Comité de Derechos Humanos

Cuarto informe periódico que Chequia debía presentar en 2018 en virtud del artículo 40 del Pacto con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes * **

[Fecha de recepción: 31 de agosto de 2018]

Introducción

1.La República Checa presenta su cuarto informe periódico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, párrafo 1 b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en lo sucesivo el “Pacto”) y con las observaciones finales formuladas por el Comité de Derechos Humanos (en lo sucesivo el “Comité”), sobre el tercer informe periódico de la República Checa y la lista de cuestiones previa a la presentación de informes.

2.El cuarto informe periódico abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2018. En vista del limitado espacio disponible, el informe se centra en los cambios relacionados con las preguntas formuladas y la aplicación de las observaciones finales más recientes del Comité. Cuando procede, el informe también alude a otros informes presentados por la República Checa a otros órganos de tratados de las Naciones Unidas.

Información general sobre la situación nacional de los derechos humanos y la aplicación del Pacto

3.La aplicación de las observaciones del Comité se rige por la Ley de Cooperación en las Actuaciones ante los Tribunales Internacionales y otros Órganos Internacionales de Supervisión, que exige a los órganos competentes que adopten inmediatamente todas las medidas individuales y generales necesarias para poner fin a toda violación del Pacto o de cualquier otro convenio internacional e impedir que se repitan. El Ministerio de Justicia ha sido delegado para representar a la República Checa en los procedimientos relativos a las comunicaciones presentadas en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto y a la aplicación de los dictámenes del Comité, y se le mantiene informado sobre las medidas de aplicación. El Comité de Expertos para la Ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —y las opiniones de otros órganos internacionales— también contribuye a la aplicación mediante el examen de casos individuales y la formulación de recomendaciones para la adopción de medidas de aplicación.

4.La posición de la República Checa en lo concerniente a la observancia de las opiniones del Comité sigue siendo la expuesta en sus respuestas anteriores sobre la cuestión. La República Checa no comparte la opinión jurídica del Comité de que es discriminatoria la condición de que se haya de tener la nacionalidad para lograr la restitución. Dicha posición se basa en la jurisprudencia relativamente amplia del Tribunal Constitucional, que también se refiere a las disposiciones pertinentes del Pacto. Además, la reapertura de los procesos de restitución iría en contra del principio de seguridad jurídica y de la estabilidad de los derechos de propiedad. Las opiniones del Comité se aplican a través de la audiencia de casos individuales en los tribunales y el Tribunal Constitucional y, en su caso, por otros medios. En la República Checa, la protección de los derechos y las libertades fundamentales garantizados en el Pacto corresponde a los tribunales ordinarios y al Tribunal Constitucional. Al respecto, la situación no ha registrado cambios. El propio Pacto, como tratado internacional, forma parte del sistema jurídico vinculante para los tribunales y los órganos administrativos y tiene precedencia sobre la legislación nacional. En los últimos ocho años se ha aplicado en más de 40 decisiones del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Administrativo Supremo.

Marco constitucional y jurídico para la aplicación del Pacto

5.El Defensor del Pueblo sigue siendo la institución central en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Las actividades y competencias de la Oficina del Defensor del Pueblo se detallaron en el informe anterior, y se describen también en nuestras respuestas a algunas de las observaciones finales. El Parlamento no aprobó la enmienda a la Ley del Defensor del Pueblo, orientada a mejorar la competencia de ese funcionario en materia de derechos humanos. En consecuencia, las competencias del Defensor del Pueblo solo se han ampliado para abarcar la supervisión de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la igualdad de trato de los trabajadores de la Unión Europea. Como se indicó en nuestras respuestas anteriores, las actividades del Defensor del Pueblo están ahora en consonancia con la gran mayoría de los Principios de París. Se están celebrando negociaciones con el Defensor del Pueblo para examinar los cambios legislativos de sus facultades y otras medidas necesarias para la acreditación de su oficina como institución nacional de derechos humanos.

No discriminación e igualdad de género

A.No discriminación

6.La Ley de Protección contra la Discriminación, que se describe en nuestras respuestas anteriores,tiene por objeto proteger contra la discriminación en ámbitos y por motivos regulados por la legislación de la Unión Europea —raza, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, edad, discapacidad, y religión o creencias. La discriminación por otros motivos, como el idioma, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición, está directamente prohibida por la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales. Por lo tanto, los derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos reconocidos en el Pacto, están amparados por la protección constitucional contra la discriminación por esos motivos que ofrecen tanto los tribunales ordinarios como el Tribunal Constitucional. Algunas disposiciones contienen una lista más extensa de motivos de discriminación, como idioma, origen social, posición económica o nacimiento. Las víctimas de discriminación pueden presentar demandas ante los tribunales con el fin de que cese la discriminación, se remedien sus consecuencias o se pague una indemnización razonable en virtud de la Ley de Protección contra la Discriminación o el Código Civil, dependiendo de los motivos de la discriminación. Así pues, la protección contra la discriminación está garantizada en todas las circunstancias, y no existen planes para ampliar los motivos previstos en la Ley de Protección contra la Discriminación.

B.Igualdad de género

7.La lucha contra los estereotipos de género es uno de los principios horizontales de la Estrategia de Igualdad de Género en la República Checa 2014-2020, que tiene por objeto encontrar los medios de eliminar los estereotipos de género en todas las esferas de la sociedad. Las medidas actualizadas anualmente correspondientes a las Prioridades y Procedimientos del Gobierno para la Promoción de la Igualdad de Género comprenden tareas específicas, principalmente en los ámbitos del empleo y la educación. Con respecto al empleo, por ejemplo, se imparte capacitación a asesores de carrera, agentes de empleo y otros empleados de la Oficina de Trabajo checa para evitar los estereotipos de género al ofrecer oportunidades de empleo y reducir la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral. Los proyectos de lucha contra los estereotipos de género también reciben apoyo por conducto de fondos nacionales y europeos.

8.La desigualdad salarial por razón de género es un tema particularmente delicado en la República Checa. El Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales está ejecutando un proyecto titulado “Igualdad de género en el mercado laboral centrándose en la (des)igualdad salarial entre hombres y mujeres: 22 % para la igualdad”, destinado a mejorar la sensibilización por conducto de un sitio web y una cuenta en Facebook, y promover la adopción de medidas específicas para reducir la desigualdad salarial por razón de género. Los resultados del proyecto incluyen la metodología para verificar la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres en colaboración con la Oficina de Inspección de Trabajo del Estado, la metodología para la Oficina del Trabajo, una calculadora de salarios y sueldos para los empleados, un informe sobre la posición de los interlocutores sociales, incluidas las disposiciones modelo de los convenios colectivos que abarcan cuestiones relativas a la desigualdad de remuneración, la aplicación del programa informático Logib que permite a los empleadores descubrir la existencia de discriminación dentro de su organización y la realización de estudios a fondo sobre la desigualdad de remuneración en la República Checa. La aplicación de estereotipos también es el tema de una campaña oficial en los medios de difusión titulada “¡Eso es Igualdad!”, que se inició en noviembre de 2016 con anuncios por televisión destinados, entre otras cosas, a eliminar los estereotipos de género, un sitio web, un perfil en Facebook y materiales de promoción.

9.Las escuelas animan a los alumnos a optar por asignaturas no estereotipadas. Al respecto, se han redactado orientaciones para los profesores y alumnos sobre la adopción de un enfoque con perspectiva de género. Además, se ha revisado la Guía para Asesores en Orientación y Educación Profesional de modo que ahora incluye un modelo de carreras profesionales no estereotipadas. Las escuelas organizan presentaciones que están a cargo, por ejemplo, de hombres y mujeres que desempeñan ocupaciones no convencionales. La lucha contra los estereotipos de género también forma parte de la educación cívica y se reforzará durante la revisión de los planes de estudios marco y en los nuevos libros de texto y otro material educativo.

10.El acoso sexual es otro de los ejes centrales de la estrategia del Gobierno. Todas las autoridades estatales y otros empleadores deben detectar, vigilar, abordar y prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo. En 2016 se llevó a cabo una encuesta anónima sobre el acoso sexual en algunos ministerios. Sobre la base de los resultados se ha empezado a elaborar una directriz metodológica, labor que debe culminar a más tardar en 2019, que establece un enfoque uniforme respecto del acoso sexual en el ámbito de las autoridades centrales del Gobierno, así como un análisis del acoso sexual en los medios de transporte público. También se presta atención a la prevención del acoso sexual en las escuelas.

11.La representación de la mujer en la política y en los puestos de adopción de decisiones es el tema del Plan de Acción para alcanzar una representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones para el período 2016-2018. Se promueve la representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de adopción de decisiones de la administración pública, el poder judicial, los cuerpos de seguridad, los sectores de la ciencia y la investigación, la educación, la salud y las artes mediante, entre otras cosas, un procedimiento de selección transparente y una publicidad que tiene en cuenta las cuestiones de género. Nuestro objetivo es alcanzar, con el tiempo, una participación mínima del 40 % de cada género en todos los niveles de gestión. Las empresas de propiedad del Estado y las empresas de participación pública deberían proceder de manera similar para inspirar a otras empresas. En virtud de una enmienda a la Ley del Mercado de Capitales, las empresas que cotizan en bolsa tienen la obligación de publicar en sus informes anuales datos sobre la representación de mujeres y hombres en sus actividades de gestión, y sobre las medidas adoptadas para promover la diversidad (de género). La ampliación de la capacidad de las instituciones preescolares, las mayores posibilidades de obtener las prestaciones familiares destinadas a los niños matriculados en centros escolares, y la prestación de apoyo a los hombres que se ocupan del cuidado de sus hijos, por ejemplo mediante la introducción de una subvención de cuidado posnatal para los padres o el cobro de forma alternada de la prestación familiar redundarán en beneficio de los progenitores que retornan al mercado laboral. Se ha elaborado un manual sobre la promoción activa de la igualdad entre mujeres y hombres y se ha efectuado un análisis de los estereotipos de género en las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos. También se presta apoyo a los proyectos de las organizaciones no gubernamentales (ONG), los interlocutores sociales y las empresas, destinados a lograr una representación equilibrada de mujeres y hombres en la política y en los puestos de adopción de decisiones. Hasta el momento se ha evitado adoptar medidas especiales de carácter temporal, como las cuotas obligatorias. Sin embargo, algunas entidades políticas aplican sus propias cuotas. En el anexo 1 figuran cifras detalladas al respecto.

C.Lucha contra el racismo y el odio

12.La propaganda racista y el abuso racial siguen siendo punibles con arreglo a las disposiciones pertinentes del Código Penal —aspecto que se explica detenidamente en el informe anterior— y no se han producido cambios importantes en el período que abarca el presente informe. El motivo racista de un delito está cubierto directamente en la ley junto con factores como los prejuicios religiosos o políticos. Otros motivos, como la orientación sexual o la identidad de género, pueden ser castigados como circunstancias agravantes generales al dictar sentencia. Esta disposición legislativa se considera actualmente suficiente.

13.Las fuerzas del orden prestan máxima atención a las investigaciones penales de los casos relacionados con motivos raciales. La policía de la República Checa cuenta con especialistas en delitos racistas que trabajan en los planos central y regional, y en unidades individuales. Lo mismo se aplica a los fiscales. El número de delitos odio se indica en el anexo 2.

14.Los conceptos de lucha contra los delitos motivados por el odio se elaboran anualmente y se evalúan posteriormente en el informe anual sobre los delitos motivados por el odio en la República Checa. Desde hace tiempo, esos conceptos se centran en cinco objetivos estratégicos: el suministro de información sobre los delitos de odio y la prevención de su propagación, la formación y la sensibilización contra los delitos de odio, la prevención de los cismas sociales y el odio, la mejora de los conocimientos especializados de las autoridades policiales y judiciales, y la asistencia a las víctimas de delitos. La Estrategia de Prevención del Delito, 2016-2020 se centra también en la eliminación de la delincuencia por motivos raciales. Como parte de las actividades de prevención se difunde un conjunto de ejemplos de buenas prácticas para combatir el racismo y la intolerancia a nivel de base.

15.Se han intensificado las actividades educativas para los agentes de la policía y los fiscales checos, con la participación de las ONG. Las actividades de capacitación han ido acompañadas de la elaboración de documentos de orientación para la policía que hacen hincapié en el trabajo con las víctimas de delitos motivados por el odio. La Metodología para la selección, capacitación y actividad de los auxiliares de prevención del delito de la policía y los municipios es otro documento orientativo básico. En 2016, también se prestó apoyo a la formación de docentes en materia de prevención primaria de la violencia motivada por el odio en las escuelas. Un grupo de trabajo de expertos del Ministerio del Interior y de la Policía de la República Checa se está ocupando de la introducción de mejoras sistémicas en la recopilación de datos sobre la violencia motivada por el odio, incluida una línea telefónica directa de la policía, de mejor calidad, para denunciar en línea los delitos motivados por el odio. La policía también ha contratado a otros expertos en la delincuencia relacionada con las tecnologías de la información con el fin de investigar los delitos motivados por el odio en Internet, especialmente en los medios sociales. Sin embargo, surgen problemas cuando esos sitios web están registrados en países en los que esas actividades no están tipificadas como delito y, por lo tanto, se niegan a cooperar en las investigaciones sobre la base de la no reciprocidad. En consecuencia, la investigación de ese tipo de delitos es muy difícil y los delincuentes pueden eludir el castigo.

16.Una de las decisiones del Tribunal Constitucional, adoptada en 2015, representó un avance en el enjuiciamiento de políticos y funcionarios públicos por discursos de odio por motivos raciales. Un miembro del Parlamento publicó observaciones racistas en su perfil de Facebook, lo que dio lugar a que se iniciara un proceso penal en su contra por incitación al odio contra un grupo de personas e incitación a restringir sus derechos y libertades. La Constitución del país impide el enjuiciamiento penal de diputados y senadores por discursos que pronuncien en la Cámara de Diputados, el Senado, o sus órganos. De conformidad con el Tribunal Constitucional, esa inmunidad solo se puede aplicar en relación con la información transmitida o las opiniones expresadas en sesiones de una cámara parlamentaria o en una reunión de sus órganos, dirigidas contra otros participantes en el debate parlamentario, es decir, no solo al público externo. Una declaración pública en los medios sociales no se ajusta a esa condición. En otras palabras, la inmunidad no significa que los diputados y los senadores estén exentos de responsabilidad penal por discursos de odio racial. Por el contrario, las declaraciones políticas que hacen campaña contra la incitación al odio son dignas de elogio. El Ministro de Educación, Juventud y Deportes protestó públicamente por el odio verbal dirigido contra una escuela primaria que publicó una fotografía de alumnos del primer grado de origen y nacionalidad minoritarios. El entonces Primer Ministro, junto con otros políticos como el Ministro de Justicia y un diputado checo al Parlamento Europeo, condenaron la agresión sufrida por un hombre de ascendencia africana a manos de un grupo de hinchas de un club de fútbol, que se sumó a las voces de desaprobación. En 2017, el ex Ministro de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades formuló declaraciones generales en las que denunciaba agresiones racistas en la República Checa. Los presidentes de algunos partidos parlamentarios expresaron también una postura similar sobre esos ataques .

17.En 2014 se puso en marcha una campaña gubernamental contra el racismo y la violencia motivada por el odio, cuyo objetivo principal era mejorar la concienciación sobre los problemas de la violencia motivada por el odio y promover la tolerancia de la sociedad checa hacia las minorías. En el sitio web de la campaña, www.hatefree.cz, se han publicado hasta el momento más de 600 artículos, entrevistas e historias sobre la vida de los miembros de distintas minorías y grupos sociales, junto con ejemplos positivos de coexistencia en la República Checa y en el extranjero. La campaña ha dado a conocer más de 100 casos de información falsa y ha respondido comunicando la verdad sobre los hechos. El sitio web también presta asesoramiento a las víctimas de violencia, sus amigos y familiares, y a los testigos sobre el modo de reaccionar ante la violencia motivada por el odio. El sitio web es visitado por una media de 40.000 personas al mes. La página de Facebook titulada HateFree Culture (Cultura Libre de Odio), que constituye una plataforma de debate moderado sobre temas relacionados con la diversidad social y la tolerancia, ha recibido más de 60.000 expresiones de apoyo “Like/Me gusta” y cuenta con el mismo número de seguidores, aproximadamente.

