82º período de sesiones
13 de junio a 1 de julio de 2022
Tema 4 del programa provisional
Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Respuestas de Turquía a la lista de cuestiones y preguntas relativa a su octavo informe periódico * , **
[Fecha de recepción: 9 de noviembre de 2021]
I.Marco legislativo y definición de la discriminación contra la mujer
Respuesta al párrafo 1 de la lista de cuestiones (CEDAW/C/TUR/Q/8)
Turquía cuenta con un amplio marco jurídico para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la discriminación de las mujeres, tal y como se recoge en el octavo informe periódico presentado por Turquía en virtud del artículo 18 de la Convención (párrs. 6 y 7) (véase el cuadro 1).
En Turquía, todas las mujeres y las niñas, incluidas las pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres y niñas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad y las mujeres y niñas que viven en las zonas rurales, son iguales y tienen los mismos derechos ante la ley, sin ninguna discriminación.
El recurso jurídico más eficaz disponible a nivel nacional es la vía de la demanda individual ante el Tribunal Constitucional.
El Código Penal establece un marco para los delitos de odio cometidos por diferencias de idioma, raza, nacionalidad, color, género, discapacidad, opinión política, creencia filosófica, religión o secta. Las víctimas de discriminación pueden emprender acciones legales ante los tribunales civiles o administrativos.
Las víctimas pueden también recurrir a los tribunales superiores para obtener reparación. Una vez agotados los recursos internos, las víctimas pueden presentar una demanda individual ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
La Comisión de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres de la Gran Asamblea Nacional de Turquía examina las demandas sobre las presuntas violaciones de la igualdad entre mujeres y hombres y remite las denuncias de este tipo a las autoridades competentes.
Cualquier persona física o jurídica que alegue haber sufrido un perjuicio debido a la vulneración del principio de no discriminación puede dirigirse a la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía.
La Defensoría del Pueblo ofrece otra vía de reparación. La institución también está abierta a las demandas presentadas en cualquier otro idioma que no sea el turco.
Las víctimas pueden obtener la protección que les ofrece la Ley núm. 6284 de Protección de la Familia y Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
En cuanto al examen genital, no podrá realizarse sin una carta del fiscal correspondiente y un consentimiento informado de la víctima (CEDAW/C/TUR/8, párrs. 16 a 18).
Según el Código Penal de Turquía, si una persona realiza (o encarga la realización de) un examen genital sin una decisión de un juez o un fiscal competentes, será condenada a una pena de prisión de tres meses a un año.
II.Protocolo de Estambul
Respuesta al párrafo 2 de la lista de cuestiones
La denuncia del Convenio no ha tenido consecuencias negativas para las estructuras jurídicas y administrativas establecidas en Turquía para proteger, apoyar y empoderar a las víctimas de la violencia. Turquía cuenta tanto con la infraestructura jurídica necesaria como con la suficiente experiencia basada en documentos normativos en el ámbito de la lucha contra la violencia contra la mujer.
El mecanismo de protección y prevención que se pretende establecer para las víctimas a través del Convenio, de hecho, ya está contemplado en la Ley núm. 6284, vigente desde 2012. Este instrumento jurídico garantiza que las víctimas de la violencia estén protegidas frente a ella y encuentren seguridad y protección contra actos violentos futuros del agresor, que los servicios de apoyo a las víctimas estén debidamente coordinados y que se pueda hacer un seguimiento electrónico de las medidas pertinentes.
El Plan de Acción sobre Derechos Humanos, dado a conocer a los ciudadanos el 2 de marzo de 2021, pone en marcha algunas medidas para combatir más eficazmente la violencia contra la mujer.
El Cuarto Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres (2021‑2025) establece 227 medidas con cinco objetivos principales, a saber, legislación y acceso a la justicia, política y coordinación, servicios de protección y prevención, sensibilización pública y datos y estadísticas.
El Plan de Coordinación para Combatir la Violencia contra las Mujeres (2020‑2021) fue elaborado por los ministerios de Interior, Justicia, Educación Nacional, Salud y la Presidencia de Asuntos Religiosos, bajo la coordinación del Ministerio de Familia y Servicios Sociales.
En marzo de 2021 se constituyó la Comisión de Investigación Parlamentaria para investigar los motivos de la violencia contra las mujeres y determinar las debidas precauciones.
Turquía contribuye y participa activamente en las acciones emprendidas por las organizaciones internacionales, y en este sentido se refiere especialmente a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y el centro de excelencia.
III.Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las actividades de recuperación
Respuesta al párrafo 3 de la lista de cuestiones
Los servicios de diagnóstico y tratamiento prestados a los pacientes de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID‑19) son gratuitos.
Las mujeres embarazadas tienen acceso a la vacuna.
El Programa de Apoyo Social en la Pandemia, puesto en marcha en el marco del paquete de medidas llamado “Escudo de estabilidad económica”, se ejecuta gradualmente, por fases.
Las mujeres representan el 52 % de todas las personas que pueden acogerse a este programa. El programa da prioridad a las mujeres. Las mujeres que ya reciben prestaciones regularmente han recibido directamente una línea de asistencia social de 1.000 liras turcas sin ninguna condición previa.
Otro programa ofrecía una ayuda de 1.000 liras turcas a los hogares que ya recibían prestaciones del Programa de Asistencia en Efectivo para Viudas; del Programa de Asistencia para los Huérfanos; del Programa de Asistencia en Efectivo para las Familias de los Soldados Necesitados; y del Programa de Asistencia para los Hijos de los Soldados, cuyas beneficiarias son mayoritariamente mujeres.
El Programa de Asistencia Social por el Confinamiento realizó otro pago de asistencia de 1.100 liras turcas a todos los hogares con derecho a ello.
Se entregan alimentos a las personas de edad, las personas con discapacidad y los pacientes de COVID‑19 que no pueden salir de sus casas.
Los ciudadanos extranjeros bajo protección temporal o internacional, aquellos identificados como vulnerables, recibieron una ayuda única de 1.000 liras turcas por hogar a través de una asociación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El desembolso de dicha ayuda se diseñó teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, a las madres y los padres solteros y a las personas con otras vulnerabilidades.
Unos 800.000 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de nacionalidad extranjera continuaron su educación en la Red de Información Educativa.
Para el acceso efectivo a la educación a distancia de los estudiantes que requieren educación especial, se preparó una gran cantidad de contenidos, actividades, ejercicios y libros de texto.
Se proporciona Internet gratuito para facilitar la educación en línea de los alumnos de primaria y secundaria.
Los estudiantes de educación a distancia y los que no tienen la posibilidad de acceder a la educación a distancia recibieron carpetas con material educativo que se distribuyeron a 75.504 estudiantes sirios y estudiantes turcos desfavorecidos.
Se readaptaron para alojamiento otras 71 instalaciones en 49 provincias.
La evolución de la COVID‑19 está bajo estrecha supervisión a través de instrucciones escritas dadas a 81 direcciones provinciales del Ministerio de Familia y Servicios Sociales.
Véanse los párrafos 35 y 250 a 252 del informe para obtener más información sobre las medidas aplicadas para combatir la violencia contra la mujer durante la pandemia.
IV.Acceso a la justicia
Respuesta al párrafo 4 de la lista de cuestiones
El Cuarto Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres especifica un objetivo principal en el ámbito de “Legislación y acceso a la justicia”, que pretende garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación aplicable y facilitar el acceso de las víctimas a la justicia.
La nueva Estrategia de Reforma Judicial (2019‑2023) prevé medidas específicas para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de la violencia, como la promulgación de normas de discriminación positiva y el desarrollo de prácticas diferenciadas para los derechos de las mujeres en el sistema de justicia.
En 2020 se creó el Departamento de Apoyo Judicial y Servicios a las Víctimas para proporcionar a estas la información y el apoyo que necesitan.
El número de Direcciones de Apoyo Judicial y Servicios a las Víctimas se elevó a 116.
Se han creado 109 salas de entrevistas judiciales en 104 juzgados. Se organizó un programa de capacitación en el empleo para los expertos encargados de trabajar en estas salas.
El Código de Procedimiento Penal permite a las víctimas de agresiones sexuales y a las víctimas de delitos tipificados con una condena mínima de cinco años de prisión ser representadas por un abogado de forma gratuita. También se cubren los gastos derivados del uso de intérpretes para las víctimas que no hablan turco o tienen alguna discapacidad en este sentido.
Los titulares o los demandantes de protección internacional que no tienen medios económicos para cubrir los honorarios de los abogados disponen de servicios de representación letrada para transacciones y procedimientos específicos.
El Proyecto de Apoyo para Mejorar las Prácticas de Asistencia Jurídica en pro del Acceso a la Justicia para Todos (2016‑2018) se implementó en su totalidad. El proyecto mejoró la capacidad de los abogados que ofrecen asistencia jurídica a los grupos desfavorecidos.
El Departamento de Apoyo Judicial y Servicios a las Víctimas creó el sitio web magdurbilgi.adalet.gov.tr y lo puso a disposición de los ciudadanos en tres idiomas. El Departamento también distribuyó folletos informativos sobre la asistencia jurídica en tres idiomas.
