Siglas

CFP	Comisión de la Función Pública (Comissão da Função Pública)
DGE	Dirección General de Estadística
MEJD	Ministerio de Educación, Juventud y Deporte (Ministério da Educação, Juventude e Desporto) (anteriormente, Ministerio de Educación)
MSSI	Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión (Ministério da Solidariedade Social e Inclusão)
OIT	Organización Internacional del Trabajo
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
SEFOPE	Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo (Secretária de Estado da Formação Profissional e Emprego)
SEII	Secretaría de Estado para la Igualdad y la Inclusión (Secretária de Estado para a Igualdade e Inclusão)
SGFP	Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas

Introducción

El cuarto informe periódico sobre tratados específicos relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que fue aprobado oficialmente por el Consejo de Ministros el 20 de noviembre de 2019, se presentó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2021, a través de la Misión Permanente de Timor-Leste ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, a fin de que lo examinara.

El informe fue elaborado por la oficina de la Secretaría de Estado para la Igualdad y la Inclusión (SEII), que mantuvo una estrecha colaboración con todos los ministerios e instituciones nacionales pertinentes (un total de 16).

El 22 de noviembre de 2022, la SEII recibió una invitación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para que presentara su cuarto informe periódico relativo a la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como un recordatorio para que respondiera a la lista de cuestiones y preguntas del Comité.

En respuesta a la lista de preguntas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la secretaría de la SEII celebró una mesa redonda el 6 de diciembre de 2022 con el fin de recabar datos e información para fundamentar sus respuestas.

La SEII tiene el honor de responder, en nombre del Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste, a la lista de cuestiones y preguntas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer del siguiente modo:

Derechos de las mujeres e igualdad de género en relación con la pandemia y las actividades de recuperación

En 2020, la propagación de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) a escala global conmocionó al mundo. Timor-Leste registró su primer caso el 21 de marzo de 2020, y su respuesta consistió en cerrar las fronteras e imponer un estado de emergencia, en el marco del cual tomó medidas para hacer frente a la situación que incluían la interrupción de todas las actividades escolares presenciales y su sustitución por un programa escolar en línea, la suspensión de las misas en las iglesias y la aplicación de una política de confinamiento que preveía excepciones para las actividades y los servicios esenciales.

La adopción de medidas relativas al estado de emergencia tuvo repercusiones socioeconómicas para los medios de subsistencia de la población y, para hacer frente a la situación, el Gobierno aprobó un plan de recuperación económica destinado a mitigar los efectos socioeconómicos de la COVID-19 para la población. El Parlamento Nacional aprobó un presupuesto total de 219,5 millones de dólares procedentes del Fondo Petrolero con el objetivo de crear un fondo independiente para la COVID-19 que financiara las medidas relativas a la enfermedad, cuya planificación y asignación coordina el Centro Integrado de Gestión de Crisis relativo a la pandemia de COVID-191.

De los 219,5 millones de dólares, el Gobierno utilizó 91.716.636 para poner en marcha 19 respuestas económicas diversas, entre las que destaca el programa Cesta Básica, que proporciona una canasta de alimentos con un valor de 25 dólares por cada integrante de la familia. Cesta Básica pretende servir de estrategia de apoyo a la población de Timor-Leste y estimular la economía local mediante la asignación de recursos financieros destinados a impulsar la producción local para minimizar el efecto de la pandemia de COVID-19 en la economía del país. Además, el Gobierno a) subvencionó el transporte y la conectividad de los vuelos semanales entre Dili y Darwin, y dos viajes mensuales por transporte marítimo de Dili a Oecusse y Atauro y viceversa, al objeto de garantizar unos suministros de arroz suficientes; b) brindó apoyo durante las 24 horas del día al transporte de carga desde los puertos hasta los almacenes; c) adquirió insumos agrícolas y pesqueros (fertilizantes, semillas, etc.) para respaldar la producción agrícola y pesquera; d) contrató paquetes de SMS para promover los créditos de electricidad, las transferencias en efectivo y otras comunicaciones; e) proporcionó conectividad a Internet subvencionada a 67.500 docentes y estudiantes de educación superior y a 165.000 estudiantes de secundaria; f) concedió una exención de tres meses de los derechos de matrícula a los estudiantes de educación terciaria; g) puso en marcha un sistema de alerta para realizar un seguimiento de los casos conocidos de COVID-19; h) proporcionó 15 dólares al mes de electricidad gratuita a unos 160.555 hogares con medidor; i) facilitó agua gratis a todos los hogares; j) desembolsó 200 dólares en efectivo a todos los hogares (Ministerio de Solidaridad Social e Inclusión (MSSI)); k) pagó subsidios salariales a unos 30.000 asalariados por valor del 60 % de sus sueldos; l) prestó asistencia a aproximadamente 2.488 estudiantes timorenses en el extranjero en concepto de gastos de sustento; m) impartió formación en centros destinados a tal fin para capacitar a personas jóvenes de modo que pudieran crear un negocio; y n) proporcionó subsidios al transporte a los conductores de transporte público. El Consejo de Ministros también decidió desarrollar y poner en marcha un sistema de turnos para que los funcionarios gubernamentales pudieran seguir trabajando durante el confinamiento, con miras a evitar y reducir la propagación de la COVID-19 y garantizar al mismo tiempo la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de las oficinas gubernamentales.