18.El proyecto ha incluido campañas radiales, televisivas y fotográficas. Más de 280 lugares públicos de toda la República Checa han declarado su condición de Zonas Libres de Odio. Más de 100 festivales han prestado apoyo al proyecto y se han realizado más de 100 exposiciones y espectáculos de arte HateFree en centros culturales y espacios públicos. El equipo encargado de las campañas también organizó eventos públicos, como las veladas de comedia HateFree, los desayunos abiertos para personas pertenecientes a distintos grupos, y charlas, debates, talleres y conferencias. El proyecto abarcó también otras esferas, como la promoción, el intercambio y la formulación de buenas prácticas de inclusión social: www.dobrepraxe.cz.

19.Además, en el marco del proyecto se ha impartido capacitación a estudiantes, profesores, miembros de la policía y otras partes interesadas en la integración social, con miras a sensibilizar a la opinión pública sobre la intolerancia y la violencia motivada por el odio y sobre la forma de combatirla. Esas actividades contaron con la asistencia de 770 docentes, agentes de policía y representantes de municipios de las regiones de Ústí nad Labem y Moravia-Silesia. Otro proyecto, Mediación Escolar, tiene por objeto abordar los conflictos que surgen en el entorno escolar mediante la moderación de un diálogo para acordar una solución de coexistencia mutua. Un grupo piloto integrado por diez escuelas participó en el proyecto con 20 mediadores escolares y 81 mediadores entre pares (es decir, los propios alumnos). También se creó un sitio web especial: www.mediaceveskole.cz. Otro proyecto que se ejecuta en las escuelas desde abril de 2017 es el denominado Taller de Medios —un entorno multimedia interactivo en el que los alumnos examinan temas como la alteridad, los prejuicios y los estereotipos. Los profesores recibieron orientación y un vídeo con instrucciones. La campaña contó con un presupuesto de casi 40 millones de coronas checas, y aunque oficialmente concluyó en abril de 2017, algunas actividades siguen en marcha. Se está preparando una nueva campaña, que debe iniciarse en 2019.

D.Integración de los romaníes

20.La Estrategia de Integración de los Romaníes 2015-2020 establece un marco de medidas para mejorar la situación de muchos romaníes en ámbitos clave de la vida, como el empleo, la vivienda, la salud y la asistencia social, la educación, la protección eficaz contra la discriminación, la coexistencia segura y el fomento del desarrollo de la cultura romaní y la participación de ese colectivo. Los resultados de la aplicación de la Estrategia se publican anualmente en el Informe sobre la Situación de la Minoría Romaní.

21.En materia de empleo, la estrategia se centra en garantizar la igualdad de acceso a los instrumentos de la política de empleo activa, y servicios de asesoramiento adaptados a las necesidades de los clientes romaníes. Esas medidas incluyen el trabajo de interés público o los trabajos con fines sociales destinados a apoyar el empleo de los solicitantes más desfavorecidos, a movilizarlos y a reintegrarlos a la vida laboral. Las contribuciones al pago de los salarios o remuneraciones constituyen una motivación para los empleadores. Otras medidas incluyen el readiestramiento y el asesoramiento profesionales. El programa denominado “Garantías para la Juventud” —que ofrece a todos los solicitantes de empleo hasta la edad de 25 años un empleo adecuado, educación adicional, formación o pasantías, tiene por objeto aumentar el empleo entre los jóvenes, incluidos los romaníes. Otros ámbitos fundamentales son el apoyo a las empresas y a los trabajadores autónomos entre los romaníes y la promoción del espíritu empresarial social. Los proyectos de emprendimiento social se apoyan con cargo a recursos de los Fondos Estructurales y de Inversión de la Unión Europea. El Gobierno está elaborando una nueva Ley de Empresariado Social en la que se establecen las condiciones del empresariado social y se fomenta su desarrollo.

22.La prevención y la sensibilización son importantes en relación con la salud. De conformidad con el proyecto del Instituto Nacional de Salud titulado Promoción de la Salud en las Comunidades Excluidas – Reducción de las Desigualdades en Materia de Salud, las desigualdades que afectan a los habitantes de las comunidades socialmente excluidas pueden atribuirse a su nivel de estudios inferior y al deterioro de sus condiciones socioeconómicas. Una dieta inadecuada, la falta de ejercicio, el riesgo de adicciones y el reducido acceso a la atención sanitaria son problemas a los que los habitantes de las comunidades socialmente excluidas pueden estar más expuestos que la población en general. La atención de la salud en esas comunidades y las actividades de concienciación entre sus habitantes continuarán siendo aspectos fundamentales. Desde 2016, en un intento por concienciar a los romaníes sobre cuestiones sanitarias, el Ministerio de Salud presta apoyo a un proyecto para reducir las desigualdades en materia de salud a que hacen frente las comunidades excluidas. Los asistentes sociales y sanitarios, que contribuyen significativamente a la sensibilización de los romaníes y a su motivación para utilizar los servicios de salud pública, han demostrado ser un servicio social bastante sólido.

23.Durante el período que abarca el presente informe, la República Checa no introdujo un sistema de vivienda social global y garantizado por el Estado. Aunque el Gobierno aprobó un concepto de vivienda social en 2015, el Parlamento rechazó un proyecto de ley posteriormente presentado. El Gobierno está preparando un nuevo proyecto de ley que se presentará en 2018. En consecuencia, la provisión de viviendas sociales sigue a cargo de los municipios, con el apoyo sistemático del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Algunos municipios han seguido el ejemplo de proyectos que han alcanzado buenos resultados en el extranjero y están poniendo a prueba el enfoque “Primero la Vivienda”, que ofrece a las familias una vivienda adecuada desde el principio y contribuye a mejorar las posibilidades de encontrar trabajo e incrementar la asistencia a la escuela. Otros municipios están introduciendo un sistema de “vivienda lista”. De conformidad con el Código Civil, la legislación sobre alquileres de viviendas debe seguir basada en la protección del inquilino como la parte más débil. Los contratos de alquiler solo se pueden rescindir por motivos legales; la rescisión ilegal de un contrato podrá impugnarse en los tribunales.

24.El Consejo del Gobierno para los Asuntos de la Minoría Romaní, y sus órganos, sigue siendo el mediador clave entre los romaníes y la administración pública. La mitad de los miembros del Consejo está constituida por representantes de la minoría romaní. Los demás miembros son los ministros encargados de los departamentos fundamentales para mejorar la situación de esa minoría, los representantes de instituciones estatales y los expertos en esferas que afectan la situación de los romaníes. En todas las regiones hay coordinadores de asuntos de la minoría romaní que participan en la elaboración de estrategias regionales para los romaníes y trabajan con asesores romaníes en los municipios y otras entidades que se ocupan de los problemas regionales. También proporcionan al Estado información y observaciones sobre la situación regional. Cada municipio con competencias ampliadas debe contar con un asesor romaní responsable de coordinar las actividades de integración de base de los romaníes. En 2017 había 188 asesores en 180 de los 205 municipios con competencias ampliadas. Desde hace tres años, la Oficina del Consejo ejecuta un proyecto denominado “Movilización y Capacitación de los Interesados Romaníes por Conducto de la Plataforma Nacional Romaní”, cuyo objetivo es ayudar a los romaníes a participar en la vida pública y a adquirir las aptitudes necesarias para la representación pública. Se han celebrado 12 talleres y cursos de capacitación, y se han publicado dos trabajos sobre la integración de los romaníes al nivel local.

25.Las regiones y los municipios también apoyan la participación de los romaníes en la gobernanza. Los municipios y regiones con mayor concentración de miembros de minorías nacionales establecen comités para esas minorías. También es posible organizar comités de carácter voluntario en otros municipios. En numerosos municipios, las cuestiones relativas a las minorías nacionales están a cargo de una comisión del Consejo Municipal, o bien de un coordinador o de un asesor designados al efecto, entre otras modalidades. En los municipios con gran concentración de miembros de las minorías nacionales, el material informativo sobre las elecciones oficiales también se publica en los idiomas de esas minorías. No se han adoptado medidas especiales a modo de cupos al nivel nacional. El número de romaníes en la política se indica en el anexo 3.

26.La Agencia de Inclusión Social presta apoyo a los municipios con comunidades socialmente excluidas que intentan integrar a los habitantes en riesgo de exclusión social mediante la aplicación de un plan estratégico local de inclusión social. La Agencia de Inclusión Social se ocupa principalmente de ayudar a los municipios a garantizar la educación, el empleo, los servicios sociales, la vivienda social, el trabajo y las actividades comunitarias, a proporcionar seguridad, a difundir información y ejemplos de buenas prácticas, a asumir la financiación de actividades de inclusión social y a comunicarse con los organismos centrales responsables de la inclusión social. A finales de 2017, unos 100 municipios o sus asociaciones participaban en actividades de cooperación con la Agencia.

27.Los instrumentos estratégicos de primera línea del Gobierno para la inclusión social son la Estrategia de Inclusión Social 2014-2020, que aplica el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y la Estrategia de Lucha contra la Exclusión Social 2016-2020 —y su Plan de Acción— que aplica la Agencia de Inclusión Social. La Estrategia de Inclusión Social aborda la exclusión social de forma global, haciendo hincapié en la prevención, mientras que el principal objetivo de la Estrategia de Lucha contra la Exclusión Social sigue siendo la eliminación de la exclusión social en las comunidades socialmente excluidas.

28.La Estrategia de Inclusión Social abarca ámbitos fundamentales para la inclusión social de las personas socialmente excluidas o en riesgo de exclusión social. Establece los temas prioritarios de la República Checa, incluida la financiación con cargo a recursos nacionales y de la Unión Europea, y ofrece una visión general de las medidas de inclusión social y de lucha contra la pobreza. El trabajo social es fundamental para alcanzar soluciones de inclusión social. Además de establecer medidas destinadas al desarrollo del trabajo social, la Estrategia se centra en fomentar el acceso y el mantenimiento del empleo, los servicios sociales, el apoyo a la familia, la educación, la vivienda y la atención sanitaria, y la provisión de condiciones de vida dignas. En todos esos ámbitos entran en juego los principios transversales de la igualdad de oportunidades, el apoyo a la inclusión social al nivel local, el refuerzo de la cohesión social y la integración de la inclusión social.

29.La Estrategia de Lucha contra la Exclusión Social es uno de los documentos fundamentales que sustentan las actividades de la Agencia de Inclusión Social y obliga a los órganos de gobierno a efectuar un seguimiento sistemático de las comunidades socialmente excluidas. En el ámbito del empleo, las recomendaciones se centran en los instrumentos de la política activa de empleo, la creación de puestos de trabajo adecuados para las personas procedentes de comunidades socialmente excluidas, la motivación para incorporarse al mercado laboral legal y el fomento de la cooperación de los empleadores con las oficinas de empleo y los trabajadores sociales de los municipios y las ONG. La Estrategia procura abordar el endeudamiento mejorando los conocimientos financieros y regulando las actividades de los prestamistas. En cuanto a la vivienda, la clave reside en el trabajo social para evitar su pérdida y en transmitir la preparación necesaria para mantenerla, junto con el apoyo a los municipios para crear y administrar la oferta de viviendas sociales junto con el apoyo a los municipios que tratan de crear y gestionar un parque de viviendas sociales y evitar la aparición de nuevas comunidades socialmente excluidas. En materia social, es esencial apoyar y coordinar suficientemente el trabajo social con la planificación y prestación de servicios sociales adecuados, especialmente para las familias con niños. En el ámbito de la educación, la Estrategia recomienda integrar a los niños de las comunidades excluidas en la enseñanza general y disuadirlos de abandonar prematuramente el sistema educativo, para lo cual, por ejemplo, se contratará a más expertos y asesores en materia de educación en las escuelas.

30.A finales de 2017 el Gobierno compró la granja porcina situada en el emplazamiento del antiguo campo de concentración romaní de Lety u Písku. La granja debía cerrar en los próximos meses, tras lo cual se demolerían sus estructuras para construir un monumento apropiado, de cuya gestión se encargaría el Museo de la Cultura Romaní, que centra sus actividades, desde hace tiempo, en la persecución que sufrieron los romaníes durante la segunda guerra mundial y en la conmemoración de las víctimas del holocausto romaní. Desde 2018, el Museo de la Cultura Romaní también se ocupa de la gestión del monumento en memoria del holocausto romaní en Hodonín u Kunštátu.

E.Educación inclusiva

31.Desde el 1 de septiembre de 2016, en virtud de una enmienda a la Ley de Escuelas, se aplica un nuevo sistema de educación para los alumnos con necesidades educativas especiales. Ese sistema abolió la categorización de los alumnos según su estado de salud o condición social, centrándose en cambio en sus necesidades educativas y en la prestación de medidas de apoyo que les ayudaran en su educación. Las medidas de apoyo se desglosan en varios niveles en función de su complejidad organizativa y financiera y son de carácter gratuito. El principio fundamental es la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en el sistema de enseñanza general.

32.Un centro de asesoramiento propone medidas de apoyo específicas para cada alumno con necesidades educativas especiales, junto con modificaciones de su educación en respuesta a su estado de salud, sus antecedentes culturales u otras condiciones que afectan a sus vidas. El tutor es informado del contenido de la recomendación relativa a la educación del niño, recibe el informe del examen, y da su consentimiento a esa recomendación. Si los servicios que presta el centro de asesoramiento de la escuela no son satisfactorios, la persona que solicita el servicio de asesoramiento, una escuela o un organismo de protección de la infancia pueden solicitar al órgano de examen que analice la recomendación relativa a la educación del alumno. Los padres también pueden solicitar una revisión del informe del examen. Los cambios también garantizarán la disponibilidad de fondos suficientes para la financiación del sistema.

33.Desde 2013 la Inspección Escolar checa realiza encuestas anuales para supervisar las tendencias en la educación de los romaníes en el contexto del Programa Marco para la Enseñanza Primaria de Niños con Discapacidad Mental Leve, prestando especial atención a los estudiantes romaníes. La enmienda a la Ley de Escuelas introdujo la posibilidad de exigir que las escuelas proporcionaran estimaciones calificadas del número de niños y estudiantes romaníes. Desde 2015 la encuesta comprende todas las escuelas primarias inscritas en el registro escolar. La metodología que se emplea para identificar a los alumnos romaníes sigue basada en el Análisis de las comunidades romaníes socialmente excluidas y la capacidad de absorción de las entidades que actúan en ese ámbito, elaborado en 2006 por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Consejo del Gobierno para los Asuntos de la Minoría Romaní. Los directores de escuelas, en sus estimaciones calificadas del número de niños y estudiantes romaníes, utilizan la siguiente definición para identificarlos: por romaníes se entiende las personas que se consideran romaníes, sin necesidad de adherirse a esa etnia en todas las circunstancias, o que son consideradas romaníes por una proporción significativa de su entorno en función de indicadores antropológicos, culturales o sociales, reales o aparentes. Los resultados se indican en el anexo 4.

34.Con el fin de asegurar la eficacia de la reforma en la práctica, todos los materiales para la aplicación de la educación inclusiva se publican constantemente en el sitio web del Ministerio de Educación, Juventud y Deportes. Se ha elaborado material informativo que proporciona orientación e interpretaciones relativas a la educación inclusiva y los cambios en la enseñanza de los alumnos con necesidades educativas especiales. Entre abril y junio de 2016 se organizaron 28 talleres de información en todas las capitales regionales, centrados en la educación inclusiva, en los que se impartió formación a alrededor de 3.000 directores de jardines de la infancia y escuelas de enseñanza primaria, así como personal de los centros de asesoramiento escolar. Esas actividades continuaron en 2017. Los talleres proporcionaron información sobre los cambios legislativos, los cambios en la labor de asesoramiento de las escuelas y los centros de asesoramiento escolar, las medidas de apoyo, la colocación de los alumnos y la comunicación entre los tutores de los alumnos, el centro de asesoramiento escolar y la escuela. Los talleres también incluyeron información sobre el uso de los fondos y las oportunidades de formación complementaria de los docentes. En 2016, el Instituto Nacional de Educación Superior organizó 248 programas de capacitación en materia de educación inclusiva para profesores de escuelas primarias y 147 programas de capacitación en gestión escolar. Asistieron a esos programas 2.850 profesores de jardines de la infancia, 4.451 profesores de escuelas primarias, 471 profesores de escuelas secundarias y postsecundarias, 105 profesores de arte de escuelas primarias y secundarias y 99 profesores de centros de educación especial. En 2017, los 487 programas de formación en educación inclusiva contaron con la asistencia de 9.567 personas de 2.822 escuelas, y se organizaron 28 cursos para 694 nuevos asistentes de enseñanza y cursos de formación para nuevos profesores. Esas actividades de formación continuaron en 2018.