El sitio web del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia (http://www.inhak.adalet.gov.tr) permite acceder a los instrumentos que rigen los derechos humanos fundamentales y a la información sobre las decisiones del TEDH en varios idiomas.
El proyecto “Refuerzo del sistema nacional de asilo de Turquía”, implementado junto con el ACNUR, proporcionó folletos sobre asistencia jurídica en diferentes idiomas.
El Ministerio de Justicia redactó folletos sobre los derechos fundamentales. Algunos de estos folletos se tradujeron al árabe, al farsi y al inglés.
El Ministerio de Justicia puso en marcha el proyecto “Facilitar el acceso a la justicia de los refugiados” en colaboración con el PNUD y el ACNUR. El proyecto impartió formación a 210 jueces y fiscales, 70 abogados y 165 expertos. Aproximadamente 1.200 refugiados fueron informados sobre el sistema de justicia.
La aplicación denominada Sistema de Apoyo a las Mujeres (KADES) ofrece sus servicios en árabe, farsi, francés, inglés y ruso. La Comandancia General de la Gendarmería compartió vídeos en su sitio web y en sus cuentas de medios sociales sobre la aplicación KADES, además de distribuir 100.000 folletos.
La línea directa de apoyo social 183 está en servicio las 24 horas del día para las mujeres y los niños que han sufrido o están en riesgo de sufrir violencia y necesitan ayuda. La línea también es accesible en árabe y kurdo, así como a través de SMS y 3G para personas con problemas de audición.
La Constitución y la legislación pertinente salvaguardan la libertad de expresión. El Plan de Acción sobre Derechos Humanos establece que la legislación pertinente se revisará de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos a fin de salvaguardar la libertad de expresión.
La legislación de Turquía regula detalladamente las medidas de detención, captura y arresto, así como sus condiciones, duración y formas en la práctica y los recursos disponibles contra dichas medidas, y establece el marco y los límites de los procedimientos de detención legal, lo que, en cierto modo, constituye una excepción a los derechos de libertad y seguridad.
Queda fuera de toda duda que nadie puede ser investigado, perseguido o condenado de ninguna manera por sus actividades legalmente realizadas en la sociedad civil o por sus expresiones ajustadas a la ley y no constitutivas de delito.
La Política de prevención y respuesta frente a la violencia sexual relacionada con los conflictos, redactada ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con la participación activa y las aportaciones de Turquía, se aprobó en la Cumbre de la OTAN celebrada en junio de 2021. La Política sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos tiene como objetivo prevenir el uso frecuente, deliberado y estratégico de esta violencia para atacar a los civiles, destruir el tejido social de las comunidades, provocar desplazamientos, exacerbar las actividades de los agentes armados y provocar la prolongación del conflicto y la inestabilidad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un seguimiento de las acciones emprendidas en el seno de la OTAN para redactar un plan de acción al respecto.
V.Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer
Respuesta al párrafo 5 de la lista de cuestiones
La Dirección General de la Condición de la Mujer se estructuró como una de las principales unidades de apoyo que dependen del Ministerio de Familia y Servicios Sociales. Las funciones de la Dirección General de la Condición de la Mujer son las siguientes:
•Implementar y coordinar las medidas sociales de protección, prevención, educación, construcción, orientación y rehabilitación de las mujeres;
•Coordinar los esfuerzos para elaborar políticas y estrategias nacionales destinadas a prevenir la discriminación contra las mujeres, proteger y promover los derechos humanos de las mujeres y su posición en la sociedad y garantizar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, así como para aplicar, vigilar y evaluar la aplicación de las políticas y estrategias consideradas de relevancia;
•Establecer los principios, procedimientos y normas de los servicios sociales ofrecidos por los organismos e instituciones públicas, las organizaciones de voluntariado y las personas físicas y jurídicas, y velar por su cumplimiento;
•Poner en marcha medidas y proyectos para prevenir todas las formas de discriminación contra las mujeres y para hacer avanzar los derechos humanos de las mujeres y apoyar las acciones emprendidas en este ámbito.
Véase el cuadro 2 sobre el presupuesto de la Dirección General de la Condición de la Mujer.
Aunque la presupuestación con perspectiva de género no es obligatoria para las instituciones públicas, se han producido avances significativos en este ámbito.
El Programa Presidencial Anual de 2021 incluye una actividad en la que se organizarán seminarios de concienciación para los administradores públicos y se revisarán los documentos normativos en los que se basan los procesos presupuestarios en el marco del proyecto para la elaboración de una presupuestación con perspectiva de género en Turquía.
La Ley de presupuestos de la administración central de 2021 se redactó de acuerdo con el criterio de los programas basados en resultados y, en consecuencia, las partidas de financiación del presupuesto de la administración central se asignaron a 68 programas distintos. Uno de estos programas se denominó el Programa de Empoderamiento de la Mujer y, por primera vez, los recursos asignados directamente a las mujeres se hicieron visibles en el presupuesto.
Las directrices presupuestarias 2021‑2023 establecieron que los servicios públicos deben prestarse teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de las mujeres y los hombres con el fin de mejorar la eficacia de su prestación en igualdad, e instaron a las administraciones públicas a incluir el mayor número posible de indicadores relativos al seguimiento de la igualdad y a identificar sus indicadores del desempeño para poder determinar los efectos de los servicios públicos en las mujeres y los hombres y medir los progresos realizados.
El proyecto para implementar una planificación y presupuestación con perspectiva de género en Turquía se inició en diciembre de 2020 con la participación del Ministerio de Familia y Servicios Sociales como principal beneficiario, la Presidencia de Estrategia y Presupuesto como cobeneficiaria y ONU‑Mujeres como parte ejecutante.
Planes de Acción
La información sobre el progreso real de las actividades previstas en el Plan de Acción sobre Derechos Humanos se garantiza mediante la introducción de datos en el sistema de seguimiento y control a intervalos de cuatro meses.
Dicho Plan de Acción especifica el objetivo de mejorar la eficacia en la lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer. El objetivo debe ser alcanzado bajo la premisa de que las circunstancias agravantes estipuladas en la ley para los delitos contra los cónyuges se amplían ahora para incluir a los cónyuges divorciados. En este ámbito, la ley aprobada en junio de 2021 regula la comisión de los delitos de asesinato, lesiones dolosas, crueldad y privación de libertad del cónyuge divorciado como las formas más graves de estos delitos y, por tanto, prevé sanciones penales más severas para ellos.
El Documento Estratégico y Plan de Acción sobre el Empoderamiento de las Mujeres se elaboró mediante consultas con las organizaciones no gubernamentales (ONG). Estas se sumaron a las actividades pertinentes especificadas en el Plan de acción y también participan en el seguimiento.
Los resultados más destacados del Tercer Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres son los siguientes:
•El Ministerio de Familia y Servicios Sociales, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia emitieron circulares que aclaraban las obligaciones específicas a la hora de combatir la violencia contra la mujer;
•Un total de 2.031.639 personas, incluidos 1.353.943 reclutas y suboficiales militares, 75.000 funcionarios públicos, 106.389 funcionarios religiosos, 158.693 profesionales sanitarios y 337.614 agentes de la autoridad, recibieron formación y asistieron a seminarios entre 2016 y 2020;
•Se sensibilizó más a la población para prevenir los matrimonios precoces y forzados. La tasa correspondiente bajó al 0,2 % para los niños y al 3,1 % para las niñas en 2019. Se elaboraron planes de acción provinciales de lucha contra los matrimonios precoces y forzados;
•Los centros de prevención y seguimiento de la violencia aumentaron de 14 en 2013 a 81 en 2019;
•La línea directa de apoyo social 183 se reforzó en su capacidad de prestación de servicios;
•Se crearon unidades de la fuerza pública especializadas en la violencia contra la mujer;
•En 2020 se crearon tribunales de medidas cautelares en todos los juzgados.
En septiembre de 2021 se celebraron una serie de reuniones informativas con las partes interesadas en torno a la aplicación del Cuarto Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres. Se formularon una serie de indicadores para el seguimiento y la evaluación eficaces de la aplicación del Plan.
La aplicación efectiva de las políticas y medidas prescritas en el 11º Plan de Desarrollo se garantiza a través del Programa Presidencial, los programas de mediano plazo, los programas anuales presidenciales, las estrategias de desarrollo regional para el desarrollo y los sectores individuales y los planes estratégicos institucionales, todos ellos elaborados sobre la base del actual Plan de Desarrollo.
VI.Institución nacional de promoción y protección de los derechos humanos
Respuesta al párrafo 6 de la lista de cuestiones
La Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía se constituyó el 20 de abril de 2016 de conformidad con los Principios de París.
El Plan de Acción sobre Derechos Humanos prevé una actividad específica para la acreditación de la Institución de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) en un año. A tal fin, la decisión de la Junta Directiva de julio de 2021 puso en marcha los preparativos y las actividades necesarias para la acreditación de la Institución por parte de la GANHRI.
El 28 de julio de 2021 se envió una declaración de intenciones a la secretaría del Subcomité de Acreditación de la GANHRI. Las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos que pretenden solicitar la acreditación al Comité deben presentar varios documentos como siguiente paso del proceso, y ya se han emprendido actuaciones para cumplir este requisito.
