conexas. El Gobierno consultó al Consejo Legislativo sobre las propuestas de modificación e intercambió opiniones con las partes interesadas pertinentes.
85.El Gobierno trata los asuntos relativos al derecho de residencia y las familias separadas de conformidad con la Ley Fundamental, la Disposición Legislativa sobre la Carta de Derechos y la legislación y las políticas pertinentes, todas las cuales se ajustan a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tal como se aplican a Hong Kong. Esto último no significa que el Gobierno de la RAE de Hong Kong tenga la obligación de conceder la autorización de permanecer en Hong Kong para reunirse con sus familiares a personas que no tienen derecho a entrar y permanecer en Hong Kong (incluidos los solicitantes de protección en virtud del principio de no devolución) o personas que no cumplen los requisitos establecidos en las normas de inmigración pertinentes.
Párrafo 14 de la lista de cuestiones
86.El mecanismo unificado de examen, cuyos procedimientos se publican en el sitio web del Departamento de Inmigración, se estableció a raíz de varias resoluciones judiciales, para asegurar que los solicitantes tuvieran todas las oportunidades razonables de fundamentar sus solicitudes con suficientes garantías procesales. Además se proporciona una asistencia letrada financiada con fondos públicos y servicios profesionales de interpretación a cada solicitante. Los solicitantes que se consideran agraviados por una decisión del Departamento de Inmigración pueden recurrirla, sin condiciones de admisibilidad, ante la Junta de Apelaciones sobre Denuncias de Tortura o la Oficina de Peticiones relativas a Solicitudes de No Devolución. La determinación de si una solicitud debe estimarse depende exclusivamente de los hechos y del fondo de la cuestión en cada caso. La baja tasa de solicitudes estimadas se debe a que la mayoría de solicitantes en Hong Kong no tienen suficientes elementos para justificar sus solicitudes.
87.La Junta y la Oficina antes mencionadas están sujetas a una obligación de estricta confidencialidad; la publicación de las resoluciones relativas a los recursos, aunque se las presente en forma anónima, podría poner en grave peligro a los solicitantes o sus familiares. La propuesta de publicar las resoluciones de dichos órganos debe examinarse con detenimiento.
88.Los funcionarios encargados de los casos han recibido cursos sobre las solicitudes de protección en virtud del principio de no devolución impartidos por especialistas en el asunto, que abarcaban temas como el Protocolo de Estambul, las normas procedimentales del ACNUR, las pruebas psicológicas de la violencia y la atención a los supervivientes de la violencia y los menores con necesidades especiales. Así pues, todos los funcionarios encargados de los casos están bien formados para atender a las necesidades especiales de los solicitantes vulnerables según sea necesario.
Párrafo 15 de la lista de cuestiones
89.Dado que Hong Kong tiene un régimen liberal de concesión de visados y habida cuenta de sus singulares circunstancias, el Gobierno de la RAE de Hong Kong es consciente de que la aplicación del Protocolo de Palermo podría disminuir la eficacia de los controles de inmigración y favorecer los abusos por parte de personas cuyo permiso de estadía ha vencido y de inmigrantes ilegales, en especial si se aplica la disposición que permite a las víctimas de la trata de personas permanecer en el territorio. No tenemos previsto ampliar a la RAE de Hong Kong la aplicación del Protocolo de Palermo.
90.Hong Kong siempre se ha esforzado por luchar activamente contra la trata de personas. En marzo de 2018 la RAE de Hong Kong estableció un Comité, presidido por el Secretario General de la Administración, para que proporcionara una orientación de alto nivel sobre la lucha contra la trata de personas. El Comité formuló rápidamente un plan de acción, que preveía la adopción de 14 medidas nuevas además de las 20 ya vigentes, para abarcar cuestiones como la detección de las víctimas, la investigación, la represión, la persecución penal, la protección y el apoyo a las víctimas, la prevención y la concertación de alianzas con diferentes partes interesadas. Para fines de 2019 el plan de acción se había ejecutado íntegramente y todas sus iniciativas estaban firmemente asentadas.
91.Hong Kong tiene un marco jurídico bien establecido para hacer frente a los diversos aspectos de la trata de personas. Hay más de 50 disposiciones legales contra diversas conductas constitutivas de trata de personas que conforman un conjunto integral de salvaguardias comparable con las leyes consolidadas de otras jurisdicciones. Algunos de esos delitos se castigan con penas que van hasta la prisión perpetua.
92.Se imparten cursos de iniciación y formación especializada a los agentes policiales y los funcionarios judiciales de primera línea con el fin de fomentar sus conocimientos, su sensibilidad y sus competencias, de modo que puedan ocuparse de los casos de trata de personas. Entre 2017 y 2019 más de 5.500 funcionarios públicos recibieron cursos de formación sobre la lucha contra la trata de personas, ya sea en Hong Kong o en el extranjero.
93.Entre 2017 y 2019, las fuerzas del orden y el Departamento de Trabajo realizaron unos 20.000 reconocimientos iniciales de víctimas de la trata de personas (4.710 en 2017, 7.554 en 2018 y 7.576 en 2019), en los que solo se detectó a 30 víctimas (9 en 2017, 18 en 2018 y 3 en 2019). El pequeño número y porcentaje de víctimas confirma nuestra observación de que la trata de personas nunca ha sido un problema apremiante en Hong Kong. Tampoco hay casos de funcionarios públicos implicados en la trata, ni como autores ni como cómplices.