F.Derechos de las personas con discapacidad

35.Si bien las personas con discapacidad tienen el mismo derecho de voto que cualquier otra persona, un tribunal puede restringir su capacidad legal para ejercer ese derecho. Sin embargo, solo se pueden imponer restricciones si la persona está expuesta al riesgo de sufrir un daño genuino y grave como resultado del ejercicio de ese derecho y la situación no puede resolverse con medidas más leves. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la primera medida debe consistir en evaluar si la persona es capaz de comprender el significado, el propósito y las consecuencias de las elecciones; toda restricción del derecho de voto debe estar debidamente fundamentada. Esa restricción debe especificarse luego explícitamente en la correspondiente resolución judicial. No obstante, esas medidas pueden ser problemáticas a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Al respecto, el Plan Nacional de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 2015-2020 tiene por objeto mejorar las condiciones de acceso de las personas con discapacidad al ejercicio de su derecho de voto; el Plan prevé un análisis de la posibilidad de eliminar, a más tardar a finales de 2018, los obstáculos a que hacen frente las personas con discapacidad para ejercer su derecho de voto a consecuencia de una restricción de su capacidad legal.

36.Las leyes sobre los diversos tipos de elecciones también establecen medidas que facilitan el ejercicio del derecho de voto de las personas con discapacidad. Los votantes que no puedan acudir a un colegio electoral por motivos de salud o similares pueden solicitar a la autoridad municipal o a la comisión electoral de distrito que les permita votar fuera del colegio electoral. La comisión electoral de distrito enviará a dos de sus miembros al lugar en que se encuentre ese votante con una urna portátil, un sobre oficial y papeletas de votación. Los miembros de la comisión electoral de distrito deben mantener el secreto de dichos votos. Los votantes que no puedan marcar su papeleta debido a una discapacidad física o que no sepan leer ni escribir pueden acudir a la cabina electoral acompañados por otro votante que se ocupará de marcar la papeleta, colocarla dentro del sobre oficial e introducirla en la urna. En casi todos los casos la norma que se sigue es la de instalar los colegios electorales en edificios públicos que cuenten con facilidades de acceso para las personas con movilidad reducida. De conformidad con el Plan Nacional de Apoyo a la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad la información sobre procesos electorales debe publicarse en formatos accesibles para las personas con discapacidad, especialmente en línea, y se ha de redactar en términos fácilmente comprensibles. La información sobre el método de votación en las elecciones en la República Checa se hace llegar a las organizaciones de personas con discapacidad, que la adaptan a un formato accesible para las personas con discapacidad (formato fácil de leer, braille, letra grande, lengua de señas checa, etc.), y la distribuyen entre sus miembros.

37.La nueva legislación que rige los actos de las personas con discapacidad mental o intelectual se describe en nuestras respuestas a algunas de las observaciones finales. El nuevo Código Civil, en vigor desde el 1 de enero de 2014, ya no permite que una persona se vea completamente privada de capacidad jurídica con respecto a un acto jurídico autónomo, y solo podrá restringirse su capacidad jurídica en relación con un acto jurídico específico. A semejanza de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el nuevo Código Civil ha abandonado el modelo por el que se recurre a sustitutos para la adopción de decisiones a favor de un modelo de apoyo para la adopción de decisiones. Las restricciones a la capacidad jurídica se consideran medidas de último recurso. En el Código Civil se da preferencia a medidas más benignas, como el apoyo para la adopción de decisiones o la representación por un miembro de la familia, o la prestación de ayuda a las personas para adoptar decisiones y realizar actos jurídicos en aquellos casos en que no puedan hacerlo por sí mismas por motivos de salud. Tales medidas deben respetar las condiciones de subsidiaridad y proporcionalidad. La decisión de restringir la capacidad jurídica no priva a nadie del derecho a realizar actos jurídicos autónomos en asuntos rutinarios de la vida cotidiana. Una restricción puede durar un máximo de cinco años. Los derechos de una persona cuya capacidad jurídica haya sido limitada son protegidos y aplicados por un tutor nombrado por el tribunal, que debe cooperar con esa persona y actuar en su favor. Los tutores están sujetos a los controles de un tribunal y un Consejo de Tutela; los municipios que actúan como guardianes públicos están sujetos a controles por parte de las autoridades regionales. En el anexo 5 se indica el número de personas con capacidad jurídica limitada y de las que disponen de medidas de apoyo.

G.Derechos de las personas LGBT

38.La decisión del Tribunal Constitucional por la que se levanta la prohibición de adopción para las parejas en uniones de hecho registradas no necesita, en sí misma, ser implementada en modo alguno. Las sentencias dictadas por el Pleno del Tribunal Constitucional por las que se deroga una ley u otra legislación, o sus disposiciones individuales, se publican en el Repertorio Legislativo, lo cual les confiere carácter ejecutorio y por lo general vinculante para todos los órganos y personas. La sentencia en cuestión se publicó el 22 de julio de 2016. Dado que la prohibición de adopción aplicable a las parejas registradas dejó de aplicarse ese día, pueden solicitar la adopción, aunque solo a título individual, es decir, solo uno de los miembros de la pareja puede convertirse en padre adoptivo, porque la legislación checa todavía no les permite adoptar conjuntamente. En 2016 el Gobierno presentó un proyecto de enmienda a la Ley de Uniones Registradas por el que uno de los miembros de la pareja puede adoptar al niño del otro de modo que ambos pasen a ser los progenitores de ese niño, como ocurre en el caso de las parejas casadas. Sin embargo, ese proyecto de ley no fue aprobado por la Cámara de Diputados al término de la legislatura. Aunque actualmente el Gobierno no tiene previsto presentar nuevamente ese proyecto de ley, en junio de 2018 apoyó un proyecto de ley de los miembros por el que se introducía el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Derecho a la vida, protección contra la violencia, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes

A.Esterilización ilegal

39.En cuanto a la indemnización de las víctimas de esterilización ilegal, el Gobierno se remite a sus anteriores respuestas a algunas observaciones finales. Actualmente considera que las acciones judiciales son un remedio para las violaciones de los derechos de las personas esterilizadas ilegalmente. En todos los casos, las autoridades judiciales supremas han ordenado que se evalúe la conformidad del plazo de prescripción legal de una demanda monetaria con la moral pública. Otras formas de reparación, como la satisfacción moral o la terminación de una intervención y la eliminación de sus consecuencias, no prescriben y pueden solicitarse en cualquier momento. En cinco casos de esterilización ilegal los tribunales checos han tenido que ocuparse de cuestiones de plazos estatutarios. En dos casos, el Tribunal Supremo encontró que la demanda iba en contra bonos mores y en un caso, por lo menos, la víctima había recibido indemnización. Se desconocen aún los resultados del segundo caso. En otros tres casos, los tribunales checos confirmaron el plazo de prescripción legal. En dos casos presentados al Tribunal Europeo de Derechos Humanos se llegó a un acuerdo amistoso y el Estado pagó una indemnización. En un caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aún no ha adaptado una decisión. El Gobierno no está preparando ningún otro mecanismo de compensación extrajudicial. Está dispuesto a considerar la posibilidad de revisar el plazo estatutario de tres años para interponer acciones de indemnización económica por daños morales. Sin embargo, si se modificara la legislación sobre la prescripción, solo se aplicaría a futuros casos, de conformidad con el principio de la seguridad jurídica. Por lo tanto, la ampliación del plazo en el futuro no sería de ninguna ayuda para las víctimas de esterilizaciones ilegales en el pasado.

40.No obstante, el Gobierno también está estudiando otros métodos, distintos de la compensación pecuniaria, para reparar los daños ocasionados por la esterilización ilegal. En marzo de 2016, la Oficina del Consejo Gubernamental para Asuntos de la Minoría Romaní estableció el Grupo de Trabajo sobre Esterilizaciones Ilícitas para determinar otras formas de apoyo público, distintas de la compensación pecuniaria, para las personas esterilizadas ilegalmente. Por ejemplo, en cooperación con la Sociedad Checa de Psicoterapia, se ha prestado asistencia psicológica gratuita, a cargo de expertos, a mujeres sometidas a esterilización ilegal.

41.Con respecto al enjuiciamiento penal, el Gobierno se remite una vez más a sus anteriores respuestas, en las que señalaba que las denuncias penales presentadas en casos de esterilización ilícita habían sido debidamente investigadas y que los procedimientos penales se habían cerrado de conformidad con el Código de Procedimiento Penal. En la mayoría de los casos se retiraron las acusaciones debido a que no se encontraron hechos que indicaran la comisión de un delito. Algunos casos se desestimaron debido a que había expirado el plazo legal para interponer acciones legales. Por esa misma razón no es posible reabrir dichos actos procesales. Por otro lado, el inicio de un procedimiento penal después de muchos años complica el descubrimiento de hechos pertinentes, el examen de los testigos y otros procedimientos y es problemático en relación con la vista del caso, sin demora indebida, de conformidad con el Pacto. Si el proceso penal es finalmente desestimado, el principio de la cosa juzgada en virtud del Pacto dicta que no podrá reabrirse a menos que se conozcan nuevos hechos. Por último, ni el Pacto ni ningún otro compromiso internacional de la República Checa prevén la penalización automática de la esterilización ilegal —como tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

42.El sistema que se emplea para comprobar el cumplimiento de las normas sobre esterilización con consentimiento libre e informado también se ha descrito en nuestras respuestas anteriores. Esos controles forman parte de las inspecciones de las actividades de los centros sanitarios. Los proveedores deben cumplir los procedimientos para la obtención del consentimiento, suministrar información pertinente y dejar constancia de todos los datos en el historial médico. Corren el riesgo de sufrir sanciones económicas si no respetan las normas. De conformidad con la ley, las personas con capacidad jurídica restringida solo pueden ser esterilizadas si lo necesitan desde un punto de vista médico. Esa operación está sujeta no solo al consentimiento por escrito del tutor, sino también de un comité especial de expertos y de un tribunal de tutela. El comité está integrado por cuatro médicos y un abogado. Por lo menos cuatro de los miembros no deben tener ningún tipo de vinculación con el hospital en el que se realice la operación, y han de estar unánimemente de acuerdo con respecto a la práctica de dicha intervención. Por ley, los pacientes deben estar plenamente informados sobre la naturaleza de este procedimiento médico, sus consecuencias permanentes y posibles riesgos. Se les invita a asistir a una reunión del comité y se recaban y tienen en cuenta sus opiniones. El Ministerio de Justicia supervisa las decisiones judiciales sobre la autorización de la esterilización de las personas con capacidad jurídica limitada, las personas con trastornos mentales imposibilitadas de evaluar por sí mismas un procedimiento de ese tipo, y los menores de edad. El objetivo es evitar oportunidades de abusar de la esterilización. En el programa de estudios estadísticos de 2018 se incluirá el número de esterilizaciones realizadas, desglosado por género, edad y capacidad jurídica.

B.Violencia doméstica y de género

43.Uno de los objetivos principales de la anteriormente mencionada Estrategia de Igualdad de Género en la República Checa 2014-2020 es reducir la incidencia de todas las formas de violencia de género. En 2015 se aprobó el Plan de Acción para la Prevención de la Violencia Doméstica y la Violencia de Género 2015-2018. A diferencia de anteriores documentos, ese Plan comprende no solo la violencia doméstica sino también otras formas de violencia de género, con arreglo a la definición que establece el Convenio de Estambul, en particular la violación, el acoso sexual y el acecho. El Plan de Acción contiene 70 medidas que comprenden siete esferas estratégicas. Se espera reducir la incidencia de la violencia doméstica y otras formas de violencia de género mediante el refuerzo de la cooperación de todas las partes interesadas, la mejora de la protección de las víctimas, el fortalecimiento de los programas de prevención primaria, la elaboración de un sistema para trabajar con los autores materiales, y la sensibilización de la opinión pública.

44.Como apoyo a las personas en situación de riesgo de violencia, el plan prevé, por ejemplo, la consagración de las normas de trabajo de los proveedores de servicios sociales, la introducción de una línea telefónica directa nacional gratuita durante las 24 horas del día para las víctimas y las personas en situación de riesgo, el establecimiento de un centro de acogida secreto especializado y un número suficiente de camas para situaciones de crisis en todas las regiones, así como la disponibilidad de servicios terapéuticos y de salud profesionales y especializados. Con respecto a los niños en situación de riesgo, el plan prevé disposiciones para asegurar la disponibilidad de asistencia terapéutica profesional, el establecimiento de normas, el contacto asistido entre padres violentos y sus hijos, el desarrollo de su competencia parental y actividades preventivas centradas en la violencia doméstica y de género en las escuelas. El trabajo con personas violentas se centrará en intervenciones terapéuticas que cumplan con normas uniformes. La cooperación en materia de educación e interdisciplinaria deberían orientarse a promover el tema de la violencia doméstica y de género en la educación escolar y en la formación de los trabajadores sociales, el personal de los organismos de protección de la infancia, los profesionales de la salud, los representantes de la policía checa, el poder judicial y otros, con el fin de consolidar sus conocimientos especializados y fortalecer su cooperación mutua. En el ámbito legislativo, el plan propone —además de la ratificación del Convenio de Estambul— el establecimiento de prestaciones de asistencia de emergencia instantánea para las personas expuestas a la violencia doméstica y de género, disposiciones para el contacto asistido para padres violentos, una mayor protección de los niños en el seno de la familia, el requisito de suministro de información a las víctimas por parte de los agentes de policía sobre los servicios disponibles, la creación de un servicio social especializado para las personas violentas y la organización de su participación obligatoria en el tratamiento.

45.En la práctica, las medidas se centran en todos los aspectos pertinentes. La violencia doméstica y de género es punible principalmente como maltrato de una persona que vive en el hogar familiar. Otros delitos son las lesiones corporales, la trata de personas, la privación o restricción de la libertad personal, la coacción, la violación, la coacción sexual, la amenaza y el acecho. Una persona en riesgo de violencia doméstica puede pedir a la policía checa que expulse del hogar familiar a una persona abusiva o amenazante durante un período máximo de diez días. La víctima puede entonces solicitar a un tribunal una medida cautelar por la que se ordene al agresor que abandone el domicilio familiar, que se mantenga alejado de los alrededores y que se abstenga de todo contacto con la víctima. El tribunal debe adoptar una decisión en un plazo de 48 horas. Esa medida podrá tener una duración de un mes y podrá prorrogarse hasta seis meses. De igual manera, en virtud del Código Civil es posible solicitar a un tribunal que restrinja o suprima el derecho del otro cónyuge o pareja a residir en el hogar familiar por un período de hasta seis meses, susceptible de renovación. En las actuaciones penales también podrá imponerse una prohibición de contacto del delincuente violento con la víctima o de ingreso al domicilio familiar. Los datos relativos a la violencia doméstica y de género figuran en el anexo 6.

46.Se presta especial atención al castigo y la prevención de la violencia doméstica y de género mediante, por ejemplo, el apoyo a la especialización de los equipos de policía en casos de violencia doméstica, la formación de jueces y fiscales en la Academia Judicial, la formación de agentes de policía checos en las escuelas de policía, la formación de trabajadores sociales en sus respectivos servicios sociales y la formación de profesionales de la salud en sus estudios de posgrado, o mediante la organización de conferencias y talleres de expertos para el intercambio de buenas prácticas. Expertos del sector no gubernamental también contribuyen a esas actividades. En 2015, por ejemplo, se organizó un curso de aprendizaje electrónico para agentes de policía en el marco del proyecto “Mejora de las Prácticas para la Prevención, Identificación y Eliminación de la Violencia Doméstica mediante la Especialización Profesional”, en colaboración con la Asociación de Centros de Intervención.