VII.Medidas especiales de carácter temporal
Respuesta al párrafo 7 de la lista de cuestiones
Como continuación a la información proporcionada en los párrafos 69 a 74 del informe, se enumeran las siguientes medidas especiales de carácter temporal.
La Ley núm. 6111 establece que la responsabilidad de los empleadores en las primas de seguro a pagar por sus empleadas mayores de 18 años se cubrirá con cargo al Fondo de seguro de desempleo durante un periodo de 24 a 54 meses.
La Ley núm. 5510 de Seguro Social y Seguro General de Salud prescribe que las mujeres que se establecen para elaborar sus propios productos en una actividad generadora de ingresos permanente pueden inscribirse en el seguro voluntario para obtener 25 días de cobertura de seguro en el año 2018 y 30 días en los años siguientes, añadiendo cada año un punto a su posición, con la condición de que paguen sus obligaciones correspondientes a los seguros de invalidez, jubilación y fallecimiento y las primas del seguro general de salud.
La Organización para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (KOSGEB) está implementando un Programa de Apoyo al Desarrollo empresarial, en el que se brinda a las mujeres empresarias un impulso de un 20 % en la línea de ayuda a los nuevos empresarios.
La Ley del Impuesto sobre la Renta se modificó en 2018 para garantizar una exención de este impuesto correspondiente a la suma que debe pagar un empleador a una empleada por los servicios de cuidado de cada uno de sus hijos, a condición de que dicha suma no supere el 50 % del salario mínimo bruto mensual (es decir, 1.279,20 liras turcas) y que la suma se pague directamente a las guarderías y centros de día que ofrecen los servicios correspondientes.
El Programa de Transferencias en Efectivo Condicionadas a la Educación ofreció una suma mayor a las niñas escolarizadas que a los niños. Además, un análisis de impacto realizado sobre este Programa indicó una disminución de aproximadamente el 50 % en el número de días de absentismo escolar de los beneficiarios del programa en comparación con los no beneficiarios; una disminución aún mayor del número de días de absentismo escolar en las zonas rurales; y un descenso del número de días de absentismo escolar dos veces mayor en las niñas escolarizadas en comparación con los niños.
El programa de ayuda iniciado en 2012 para las mujeres viudas ofrece una ayuda mensual renovable en efectivo de 325 liras turcas a las mujeres que se considere que necesitan dicha ayuda, mientras la necesiten.
VIII.Estereotipos discriminatorios y prácticas nocivas
Respuesta al párrafo 8 de la lista de cuestiones
El Documento Estratégico y Plan de Acción sobre el Empoderamiento de las Mujeres especifica determinados objetivos para garantizar que los mecanismos que producen, regulan y supervisan los contenidos de los medios de comunicación sean sensibles a la mejora de la representación de las mujeres y que estas dispongan de herramientas para hacer un uso eficiente y crítico de los nuevos canales y medios de comunicación a través de la sensibilización.
En cuanto al matrimonio infantil, el artículo 124 del Código Civil establece que ninguna persona, ya sea hombre o mujer, puede casarse si no ha cumplido los 17 años, aunque el juez puede autorizar casarse a un hombre o a una mujer que haya cumplido los 16 años en circunstancias excepcionales y por razones de importancia crítica, y que el tribunal debe oír a los padres o al tutor antes de dictar esa decisión siempre que sea posible. El artículo 126 prescribe que ningún menor puede casarse sin permiso de su representante legal y el artículo 127 establece la misma restricción para los legalmente incapacitados.
El artículo 103 del Código Penal regula el delito de abusos sexuales perpetrados contra niños y establece que la persona que abuse sexualmente de un niño será condenada a una pena de prisión de 8 a 15 años.
La persona que haya mantenido relaciones sexuales con un niño que haya cumplido 15 años sin fuerza, amenaza o engaño, si es denunciada, será condenada a una pena de 2 a 5 años de prisión.
Las medidas especificadas en el informe con respecto a los matrimonios precoces se complementan con el seguimiento anual de los planes de acción provinciales de lucha contra los matrimonios precoces y forzados y con un inventario de buenas prácticas continuamente actualizado (párrs. 236 a 243).
El 25 de noviembre se realizó un anuncio de interés público específicamente dedicado a abordar los matrimonios precoces y forzados en un esfuerzo de sensibilización pública, en el marco de las acciones programadas para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
La Dirección General de la Condición de la Mujer lleva implementando desde 2019 un programa de capacitación en materia de sensibilización sobre la representación de las mujeres en los medios de comunicación dirigido a las instituciones públicas encargadas de la regulación o la supervisión de los medios de comunicación.
En agosto de 2021 se impartió un programa de capacitación específico a 48 empleados del Consejo Supremo de Radio y Televisión (RTÜK).
Véase el cuadro 3 para consultar otras actividades de formación.
El Ministerio de Educación Nacional ofrece un programa de cursos sobre prevención de la violencia contra la mujer a través de los centros de aprendizaje permanente.
Las oficinas y centros de orientación dependientes de la Dirección de Asuntos Religiosos implementaron siete proyectos sobre los derechos de la mujer, incluido uno sobre la violencia contra la mujer.
IX.Violencia de género contra la mujer
Respuesta al párrafo 9 a) de la lista de cuestiones
El Código Penal tipifica como delito los actos de violencia cometidos contra las mujeres en forma de asesinato, lesiones dolosas, crueldad, malos tratos, acoso sexual, abuso sexual de menores, relaciones sexuales con menores, privación de libertad, coacción, aborto ilegal y esterilización forzada, etc., tal y como se establece en el Código.
La Ley núm. 6284 tiene por objeto regular los procedimientos y principios relativos a las medidas que deben adoptarse para proteger a las mujeres, los niños y los miembros de la familia que han sufrido violencia o corren el riesgo de sufrirla y a las víctimas de acoso, y para prevenir los actos de violencia contra esas personas.
Respuesta al párrafo 9 b) de la lista de cuestiones
El Código Penal no prescribe que una relación y afinidad entre un agresor y una víctima pueda crear un impacto que conduzca directamente a la impunidad. Cualquier afinidad específica entre un autor y una víctima se considera en el Código Penal como un criterio para la investigación de oficio de determinados delitos o su tratamiento como delitos más graves que requieren penas más severas. A modo de ejemplo, la investigación de la forma leve del delito de lesiones dolosas que requieren un simple tratamiento médico (artículo 86) requiere una denuncia penal previa.
Sin embargo, si el mismo delito se ha cometido contra un cónyuge, un descendiente, un ascendiente o un hermano, la investigación y el enjuiciamiento penal correspondientes se inician ex officio, es decir, sin requerir una denuncia penal previa. También existen normas similares con respecto a delitos como la tortura, la crueldad, las lesiones dolosas, el acoso sexual y la privación de libertad.
El artículo 151 del Código Civil de Turquía incluye una disposición para la anulación de cualquier matrimonio celebrado mediante intimidación.
Respuesta al párrafo 9 c) de la lista de cuestiones
Los datos de la Dirección General de Antecedentes Penales y Estadísticas del Ministerio de Justicia muestran que todas las órdenes de alejamiento concedidas en virtud de la Ley núm. 6284 se emiten con sumo detenimiento y de forma inmediata el día de su reconocimiento. Las órdenes de alejamiento dictadas en virtud de la Ley núm. 6284 son ejecutables inmediatamente después de su emisión.
El hecho de que dicha orden no haya podido ser comunicada a las partes pertinentes o de que no haya transcurrido el plazo previsto para los recursos no constituye un obstáculo para la ejecución de la orden de alejamiento.
Las medidas prescritas en la Ley núm. 6284 se complementan también con una medida de control técnico (aplicada mediante un brazalete electrónico) para permitir un seguimiento eficaz.
El Centro de Vigilancia Electrónica fue creado por el Departamento de Orden Público, dependiente de la Dirección General de Seguridad, con el objetivo de controlar a las personas sujetas a órdenes de “vigilancia técnica” en virtud de la Ley núm. 6284. Este centro desarrolló una aplicación de brazalete electrónico dotada de la capacidad necesaria para 1.000 casos en 81 provincias. En virtud de las circulares emitidas por el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, las órdenes de alejamiento dictadas al amparo de la Ley núm. 6284 serán comunicadas por las unidades de la fuerza pública teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Esta disposición ha hecho posible que los actos de violencia recurrentes o los incumplimientos de las órdenes de alejamiento sean condenados con una pena de prisión coercitiva, y ha añadido un elemento disuasorio adicional a la comunicación de las órdenes.
En enero de 2020 se crearon nuevas oficinas de lucha contra la violencia doméstica y la violencia contra la mujer a nivel de distrito, dependientes de 81 direcciones provinciales de la policía nacional de Turquía, y en la actualidad funcionan 1.005 oficinas de este tipo con aproximadamente 6.000 empleados.
Respuesta al párrafo 9 d) de la lista de cuestiones
Según la Ley núm. 6284, cualquier persona puede denunciar un acto o peligro de violencia ante los organismos o las autoridades públicas competentes. Los funcionarios públicos que reciban una denuncia de este tipo están obligados a cumplir sus obligaciones sin demora y a notificar a las autoridades competentes las demás medidas necesarias para responder al caso.