94.Como principio rector general, los fiscales tienen el mandato de tener debidamente en cuenta cualquier indicio de trata de personas que pueda presentarse en un caso a la hora de decidir si conviene emprender o proseguir una acción penal. Cuando procede, se puede conceder inmunidad judicial a un testigo, teniendo debidamente en cuenta las reglas de derecho establecidas y las directrices del Código de Enjuiciamiento. En los últimos años, el Departamento de Justicia ha concedido inmunidad a varias personas de las que se sospechaba que eran víctimas de trata y a empleados domésticos extranjeros explotados, para que pudieran testificar sobre los actos de los que eran víctimas.
95.El Departamento de Inmigración, la policía y el Departamento de Aduanas han puesto en marcha un mecanismo de detección de las víctimas de la trata de personas. Además, en diciembre de 2019, el Departamento de Trabajo implantó el mecanismo de detección inicial en 10 de las oficinas de su División de Relaciones Laborales en todo el territorio.
96.Desde 2018, el Departamento de Trabajo ha reforzado las inspecciones y las medidas de represión contra las agencias de empleo. Desde octubre de 2018 se publican en un portal de Internet dedicado a las agencias de empleo las condenas o amonestaciones dictadas contra las agencias, lo cual permite que los empleadores y las personas que buscan empleo, incluidos los trabajadores extranjeros del servicio doméstico, adopten decisiones con mayor conocimiento de causa. En diciembre de 2018, el Departamento de Trabajo puso en marcha una línea telefónica disponible las 24 horas del día para dar asistencia en forma centralizada a los trabajadores extranjeros del servicio doméstico que buscan información y asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones laborales. Se presta un servicio de interpretación en siete idiomas que permite a los usuarios utilizar su lengua materna.
97.En diciembre de 2019 el Departamento de Inmigración estableció un nuevo equipo especial para agilizar el examen de las solicitudes de visado de los trabajadores extranjeros del servicio doméstico y de ese modo facilitar la pronta detección de posibles víctimas de trata y explotación laboral.
98.El Gobierno de la RAE de Hong Kong seguirá proporcionando la protección necesaria y la asistencia adecuada (por ejemplo, protección de testigos, alojamiento de emergencia, atención médica, apoyo y asesoramiento psicológico, ayuda económica, asistencia jurídica, exención de la tasa de prórroga del visado, etc.) a las víctimas que las necesiten, y ayudándoles a testificar en el marco de acciones judiciales y facilitando su retorno a su país de origen.
Párrafo 16 de la lista de cuestiones
99.El Gobierno de la RAE de Hong Kong no tolera los abusos o la explotación de empleados domésticos extranjeros.
100.La legislación de Hong Kong otorga a los trabajadores extranjeros del servicio doméstico los mismos derechos y la misma protección que a los trabajadores locales. Además, los empleados domésticos extranjeros cuentan con la protección de un contrato de empleo estándar prescrito por el Gobierno, en el que se establecen los beneficios básicos que los empleadores deben proporcionarles, como alojamiento gratuito, comida gratuita (o un subsidio para alimentos) y atención médica gratuita. Los empleadores que no cumplan sus obligaciones legales o contractuales se exponen a persecuciones legales o una evaluación negativa en sus antecedentes.
101.El Gobierno de la RAE de Hong Kong organiza actividades informativas de prevención para que los trabajadores extranjeros del servicio doméstico conozcan sus derechos laborales y los canales de asistencia de que disponen. Los empleados domésticos extranjeros pueden obtener información o presentar quejas mediante una línea telefónica que funciona las 24 horas del día o en las diversas oficinas auxiliares del Departamento de Trabajo.
102.Paralelamente, el Departamento de Inmigración también ha adoptado medidas para posibilitar la detección temprana de posibles víctimas de trata de personas (véase el párr. 97 del presente documento).
103.Por cuanto respecta a la regulación de las agencias de empleo, con la Disposición Legislativa sobre el Empleo (enmienda) de 2018 las sanciones máximas para las agencias de empleo que cobren tarifas abusivas a los solicitantes de empleo o ejerzan sin licencia, entre otras infracciones, se han incrementado sustancialmente, de 50.000 a 350.000 dólares de Hong Kong y una pena de prisión de tres años.
104.Además, el Código de Buenas Prácticas para las Agencias de Empleo establece varios requisitos que rigen el funcionamiento de estas empresas, entre ellos la obligación de no interferir en las finanzas de los solicitantes de empleo ni incitarlos a pedir préstamos. La agencia de empleo que infrinja el Código se expone a que se le revoque la licencia o se le niegue una expedición o renovación de la misma.
105.Las solicitudes de expedición o renovación de una licencia de agencia de empleo presentadas por personas con antecedentes de condena en virtud de la Disposición Legislativa sobre el Empleo o con antecedentes de incumplimiento del código pueden ser rechazadas. Se verifican en los archivos los datos sobre el titular de la agencia, sus directivos y su personal para evitar que personas que no son idóneas dirijan una agencia de empleo o lo hagan por medio de socios.
106.De conformidad con la Disposición Legislativa sobre Inmigración, la persona que esté en Hong Kong en calidad de trabajadora del servicio doméstico o trabajadora contractual en ningún momento de su estadía es considerada residente habitual en Hong Kong. Por consiguiente, en ningún caso puede cumplir el requisito de haber sido residente habitual en Hong Kong durante un período de siete años como mínimo para poder optar a la residencia permanente en Hong Kong, de conformidad con lo establecido en la Disposición Legislativa sobre Inmigración.