47.En virtud de la Ley de Víctimas del Delito, de 2013, las autoridades del gobierno central y otros órganos deben tratar a las víctimas con cortesía, consideración y respeto de su dignidad. Con arreglo a dicha Ley, las víctimas tienen derecho a recibir información fácil de comprender sobre sus derechos y obligaciones, a recibir asistencia psicológica, jurídica o de otro tipo, a la intimidad, a ser protegidas de la victimización secundaria y a recibir ayuda monetaria para compensar en cierta medida los daños ocasionados por el delito. Las víctimas particularmente vulnerables, como las víctimas de delitos que atentan contra la dignidad humana en ámbitos sexuales o de delitos que incluyen la coacción, la violencia o la amenaza de violencia y que dan lugar a un mayor riesgo de daño secundario, reciben asistencia gratuita. Las víctimas de violencia sexual tienen derecho al reembolso de los gastos de psicoterapia y fisioterapia profesional u otros servicios de expertos para aliviar su sufrimiento. Se ha elaborado una metodología uniforme, con formularios de asesoramiento e información básica para las víctimas de delitos, a los tribunales, la fiscalía y la policía. El Ministerio de Justicia apoya las actividades de las ONG que prestan asesoramiento jurídico y otros tipos de asistencia a las víctimas de delitos con un desembolso anual de aproximadamente 12 millones de coronas checas anuales. Las víctimas disponen de una Línea de Ayuda para las Víctimas de la Delincuencia y la Violencia Doméstica, operada por el Círculo Blanco de Seguridad (Bílý kruh bezpečí). De conformidad con la Ley de la Policía Checa, los niños víctimas de violencia doméstica son incluidos automáticamente entre las víctimas de la violencia en el seno de la familia. Con arreglo a la nueva Ley de Delitos Menores se puede ordenar a las personas violentas que participen en programas de gestión de la ira o de control de la violencia.

48.Los servicios para las víctimas o las personas en riesgo de violencia doméstica o de género se prestan principalmente a modo de servicios sociales. Los centros de intervención de cada región deben ofrecer ayuda a las víctimas en un plazo de 48 horas a partir de la expulsión de la persona violenta por la policía checa, o en cualquier momento que estas lo soliciten; también podrán actuar por propia iniciativa. Los centros de intervención ofrecen terapia social, así como asistencia en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, y en la organización de los asuntos personales y, si procede, alojamiento o comidas. Los centros de intervención, los proveedores de otros servicios sociales, los organismos de protección de la infancia, los municipios, la policía checa, la policía municipal y otros órganos de la administración pública cooperan y se comunican entre sí a modo de “equipo interdisciplinario”. Los Centros se financian mediante subvenciones de las regiones y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Ministerio también apoya la asistencia en esferas como los servicios de prevención y el apoyo a las familias. Se presta apoyo, asimismo, a los planes destinados a trabajar con personas violentas. Los centros de acogida proporcionan un lugar temporal para alojar a personas en situación social que carecen de vivienda. Esos centros pueden estar orientados específicamente hacia las personas en riesgo de violencia doméstica, por lo que sus direcciones se mantienen en secreto. Los centros de asesoramiento para víctimas de la delincuencia y de la violencia doméstica ofrecen asesoramiento social profesional mediante la mediación en el contacto con el entorno social, terapia social y asistencia en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos y en la organización de los asuntos personales.

49.“¡Eso es igualdad!”, la campaña del Gobierno descrita anteriormente, también se centra en la prevención de la violencia doméstica y la violencia de género. En marzo de 2018 se emitieron alrededor de 100 anuncios en la televisión checa con el propósito, entre otros, de motivar a los testigos de casos de violencia doméstica a denunciar esos incidentes. En 2016 y 2017 se realizaron nueve análisis para determinar, entre otros aspectos, la disponibilidad de servicios sociales especializados para las víctimas de la violencia doméstica, la incidencia y latencia de la violencia de género en la sociedad checa, la eficiencia de los programas de trabajo con personas violentas y la forma en que se presentan los casos de violencia de género en los medios de comunicación. Se impartió capacitación a trabajadores del sector de la educación, los servicios sociales y las ONG en el uso de una película de dibujos animados especial para explicar la violencia doméstica a los niños.

C.Inspección General de las Fuerzas de Seguridad

50.La Inspección General de las Fuerzas de Seguridad se estableció el 1 de enero de 2012. Sus funciones consisten en detectar e investigar las actividades delictivas perpetradas por los agentes y empleados de la policía checa, la Administración de Aduanas, el Servicio Penitenciario y la propia Inspección General. También se encarga de comprobar la fiabilidad de esas personas, de realizar el seguimiento y la evaluación de la información sobre actividades ilegales cometidas por funcionarios, proponer medidas para impedirlas, y formular recomendaciones metodológicas relativas a la labor de las diversas fuerzas de seguridad. La Inspección General funciona con total independencia de cualquier fuerza de seguridad o autoridades superiores. El Director de la Inspección General es nombrado por el Primer Ministro, a quien rinde cuentas. Las candidaturas deben consultarse con la comisión parlamentaria competente. La Cámara de Diputados también ha establecido una comisión especial encargada de supervisar la actuación de la Inspección General. La Inspección General presenta informes anuales sobre sus actividades al Gobierno y a la Cámara de Diputados. Los datos sobre sus actividades figuran en el anexo 7.

51.Los casos más frecuentes que se presentan en las actividades de la Inspección General se clasifican como “otros delitos generales”. Figuran entre ellos los delitos contra el patrimonio y los delitos violentos, seguidos de delitos económicos como el fraude y la malversación de fondos, y los delitos relacionados con la moneda o los impuestos. También se registran delitos de corrupción, delitos de drogas, violencia doméstica y filtraciones de información. No se han detectado delitos de odio. La mayoría de los delitos suelen ser detectados por los agentes de la policía checa, que es la fuerza de seguridad más importante. También se presta atención a investigaciones de actos de violencia perpetrados en el ejercicio de las atribuciones de una fuerza de seguridad.

D.Detención preventiva

52.Los principales deberes de los agentes de la policía checa en el desempeño de sus tareas incluyen el ejercicio de la cortesía elemental y el trato respetuoso y cordial de los demás y entre ellos mismos. Los agentes de policía en servicio deben evitar todo daño o pérdida irrazonable y limitar toda intervención en los derechos y libertades de los demás en la medida en que sea necesario para llevar a cabo su tarea. La ley prohíbe explícitamente la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, o los tratos contrarios a la dignidad humana. Los agentes de policía que presencien ese tipo de conducta deberán adoptar medidas para ponerle fin y denunciarlo ante sus superiores sin dilación indebida. Por otro lado, en virtud del Código de Procedimiento Penal las pruebas obtenidas mediante coacción ilegal, o la amenaza de esos actos, no podrán utilizarse en el proceso, salvo como pruebas contra el autor.

53.La ley también detalla las condiciones y la forma de la intervención policial. Los agentes de policía solo podrán intervenir si el orden público y la seguridad se ven amenazados o violados y podrán utilizar un arma o medios coercitivos prescritos para proteger su propia seguridad, la seguridad de los demás, o los bienes y el orden público en la forma y en la medida necesarias para cumplir su cometido. Los agentes de policía deben informar inmediatamente a su superior sobre el uso de un arma o medio de coerción y han de redactar un documento oficial en el que se expliquen los motivos, la trayectoria de los disparos y los resultados. Si el uso de un medio de coerción o de un arma ocasiona lesiones, los agentes de policía deberán administrar primeros auxilios y organizar el tratamiento médico de la persona lesionada tan pronto como sea posible. El incidente deberá notificarse a un fiscal sin demoras indebidas. Una persona puede ser detenida e internada en una celda de la policía solo si existen razones legales, y durante 24 o 48 horas, según corresponda. Se debe redactar un acta e informar a la persona sobre sus derechos. Las personas que ocupan las celdas están siempre supervisadas y si surge algún problema de salud se llama a un médico de inmediato. Esos incidentes también deben comunicarse a un superior y a la fiscalía.

54.Tras la detención de una persona, la policía deberá, si así se le solicita, ponerse en contacto con una persona allegada u otra persona designada por la persona detenida, que puede ser el tutor. Ese contacto puede aplazarse si pone en peligro la finalidad de la detención, en cuyo caso se notificará al fiscal. Toda persona detenida tiene derecho a ser examinada o tratada por un médico elegido por ella misma. También tiene derecho a procurarse, a sus expensas, asistencia letrada y a hablar con su abogado sin la presencia de terceros. En la actualidad no existe un sistema específico para la prestación de asistencia jurídica gratuita en esos casos. Aunque todas las personas tienen derecho a recurrir al sistema general de asistencia letrada que se describe a continuación, es muy probable que, teniendo en cuenta la brevedad de los plazos de detención (como se ha mencionado anteriormente), sean puestas en libertad antes de que el Colegio de Abogados de la República Checa pueda asignarles un abogado. Si se inicia un proceso penal, tienen todos los derechos de un acusado, incluida, en su caso, la representación legal obligatoria y la posibilidad de solicitar asistencia letrada obligatoria gratuita.

55.Toda infracción de esas normas constituye un incumplimiento de las obligaciones de la policía checa y es debidamente investigada. Toda persona que sea víctima de una infracción de ese tipo puede presentar una denuncia contra la conducta del agente de policía ante los departamentos de inspección de la policía checa. Si los hechos expuestos en la denuncia indican que se ha cometido un delito, la policía checa remite el caso a la Inspección General de las Fuerzas de Seguridad para iniciar un procedimiento penal. De lo contrario, el objeto de la denuncia puede ser un delito menor en virtud de la legislación general o un delito disciplinario menor de incumplimiento de las obligaciones de un agente de policía. En ese caso, el Departamento de Inspección de la Policía de la República Checa celebra las actuaciones y el oficial de personal competente adopta medidas correctivas en forma de una sanción disciplinaria, otra pena u otra medida para impedir la repetición de los hechos. El castigo puede ser una advertencia por escrito, una reducción de la remuneración hasta una cuarta parte por un período máximo de tres meses o, en circunstancias extremas, un descenso de categoría que puede dar lugar a destitución. Durante este proceso, los agentes de policía quedan suspendidos del desempeño de sus funciones. Naturalmente, los procedimientos disciplinarios o penales pueden ser iniciados por un oficial de policía superior o por el fiscal en ausencia de una denuncia. Las víctimas pueden solicitar una indemnización en el marco de un proceso penal, solicitar a un tribunal una indemnización por mala administración u obtener asistencia financiera del Ministerio de Justicia.

56.Se está procediendo a la instalación gradual de sistemas de televisión de circuito cerrado con audio en las celdas de la policía. Las grabaciones se conservan en un repositorio de acceso restringido durante 30 días. Cuando se tramita una denuncia, las grabaciones se archivan y se adjuntan al expediente del caso. Los departamentos de inspección de la policía checa también realizan controles para garantizar que las personas detenidas reciban el trato adecuado. El cumplimiento de las normas se incluye en la formación y el desarrollo profesional continuo de los agentes de policía. El Defensor del Pueblo, como mecanismo nacional de prevención con arreglo al Protocolo Facultativo de la el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes también controla el trato que reciben las personas en las celdas policiales.

57.Por ley, antes de colocar a una persona en una celda policial, los agentes de policía están autorizados para verificar que la persona no está en posesión de un arma o cualquier otro objeto que pueda utilizarse para poner en peligro la vida o la salud. Con ese propósito, se autoriza a un agente de policía del mismo sexo a examinar a la persona. El examen implica el contacto físico directo o la observación directa del cuerpo de la persona, sin ropa, incluida una inspección de la indumentaria y las pertenencias personales. El examen debe realizarse de manera proporcionada y respetando la dignidad de la persona detenida.

58.Los criterios que se aplican en los exámenes dependen de la evaluación subjetiva de las circunstancias por parte del agente de policía, teniendo en cuenta la conducta de la persona detenida. Dado que la situación varía de un caso a otro, es imposible establecer criterios específicos en la ley. La orientación proporcionada a los agentes de la policía checa tienen por objeto garantizar que los exámenes no se lleven a cabo de forma rutinaria, sino solo después de una evaluación del riesgo individual en los casos en que otras medidas sean insuficientes y el propósito del examen no pueda lograrse mediante otro método de examen, como la palpación o el uso de detectores. De conformidad con las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, durante los registros corporales la persona examinada se desnudará solo hasta la cintura, se colocará la ropa nuevamente, y luego se desnudará de la cintura hacia abajo.

59.La colocación de esposas para sujetar a una persona a un objeto adecuado se rige por disposiciones legales estrictas. Las esposas se pueden utilizar si se ha producido una agresión física contra un agente de policía u otra persona, se ha puesto en peligro la vida de la propia persona, o se ha producido un intento de fuga. Las esposas deberán retirarse en un plazo de dos horas cuando quede claro que la persona detenida no va a repetir sus acciones. En enero de 2014, en virtud de una instrucción vinculante del director de la policía sobre escoltas, vigilancia de personas y celdas policiales se estableció una norma sobre el carácter excepcional del uso de esposas en celdas policiales como entorno seguro. La información sobre el uso de esposas figura en los documentos relativos a la permanencia de las personas en los calabozos de la policía. De conformidad con anteriores recomendaciones formuladas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, se han retirado los accesorios de las paredes de los calabozos y se han instalado agarraderas que forman parte integrante de la estructura de los bancos dentro y fuera de las celdas, de modo que se pueda esposar a la persona en una posición natural y cómoda que no resulte perjudicial para su salud y le permita sentarse cómodamente.

Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzoso

A.Trata de personas

60.Las prioridades de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en la República Checa de 2016 a 2019 consisten en luchar contra la explotación laboral y la trata de niños, y castigar a los infractores. Una de las prioridades transversales es la de tener en cuenta la vulnerabilidad de las víctimas, su género y los daños sufridos. Esa Estrategia mejorará la detección de las víctimas de la trata por medio de actividades de concienciación y sensibilización y el refuerzo de la cooperación mutua entre los órganos de la administración pública. Para poner en práctica la Estrategia, el Ministerio del Interior colabora con otros órganos de la administración pública y con ONG e intergubernamentales. La República Checa sigue siendo principalmente un país de destino y de tránsito, pero es también un país de origen. La mayor parte de esta actividad delictiva está relacionada con la explotación laboral y sexual.

61.El delito de la trata se sigue enjuiciando con arreglo a las disposiciones del Código Penal. Se han introducido enmiendas que permiten sancionar a los autores que se apoderan de las víctimas de la trata, y castigar el empleo sistemático y reiterado de extranjeros en condiciones de trabajo especialmente abusivas, o la mediación en esos casos. En 2017 se publicó una nueva instrucción del presidente de la policía sobre la trata de personas. Entre otras cosas, estableció la cooperación en el ámbito de la trata de personas entre los departamentos regionales competentes o la sede nacional de prevención de la delincuencia organizada y los funcionarios de enlace con las minorías. Los datos sobre la trata de personas figuran en el anexo 8.

62.La Inspección del Trabajo sigue llevando a cabo actividades para prevenir la trata de personas mediante programas de sensibilización y asesoramiento para ciudadanos checos y extranjeros por igual. En 2014-2015 se ejecutó el proyecto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales titulado Innovaciones para Prevenir la Explotación Laboral de Ciudadanos de la Unión Europea, cuyo objetivo era ofrecer protección contra la explotación laboral a los migrantes procedentes de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea (en particular Bulgaria). Además de los propios migrantes, los grupos destinatarios eran otros representantes de la administración del Estado y otras instituciones en las que se podían dar casos de explotación laboral. El proyecto incluyó una campaña informativa dirigida a los grupos de trabajadores vulnerables. Se elaboró, asimismo, un proyecto de documento conceptual para la protección de los ciudadanos de la Unión Europea contra la explotación laboral en la República Checa.

63.La trata de personas es un tema que siempre está presente en la formación de los agentes de policía, los jueces y los fiscales. Desde 2013, la Comandancia de Policía implementa un proyecto encaminado a impartir conocimientos sobre la trata a los agentes de la Policía de Extranjería que trabajan en las fronteras externas de la Unión Europea. Desde 2015 se dicta un curso de capacitación sobre la trata de personas para los agentes de la Dirección del Servicio de Policía de Orden Público. Se siguen celebrando actividades de capacitación para jueces y fiscales. Por ejemplo, en los últimos años se han celebrado talleres sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, la trata de personas, con especial atención a la migración a Alemania, y los procedimientos de asilo. En respuesta a la situación actual, la estrategia del Gobierno también se centra en la formación de las personas que se ocupan de la migración y la integración de los extranjeros en la República Checa, así como de los funcionarios consulares e inspectores de trabajo.