El plan de recuperación económica se diseñó para que se ejecutara de forma universal e igualitaria en beneficio de todos los grupos de población, como las mujeres, los hombres, las personas con discapacidad y los miembros de la comunidad LGBTQI. Al mismo tiempo, el Gobierno reconoce que el desembolso de 200 dólares en efectivo a las familias sigue planteando algunos problemas, como los siguientes:

1)Las prácticas culturales suelen considerar al hombre el cabeza de familia, y la familia se define como una unidad compuesta por un marido, una mujer y sus hijos. Habida cuenta de ello, se considera que el hombre o marido, al ser el cabeza de familia, es quien tiene derecho a recibir el dinero en efectivo en representación de la familia. En algunos casos, a las mujeres no se les permite recibir el dinero si sus maridos no están presentes;

2)Se pide a las viudas o madres solteras que se inscriban como parte de la familia de sus hermanos varones;

3)Las parejas LGBTQI no son consideradas una familia, por lo que no tienen derecho a recibir el pago en efectivo;

4)Las mujeres y los hombres solteros que conviven con familiares a cargo también tienen dificultades para recibir el pago en efectivo;

5)La falta de información sobre el proceso y la distancia que hay que recorrer para obtener la tarjeta de familia representan el principal obstáculo para que las mujeres, las personas con discapacidad y las personas de edad que viven solas obtengan una de estas tarjetas y tengan acceso al apoyo.

Por ello, la SEII colabora estrechamente con las organizaciones de mujeres para trabajar y coordinarse de forma activa con los ministerios e instituciones pertinentes a fin de mejorar el proceso y facilitar más información a las autoridades locales para que presten la debida atención a los grupos vulnerables. El Gobierno reconoce que el programa es relativamente nuevo y agradece las aportaciones destinadas a mejorar el proceso y los servicios en el futuro.

El Gobierno también creó un servicio de asistencia telefónica para recibir información relacionada con la COVID-19 durante el confinamiento o el estado de emergencia, y la SEII y el sistema Rede Referral también difundieron información a los centros de aislamiento, los hogares y el público en general para que llamaran en caso de sufrir algún tipo de violencia de género. La Defensoría de los Derechos Humanos y la Justicia también puso en funcionamiento un teléfono de emergencia para que todos los ciudadanos pudieran presentar denuncias relativas a violaciones de los derechos humanos.

Visibilidad de la Convención y de su Protocolo Facultativo

La SEII sigue esforzándose por dar difusión y visibilidad a la Convención entre el público en todo el país, en especial entre los funcionarios gubernamentales, los estudiantes, los actores judiciales y la comunidad, a través de campañas, actividades y sesiones de capacitación. La SEII, en colaboración con sus asociados, sigue trabajando para transmitir las recomendaciones anteriores del Comité a los ministerios, las secretarías de Estado, las instituciones estatales y los organismos gubernamentales. En este proceso se incluye la integración de las recomendaciones en las directrices de planificación y presupuestación con perspectiva de género que se envían a todos los ministerios competentes, secretarías de Estado, instituciones estatales y organismos autónomos para que las tengan en cuenta al preparar sus respectivos planes de acción y presupuestos anuales a fin de garantizar su aplicación. La SEII también preparó un folleto sobre las observaciones finales del Comité y lo distribuyó a todos los ministerios competentes, secretarías de Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Marco legislativo y definición de discriminación contra la mujer

La SEII suele tratar la Convención en el material de capacitación empleado para formar a los funcionarios y al personal encargado de hacer cumplir la ley. Según los datos de la Dependencia de Personas Vulnerables de la Policía Nacional de Timor‑Leste (PNTL), se registraron 1.087 casos de violencia de género en 2018, 1.139 en 2019, 1.104 en 2020, 1.135 en 2021 y 1.064 hasta el fin de noviembre de 2022.

Timor-Leste considera que la igualdad de género y la inclusión social son cuestiones transversales, y está decidido a incorporar e integrar las perspectivas de igualdad de género en todos los programas, políticas, leyes, planes y presupuestos estatales. Por lo tanto, de momento el Gobierno no tiene previsto aprobar una ley específica al respecto.

En la actualidad, las leyes de registro civil, la justicia tradicional y los mecanismos de justicia informal se encuentran en una fase incipiente de desarrollo. Aunque aún no se ha modificado la ley de registro civil, el Gobierno, a través de los jefes de población, está intentando registrar a las parejas convivientes o de hechopara facilitar su acceso a las prestaciones sociales disponibles. Además, el Ministerio de la Reforma Legislativa y Asuntos Parlamentarios ha iniciado una investigación sobre la justicia tradicional e informal.

Acceso a la justicia

Si bien Timor-Leste promulgó en 2010 la Ley contra la Violencia Doméstica al objeto de proteger a las víctimas y personas supervivientes de la violencia doméstica y otros tipos de violencia de género, su aplicación sigue planteando problemas que se derivan del proceso de justicia tradicional. Por ejemplo, según la Ley, la violencia doméstica es un delito público, por lo que se tiene que llevar a cabo una investigación formal. Sin embargo, en la práctica muchos casos de violencia doméstica se siguen tramitando a través del sistema de justicia tradicional, por ejemplo mediante la solución de controversias por vías alternativas. Pese a que el sistema de justicia tradicional no limita el acceso de las mujeres al sistema de justicia formal, debido a diversos factores, como cuestiones familiares, el costo y la distancia, las mujeres siguen prefiriendo que los casos de violencia doméstica y otros tipos de violencia de género sean tramitados mediante el proceso de justicia tradicional. En algunas sociedades o poblaciones, cuando las víctimas de violencia doméstica y sus familiares deciden resolver la situación a través del sistema de justicia tradicional, las autoridades locales facilitan y registran los resultados, que luego se formalizan en el tribunal. El Gobierno, por conducto de la SEII y sus asociados, sigue llevando a cabo iniciativas de sensibilización, actos y campañas para dar a conocer la Ley contra la Violencia Doméstica y el sistema Referral entre las mujeres, las autoridades locales, los líderes comunitarios y los actores judiciales con el objetivo de mejorar el proceso de presentación de denuncias, tramitar de forma eficaz los casos de violencia de género y fortalecer los procesos de enjuiciamiento de los casos de violencia doméstica y otros tipos de violencia de género.

