En 2013, el Ministerio de Solidaridad Social también designó a un coordinador de las cuestiones de violencia por razón de género en cada uno de los 13 distritos para que prestase especial atención a las víctimas de la violencia doméstica/violencia por razón de género y les ofreciese cuidados, así como asistencia social, sanitaria, jurídica y económica en coordinación con otros miembros de la red de información sobre la violencia por razón de género.

A través de la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género, el Ministerio de Salud apoyó la creación de cuatro espacios protegidos (fatinhakmetek) gestionados por una organización de la sociedad civil en cuatro hospitales diferentes, a saber, el Hospital Nacional Guido Valadares de Dili y los hospitales de referencia de Oecussi, Suai y Maliana, cada uno de ellos dotados con 4 o 5 profesionales, como enfermeras y psiquiatras, los cuales suman un total de 14 trabajadores.

Además, el Protocolo para la Realización de Exámenes Medicoforenses, respaldado por el Instituto Nacional de la Salud y aprobado en 2010, fue recientemente objeto de mejoras, que se introdujeron en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y la asistencia del servicio de justicia de AusAID, el UNFPA y el Fondo para el logro de los ODM. De este modo, 20 matronas y doctores de 5 hospitales situados en los distritos de Oecussi, Suai, Baucau, Maliana y Maubisse recibieron capacitación en relación con el uso de dicho Protocolo y se graduaron en abril de 2012, lo que permitió la realización de exámenes medicoforenses en zonas rurales. Este hecho constituye un progreso realmente significativo, puesto que ya no es necesario que las víctimas se desplacen a Dili para examinarse, como era habitual antes de 2012. Ahora, gracias a que 20 enfermeras, matronas y doctores han adquirido estos conocimientos, y a la habilitación de nuevos espacios protegidos, se espera un aumento en el número de supervivientes que podrá realizar este examen conforme a las recomendaciones nacionales. A su vez, esto servirá de apoyo a las gestiones del Ministerio Fiscal para la iniciación de juicios, ya que ahora podrá basarse en pruebas físicas sólidas y no únicamente en las declaraciones de los testigos. A través de los espacios seguros que se crearon en Timor-Leste, solo en 2013 se prestó asistencia a 205 víctimas (tanto mujeres como hombres) en Dili, 79 (entre ellas, 5 hombres menores de edad) en Oecusse, 45 (entre ellas, 5 hombres) en Suai y, por último, 21 (entre ellas, 1 hombre) en Maliana.

Durante el año objeto de informe, el Gobierno continuó fortaleciendo la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género y la Ley contra la Violencia Doméstica. Se identificaron algunos resultados a través de un aumento positivo de los compromisos y las medidas del Plan de Acción Nacional incorporados en los planes de acción anuales de 2015 de los ministerios y otras instituciones estatales, en comparación con los planes de acción anuales de 2014. Diversos ministerios responsables de la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género establecieron acciones y medidas específicas orientadas a la ejecución de sus compromisos en 2015. Por ejemplo, el Plan de Acción Anual del Ministerio de Educación introdujo cuestiones relativas a los derechos humanos, la igualdad de género y la capacidad de resolver conflictos en el nuevo plan de estudios de la escuela primaria (véase la sección de educación), mientras que el Ministerio de Justicia incorporó medidas de divulgación pública en todos los distritos a fin de sensibilizar a la población sobre la Ley contra la Violencia Doméstica y los procedimientos de presentación de demandas.

[Todavía no se ha adoptado ninguna medida concreta para abordar las necesidades específicas y el mayor riesgo de convertirse en víctimas de violencia que sufren las mujeres y niñas con discapacidad más allá de las medidas generales contra la violencia por razón de género que se establecen en el Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género].

Trata

Sírvanse proporcionar información sobre la situación actual del proyecto de ley para la prevención, represión y sanción de la trata de personas y del Plan de Acción Nacional sobre la Trata de Personas. Sírvanse también proporcionar información sobre el número de investigaciones y formaciones de causa penal por trata, sobre las condenas impuestas a los traficantes, y sobre la apelación del caso citado en los informes (párr. 153). Tengan a bien describir cualquier acción de prevención llevada a cabo, incluidas las actividades de sensibilización y creación de capacidad, para la pronta identificación y protección de las víctimas de trata y para la prestación de servicios de rehabilitación y reinserción.

Al día de hoy, el nuevo proyecto de ley para la prevención, la represión y la sanción de la trata, cuya elaboración concluyó en marzo de 2014, se ha remitido al Consejo de Ministros. La reciente reorganización del Gobierno, tras la dimisión del Primer Ministro, ha causado considerables alteraciones en el proceso parlamentario y ha tenido efectos concretos en la aprobación de la ley por parte del Parlamento, que se ha retrasado aún más. El Ministerio de Justicia espera que el Parlamento apruebe la ley antes de que acabe el año. De conformidad con las disposiciones de este proyecto de ley, deberá crearse una Comisión Nacional contra la Trata de Personas, con el principal objetivo de establecer un Plan de Acción Nacional adecuado sobre esta cuestión.

Según el informe anual de 2014 dirigido al gabinete del Fiscal General de la República, no se ha producido ningún acto de inculpación formal basado en el delito de la trata en Timor-Leste.

En cuanto a la prevención, el Ministerio de Justicia, en colaboración con los ministerios competentes y cooperando de buena fe con la sociedad civil, mejoró los conocimientos de las comunidades sobre dicha cuestión durante las sesiones de socialización sobre el Código Penal, así como a través de la divulgación de panfletos, carteles y otros materiales. Además, el Ministerio de Justicia participó en la Conferencia de Ministros de Justicia de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y firmó un acuerdo sobre cómo prevenir y combatir los delitos de tráfico de personas dentro de las naciones de dicha comunidad.