64.En virtud de la Ley de Víctimas del Delito, las víctimas de la trata son particularmente vulnerables y gozan de los derechos descritos anteriormente. El Servicio de Libertad Vigilada y Mediación ha establecido y sigue desarrollando una red de servicios para las víctimas de delitos, incluidas las de la trata, y ofrece orientación integral, especialmente asistencia psicosocial y asesoramiento jurídico. Quince víctimas de la trata se han puesto en contacto con los centros de asesoramiento para las víctimas desde su creación. La asistencia a las víctimas se apoya mediante folletos que contienen información sobre organizaciones que prestan ayuda y asesoramiento, traducidos a los idiomas que se hablan en los países de origen de las víctimas más frecuentes.

65.En 2003 se estableció un Programa Especial de Apoyo y Protección para las Víctimas de la Trata de Personas. En el marco de ese Programa, las víctimas de la trata pueden valerse de los servicios de una ONG especializada, al menos durante el período de “intervención en situaciones de crisis”, como alojamiento seguro en un centro de acogida, alimentos y ropa, atención médica y psicológica, asesoramiento jurídico y/o interpretación. En caso necesario, podrá concederse protección policial a las víctimas en calidad de testigos. Los extranjeros pueden legalizar su permanencia en la República Checa y recibir ayuda para su integración social, por ejemplo en la búsqueda de empleo o el readiestramiento. También pueden recibir ayuda para el retorno voluntario a su país de origen. La situación y los derechos de las víctimas no dependen de su situación de residencia en la República Checa ni de su disposición para colaborar con las fuerzas del orden.

Derecho a la libertad y seguridad personales, trato de las personas privadas de libertad

A.Castración quirúrgica

66.La castración quirúrgica en la República Checa se lleva a cabo de acuerdo con la Ley de Servicios Médicos Especiales de 2012, que abarca una serie de garantías procesales para proteger los derechos de los pacientes. Un requisito previo fundamental para esta operación es la petición voluntaria del paciente, formulada con total libertad. Otros requisitos son tener más de 21 años, sufrir un trastorno parafílico confirmado médicamente que se manifiesta en la perpetración de un delito de motivación sexual y un alto grado de probabilidad de cometer otro delito de motivación sexual violenta, así como el fracaso o la imposibilidad médica de utilizar otros métodos de tratamiento. En virtud de una enmienda de 2017 es posible efectuar operaciones de castración en casos particularmente justificados en pacientes que aún no han cometido un delito de motivación sexual, y cuyo desorden parafílico tiene un impacto nefasto en su calidad de vida. Sin embargo, esa enmienda hace hincapié en la subsidiariedad de la castración y especifica las condiciones y los pasos individuales del proceso.

67.En todos los casos, las solicitudes de castración son evaluadas por un grupo de expertos integrado por un sexólogo, un urólogo, un psiquiatra, un psicólogo y un abogado médico, que no tienen ningún tipo de relación con el proveedor que realiza la operación. El grupo de expertos recibe por lo menos dos dictámenes de expertos independientes que justifican la castración en función de los criterios anteriormente mencionados. El grupo de expertos invita al paciente a una reunión en la que le informa sobre la naturaleza del procedimiento médico, sus consecuencias permanentes y los posibles riesgos, y verifica que haya comprendido plenamente la información y presentado la solicitud por propia iniciativa. El grupo de expertos debe aprobar la operación por unanimidad. Desde que entró en vigor la nueva legislación, el panel ha tramitado nueve solicitudes, ha aprobado tres y ha rechazado todas las demás.

68.La ley prohíbe absolutamente la castración de las personas privadas de libertad. Tampoco puede practicarse la castración en un paciente cuya capacidad jurídica sea limitada. Los pacientes que están bajo tratamiento de protección o en detención preventiva solo pueden someterse a castración en casos especialmente justificados, previa aprobación no solo del grupo de expertos, sino también de un tribunal. El panel de expertos debe informar a esos pacientes que la castración no les otorga el derecho a la puesta en libertad. La castración no es una forma de castigo en ningún tipo de circunstancia.

69.La castración quirúrgica en la República Checa es un tema que ha sido abordado también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal reconoció que el solicitante, que se encontraba bajo tratamiento de protección sexológica, se enfrentaba a una difícil elección: seguir un tratamiento con fármacos antiandrogénicos, lo que significaba acelerar su alta hospitalaria, o someterse a psicoterapia y socioterapia, con la perspectiva de una permanencia más prolongada para seguir el tratamiento. En ese caso en particular, sin embargo, el tratamiento con fármacos antiandrogénicos era necesario desde un punto de vista médico y el solicitante no había sido obligado a seguirlo. En consecuencia, el Tribunal dictaminó que no se había producido ninguna violación de la prohibición de tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, señaló que la castración quirúrgica era objeto de regulación por ley en la República Checa y estaba sujeta al consentimiento libre e informado del paciente. Esa sentencia demostró que cuando se cumplen las condiciones establecidas por la ley, especialmente si el tratamiento es necesario desde el punto de vista médico, y se ofrece a los pacientes sin imposición, el consentimiento a ese proceso de terapia por parte del paciente en tratamiento de protección es voluntario y no puede considerarse un trato degradante. En consecuencia, está en consonancia con los compromisos internacionales de la República Checa, incluido el Pacto.

B.Situación en las prisiones

70.En 2016 el Gobierno aprobó el Plan Maestro del Sistema Penitenciario hasta 2025, que prevé cambios fundamentales en el sistema penitenciario checo y una política penal orientada a reducir la tasa de reincidencia y a lograr la reinserción efectiva en la sociedad de los reclusos puestos en libertad. Los objetivos del Plan Maestro incluyen un entorno seguro en las prisiones y la creación de condiciones de trato humano y digno de los reclusos. De conformidad con Plan Maestro, el Servicio Penitenciario debe encontrar la manera de prevenir la violencia entre reclusos de la manera más eficaz posible, elaborar un modelo de prisión ideal en cuanto a espacio y personal, establecer una formación mínima para la prevención de la violencia y reforzar las medidas para impedir que se introduzcan en las cárceles artículos no autorizados. También prevé un aumento del número de empleados y funcionarios del Servicio Penitenciario que trabajan directamente con los reclusos. El Plan Maestro incorpora medidas de motivación para aumentar el número de funcionarios y empleados, como subsidio de contratación, alojamiento, prestaciones laborales, una escala de carrera predeterminada, etc. En el anexo 9 figuran los datos pertinentes sobre la población carcelaria.

71.En términos generales, las condiciones que rigen en las cárceles son las mismas que las de las celdas policiales. Las oficinas del Servicio Penitenciario que, por ley, supervisa las prisiones, deben respetar los derechos de los reclusos y prevenir los tratos crueles o degradantes. Al llevar a cabo intervenciones y acciones en el curso de su trabajo, los agentes deben respetar el honor y la dignidad personales, no permitir que ninguna persona sufra lesiones infundadas y evitar toda injerencia excesiva en los derechos y libertades de los reclusos. Por lo tanto, toda violencia física o agresión verbal motivada por la raza u otro tipo de odio es totalmente inadmisible.

72.En las cárceles se han establecido mecanismos de denuncia similares a los de la policía. Tras su ingreso en prisión, todos los reclusos reciben información completa sobre sus derechos, incluido el derecho a presentar denuncias. Los reclusos pueden presentar quejas a cualquier empleado del Servicio Penitenciario y solicitar una entrevista con el director de la prisión. En cada prisión, hay empleados designados por el director para ocuparse exclusivamente de recabar, registrar y transmitir las quejas. Las quejas también se pueden dirigir a la Dirección General del Servicio Penitenciario o a un fiscal o, en su caso, a la Inspección General de las Fuerzas de Seguridad. En función de los resultados de la investigación, el órgano que investiga la denuncia puede remitir el caso a la Inspección General de las Fuerzas de Seguridad en caso de sospecha de delito, o al órgano competente para conocer de la denuncia en el marco de procedimientos disciplinarios o por delitos menores, lo que puede dar lugar, una vez más, a la destitución. La tramitación de una denuncia también puede ser examinada por el Ministerio de Justicia. A diferencia de las celdas de la policía, en las cárceles el fiscal también tiene facultades de supervisión que le permiten examinar la regularidad de los procedimientos del Servicio Penitenciario, efectuar visitas a las cárceles en cualquier momento, exigir explicaciones a sus empleados, examinar archivos y documentos, dictar órdenes para la preservación de la ley u ordenar la puesta en libertad inmediata de las personas encarceladas ilegalmente. Las cárceles también son supervisadas por el Defensor del Pueblo como mecanismo nacional de prevención.

73.El Servicio Penitenciario ha publicado un reglamento del Director General sobre la prevención, la erradicación y la detección oportuna de la violencia interpersonal en los establecimientos penitenciarios, por el que se establecen procedimientos eficaces para prevenir la violencia y detectarla a tiempo. La Dirección General del Servicio Penitenciario también inspecciona la aplicación de esa norma en todas las prisiones. Las medidas preventivas se basan en la identificación de los reclusos que, a la luz de su disposición física o mental o en relación con su pasado, podrían ser autores o víctimas de actos de violencia. Se presta una atención especial y sistemática a esas personas, que son objeto de medidas de protección y prevención, como el aumento de los controles, la separación de los posibles autores y las víctimas, y los registros. Las celdas de las prisiones están siendo gradualmente equipadas con sistemas de vigilancia por televisión de circuito cerrado. Las medidas generales, como la apertura de nuevas capacidades de alojamiento en colectivos más pequeños, la aplicación de programas de tratamiento que ayudan a reducir la agresión, la ocupación útil del tiempo libre, la educación, y mayores oportunidades de trabajo en las cárceles, también ayudan a evitar la violencia entre los reclusos. Otro factor importante es el aumento del número de los empleados de guardia y de los programas educativos.

74.Al igual que en el caso de los agentes de policía, los funcionarios del Servicio Penitenciario reciben formación amplia y continua en la Academia Judicial y en las escuelas del Servicio Penitenciario sobre la prohibición de malos tratos contra los reclusos. También se hace hincapié en la no discriminación por motivos de raza, edad, discapacidad u orientación sexual. Además, se refuerzan los conocimientos especializados de los empleados y funcionariosen esferas como la psicología, la enseñanza y el trabajo social.

75.Por lo general, los reclusos que cumplen condena deben realizar trabajos acordes con su experiencia, habilidades y condición médica —que son de carácter obligatorio. El empleo de los presos convictos es una de las principales prioridades del Plan Maestro del Sistema Penitenciario. El objetivo es ampliar las oportunidades de empleo de los reclusos, recurriendo a la cooperación con empleadores de los sectores público y privado. Otras medidas incluyen la utilización de los espacios penitenciarios para el empleo de los reclusos y la introducción de trabajos en varios turnos. Las medidas adoptadas se tradujeron en un aumento del empleo de los reclusos de un 20 % en 2016 y de otro 10 % en 2017. Los reclusos pueden trabajar para la propia prisión o para otras entidades en virtud de un contrato con la prisión. La relación laboral y las condiciones de trabajo se rigen por el Código del Trabajo de la misma manera que para cualquier empleado ordinario. Los presos condenados tienen derecho a una remuneración, establecida por el Gobierno en virtud de un reglamento. En 2017 se promulgó un nuevo reglamento por el que se aumentó la remuneración mensual básica a 5.500 coronas checas para los reclusos no cualificados, 8.250 coronas checas para los aprendices, 11.000 coronas checas para los reclusos con educación secundaria y, recientemente, 13.750 coronas checas para los reclusos que poseen un título. En 2018 se procedió a un nuevo aumento de las remuneraciones. Los reclusos condenados utilizan esa remuneración para pagar sus gastos fuera de la prisión (por ejemplo, la manutención) y para cubrir los costos de la prisión, a menos que hayan sido eximidos de ello (por ejemplo, si no se les ha asignado un trabajo y no tienen otros fondos, participan en un programa de capacitación, son menores de 18 años, etc., o se ha suspendido la aplicación de ese requisito). Las deducciones para cubrir los costes de la prisión equivalen al 26 % de la remuneración neta, hasta un máximo de 1.500 coronas checas mensuales. El resto de la remuneración consiste en dinero de bolsillo (17 %), que los condenados pueden utilizar como les parezca conveniente, y ahorros (al menos el 11 %), que se utilizan como base financiera para su nueva vida tras salir en libertad.

76.En los últimos años se han producido mejoras sistemáticas de las condiciones carcelarias. Uno de los objetivos del Plan Maestro del Sistema Penitenciario consiste en facilitar la posibilidad de alojar a los reclusos en celdas más pequeñas destinadas a un número menor de personas, de conformidad con las normas internacionales. El Servicio Penitenciario está facilitando nuevo mobiliario para los presos en prisión preventiva: camas, armarios para efectos personales, sillas y mesas pequeñas. Con el tiempo, todo el mobiliario actual será reemplazado en todas las prisiones. Paralelamente, se están renovando las unidades (reparaciones de los sistemas de distribución de energía, pintura y decoración, etc.). En las cárceles se respetan todas las leyes relativas a las condiciones de higiene durante el cumplimiento de las penas. En virtud de una enmienda de las normas sobre el cumplimiento de las penas privativas de libertad es ahora posible, por ejemplo, que los reclusos tomen un baño por lo menos dos veces por semana. Los reclusos reciben comidas regulares adaptadas a las condiciones y valores necesarios para cumplir los requisitos de salud. Se tiene en cuenta el estado de salud y la edad de los reclusos, así como la dificultad del trabajo que realizan. También se tienen en cuenta los requisitos que establecen las tradiciones culturales y religiosas de las personas condenadas en la medida en que lo permita el funcionamiento de la prisión. En todas las prisiones hay un capellán de prisiones.

77.Por ley, los oficiales están autorizados para realizar cacheos con desnudo integral o registros corporales de los reclusos, que siempre están a cargo de una persona del mismo sexo que el recluso o de un médico. Los registros corporales se llevan a cabo a la llegada a la prisión, antes y después de las visitas, cuando un preso ingresa en una unidad cerrada, o como parte del proceso de garantizar el orden dentro de la prisión. De conformidad con una orden del Director General de 2016, los registros corporales exhaustivos, que exigen que un preso se desnude, solo se llevan a cabo si como resultado de una evaluación individual del riesgo se tiene la firme sospecha de que el recluso está en posesión de objetos peligrosos o no autorizados. Los registros corporales solo se pueden realizar si su finalidad no puede alcanzarse por otros medios, por ejemplo, utilizando los medios técnicos adecuados, o mediante un registro corporal preventivo. Los registros corporales también están siendo reemplazados gradualmente por otras tecnologías modernas, como los escáneres.

78.Por ley, los funcionarios del Servicio Penitenciario tienen derecho a utilizar cadenas, esposas, correas de sujeción y esposas con grilletes como medio de coacción contra las personas que pongan en peligro la vida o la salud, dañen deliberadamente los bienes o intenten violentamente frustrar el propósito de su detención, o violen la paz o la seguridad en los locales del Servicio Penitenciario, en los edificios de los tribunales, las fiscalías y en otros lugares. Esos medios también se pueden utilizar cuando es necesario someter a una persona o si existe grave inquietud en relación con un posible comportamiento violento. Sin embargo, los funcionarios del Servicio Penitenciario deben cerciorarse de que los medios de coerción utilizados sean proporcionales al propósito de la intervención y de que no causen un daño desproporcionado. Al respecto, los principios de proporcionalidad y subsidiariedad se aplican de la misma manera que a la policía checa. Toda violación de esos principios da lugar a la sanción descrita anteriormente. En 2016 el Servicio Penitenciario analizó la necesidad de utilizar correas de sujeción. Además, se pueden aplicar restricciones médicas a las personas en detención preventiva en las condiciones que se describen a continuación.

79.En 2017 se reformó la clasificación de las prisiones para mejorar el trabajo con las personas que cumplen penas de prisión y, posteriormente, su reinserción social y la reducción del riesgo de reincidencia. Los cuatro tipos de cárceles originales se transformaron en dos: cárceles vigiladas con unidades de baja, mediana y alta seguridad y cárceles de máxima seguridad. El tipo de prisión es decidido por el tribunal en un proceso penal. La asignación a una dependencia concreta es competencia del Servicio Penitenciario sobre la base de una evaluación de los riesgos internos y externos que plantean los distintos reclusos. Esa evaluación está a cargo de una comisión de funcionarios de prisiones expertos. Los reclusos condenados pueden pedir al tribunal que los coloquen en una unidad con un nivel de seguridad más bajo. El tribunal escucha al preso y se pronuncia sobre la solicitud en un plazo de 30 días.