Si el autor de la violencia, una vez notificada como tal la orden de alejamiento, actúa contraviniendo las obligaciones de la orden, será condenado a una pena de prisión coercitiva de 3 a 10 días, cuya duración real dependerá de la naturaleza y la gravedad de la medida violada.
Como complemento a la información proporcionada en el informe (párr. 37), se creó un módulo dentro del sistema de información familiar para la mujer encargado de supervisar, actualizar, evaluar y compartir información sobre las medidas emprendidas por la Dirección Provincial del Ministerio de Familia y Servicios Sociales, los centros de servicios sociales, los centros de prevención y seguimiento de la violencia y los refugios para mujeres.
También se puso en marcha un sistema de seguimiento de las órdenes de alejamiento contempladas en la Ley núm. 6284 para las 81 direcciones provinciales que dependen del Ministerio de Familia y Servicios Sociales, y para que los centros de prevención y seguimiento de la violencia puedan contribuir al seguimiento y control efectivos de las órdenes de alejamiento.
Ya se ha completado la primera fase de la integración de datos.
Se están realizando esfuerzos para asegurar la integración de las órdenes de “confidencialidad” dictadas con respecto a las víctimas de la violencia en virtud de la Ley núm. 6284 con el fin de permitir el envío electrónico de tales órdenes a las instituciones pertinentes, incluidos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Nacional, la Dirección General de Registro Civil y Asuntos de la Ciudadanía del Ministerio del Interior y la Institución de Seguridad Social de Turquía.
El Reglamento núm. 6713 de aplicación de la Ley, en vigor a partir de 2019, establece que las investigaciones preliminares o las investigaciones disciplinarias relativas a los delitos de asesinato, lesiones dolosas, tortura, uso no autorizado de la fuerza y constitución de una organización con fines delictivos, así como los delitos cometidos en el marco de las actividades de una organización, supuestamente cometidos por agentes de la autoridad, serán llevadas a cabo principalmente por inspectores civiles.
El Reglamento creó la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley por parte de los Agentes de la Autoridad, con el mandato de gestionar un sistema central de registro y seguimiento de los actos y las actuaciones que realicen o prevean realizar las autoridades administrativas para responder a las infracciones presuntamente cometidas por los agentes de la autoridad y a sus acciones, actitudes o comportamientos que den lugar a medidas disciplinarias.
Respuesta al párrafo 9 e) de la lista de cuestiones
El Código Penal de Turquía presume que cualquier delito se comete principalmente contra el Estado. Una vez que un fiscal ha recibido una denuncia penal o ha tenido conocimiento de cualquier situación que indique que se ha cometido un delito, inicia inmediatamente una investigación para averiguar la verdad sobre el asunto y poder tomar una decisión posterior sobre la posible iniciación de acciones públicas de respuesta. Por otra parte, el Código Penal establece la obligación de los funcionarios públicos de denunciar los delitos y facilitar la actuación de las autoridades de investigación. En este marco, se impondrá una sanción a los funcionarios que no hayan denunciado a las autoridades competentes cualquier indicio de un acto de violencia cometido contra una mujer.
La Ley núm. 6284 permite a cualquier persona denunciar un acto o peligro de violencia ante los organismos o las autoridades públicas competentes. A su vez, los funcionarios públicos que reciban una denuncia de este tipo están obligados por ley a cumplir sus obligaciones sin demora y a notificar a las autoridades competentes las demás medidas necesarias para responder al caso.
Respuesta al párrafo 9 f) de la lista de cuestiones
Las mujeres que se alojan en los refugios y los niños que las acompañan reciben servicios específicos como apoyo psicosocial, asistencia jurídica, apoyo médico, apoyo para la obtención de subsidios, apoyo profesional y apoyo a la formación para las mujeres y remisión a guarderías y clubes infantiles gratuitos con orientación y asesoramiento para los niños; los servicios específicos se prestan directamente o mediante remisión a las autoridades competentes.
En los centros de prevención y seguimiento de la violencia se realizan esfuerzos continuos para supervisar y hacer un seguimiento, no solo de las víctimas y los agresores sujetos a órdenes preventivas o de protección, sino también de las mujeres y los niños que se han beneficiado de los servicios de acogida y luego los han abandonado, realizándose dicho seguimiento y supervisión a intervalos periódicos que se definirán en función de las sensibilidades que rodean a los casos individuales en un período medio de un año.
La Ley núm. 6284 prevé la posibilidad de cambiar la identidad y otros datos y documentación de las víctimas que hayan sufrido una amenaza contra su vida, amenaza que al estar ellas identificadas no puede evitarse por otros medios, siendo dicha medida ejecutable únicamente con el consentimiento informado de la víctima en cuestión.
Respuesta al párrafo 9 g) de la lista de cuestiones
La reducción de penas por buena conducta se regula en el artículo 62 de las disposiciones generales del Código Penal (Ley núm. 5237) y es una petición discrecional que puede concederse con sujeción a las condiciones previas especificadas legalmente, sin ninguna distinción entre los delitos en cuestión.
El Cuarto Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres se distingue a la hora de analizar la aplicación de los conceptos de “provocación injusta” y “circunstancias atenuantes” en los litigios derivados de actos de violencia contra la mujer, y se considera que dicho análisis puede ser beneficioso para la determinación de la aplicación de las circunstancias atenuantes.
Respuesta al párrafo 9 h) de la lista de cuestiones
Hay oficinas de investigación de delitos de violencia doméstica activas en todas las provincias. Además, hay oficinas de investigación de la violencia doméstica que funcionan en 134 juzgados de distrito. En los juzgados que no cuentan con este tipo de oficinas, las investigaciones relativas a los delitos de violencia doméstica son llevadas a cabo por fiscales dedicados específicamente a tratar estos casos.
Respuesta al párrafo 9 i) de la lista de cuestiones
El artículo 10 de la Constitución de Turquía establece que todas las personas son iguales ante la ley sin discriminación por motivos de idioma, raza, color, sexo, opiniones políticas, ideas filosóficas, religión o secta o cualquier otra consideración de esa índole, subrayando que todos los ciudadanos son iguales, sin discriminación.
El artículo 29 del Código Penal trata el concepto de “provocación injusta”, que se regula en las disposiciones generales; este concepto puede invocarse en relación con cualquier persona, ya sea un autor o una víctima, siempre que se cumplan las condiciones previas legalmente establecidas.
Respuesta al párrafo 9 j) de la lista de cuestiones
Los centros de prevención y seguimiento de la violencia ofrecen a las víctimas de la violencia servicios de alojamiento, ayuda económica provisional, orientación y asesoramiento, seguimiento y supervisión de las órdenes provisionales de protección concedidas en caso de peligro para la vida, ayuda con servicios de guardería, asistencia jurídica, apoyo médico, apoyo al empleo, becas para los niños y educación y capacitación.
En 2020, los centros de prevención y seguimiento de la violencia atendieron a 220.000 personas, entre ellas 190.000 mujeres, 14.000 niños y 116.000 hombres, y en 2021 (a 30 de septiembre de 2021), los centros han prestado servicios a un número total de 212.986 personas, entre ellas 183.534 mujeres, 16.502 hombres y 12.950 niños.
Los refugios para mujeres están en funcionamiento en todas las provincias; hay 112 refugios para mujeres, dependientes del Ministerio de Familia y Servicios Sociales, equipados para atender a 2.779 personas; 33 refugios, dependientes de las autoridades administrativas locales, equipados para atender a 735 personas; 3 refugios dependientes de la Dirección General de Gestión de la Migración, equipados para atender a 90 personas; y 1 refugio gestionado por una organización de la sociedad civil, equipado para atender a 20 personas.
Cada uno de los 365 centros de servicios sociales designó un punto de contacto para la eliminación de la violencia contra la mujer con el objetivo de facilitar el acceso a las víctimas e impulsar medidas eficaces para combatir la violencia contra las mujeres en las provincias y los distritos, y el personal correspondiente recibió capacitación a través de un programa de formación a distancia.
La aplicación KADES fue descargada por 2.623.463 personas, y 216.270 personas habían informado sobre incidentes relevantes en la aplicación en septiembre de 2021.
Respuesta al párrafo 9 k) de la lista de cuestiones
Los datos correspondientes a todos los niños admitidos por los centros de apoyo a la infancia se introducen en el sistema de información familiar, y se prevé mantener los esfuerzos de recopilación de datos. Los centros se han especializado en función de las circunstancias de victimización, empuje a la delincuencia y vida en la calle que rodean a los niños, así como en función de sus grupos de edad, sexo y necesidades distintas.
El Programa de Apoyo a la Infancia ANKA, puesto en marcha en 2014, tiene como objetivo garantizar el sano desarrollo de la personalidad de los niños, aliviar sus traumas y permitirles desarrollar actitudes y comportamientos positivos mediante un cambio de conducta, todo ello teniendo en cuenta sus diferencias y necesidades individuales.
Respuesta al párrafo 9 m) de la lista de cuestiones
El Código Penal regula determinados delitos como la difamación, la amenaza, el acoso sexual y la violación de la intimidad, imponiendo sanciones penales a sus autores. La comisión de cualquier delito regulado en la Ley y otras leyes penales concretas en el entorno digital también conlleva una sanción penal adicional.