Participación en la vida política y pública

El Estado parte reconoce que las mujeres deben hacer frente a numerosos obstáculos que se oponen a la participación en la vida pública y política (párr. 172). Aunque la representación de las mujeres en el Parlamento ha aumentado del 25% al 38% desde 2009, su participación en los altos cargos gubernamentales (entre otros, los de ministra, viceministra y secretaria de Estado) solo ha aumentado ligeramente, del 18% al 20%, desde la última reestructuración del Gobierno. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas, incluidas las medidas especiales de carácter temporal, como cupos o la sensibilización sobre la importancia de la participación plena e igualitaria de la mujer en puestos directivos, con vistas a la eliminación de dichos obstáculos y a la promoción de la igualdad de representación de la mujer en la vida política y pública, en particular a escala local.

Consciente de las múltiples barreras que se oponen a la participación de las mujeres en la vida política y pública, especialmente en el plano local, el Gobierno está sacando provecho de la importante reforma política promovida por el nuevo proceso de descentralización que se lleva a cabo bajo la dirección del Ministerio de Administración Estatal (Ministerio da Administraçao Estatal), que se ocupa de la reforma y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado a cargo del Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer (antes denominada Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad), creada recientemente.

De hecho, la contribución del Programa de Apoyo a la Gobernanza Local en la esfera de la formulación de políticas en favor de la descentralización y la gobernanza local dio lugar a la aprobación del Decreto Ley sobre la Planificación Integrada del Desarrollo de los Distritos, dirigido por el Ministerio de Administración Estatal. Este programa presta especial atención a la participación de la mujer en la vida pública y política en el plano local. El plan define y regula la normativa sobre jurisdicción, planificación, ejecución y financiación para los proyectos de infraestructura del Estado, desarrollados al nivel de los municipios y los subdistritos, e impone el requisito de incorporar al menos a 1 mujer cada 3 en los puestos directivos de los subdistritos.

El Ministerio de Administración Estatal pretende promover la inclusión de la mujer en los puestos de categoría superior, como los de directora general, asesora, jefa de departamento, administradora de la secretaría municipal, gestora de subdistrito o coordinadora de la Secretaría para la Administración Técnica de las Elecciones. Al día de hoy, las mujeres que ocupan cargos de jefatura representan alrededor de un 15% del personal del Ministerio. Este año (2015) se está prestando especial atención a las candidaturas de las mujeres en la contratación de los 300 nuevos miembros del personal que se ocuparán de la ejecución del programa de descentralización, así como a la capacitación del personal y la asignación de becas.

De forma paralela a la reforma administrativa, diversas ONG están llevando a cabo una campaña de sensibilización y concienciación titulada “100% HauProntu” (“Preparadas al 100%”), así como programas de capacitación, que cuentan con el apoyo del Gobierno, representado por la Secretaría de Estado a cargo del Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer. Los objetivos de esta campaña consisten en identificar a 100 posibles candidatas que deseen participar en las próximas elecciones de los municipios (sucos) que tendrán lugar en 2015 (elecciones de las aldeas y consejos de aldea), desarrollar la capacidad de las candidatas para que participen en la campaña y ocupen puestos de liderazgo de forma satisfactoria, efectiva y sostenible y, finalmente, alentar a la población a que vote por las mujeres para que estas ocupen el cargo de jefas de los municipios.

La finalidad de estas medidas es subrayar la importancia de que la mujer asuma puestos políticos y directivos en todos los niveles, basándose en el intercambio de buenas prácticas y en la experiencia adquirida en las elecciones anteriores, y poniendo en contacto a las futuras candidatas con las representantes electas y los jefes de los sucos para que aprendan de su experiencia. A través de reuniones y talleres periódicos, la campaña identificará las lagunas que puedan presentar las candidatas en cuanto a conocimientos y confianza, y trabajará para desarrollar su capacidad y dar respuesta a estas necesidades, así como para poner en marcha estrategias sólidas para la campaña y las elecciones.

Como parte del Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género, se celebraron también diversos talleres y reuniones periódicas entre el Gobierno, representado por la antes denominada Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, y el Ministerio de Solidaridad Social, junto con algunas ONG nacionales e internacionales, con varios objetivos, entre ellos, el empoderamiento de la mujer, la dependencia económica y el apoyo a la participación de la mujer en la vida política. Estos talleres tenían por objeto atraer la atención de la comunidad y de los dirigentes religiosos hacia la cuestión de la participación de la mujer en la vida política y pública en el plano local, así como alentar a las mujeres a que se impliquen en el proceso de desarrollo nacional, desde los sucos hasta el nivel nacional.

Educación

Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las preocupaciones específicas expresadas por el Comité en sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/TLS/CO/1 , párr. 36), y que el Comité consideró no aplicadas o aplicadas solo parcialmente, o no haber recibido información suficiente al respecto, de conformidad con la carta de seguimiento con fecha del 19 de marzo de 2013. Según la información recibida por el Comité, solo el 65% de las escuelas del Estado parte disponen de instalaciones sanitarias, solo el 38% cuenta con inodoros que funcionan regularmente con agua y muchas niñas abandonan la escuela cuando empiezan a menstruar debido a la falta de instalaciones sanitarias adecuadas. Tengan a bien indicar si se ha considerado la aplicación de una política de saneamiento en las escuelas que tenga en cuenta las cuestiones de género o si se han adoptado medidas adicionales que garanticen unas instalaciones sanitarias adecuadas en las escuelas, especialmente para las niñas.

El Ministerio de Educación ha incorporado los objetivos relacionados con el género en el Plan Estratégico de Educación Nacional, como parte de una política de inclusión social. Se ha desarrollado un plan integral en materia de igualdad entre los géneros, pero es necesario adoptar nuevas medidas para lograr su aplicación efectiva. Los objetivos principales consisten en promover la participación de las niñas en la enseñanza secundaria y superior, así como aumentar de forma significativa el número de profesoras. El Ministerio de Educación pretende, asimismo, utilizar las becas y otros incentivos para atraer a las mujeres de las zonas rurales con el objetivo de que asistan a los períodos de formación previa al empleo para profesores en los centros urbanos. Otras de las iniciativas relacionadas con el género son las siguientes:

•Aumentar la sensibilización del personal con respecto a las cuestiones de género;

•Establecer procedimientos destinados a eliminar la violencia por razón de género en las escuelas;

•Desarrollar un programa de becas para aumentar el número de niñas en la enseñanza secundaria y terciaria;

•Revisar los planes de estudio a todos los niveles para garantizar que respetan las cuestiones de género, y

•Aumentar el número de mujeres que disfrutan de becas para estudiar en el extranjero.

