Naciones Unidas

CRPD/C/AND/CO/1

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Distr. general

9 de octubre de 2023

Español

Original: inglés

Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Observaciones finales sobre el informe inicial de Andorra *

I.Introducción

1.El Comité examinó el informe inicial de Andorra en sus sesiones 656ª y 657ª, celebradas los días 16 y 17 de agosto de 2023. En su 679a sesión, celebrada el 1 de septiembre de 2023, aprobó las presentes observaciones finales.

2.El Comité acoge con satisfacción el informe inicial de Andorra, que se preparó con arreglo a las directrices del Comité en materia de presentación de informes, y agradece al Estado parte las respuestas presentadas por escrito a la lista de cuestiones preparada por el Comité. También agradece la información adicional que el Estado parte ha facilitado al Comité por escrito.

3.El Comité expresa su reconocimiento por el diálogo constructivo mantenido con la delegación del Estado parte, encabezada por el Director de Asuntos Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales y de la Función Pública e integrada por representantes de los ministerios gubernamentales pertinentes y miembros de la Misión Permanente de Andorra ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra.

II.Aspectos positivos

4.El Comité acoge con beneplácito las medidas adoptadas por el Estado parte para aplicar la Convención desde su ratificación en 2014, en particular desde la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención.

5.El Comité celebra las medidas legislativas aprobadas para promover los derechos de las personas con discapacidad, en particular:

a)La Ley núm. 27/2017 de Medidas Urgentes para la Aplicación de la Convención, aprobada en 2017, por la que se modifica la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2002, que incorpora una nueva definición de la discapacidad, el concepto de discriminación por motivos de discapacidad, ajustes razonables, diseño universal y los principios de la Convención;

b)La Ley núm. 13/2019 para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se aplica a las personas con discapacidad y que incorpora la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación por motivos de discapacidad;

c)La Ley Cualificada núm. 44/2022 de Texto Consolidado del Régimen Electoral y del Referéndum, y el Reglamento de Aplicación de las Medidas para Reforzar la Garantía de la Autonomía del Ejercicio al Voto de las Personas con Discapacidad, aprobado en 2023.

6.El Comité acoge con satisfacción las iniciativas del Estado parte destinadas a mejorar su marco institucional y de políticas para aplicar la Convención, en particular:

a)El programa de vida independiente “Me’n vaig a casa meva” (Me voy a mi casa), lanzado en 2014, y el Plan H23, que promueve la autonomía personal de las personas con discapacidad haciendo extensivo el programa de vida independiente a los jóvenes con discapacidad intelectual que tienen entre 17 y 30 años;

b)La ampliación del mandato de la Defensoría del Pueblo en 2017, en virtud de la Ley núm. 26/2017, que incluye la supervisión de la aplicación de la Convención;

c)El servicio para la autonomía personal destinado a las personas con discapacidad y personas dependientes, creado en 2018, y el programa de asistencia personal para promover la autonomía y la vida independiente de las personas con discapacidad;

d)El servicio de atención a domicilio, que brinda cuidado personal, apoyo a domicilio y apoyo social en el hogar para las personas con discapacidad o sus familias para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad que requieren apoyo para sus actividades cotidianas;

e)La distribución del catálogo de accesibilidad a todas las parroquias, en el que se ha establecido y evaluado el grado de accesibilidad de los edificios, las vías y los espacios públicos con el fin de que las parroquias puedan asignar fondos presupuestarios a la mejora de la accesibilidad.

III.Principales motivos de preocupación y recomendaciones

A.Principios y obligaciones generales (arts. 1 a 4)

7.El Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La prevalencia del enfoque médico en el sistema de evaluación de la discapacidad y las demoras en la aprobación de un nuevo reglamento de la Comisión Nacional de Valoración, que establece los criterios de evaluación de la discapacidad;

b)Las demoras en la aprobación de una nueva ley relativa a los derechos de las personas con discapacidad y la falta de una estrategia integral y un plan de acción nacional de largo plazo para la aplicación de la Convención;

c)La incorporación limitada de los derechos de las personas con discapacidad en la legislación y en las políticas públicas;

d)El desconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad entre los encargados de la formulación de las políticas, los funcionarios del Gobierno, los consejos parroquiales, el Consejo General, los profesionales del derecho, los jueces, el personal docente, el personal de salud y otros profesionales que trabajan con personas con discapacidad.

8. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad, y con su colaboración activa, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Agilice la aprobación de nueva normativa que regule la Comisión Nacional de Valoración y los criterios de evaluación de la discapacidad, en consonancia con la Convención y el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos;

b) Apruebe una nueva ley relativa a los derechos de las personas con discapacidad en consonancia con la Convención, y una estrategia integral y un plan de acción nacional para aplicar la Convención, que incluyan recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, además de criterios de referencia e indicadores y plazos mensurables ;

c) Adopte un enfoque doble mediante la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad en todas las leyes y políticas públicas;

d) Imparta una capacitación sistemática sobre la Convención y el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos para los encargados de formular políticas, los funcionarios públicos, los consejos parroquiales, el Consejo General, los miembros del poder judicial, los profesionales del derecho, el personal docente, el personal de salud y otros profesionales que trabajan con personas con discapacidad, y celebre estrechas consultas y colabore activamente con las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño y la implementación de los módulos de capacitación.

9.El Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La insuficiente capacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad para desempeñar sus funciones como mecanismo de coordinación de las cuestiones relativas a la aplicación de la Convención;

b)El hecho de que la Federación Andorrana de Asociaciones de Personas con Discapacidad no participe en el examen del informe inicial del Estado parte presentado en virtud de la Convención, y la escasa participación e implicación de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las leyes y políticas relativas a la discapacidad.

10. Recordando su observación general núm. 7 (2018), sobre la participación de las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Fortalezca la capacidad del Consejo Nacional de la Discapacidad y lo dote de los recursos humanos y financieros que precise para desempeñar eficazmente su mandato de coordinación de la aplicación de la Convención a todos los niveles;

b) Reforzar las medidas y los mecanismos para celebrar consultas estrechas y colaborar activamente con las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, como la Federación Andorrana de Asociaciones de Personas con Discapacidad, en los procesos públicos de adopción de decisiones, y vele por que se realicen consultas sustantivas con los diversos grupos de organizaciones de personas con discapacidad en relación con el diseño, la aplicación y el seguimiento de las leyes y políticas relativas a la discapacidad.