Párrafo 17 de la lista de cuestiones
107.La independencia del poder judicial está garantizada por la Ley Fundamental. Los tribunales ejercen el poder judicial de manera independiente y sin injerencias. Los jueces y los funcionarios judiciales son inmunes frente a toda acción legal en el desempeño de sus funciones judiciales. Los jueces son inamovibles y solo pueden ser destituidos en caso de incapacidad para el desempeño de sus funciones o de comportamiento indebido. Los jueces y los funcionarios judiciales deben prestar un juramento judicial en el que se comprometen a salvaguardar la ley. Se les exige que rechacen cualquier intento externo de influir en ellos y, en su caso, informen de cualquier intento de ese tipo al presidente del tribunal para que este adopte las medidas necesarias.
108.En junio de 2020 se elevó en más del 30 % el umbral de recursos económicos por debajo del cual una persona puede solicitar asistencia jurídica gratuita.
109.Tras haber examinado las dimensiones institucionales, financieras, operacionales y de gobernanza del Departamento de Asistencia Jurídica, el Consejo de Servicios de Asistencia Jurídica llegó a la conclusión de que no había necesidad inmediata de establecer un organismo independiente de asistencia jurídica y que el Departamento de Asistencia Jurídica debía seguir formando parte de la administración pública. El Gobierno de la RAE de Hong Kong no tiene previsto establecer un organismo independiente encargado de la asistencia jurídica.
Párrafo 18 de la lista de cuestiones
110.La Disposición Legislativa sobre la Interceptación de Comunicaciones y la Vigilancia (cap. 589) constituye el marco jurídico para la regulación de las actividades de interceptación de comunicaciones y vigilancia encubierta realizadas por los funcionarios de las fuerzas del orden para prevenir y detectar delitos graves y proteger la seguridad pública. Las operaciones autorizadas en virtud de la mencionada disposición legislativa son de carácter delicado y confidencial, por lo que están sujetas a las rigurosas salvaguardias previstas en la disposición legislativa.
111.De conformidad con el artículo 63 de la Disposición Legislativa sobre la Interceptación de Comunicaciones y la Vigilancia, se ha elaborado un código de buenas prácticas para dar orientaciones prácticas a los funcionarios de los departamentos que intervienen. El código contiene directrices y ejemplos ilustrativos sobre las condiciones en que se autoriza la interceptación de comunicaciones y la vigilancia.
112.De conformidad con la Disposición Legislativa sobre la Interceptación de Comunicaciones y la Vigilancia un funcionario autorizador de uno de los organismos de seguridad del Estado puede expedir el permiso para una vigilancia de tipo 2 (menos invasiva para la vida privada de la persona vigilada). El concepto de “dispositivo de vigilancia” se define en el artículo 2 de la disposición legislativa. La información y el material obtenidos con arreglo a una autorización expedida en virtud de la mencionada disposición legislativa están protegidos por las diversas salvaguardias establecidas en el artículo 59 de la disposición.
113.El cumplimiento de los requisitos de la Disposición Legislativa sobre la Interceptación de Comunicaciones y la Vigilancia por las fuerzas del orden está sujeto al examen de una autoridad de supervisión independiente (el Comisionado para la Interceptación de Comunicaciones y la Vigilancia Encubierta) y existe un mecanismo independiente que atiende las denuncias de operaciones ilícitas de interceptación o vigilancia. Además, el código de buenas prácticas exige a los jefes de las fuerzas del orden que designen a un funcionario encargado de fiscalizar la actuación de los funcionarios autorizadores en virtud de la Disposición Legislativa sobre la Interceptación de Comunicaciones y la Vigilancia.
114.En 2018 no se expidió ninguna autorización y en 2019 se expidieron tres.
Párrafo 19 de la lista de cuestiones
115.Tras el incidente ocurrido en los comicios para la elección del Jefe del Ejecutivo en 2017, la Oficina del Censo Electoral ha adoptado una serie de medidas para que los datos personales de los electores estén bien protegidos. Por cuanto respecta al manejo de los datos personales, la Oficina ha actualizado sus directrices y procedimientos internos y los difunde periódicamente entre su personal. Se organizan sesiones informativas para el personal antes de cada proceso electoral importante para sensibilizar a los funcionarios acerca de la protección de los datos personales. La Oficina vela además por que sus sistemas informáticos cumplan los requisitos más recientes de las políticas, los procedimientos y las directrices del Gobierno en materia de seguridad informática. En cuanto a la seguridad general de los locales de votación, la Oficina formula planes de seguridad para los locales cada vez que hay elecciones y consulta a las distintas partes interesadas para adoptar las disposiciones de seguridad necesarias.
116.La Oficina del Comisionado para la Confidencialidad de los Datos Personales también ha intensificado sus actividades de educación y promoción. Por ejemplo, en 2019, llevó a cabo más de 420 talleres profesionales, charlas, seminarios y reuniones de partes interesadas, a los que se sumó la publicación o actualización de una serie de documentos de orientación.
117.Entre agosto de 2017 y julio de 2020, la Oficina del Comisionado para la Confidencialidad de los Datos Personales recibió un total de 15.157 denuncias y resolvió 14.592 casos. En el mismo período, se recibieron 167 denuncias contra agentes de las fuerzas del orden y se cerraron 150 casos, de los cuales 77 no se examinaron en cuanto al fondo (por ejemplo porque no había indicios racionales de infracción, porque la denuncia era anónima o porque se había retirado la denuncia). Los 73 casos restantes se tramitaron con arreglo a un procedimiento más detallado y se resolvieron por mediación o mediante una investigación más a fondo. Algunos también fueron retirados en algún momento, por lo que no se emitió avisos de ejecución para esos casos. En total, la Oficina del Comisionado para la Confidencialidad de los Datos Personales expidió 44 advertencias, 5 avisos de ejecución y remitió 1.600 casos de presuntas infracciones a la policía para que los investigara y considerara la posibilidad de iniciar acciones judiciales.