La aprobación de la Ley núm. 1/2017, de 18 de enero, del régimen transitorio para contratar a los magistrados y defensores de oficio no timorenses y la segunda modificación de la Ley núm. 9/2011, de 17 de agosto, por la que se aprueba la ley orgánica que regula la Junta de Auditores del Tribunal Superior Administrativo, Fiscal y de Cuentas, ha supuesto un avance a la hora de fomentar la capacidad de los actores judiciales, a saber, 34 jueces (14 mujeres y 20 hombres), 36 fiscales (6 mujeres y 30 hombres), 34 defensores de oficio (5 mujeres y 29 hombres) y unos 100 abogados cualificados (35 mujeres y 65 hombres). Sin embargo, debido a la COVID-19, el Centro de Formación Jurídica y Judicial aún no ha contratado ni capacitado a nuevos actores judiciales. Como resultado, se siguen observando retrasos y todavía hay casos pendientes ante los tribunales, algunos de ellos relacionados con la violencia de género y otras violaciones de los derechos de las mujeres.

Las mujeres y la paz y la seguridad

El Gobierno de Timor-Leste demostró su compromiso con la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, mediante la aprobación, en 2016, de un plan de acción nacional, conocido como NAP-1325, que se puso en marcha en octubre de 2016. El Gobierno ejecutó el 70 % de las iniciativas englobadas en el plan de acción: a) se difundió información sobre las oportunidades de las que disponen las mujeres para ser contratadas como miembros de las fuerzas de defensa; b) se llevaron a cabo actividades de formación y difusión en 48 escuelas de educación secundaria de 8 municipios en 2019, en las cuales participaron 974 estudiantes, incluidas 629 mujeres (lo que equivale a una tasa de participación femenina del 65 %); c) se aprobó la primera estrategia de género de la PNTL, que incluye una guía para hacer frente a los obstáculos con los que se topan las agentes de la Policía Nacional y varias medidas que la institución puede tomar para dar respuesta a la desigualdad de género en el seno tanto de la entidad como de la comunidad; d) se impartió formación a los funcionarios en materia de liderazgo transformador en favor de la igualdad de género, y el 88 % de estos ya presentaban cambios de actitud que fomentaban la igualdad de género; e) se capacitó a mediadores comunitarios, un 49 % de los cuales eran mujeres, en el uso de directrices sobre cómo aplicar la perspectiva de género en la mediación de los conflictos comunitarios (causas civiles); las directrices han pasado a ser el Diploma Ministerial núm. 096/2020, que sirve de guía a los mediadores de todas las instituciones en el marco de la agenda de las mujeres y la paz y la seguridad (pilar de prevención del plan de acción nacional sobre la resolución 1325) con respecto al liderazgo de las mujeres en los procesos de paz; y f) se integraron marcadores de género en la estructura de presupuestación para los programas del Sistema de Gestión de las Finanzas Públicas (SGFP) Dalan ba Futuru, y los ministerios competentes aumentaron la asignación presupuestaria destinada a la aplicación del plan de acción nacional sobre la resolución 1325, que pasó de 391.311 dólares de los Estados Unidos en 2019 a 1.364.757 en 2020.

Aunque el período de aplicación del plan de acción nacional sobre la resolución 1325 finalizó en 2020, el Gobierno le siguió asignando un presupuesto de 545.752 dólares en 2021, 7.266.399 en 2022 y 105.191.659, el 3,4 % del presupuesto del Estado, en 2023.

El Ministerio del Interior está dirigiendo el proceso de elaboración del segundo plan de acción nacional sobre la resolución 1325, que se presentará próximamente al Consejo de Ministros para que lo apruebe.

Mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer

El presupuesto anual de la SEII ha aumentado de forma sustancial hasta alcanzar los 2.152.264 dólares en 2023, frente a los 2.027.440 de 2022 y los 959.910 de 2020, a fin de fortalecer sus funciones como institución gubernamental que coordina y defiende la inclusión y la igualdad de género en los programas, políticas, leyes, planes y presupuestos gubernamentales que promueven la igualdad de género y la inclusión social, previenen la violencia de género y luchan contra ella y fomentan el empoderamiento económico y político de las mujeres.

Se ha avanzado en la integración de los marcadores de género en el SGFP como instrumento que permite supervisar y configurar las asignaciones presupuestarias de los ministerios competentes a la igualdad de género y la inclusión social. Como resultado, en 2022 el Gobierno también creó un programa específico sobre igualdad de género e inclusión social y puso en marcha iniciativas de integración de la perspectiva de género en la estructura presupuestaria gubernamental. A raíz de ello, el presupuesto general del Estado para 2023 muestra que 57 instituciones, entre las que figuran 13 municipios y la Región Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, el 53 % de un total de 108 instituciones, han asignado 258.137.782 dólares, el 12 % del presupuesto total, a la aplicación del Programa sobre Igualdad de Género e Inclusión Social y las iniciativas de integración de la perspectiva de género.

Hoy en día casi todos los ministerios competentes cuentan con un grupo de trabajo de género que participa de forma activa en las reuniones periódicas del grupo de trabajo de género de ámbito nacional. No obstante, los constantes cambios en la estructura gubernamental afectan a la función de este último. La SEII sigue coordinándose y colaborando con otras instituciones creadas recientemente para que también establezcan sus respectivos grupos de trabajo de género. La SEII proporciona 1.000 dólares a los puntos focales de género de los 13 municipios para que emprendan iniciativas que fomenten la igualdad de género, la inclusión social, la prevención de la violencia, el empoderamiento económico de las mujeres y su participación en los cargos políticos y decisorios.