B.Derechos específicos (arts. 5 a 30)

Igualdad y no discriminación (art. 5)

11.Al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La falta de un marco normativo que prohíba la discriminación interseccional contra las personas con discapacidad y las medidas insuficientes para abordar las formas interseccionales de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad, los niños con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial;

b)El hecho de que la Defensoría del Pueblo solo haya recibido una denuncia de discriminación por motivos de discapacidad entre octubre de 2017, fecha en la que se amplió su mandato mediante la Ley núm. 26/2017, y diciembre de 2021, fecha de recepción de las respuestas del Estado parte a la lista de cuestiones elaborada por el Comité;

c)La inexistencia de estadísticas sobre causas judiciales relacionadas con la discapacidad;

d)La poca orientación y los escasos ajustes razonables en un amplio abanico de ámbitos.

12. Recordando su observación general núm. 6 (2018), sobre la igualdad y la no discriminación, y las metas 10.2 y 10.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Incorpore el concepto de discriminación interseccional en la legislación nacional, incluida la Ley núm. 13/2019 para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y refuerce las estrategias para eliminar las formas múltiples e interseccionales de discriminación por motivos de discapacidad, en particular, contra las mujeres y las niñas con discapacidad, los niños con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial;

b) Redoble sus esfuerzos para concienciar sobre el derecho a la no discriminación a las propias personas con discapacidad y a sus familias, y garantice mecanismos de denuncia accesibles, incluidos procedimientos judiciales y administrativos, para las víctimas de discriminación por motivos de discapacidad, les proporcione reparación y vele por que se castigue a los autores;

c) Recopile datos desglosados por sexo, edad, tipo de barrera a la que se enfrenta y sector en el que se produjo la discriminación, así como sobre las vías de recurso y reparación disponibles, y las sanciones dictadas en el marco judicial;

d) Elabore directrices y brinde formación a los agentes estatales y no estatales sobre su obligación de realizar ajustes razonables en una amplia gama de ámbitos, como la salud, la educación, el empleo y el acceso a los servicios en la comunidad.

Mujeres con discapacidad (art. 6)

13.El Comité toma nota de que la Ley núm. 6/2022 para la aplicación efectiva del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres, incluye la discapacidad como motivo de discriminación. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La falta de una perspectiva de discapacidad en la legislación y las políticas relacionadas con el género, así como la falta de una perspectiva de género en la legislación y las políticas relacionadas con la discapacidad;

b)La insuficiente protección de las mujeres y las niñas con discapacidad contra las formas múltiples e interseccionales de discriminación, y la falta de mecanismos de recopilación de datos con el fin de conocer mejor esos ámbitos de discriminación;

c)La ausencia de programas para el empoderamiento de las mujeres y las niñas con discapacidad en el empleo, la vida pública y política y la adopción de decisiones.

14. Recordando su observación general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, así como las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Incorpore los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en la legislación y las políticas sobre el género y una perspectiva de género en la legislación y las políticas sobre la discapacidad;

b) Fortalezca las estrategias para combatir las formas múltiples e interseccionales de discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad, y promueva la investigación sobre la situación de las mujeres y las niñas con discapacidad, incluidas las preocupaciones de estas al recopilar datos sobre las personas con discapacidad, y sobre las mujeres en general;

c) Adopte medidas, en consulta con las organizaciones que representan a las mujeres con discapacidad, a fin de empoderar a las mujeres y las niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, y garantice su participación en todos los procesos públicos de adopción de decisiones.

Niños y niñas con discapacidad (art. 7)

15.El Comité toma nota de que la Ley Cualificada núm. 14/2019 de los Derechos de los Niños y los Adolescentes prevé la participación de los niños y adolescentes con discapacidad como principio rector y transversal, y de que la Ley núm. 45/2022 por la que se modifica el Código Penal utiliza la terminología y los conceptos que figuran en la Convención. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La escasa participación de los niños con discapacidad en el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia, y en los consejos parroquiales para la infancia y la adolescencia;

b)El hecho de que, en virtud de la Ley núm. 14/2019, un juez puede decretar el internamiento en una institución como medida de protección en los casos en que no haya sido posible o conveniente el acogimiento familiar o cuando las necesidades de los niños o adolescentes así lo requieran, lo que incluye a los que necesitan atención terapéutica, como los niños y adolescentes con discapacidad;

c)La falta de datos sobre el número de niños con discapacidad en instituciones residenciales.

16. Haciendo referencia a la declaración conjunta de 2022 del Comité de los Derechos del Niño y del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre los derechos de los niños con discapacidad, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Promueva la representación de los niños con discapacidad en el Consejo Nacional de la Infancia y la Adolescencia y en los consejos parroquiales para la infancia y la adolescencia, y garantice que los niños con discapacidad puedan expresarse libremente sobre todos los asuntos que les afecten y que sus opiniones reciban la debida consideración de acuerdo con su edad y grado de madurez;

b) Revise su legislación, en particular los artículos 93 y 95 de la Ley núm. 14/2019, y elabore una política sobre la inclusión de los niños con discapacidad en consonancia con la Convención, independientemente del tipo de deficiencia que tengan, en todos los aspectos de la vida, incluida la vida familiar y comunitaria, y medidas para la desinstitucionalización de los niños con discapacidad;

c) Proporcione datos desglosados sobre el número de niños con discapacidad que todavía se encuentran en instituciones residenciales.

Toma de conciencia (art. 8)

17.El Comité valora positivamente el establecimiento del 27 de abril como día nacional para conmemorar la Convención. No obstante, expresa su preocupación por lo siguiente:

a)Los informes sobre actitudes negativas, estereotipos y prejuicios hacia las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, y las mujeres y los niños con discapacidad;

b)El hecho de que las personas con discapacidad no han participado de forma sustantiva en el diseño, la aplicación y el seguimiento de los programas de toma de conciencia en el Estado parte, y de que no se hayan evaluado las repercusiones de esas actividades;

c)La escasa colaboración con las personas con discapacidad para generar conciencia y promover una imagen positiva de ellas en los medios de comunicación.