El Ministerio de Educación realizó un estudio en 2013, en colaboración con la Dirección General de Estadística del Ministerio de Finanzas, que le permitió completar los datos actuales del Sistema de Información sobre la Gestión Educacional, en particular en lo que respecta a las condiciones de las aulas, las sillas y las mesas, las instalaciones sanitarias y el acceso al agua y la electricidad en todos los centros de educación preescolar, escuelas primarias y secundarias, centros de enseñanzas técnicas y escuelas de formación profesional.

Como resultado del estudio, el Ministerio de Educación podrá dar prioridad a la rehabilitación o la construcción de instalaciones que respondan a las necesidades básicas de los estudiantes. Así, en 2014, este Ministerio rehabilitó 311 escuelas primarias y secundarias a través del Programa Nacional de Patrimonio Comunitario (Programa Nasional Patrimonio Komunitário), dirigido por la Agencia de Desarrollo Nacional (Agência de Desenvolvimiento Nasional). A través de este mismo programa, se identificaron 19 escuelas secundarias y 123 centros de educación preescolar que deben rehabilitarse en 2015. El Ministerio acepta que la mejora de las instalaciones sanitarias promoverá la permanencia de las niñas en la escuela cuando empiecen a menstruar.

Además, a raíz de los comentarios de la Secretaría de Estado a cargo del Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer durante la reunión del Comité de Examen del Presupuesto en 2015, el Ministerio también incluyó en su Plan de Acción Anual de 2015 una actividad destinada a ofrecer a los niños medios de transporte para ir y volver de las escuelas en tres municipios, lo cual representa una medida positiva para la seguridad de los estudiantes cuando se desplazan a los centros.

En los informes se afirma que las principales causas por las que las niñas abandonan la escuela son los embarazos y las creencias tradicionales sobre la educación de las niñas, los malos resultados en los exámenes finales, la enfermedad y, en casos excepcionales, la violencia sexual (párr. 192). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para abordar estos problemas, incluida la aplicación de políticas que permitan a las jóvenes volver a la escuela después de un embarazo, como recomendó el Comité en sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/TLS/CO/1 , párr. 36).

Aunque la Dependencia de Género del Ministerio de Educación llevó a cabo un estudio exhaustivo en colaboración con los Ministerios de Salud y Solidaridad Social, y con la antes denominada Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, a fin de determinar la repercusión de los embarazos en la adolescencia en la deserción en las escuelas secundarias, que pretendía servir de base para la formulación de políticas de reintegración de las madres jóvenes en las escuelas secundarias, el Ministerio todavía no ha aplicado plenamente las recomendaciones de este estudio.

Sin embargo, se han adoptado medidas con respecto al mecanismo de readmisión en las escuelas tras la deserción, tanto para las niñas como para los niños, para responder a las observaciones finales del Comité, especialmente con el objetivo de que las niñas vuelvan a la escuela. En la actualidad, hay medidas como la educación permanente, el traslado a otra escuela o los exámenes extraordinarios (exámenes individuales que se celebran en un lugar diferente) que contribuyen a la política de readmisión de las niñas, sobre todo de aquellas que abandonaron la escuela debido al embarazo. Desde el año 2010 hasta la actualidad, el Ministerio de Educación facilitó la readmisión de las estudiantes que dejaron la escuela por diversos motivos, como la violencia (sexual) o el embarazo, entre otros.

En los informes se indica que el número de delitos por violencia sexual denunciados ante el Inspector General de Educación ha disminuido de forma considerable y que, de los 9 casos denunciados en 2012, 4 fueron juzgados por los tribunales y 5 se resolvieron mediante mecanismos tradicionales (párr. 201). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas por el Estado parte para alentar a las mujeres y las niñas a denunciar la violencia sexual en las instituciones educativas ante la policía y para garantizar que la aplicación de los mecanismos tradicionales no viole los derechos de las víctimas ni se traduzca en la impunidad de los autores. Tengan a bien explicar las causas por las que simplemente se traslada a otras escuelas a los empleados públicos del sistema educativo que cometen delitos de violencia sexual. Sírvanse también proporcionar información actualizada sobre el número de casos de violencia sexual denunciados en las escuelas y las sanciones impuestas a los autores, así como indicar el plazo para la promulgación de la política de tolerancia cero ante la violencia (párr. 199).

Se han puesto en marcha una serie de mecanismos creados por el Estado para alentar a las mujeres y las niñas a informar sobre cualquier forma de violencia que sufran en la escuela o en el camino a la escuela, incluida la violencia sexual. En estos mecanismos participan la Oficina del Inspector General de Educación, así como la Comisión Nacional para los Derechos del Niño del Ministerio de Justicia y la Dirección Nacional para la Protección del Niño del Ministerio de Solidaridad Social. En concreto, la Oficina del Inspector General de Educación dirige la investigación y reúne datos sobre el acoso y las agresiones sexuales que padecen las niñas y los niños en todos los niveles educativos. De conformidad con el sistema de la red de información, la Oficina del Inspector General de Educación puede contar con la UPV-Policía Nacional de Timor-Leste, así como con los hospitales nacionales, para prestar asistencia a las víctimas de la violencia en las escuelas.

En la actualidad, hay un inspector por cada diez escuelas que desempeña tres labores específicas: asesorar a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en las escuelas; supervisar la ejecución del presupuesto y evaluar la gestión administrativa de las escuelas. El trabajo de los inspectores es fundamental para el progreso del sistema educativo y la posible reorientación normativa del Ministerio en materia de educación en Timor-Leste.