118.En el desempeño de sus funciones, las fuerzas del orden pueden hacer uso de las facultades de registro e incautación que les confiere la legislación e incautar y examinar objetos diversos (por ejemplo teléfonos móviles u otros dispositivos de ese tipo) en relación con el delito presuntamente cometido.
119.Según una sentencia dictada por el Tribunal de Apelación de Hong Kong, si no es factible obtener una orden antes de registrar el contenido digital de un teléfono móvil, el agente de policía puede, si tiene motivos razonables para considerar que un registro inmediato es necesario para los fines de la investigación de que se trate o para proteger la seguridad de una o varias personas, realizar de inmediato un registro que ha de limitarse a lo que razonablemente ataña directa e inmediatamente al o a los presuntos delitos motivo de la detención. La policía siempre ha respetado las leyes y los principios jurídicos aplicables.
Párrafo 20 de la lista de cuestiones
120.Durante el período de agitación social que empezó en junio de 2019, hubo numerosos casos de agresiones, doxing (publicación maliciosa de información personal identificable), ciberacoso, etc., cuyas víctimas pertenecían a todos los sectores sociales (algunas eran agentes de la policía o familiares de agentes de la policía).
121.La policía no desglosa los datos relativos a las víctimas de delitos por ocupación. Se alienta a las víctimas a que presenten una denuncia ante la policía. La policía atiende todos los casos de manera justa e imparcial, de conformidad con la ley, independientemente de los antecedentes, la afiliación, la posición política y la ocupación de las personas implicadas.
122.El Gobierno de la RAE de Hong Kong está firmemente comprometido con la protección y el respeto de la libertad de prensa, derecho fundamental garantizado por la Ley Fundamental. El Gobierno también tiene la determinación de mantener un entorno que facilite el desempeño de las funciones de información y vigilancia de los asuntos públicos por los medios de comunicación. El Gobierno no interfiere en la línea editorial de los medios de comunicación ni ejerce censura alguna sobre lo que se publica en los medios tradicionales o en Internet.
123.En general, a no ser que tenga derecho de residencia o derecho de desembarque en Hong Kong, toda persona necesita un visado o un permiso de entrada para venir a trabajar a Hong Kong.
124.Hong Kong siempre ha adoptado una política pragmática y abierta sobre el empleo de profesionales en Hong Kong, permitiendo a quienes poseen cualificaciones especiales, conocimientos especializados o una experiencia valiosa trabajar en la ciudad, lo cual se aplica también al trabajo periodístico. Para tramitar cada solicitud de entrada o prórroga de estancia, el Departamento de Inmigración tiene en cuenta las circunstancias del caso y actúa de acuerdo con las leyes y las políticas de inmigración.
125.Si se sospecha que una persona ha infringido la ley, las autoridades competentes actúan de conformidad con la legislación vigente y sobre la base de las pruebas obtenidas en la investigación.
Párrafo 21 de la lista de cuestiones
126.Actualmente, de conformidad con la Disposición Legislativa sobre Radio y Televisión (cap. 562) y la Disposición Legislativa sobre Telecomunicaciones (cap. 106), los servicios nacionales de tele y radiodifusión, gratuitos y pagos, están sujetos a restricciones en materia de propiedad simultánea de medios de comunicación y control extranjero. Concretamente, las personas o empresas que se dedican a determinadas actividades mediáticas o están asociadas a esas actividades no están autorizadas a tener una licencia, o ejercer control sobre un licenciatario, a menos que la Jefa del Ejecutivo en Consejo disponga otra cosa. En cuanto a las restricciones al control extranjero, el régimen regulatorio se basa en el requisito de residencia para el licenciatario, sus directores y/o principales ejecutivos, y se imponen restricciones al control de los votos de un licenciatario por no residentes.
127.El Gobierno de la RAE de Hong Kong ha llevado a cabo un proyecto legislativo consistente en suprimir las exigencias reglamentarias obsoletas para promover el sector local de la tele y radiodifusión. Al tiempo que se ha mantenido intacto el marco regulatorio general, se han relajado las restricciones relativas a la propiedad individual y empresarial, la propiedad simultánea de varios medios de comunicación y el control extranjero sobre los licenciatarios locales de servicios de radio y teledifusión.
128.Como Gobierno abierto y responsable, el Gobierno de la RAE de Hong Kong tiene la política de poner a disposición del público la mayor cantidad posible de información, de modo que los ciudadanos puedan entender mejor cómo se formulan y aplican las políticas y controlar más eficazmente la actuación de las autoridades. El Código sobre el Acceso a la Información vigente es muestra del carácter abierto y responsable del Gobierno. En diciembre de 2018 el Subcomité sobre el Acceso a la Información de la Comisión de Reforma Legislativa de Hong Kong publicó un documento de consulta sobre el acceso a la información. Estaba previsto que el período de consulta finalizara en marzo de 2019 pero se concedieron prórrogas a los encuestados que presentaron solicitudes razonables de ampliación del plazo. Tras analizar las opiniones recabadas mediante la consulta, el Subcomité finalizará sus propuestas de reforma para su examen por la Comisión de Reforma Legislativa. El Gobierno examinará detenidamente las recomendaciones y estudiará formas de seguir mejorando el régimen de acceso a la información después de recibir el informe de la Comisión.