18. El Comité recomienda al Estado parte que, en estrecha consulta con las personas con discapacidad y con su colaboración activa:

a) Adopte una estrategia nacional para concienciar a toda la sociedad, en particular a las personas con discapacidad, sus familias, los grupos profesionales y los funcionarios públicos, con el fin de eliminar los estereotipos negativos y los prejuicios hacia las personas con discapacidad, sobre todo hacia las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, y las mujeres y los niños con discapacidad;

b) Garantice que las personas con discapacidad participen de forma efectiva y sustantiva en el diseño, la aplicación y el seguimiento periódico de los programas de formación y concienciación, en consonancia con la Convención, así como en la evaluación de sus repercusiones;

c) Adopte las medidas adecuadas para velar por que los medios de comunicación sirvan para promover una imagen positiva de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de la dignidad, las capacidades y las contribuciones de las personas con discapacidad.

Accesibilidad (art. 9)

19.El Comité toma nota de las modificaciones introducidas en la Ley de Accesibilidad de 1995 para mejorar la normativa. No obstante, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)El retraso en la actualización de la Ley de Accesibilidad vigente y la ausencia de una estrategia nacional de gran alcance que abarque la accesibilidad física y la accesibilidad del transporte, así como de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en las instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público;

b)La escasa capacidad de la Comisión para el Fomento de la Accesibilidad y la vigilancia insuficiente de la normativa sobre accesibilidad, en particular, en materia de transporte, información y comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

20. Recordando su observación general núm. 2 (2014), relativa a la accesibilidad, el Comité recomienda al Estado parte que, mediante la celebración de estrechas consultas y con la colaboración activa con las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan:

a) Agilice la preparación y aprobación de una nueva Ley de Accesibilidad que esté en consonancia con la Convención, y adopte una estrategia nacional y un plan de accesibilidad para facilitar el acceso de todas las personas con discapacidad al entorno físico, el transporte, la información, las comunicaciones, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los sistemas y demás instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público, con plazos y criterios de referencia, además de recursos suficientes para su aplicación;

b) Refuerce la capacidad de la Comisión para el Fomento de la Accesibilidad y establezca un sistema de supervisión, presentación de informes y evaluación verificar la aplicación de las normas nacionales en materia de accesibilidad y diseño universal, incorporando medidas de reparación y sanciones en caso de incumplimiento.

Derecho a la vida (art. 10)

21.Al Comité le preocupan las insuficientes salvaguardias en relación con el respeto de la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad en la atención de la salud y los tratamientos médicos, incluidos los cuidados paliativos.

22. El Comité recomienda al Estado parte que refuerce las salvaguardias, entre otras cosas elaborando protocolos para garantizar que todas las decisiones relativas al tratamiento médico en situaciones potencialmente mortales y de cuidados paliativos se tomen teniendo en cuenta la voluntad y las preferencias de la persona afectada, y que se preste a esta un apoyo adecuado.

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (art. 11)

23.El Comité observa que la Ley Cualificada núm. 28/2022 de Protección Civil prevé especial atención a las personas con discapacidad en las campañas de concienciación y que se les preste una asistencia adecuada, incluidas medidas de información y protección. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La falta de una perspectiva de inclusión de la discapacidad en las estrategias y planes para gestionar situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y el cambio climático, incluidos los planes de protección civil;

b)La falta de información sobre la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de políticas relativas a las situaciones de riesgo, las emergencias humanitarias y el cambio climático;

c)El efecto desproporcionado de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en las personas con discapacidad, en particular en las que siguen internadas en instituciones.

24. Teniendo en cuenta el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte una estrategia y planes que tengan en cuenta el género y la discapacidad para gestionar situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y el cambio climático, velando por la accesibilidad de las infraestructuras vitales, como los centros de evacuación, y de la información y la comunicación, así como la realización de ajustes razonables y la disponibilidad de asistencia de emergencia, sistemas de alerta temprana, evaluaciones de las necesidades de las comunidades y ayudas técnicas para todas las personas con discapacidad;

b) Vele por que el Departamento de Protección Civil consulte estrechamente y colabore activamente con las personas con discapacidad en los procesos de planificación, aplicación y supervisión de planes y estrategias para la reducción del riesgo de desastres;

c) Integre la discapacidad en sus planes de respuesta y recuperación tras la COVID-19, entre otras cosas por cuanto se refiere a garantizar la igualdad de acceso a los servicios de la salud y demás programas económicos y sociales para hacer frente al impacto negativo de la pandemia, desinstitucionalice a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia y les proporcione un apoyo adecuado para vivir en la comunidad.

Igual reconocimiento como persona ante la ley (art. 12)

25.El Comité reconoce que la Ley Cualificada núm. 30/2022 de la Persona y de la Familia, reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la obligación de ofrecer un sistema de apoyo y suprimir la institución de la curatela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)Las disposiciones jurídicas, como los artículos 53 y 56 de la Ley núm. 30/2022, que prevén que debe someterse a “curatela” a las personas con discapacidad “que requieran este tipo de apoyo para ejercer su capacidad jurídica” y permite su establecimiento a través de la autoridad judicial;

b)La aplicación reducida de los mecanismos de apoyo para la adopción de decisiones que permitan a las personas con discapacidad ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás;

c)La falta de información sobre el número de personas con discapacidad bajo tutela o curatela y sobre la revisión de las sentencias judiciales para restablecer su capacidad jurídica.

26. Recordando su observación general núm. 1 (2014), relativa al igual reconocimiento como persona ante la ley, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Revise la legislación nacional, incluidos los artículos 53 y 56 de la Ley núm. 30/2022, para garantizar el derecho de todas las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, al igual reconocimiento como persona ante la ley, y derogue las disposiciones que permiten restringir su capacidad jurídica basándose en una deficiencia;

b) Diseñe y ponga en práctica una serie de sistemas innovadores de apoyo para la adopción de decisiones que velen por la prestación de un apoyo individualizado en todos los aspectos de la vida, adaptado a todos los tipos de deficiencia, y que respeten la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad;

c) Recopile información desglosada sobre el número de personas con discapacidad bajo tutela o curatela y revise regularmente las sentencias judiciales para restablecer su capacidad jurídica.