80.Las sanciones disciplinarias que se imponen a los reclusos incluyen la colocación en una unidad cerrada sin participación en programas de tratamiento durante un máximo de 28  días, la permanencia en una unidad cerrada durante un máximo de 20 días, o la colocación en régimen de aislamiento durante un máximo de 20 días. Las sanciones disciplinarias solo podrán imponerse una vez que se hayan aclarado debidamente las circunstancias de la falta disciplinaria y se haya demostrado la culpabilidad del recluso. Se deberá ofrecer a los presos convictos la oportunidad de responder a todos los hechos de los que se les acusa y a las pruebas presentadas en su contra. Pueden exponer circunstancias para refutar o mitigar su culpabilidad y proponer que se añadan más pruebas en apoyo de sus afirmaciones. Las sanciones disciplinarias impuestas deben ser proporcionales a la gravedad de la falta disciplinaria cometida y coherentes con el propósito de la sanción. En esos actos procesales los presos convictos pueden valerse de los servicios de asistencia letrada.

81.En el caso de las personas jóvenes, es decir, de edades comprendidas entre los 15 y 18 años, el sistema penal permite la aplicación de medidas especiales. Los menores son penalmente responsables si han alcanzado un nivel de madurez intelectual y moral que les permite reconocer la ilegalidad de su acto y controlar su comportamiento. En los procedimientos judiciales en los que participan menores, los jueces, fiscales y agentes de policía deben poseer una experiencia especial en el tratamiento de los jóvenes. Durante el proceso judicial es necesario tener siempre en cuenta la edad y la madurez intelectual y moral de los menores. En relación con la prisión preventiva, debe hacerse hincapié en el principio de subsidiariedad y en la moderación, que puede manifestarse, por ejemplo, en una reducción significativa de la duración de la prisión preventiva, y en la posibilidad de que el tribunal sustituya la prisión preventiva por muchas otras medidas, como la colocación del menor bajo la tutela de una persona de confianza. Los menores están bajo la supervisión de un fiscal. Solo podrá imponerse medidas penales a menores, incluida la privación de libertad, cuando sea absolutamente evidente que los métodos especiales de las actuaciones y otras posibles medidas no impedirán la comisión de actividades ilícitas. Los menores también tienen la posibilidad de evitar la imposición de un castigo si intentan reparar las consecuencias de sus actos. Se garantiza así la subsidiariedad de la represión penal.

82.Los menores deben estar separados de otros reclusos convictos. Como cuestión de prioridad, los menores son enviados a alguna de las tres cárceles que cuentan con unidades especiales para menores. En otras prisiones se utilizan distintos medios para separarlos de los demás reclusos. También se han aliviado las condiciones y reforzado los derechos de los menores en algunos aspectos, por ejemplo, en relación con las visitas, la recepción de paquetes y otras remuneraciones y las sanciones disciplinarias. Los métodos individuales de tratamiento, centrados en el desarrollo de su madurez intelectual, emocional y social, se aplican en gran medida para frenar los efectos adversos del aislamiento de los menores de la sociedad. Durante el cumplimiento de la pena, las prisiones se centran en la educación y la formación de los menores de modo que puedan desempeñar una ocupación en el futuro y se encargan de su asistencia obligatoria a la escuela. Los menores en prisión participan en programas de tratamiento especial orientados a su disciplina, educación y resocialización. Se hace hincapié en la aceptación de la responsabilidad personal por sus errores, el refuerzo del manejo independiente de las situaciones que se presentan en la vida y la represión y modo de abordar respuestas agresivas e impropias. De conformidad con la ley, el contenido de un programa para el tratamiento de un menor siempre se centra en las disposiciones relativas a las cualificaciones profesionales y la vida independiente. La participación en la educación y otras actividades del programa de tratamiento es obligatoria para los menores. No se asigna trabajo a los menores que siguen programas educativos. El Plan Maestro del Sistema Penitenciario procura prestar especial atención a los menores y elaborar un concepto de tratamiento especial para ellos. En el trabajo con menores, el Plan Maestro pretende aplicar un estilo comunitario, aumentar el número de educadores y de profesionales que trabajan con menores, e impartir un tipo de educación sistemática. Los programas especiales de tratamiento por expertos están dirigidos a los menores y se centran en la situación específica de cada uno de ellos.

C.Medios de inmovilización y reforma de la atención psiquiátrica

83.La Ley de Servicios de Salud define diferentes tipos de medios de inmovilización, físicos y químicos, y establece las condiciones de su uso. Las medidas restrictivas solo pueden utilizarse para evitar un peligro inmediato para la vida, la salud o la seguridad de un paciente u otras personas, y se aplican durante el tiempo estrictamente necesario, si no es posible emplear un método más moderado. En todos los casos debe optarse por el método de inmovilización menos restrictivo. En virtud de una enmienda legislativa efectuada en 2017 se han reforzado esos elementos. En todos los casos, las medidas restrictivas solo pueden aplicarse si son ordenadas por un médico. Otro profesional de la salud puede ordenar el uso de medios de inmovilización solo en casos urgentes y deberá notificar al médico, sin demora indebida, a fin de confirmar la justificación del procedimiento. Los proveedores deben informar a los pacientes en términos comprensibles sobre las razones del uso de medidas restrictivas y supervisarlos a fin de prevenir daños a su salud. Cada vez que se haga uso de una medida restrictiva se anotará, junto con las razones, en el historial médico del paciente. En muchos casos, el médico debe notificar también al tutor o al representante legal del paciente sobre la aplicación de medios de inmovilización. Desde 2017 se exige a los proveedores que mantengan registros centrales sobre la aplicación de medidas restrictivas y que registren el número de utilización anual de cada tipo de medida.

84.De conformidad con la Ley de Servicios de Salud, los proveedores de servicios sanitarios son inspeccionados por los órganos que les permiten prestar esos servicios. En los últimos años, el Ministerio de Salud ha llevado a cabo varias inspecciones del uso de medidas restrictivas en los centros psiquiátricos bajo su gestión. Las autoridades regionales llevan a cabo inspecciones similares. Si la aplicación de una medida restrictiva da lugar a daños para la salud, también se puede solicitar compensación a través de los tribunales. Una vez más, el Defensor del Pueblo participa en la supervisión del cumplimiento de las normas sobre la restricción de la libertad en los centros sanitarios.

85.En 2018 el Ministerio de Salud formuló una nueva recomendación metodológica sobre la aplicación de medios de inmovilización en los centros sanitarios, que explica y aclara las disposiciones jurídicas. Prohíbe el uso de medidas restrictivas como medio de prevención o castigo o como medida sistémica en caso de escasez de personal, etc. Recomienda, por ejemplo, la formulación de un plan para gestionar el comportamiento de riesgo de los pacientes, el período máximo de aplicación de las restricciones, la atención adecuada y un enfoque digno de los pacientes sometidos a medios de restricción, la elaboración de un reglamento interno y la formación continua.

86.La legislación de la República Checa no autoriza el uso de camas jaula como medio de sujeción. El uso de camas con red está disminuyendo en general en la República Checa, pero debido a las afecciones que presentan ciertos pacientes, en algunos casos se sigue considerando necesario recurrir a esta medida. No obstante, en el futuro se buscarán otros medios y procedimientos para sustituir completamente las camas con red. El número de camas con red en los hospitales psiquiátricos es cada vez menor, y en la mayoría de ellos no se utiliza ese tipo de cama.

87.El principal objetivo de la reforma de la atención psiquiátrica en la República Checa, iniciada en 2015, es crear servicios comunitarios que presten asistencia sanitaria y social a las personas con enfermedades mentales, y trasladar el centro de atención de los hospitales psiquiátricos de gran capacidad al entorno natural de los pacientes. La Estrategia de Reforma de la Atención Psiquiátrica de 2013 tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades mentales. La intervención oportuna es de gran ayuda para detectar los síntomas de la enfermedad mental a tiempo y contribuye a prevenir su desarrollo. En la red de servicios comunitarios establecida se garantizará una atención accesible, global y coordinada que cubra las necesidades sanitarias y sociales de las personas con enfermedades mentales en su entorno. Otras actividades incluyen el desarrollo de centros ambulatorios ampliados, el establecimiento de pabellones de atención psiquiátrica de casos agudos en hospitales generales, y actividades encaminadas a la eliminación del estigma y al fomento de la sensibilización.

88.En 2017 se iniciaron proyectos de reforma. Proyectos para la creación de 30 centros de salud mental apoyarán la futura red de 100 equipos multidisciplinarios sobre el terreno que prestarán servicios sociales y de salud eficaces a las personas con enfermedades mentales graves en todas las regiones del país. Los primeros cinco centros empezarán a funcionar en julio de 2018. Sobre la base de un análisis de las necesidades y de la situación actual, se está planificando una red de servicios sanitarios y sociales para las personas con enfermedades mentales en cada región, en cooperación con expertos de las autoridades regionales, los proveedores de servicios, los usuarios y los representantes de las compañías de seguro médico. Paralelamente, los hospitales psiquiátricos se están transformando para aprovechar su dotación de personal con el fin de promover otras formas de atención (especialmente ambulatoria) para las personas con enfermedades mentales, fuera de los complejos existentes. Se están elaborando planes de transformación para cada hospital psiquiátrico que incluyen los objetivos de la futura atención, la función que desempeñan los hospitales en las redes regionales, una propuesta de organización, la formación y el desarrollo del personal, e incluso el desarrollo urbanístico y funcional del complejo. En la primavera de 2018 se empezó a trabajar en la experimentación de nuevos tipos de servicios, por ejemplo, clínicas ambulatorias con atención ampliada, equipos móviles para niños y personas que sufren demencia, o pacientes adictos a sustancias psicoactivas. Además, se están llevando a cabo preparativos para establecer un nivel general de calidad en la atención de la salud de las personas con enfermedades mentales. Se está llevando a cabo un análisis de la calidad de los servicios existentes y se están elaborando los procedimientos recomendados de seguimiento y de formación de expertos. Todo el sistema de evaluación de la calidad se integrará en los sistemas existentes de acreditación y certificación de servicios en el sector de la salud. El proyecto de calidad también incluye un estudio sobre el uso de medidas restrictivas y la creación de un procedimiento uniforme para inspeccionar e introducir medios alternativos para hacer frente a situaciones difíciles en la atención de personas con enfermedades mentales graves. Otros proyectos se centran en la prevención del desarrollo de la enfermedad mental, su detección oportuna, la prevención de la pérdida de puestos de trabajo entre las personas en riesgo, la desestigmatización y el apoyo a los usuarios y los miembros de la familia.

D.Derechos de los refugiados, los migrantes y los apátridas

89.Por ley, los solicitantes de protección internacional pertenecientes a grupos vulnerables, incluidas las familias con niños, no pueden ser detenidos. Las personas que permanecen ilegalmente en la República Checa pueden ser detenidas si se cumplen las condiciones legales. En primer lugar, la ley obliga a evaluar si se puede imponer una medida alternativa en lugar de la detención, como la obligación de informar a la policía, el depósito de una garantía financiera o los controles de residencia. La detención es siempre el último recurso. Existen instalaciones especiales para extranjeros, con pabellones separados para mujeres, familias y menores no acompañados. La detención de menores no acompañados solo es posible si se considera que pueden poner en peligro la seguridad nacional o provocar graves desórdenes, y se realiza teniendo en cuenta el interés superior del niño. En la práctica, por tanto, no se detiene a los menores no acompañados. Los niños no son detenidos, sino que permanecen en centros junto con sus padres detenidos cuando no es posible organizar su cuidado fuera del centro. El período normal de detención no puede exceder de 180 días o, para las familias y los menores no acompañados, de 90 días, sin posibilidad de prórroga. La ampliación del período de detención a 545 días solo es posible para los extranjeros adultos que obstaculizan las actividades de expulsión que realiza la policía proporcionando información falsa sobre su identidad u obstaculizan deliberadamente su expulsión. A la vista de la jurisprudencia reiterada de los tribunales nacionales, el período de detención es siempre más corto que el plazo máximo establecido por ley. Para continuar la detención es necesario emitir siempre una decisión nueva y razonada. La policía debe informar a los extranjeros de que durante su detención pueden solicitar a un tribunal, a intervalos regulares, una revisión de la legalidad de su detención. Si se descubre que su detención es ilegal, deberán ser puestos en libertad inmediatamente. Al mismo tiempo, la policía debe continuar examinando si los motivos de la detención persisten durante todo el período de detención.

90.En la República Checa hay tres centros de detención para inmigrantes. Uno de ellos se utiliza exclusivamente para familias con niños y mujeres, y ha sido reformado totalmente para atender, en la mayor medida posible, a las necesidades de los detenidos. Además de proveer equipamiento completo, se ofrecen actividades de esparcimiento básicas y asistencia jurídica gratuita, los extranjeros tienen acceso a atención médica, asesoramiento social, etc. El personal profesional de la Administración de los Centros de Refugiados se ocupa de las personas detenidas en esos centros. En junio de 2018 se estableció una nueva estructura para mejorar el alojamiento y otros servicios para las familias con niños. También se invierten regularmente los fondos necesarios para mejorar la calidad del alojamiento en otros establecimientos de asilo y centros de detención para inmigrantes. La financiación se ha incrementado principalmente como respuesta a la crisis migratoria. Las instalaciones son visitadas e inspeccionadas periódicamente por el Defensor del Pueblo y representantes de organizaciones internacionales. La República Checa no escatima esfuerzos para evitar la reclusión de las familias con hijos. Cuando la detención se produce, las autoridades responsables velan por que se realice en condiciones compatibles con la ley, las normas internacionales y la jurisprudencia. Los datos pertinentes se indican en el anexo 10.

91.Por ley, los organismos estatales están obligados a aceptar las solicitudes de protección internacional, especialmente en los pasos fronterizos, en los centros de recepción, en las oficinas de la Policía Extranjera y en los centros de detención para inmigrantes. Una decisión de expulsión administrativa no podrá ejecutarse mientras no se haya adoptado una decisión sobre la solicitud de protección internacional anterior. Si se concede protección, la fuerza de la decisión de expulsión queda anulada por ley. Las decisiones de no conceder protección internacional podrán impugnarse ante los tribunales con efecto suspensivo directo, directamente o previa solicitud. Los solicitantes tienen derecho a permanecer en el país y no podrán ser expulsados mientras no se adopte una decisión definitiva. Al decidir sobre la expulsión administrativa, la policía debe solicitar una opinión vinculante del Ministerio del Interior sobre la posibilidad de que un extranjero abandone el país en función del principio de no devolución.

92.La legislación checa sobre la adquisición de la ciudadanía se basa en la prevención de la apatridia mediante la adquisición de la ciudadanía de conformidad con los tratados internacionales. La apatridia propiamente dicha no está definida en la legislación checa. En su lugar, se utilizan las definiciones de las convenciones y convenios internacionales. Los apátridas tienen la condición de ciudadanos extranjeros ordinarios y pueden adquirir la ciudadanía checa siguiendo procedimientos legales. Un niño nacido dentro del matrimonio adquiere la ciudadanía checa automáticamente al nacer si al menos uno de los progenitores tiene la ciudadanía checa. Un niño nacido fuera del matrimonio cuya madre posea la ciudadanía checa también adquiere la ciudadanía checa automáticamente al nacer. Si un niño nace fuera del matrimonio y la madre no tiene la ciudadanía checa, pero el padre es checo, adquiere la ciudadanía checa después de que se determina la paternidad. La ley establece que los niños menores de 3 años que sean encontrados en la República Checa y cuya identidad no pueda determinarse adquieren la ciudadanía checa en la fecha de su descubrimiento, si no han adquirido la ciudadanía de otro Estado. La ley también permite que los niños nacidos en la República Checa, cuyos padres sean apátridas o que no hayan adquirido la ciudadanía de ninguno de los progenitores, adquieran automáticamente la ciudadanía checa al nacer, siempre que en la fecha de nacimiento del niño al menos uno de los progenitores hubiera obtenido la residencia por un período superior a 90 días. La ciudadanía checa se otorga, asimismo, a un niño apátrida nacido en la República Checa y colocado en alguna modalidad alternativa de cuidado. La ciudadanía checa también puede ser adquirida por una persona mayor de 3 años con una madurez intelectual deficiente o una discapacidad física encontrada en la República Checa y cuya identidad no haya sido determinada, si no es ciudadana de otro Estado.