Tal como se indica en el informe, a través de la política de “tolerancia cero” adoptada por el Ministerio de Educación, junto con las campañas de socialización organizadas por las instituciones mencionadas más arriba encargadas de la protección de la infancia y la socialización de la Ley contra la Violencia Doméstica, se anima a los niños y las niñas que son víctimas de violencia en las escuelas a que comuniquen sus casos y presenten una denuncia ante el Inspector.

El Gobierno está trabajando en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil (como PRADET) para prestar asistencia a las víctimas de violencia doméstica que se someten a reconocimientos médicos o padecen traumas. Otras organizaciones (como Fokupers y Alfela) ofrecen también asistencia letrada y alojamiento para las víctimas, si lo necesitan.

La Evaluación nacional sobre cuestiones de género de 2014 señaló que todavía existen trabas para la política de tolerancia cero e identificó una serie de problemas que deben abordarse para garantizar su aplicación efectiva:

i)Desarrollar y difundir procedimientos operativos estándar para la presentación de informes, la investigación y el enjuiciamiento de los casos de violencia en todas las escuelas y centros educativos, en relación con el personal docente, los estudiantes y la comunidad en general;

ii)Ofrecer medios de transporte seguros y garantizar un entorno escolar también seguro;

iii)Garantizar que los casos denunciados se investigan de forma apropiada y que a los autores se les imponen las sanciones adecuadas (y no se limitan al traslado a otras escuelas, según la recomendación del Comité);

iv)Analizar de forma más exhaustiva los tipos, el alcance y las causas subyacentes de la violencia tanto dentro de las escuelas como en torno a ellas; y

v)Realizar el seguimiento y evaluar el progreso con respecto a la ejecución de las políticas.

En lo que se refiere a las sanciones, cuando el profesor es el culpable, los casos deben remitirse a la Comisión de Administración Pública, que es responsable de entablar los procedimientos disciplinarios correspondientes y dispone de una serie de medidas en este ámbito, entre ellas, la destitución, las multas o la suspensión. Sin embargo, dado que el Ministerio de Educación todavía no dispone de ningún reglamento específico o interno que obligue a recurrir a los procedimientos disciplinarios de la Comisión de Administración Pública, suele dárseles prioridad a las soluciones disciplinarias internas, como los traslados a otras escuelas u oficinas.

No se dispone de información actualizada sobre el número de casos de violencia sexual en las escuelas denunciados ni sobre las sanciones impuestas al autor en la fecha de redacción del presente documento.

Empleo

Sírvanse proporcionar información sobre los avances realizados con miras a lograr la ratificación del Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 (núm. 111), y el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (Núm. 100), de la Organización Internacional del Trabajo. Sírvanse indicar las acciones llevadas a cabo para la promulgación de una política de empleo que tenga en cuenta las cuestiones de género en el sector informal, incluida la protección de la maternidad (párr. 211). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para frenar la discriminación contra la mujer en la contratación y promoción, dado que en los informes se indica que las mujeres necesitan cualificaciones más altas que los hombres para obtener una posición de alto nivel (párrs. 223 y 236). Sírvanse describir las acciones emprendidas para promover la igualdad de representación de la mujer en puestos de dirección en el sector privado.

No se dispone de información sobre el estado de la ratificación del Convenio sobre la Discriminación (núm. 111) ni sobre el Convenio de Igualdad de Remuneración (núm. 100).

El Gobierno de Timor-Leste considera que el desarrollo del sector privado es clave para el crecimiento económico y el desarrollo económico sostenible. La incorporación de la perspectiva de género en el sector privado es crucial para garantizar que se tienen en cuenta las diferencias entre los géneros y que las empresarias y empresarios de Timor-Leste pueden aumentar las oportunidades para participar y beneficiarse del desarrollo económico, así como contribuir al mismo. En este contexto, se adoptó una Estrategia Nacional sobre el Género y el Sector Privado, que se pondrá en marcha durante el período 2014-2017 con el objetivo de contribuir a la inclusión económica, es decir, al proceso de superación de barreras que se oponen a la participación o la plena contribución de los hombres y las mujeres al sistema económico.

La evaluación realizada para elaborar la Estrategia sobre el Género y el Sector Privado, mediante amplias consultas con las principales partes interesadas y basada en la información y los datos secundarios disponibles, así como en el análisis de los problemas relacionados, identifica cinco esferas en las que es necesario adoptar medidas. La Estrategia y su Plan de Acción se centran y se ejecutarán en torno a las cinco esferas siguientes: 1. Marco institucional y condiciones favorables para la actividad empresarial, así como la falta de diálogo y coordinación entre los sectores público y privado; 2. Acceso al crédito y los servicios financieros, especialmente para los microempresarios y los pequeños empresarios; 3 Acceso a los servicios de desarrollo empresarial y a la información; 4. Acceso de los productos y servicios al mercado; 5. Acceso de las empresarias a la red formal.

Los objetivos principales de la Estrategia y del Plan de Acción consisten en garantizar que las necesidades de las empresarias se atienden de forma más efectiva, en condiciones de igualdad con los hombres, tanto al nivel de los distritos como a nivel nacional. Además, tiene por objeto garantizar que se adopta una perspectiva que tenga en cuenta las cuestiones de género en el desarrollo del sector privado, mediante una colaboración más intensa de las partes interesadas clave en Timor-Leste.

Teniendo en cuenta que las principales instituciones que iniciaron la elaboración de la Estrategia y su Plan de Acción desaparecieron debido a la reorganización ministerial que tuvo lugar poco después de adoptar la Estrategia, la nueva Secretaría de Estado a cargo del Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer, con apoyo de ONU-Mujeres, se encargará de ayudar a la Secretaría de Estado a cargo de la Política sobre Formación Profesional y del Empleo y al Instituto de Apoyo al Desarrollo Empresarial y otras Secretarías de Estado y ministerios pertinentes a incorporar la perspectiva de género en sus políticas y leyes, así como a promover la participación de la mujer en el sector privado.