Acceso a la justicia (art. 13)

27.El Comité hace notar con preocupación lo siguiente:

a)El artículo 27 del Código Penal exime de responsabilidad a determinadas personas que “no pueden comprender la ilicitud del hecho por razón de trastorno mental o deficiencia”;

b)La escasa información sobre la accesibilidad de las instalaciones y procedimientos judiciales, y sobre la disponibilidad de ajustes de procedimiento y asistencia jurídica para las personas con discapacidad;

c)La falta de formación de los funcionarios de los tribunales y de otros miembros del sistema judicial sobre los derechos de las personas con discapacidad.

28. Recordando los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad y la meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Modifique el artículo 27 del Código Penal y garantice la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos administrativos y judiciales, en cualquier tipo de cometido, en igualdad de condiciones con las demás personas;

b) Ofrezca a las personas con discapacidad ajustes de procedimiento que tengan en cuenta el género y la edad en todas las actuaciones judiciales, garantizando la accesibilidad física, de la información y de la comunicación, incluidos los servicios de intérpretes profesionales de lengua de señas, el uso del braille, la lectura fácil y transcripciones en audio y vídeo, así como el acceso a servicios de asistencia letrada;

c) Refuerce los programas de formación obligatorios o disponibles acerca de la Convención dirigidos al poder judicial y los profesionales del sector de la justicia, como los fiscales, los notarios y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los agentes de policía y los funcionarios de prisiones.

Libertad y seguridad de la persona (art. 14)

29.Al Comité le preocupa lo siguiente:

a)Las disposiciones discriminatorias, incluido el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, que permite la hospitalización forzosa de las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, con “fines terapéuticos”, y el artículo 73, párrafo 1, del Código Penal, que establece la hospitalización en centros psiquiátricos como medida de privación de libertad;

b)La escasa información sobre los servicios de salud mental a nivel comunitario y el número de personas con discapacidad privadas de libertad por motivos de una deficiencia.

30. Recordando sus directrices sobre el derecho a la libertad y la seguridad de las personas con discapacidad , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Derogue las disposiciones legislativas, incluidos el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 73, párrafo 1, del Código Penal, que permiten privar de libertad a una persona sin su consentimiento por motivos de su deficiencia o de la percepción de peligro que representan para sí mismas o para terceros;

b) Asegure la disponibilidad de servicios y apoyo a la salud mental a nivel comunitario que respeten el derecho a la libertad de las personas con discapacidad y garanticen su derecho a adoptar decisiones sobre la atención médica que reciben, incluso en situaciones de crisis individual;

c) Proporcione datos desglosados sobre el número de personas con discapacidad privadas de libertad por motivos de una deficiencia, incluso en centros psiquiátricos, centros de tratamiento de adicciones o centros especiales de educación o rehabilitación.

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 15)

31.El Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La legislación que permite que las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad psicosocial, puedan ser sometidas a tratamiento forzado, medidas coercitivas y medicación forzada en el marco de intervenciones e instituciones psiquiátricas;

b)La falta de información sobre las medidas adoptadas para prevenir la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra las personas con discapacidad y sobre los mecanismos de denuncia para las víctimas de estas prácticas.

32. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Derogue la legislación que permite el tratamiento forzado, incluidas las medidas coercitivas y la medicación forzada, y elabore protocolos que garanticen el consentimiento libre e informado para las intervenciones de carácter médico o científico;

b) Adopte medidas de prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra personas con discapacidad, incluido el tratamiento médico no consentido, y establezca un mecanismo de denuncia accesible para las personas con discapacidad que se encuentran en instituciones, realice investigaciones, imponga sanciones a los autores de esas prácticas y proporcione reparación a las víctimas.

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso (art. 16)

33.El Comité observa que la Ley núm. 1/2015 para la Erradicación de la Violencia de Género y la Violencia Doméstica establece que la información debe ser accesible para las personas con discapacidad, y que el protocolo de actuación inmediata en los casos de maltrato de niños y adolescentes presta especial atención a los niños y adolescentes con discapacidad. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La falta de una estrategia integral para prevenir, afrontar y castigar todas las formas de explotación, violencia y abuso contra las personas con discapacidad, en particular, las mujeres y los niños con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, en todos los entornos, incluidos la familia, la escuela y el lugar de trabajo;

b)La escasa información relativa a los servicios de apoyo para las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género, como los prestados por el Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género;

c)La falta de datos, desglosados por discapacidad, sobre la violencia de género contra las mujeres con discapacidad y sobre la violencia contra los niños con discapacidad.

34. Con referencia a su declaración del 24 de noviembre de 2021 en la que pide que se adopten medidas para eliminar la violencia de género contra las mujeres y las niñas con discapacidad, y recordando las metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte una estrategia integral para prevenir, abordar y castigar la explotación, la violencia y el abuso de que sean objeto las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y los niños con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, velando por que dispongan de información sobre cómo denunciar esos casos y por que las personas con discapacidad que sean víctimas tengan acceso a mecanismos de denuncia independientes y a recursos adecuados, incluida la rehabilitación;

b) Garantice la accesibilidad física, y de la información y la comunicación, de los servicios dirigidos a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia de género, en particular los del Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género y los de los alojamientos de emergencia, y por que se preste el apoyo que esas personas requieran;

c) Recopile datos sobre la violencia de género contra las mujeres con discapacidad y sobre la violencia contra los niños con discapacidad, desglosados por sexo, edad, discapacidad, nacionalidad y relación entre la víctima y el agresor.