Párrafo 22 de la lista de cuestiones
129.La libertad de cátedra está amparada por el artículo 137 de la Ley Fundamental. Para el Gobierno de la RAE de Hong Kong es sumamente importante defender la libertad de cátedra y la autonomía de las instituciones educativas.
130.Con arreglo a las notas relativas a los procedimientos del Comité de Subvenciones a las Universidades, las universidades gozan de un elevado grado de autonomía institucional. La financiación que el Comité asigna a las universidades se determina con arreglo al mecanismo establecido y las universidades pueden utilizar los recursos de la manera que estimen conveniente. Ni el Gobierno ni el Comité especifican cómo deben asignar ni utilizar sus recursos internamente.
131.El Gobierno nombra a los miembros de los consejos universitarios en función de sus méritos y ad personam, teniendo en cuenta la orientación estratégica y las necesidades de desarrollo de las universidades de que se trate y también las necesidades de desarrollo de la educación superior de la RAE de Hong Kong.
Disposición Legislativa sobre el Himno Nacional
132.La Disposición Legislativa sobre el Himno Nacional, en vigor desde el 12 de junio de 2020, tiene por principal objeto preservar la dignidad del himno nacional y hacerlo respetar, puesto que el himno es símbolo y emblema de la República Popular China, y dar orientación sobre las normas y usos que han de respetarse para tocarlo y cantarlo, así como sobre las ocasiones en que conviene hacerlo. Dicha disposición legislativa se ajusta a lo dispuesto en la Ley Fundamental y no restringe de manera injustificada la libertad de expresión, la libertad de asociación, de reunión, de marcha y de manifestación protegidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, habida cuenta de la importancia constitucional del himno nacional y la obligación constitucional de la RAE de Hong Kong de aplicar fielmente la ley de la República Popular China relativa al himno nacional.
133.La Disposición Legislativa sobre el Himno Nacional prohíbe el uso indebido del himno nacional, su letra o su música, así como los actos realizados en público con el fin de insultar al himno nacional. La comisión de esos actos se castiga con una multa de hasta el nivel 5 (es decir de 50.000 dólares de Hong Kong) y con tres años de cárcel en caso de sentencia condenatoria. A finales de septiembre de 2020 no se había iniciado ninguna acción judicial en virtud de la Disposición Legislativa sobre el Himno Nacional.
Párrafo 23 de la lista de cuestiones
134.De conformidad con la Ley Fundamental, los residentes de Hong Kong gozan de la libertad de reunión y del derecho a realizar marchas. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a las restricciones establecidas por la ley cuando ello sea necesario en interés de, por ejemplo, la seguridad y el orden públicos. Las disposiciones de la Disposición Legislativa sobre el Orden Público (cap. 245) se ajustan a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
135.El Gobierno de la RAE de Hong Kong respeta los derechos de reunión y manifestación de la población y siempre ha exhortado al público a realizar esas actividades en forma pacífica y ordenada. Si se sospecha que alguien ha infringido la ley, la policía tiene la obligación de adoptar las medidas oportunas. El Gobierno no prevé modificar la Disposición Legislativa sobre el Orden Público.
136.Cuando se la informa de que está previsto un acto público comprendido en el ámbito de aplicación de la Disposición Legislativa sobre el Orden Público, la policía examina detenidamente diversos factores antes de hacer su evaluación profesional. La Jefatura de la Policía puede imponer condiciones razonables y proporcionadas a la celebración del acto, en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público o la protección de los derechos y las libertades de terceros. Los organizadores pueden interponer un recurso ante la Junta de Apelaciones sobre Reuniones y Marchas Públicas, organismo público.
137.La policía solo detiene a una persona sobre la base de pruebas y de conformidad con la ley. A menos que haya perspectivas razonables de condena, no debe iniciarse ni proseguirse una acción judicial.
138.El tiempo necesario para tramitar una causa penal desde el principio de la instrucción hasta el inicio del procesamiento varía y depende de una serie de factores, como la naturaleza y la complejidad de la causa, las pruebas que han de valorarse, el tiempo necesario para obtener asesoramiento jurídico, la necesidad de dar seguimiento a dicho asesoramiento jurídico, etc.
139.Las nueve personas acusadas que desempeñaron un papel destacado en el movimiento ilegal “Occupy” fueron condenadas en abril y junio de 2019: cuatro de ellas a penas de prisión de entre 8 y 16 meses, cuatro a penas condicionales y una a cumplir servicio comunitario. Los procesos judiciales siguen en curso.
Párrafo 24 de la lista de cuestiones
140.De conformidad con la Disposición Legislativa sobre el Orden Público, la Jefatura de la Policía puede prohibir u objetar a la celebración de reuniones públicas o marchas públicas notificadas cuando tenga motivos razonables para considerar que tal prohibición u objeción es necesaria en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el orden público o la protección de los derechos y las libertades de terceros, si dichos intereses públicos no pueden protegerse mediante la imposición de condiciones adecuadas en virtud de la mencionada disposición legislativa. Al recibir una notificación, la policía estudia detenidamente diversos factores (incluida la opinión del organizador y otras partes interesadas).
141.Los organizadores pueden interponer un recurso ante la Junta de Apelaciones sobre Reuniones y Marchas Públicas. Cualquier impugnación de la decisión de la Junta de Apelaciones puede hacerse por vía judicial.