Salud

Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las medidas adoptadas para hacer frente a las preocupaciones específicas expresadas por el Comité en sus anteriores observaciones finales ( CEDAW/C/TLS/CO/1 , párr. 38) y que el Comité consideró no aplicadas, o aplicadas solo parcialmente, o no haber recibido información suficiente al respecto, de conformidad con la carta de seguimiento con fecha del 19 de marzo de 2013. Sírvanse proporcionar información sobre las acciones emprendidas para garantizar que se informe de todas las muertes maternas que se producen en el Estado parte a través del Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria. Tengan a bien describir las medidas adoptadas para garantizar la amplia disponibilidad de métodos anticonceptivos asequibles y servicios de planificación familiar (párr. 269).

A fin de mejorar la reunión de datos sobre las muertes maternas, el Ministerio de Salud ha trabajado para adoptar y generalizar el Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria a nivel nacional en todos los establecimientos sanitarios, a saber, hospitales nacionales, hospitales de referencia, servicios de salud locales, centros de salud y puestos sanitarios. En 2014, además del Sistema de Información sobre la Gestión Sanitaria, el Ministerio de Salud creó un sistema de vigilancia de la mortalidad materna y de respuesta a ella en el Hospital nacional y los hospitales de referencia, con el objetivo principal de evitar la mortalidad materna, así como la mortalidad en la niñez.

Por otra parte, el Ministerio de Salud también pretende poner en marcha un nuevo programa de “autopsia verbal” adaptado al contexto rural, a fin de facilitar la determinación de las causas de la mortalidad materna en la comunidad en caso de que no exista historial médico o no se disponga de un servicio formal de atención médica.

En lo que respecta al suministro y la disponibilidad de métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar, el Ministerio de Salud ha adoptado un Sistema de Información sobre Gestión Logística y lo utiliza a nivel nacional y local para evitar la ruptura de existencias y garantizar la disponibilidad de los métodos anticonceptivos y los servicios de planificación familiar en los establecimientos sanitarios de todos los niveles. El Ministerio de Salud también está llevando a cabo un programa de defensa y sensibilización a nivel de la comunidad en torno a la promoción y la educación en cuestiones relacionadas con la salud y la planificación familiar.

Sírvanse indicar las medidas adoptadas por el Estado parte para revisar la legislación relativa al aborto con miras a eliminar las disposiciones punitivas impuestas a las mujeres que se someten a abortos (párr. 38). Sírvanse indicar también si el Estado parte ha retirado el requisito según el cual era necesario conocer la opinión de la pareja de una mujer para la realización de un aborto legal. Tengan a bien describir las acciones llevadas a cabo para despenalizar el aborto en caso de amenaza para la vida o la salud de la mujer embarazada, violación, incesto o daños graves del feto.

Hasta la fecha, el Estado no ha iniciado ningún proceso legislativo destinado a revisar el marco jurídico relativo al aborto.

Mujeres de las zonas rurales 

Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para la elaboración y puesta en práctica de estrategias y programas de desarrollo rural que tengan en cuenta las cuestiones de género, y aseguren la plena participación de las mujeres de las zonas rurales en su formulación y ejecución. Sírvanse describir las medidas adoptadas para garantizar el acceso de las mujeres rurales a los servicios de salud (incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva), educación, agua limpia, electricidad y proyectos de generación de ingresos.

El Gobierno de Timor-Leste, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización (FNUDC) adoptaron un nuevo programa de cooperación, diseñado para contribuir a la reducción de la pobreza y el desarrollo local. Conocido como Programa de Desarrollo y Gobernanza Subnacionales (2014-2018), este programa fortalecerá las instituciones en aras de la gobernanza descentralizada, aumentará la participación y mejorará la capacidad local para prestar servicios, especialmente para los grupos más vulnerables de las comunidades pobres, de conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico de Timor-Leste 2011-2030 y para cumplir lo dispuesto en la Constitución acerca de la descentralización. Además, el Programa de Desarrollo y Gobernanza Subnacionales garantiza que se concede la atención necesaria al aumento de las oportunidades que se ofrecen a las mujeres y otros grupos desfavorecidos para participar y sacar provecho de las actividades del programa a favor de las mujeres del medio rural.

Teniendo en cuenta que, según la Encuesta sobre la fuerza de trabajo de 2013, más de un 61% de las mujeres trabajaban en el sector agrícola, forestal o pesquero, en 2015 la Secretaría de Estado a cargo del Apoyo y la Promoción Socioeconómica de la Mujer ha determinado que el Ministerio de Agricultura era uno de los ministerios clave (junto con los Ministerios de Educación, Salud, Interior, Solidaridad Social, Administración Estatal y la Secretaría de Estado a cargo de la Política sobre Formación Profesional y del Empleo, también se preveía incluir al Ministerio de Obras Públicas, pero todavía no se ha hecho) para reforzar la aplicación de los principios y estrategias de incorporación de la perspectiva de género a través de programas de capacitación sobre cómo integrar las cuestiones de género en el Plan de Acción Anual para 2016 y más allá de esta fecha. Dado que los planes de acción anuales finales deben remitirse al Gabinete del Primer Ministro al final de junio, todavía no ha podido evaluarse la repercusión de los programas de capacitación.

Con esta misma preocupación por las mujeres del medio rural, la anterior Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad inició en 2014 la elaboración de los planes de acción en materia de género de los distritos, desarrollados por los propios Grupos de Trabajo sobre Cuestiones de Género de los Distritos, compuestos por un número elevado de mujeres. Estos Planes de Acción incluyen los programas, así como el presupuesto correspondiente, que pretenden dar respuesta a las necesidades específicas de las mujeres y los hombres de cada distrito. Los programas y presupuestos que se incluyen en estos Planes de Acción son coherentes con los programas que ya han puesto en marcha los ministerios presentes en los distritos, a través de las oficinas de distrito, y garantizan la integración de la perspectiva de género en sus actividades. Sin embargo, dado que este sistema todavía es nuevo, no se ha realizado el seguimiento ni la evaluación de estas actividades, por lo que es difícil evaluar su repercusión y el sistema debe seguir reforzándose en el futuro.