La Dependencia de Planificación, Seguimiento y Evaluación del Primer Ministro se ha convertido en la Agencia Nacional de Planificación, Seguimiento y Evaluación, una entidad pública que goza de autonomía financiera y administrativa y se encarga de organizar, coordinar y supervisar la planificación plurianual, hacer su seguimiento y evaluar su aplicación.

Medidas especiales de carácter temporal

En la actualidad, el 40 % de los miembros del Parlamento Nacional de Timor‑Leste son mujeres, la mayor representación de la región. El porcentaje puede aumentar aún más si los partidos políticos se siguen esforzando por invertir en la creación de capacidad para que las mujeres y las jóvenes participen activamente en los órganos rectores y las actividades de los partidos políticos y fomentan esa participación. En este sentido, el Gobierno alienta a los partidos políticos a seguir aplicando con esmero la Ley núm. 7/2011, de 22 de junio, relativa a la segunda modificación de la Ley núm. 7/2006, de 28 de diciembre, sobre la Ley Electoral del Parlamento Nacional, en concreto su artículo 12, que exige que en la lista de candidatos titulares y suplentes se incluya al menos una mujer por cada terna o, de lo contrario, será rechazada. Esto significa que las mujeres pueden ser incluidas en la primera, segunda o tercera lista, y no en una de cada tres candidaturas, como se hacía hasta ahora.

El Gobierno señala que siguen observándose lagunas en la representación de las mujeres en puestos de autoridad a nivel regional y local; por ejemplo, en la actualidad solo un 5 % de los jefes de población (Xefe Suku) son mujeres, porcentaje que en el caso de los jefes de aldea (Xefe Aldeia) es del 4 %. Además, en 2021 tan solo una mujer (de un total de 13) ostentaba el cargo de Presidenta de Autoridades Municipales; una, el de Vicepresidenta de la Región Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, y dos, el de Autoridad Submunicipal. Para hacer frente a estos retos, la SEII, en colaboración con el Grupo de Mujeres Parlamentarias de Timo‑Leste y organizaciones de la sociedad civil, aprobó un marco estratégico para promover la participación de las mujeres en la política y alienta a los partidos políticos y las instituciones a empoderar a las mujeres y fomentar su participación en los cargos políticos y decisorios.

Estereotipos y prácticas nocivas

La SEII, en colaboración con el resto de las entidades, emprendió la campaña 16 Días de Activismo para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas a través de los medios sociales, debates televisados, folletos, actos e iniciativas de formación para el público general, en especial funcionarios gubernamentales, políticos, autoridades locales, líderes comunitarios, docentes, estudiantes y progenitores, con el objetivo de eliminar las prácticas nocivas y discriminatorias. La SEII también aboga ante la Comisión de la Función Pública (CFP) por que se tengan en cuenta el género y la discapacidad entre los criterios de selección y contratación.

Actualmente se está debatiendo y promoviendo la modificación de los artículos 1490 y 1500 del Código Civil (Ley núm. 10/2011) a fin de instaurar la obligación de registrar todos los matrimonios y eliminar el pago de un precio por la novia. Reconocemos que la poligamia va en aumento y se ha convertido en uno de los factores que más contribuyen a la violencia doméstica y de género. Por ello, el Gobierno sigue trabajando y concienciando a la población y a las familias sobre los efectos negativos de la poligamia para las familias y el desarrollo de los niños.

Violencia de género contra la mujer

Los datos estadísticos de la Dependencia de Personas Vulnerables de la PNTL muestran que en 2021 los casos de violencia de género aumentaron de forma notable hasta alcanzar los 1.335 (1.120 de violencia doméstica y 15 de violencia sexual), frente a los 1.319 (1.082 de violencia doméstica y 237 de violencia sexual) registrados en 2020. En 2020 se registraron 15 casos de violencia sexual relacionados con el incesto entre los casos de violencia de género denunciados a la Dependencia de Personas Vulnerables. Se siguen emprendiendo iniciativas de educación y sensibilización y organizando actos sobre la violación conyugal y la violación en las parejas de hecho a fin de animar a las víctimas a que denuncien los casos conexos. Los tribunales siguen ocupándose seriamente de los procesos de enjuiciamiento e imposición de penas relativos al incesto, y a través del sistema Rede Referral sobre la violencia de género se prestan a las víctimas servicios esenciales, como alojamiento, asistencia médica y asistencia jurídica para garantizar su acceso a la justicia.

A quienes cometen incesto se les imputa un delito agravado en las relaciones familiares, en virtud del artículo 173 del Código Penal. Sin embargo, el incesto entre mujeres y hombres adultos que son familiares no se considera punible. La SEII ha luchado por que los actores judiciales lleven a cabo un análisis exhaustivo en materia de género, centrado en los desequilibrios de poder entre las mujeres y los hombres que pueden desencadenar violencia sexual. Asimismo, la SEII y los asociados pertinentes han creado un grupo de trabajo para revisar algunos artículos del Código Penal y la Ley contra la Violencia Doméstica y proponer su modificación con vistas a que se incluya el incesto y se contemplen penas justas al respecto.

Ya ha finalizado el período de aplicación del segundo Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género 2017-2021, y el 28 de septiembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan para 2022-2032, el tercero, que se presentó el 25 de noviembre de 2022 en la inauguración de la campaña 16 Días de Activismo para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas.