Protección de la integridad personal (art. 17)

35.El Comité observa que el artículo 14 de la Ley núm. 40/2014 modifica el artículo 116, párrafo 2, del Código Penal, por el que se castiga la esterilización forzada, y que el motivo discriminatorio de discapacidad es una circunstancia agravante. No obstante, al Comité le preocupa que:

a)Las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular, las que presentan discapacidad intelectual y/o psicosocial, pueden ser sometidas a esterilización forzada u otras intervenciones no consentidas a petición de terceros, como los familiares o representantes legales;

b)No existe un mecanismo de vigilancia para impedir casos de esterilización forzada y otros tipos de intervención quirúrgica para los que no se ha obtenido el consentimiento, en particular en hospitales e instituciones psiquiátricas.

36. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para proteger la integridad de las personas con discapacidad en todos los entornos, garantizando que todos los tratamientos e intervenciones médicas se realicen sobre la base del consentimiento libre e informado de la persona afectada, y para prevenir y eliminar las prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas con discapacidad;

b) Establezca un mecanismo de vigilancia independiente con el fin de evaluar la situación de las personas con discapacidad que siguen institucionalizadas y así impedir y detectar las esterilizaciones forzadas, los abortos forzados, la anticoncepción u otro tratamiento médico no consentido y, si procede, castigar a los autores y proporcionar reparación.

Libertad de desplazamiento y nacionalidad (art. 18)

37.Al Comité le preocupa la escasez de medidas de apoyo y ajustes razonables para los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes con discapacidad.

38. El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para proporcionar un apoyo adecuado y ajustes razonables a los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes con discapacidad, lo cual comprende protocolos para reconocer a las personas con discapacidad en esas situaciones en los regímenes de seguridad social, y vele por que esas personas tengan acceso a las prestaciones relacionadas con la discapacidad.

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (art. 19)

39.El Comité toma nota de la aprobación del plan integral de salud mental y adicciones de 2022. No obstante, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La inexistencia de una estrategia de desinstitucionalización para las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, y la falta de información sobre la participación de las personas con discapacidad en esas iniciativas;

b)Los requisitos para beneficiarse del programa de vida independiente, que comprenden conocimientos y recursos mínimos, y los limitados efectos de los programas de vida independiente y asistencia personal, que solo benefician a 20 y a 2 personas con discapacidad, respectivamente;

c)El convenio de colaboración suscrito por el Estado parte con la Fundación Privada Nuestra Señora de Meritxell para la prestación del servicio de atención residencial a personas con discapacidad en la residencia Albó, y la financiación pública destinada al mantenimiento de las instituciones;

d)La falta de información sobre el número de personas con discapacidad que viven en instituciones.

40. Recordando su observación general núm. 5 (2017), sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, y sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia , el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Elabore e implemente una estrategia de desinstitucionalización, celebrando estrechas consultas y colaborando activamente con las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, con plazos definidos y asignaciones presupuestarias claras, que abarquen a todas las personas con discapacidad, independientemente de su edad, género o tipo de deficiencia, y que preste servicios comunitarios para que las personas vivan de forma independiente y participen en la comunidad;

b) Fortalezca los mecanismos de apoyo a las personas con discapacidad para que vivan de forma independiente en la comunidad, lo que incluye viviendas accesibles y asequibles que no formen parte de instalaciones colectivas, asistencia personal, presupuestos administrados por los propios interesados, grupos de apoyo entre iguales y acceso a servicios en la comunidad, y revise los requisitos para beneficiarse del programa de vida independiente y mejore la difusión de información sobre los programas de vida independiente y asistencia personal;

c) Revise el convenio de colaboración suscrito por el Estado parte con la Fundación Privada Nuestra Señora de Meritxell para la prestación del servicio de atención en residencias a personas con discapacidad en la residencia Albó, y reoriente la financiación pública de las instituciones hacia el apoyo a la vida en la comunidad;

d) Recopile información desglosada sobre el número de personas con discapacidad que viven en instituciones.

Movilidad personal (art. 20)

41.El Comité toma nota de las diversas opciones relativas a la movilidad disponibles para las personas con discapacidad, como proporcionar una tarjeta para el acceso gratuito a los servicios de transporte público; la tarjeta de estacionamiento, que permite a las personas con movilidad reducida estacionarse en lugares reservados; y las prestaciones económicas para la adaptación de los vehículos de personas con discapacidad. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La falta de información sobre los recursos invertidos para mejorar la accesibilidad en todas las parroquias, siguiendo el catálogo de accesibilidad;

b)El acceso insuficiente a ayudas para la movilidad, ayudas técnicas y dispositivos y tecnologías de apoyo de calidad, así como a formas de asistencia humana o animal para las personas con discapacidad.

42. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Mejore la rendición de cuentas sobre los recursos destinados a mejorar la accesibilidad en todas las parroquias, de acuerdo con el catálogo de accesibilidad;

b) Intensifique sus esfuerzos para velar por que las ayudas para la movilidad, las ayudas técnicas y las tecnologías de apoyo sean asequibles para todas las personas con discapacidad, entre otras cosas mediante el fomento de la reparación local, la concesión de ventajas fiscales y subvenciones públicas, y la exoneración de impuestos y de tasas aduaneras.

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información (art. 21)

43.El Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La demora en la reforma de la Ley de Accesibilidad para mejorar el sistema de comunicaciones, especialmente en lo que se refiere a los medios de comunicación públicos, y al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones;

b)La falta de reconocimiento de la lengua de señas catalana como idioma oficial y el escaso número de intérpretes de lengua de señas cualificados;

c)Los avances insuficientes en el suministro de información en formatos accesibles para todas las personas con discapacidad y la escasa dotación de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en los medios de comunicación públicos como privados, en particular en los sitios web que ofrecen información pública.

44. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Agilice la aprobación de las modificaciones a la Ley de Accesibilidad para mejorar el sistema de comunicaciones, especialmente en lo referente a los medios de comunicación públicos y al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones;

b) Reconozca la lengua de señas catalana como idioma oficial, proporcione recursos financieros para la formación de intérpretes de lengua de señas y cree un grupo de intérpretes de lengua de señas cualificados en todos los aspectos de la vida;

c) Vele por la disponibilidad de toda la información pública, incluida la información transmitida por la televisión y los medios de comunicación, para todas las personas con discapacidad, en formatos de comunicación accesibles como el braille, la interpretación para personas sordociegas, la lengua de señas, la lectura fácil, el lenguaje sencillo, la audiodescripción, la subtitulación para personas sordas y otros tipos de subtitulación, así como los medios táctiles, aumentativos y alternativos de comunicación, asignando una financiación suficiente para su desarrollo, promoción y uso; y favorezca el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones adecuadas para la diversidad de personas con discapacidad.