El Cuarto Plan de Acción Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres estableció el nuevo objetivo de revisar el Código Penal, los tipos de delitos actuales y las circunstancias agravantes, y evaluar e informar sobre los mismos específicamente desde la perspectiva del acoso, la ciberviolencia, el matrimonio forzado, etc.
Cualquier cuenta en los medios sociales o en los entornos web de código abierto que legitime la violencia contra la mujer, ensalce un delito o a un autor, promueva el odio y la hostilidad en la sociedad o descalifique a las mujeres de tal manera que las exponga a comentarios negativos es tratada con las medidas necesarias y remitida al poder judicial por la Subdivisión de Prevención dependiente del Departamento de Ciberdelincuencia.
La campaña titulada “Crece con amigos, no con pantallas” se puso en marcha para proteger a los niños del uso perjudicial de los entornos digitales y de los medios sociales. Las direcciones provinciales del Ministerio de Familia y Servicios Sociales han construido parques infantiles, organizan actividades sociales, culturales y deportivas, e imparten formación para los niños y sus familias.
Actualmente existe un Programa de Promoción de Prácticas Adaptadas a los Niños para proteger a los niños contra los daños de las publicaciones impresas, visuales y digitales y otros riesgos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creó un Grupo de Trabajo para los Medios Sociales encargado de identificar los riesgos que los niños encuentran y pueden encontrar en los entornos digitales y adoptar medidas preventivas.
X.Asesinatos y suicidios forzados en nombre del llamado “honor”
Respuesta al párrafo 10 de la lista de cuestiones
El artículo 82 del Código Penal califica la “comisión de delitos por motivos consuetudinarios” como una forma agravada de los delitos, y para ella establece la “reclusión a perpetuidad agravada”, la forma más severa de sanción penal en el sistema de justicia penal. La expresión “por motivos consuetudinarios (o de costumbre)” tiene una definición amplia que incluye también los actos considerados como “asesinatos por honor”.
La Asamblea de la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación dictó una sentencia en 2011 en la que dictaminó que el concepto de costumbre también abarca el concepto del honor, que se aplicará la forma agravada y que las disposiciones relativas a la provocación injusta no se aplicarán en los casos en que el autor haya actuado casi en el sentido de una misión.
Los motivos derivados de conceptos como la cultura, las costumbres, las tradiciones y el honor no se consideran en el Código Penal como circunstancias atenuantes de ningún tipo de delito.
Si durante las actuaciones judiciales se determina, mediante una evaluación individual realizada por los expertos competentes, que una víctima de un acto de violencia grave (por ejemplo, de violencia por motivos de “honor”) pertenece a un grupo vulnerable, se elabora e implementa un plan de asistencia judicial para la gestión de su caso.
De conformidad con el artículo 236/5 del Código de Procedimiento Penal (Ley núm. 5271), los niños víctimas de la forma agravada de abuso sexual (artículo 103/2 del Código Penal) realizan sus declaraciones, según se requiera para la posterior investigación, en presencia del fiscal correspondiente en los centros de seguimiento de la infancia, independientemente de la jurisdicción judicial o de las fronteras locales.
XI.La mujer y la paz y la seguridad
Respuesta al párrafo 11 de la lista de cuestiones
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) está proscrito como organización terrorista por varios países y organizaciones internacionales, como los Estados Unidos de América y la Unión Europea.
Todos los actos de la organización terrorista PKK, de la Confederación de los Pueblos del Kurdistán (KCK) y de sus miembros respectivos son claras violaciones de los derechos humanos.
La pregunta menciona a la organización terrorista PKK/KCK con la expresión “PKK o cualquier otro grupo armado”, refiriéndose a ella como si se tratara de una organización legal con una estructura institucional, y es inaceptable que dicha organización terrorista y las fuerzas de seguridad y defensa de nuestro país se presenten como contrapartes.
Turquía persiste en su lucha eficaz e imperturbable contra las organizaciones terroristas que amenazan la seguridad nacional y el orden público y que atentan contra la vida y los bienes de las fuerzas de seguridad y de los ciudadanos, como el PKK, la KCK, el partido kurdo‑sirio PYD, el YPG (la rama siria del PKK), el Dáesh, la organización terrorista Fetullahist (FETÖ) y el Partido/Frente Revolucionario de Liberación Popular (DHKP‑C), prestando especial atención a los derechos y las libertades fundamentales.
Las evaluaciones de riesgos y las medidas requeridas de los Estados Miembros en virtud de las resoluciones números 2178 y 2396 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas al retorno de las mujeres y los niños de las zonas de conflicto se llevan a cabo y se adoptan de conformidad con la legislación nacional y los instrumentos internacionales.
El Ministerio de Defensa Nacional realiza todas sus actividades, ya sea en el país o en el extranjero, respetando la Constitución, el derecho internacional, los instrumentos jurídicos y la legislación aplicable.
Las denuncias relativas a las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas durante una acción antiterrorista se tramitan mediante una investigación iniciada por el fiscal correspondiente, que da lugar a una acción penal contra los responsables de dichas violaciones. Además, el Ministerio de Defensa Nacional inicia una investigación administrativa, y todos los interrogatorios y las investigaciones necesarias se realizan a través del comité de investigación administrativa y de la Junta de Inspección del Ministerio.
XII.Trata de personas y explotación de la prostitución
Respuesta a los párrafos 12 y 13 de la lista de cuestiones
En 2020 se entrevistó a un total de 4.919 personas como posibles víctimas de la trata de personas, y 282 de ellas fueron identificadas como tales (véase el cuadro 4).
En 2020 y 2021, la Gendarmería detectó 43 casos de víctimas de la trata de personas, y las intervenciones han permitido rescatar a 100 mujeres y 4 niñas.
El Proyecto de Apoyo a las Direcciones Provinciales de Gestión de la Migración incluyó la creación de ventanillas de protección en las direcciones provinciales para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular identificando a las personas con necesidades especiales y garantizando su derecho a la vida teniendo en cuenta sus circunstancias particulares.
Los ciudadanos extranjeros que son denunciados o que acuden a las direcciones provinciales de gestión de la migración como víctimas reales o potenciales de la trata de personas son remitidos a estas ventanillas de protección.
En virtud de la Ley núm. 6458, cuando existen fuertes sospechas de que un ciudadano extranjero es una víctima real o potencial de la trata de personas, se le concede un permiso de residencia provisional de 30 días para aliviar los múltiples efectos de su experiencia y para que pueda tomar una decisión sobre su colaboración con las autoridades.
El artículo 49 de la Ley establece que el permiso de residencia provisional concedido a efectos de recuperación y reflexión podrá prorrogarse cada seis meses, sin que la duración total pueda exceder de tres años, por razones de seguridad, buena salud o circunstancias particulares de la víctima.
Las unidades de antivicio, dependientes de las direcciones provinciales de la policía nacional de Turquía, llevan a cabo investigaciones proactivas y de respuesta sobre los delitos de instigación, mediación y organización de un lugar para la prostitución.
El personal recibe una formación en el empleo, que se repite anualmente, titulada “Formación sobre técnicas de investigación de delitos contra la inviolabilidad sexual y técnicas de investigación de la prostitución criminal”.
El número de niños víctimas de la prostitución fue de 89 en 2020, y es de 42 en agosto de 2021.
Los actos y las actuaciones relativos a los burdeles, su establecimiento, las condiciones y obligaciones laborales, la identificación, el registro, el interrogatorio y el trato de las mujeres que ejercen la prostitución, así como sus circunstancias económicas, los llevan a cabo las Comisiones de lucha contra la prostitución establecidas a nivel provincial y de distrito con arreglo al Estatuto sobre las disposiciones que regulan a las mujeres en la prostitución y los burdeles y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual relacionadas con la prostitución.
Las personas que acuden para consulta al centro competente se someten a la prueba de diagnóstico del VIH. Si la prueba es positiva, se les proporciona el seguimiento y el tratamiento necesarios.
Todos los pacientes así diagnosticados y notificados al sistema sanitario tienen cubierto por el Seguro General de Salud su acceso a los servicios de atención y tratamiento.
Todas las mujeres, incluidas todas las que ejercen la prostitución sin distinción, pueden acceder a los métodos anticonceptivos modernos.
XIII.Participación en la vida política y pública
Respuesta al párrafo 14 de la lista de cuestiones
El 11º Plan de Desarrollo y el Documento Estratégico y Plan de Acción sobre el Empoderamiento de las Mujeres incluyen medidas para realizar actividades orientadas a aumentar la participación activa de las mujeres en la política y en los mecanismos de adopción de decisiones (CEDAW/C/TUR/8, párrs. 88 y 89).
Como resultado de las elecciones generales de 24 de junio de 2018, 104 mujeres ocuparon escaños en el Parlamento, lo que representa el 17,45 % de todos los miembros (véase el cuadro 5).
En el Gabinete, 1 de los 17 ministros es una mujer (lo que representa un 5,88 %).
También son mujeres 6 de los 58 Viceministros que trabajan en los ministerios (un 10,34 %).
En los resultados de las elecciones locales de 31 de marzo de 2019 fueron elegidas 3 alcaldesas metropolitanas (de los 30 que hay) y 42 alcaldesas (de los 1.381 alcaldes en activo).