Durante los cinco años de aplicación del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género 2017-2021 se obtuvieron resultados en relación con los cuatro pilares. Gracias a él, en 2019 y 2020 mejoraron la comprensión y los conocimientos en materia de igualdad de género y violencia de género de 13.255 personas (5.901 mujeres y 7.354 hombres), entre las que figuraban líderes comunitarios, docentes y estudiantes a nivel tanto nacional como local. Esas personas también recibieron información sobre cómo denunciar y remitir los casos de violencia de género a las instituciones competentes mediante iniciativas de formación y sensibilización, actos y campañas sobre la prevención de este tipo de violencia, la Ley contra la Violencia Doméstica, el empoderamiento económico de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género y el plan de acción nacional sobre la resolución 1325, relativa a las mujeres y la paz y la seguridad.

En los dos últimos años, los medios de comunicación han pasado a difundir más información sobre los casos de violencia de género gracias a la formación impartida a su personal sobre cómo comunicar y publicar información con perspectiva de género. También se imparte formación sobre el control de la ira a los agresores condenados e internados en centros penitenciarios y se les brinda apoyo para facilitar su reintegración en la comunidad.

De 2019 a 2022, casi 500 grupos de mujeres, mujeres víctimas de delitos en el pasado, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQI de todos los municipios recibieron 1.228.000 dólares de los Estados Unidos procedentes de los fondos de transferencia pública del Gobierno para financiar sus actividades económicas, generar ingresos para sus familias y mejorar sus medios de vida a fin de que pudieran participar en otras actividades estratégicas en su comunidad, así como para impulsar la autonomía de las mujeres para prevenir la violencia y asumir cargos políticos y decisorios.

En 2003 el Gobierno puso en marcha el programa Fatin Hakmatek, que brinda un espacio seguro en cuatro hospitales de Dili, Maliana, Suai y Oecusse. En 2021, el programa se amplió a Baucau, Viqueque y Ermera para atender a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual, maltrato infantil, abandono y trata de personas y proporcionarles seguridad, asistencia y tratamiento.

Ya hay 11 uma mahon (refugios) para víctimas y supervivientes de la violencia de género en ocho municipios, en los cuales se prestan servicios esenciales a las mujeres y niñas víctimas y supervivientes de ese tipo de violencia de conformidad con los procedimientos operativos estándar. En 2020, 402 mujeres y niñas víctimas y supervivientes tuvieron acceso a los refugios de Timor-Leste.

La SEII y todos sus asociados están llevando a cabo sesiones de formación y otras actividades sobre la prevención de la violencia de género, y siguen animando a las mujeres y los hombres a denunciar los casos relacionados con sus parejas. El aumento de los casos de violencia de género comunicados a la Dependencia de Personas Vulnerables también podría deberse a que las mujeres conocen mejor el proceso y saben dónde buscar ayuda cuando sufren violencia. La PNTL también ha creado una dependencia de género para aplicar su estrategia nacional al respecto. La SEII, la PNTL y otras instituciones han acordado crear un centro de datos sobre violencia de género. La SEII ha presentado esta propuesta a la Dirección General de Estadística (DGE) para que se siga debatiendo, prestando especial atención al mecanismo necesario para ponerla en práctica, el tipo de información que se incluirá en el centro de datos y los responsables de supervisar y gestionar el centro. Actualmente los asociados correspondientes están manteniendo conversaciones al respecto.

Violencia sexual contra la mujer durante las situaciones de conflicto

De conformidad con el informe de la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación de Timor-Leste, se registraron 393 casos de mujeres y niñas que habían sido víctimas de violencia sexual y 231 casos de mujeres y niñas que habían sido víctimas de esclavitud sexual. La mayoría de los actos habían sido cometidos por miembros del ejército indonesio durante la ocupación de ese país. Según los resultados de un estudio independiente realizado por organizaciones de la sociedad civil entre 2010 y 2022, se registraron 293 casos de violencia sexual (incluidos 61 de esclavitud sexual, 28 de violación, 27 de matrimonio forzado y 167 de otras formas de violencia).

El Ministerio de Salud presta asistencia sanitaria a todas las víctimas de conflictos, en especial a las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual durante los conflictos. El centro de superación de traumas colabora con la asociación de psicólogos profesionales de Timor-Leste para ayudar a las víctimas de los conflictos a superar sus traumas y presta asistencia psicológica a siete mujeres para tratar sus problemas de salud mental. Además, una organización de la sociedad civil llamada ACbit impartió formación en materia de salud reproductiva a 100 mujeres, entre las que se incluían víctimas y supervivientes de la violencia en situaciones de conflicto.

El Gobierno de Timor-Leste se ha comprometido a garantizar que todas las víctimas reciban reparación, en especial las mujeres víctimas y supervivientes de delitos en el pasado. Para ello, el Gobierno proporciona alojamiento, subsidios financieros y atención de la salud a los veteranos y combatientes nacionales, incluidas las mujeres víctimas y supervivientes de conflictos pasados. Además, la SEII aboga activamente ante los ministerios e instituciones pertinentes por la creación de un museo dedicado a las mujeres heroínas, veteranas y combatientes.

Trata y explotación de la prostitución

El Consejo de Ministros ha aprobado el Decreto Ley núm. 9/2021, de 30 de junio, por el que se crea una comisión de lucha contra la trata de personas que abarca cuatro pilares importantes: prevención, protección, enjuiciamiento y justicia. La Comisión, cuyo establecimiento estaba previsto en la Ley núm. 3/2017, está formada por instituciones relacionadas con esta esfera, tales como la Policía Científica de Investigación Penal, la PNTL, el MSSI, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, la SEII, el Programa de Supervisión del Sistema Judicial, ALFELA y la Alola Foundation.