Derecho a la protección judicial e independencia del poder judicial

A.Organización del poder judicial

93.La independencia del poder judicial sigue estando garantizada principalmente por la Constitución. En la práctica, la independencia judicial se sigue aplicando mediante el nombramiento de los jueces por un período indefinido, el cese de sus funciones únicamente por razones estatutarias, la posibilidad de destituir al juez únicamente sobre la base de un procedimiento disciplinario, el traslado de un juez únicamente con su consentimiento o a petición de este, y la incompatibilidad de la función judicial con otras funciones del poder ejecutivo (el Presidente de la República, un ministro, un funcionario público) y del poder legislativo (un diputado o un senador). Esas garantías se complementan con la obligación del juez de mantener la dignidad y la buena reputación de su cargo y condición jurídica. La independencia de los jueces en relación con las partes en los procedimientos queda garantizada por la asignación de cada caso a un juez sobre la base de un calendario de trabajo claro y objetivo. Las partes pueden presentar una objeción por parcialidad, con arreglo a la cual el juez que no actúa con imparcialidad queda excluido del proceso de adopción de decisiones y su decisión podrá ser anulada. La independencia de los tribunales y de los jueces está protegida contra los delitos de usurpación de la independencia de un juez, violencia contra el tribunal como autoridad pública o contra un juez como funcionario público, amenazas a una autoridad pública o a un funcionario, abuso y obstrucción de los poderes de un funcionario y, no menos importante, la aceptación o el ofrecimiento de un soborno. La independencia también incluye el nivel de remuneración legal correspondiente.

94.El nombramiento de los jueces se rige principalmente por la Constitución. Todo ciudadano checo de reconocido prestigio, que posea un título en derecho, podrá ser nombrado para desempeñar el cargo de juez. La ley presupone experiencia y cualidades morales que garanticen el debido ejercicio del cargo, al menos 30 años de edad, 3 años de experiencia jurídica en el poder judicial u otra ocupación jurídica especializada y la aprobación de un examen judicial especializado u otro examen jurídico adecuado. Una vez nombrado por el Presidente de la República, el juez —cuya aprobación se habrá obtenido previamente— es asignado a un determinado tribunal por el Ministro de Justicia y no puede ser trasladado sin su consentimiento. La única excepción es un cambio legal en la organización de los tribunales, o un cambio en la jurisdicción o en los circuitos de los tribunales. Los propios jueces pueden solicitar el traslado a otro tribunal; si desean ser trasladados a un tribunal superior, deben tener la correspondiente experiencia jurídica. En interés del buen desempeño del poder judicial, los jueces también pueden ser adscritos, con su consentimiento, a otro tribunal por un período máximo de 3 años. Según la Constitución, el juez cesa en sus funciones por motivo de fallecimiento, pérdida de la capacidad personal para desempeñar el cargo por problemas de salud, pérdida de la integridad o de la ciudadanía checa, destitución por falta disciplinaria, dimisión, o expiración del año en que cumple 70 años de edad.

95.Los detalles específicos del proceso de selección de los candidatos para el servicio preparatorio judicial se establecen en un Decreto de Aplicación de 2017 del Ministerio de Justicia. El Decreto introdujo una mayor armonía en el sistema y mejoró la forma de seleccionar a los candidatos. En el nuevo sistema, los candidatos ayudarán a los jueces en su trabajo cotidiano en los tribunales como parte de su servicio preparatorio. Durante su formación, se informarán de los procesos judiciales, adquirirán conocimientos básicos para la formulación de decisiones sencillas y tendrán en cuenta los conceptos de decisiones más complejas. Para ser admitidos, deben superar una prueba de acceso que verifique sus conocimientos técnicos básicos, cumplir los requisitos de admisión y someterse a una entrevista de admisión posterior ante una comisión del tribunal regional pertinente. El Decreto de Aplicación suprimió el requisito anterior relativo a un examen psicológico y de diagnóstico. El servicio preparatorio dura tres años, a menos que se pueda incluir experiencia legal previa específica. Sus objetivos consisten en profundizar los conocimientos jurídicos especializados, desarrollar la capacidad del candidato para aplicar la legislación en la práctica, dar a conocer los distintos órdenes del día de los tribunales, familiarizar al candidato con los procedimientos y costumbres necesarios y con los principios éticos de la función judicial. El curso del servicio preparatorio y sus normas son supervisados desde un punto de vista profesional y pedagógico por instructores de jueces especialmente designados, y supervisados y evaluados por un órgano asesor judicial.

96.El “Libro Blanco sobre el Poder Judicial” se elaboró en 2016 como documento básico para un debate sobre los cambios en el poder judicial checo. Su objetivo era ofrecer medidas que optimizaran el funcionamiento de los tribunales, aumentaran la eficiencia del poder judicial y la aplicabilidad de la ley, e intensificaran la confianza del público en el sistema judicial. La selección y el nombramiento de los jueces es una de sus partes, junto con la racionalización de la administración de los tribunales, la evaluación de los jueces, su promoción, etc. La informatización del poder judicial y la recodificación de los procedimientos judiciales civiles y penales son otros pasos importantes. Aunque el Libro Blanco aún no ha sido aprobado, algunas de sus secciones se utilizan como base para las medidas de reforma, por ejemplo, los cambios en la selección de jueces descritos anteriormente.

97.El estatuto de la fiscalía pública es diferente, ya que forma parte del poder ejecutivo y representa el interés público en los procedimientos penales o realiza otras tareas de conformidad con la ley. Como tal, su independencia es más débil. Los fiscales deben ser independientes principalmente en el desempeño de sus actividades. El funcionamiento de la fiscalía se rige por una ley especial que prevé normas específicas con respecto a los procedimientos de selección, nombramiento y destitución, una definición de sus relaciones internas dentro del sistema, las condiciones personales y profesionales para el ejercicio de la función de fiscal, las garantías prácticas de imparcialidad en el desempeño de las funciones, la regulación de la responsabilidad disciplinaria y las posibilidades de destitución. La ley define la competencia de los fiscales en los procedimientos penales y otros procedimientos judiciales y en la supervisión de otros órganos. Los fiscales están obligados a actuar de manera profesional, consciente, responsable, imparcial, justa y sin demoras indebidas. En el ejercicio de sus funciones no deberán permitir influencias de ningún tipo ni el menoscabo de su dignidad o confianza en el ejercicio imparcial y profesional de sus funciones.

98.Todo ciudadano checo honorable, que haya cumplido los 25 años de edad, sea licenciado en derecho, haya aprobado un examen final y posea las cualidades morales necesarias para garantizar el debido ejercicio de su cargo, podrá ser nombrado fiscal. Las normas sobre la experiencia y los exámenes son similares a las aplicables a los jueces y también se rigen por un Decreto de Aplicación de 2017. Los fiscales son nombrados por el Ministro de Justicia por tiempo indefinido, previa presentación de candidaturas que efectúa el fiscal supremo. Los fiscales son asignados, con su consentimiento, a una fiscalía en particular y solo pueden ser transferidos si están de acuerdo con ello, a menos que se trate de cambios organizativos exigidos por ley. También pueden ser transferidos temporalmente si así lo solicitan. Una vez más, el cargo de fiscal es incompatible con el cargo de juez, diputado o senador, o con cualquier otra función de la administración pública. Como en el caso de los jueces, el fiscal cesa en el cargo por motivo de fallecimiento, pérdida de la capacidad personal para ocupar el cargo debido a la mala salud, pérdida de la ciudadanía checa, pérdida de la integridad, expulsión debido a una falta disciplinaria, renuncia o el vencimiento del ejercicio en el que alcanza la edad de 70 años.

99.En los últimos años se ha estado elaborando una nueva ley sobre el ministerio público destinada a reforzar la independencia de los fiscales y su responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. El propósito de la nueva legislación es contribuir a la transparencia de las relaciones internas y ayudar a limitar la posibilidad de injerencias ocultas en el tratamiento de casos específicos. El proyecto de ley fue aprobado por el Gobierno y presentado posteriormente a la Cámara de Diputados en 2016, pero no fue objeto de debate o aprobación al término de la legislatura. Por el momento el Gobierno no tiene planes de presentar nuevamente ese proyecto de ley.

B.Acceso a la protección judicial

100.En el último informe se describieron las medidas generales para evitar demoras en las actuaciones judiciales. Las partes en las actuaciones siguen teniendo derecho a quejarse por los retrasos y a exigir que se fije un plazo para la ejecución de una medida procesal. Sigue existiendo la posibilidad de reclamar indemnización por demoras en las actuaciones, por ejemplo, a través de los tribunales. En 2011 el Tribunal Supremo emitió una opinión unificadora en la que aclaraba las normas relativas a la indemnización por retrasos y designaba cantidades razonables de indemnización por año de retraso. Muchas de las enmiendas a los reglamentos de procedimiento que simplifican las actuaciones judiciales, permiten el uso de la tecnología electrónica y de las comunicaciones, y restringen el número de casos que se someten al Tribunal Supremo, etc., tienen por objeto reducir la carga de trabajo de los tribunales. La computadorización del poder judicial también se aborda en la Estrategia Departamental del Ministerio de Justicia para el Desarrollo de la Justicia Electrónica 2016-2020.

101. En sus exámenes anuales de la agenda judicial, el Ministerio de Justicia supervisa la duración de las actuaciones judiciales dentro de las agendas individuales. A partir de mediados de 2012, el Ministerio de Justicia puso en marcha un proyecto titulado “Racionalización de la Actividad de los Tribunales mediante el Fortalecimiento de la Capacidad Administrativa”, cuyo objetivo era mejorar la eficiencia de las actividades del Tribunal mediante la ampliación de su dotación de personal. Los 13 tribunales con el mayor número de casos pendientes fueron seleccionados para la ejecución de proyectos y se asignaron 102 nuevos expertos y personal administrativo para tramitar los casos más sencillos que los empleados judiciales no podían atender debido a la escasez de personal. En 2014 ese proyecto ayudó a reducir el número de casos pendientes en esos tribunales, a pesar del aumento del número de nuevos procedimientos. El proyecto se amplió posteriormente hasta 2015. En agosto de 2014 el Ministerio de Justicia puso en marcha otro proyecto, “Introducción de la Videoconferencia en el Ministerio de Justicia”, destinado a agilizar las comunicaciones entre las fiscalías, los tribunales y las prisiones. Ese proyecto prevé la introducción de 143 dispositivos de videoconferencia en 123 instituciones —todos los tribunales, ciertas fiscalías y prisiones— para reducir las demoras en los procedimientos judiciales. Las videoconferencias también permitirán ahorrar en el transporte de las personas detenidas o en prisión preventiva, así como en los gastos de los testimonios de los testigos y los honorarios de los peritos. Su uso también mejorará la situación de las víctimas en los procedimientos penales, al no tener que entrar en contacto con el autor del delito y evitar así una victimización secundaria. La duración de las actuaciones se indica en el anexo 11.

102.Las tasas judiciales están reguladas por ley. En el período que abarca el informe se aumentaron ligeramente algunas tasas y se revisaron algunas exenciones de las tasas judiciales, pero en todos los casos el Gobierno se aseguró de que el nivel de las tasas judiciales no impidiera a nadie el acceso a la justicia. La tasa básica para interponer una demanda en primera instancia es de 1.000 coronas checas desde hace varios años; la mayoría de las demás tasas básicas son inferiores a 5.000 coronas checas. Incluso se han reducido algunas tasas —por ejemplo, la tasa por una acción contra la discriminación es ahora de 2.000 coronas checas. Muchas acciones de carácter social o familiar están totalmente exentas de tasas. En otros casos, el solicitante puede solicitar una exención parcial o, en casos excepcionales, total de las tasas judiciales en función de su situación económica. Por consiguiente, esas medidas garantizan el acceso a un tribunal independientemente de los bienes del demandante.

103.Además de la obligación de pagar una tasa judicial, las partes en el proceso pueden, por razones sociales, estar exentas también de otras costas procesales, incluida la representación, y se les podrá asignar un abogado como su representante, a cuenta del Estado. El nuevo sistema de asesoramiento jurídico, en vigor desde el 1 de julio de 2018, permite a los solicitantes indigentes solicitar al Colegio de Abogados de la República Checa la asignación de un abogado para que preste asesoramiento o servicios jurídicos. La duración de ese asesoramiento representa un mínimo de 30 minutos y un máximo de 120 minutos anuales. El solicitante paga una tasa de 100 coronas checas por sesión. Están exceptuados de esta obligación los menores de 15 años, las personas que gozan de prestaciones por condiciones de vida difíciles, las personas con discapacidades graves y las personas dependientes del cuidado de terceros y sus cuidadores. Se ha ideado una forma especial de asesoramiento jurídico para los extranjeros alojados en centros de detención para inmigrantes y centros de acogida. Los propios centros presentan la solicitud por iniciativa del extranjero sin necesidad de pagar honorarios. Un abogado presta entonces asesoramiento en el centro a todos los interesados, y los gastos corren por cuenta del Estado. Actualmente también se puede prestar asistencia letrada, a cargo del Estado, en forma de representación en los procedimientos administrativos y en las actuaciones ante el Tribunal Constitucional. El sistema original se ha complementado de esta manera a fin de prestar asistencia jurídica en todas las situaciones pertinentes.

C.Niños menores de 15 años en los tribunales de menores

104.En virtud de la legislación checa, los menores de 15 años no son penalmente responsables. Si un niño comete un acto que de otro modo constituiría un delito, se pueden celebrar procedimientos judiciales especiales, siempre que el niño sea capaz de comprender la esencia y los efectos de su acto y las consecuencias de los procedimientos. Esos procedimientos civiles no se llevan a cabo para imponer castigos, sino para adoptar medidas correctivas orientadas a la eficaz integración del niño en la sociedad. Se podrán imponer medidas educativas y de protección que impliquen su internamiento en un centro escolar cerrado o en un hospital psiquiátrico. Al imponer ese tipo de medidas, el tribunal tiene en cuenta sus efectos preventivos y educativos en el niño. El tribunal puede abstenerse de imponer cualquier medida si la audiencia en el tribunal es suficiente para corregir la conducta del niño. Además del niño y sus tutores, los organismos de protección de la infancia también son parte en el proceso. Un tribunal de menores designa a un abogado como tutor ad litem del niño. La opinión del niño deberá conocerse siempre en el acto procesal.

105.Si en las actuaciones penales se demuestra que el acto ha sido cometido por una persona menor de 15 años, el enjuiciamiento penal es inadmisible y no puede iniciarse. El fiscal está obligado a solicitar al tribunal la adopción de medidas correctivas. Durante la investigación de los hechos de un delito se puede solicitar explicaciones a un niño menor de 15 años. El tutor legal u otro tutor del niño deberán ser notificados con antelación, a menos que se trate de un asunto urgente. El niño puede solicitar la ayuda de un abogado para la presentación de explicaciones. Si posteriormente se inicia un procedimiento judicial, se designa a un abogado como tutor del niño quien, como parte en el procedimiento, tiene derecho a acceder al expediente.

Libertad de expresión

A.Delito de difamación

106.La difamación está tipificada como delito desde hace mucho tiempo en el derecho penal checo. Uno de los objetivos, en consonancia con el Pacto, es proteger el derecho de las personas a la protección de su honor y reputación. La difamación es la comunicación de información falsa, capaz de menoscabar gravemente la reputación de una persona entre sus conciudadanos. De los comentarios de los expertos y de la jurisprudencia se desprende que la información debe ser falsa y que la persona debe comunicarla deliberadamente, a sabiendas de que es falsa y con la intención de socavar así la reputación de otra persona, o al menos debe ser consciente de que la información puede ser falsa y socavar la reputación de alguien. En consecuencia, quien publique información veraz pero despectiva, o información falsa y despectiva sin intención de dañar a nadie, no incurre en difamación. Cualquiera que publique información falsa en la creencia de que es verdad estaría actuando erróneamente y no sería sancionado. Solo es punible el hecho de socavar gravemente la reputación de una persona. Cualquier menoscabo común o insignificante puede considerarse como un delito menor o ser objeto de una acción civil. Por último, la comunicación de información en forma de juicio de valor, cuando la veracidad es imposible de verificar, no puede considerarse difamación. En varias decisiones, el Tribunal Constitucional ha declarado que las personas públicas están sujetas a límites de crítica admisible más amplios que las personas privadas. Por consiguiente, la República Checa está convencida de que el delito de difamación, en esta forma, es compatible con los compromisos contraídos en virtud del Pacto.