Véase, en el cuadro 6, el porcentaje de mujeres que trabajan en determinadas profesiones, y en el cuadro 7, la lista de jueces y fiscales que trabajan en diversos ámbitos.
XIV.Educación
Respuesta al párrafo 15 de la lista de cuestiones
La tasa bruta de escolarización de las niñas en la educación secundaria fue del 67,52 % en el curso 2002‑2003 y ascendió al 121,13 % en el curso 2020‑2021, mientras que la tasa neta de escolarización de las niñas fue del 45,16 % en el curso 2002‑2003 y ascendió al 87,79 % en el curso 2020‑2021.
La tasa de escolarización de las niñas de 14 a 17 años fue del 90,49 % en el curso 2020‑2021.
Los planes de estudios de un gran número de clases impartidas en todos los niveles, desde la educación preescolar hasta la educación secundaria, incluyen contenidos específicos orientados a sensibilizar sobre cuestiones como la violencia contra la mujer y la desigualdad.
Los planes de estudios oficiales también incluyen contenidos sobre educación sexual (CEDAW/C/TUR/8, párrs. 131 y 138).
El proyecto para aumentar la calidad y el acceso a los servicios de educación preescolar se puso en marcha en noviembre de 2020. El proyecto pretende aumentar el acceso a la educación preescolar y mejorar la calidad de la enseñanza.
El Programa de Educación Familiar que el Ministerio de Familia y Servicios Sociales pone a disposición de los adultos incluye un módulo de salud pediátrica y adolescente, cuyo objetivo es explicar las etapas básicas del desarrollo de los hijos y las necesidades de atención sanitaria propias de cada una de esas fases.
Con motivo del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la Autoridad en Tecnologías de la Información y la Comunicación impartió para las niñas un curso de formación en línea sobre codificación con Scratch.
El 11 de febrero de 2021 se celebró en el centro científico de Konya el evento “Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia”, con la participación del Ministro de Familia y Servicios Sociales.
El Ministerio de Educación Nacional organizó 43 talleres Scientix sobre educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en 33 provincias. Durante la pandemia se organizaron unos 30 seminarios web para 3.000 profesores.
El Ministerio de Juventud y Deportes ofrece préstamos y becas a los estudiantes de educación superior.
Los libros de texto han sido redactados en el contexto de la promoción de la igualdad en la educación y conforme a las “Directrices y explicaciones que deben aplicarse en la evaluación de los proyectos de libros de texto, el material didáctico y el contenido electrónico de dichos materiales” (CEDAW/C/TUR/8, párr. 132).
En 2019 se organizaron una serie de seminarios de sensibilización para padres en las provincias con peores resultados en cuanto a la escolarización de las niñas.
En el marco de la Campaña de Alfabetización emprendida en 2018, cerca de 1,2 millones de personas han asistido a los cursos organizados por los centros de educación pública. Más de 800.000 de los asistentes son mujeres.
Entre 2017 y 2020 se pronunciaron 455 charlas sobre la escolarización de las niñas.
Las oficinas y los centros de orientación familiar y religiosa implementaron dos proyectos sobre la educación de las niñas en 2019 y 2020.
Todas deben participar y completar el proceso de escolaridad obligatoria de 12 años. No es posible retirar a las alumnas de ningún nivel de educación y existen medidas específicas para garantizar la permanencia de las niñas en el sistema educativo. Las alumnas que terminan el octavo curso se inscriben en los institutos, y se hace un seguimiento de sus progresos en el sistema de enseñanza en línea.
Véase la respuesta a la pregunta 23 sobre el acceso a la educación de las niñas bajo protección temporal y de las niñas con discapacidad.
XV.Empleo
Respuesta al párrafo 16 de la lista de cuestiones
En los párrafos 140 a 143 y 147 a 153 del informe se proporcionó información detallada sobre esta cuestión.
El Incentivo al Empleo Adicional está vigente desde 2018. Por tanto, todas las mujeres mayores de 18 años o todas las personas aseguradas con discapacidad e inscritas en la institución tienen derecho a 18 meses de ayuda.
La Dirección General de Trabajo está implementando el Proyecto de Promoción del Futuro del Trabajo Decente con Perspectiva de Género (2021‑2023).
La operación de apoyo al empleo de las mujeres inscritas cuenta con un presupuesto para cubrir un costo de 320 euros para 4.000 mujeres empleadoras y sus 4.000 trabajadoras durante un período de 22 meses en siete provincias.
La serie de Seminarios de Alfabetización Financiera y Empoderamiento Económico de la Mujer se puso en marcha en 2017 y en septiembre de 2021 había llegado a 570.591 personas de 81 provincias (párr. 163).
El Protocolo de Cooperación para el Fortalecimiento de las Cooperativas de Mujeres se firmó el 30 de octubre de 2018 en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y el Ministerio de Comercio y bajo la coordinación del Ministerio de Familia y Servicios Sociales; el Protocolo se renovó, por un período de dos años, en julio de 2021. Los 791 talleres, eventos de formación y reuniones organizados hasta septiembre de 2021 en el marco del Protocolo llegaron a 39.020 personas en total. Además, se visitaron 361 cooperativas y se crearon 505 nuevas cooperativas de mujeres.
El Proyecto de Empoderamiento de las Mujeres a través de las Cooperativas se puso en marcha en septiembre de 2021 en cooperación con el Ministerio de Agricultura y Silvicultura y bajo la coordinación del Ministerio de Familia y Servicios Sociales. El Proyecto pretende impartir capacitación sobre el sistema de las cooperativas y el empoderamiento de las mujeres.
El proyecto My Digital Job tiene por objeto contribuir al desarrollo de las competencias digitales de las mujeres impartiendo formación en alfabetización digital y comercialización digital a las mujeres que ya están recibiendo capacitación en los centros de educación pública. El proyecto está impartiendo formación en alfabetización digital en 13 provincias y formación en comercialización digital en 12 provincias.
Conforme al artículo 5 de la Circular núm. 2011/2 del Primer Ministro, en el seno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se creó una Junta de Lucha Contra el Acoso Laboral.
Respuesta a los párrafos 17 a 19 de la lista de cuestiones
Los tratos diferenciados o las rescisiones de contrato que se basen en razones relacionadas con el sexo se considerarán nulos, y cualquier trabajadora puede reclamar una indemnización por discriminación en virtud del Código del Trabajo.
El Código defiende la igualdad entre mujeres y hombres en la determinación de los salarios.
Según el principio de igualdad de remuneración del Reglamento sobre el salario mínimo, en la determinación del salario mínimo se mantiene el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
La tasa de empleo de las mujeres aumentó del 25,3 % al 26,3 % en el mismo período.
La tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo fue del 27,9 % en 2002 y se elevó al 30,9 % en 2020.
Mientras que en 2002 el 26 % de las mujeres trabajaba en el sector servicios, el 60 % en la agricultura y un 14 % en la industria, estos índices reflejaron en 2020 un 60 % en el sector servicios, un 23 % en la agricultura y un 17 % en la industria.
La tasa de mujeres en el empleo informal se redujo del 72,5 % en 2002 al 37,1 % en 2020.
Hay 27.723 centros de atención y educación preescolar que dependen del Ministerio de Educación Nacional y 1.771 que dependen del Ministerio de Familia y Servicios Sociales.
El proyecto “Madre en el Trabajo” (2018), que se llevó a cabo con la colaboración de la Agencia de Empleo de Turquía (İŞKUR) y la Dirección General de la Condición de la Mujer, atendió a 54.892 mujeres entre septiembre de 2018 y julio de 2021 (párr. 173).
Entre las mujeres que participaron en los programas de capacitación organizados por la İŞKUR en los sectores manufacturero e industrial, las que tienen hijos de 2 a 5 años llevan recibiendo una ayuda mensual para el cuidado de uno solo de sus hijos, de hasta 400 liras turcas, desde abril de 2018. Un total de 662 mujeres habían recibido la ayuda en julio de 2021.
La fase II del proyecto “Más y Mejores Empleos para las Mujeres” (2009‑2022) tiene por objeto aumentar las oportunidades de trabajo decente para las mujeres e identificar y reducir los obstáculos al empleo femenino.
En Turquía se adoptan diversas medidas en forma de reglamentos, programas y proyectos para mejorar la participación de todas las mujeres en la vida económica.
Pensión de jubilación
La Ley núm. 5510 de Seguro Social y Seguro General de Salud establece que las mujeres de 58 años o más y los hombres de 60 años o más asegurados por primera vez después del 1 de octubre de 2018 tienen derecho a la pensión de jubilación siempre y cuando tengan pagados y notificados al menos 9.000 días de primas de seguro de invalidez, jubilación y fallecimiento.
El criterio de la edad para acceder a la pensión de jubilación distingue entre mujeres y hombres, dando a las mujeres la posibilidad de jubilarse anticipadamente. Sin embargo, a partir de 2036 se irá aumentando gradualmente el requisito de la edad, y después de 2048 se aplicará el mismo requisito de edad de 65 años para mujeres y hombres.