El Gobierno también lleva a cabo actividades de sensibilización sobre la trata de personas dirigidas al público en general, en las cuales han participado 790 miembros de las fuerzas del orden (476 mujeres y 314 hombres), como la PNTL, la Dependencia de Personas Vulnerables de la Policía Nacional, la Policía Científica de Investigación Penal, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Justicia, el MSSI y la SEII.

En 2022 se denunciaron siete casos de trata de personas que implicaban a mujeres timorenses y a una ciudadana extranjera.

Participación en la vida política y pública

En la actualidad, el 40 % de los miembros del Parlamento Nacional de Timor‑Leste son mujeres, la mayor representación de la región. Sin embargo, siguen observándose lagunas en la representación de las mujeres en puestos de autoridad a nivel regional y local: por ejemplo, en la actualidad solo un 5 % de los jefes de población (Xefe Suku) y un 4 % de los jefes de subaldea (Xefe Aldeia) son mujeres. En 2021 tan solo una mujer (de un total de 13) ostentaba el cargo de Presidenta de Autoridades Municipales; una, de Vicepresidenta de la Región Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno, y dos, el de Autoridad Submunicipal (de un total de 67).

Según los datos de la CFP, en 2022 había en total 36.356 funcionarios, de los cuales 12.835 eran mujeres (35,3 %) y 23.521, hombres (64,7 %). El número de funcionarios que forman parte del personal permanente asciende a 27.665, de los cuales 9.230 son mujeres (33,40 %) y 18.435, hombres (66,60 %). De los 8.584 miembros del personal contractual para la prestación de servicios, 3.575 son mujeres (41,50 %) y 5.009, hombres (58,50 %). Además, 836 cargos decisorios están ocupados por mujeres (21 %) y 3.047, por hombres (78,5 %).

Educación

Se han tomado medidas cruciales para aplicar la Política Nacional de Educación Inclusiva, que se aprobó en 2017, como el establecimiento de aulas integradas de formación y la capacitación de docentes en materia de género y pedagogía inclusiva. A falta de una política de reincorporación, el Ministerio de Educación, Juventud y Deporte (MEJD) remitió una orden ministerial a todos los centros educativos para que permitieran que las niñas retomaran sus estudios tras dar a luz. El MEJD también sigue celebrando actos y emprendiendo campañas de promoción para conseguir que las escuelas, los docentes, los progenitores y las autoridades locales permitan que las niñas embarazadas y las madres jóvenes vuelvan a la escuela después de dar a luz. La formación orientada a la concienciación pública no solo se centra en los estudiantes, sino también en los progenitores y el público general, y buscan transformar las actitudes negativas, las normas sociales y los estereotipos sobre la vuelta de las niñas a la escuela y hacerles frente. Recientemente, la SEII y FOKUPERS, que se encarga de los uma mahon (refugios), han seguido coordinándose con el MEJD y abogando ante él por acelerar el proceso y determinar en qué escuelas pueden estudiar los niños y niñas víctimas de la violencia de género.

El Gobierno reconoce que es importante seguir dedicando esfuerzos y adoptando medidas concretas para impartir formación a los docentes sobre la lengua de señas y garantizar que los estudiantes con discapacidad tengan acceso a escritura en braille, inodoros y rampas, entre otros medios que les permitan participar en el proceso de aprendizaje escolar en todos los niveles educativos. En 2023, el MEJD también creará tres aulas integradas de formación para impartir capacitación a docentes y a estudiantes con necesidades especiales. En el formulario del Sistema de Información y Gestión de la Educación se incluye información relativa a las personas con discapacidad para ayudar al MEJD a reconocer los perfiles de los estudiantes con discapacidad y recabar datos sobre ellos. Se han creado centros comunitarios de aprendizaje en los 65 submunicipios para proporcionar un espacio de aprendizaje a las mujeres y los hombres jóvenes que abandonaron los estudios. La SEII y sus asociados también están capacitando a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos para que dispongan de información sobre relaciones sanas. Asimismo, se están coordinando con la Universidad Nacional de Timor-Leste al objeto de promover un campus seguro y colaborar con los estudiantes para facilitar que los supervivientes acudan al campus, generar confianza y concienciar sobre la violencia de género, lo cual puede llegar a tener un efecto transformador en el campus.

En el marco de la aplicación de una estrategia de saneamiento e higiene, todos los diseños de los nuevos edificios escolares incluían las instalaciones necesarias, como inodoros y agua. No obstante, aún no se ha conseguido ofrecer un transporte seguro para los desplazamientos desde y hacia la escuela fuera de las zonas urbanas. Tampoco se cuenta con datos sobre las niñas embarazadas y las madres jóvenes que se benefician del programa de alfabetización y del programa de educación primaria y secundaria.

No se dispone de información sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y sanciones impuestas a los autores de actos de violencia y malos tratos contra la infancia en entornos educativos. Sin embargo, el castigo corporal sigue siendo un problema en Timor-Leste. Según una encuesta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 2015, 7 de cada 10 niños y niñas timorenses declararon haber sufrido violencia física a manos de sus docentes en el año anterior. En virtud de la orden del MEJD, se sigue pidiendo a los docentes de todas las escuelas que no recurran a ninguna forma de castigo corporal contra los estudiantes. El Gobierno ya ha aprobado el Decreto Gubernamental núm. 29/2017, por el que se aprueba el Reglamento Disciplinario del Personal Docente y No Docente de los Establecimientos Escolares, a pesar de lo cual sigue siendo necesario crear un centro de asesoramiento o un mecanismo de denuncia mediante el que los estudiantes puedan presentar denuncias cuando sufran castigo corporal o cualquier otro tipo de violencia de género en la escuela. Por ello, la SEII y otros asociados están luchando por que las instituciones educativas ofrezcan esos mecanismos en las escuelas.