142.El Reglamento por el que queda prohibido cubrirse el rostro (cap. 241K), está destinado a disuadir a los revoltosos de cometer actos violentos e ilegales ocultando su identidad y facilitar la labor policial de aplicación de la ley e investigación. Esta medida se adoptó en vista de la escalada de actos ilegales y violentos cometidos por manifestantes enmascarados a finales de septiembre y principios de octubre de 2019, con el consiguiente peligro público de gran consideración y gravedad. En diciembre de 2020 el Tribunal Superior de Apelación determinó que si bien el Reglamento restringía la libertad de reunión, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada, todas ellas consagradas en la Ley Fundamental y la Carta de Derechos de Hong Kong, no se trataba de libertades absolutas, sino que estaban sujetas a las restricciones previstas por ley en interés de la seguridad pública, el orden público y la protección de los derechos de terceros. El Tribunal Superior de Apelación determinó además que la prohibición establecida en el Reglamento de utilizar máscaras en reuniones ilegales, reuniones no autorizadas, reuniones públicas y marchas públicas obedecía al fin legítimo de prevenir que una reunión pacífica se volviera violenta y disuadir de la violencia a los participantes. Esas restricciones no iban más allá de lo razonablemente necesario y lograban conciliar los derechos de las personas y los beneficios para la sociedad de la restricción del ejercicio de esos derechos.
143.Entre el 9 de junio de 2019 y el 31 de octubre de 2020, la policía detuvo a 10.148 personas en total en incidentes relacionados con la oposición al proyecto de modificación de la ley de extradición. Al 31 de octubre de 2020, 2.336 de esos detenidos ya habían sido procesados o estaban siendo procesados. Entre los delitos perseguidos figuraban los siguientes: participación en revueltas, reunión ilegal, lesiones y agresión grave, incendio provocado, daño contra la propiedad, agresión a agente de policía, obstrucción a agente de policía en cumplimiento de su deber, posesión de arma ofensiva, etc. Entre los procesados, 603 personas deben asumir las consecuencias legales de sus actos (372 de ellas han sido condenadas, 226 quedaron bajo apercibimiento y 5 bajo orden de cuidado o protección), a 46 se les retiraron los cargos formulados y 77 fueron absueltas tras el juicio. Los procedimientos judiciales siguen en curso para las personas restantes.
144.La policía realiza las detenciones de conformidad con la ley. En función de las circunstancias de cada caso, la policía considera la posibilidad de formular cargos contra la persona detenida, dejarla en libertad bajo fianza o ponerla en libertad sin condiciones. Por lo general, ninguna persona permanece detenida por más de 48 horas.
145.La policía detuvo a 15 personas en relación con reuniones no autorizadas que tuvieron lugar el 18 de agosto de 2019, el 31 de agosto de 2019, el 1 de octubre de 2019 y el 20 de octubre de 2019. Se han formulado cargos contra todas ellas y los respectivos procedimientos judiciales están en curso. Se las acusa, entre otras cosas, de “incitación a participar, a sabiendas, en una reunión no autorizada”, “anunciación de una marcha pública no autorizada”, “organización de una reunión no autorizada” y “participación, a sabiendas, en una reunión pública no autorizada”. Todas las detenciones se basaron en pruebas y se realizaron en estricto cumplimiento de las leyes.
Párrafo 25 de la lista de cuestiones
146.Para dispersar a turbas violentas y facilitar la identificación de los sospechosos, la policía puede añadir una solución a base de pimienta y un colorante al agua utilizada en los vehículos de control de disturbios con cañones de agua. Esas sustancias no son tóxicas y no causan daños físicos ni conllevan riesgos para la salud pública y pueden lavarse utilizando grandes cantidades de agua.
147.En los diez meses transcurridos desde junio de 2019 los revoltosos habían cometido diversos actos violentos e ilegales utilizando diferentes tipos de armas letales, con las consiguientes amenazas graves para la seguridad personal de los agentes de policía y también las demás personas presentes en el lugar de los hechos. Con arreglo a las directrices de la policía sobre el uso de armas de fuego, en situaciones de peligro de muerte como esas, los agentes pueden utilizar armas de fuego para proteger a cualquier persona o protegerse a sí mismos ante una amenaza de muerte o lesión grave.
148.Ha habido muchas acusaciones infundadas y maliciosas contra la policía. Por ejemplo, una mujer alegó haber sido violada en una comisaría de policía mientras estaba detenida, en octubre de 2019. De la investigación se desprendió que su alegación se contradecía con las pruebas. La mujer pasó a ser sospechosa de inducir a error a un agente de policía.
149.Por cuanto respecta el incidente en el que estaba implicado un miembro del Consejo Legislativo, la marcha pública en cuestión, que se realizó el 1 de enero de 2020, terminó con los manifestantes bloqueando la vía pública, lanzando cocteles molotov e incendiando varios lugares. Como la seguridad pública y el orden público estaban en peligro, la policía tuvo que poner fin a la marcha y dispersar a la multitud. Uno de los manifestantes (del que posteriormente se supo que era miembro del Consejo Legislativo) se negó a volver a la acera como se lo ordenaban y obstruyó la operación policial. Tras reiteradas advertencias, los agentes de policía utilizaron el grado mínimo de fuerza necesaria (en este caso rociadores de gas pimienta) para llevar a cabo la operación de dispersión.
150.Durante las protestas que tuvieron lugar entre julio y noviembre de 2019, la Oficina de Denuncias contra la Policía recibió: a) 3 denuncias relativas al uso de vehículos anti disturbios; b) ninguna denuncia relativa al uso de munición activa para hacer disparos de advertencia; c) 94 denuncias por agresión (pero ninguna denuncia por agresión sexual); y d) una denuncia del miembro del Consejo Legislativo relativa al incidente antes mencionado.