Además, en un sector tan importante y que genera tantos ingresos en Timor-Leste como el del petróleo, el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales ha centrado la atención en garantizar la participación de las mujeres del medio rural en los procesos de desarrollo local y nacional. Por ejemplo, en la base de aprovisionamiento de Suai, la participación de la mujer se ha tenido en cuenta desde las fases iniciales del proceso de trabajo. Asimismo, las mujeres tienen acceso a la información y la adopción de decisiones en el Aeropuerto de Suai. Las mujeres son conscientes de los aspectos favorables y desfavorables del desarrollo de la base de aprovisionamiento. De la misma forma, el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales también ofrece programas de formación y desarrollo de la capacidad, como el curso comunitario de inglés y programas informáticos dirigido a la comunidad, con el objeto de garantizar que los hombres y las mujeres del entorno local, que son los más afectados por los proyectos de desarrollo, puedan participar en el trabajo que se lleva a cabo en la industria petrolera en Suai. En la actualidad, alrededor del 60% de las mujeres del medio local y rural participan en los programas de formación.

En cuanto sector delicado en lo que respecta al acceso de las mujeres rurales a los servicios, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones está prestando especial atención a la participación de la mujer en la formulación y la aplicación de las políticas. Como ya se comunicó en los informes periódicos segundo y tercero del CEDAW, está aumentando la participación de la mujer en los programas de desarrollo de infraestructura. En lo que se refiere a la infraestructura rural, las mujeres desempeñaron un papel importante en el Grupo de Gestión de las Instalaciones encargado del desarrollo de los caminos rurales y el abastecimiento de agua en zonas rurales. Las mujeres participaron en la gestión de la base de datos de usuarios de prepago del suministro eléctrico y también realizaron labores de técnicas en diversas centrales eléctricas. En el ámbito del transporte y las comunicaciones, las mujeres desempeñaron una labor destacada en las torres de control del tráfico marítimo y aéreo. Además, las mujeres desempeñaron cargos directivos en las oficinas de transporte.

En definitiva, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones (Ministério das Obras Públicas Transportes e Communicação) emprendió medidas para garantizar que las mujeres participan en todos los procesos de los programas de desarrollo de infraestructura rural y sacan provecho de ello. Algunos ejemplos concretos son los programas de gestión del agua limpia y el de desarrollo de caminos rurales (Caminos para el Desarrollo). Las mujeres contratistas (en torno al 20% de los 40 contratistas son mujeres) participan en la prestación de servicios de infraestructura rural. Estas contratistas han asistido a cursos de formación sobre la construcción de caminos rurales. Además, el 30% de las horas de trabajo se les asignan a las mujeres. Un estudio realizado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones reveló que, entre 2013 y 2015, el trabajo realizado por las mujeres fue equivalente a 110.000 días trabajados. La investigación sobre los trabajadores del proyecto Caminos para el Desarrollo, llevada a cabo en 2014, determinó que el 45% de las mujeres del medio rural declaran que su autoestima ha mejorado y que tienen la confianza suficiente para tomar decisiones en el contexto familiar. En torno a un 46% de las mujeres declararon que su participación en los programas de Caminos para el Desarrollo había contribuido a reforzar su capacidad y que eran capaces de desempeñar trabajos que exigen fuerza física. Por lo tanto, el Programa Caminos para el Desarrollo ha tenido una repercusión positiva, especialmente en el empoderamiento económico de la comunidad. La investigación del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones desveló también que los ingresos de los hogares habían aumentado e incluso se habían multiplicado. Hay más mujeres que crean sus pequeñas empresas, mientras que otras empiezan a ampliar el tamaño de las suyas. A fin de reforzar las condiciones económicas de las mujeres, el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones ofreció diferentes tipos de formación profesional de sensibilización en cuestiones de género, para las mujeres del medio rural, las mujeres que trabajan en la infraestructura, así como las mujeres contratistas, en la que se abordó también cómo supervisar el trabajo sobre el terreno.

Se ha adoptado una medida específica para garantizar el acceso de las mujeres a las oportunidades laborales del programa Caminos para el Desarrollo. De hecho, en el proceso de contratación de trabajadores para el programa, debe ofrecerse un 30% de las vacantes a las mujeres y debe garantizarse que la participación de las mujeres representa el 50%. Además de estas cuotas, en 2013 se creó un Grupo de Trabajo para la Seguridad Social en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, que desempeñó un papel importante a la hora de garantizar el intercambio y la difusión de la información, la inclusión de los grupos vulnerables y la igualdad entre los géneros en la planificación del programa, el desarrollo comunitario y la seguridad laboral de las comunidades.

En el ámbito del saneamiento, según un informe de 2015 del Sistema de Información sobre el Agua y el Saneamiento (SistemaInformasaun Bee no Saneamentu), la participación de las mujeres ha aumentado de forma significativa, pasando de un 33% en enero de 2013 a un 40% en junio de 2015. La política de participación comunitaria del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones, mediante los planes de acción comunitaria (PlanuAsaunKomunidade) desarrollados a través del Programa BESIK, promueve la participación de la mujer, especialmente en la planificación del mantenimiento del agua, ya que la mujer siempre ha desempeñado un papel destacado en la gestión del agua de las comunidades. Además, la contratación de personal para el Programa BESIK ha sido objeto de un proceso que tuvo en cuenta las cuestiones de género, en el cual el Ministerio dio más oportunidades a las mujeres, sobre todo como facilitadoras comunitarias en el nivel de los subdistritos.

Finalmente, el Gobierno de la República Democrática de Timor-Leste está preparando una ley con el objetivo de adoptar una Política Nacional sobre Suministro de Agua (PolitikaNasionalAbastesimentu Bee). Este proyecto de ley reconoce a las mujeres como encargadas de la recolección de agua y/o principales usuarias dentro de la familia. Por este motivo, garantizará la participación de las mujeres en el proceso de adopción de decisiones de las comunidades.