Empleo

La brecha salarial de género es un problema importante en Timor-Leste. Si bien el marco jurídico garantiza el derecho de las mujeres y los hombres a igual salario por trabajo igual, todavía existe una brecha salarial de género del 22 %. Según la encuesta de población activa, entre los factores que contribuyen a la brecha salarial de género en Timor-Leste figuran la sobrerrepresentación de las mujeres en industrias y ocupaciones que suelen estar peor remuneradas y la elevada tasa de mujeres que trabajan a tiempo parcial (el 29 % de las mujeres, frente al 13 % de los hombres). El Gobierno, a través de la SEII, sigue abogando ante las instituciones gubernamentales y del sector privado por la contratación de mujeres en la economía formal.

Una disposición del artículo 8 de la Ley núm. 5/2009, de 15 de julio, garantiza la igualdad y la no discriminación en la contratación del personal de la administración pública y por contrata.

En 2019, la CFP, en colaboración con la SEII y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, presentó al chatbot Rosa, que sirve de mecanismo para recibir denuncias de acoso sexual. Sin embargo, debido a la falta de información aún no se ha recibido ninguna denuncia a través de esta plataforma.

La Secretaría de Estado de Formación Profesional y Empleo (SEFOPE) lidera el proceso de desarrollo y adopción de un régimen de trabajadores domésticos, que se ha remitido al Parlamento Nacional para que se celebren consultas y análisis adicionales antes de su aprobación.

Entre enero y noviembre de 2022, la SEFOPE recibió 362 denuncias por rescisiones de contrato, sueldos, dimisiones, faltas agravadas, licencias, subsidios anuales, horas adicionales y cuestiones económicas y estructurales. Como resultado, 61 casos se resolvieron, 13 se anularon, 28 se sometieron a arbitraje, 2 pasaron por los tribunales y 2 se tradujeron en procedimientos interlaborales.

Salud

El Gobierno toma nota de la pregunta relativa a la modificación del artículo 141 del Código Penal y comunica que, por el momento, no se ha producido ningún avance al respecto. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha tomado medidas para prestar servicios a las mujeres o pacientes que han sufrido abortos espontáneos. El programa nacional de salud de la familia, Liga Inan, se está ejecutando en todo el país y en la actualidad cuenta con seis profesionales de la salud que atienden a entre 300 y 500 personas.

Prestaciones económicas y sociales y empoderamiento económico de la mujer

En total 49.242 personas (44.020 mujeres y 5.222 hombres) y 103.166 menores (50.569 niñas y 52.597 niños) se han beneficiado de los desembolsos del programa Bolsa da Mãe. El MSSI sigue manteniendo una cooperación positiva con 28 instituciones que prestan servicios sociales en el ámbito de la protección de la infancia en situaciones difíciles, las víctimas de la violencia doméstica, las personas de edad, la salud mental, la trata de personas y las personas con discapacidad.

Mujeres del medio rural y mujeres indígenas

El artículo 4 de la Ley núm. 13/2017, de 5 de junio, del Régimen Especial para la Definición de la Titularidad de los Bienes Inmuebles, garantiza la igualdad entre mujeres y hombres en materia de titularidad, acceso, gestión, administración, disfrute, cesión o enajenación de los bienes inmuebles. También obliga a todas las entidades a respetar los derechos de las personas vulnerables. No obstante, las diferencias entre los hombres y las mujeres en lo que respecta al acceso a las tierras siguen siendo un problema debido a las prácticas culturales que sitúan a estos en una posición privilegiada en lo relativo a la tenencia de las tierras y propiedades, sobre todo si pertenecen a la familia. Es posible que las mujeres dispongan de acceso a las tierras y propiedades si los cónyuges las adquirieron de forma conjunta. Asimismo, la división de la propiedad de las tierras se decide en el plano familiar, donde se suele discriminar a las mujeres y a las mujeres indígenas. Es frecuente que las autoridades judiciales y estatales no puedan intervenir si los hechos no se denuncian. La SEII sigue organizando actos e iniciativas de concienciación para la comunidad sobre la importancia de que las mujeres y otros grupos vulnerables tengan acceso a las tierras y propiedades.

Reducción del riesgo de desastres y cambio climático

En abril de 2021, Timor-Leste fue azotado por el ciclón Seroja, que afectó a más de 30.000 hogares, causó daños a unas 10.000 viviendas, de las cuales 4.000 quedaron totalmente destruidas, se cobró 44 víctimas mortales y provocó el desplazamiento de unas 9.000 personas. En colaboración con sus asociados nacionales e internacionales, el Gobierno proporcionó bienes de primera necesidad, alquiló viviendas para las personas afectadas por las inundaciones y planificó la construcción de una nueva población para quienes perdieron sus hogares y tierras. El Gobierno proporcionó materiales de construcción a quienes poseían tierras para que construyeran su propia casa. Las mujeres y otros grupos vulnerables también se benefician de los programas. El plan para construir una nueva población aún no se ha puesto en marcha.

El Gobierno se ha comprometido con la igualdad de género y la inclusión en cuanto que elemento transversal de la gestión del riesgo de desastres. En el Plan Nacional de Adaptación de Timor-Leste se incluye una sección sobre consideraciones demográficas, de género y de inclusión social en la que se recomiendan medidas que tienen en cuenta que el cambio climático repercute de forma diferente en los hombres, las mujeres, la infancia, las personas de edad y otros grupos potencialmente vulnerables. En ella se arroja luz sobre los efectos diferenciales del cambio climático en las mujeres y los hombres, de modo que se pone de relieve que es importante estudiar la posibilidad de elaborar directrices sobre la incorporación de la perspectiva de género en la respuesta en materia de adaptación climática que tengan en cuenta tanto a las mujeres como a los hombres. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente cuenta con un departamento específico dirigido por una mujer que de forma activa organiza campañas y actos y promueve los jardines verdes como medida para luchar contra el cambio climático y reducir las emisiones de gases. La Secretaría de Estado de Protección Civil está organizando actos en torno a la gestión de desastres y el cambio climático en los que participan tanto mujeres como hombres.