151.La Oficina de Denuncias contra la Policía investiga cada denuncia en forma justa e imparcial. Al cabo de cada investigación, la Oficina presenta un informe sobre la investigación al Consejo Independiente de Denuncias contra la Policía para que este lo examine.
152.Por ley, el mandato de la policía consiste en mantener la seguridad pública y el orden público. Cuando se producen actos violentos e ilegales, la policía debe adoptar las medidas adecuadas. La policía realiza las detenciones de conformidad con la ley, independientemente de la condición social, la ocupación o los antecedentes de la persona de que se trate.
153.Todas las personas detenidas son llevadas ante el oficial de guardia que tiene la obligación de asegurarse de la legalidad de la detención y reclusión y prestarles la atención debida. Toda persona detenida o su representante puede presentar una denuncia al oficial de guardia o directamente a la Oficina de Denuncias contra la Policía.
Párrafo 26 de la lista de cuestiones
154.De conformidad con la Disposición Legislativa sobre las Asociaciones (cap. 151) toda asociación local debe solicitar, en un plazo de un mes a partir de su establecimiento, su inscripción en el registro o la exención de inscripción al encargado del registro de asociaciones. Tras consultar al Secretario de Seguridad, el encargado del registro puede rechazar o anular la inscripción de una asociación o eximir a una asociación de inscripción en el registro si a) tiene motivos razonables para considerar que el rechazo o la anulación del registro son necesarios en interés de la seguridad nacional o la seguridad pública, el orden público o la protección de los derechos y las libertades de terceros; o b) la asociación es una organización política vinculada con una organización política extranjera o una organización política de Taiwán.
155.La asociación agraviada por la decisión del encargado del registro de asociaciones puede recurrirla ante la Jefa del Ejecutivo en Consejo, que podrá ratificar, modificar o revocar la decisión. Las decisiones de la Jefa del Ejecutivo en Consejo pueden ser objeto de revisión judicial.
156.De conformidad con la Ley de Seguridad Nacional, por “seguridad nacional” se entiende la salvaguardia de la soberanía, la unificación y la integridad territorial de la República Popular China; de conformidad con la Disposición Legislativa sobre las Asociaciones, la expresión “protección de los derechos y las libertades de terceros” se interpreta de la misma manera que en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como se aplican a Hong Kong.
157.Entre diciembre de 2019 y principios de mayo de 2020, se observó un marcado aumento del número de solicitudes de inscripción de sindicatos en el Registro de Sindicatos del Departamento de Trabajo. Desde principios de 2020, el Departamento de Trabajo recurre a personal adicional para hacer frente a ese aumento.
Párrafo 27 de la lista de cuestiones
158.La elección del Jefe del Ejecutivo y todos los miembros del Consejo Legislativo por sufragio universal está consagrada como objetivo último en la Ley Fundamental, que establece que “el método de elección del Jefe del Ejecutivo se especificará teniendo en cuenta la situación real de la RAE de Hong Kong y con arreglo al principio de avance gradual y ordenado”. Para lograr ese objetivo, la comunidad debe entablar una serie de diálogos destinados a reducir las diferencias de opinión, basándose en los fundamentos jurídicos y en un clima de colaboración y confianza recíproca. El Gobierno de la RAE de Hong Kong evaluará la situación cuidadosamente para adelantar el desarrollo constitucional, de conformidad con la Ley Fundamental y la Interpretación y las Decisiones pertinentes del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo.
159.Según el artículo 26 de la Ley Fundamental, los residentes permanentes de la RAE de Hong Kong gozan del derecho a votar y el derecho a ser elegidos, de conformidad con la ley. El Gobierno de la RAE de Hong Kong respeta y protege los derechos de que disfrutan los residentes de Hong Kong en virtud de la ley y, al mismo tiempo, tiene la obligación de aplicar y hacer cumplir la Ley Fundamental y asegurarse de que todas las elecciones se lleven a cabo de conformidad con la Ley Fundamental y las leyes electorales pertinentes.
160.Por cuanto respecta al procedimiento de presentación de candidaturas para las elecciones al Consejo Legislativo y a los consejos de distrito, de conformidad con las leyes pertinentes, una candidatura solo es válida si la persona interesada declara, en el formulario de candidatura previsto en el procedimiento legal, que acatará la Ley Fundamental y jurará lealtad a la RAE de Hong Kong. La validez de la candidatura la determina el funcionario electoral encargado, de acuerdo con los requisitos legales y los procedimientos pertinentes. Si dicho funcionario decide que un formulario de candidatura o la designación de un candidato son inválidos, debe indicarlo en el formulario, motivando su decisión, de modo que el público pueda tener conocimiento de ello.
161.La validez de una candidatura a las elecciones al Consejo Legislativo o los consejos de distrito debe ser determinada por el funcionario electoral encargado (y no por la Comisión de Asuntos Electorales), tal como dispone la ley. En las sentencias relativas a cuatro peticiones electorales derivadas de las elecciones generales de 2016 al Consejo Legislativo, las elecciones parciales al Consejo Legislativo de 2018 y las elecciones parciales de la circunscripción geográfica de Kowloon Oeste de 2018, el Tribunal de Primera Instancia confirmó que el funcionario electoral encargado tenía la facultad de determinar la autenticidad de la declaración hecha en el formulario de candidatura por un aspirante a candidato en el sentido de que acataría la Ley Fundamental y juraría lealtad a la RAE de Hong Kong, con el fin de decidir si la candidatura en cuestión era válida.