Respeto de la privacidad (art. 22)

45.El Comité expresa su preocupación por la protección insuficiente de los datos de las personas con discapacidad en el sistema de atención de la salud, incluidas las consultas, las instituciones y los hospitales privados.

46. El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas eficaces para garantizar la privacidad de las personas con discapacidad, en particular de las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, incluida la confidencialidad de la información y de su historial médico, en las instituciones y en los sistemas y servicios de atención de la salud mental.

Respeto del hogar y de la familia (art. 23)

47.El Comité toma nota de que la Ley Cualificada núm. 30/2022 de la Persona y la Familia reemplazó a la Ley Cualificada del Matrimonio de 1995. No obstante, el Comité observa con preocupación lo siguiente:

a)La escasa concienciación sobre el derecho de las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial a contraer matrimonio debido a las percepciones discriminatorias y negativas de la sociedad;

b)El insuficiente apoyo prestado a los niños con discapacidad y sus familias, y a los progenitores con discapacidad, para que puedan ejercer sus responsabilidades parentales.

48. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Garantice el derecho de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, que estén en edad de contraer matrimonio, a casarse y formar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;

b) Refuerce las medidas para prestar apoyo y servicios en la comunidad a los niños con discapacidad y sus familiares, en particular proporcionando capacitación en aptitudes parentales, centros de información e instrumentos de desarrollo de estas aptitudes en lectura fácil, niveles de ingresos adecuados, asesoramiento, apoyo a la atención domiciliaria e información sobre esos servicios en formatos accesibles.

Educación (art. 24)

49.El Comité reconoce los avances en la aplicación de la educación inclusiva, así como en la oferta de adaptaciones pedagógicas para los proyectos personales de los estudiantes y de asistencia personal para facilitar la autonomía de los estudiantes con discapacidad y en la recopilación de datos sobre el número de estudiantes con discapacidad desglosados por género y nivel de educación. No obstante, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La falta de una política a largo plazo en el Estado parte para aplicar la educación inclusiva y hacer un seguimiento de esta, con objetivos y plazos concretos;

b)La escasa integración de una perspectiva de género y de discapacidad en sus leyes y políticas educativas, incluida la Ley núm. 17/2018 de Organización del Sistema Educativo Andorrano;

c)La segregación de los alumnos que requieren un grado de apoyo elevado en escuelas especiales, mediante evaluaciones basadas en criterios médicos;

d)La falta de modos y métodos alternativos y aumentativos de comunicación e información en las escuelas ordinarias;

e)El acceso insuficiente de los niños sordos al aprendizaje de la lengua de señas catalana.

50. Recordando su observación general núm. 4 (2016), sobre el derecho a la educación inclusiva, y las metas 4.5 y 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Formule una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias, indicadores mensurables y plazos, que promueva una cultura de inclusión en la enseñanza ordinaria en todos los niveles, y que comprenda la realización de evaluaciones individualizadas y basadas en los derechos humanos de las necesidades educativas y los ajustes que se requieran, proporcione formación adecuada a los docentes y al personal educativo no docente sobre la educación inclusiva, y evalúe periódicamente las medidas de inclusión;

b) Intensifique la integración de una perspectiva de género y de discapacidad en sus leyes y políticas educativas, incluida la Ley núm. 17/2018 de Organización del Sistema Educativo Andorrano;

c) Fortalezca las medidas tendientes a eliminar la segregación de los alumnos que requieran un grado de apoyo elevado y garantizar su inclusión en las escuelas ordinarias;

d) Redoble los esfuerzos para garantizar el uso de modos y métodos aumentativos y alternativos de comunicación en los entornos de educación ordinaria, incluidos el braille, la lectura fácil, la lengua de señas, la lengua de señas táctil, la comunicación por gestos, la dactilología, y la lectura de labios, así como ayudas para la comunicación y tecnologías de apoyo para la información y las comunicaciones ;

e) Aumente las clases de lengua de señas para los niños sordos, promueva la cultura de la comunidad sorda en entornos educativos inclusivos y asigne los recursos suficientes para garantizar la disponibilidad de la educación en lengua de señas catalana.

Salud (art. 25)

51.El Comité toma nota de que la Ley núm. 20/2017 de Derechos y Deberes de los Usuarios y de los Profesionales del Sistema Sanitario y sobre la Historia Clínica reconoce el derecho a la información de las personas con discapacidad. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)El hecho de que el artículo 16 de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad permite que un representante preste el consentimiento de la persona con discapacidad en su nombre si la ley aplicable lo requiere así;

b)Las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial, para poder acceder a los servicios de asistencia médica, entre otros instalaciones médicas e información inaccesible y la falta de ajustes razonables;

c)El acceso limitado a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad, en particular las mujeres y las niñas con discapacidad, así como la falta de información respecto a la integración de una perspectiva de discapacidad en las actividades llevadas a cabo por el Servicio Integral de Atención a la Mujer;

d)La escasa formación del personal de salud sobre los derechos de las personas con discapacidad.

52. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Revise el artículo 16 de la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras leyes y políticas de salud, para que garanticen el derecho de las personas con discapacidad al consentimiento libre e informado frente a cualquier tratamiento médico o quirúrgico, en igualdad de condiciones con las demás;

b) Fortalezca los planes de acción para garantizar la accesibilidad y la disponibilidad de asistencia sanitaria, información y equipamiento de calidad para las personas con discapacidad, incluida la realización de ajustes razonables por parte de los proveedores de servicios de salud tanto públicos como privados;

c) Garantice que los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva tengan en cuenta las cuestiones de género y sean inclusivos de las personas con discapacidad, en particular para las mujeres y niñas con discapacidad, y se asegure de la integración de una perspectiva de discapacidad en las actividades del Servicio Integral de Atención a la Mujer;

d) Incorpore el modelo de la discapacidad basado en los derechos humanos a la formación sistemática de los profesionales de la salud.