Mujeres repatriadas

Sírvanse proporcionar información sobre las medidas tomadas para la adopción de una política nacional que esté en consonancia con las resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad y la formulación y ejecución de planes y programas que tengan en cuenta las cuestiones de género para la reintegración social, el fomento de la capacidad y la formación de las mujeres repatriadas. Por favor proporcionen información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las mujeres repatriadas que hayan sido víctimas de la violencia, incluida la violencia sexual, tengan acceso a medios inmediatos de reparación, de conformidad con las anteriores observaciones finales del Comité ( CEDAW/C/TLS/CO/1 , párr. 44).

La antes denominada Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, en asociación con ONU-Mujeres, ha aplicado diversos programas/proyectos y ha recibido apoyo técnico y financiero, como por ejemplo, fomento de la capacidad mediante programas de capacitación e intercambios de aprendizaje regionales para abordar los casos de violencia por razón de género/violencia doméstica/resolución 1325 del Consejo de Seguridad, CEDAW, etc... Con la aplicación de este proyecto, la Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad, en cuanto Mecanismo Nacional, ha estado comprometida durante los últimos años en la promoción de una aplicación más exhaustiva de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad y el aumento del entendimiento y la participación de la mujer en la solución de conflictos/proceso de consolidación de la paz. La Secretaría de Estado para la Promoción de la Igualdad ha dirigido desde 2012 la aplicación del Plan de Acción Nacional sobre la Violencia por Razón de Género, que incluye cuestiones de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, y ha utilizado principalmente dos estrategias a este respecto: i) las actividades de promoción y sensibilización a nivel político y a nivel comunitario y, en segundo lugar, ii) el fortalecimiento de la capacidad institucional mediante talleres dirigidos a las autoridades locales, miembros del Grupo de Trabajo General del distrito y oficiales de la Policía Nacional de Timor-Leste para proporcionar asesoramiento y apoyo a las víctimas de la violencia por razón de género/violencia sexual y por razón de género.

Además, el Ministerio del Interior (MI), que considera muy importante la participación de la mujer en el proceso de mediación, garantizó la participación de la mujer en el proceso de paz mediante la creación de un gabinete de género dentro de la Dirección General para el Trabajo Cooperativo (ServisuKooperativa).

El Ministerio del Interior también dirige el nuevo Plan de Acción Nacional de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre la Mujer, la Paz y la Seguridad. Este Plan de Acción Nacional 1325 se centra en las mujeres refugiadas, mujeres vulnerables, víctimas de agresión sexual y viudas, así como en la reintegración de mujeres abandonadas en sus comunidades. Además, las beneficiarias del Plan de Acción Nacional 1325 se pueden agrupar en grupos cooperativos para recibir capacitación sobre cómo formular propuestas, buscar financiación y crear actividades que generan ingresos.

El Ministerio de Solidaridad Social también ha participado en el proceso de reintegración de repatriadas en sus comunidades y ha integrado a la mujer mediante el trabajo del Departamento de Consolidación de la Paz y Cohesión Social y subvenciones en efectivo. Su trabajo en asociación con ONG nacionales contribuyó al empoderamiento de las víctimas de la violencia por razón de género para que se reintegrasen en sus comunidades y empezasen actividades que generan ingresos, como pequeñas empresas.

Matrimonio y relaciones familiares 

En los informes se indica que el Código Civil de 2011 fijó la edad legal para contraer matrimonio en los 17 años (párr. 339). Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para elevar la edad legal a 18 años de conformidad con la Convención, como recomendó anteriormente el Comité ( CEDAW/C/TLS/CO/1 , párr. 46). También se indica que el Código Civil contiene una disposición sobre el período de tiempo que debe transcurrir antes de volver a contraer matrimonio tras de un divorcio o la muerte de uno de los cónyuges, de 180 días para los hombres y 300 días para la mujer (art. 1494) (párr. 357). Sírvanse proporcionar información sobre los planes de revisar esta disposición, que discrimina a la mujer. 

Hasta la fecha, el Estado no ha iniciado ningún proceso legislativo para la revisión del Código Civil respecto a la edad legal para contraer matrimonio, ni respecto al plazo internupcial creado para proteger la situación de la mujer. Deben transcurrir 300 días para las mujeres desde el día que se decide el divorcio, para probar ante un tribunal que no está embarazada antes de volver a contraer matrimonio. El objetivo de esta ley es proporcionar protección jurídica a la mujer, a la identidad del niño y a la identidad biológica del padre, según las capacidades de análisis médico concretas del país, especialmente en zonas rurales.

En los informes se indica que el Código Civil reconoce tres formas de matrimonio en virtud del artículo 1475 1): civil, católico o tradicional (párr. 336). Tengan a bien indicar en qué medida disfrutan las mujeres de los mismos derechos que los hombres durante el matrimonio y tras la disolución de este. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para promover el registro de matrimonios y nacimientos, especialmente en las zonas rurales. Sírvanse también proporcionar información sobre las acciones llevadas a cabo para evitar el matrimonio infantil y forzoso.

La ley aplicable actual respecto al registro civil está incluida en el Código Civil y recoge la inscripción obligatoria de todos los matrimonios (art. 1538) como ya se indica en el informe, también de los matrimonios tradicionales y religiosos. Sin embargo, se está estudiando un nuevo proyecto de ley, que actualmente está en proceso de consulta pública, con el fin de adaptar la legislación civil existente a los principios constitucionales, en particular, el principio de la igualdad entre hombres y mujeres y la burocracia de la administración pública para acercar los servicios a los ciudadanos. Así, este proyecto de ley promueve el uso de las nuevas tecnologías de la información con la intención de facilitar la vida de los ciudadanos mediante procedimientos menos burocráticos. El proyecto de ley también ha sido revisado por el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones Jurídicas y de Género y fue objeto de comentarios y recomendaciones significativas con respecto a su cumplimiento de los principios del CEDAW y otros tratados de derechos humanos.

La desviación de los procedimientos de inscripción mediante la transferencia de poderes de los tribunales a las oficinas de registro, en algunos casos solo en lo que respecta a la declaración y en otros casos para que tomen decisiones en estos procesos, contribuye a la reducción de los procedimientos judiciales y a la mejora del acceso a la justicia, que continúa siendo una de las prioridades de este VI Gobierno constitucional.