Entre las mujeres que solicitan una pensión de jubilación, las que tienen hijos con una discapacidad lo suficientemente grave como para requerir los cuidados continuos de otra persona se benefician de una ventaja específica, por la que una cuarta parte del número de días de prima cotizados después de la fecha de entrada en vigor de la Ley se añade al número total de días de prima cotizados, y el número de días así añadido se contabiliza para el límite de la edad de jubilación.
Trabajadoras del servicio doméstico
La Ley núm. 5510 regula las condiciones de aseguramiento de las trabajadoras del servicio doméstico contratadas por menos o más de diez días al mes.
Las aseguradas que acumulan diez o más días de trabajo en un mes trabajando con una o más personas físicas en el servicio doméstico, calculados en función del número de horas trabajadas, están sujetas a las disposiciones previstas para las aseguradas del apartado 4‑a.
Estas personas tienen derecho a un seguro a largo plazo (seguro de invalidez, de jubilación y de fallecimiento), a un seguro a corto plazo (seguro de accidente de trabajo, de enfermedad profesional, de enfermedad común y de maternidad) y a un seguro de desempleo.
En cambio, las aseguradas que acumulan menos de diez días de trabajo en un mes trabajando con una o varias personas físicas en el servicio doméstico, calculados en función del número de horas trabajadas, están sujetas únicamente a las disposiciones que regulan el seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Sus empleadores abonan las primas del seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional, fijadas en el 2 % del límite inferior de los ingresos netos diarios tomado como base para las primas, en proporción al tiempo trabajado.
Conforme a la legislación aplicable, todas las mujeres empleadas como trabajadoras del servicio doméstico gozan de seguridad social sin ningún requisito relativo a su nacionalidad o ciudadanía.
XVI.Salud
Respuesta al párrafo 20 de la lista de cuestiones
El Ministerio de Salud mantiene sus esfuerzos por reducir las enfermedades y los fallecimientos a través de servicios de salud reproductiva igualitarios, accesibles y de calidad, reduciendo al mínimo las disparidades interregionales y las diferencias entre las zonas rurales y urbanas y garantizando así el pleno uso de estos servicios. Todas las personas, sin distinción, pueden acceder a los servicios relacionados con la salud.
Los servicios de salud reproductiva que ofrece el Ministerio de Salud se conciben y prestan de conformidad con las reglas y normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Todos los ciudadanos pueden acceder a los anticonceptivos de emergencia y a los métodos profilácticos en todo el país.
Las mujeres que acuden a un hospital para recibir servicios relacionados con el embarazo, el parto y el posparto no tienen que pagar ninguna tasa por estos servicios debido a su “condición de madres”, independientemente de si deben o no primas a la Seguridad Social.
En la actualidad existe un conjunto de medidas específicas para el acceso a los servicios de salud reproductiva de las trabajadoras agrícolas de temporada.
Se puede practicar un aborto hasta el final de la décima semana de gestación a petición de la persona embarazada, siempre que dicho procedimiento no esté médicamente contraindicado por motivos de salud. El aborto no es posible para las mujeres que ya han completado la décima semana de gestación, y solamente pueden someterse a un aborto practicado por un obstetra y un ginecólogo si se ha diagnosticado que padecen una de las enfermedades especificadas en la ley pertinente.
En este caso, es obligatorio que el diagnóstico de la enfermedad en cuestión se acredite mediante un informe elaborado conjuntamente por el obstetra y el ginecólogo que atienden a la mujer y un médico de la especialidad correspondiente a la enfermedad, basado en resultados clínicos y de laboratorio concluyentes (CEDAW/C/TUR/8, párrafo 211). El Código Penal de Turquía establece el procedimiento a seguir en los casos de embarazos de más de diez semanas resultantes de abusos y agresiones sexuales. En consecuencia, si una víctima se ha quedado embarazada como consecuencia del delito, el embarazo puede ser interrumpido por especialistas a condición de que la gestación no haya superado las veinte semanas y que la persona embarazada consienta el procedimiento.
El programa de capacitación en asesoramiento sobre métodos de salud reproductiva para los profesionales de la atención obstétrica de urgencia y el personal sanitario de Siria lleva en marcha desde 2018.
XVII.Empoderamiento económico y prestaciones sociales
Respuesta al párrafo 21 de la lista de cuestiones
Las mujeres representan el 45 % de todos los alumnos que reciben la formación empresarial que la KOSGEB imparte en línea (CEDAW/C/TUR/8, párr. 182). El 54 % de estas candidatas a empresarias lo componen jóvenes emprendedoras.
En el marco del Programa de Apoyo al Emprendimiento Avanzado, los emprendedores que hayan completado su formación empresarial y hayan puesto en marcha su propia empresa manufacturera o de software pueden optar a una subvención de hasta 365.000 liras turcas, y esta subvención puede aumentar hasta las 375.000 liras turcas para los jóvenes emprendedores, las mujeres emprendedoras, los emprendedores con discapacidad y los emprendedores relacionados con los mártires. Por otro lado, en el marco del Programa de Apoyo al Emprendimiento Tradicional, los emprendedores que hayan puesto en marcha su propia empresa en el sector de los servicios y el comercio pueden optar a una subvención de hasta 55.000 liras turcas, y esta subvención puede incrementarse hasta las 65.000 liras turcas para los jóvenes emprendedores, las mujeres emprendedoras, los emprendedores con discapacidad y los emprendedores relacionados con los mártires.
El Ministerio de Comercio ha puesto en marcha un Programa de Apoyo a las Cooperativas (KOOP‑DES) para las cooperativas de mujeres.
Como primer paso del programa KOOP‑DES, las cooperativas gestionadas predominantemente por mujeres como socias reciben un apoyo financiero con el objetivo de comercializar el trabajo de las mujeres.
En 2020 se aprobaron 149 proyectos de este tipo en 41 provincias, y se apoyó a las cooperativas de mujeres con una suma total de 14,279 millones de liras turcas en subvenciones con cargo al presupuesto de 18,970 millones de liras turcas para estos proyectos.
En agosto de 2021 se habían aprobado otros 149 proyectos de este tipo en 58 provincias, y se había ayudado a las cooperativas de mujeres con una suma total de 14,279 millones de liras turcas en subvenciones con cargo al presupuesto de 17,936 millones de liras turcas para estos proyectos.
En enero de 2019 se creó un Departamento de Exportación para Mujeres y Jóvenes Emprendedores, dependiente de la Dirección General de Exportación del Ministerio de Comercio.
Los centros de apoyo familiar que atienden a las mujeres al amparo de la Ley de Asistencia Social y Solidaridad tienen como objetivo garantizar el desarrollo psicosocial, sociocultural, profesional y personal de las mujeres y mejorar su integración social.
En junio de 2021 había contabilizados 241 centros de apoyo familiar que funcionan en 38 provincias dependiendo de 138 fundaciones de asistencia social y solidaridad, y 31 centros de solidaridad social que funcionan en 13 provincias dependiendo de 26 fundaciones de asistencia social y solidaridad.
Los centros de solidaridad social ofrecen apoyo a los ciudadanos romaníes en lo que respecta a su desarrollo psicosocial, sociocultural, profesional, artístico y personal.
XVIII.Mujeres de las zonas rurales
Respuesta al párrafo 22 de la lista de cuestiones
El artículo 35 de la Constitución, titulado “Derecho a la propiedad”, garantiza a los hombres y las mujeres la igualdad de derechos sucesorios y de propiedad.
El Código Civil y el Código de Obligaciones de Turquía contienen numerosas disposiciones que garantizan y protegen la igualdad de derechos sucesorios y de propiedad, incluidas las propiedades adquiridas por vía matrimonial.
El 27 de enero de 2016 se creó la Subcomisión para el Empoderamiento de las Mujeres y el Apoyo a la Iniciativa Empresarial Femenina en las Zonas Rurales.
Los Seminarios de Alfabetización Financiera y Empoderamiento Económico de la Mujer amplían los conocimientos de las mujeres en temas como la gestión financiera, los ingresos, los gastos, la acumulación de fondos, los activos, la afectación de fondos, el ahorro, las inversiones, las herramientas de inversión y el sistema de pensiones.
El Ministerio de Comercio ha puesto en marcha un Proyecto de Promoción y Desarrollo de las Cooperativas. El proyecto llegó en 2020 a 2.570 mujeres empresarias mediante una serie de programas de capacitación sobre comercio electrónico, comercialización y emprendimiento, con especial atención al sistema de las cooperativas. En 2021, 250 mujeres habían recibido formación sobre el sistema de las cooperativas y la comercialización.
También se puso en marcha un programa para reforzar el espíritu empresarial de las mujeres en la agricultura. El programa ha impartido cursos de certificación sobre formación empresarial aplicada y ofrece un proceso de elaboración de proyectos basados en ideas a las mujeres que desean emprender en las zonas rurales.
Se han organizado una serie de encuentros regionales de cooperativas de mujeres, con el objetivo de mejorar la cooperación y el diálogo, sensibilizar y difundir buenas prácticas en el ámbito de las cooperativas de mujeres, que han conseguido reunir a 3.152 personas en el período comprendido entre 2019 y 2021.