Habilitación y rehabilitación (art. 26)

53.El Comité expresa su preocupación respecto a la prevalencia del modelo médico de la discapacidad en los programas de habilitación y rehabilitación.

54. El Comité recomienda al Estado parte que desarrolle servicios, programas y tecnología intersectoriales de habilitación y rehabilitación para las personas con discapacidad, que estén disponibles en su comunidad y se basen en los principios de la participación y la inclusión, en particular en los ámbitos de la salud, empleo, educación y servicios sociales, y que se haga un seguimiento y evaluación de forma periódica.

Trabajo y empleo (art. 27)

55.El Comité toma nota de la Ley de Relaciones Laborales de 2018, la Ley de Empleo de 2019 y los avances logrados en los programas para fomentar el empleo para las personas con discapacidad, incluida la correspondiente estrategia, que se aplicó entre 2016 y 2019. Sin embargo, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)La falta de una nueva estrategia de empleo para las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto tanto en el sector público como en el sector privado;

b)Las insuficientes medidas adoptadas para abordar el problema de las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo, incluida la inaccesibilidad del entorno físico de muchos lugares de trabajo y de la información, así como la falta de apoyo y de ajustes personalizados;

c)La baja tasa de empleo de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, la reducida cifra de personas con discapacidad contratadas en entornos laborales ordinarios gracias al Servicio Público de Empleo y la escasa repercusión del proyecto de la Red de Empresas Inclusivas;

d)La persistencia de la segregación de las personas con discapacidad en los “centros ocupacionales”.

56. Recordando su observación general núm. 8 (2022), relativa al derecho de las personas con discapacidad al trabajo y al empleo, el Comité recomienda al Estado parte que, de conformidad con la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

a) Adopte y aplique una estrategia nacional, en estrecha consulta y con la colaboración activa de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, con el fin de velar por el acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular las personas con discapacidad intelectual y/o psicosocial y las mujeres con discapacidad, en el mercado laboral abierto, tanto en el sector público como en el privado, que incluya un mecanismo de seguimiento efectivo para garantizar su debida aplicación;

b) Fortalezca las medidas para eliminar las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad en el acceso al empleo, entre otras cosas asegurando la realización de ajustes razonables y medidas de adaptación y de accesibilidad en los lugares de trabajo, velando por el cumplimiento de las leyes relativas al empleo de las personas con discapacidad, lo cual comprende sanciones efectivas a los empleadores que incumplan dichas leyes, y proporcionando a los empleadores formación sobre el respeto y la aplicación del apoyo y los ajustes individualizados;

c) Refuerce las medidas afirmativas y los incentivos para alentar y garantizar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, entre otros mediante el fortalecimiento de los programas del Servicio Público de Empleo y de la Red de Empresas Inclusivas;

d) Intensifique los esfuerzos para acelerar la transición de las personas con discapacidad de los talleres protegidos y los servicios sociales en el ámbito del empleo al mercado laboral abierto en los sectores privado y público, en un entorno laboral inclusivo.

Nivel de vida adecuado y protección social (art. 28)

57.El Comité toma nota de la Ley núm. 6/2014 de Servicios Sociales y Sociosanitarios y expresa su preocupación por lo siguiente:

a)La existencia de un sistema de protección social insuficiente para garantizar a las personas con discapacidad un nivel de vida adecuado y para que las familias puedan cubrir los gastos relacionados con la discapacidad;

b)Los requisitos para el acceso de las personas con discapacidad a las pensiones de solidaridad, y el hecho de que el umbral se incremente en un 20 %, sin tener en cuenta el costo específico de la discapacidad, cuando el solicitante de ayuda financiera o un familiar directo sea una persona con discapacidad;

c)La disponibilidad limitada a viviendas accesibles y asequibles para las personas con discapacidad, en particular para las que tienen ingresos bajos o no tienen ingresos.

58. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Refuerce el sistema de protección social, incluida la revisión de la Ley núm. 6/2014, para garantizar un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad y para cubrir los costos relacionados con la discapacidad, especialmente en el caso de quienes necesitan un apoyo más intensivo;

b) Revise las disposiciones relativas a las pensiones de solidaridad y a las ayudas financieras destinadas a las personas con discapacidad, en estrecha consulta y con la colaboración activa de las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan, y vele por que se considere debidamente la situación de cada persona con discapacidad en la evaluación de esas pensiones y ayudas financieras;

c) Mejore las condiciones de vida de las personas con discapacidad y haga efectivo su derecho a acceder a una vivienda asequible ubicada en la comunidad.

Participación en la vida política y pública (art. 29)

59.El Comité observa con preocupación que:

a)La representación y participación de las personas con discapacidad en los procesos políticos y públicos de adopción de decisiones es reducida, a la luz de la información facilitada por el Estado parte según la cual solo dos personas con discapacidad ocupaban cargos representativos, uno en el Consejo General y otro a nivel parroquial;

b)Las personas con discapacidad solo disponen de cinco días hábiles después de la publicación de la fecha de las elecciones para solicitar la información que precisan en formatos accesibles;

c)La accesibilidad de los procesos e instalaciones electorales, así como de las mesas de voto y los materiales electorales, es insuficiente.

60. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Establezca medidas concretas para garantizar la participación de personas con discapacidad, en particular de mujeres con discapacidad, en la vida política y la administración pública y favorezca un entorno que les permita ejercer cargos públicos y desempeñar cualquier función pública, en todos los niveles de gobierno, proporcionando, entre otras cosas, ayudas técnicas y asistencia personal;

b) Revise las leyes electorales a fin de ampliar los plazos previstos para que las personas con discapacidad puedan solicitar la información necesaria en formatos accesibles;

c) Refuerce las medidas adoptadas para garantizar que el entorno electoral, incluido el entorno físico, sea accesible y para que se facilite material e información electoral en formatos accesibles para todas las personas con discapacidad.