Antes de que se apruebe la ley, de conformidad con la legislación en vigor, el Ministerio de Justicia debe crear un registro civil que incluya la transcripción de los matrimonios no católicos y de los matrimonios de nacionales fuera del territorio. Esta labor se está llevando a cabo a través de la Dirección Nacional del Registro Civil (Diresaun Nasional Registu Notariado) del Ministerio de Justicia. Actualmente, se han creado oficinas del registro civil (Kartorial Notariado) en cinco distritos, a saber, Dili, Baucau, Ermera, Suai y Oecusse, y los cinco municipios cuentan con un Konservador distrital.En la actualidad, 15 estudiantes de notariado están siguiendo el programa de capacitación específica del Centro de Capacitación Jurídica.

En lo que se refiere a las inscripciones de nacimiento, se ha establecido una línea de coordinación y cooperación entre el Diresaun Nasional Registu Notariado del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Administración Estatal para facilitar la inscripción de los recién nacidos. La inscripción se realiza en los centros de salud de los sucos. Tanto los jefes de los sucos como los jefes de aldeia (aldeas) participan en el proceso. Los funcionarios de la Dirección Nacional del Registro Civilrecopilan la lista de recién nacidos. También se ha establecido un registro móvil en el marco de la Dirección Nacional del Registro Civil,especialmentepara llegar a las zonas más remotas. Con el fin de prevenir los embarazos precoces, los matrimonios a edades tempranas y los matrimonios forzosos, los tres ministerios competentes colaboran para difundir información sobre matrimonios y embarazos saludables, incluyendo la socialización del Derecho civil de Timor-Leste en todos los distritos.

Acceso a la tierra y a la propiedad 

Sírvanse proporcionar información actualizada sobre los progresos realizados para lograr la aprobación del proyecto de ley de expropiación, el fondo financiero inmobiliario y el régimen especial para la definición de la propiedad de bienes inmuebles. Tengan a bien indicar en qué medida garantizan dichas leyes la igualdad de derechos a la tierra y a la propiedad para las mujeres, así como explicar la relación entre las leyes y el derecho y las prácticas consuetudinarias. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas para promover los títulos de propiedad conjunta de la tierra y garantizar que las labores de mediación y arreglo consuetudinario de controversias por la tierra protejan los derechos de la mujer, incluidas las asociaciones de facto, en pie de igualdad con los hombres. 

El actual proyecto de ley sobre tierras y expropiación, así como el proyecto de ley del fondo financiero inmobiliario se presentaron ante el Consejo de Ministros en marzo de 2015. Se espera que sean aprobados por el Parlamento Nacional al final del año. Estos proyectos de ley reconocen el derecho sobre la tierra de la mujer y le ofrecen la oportunidad de gestionar un negocio en su propia tierra. Actualmente, la Dirección General de Tierras y Bienes Inmuebles del Ministerio de Justicia está realizando un estudio catastral a través del Sistema Catastral Nacional (Sistema Cadastral Nacional) para ayudar a las comunidades a identificar los límites de sus tierras y para prevenir los conflictos descontrolados sobre la tierra entre comunidades. El Sistema Catastral Nacional es un proceso que tiene en cuenta las cuestiones de género, en el que los hombres y las mujeres están presentes al mismo nivel en el proceso de adopción de decisiones para determinar los límites de sus tierras, así como en la reivindicación de las controversias sobre tierras.

Reunión y análisis de datos

Sírvanse proporcionar información actualizada sobre las labores para sistematizar la reunión de datos desglosados por sexo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, como lo había solicitado anteriormente el Comité ( CEDAW/C/TLS/CO/1 , párr. 30), y sobre la explotación de la mujer en la prostitución o la trata. Por favor describan los estudios y encuestas realizados sobre la prevalencia y las causas de la explotación de mujeres y niñas en el Estado parte. Sírvanse proporcionar información sobre las medidas adoptadas con vistas a la puesta en marcha de un sistema de reunión de datos sobre todos los aspectos de la salud de la mujer, incluido el seguimiento de las repercusiones concretas, conforme a lo solicitado anteriormente por el Comité ( ibid ., párr. 38).

En lo relativo a la reunión de datos sobre violencia doméstica, el sistema de reunión de datos de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Solidaridad Social se organiza por meses y se clasifica basándose en el número de casos de violencia por razón de género, el día de incidente y el día en que se denuncia el caso, según las formas y tipos de violencia, edad de las víctimas y los autores, lugar/ubicación, relación entre la víctima y el autor, número de asistencia proporcionado a la víctima después del incidente (ya sea asistencia médica, estancia en un centro de acogida, asistencia letrada o intervención de Dependencia de Participación de las Víctimas).

El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones también presta especial atención a la reunión de datos.El ministerio tiene en cuenta, sobre todo, el impacto del desarrollo de la infraestructura en los hombres y las mujeres a nivel de distrito, de los sucos y las aldeas en las zonas rurales. La reunión de datos se organiza en función del sexo, la edad y las diferencias geográficas. El Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones también está llevando a cabo una investigación sobre la repercusión del desarrollo de la infraestructura en zonas rurales y en el distrito en la vida de las mujeres y las comunidades. Se aplican métodos cuantitativos y cualitativos. La investigación se centra en las trabajadoras de zonas rurales y de los distritos a todos los niveles, prestando especial atención a sus actividades económicas diarias. El resultado que se espera obtener con esta investigación es un perfil comunitario completo en 2015.

No se han llevado a cabo más estudios ni investigaciones desde la investigación de Fundación Alola en 2004, ya mencionada en informes anteriores del CEDAW relativos a la prevalencia y las causas de la explotación de las mujeres y niñas de Timor-Leste.

Modificación del artículo 20, párrafo 1, de la Convención

Sírvanse indicar los progresos efectuados con respecto a la aceptación de la enmienda del artículo 20, párrafo 1, de la Convención, relativo al tiempo asignado a las reuniones del Comité. 

[No se dispone de información al respecto].