Grupos de mujeres desfavorecidas

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por el Consejo de Ministros el 4 de mayo de 2022 y ratificada por el Parlamento Nacional el 4 de julio de 2022. Se trata de uno de los mayores avances logrados por las organizaciones de personas con discapacidad en la aplicación de los planes nacionales de acción sobre los derechos de las personas con discapacidad. Reconocemos que la discriminación contra las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI sigue siendo motivo de preocupación. En el nuevo Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género 2022-2032 se aborda la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, y se sigue trabajando para mejorar los datos de manera que reflejen la situación de las personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI.

Matrimonio y relaciones familiares

El 19 % de las niñas de Timor-Leste se casan antes de cumplir los 18 años, y el 24 % ya son madres cuando cumplen los 20. La mayoría de las jóvenes se quedan embarazadas antes de casarse. Se constata que las causas de los matrimonios precoces son 1) el embarazo, 2) los matrimonios arreglados, 3) los matrimonios forzados por los progenitores porque los jóvenes mantenían una relación y 4) motivos financieros.

En el Código Civil de Timor-Leste se establece que los matrimonios han de ser monógamos. El artículo 1475 del Código Civil también reconoce y define tres sistemas de matrimonios monógamos, a saber, los católicos, los civiles y los culturales o uniones de hecho. Por ello, es difícil abolir el sistema cultural consistente en el pago de un barlaque o precio por la novia, puesto que la mayoría de las personas siguen considerando que el barlaque se enmarca en un sistema más amplio de creencias y prácticas. No obstante, se sigue concienciando a la comunidad a fin de reducir esta práctica; para ello, se facilita información que pone en tela de juicio las normas negativas que pueden fomentar la violencia de género.

El Código Penal y la Ley contra la Violencia Doméstica de Timor-Leste tipifican la violación conyugal o en uniones de hecho. Sin embargo, apenas se registran denuncias de violación conyugal, puesto que esta se suele incluir en los casos de violencia doméstica. El Código Penal no brinda protección a las víctimas de incesto, sobre todo si tienen más de 14 años. Por consiguiente, la SEII, el Ministerio de Justicia y la sociedad civil han pedido que se revise el Código Penal. El MSSI ofrece indemnizaciones y apoyo financiero a las víctimas vulnerables de casos que se han traducido en condenas para que desempeñen actividades económicas que les permitan subsistir y sobrevivir. Asimismo, el Ministerio de Justicia ofrece apoyo para la integración a los agresores condenados para que rehagan su vida al regresar a su familia y a la comunidad.

Timor-Leste también ha creado un mecanismo de remisión que va desde las poblaciones hasta el ámbito nacional para recibir denuncias y realizar investigaciones sobre la violencia de género. Rede Referral abarca los cuatro pilares del Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género: la prevención, el apoyo a las víctimas, el acceso a la justicia y la coordinación, el seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan. Tal y como se comunicó en el informe inicial, aunque se promulgó la Ley núm. 2/2009, de Protección de Testigos, Timor-Leste reconoce que su aplicación sigue planteando problemas, ya que se necesitan más recursos humanos y financieros y se han registrado cambios en la estructura gubernamental que han retrasado el establecimiento de la Comisión de Programas Especiales de Seguridad. Según el artículo 22 de la Ley, la Comisión de Programas Especiales de Seguridad depende directamente del Ministerio de Justicia, que se encarga de planificar y garantizar la ejecución de los programas especiales de seguridad a fin de asegurar la aplicación de la Ley de Protección de Testigos.

El Parlamento Nacional ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en mayo de 2022. El Gobierno destina cada vez más recursos a facilitar instalaciones accesibles y brindar apoyo a las personas con discapacidad. En las nuevas oficinas de la Dependencia de Personas Vulnerables de la PNTL hay una rampa, inodoros y otras instalaciones físicas accesibles para las personas con discapacidad. En el nuevo Plan de Acción Nacional contra la Violencia de Género, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros y presentado en la inauguración de la campaña 16 Días de Activismo para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 2022-2023, se contemplan servicios destinados a las personas con discapacidad y LGBTQI que han sido víctimas de este delito. El nuevo Presidente de la República también ha designado a un profesional procedente de la comunidad de personas con discapacidad para que ejerza, en el Gabinete de la Presidencia, de asesor del Presidente en relación con las cuestiones que conciernen a las personas con discapacidad.

La SEII y varias organizaciones de la sociedad civil han creado un grupo de trabajo para realizar consultas y proponer que se revisen la Ley contra la Violencia Doméstica y el Código Penal de modo que engloben los casos de incesto y otras cuestiones pertinentes.

Todavía no se ha avanzado en la modificación del Código Civil. Si bien el artículo 4 de la Ley núm. 13/2017 garantiza la igualdad y prohíbe la discriminación en el acceso a las tierras y la propiedad, su aplicación plantea problemas, ya que la mayoría de las decisiones se toman en el seno de la familia, sobre la base del sistema patriarcal de prácticas y estructuras culturales, por lo que es difícil que el Estado intervenga.

No se dispone de datos sobre los divorcios con arreglo a un sistema con asignación de culpa o sin ella.