107.En los casos más graves, cualquier persona que cometa difamación podrá entrar en prisión por un período máximo de un año. Independientemente de que se comunique a través de la prensa, el cine, la radio, la televisión, una red informática de acceso público u otros medios igualmente eficaces, la pena será de prisión por un máximo de dos años o de inhabilitación. Al determinar el tipo de pena y su alcance, el tribunal tiene en cuenta la naturaleza y la gravedad del delito cometido, las circunstancias personales, familiares, económicas y de otra índole s circunstancias del delincuente, su estilo de vida hasta la fecha y cualquier oportunidad de corregirlo, su conducta después de la comisión del delito, en particular los esfuerzos para compensar los daños o eliminar otras consecuencias perjudiciales del delito, y los efectos y las consecuencias de las sanciones para la vida de esa persona en el futuro. El tribunal no puede imponer una sanción penal más severa a un delincuente si la imposición de una sanción más leve es suficiente. Cuando se trata de un delito menor el tribunal puede abstenerse de imponer cualquier tipo de sanción si el delincuente se arrepiente de haber cometido el delito y ha hecho esfuerzos efectivos para corregir la situación. El tribunal puede imponer una pena de prisión condicional; si la persona condenada lleva una vida ordenada durante el período de prueba y cumple todas las condiciones impuestas, el tribunal declarará que esa persona ha demostrado su capacidad para actuar correctamente, por lo que no se aplicará la pena. Se puede imponer el arresto domiciliario, el trabajo comunitario o una multa en lugar de la pena de prisión. En la práctica, por lo tanto, la sanción penal por difamación a menudo no da lugar a encarcelamiento. Los datos sobre el enjuiciamiento de la difamación figuran en el anexo 12.

B.Libertad de los medios de comunicación

108.La enmienda a la Ley de Conflictos de Intereses de 2017 prohibió a los funcionarios públicos (en particular a los diputados, senadores, ministros del gabinete y sus adjuntos, jueces y fiscales, alcaldes, presidentes de consejos regionales y miembros de consejos y asambleas regionales y municipales) la emisión de programas de radio o televisión o la publicación de publicaciones periódicas, así como la participación como socio, miembro o entidad de control en empresas dedicadas a tales operaciones. Al entrar en funciones, los funcionarios públicos deben interrumpir esas actividades en un plazo de 60 días. En caso de no poder hacerlo a tiempo, deberán adoptar todas las medidas necesarias e informar sobre el particular al Ministerio de Justicia. Los funcionarios públicos que no ponen fin a su participación o pertenencia a una entidad jurídica determinada no pueden ejercer el derecho de voto en esa entidad. Esa situación debe señalarse en la notificación anual de sus actividades al Ministerio de Justicia, que los divulga públicamente en un registro. También están obligados a presentar una notificación en el momento de su entrada en funciones y de su cese en el cargo. El incumplimiento de esas obligaciones constituye un delito menor que puede ser sancionado con una multa que oscila entre 5.000 y 250.000 coronas checas.

109.El Consejo de Emisiones de Radio y Televisión de la República Checa, que supervisa la preservación y el desarrollo de la pluralidad de los canales y de la información en la radiodifusión y la televisión, así como la independencia de su contenido, conoció un caso de presunta influencia en las noticias de la emisora de televisión TV Prima. El hecho de que se ordenara a los periodistas que actuaran en contra de los principios de objetividad y equilibrio fue considerado alarmante por el Consejo, pero señaló que una instrucción interna para modificar las noticias no podía, en sí misma, infringir en modo alguno la Ley de Radiodifusión y Televisión. La ley solo se infringe por noticias no objetivas y desequilibradas que responden a prejuicios estereotipados sobre minorías étnicas, religiosas o raciales, o que incluso incitan al odio por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o creencias, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional o étnica, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. En esos casos, el Consejo podría exigir una explicación al organismo de radiodifusión y, a continuación, alertarlo de la infracción de la ley y especificar un plazo para la adopción de medidas correctivas; si el problema no se resuelve, puede imponer una multa de hasta 2,5 millones de coronas checas, o de 10 millones, dependiendo de las circunstancias, por el delito menor.

110.En 2015-2016, el Consejo supervisó en dos ocasiones la difusión de las emisoras nacionales, incluida TV Prima. La supervisión se centró en el cumplimiento de la ley al informar sobre la crisis migratoria, y en la imagen que difundían los medios de comunicación sobre los acontecimientos relacionados con la migración y los migrantes. Sobre la base de su primer análisis, el Consejo constató que la difusión de programas sobre cuestiones de migración se ajustaba a la ley en la mayoría de los organismos de radiodifusión. Aún así, pidió a TV Prima que ofreciera explicaciones con respecto al equilibrio de dos de sus programas. TV Prima facilitó las dos explicaciones solicitadas. El Consejo consideró que se había aclarado suficientemente el procedimiento seguido por el organismo de radiodifusión y no adoptó ninguna otra medida. El segundo análisis también demostró que la transmisión de eventos relacionados con la migración era coherente con la ley. No obstante, existían ciertas dudas sobre TV Prima en el sentido de que, en varios informes, no había separado la valoración de los comentarios de la presentación de la información, de modo que los telespectadores no podían formarse una opinión propia e independiente sobre la base de la información difundida. Nuevamente, el Consejo pidió explicaciones al organismo de radiodifusión, y esta vez decidió advertirle del incumplimiento de sus obligaciones y fijarle un plazo de siete días para adoptar medidas correctivas. No se impusieron otras sanciones.

C.Libertad de información

111.En 2011 el Ministerio del Interior efectuó un análisis de la eficacia de la Ley de Libertad de Información. El Gobierno tomó nota del análisis de 2012 e impartió instrucciones al Ministerio del Interior para que preparara cambios legislativos para reforzar la eficacia de la Ley. Los principales cambios incluyeron la introducción de una orden de información en virtud de la cual un organismo superior podía ordenar a una entidad responsable que proporcionara la información solicitada, la introducción de una prueba de interés público para evaluar las prohibiciones legales sobre la divulgación de información, la posibilidad de rechazar una solicitud manifiestamente obstructiva y la exigencia de un depósito para cubrir los costes, y una modificación de la provisión de información sobre la remuneración de los empleados públicos. Sin embargo, en última instancia, la enmienda no fue aprobada al término de la legislatura. Posteriormente, en 2018, se elaboró una enmienda que incluía la orden de información, el depósito para cubrir los costes y la posibilidad de rechazar una solicitud obstructiva o provocadora. Dicha enmienda respondía, en parte, a las sentencias judiciales relativas al suministro de información sobre la remuneración de los empleados públicos y la definición de institución pública que se describe a continuación. Por lo demás, solo se introdujeron cambios menores en la Ley relacionados con la adopción de otros actos legislativos, por ejemplo, la Ley de Ciberseguridad y la Ley sobre el Registro Central de Cuentas. En 2015 se introdujo la obligación de publicar la información a modo de datos abiertos u otros medios que facilitaran su reutilización eficiente.

112.A finales de 2013 el Ministerio del Interior analizó el acceso a la información en la administración pública. Dicho análisis identificó algunos problemas de divulgación de información que podían abordarse en los tribunales y no requerían ningún tipo de intervención legislativa. Los principales problemas son, por un lado, los procedimientos obstructivos que siguen determinadas entidades en la tramitación de las solicitudes de información y, por el otro, el uso indebido de las solicitudes por parte de determinados solicitantes, es decir, los que sobrecargan a las entidades con solicitudes de información, que pueden resultar difíciles de tramitar, por ejemplo, en el caso de los municipios pequeños. Esos problemas se abordarán mediante una enmienda que está en vías de preparación. El Tribunal Administrativo Supremo también ha facilitado la posibilidad de interponer recurso contra las denegaciones reiteradas en contravención de la opinión del órgano superior, de modo que el tribunal pueda ordenar inmediatamente a la entidad que divulgue la información. Las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en 2015 también demostraron que la mayoría de las autoridades lograban tramitar oportunamente las solicitudes de información. En aproximadamente el 2 % de los casos se interponen recursos de casación. Todas las autoridades, excepto una, también tramitan a tiempo las apelaciones y denuncias contra las decisiones de las entidades subordinadas. En la mayoría de los casos la ampliación de los plazos para el suministro de información obedecía al gran volumen de la recopilación de datos. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo recomendó ampliar la capacidad de las autoridades y dio instrucciones para que se rechazaran las solicitudes improcedentes.

113.Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de los datos abiertos en la legislación checa en 2016. Por datos abiertos se entiende la información divulgada de manera que facilite el acceso a distancia en un formato abierto y legible, sin limitar ni el método ni la finalidad de su uso posterior. De conformidad con una norma gubernamental, esos datos incluyen las vacantes en las oficinas de empleo o en la administración pública, los datos en el registro de contratos de los organismos públicos, la información sobre los buzones de datos y sus propietarios, la contratación pública, las cuentas financieras de las entidades públicas, las subvenciones y otras ayudas públicas, los datos de los registros públicos de las personas físicas y jurídicas, la información sobre los proveedores de servicios sociales y los horarios del transporte público. Se ha creado un sitio web con orientaciones para la administración pública y asesoramiento para los usuarios de los datos, que pueden proponer la divulgación de otros datos.

114.El acceso a la información suele ser objeto de la jurisprudencia. El Tribunal Administrativo Supremo concluyó inicialmente que los empleados del sector público eran receptores de recursos públicos, por lo que debía proporcionárseles información de facto sobre su remuneración en todos los casos debido a la inexistencia de excepción legal. En 2014, la Gran Sala del Tribunal Administrativo Supremo aclaró que esa información se proporcionaba como cuestión de principio y que únicamente en casos realmente excepcionales podía denegarse la divulgación, por ejemplo, en el caso de los empleados que realizaban actividades de servicios (como mantenimiento, limpieza, servicio de comedores). Sin embargo, los empleados tienen derecho a la protección de sus derechos y deben ser incluidos en el proceso de suministro de información sobre su remuneración como partes interesadas, de modo que el suministro de información no suponga una interferencia ilegal en su derecho de propiedad de sus datos. Por otro lado, en 2017 el Tribunal Constitucional limitó el acceso a ese tipo de información, condicionando el suministro de información relacionada con la remuneración al interés público en el debate público. La información debe referirse al interés público, el solicitante debe solicitar información a efectos de debate público, y la descripción de trabajo del solicitante debe incluir la supervisión de la aplicación del interés público. De conformidad con otro fallo del Tribunal Constitucional, la participación mayoritaria pública no convierte necesariamente a una empresa comercial en una institución pública, y su obligación de información debe estar regulada por ley.

Derechos del niño

A.Violencia contra los niños

115.La violencia contra los niños es totalmente inadmisible en todos los entornos, incluido el familiar. Se prohíben tanto los castigos corporales como psíquicos en las escuelas y en los centros sociales o de salud. En virtud del Código Civil, los padres pueden aplicar métodos disciplinarios solo de forma razonable y en grado razonable, y no pueden poner en peligro la salud o el desarrollo del niño o menoscabar su dignidad humana. Cuando el desarrollo favorable de un niño corra grave peligro o se vea gravemente perturbado, el tribunal podrá dictar una medida provisional que ordene su separación del cuidado parental y, en casos extremos, podrá restringir los derechos de los padres o retirarles la patria potestad. Las lesiones corporales leves, la mala conducta o su amenaza o el uso de medios educativos irrazonables pueden constituir delitos menores contra la coexistencia civil o delitos menores en virtud de la Ley de Protección de la Infancia. Las lesiones corporales más graves, intencionadas o incluso negligentes, constituyen delito penal. Los casos de violencia extrema recaen en el ámbito del delito de maltrato de una persona cuyo cuidado haya sido confiado al autor. En los casos de violencia doméstica, los niños pueden ser amparados por los mecanismos de expulsión antes mencionados.

116.El abuso sexual de menores es punible en particular como delito de abuso sexual de menores de 15 años. Las relaciones sexuales con niños de edades comprendidas entre los 15 y 18 años constituyen un delito si son forzadas o se llevan a cabo a cambio de una remuneración, pero no si son consensuales, y se tratan como delitos de coacción sexual, incitación a mantener relaciones sexuales, violación, o trata de personas. La producción y otras formas de uso de pornografía infantil, el abuso de un niño para producir pornografía o la participación en una actuación pornográfica que involucre a un niño también constituyen delito. Los delitos violentos como el asesinato, el homicidio sin premeditación o las lesiones corporales, o los delitos contra la libertad, como la trata de personas, la privación o restricción de la libertad personal, la restricción ilegal, el chantaje o la coacción, cometidos contra un niño o niña conllevan penas de prisión más severas. Los delitos de sustracción de menores y de entrega del cuidado de un niño a terceros también conllevan condenas de prisión severas con el objeto de proteger a los niños contra la violencia. El hecho de no impedir la comisión o la conclusión de muchos de esos delitos también es sancionable por la vía penal. Los niños víctimas son también víctimas particularmente vulnerables y, si son menores de 15 años, es posible el enjuiciamiento penal incluso sin su consentimiento en todos los casos.

117.Las fuerzas del orden siempre son particularmente meticulosas al investigar los delitos contra niños. Los niños son examinados por agentes de policía especialmente capacitados. En todas las regiones se han establecido salas especiales para entrevistar a los niños víctimas o testigos. Actualmente hay 68 salas especiales, y se están estableciendo otras más. Los agentes de policía checos, al igual que los fiscales y los jueces, reciben formación continua en el enjuiciamiento de los actos de violencia perpetrados contra los niños y en la asistencia a los niños víctimas. La policía checa lleva a cabo programas educativos destinados a los organismos de protección de la infancia, las escuelas y las guarderías sobre el modo de prevenir la violencia contra los niños, y elabora material de orientación. Además, se organizan charlas sobre actividades de precaución en las escuelas.

118.La cooperación mutua entre los órganos pertinentes y el intercambio de información también son importantes para proteger a los niños contra la violencia. En 2013 entró en vigor una enmienda a la Ley de Protección de la Infancia que transformó parcialmente el sistema de atención a los niños en situación de riesgo. Esa Ley hace hincapié en garantizar la asistencia oportuna a las familias con niños en forma de trabajo social y prestación de los servicios necesarios en las fases posteriores. Los organismos de protección de la infancia evalúan las condiciones de los niños en situación de riesgo y de su familia y establecen un plan individual de protección de la infancia que aborda cada situación en particular. Asimismo, organizan conferencias de exposición de casos para compartir información sobre un niño, coordinar los procedimientos que deben seguir todas las partes interesadas y evaluar los progresos en la ejecución del plan. Además de los trabajadores sociales, los profesionales de la salud, los maestros, los psicólogos, los agentes de policía y otros expertos, el niño y su familia también asisten a las conferencias de exposición de casos para tener voz y voto en la resolución de la situación. El personal de los organismos de protección de la infancia también se especializa en la protección de los niños que han sido objeto de malos tratos y recibe formación continua en ese ámbito.

119.Desde 2015 funciona en la República Checa un sistema de líneas telefónicas europeas para situaciones de crisis y prestación de asistencia. Esas líneas son operadas por ONG y las tasas de telecomunicaciones se cubren mediante subvenciones estatales. El objetivo es garantizar que los niños en situación de crisis y los padres y familiares de los niños desaparecidos puedan llamar gratuitamente, y ocuparse de los conflictos entre los progenitores y otros conflictos y problemas familiares. Desde 2010 existe también un Mecanismo Nacional de Coordinación de la Búsqueda de Niños Desaparecidos, cuyo objetivo es encontrar de manera rápida a los niños desaparecidos. El Mecanismo prevé la participación del público en general en las búsquedas y la prestación del apoyo psicológico necesario a las familias de los niños desaparecidos. El pilar del sistema es la actividad de búsqueda de personas de la policía checa. El sistema de rescate integrado también participa en extensas búsquedas sobre el terreno.