XIX.Grupos desfavorecidos y marginados de mujeres
Respuesta al párrafo 23 de la lista de cuestiones
El Documento Estratégico y Plan de Acción Nacional sobre la Cohesión (2018‑2023) contribuye a los esfuerzos por garantizar que las mujeres y las niñas migrantes estén informadas sobre sus derechos y los servicios disponibles para ellas, accedan al apoyo social que necesitan y reciban apoyo en cuanto al acceso a la educación, los servicios de salud y el mercado laboral.
El Documento Estratégico para los Ciudadanos Romaníes (2016‑2021) establece una serie de medidas que deben adoptarse en los ámbitos de la educación, el empleo, la vivienda, la atención de la salud, los servicios sociales y la asistencia social, contribuyendo con ello al empoderamiento de las mujeres y las niñas romaníes.
El Ministerio del Interior creó oficinas de protección, que derivan a las mujeres que están en una situación de protección internacional o protección temporal.
También hay iniciativas en curso en el marco del Documento a favor de los espacios sin barreras y del Plan de acción sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Educación
La regla general para los alumnos con necesidades de educación especial es que continúen su educación a través de prácticas inclusivas e integradoras; sin embargo, estos alumnos también pueden ampliar su educación en clases o colegios de educación especial, clases en los hospitales y enseñanza en el hogar.
Para los alumnos que requieren educación especial presencial, las clases se imparten en las escuelas situadas en su respectivo entorno vital. Los estudiantes que asisten a estas clases también disponen de un servicio de transporte escolar gratuito.
Las niñas con discapacidad y los estudiantes sirios bajo protección temporal tienen acceso a los mismos servicios educativos que se ofrecen a todos los demás estudiantes.
Se han implantado clases de adaptación para que los estudiantes extranjeros puedan adaptarse mejor al sistema educativo turco.
Conforme a la Ley núm. 6458, los ciudadanos extranjeros que deseen cursar estudios de grado, posgrado o doctorado pueden obtener un permiso de residencia siempre que cumplan los requisitos especificados en el artículo 39. El segundo párrafo del mismo artículo establece la expedición de un permiso de residencia de 1 año a los ciudadanos extranjeros para que se matriculen en la educación primaria y secundaria, así como sus posteriores prórrogas de 1 año, con el consentimiento de sus padres o tutores.
El programa de aprendizaje permanente instaurado por el Ministerio de Educación Nacional ofrece programas educativos en turco, en los centros juveniles, para niños de entre 8 y 18 años que se hallan en situación de protección temporal.
El Ministerio de Educación Nacional y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional colaboran en la ejecución del denominado Proyecto de Educación Preescolar para Niños Sirios y Niños Vulnerables en Turquía. El proyecto pretende mejorar las condiciones que favorecen el desarrollo en la primera infancia de los niños sirios y los niños desfavorecidos de entre 3 y 6 años.
Se han organizado una serie de reuniones informativas para las familias sirias y un curso de formación en el empleo para los directores y profesores de las escuelas.
El Programa de Transferencias en Efectivo Condicionadas a la Educación se amplió para incluir a los niños sirios y de otras nacionalidades en mayo de 2017. El programa pretendía llegar a 230.000 niños en el primer año y alcanzó este objetivo antes de finalizar dicho período.
En septiembre de 2021 había 1.197.124 niños en edad escolar y situación de protección temporal, y 706.067 de los 771.458 niños inscritos en el sistema educativo de Turquía han sido beneficiarios de la ayuda educativa condicionada para ciudadanos extranjeros al menos una vez.
Los centros que dependen de la Dirección General de Educación Secundaria (centros de educación secundaria superior) ofrecen educación a 5.243 chicas y 5.666 chicos de nacionalidad siria, según los datos del sistema de enseñanza en línea de 6 de octubre de 2021.
Los planes de estudios, los libros de texto y el material de capacitación no contienen declaraciones, descripciones o imágenes que favorezcan a alguna identidad étnica, se basen en la desigualdad entre sexos o puedan conducir a la exclusión social.
Se construyen albergues dentro de las escuelas con el objetivo de garantizar el acceso a la educación y mejorar la calidad y la eficacia de los servicios educativos. En el marco del Programa de Inversiones Públicas de 2021, se están construyendo un total de 58 albergues, 40 edificios independientes y 18 instalaciones escolares que, una vez terminados, ofrecerán alojamiento a 10.538 personas.
El Proyecto de Educación Preescolar Inclusiva para Niños con Discapacidad, financiado conjuntamente por la Unión Europea y la República de Turquía, se implementó entre 2017 y 2020. El proyecto impartió formación a 1.200 profesores, produjo 38 libros de cuentos, dos cortometrajes y un anuncio de interés público, y organizó seminarios de información para los directores de las escuelas y los padres.
Salud
Todos los servicios de salud disponibles para los ciudadanos de Turquía se extienden también, sin distinción, a los migrantes y los solicitantes de asilo.
En el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el personal sanitario de Siria que trabaja en los centros de salud para migrantes fue incluido en el programa de formación en el empleo.
En una iniciativa llevada a cabo en colaboración con la OMS, se organizó un curso de formación sobre gestación para las matronas y enfermeras sirias empleadas en los centros de salud para migrantes, con el objetivo de capacitarlas y ampliar sus conocimientos sobre las embarazadas en los centros de salud para migrantes.
Empleo
Los planes de acción elaborados en el marco de la Estrategia Nacional de Empleo (2014‑2023) especifican objetivos, políticas y medidas que ponen el foco principal en aumentar el empleo entre los grupos que requieren políticas especiales e incrementar con ello la tasa de empleo de las personas con discapacidad.
El componente de subvención del Proyecto de Mejora de la Integración Social y la empleabilidad de las personas desvalidas, financiado a través del Instrumento de Ayuda de Preadhesión de la Unión Europea en 2016 y 2017, supuso un desembolso de 23 millones de euros para un total de 137 proyectos.
De estos recursos, 4,5 millones de euros se destinaron a apoyar 24 proyectos implementados con el objetivo de aumentar la tasa de empleo de las personas con discapacidad.
Como colaboración entre el Ministerio de Familia y Servicios Sociales y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha puesto en marcha un programa de adaptación social, con el objetivo de lograr la adaptación social de los niños sirios que viven en campamentos en Turquía a través de los Comités Provinciales de Derechos del Niño, y de crear una plataforma que permita el diálogo y el intercambio de información entre los niños turcos y los niños sirios.
Mujeres kurdas
El artículo 10 de la Constitución establece que todos los ciudadanos que forman la República de Turquía son iguales ante la ley. A este respecto, no es posible priorizar ninguna opinión política, estructura étnica o creencia religiosa en detrimento de otras.
XX.Matrimonio y relaciones familiares
Respuesta al párrafo 24 de la lista de cuestiones
En cuanto a la legislación sobre la edad mínima para contraer matrimonio, véase el párrafo 79.
El Código Civil de Turquía enumera como causas de divorcio el adulterio, el atentado contra la vida, los malos tratos o el trato degradante graves, la comisión de actos delictivos y llevar una vida de descrédito, el abandono forzado, la enfermedad mental y la ruptura del matrimonio, y aclara de forma específica las causas de divorcio.
El artículo 167 establece que el cónyuge con derecho a presentar una demanda de divorcio puede solicitar el divorcio o la separación según su propio criterio, y el artículo 169 establece que, una vez iniciada la acción judicial de divorcio o separación, el magistrado presidente resolverá ex officio las medidas cautelares necesarias mientras se desarrolla el proceso judicial, específicamente en lo que respecta al régimen de residencia y los medios de vida de los cónyuges, la gestión de los bienes de los cónyuges y el cuidado y la protección de los hijos.
El artículo 173 especifica que la mujer, una vez divorciada, mantendrá el estatus personal que haya alcanzado por medio del matrimonio, pero volverá a su apellido prematrimonial.
El artículo 174 prescribe que la parte sin culpa o con una culpa leve en el asunto cuyos intereses actuales o esperados se hayan visto perjudicados debido al divorcio podrá exigir una indemnización económica proporcional a la parte culpable, y que la parte cuyos derechos personales se hayan visto menoscabados debido a los incidentes que condujeron al divorcio podrá exigir a la parte culpable una cantidad de dinero proporcional como indemnización por daños morales.
El artículo 179 especifica que la división de los bienes matrimoniales se ajustará a lo dispuesto en el régimen de los cónyuges, y el artículo 181 regula los derechos de sucesión y establece que los cónyuges divorciados no podrán ser herederos legales mutuos y perderán los derechos que les correspondan por los legados instituidos antes del divorcio, salvo que se indique lo contrario en dichos legados.
El artículo 182 establece que el tribunal, al decidir sobre el divorcio o la separación, dispondrá sobre la patria potestad y el contacto de los padres con su hijo o hijos después de oír a los padres o, si el niño o los niños en cuestión están bajo tutela, consultando con el tutor legal o el organismo de tutela siempre que sea posible, que la consideración principal a la hora de organizar el contacto personal con el niño o los niños de la parte a la que no se le ha concedido la custodia será siempre el interés del niño o los niños en términos de atención sanitaria, educación y moral, y que este cónyuge estará obligado a contribuir a los gastos de cuidado y educación del niño o los niños en la medida de sus posibilidades económicas.
Véase el párrafo 247 del informe para obtener información sobre la cuestión de los apellidos de las mujeres.