162.El respeto de la Ley Fundamental es una obligación legal básica de todo legislador o miembro de un consejo de distrito. La persona que defiende o promueve la autodeterminación o la independencia por cualquier medio comete una afrenta directa al artículo 1 de la Ley Fundamental, en el que se establece que la RAE de Hong Kong es parte inalienable de la República Popular China. Esa persona no puede defender verdaderamente la Ley Fundamental ni cumplir las obligaciones que le incumben en su calidad de legisladora o miembro de un consejo de distrito. Las decisiones adoptadas por funcionarios electorales encargados en las elecciones públicas mencionadas en las observaciones finales del Comité obedecían a la necesidad de garantizar que se observara rigurosamente lo dispuesto en la Ley Fundamental y otras leyes aplicables al celebrar elecciones abiertas, limpias y justas.
163.Todo aspirante a candidato que no esté de acuerdo con la decisión de un funcionario electoral encargado puede presentar una petición electoral en virtud del artículo 61 de la Disposición Legislativa sobre el Consejo Legislativo y el artículo 49 de la Disposición Legislativa sobre los Consejos de Distrito.
Elecciones rurales ordinarias de 2019
164.El funcionario electoral encargado decidió que la designación de uno de los candidatos a las elecciones rurales de 2019 no era válida porque el candidato en cuestión no reunía los requisitos establecidos en el artículo 24 de la Disposición Legislativa sobre las Elecciones de Representantes Rurales (cap. 576).
165.En Hong Kong las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres en cuanto al voto y la posibilidad de ser candidato en elecciones, incluidas las elecciones del Consejo Legislativo para los distritos electorales funcionales. De conformidad con la legislación en la materia, el sexo de una persona no es un criterio directo o indirecto de idoneidad para votar o presentarse como candidato a elecciones, incluidas las elecciones de los distritos electorales funcionales. De hecho, un total de 129.548 electoras se habían inscrito en los 28 distritos electorales funcionales tradicionales con arreglo al registro final de 2020 y representaban el 56 % de los electores inscritos, mientras que un total de 2,18 millones de electoras se habían inscrito en el segundo distrito electoral funcional de los consejos de distrito con arreglo al registro final de 2020, lo que representaba el 52 % de los electores inscritos. Nada indica que las elecciones de los distritos electorales funcionales hayan dejado en desventaja a las mujeres candidatas.
166.Por cuanto respecta al derecho a votar y a la elegibilidad de las minorías étnicas, la legislación relativa a la admisibilidad de una persona como candidata a las elecciones al cargo de Jefe del Ejecutivo, al Consejo Legislativo y a los consejos de distrito no hace ninguna referencia específica a la raza, el color, el linaje, la nacionalidad o el grupo étnico requeridos para ser candidato.
Anexo
Mecanismos de denuncia
1.Los mecanismos de denuncia de que disponen las personas privadas de libertad son los siguientes:
a)Una sección del Departamento de Inmigración se encarga de recibir las denuncias del público y supervisar su tramitación. Todas las denuncias investigadas son objeto de un análisis y un examen más a fondo por un grupo de trabajo encargado del examen de las denuncias. Si las personas privadas de libertad tienen quejas o consultas en relación con el trato que reciben y sus condiciones de alojamiento en las instalaciones en que están recluidas, pueden presentar sus denuncias a través de varios canales independientes del Departamento de Inmigración;
b)Las personas privadas de libertad bajo custodia del Departamento de Servicios Penitenciarios pueden presentar denuncias por diversos medios, por ejemplo la dirección del centro penitenciario, los funcionarios de la dirección de la sede del Departamento de Servicios Penitenciarios, los miembros del Consejo Legislativo, el Defensor del Pueblo, diversos organismos públicos, otros órganos de las fuerzas del orden, oficinas gubernamentales o los jueces visitadores;
c)La Oficina de Denuncias contra la Policía se encarga de tramitar las denuncias presentadas por los ciudadanos (entre ellos las personas privadas de libertad). La Oficina opera independientemente de otras entidades policiales, lo que asegura su imparcialidad; y
d)Las denuncias contra el Departamento de Aduanas son tramitadas por un grupo de investigación de las denuncias y el sistema de tramitación de las denuncias es supervisado por un grupo de investigación y evaluación de denuncias y un comité de apelación. El primero examina y aprueba todas las conclusiones y recomendaciones resultantes de las investigaciones realizadas por el grupo de investigación de las denuncias, mientras que el segundo se ocupa de los recursos. Ese mecanismo de control garantiza que todas las denuncias del público se traten de forma imparcial y objetiva.
Medidas de prevención de la COVID-19
2.Las fuerzas del orden se mantienen en estrecho contacto con el Departamento de Salud para recibir las noticias más recientes sobre la situación de la pandemia y adoptar medidas preventivas en los centros de reclusión. Por ejemplo:
a)En los centros de detención del Departamento de Inmigración se somete a todas las personas recién internadas a pruebas de detección de la COVID-19; quienes presenten síntomas de la enfermedad son trasladados a un hospital para recibir tratamiento; se proporcionan mascarillas a todos los reclusos y se les toma la temperatura diariamente, etc.;
b)El Departamento de Servicios Penitenciarios ha reforzado las medidas de higiene para evitar contagios y las medidas de desinfección y, entre otras cosas, pide a los miembros del personal que se tomen la temperatura y que lleven mascarilla, respectivamente antes y durante el desempeño de sus funciones, se ha profundizado la labor de limpieza y desinfección, organizando cuarentenas y notificaciones y utilizando las tecnologías de prevención de epidemias, etc.; y
c)La policía ha elaborado una serie de directrices sobre enfermedades contagiosas para proteger a las personas bajo su custodia y mantener buenas condiciones de higiene en las instalaciones de reclusión.