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (art. 30)

61.El Comité toma nota de los programas Integra e Integra Plus para la inclusión de los niños y niñas con discapacidad en las actividades de esparcimiento y en las iniciativas para promover el turismo inclusivo. No obstante, al Comité le preocupa lo siguiente:

a)El hecho de que el Estado parte no haya ratificado todavía el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso;

b)El acceso insuficiente de las personas con discapacidad, incluidos los niños con discapacidad, a actividades y servicios de deporte, ocio, turismo y cultura inclusivos.

62. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Ratifique y aplique el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso;

b) Fortalezca los mecanismos para evaluar las barreras de accesibilidad y vele por que los espacios de deporte, ocio, cultura y turismo sean accesibles para todas las personas con discapacidad, celebrando estrechas consultas y colaborando activamente con las personas con discapacidad, por conducto de las organizaciones que las representan.

C.Obligaciones específicas (arts. 31 a 33)

Recopilación de datos y estadísticas (art. 31)

63.El Comité expresa preocupación por la falta de:

a)Datos desglosados sobre las personas con discapacidad en todos los ámbitos que abarca la Convención, habida cuenta de que solo se obtienen los datos sobre el número de personas con discapacidad y sobre las ayudas técnicas proporcionadas;

b)Conocimientos y uso de las directrices y protocolos internacionales en materia de recopilación de datos sobre discapacidad, en particular la lista de preguntas breves relativa a la discapacidad elaborada por el Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad;

c)Participación de las personas con discapacidad en el diseño de los sistemas de recopilación de datos en el ámbito de la discapacidad.

64. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) Fortalezca su sistema de recopilación de datos sobre las personas con discapacidad, desglosados por un abanico de factores como la edad, el sexo, el tipo de deficiencia, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad, la situación migratoria y el lugar de residencia, en todos los aspectos de la vida, garantizando la confidencialidad y respetando su privacidad;

b) Vele por que los datos generados por el Departamento de Estadística puedan desglosarse por discapacidad e incluya la lista breve de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad en futuros censos demográficos y encuestas de hogares periódicas;

c) Garantice la celebración de consultas estrechas con las personas con discapacidad y su colaboración activa, a través de las organizaciones que las representan, durante toda la planificación, el diseño y la aplicación de los procesos de recopilación de datos.

Cooperación internacional (art. 32)

65.Aunque el Comité toma nota de que Andorra es parte del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de que presta especial atención a las personas con discapacidad en el plan rector de cooperación para desarrollo en proyectos internacionales, le preocupa que:

a)No se incorpore plenamente la perspectiva de la discapacidad en los proyectos de cooperación y no se haga un seguimiento exhaustivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

b)No se consulte ni incluya de forma suficiente a las organizaciones de personas con discapacidad, en particular las organizaciones de mujeres con discapacidad, así como a los socios de la cooperación para el desarrollo, en el diseño y la ejecución de programas de cooperación internacional.

66. El Comité recomienda al Estado parte que integre los derechos de las personas con discapacidad en el diseño, la ejecución y el seguimiento de sus programas de cooperación internacional, y en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a todos los niveles, en estrecha consulta con las organizaciones de personas con discapacidad y con su colaboración activa, por conducto de las organizaciones que las representan.

Aplicación y seguimiento nacionales (art. 33)

67.El Comité observa con preocupación que:

a)No se ha establecido un mecanismo de seguimiento que cumpla los requisitos de los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París);

b)Según el Estado parte, el mecanismo de seguimiento para supervisar la aplicación de la Convención es la Federación Andorrana de Asociaciones de Personas con Discapacidad;

c)Las personas con discapacidad no han participado adecuadamente, por conducto de las organizaciones que las representan, en la aplicación y el seguimiento de la Convención.

68. El Comité, habida cuenta de sus directrices sobre los marcos independientes de supervisión y su participación en la labor del Comité , recomienda al Estado parte que:

a) Establezca una institución nacional de derechos humanos que cumpla los requisitos de los Principios de París y vele por que dicha institución cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para cumplir su mandato, lo que incluye la supervisión y aplicación de la Convención;

b) Sensibilice acerca de la diferencia de roles entre la Federación Andorrana de Asociaciones de Personas con Discapacidad y un mecanismo de supervisión independiente en consonancia con la Convención;

c) Vele por que las personas con discapacidad, en particular las mujeres y los niños con discapacidad, y las organizaciones que las representan, participen de manera sustantiva en el seguimiento de la aplicación de la Convención.

IV.Seguimiento

Difusión de información

69. El Comité subraya la importancia de todas las recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales. En relación con las medidas que deben adoptarse con carácter urgente, desea señalar a la atención del Estado parte las recomendaciones formuladas en los párrafos 26, sobre el igual reconocimiento como persona ante la ley, 58, sobre un nivel de vida adecuado y la protección social, y 68, sobre la aplicación y seguimiento nacionales.

70. El Comité solicita al Estado parte que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, el Consejo General, los funcionarios de los ministerios competentes, los miembros del poder judicial, los consejos parroquiales y de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación, utilizando para ello estrategias de comunicación social modernas.

71. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que haga partícipes a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de personas con discapacidad, en la preparación de sus informes periódicos.

72. El Comité solicita al Estado parte que difunda ampliamente las presentes observaciones finales, en particular entre las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad, así como entre las propias personas con discapacidad y sus familiares, en los idiomas nacionales y minoritarios, incluida la lengua de señas, y en formatos accesibles, en particular en lectura fácil, y que las publique en el sitio web del Gobierno dedicado a los derechos humanos.

Próximo informe periódico

73. El Comité solicita al Estado parte que presente sus informes periódicos segundo, tercero, cuarto y quinto combinados a más tardar el 11 de abril de 2032 y que incluya en ellos información sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. El Comité solicita también al Estado parte que considere la posibilidad de presentar dichos informes según el procedimiento simplificado de presentación de informes, con arreglo al cual el Comité elabora una lista de cuestiones al menos un año antes de la fecha prevista para la presentación del informe del Estado parte. Las respuestas a esa lista de cuestiones constituirán el informe del Estado parte.